nombre reservado con UNIÓN COMUNAL DEPORTIVA VECINAL LIGA SECTOR NORTE

Antofagasta, a once de enero de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece Carlos Claussen Calvo, abogado, en favor de nombre reservado, chilena, soltera, empresaria, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta, representada por el Subsecretario Regional don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, y en contra de la “Unión Comunal Deportiva Liga Norte”, organismo comunitario representado por su Presidente Sr. nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por vulneración de la garantía contenida en el artículo 19 número 24° de la Constitución Política de la República, al realizar acciones consistentes en la construcción de una cancha de fútbol en los terrenos superficiales abarcados por la concesión minera de que es titular la recurrente, mediante acto administrativo emanado de Bienes Nacionales autorizando a la Unión comunal recurrida a ocupar materialmente dichos terrenos para el inicio de las labores de construcción indicadas, solicitando que se ordene el cese inmediato de los hechos físicos y jurídicos que perturban y amenazan su legítimo derecho sobre la concesión minera de su titularidad.

Informaron las recurridas solicitando el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción se funda en la acción arbitraria e ilegal de la Unión comunal recurrida en orden a ocupar materialmente parte de los terrenos superficiales abarcados por la Concesión minera de propiedad de la recurrente, iniciando labores y faenas consistentes, principalmente, en la construcción de una cancha de fútbol. Todo ello, con autorización mediante acto administrativo emanado de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales.

La recurrente es dueña y poseedora inscrita de la pertenencia minera de ripio, gravilla y arena denominada “EXTRACTIVA EL TROCADERO SEGUNDA DEL 1 AL 25”, ubicada en la quebrada el Trocadero, comuna de Antofagasta, Sector Norte Alto de la ciudad, inscrita a su nombre a fojas 1724 vta., bajo el N°423, del Registro de Propiedad del Conservador de Minas de Antofagasta del año 2004, cuyo acceso está ubicado en la intersección entre las calles Cabo nombre reservado y Cerro Guanaqueros de esta ciudad.

Dicha pertenencia minera fue constituida en el año 1969, al aprobarse su respectiva Acta de Mensura, la que fue inscrita a fojas 185 vta. N°52 del Registro de Propiedad del Conservador de Minas de Antofagasta del año 1969.

El objeto declarado de dicha concesión minera es la explotación de “ripio, gravilla y arena” para aplicación industrial, conforme lo permitía el inciso segundo del artículo 3° del Código de Minería vigente en aquél momento (Código del año 1932), resultando dicha concesión como un título válido para la explotación de dichas sustancias, a diferencia de lo que ocurre con las pertenencias mineras constituidas con arreglo al actual Código (de 1983), en que las “rocas, arenas y demás materiales aplicables directamente a la construcción” no son sustancias “concesibles”.

En ese entendido ha sido propietaria y titular de la concesión minera por más de 52 años, pudiendo explotar y hacerse dueña de las sustancias concesibles indicadas, sin perturbación de terceros.

No obstante lo anterior, con fecha 29 de octubre pasado un grupo de personas que se individualizaron como integrantes de la “Unión Comunal Deportiva Liga Norte”, procedió a ocupar materialmente parte de los terrenos superficiales abarcados por dicha Concesión minera, iniciando labores y faenas consistentes, principalmente, en la construcción de una cancha de futbol. Tales ocupantes declararon actuar autorizados por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta, mediante un acto administrativo que -pese a las insistencias- no fue dado a conocer a la recurrente.

A consecuencia de lo anterior, la actividad de su parte se ha visto gravemente afectada, ya que se le ha impedido ejercer los actos de explotación de las sustancias concesibles correspondientes a “ripio, gravilla y arena” que se encuentran por toda la superficie de la concesión minera de la recurrente y en una profundidad indefinida, al ser del tipo “mantífera”, lo que constituye la esencia de dichos derechos, imposibilitándola de explotar y extraer tales sustancias, causándole perjuicios económicos graves.

Explica, que la vulneración descrita se condice precisamente con la naturaleza de la referida concesión minera, que consiste en la extracción de ripio, gravilla y arena para fines industriales, sustancias concesibles que se extraen únicamente de la superficie de la pertenencia en cuestión, por lo que, la construcción de una cancha de fútbol en dicho terreno superficial, impide por completo el derecho a extracción inherente a la concesión minera en comento.

De este modo, al transgredir el derecho de propiedad de la recurrente en los términos antes dichos, solicita se ordene el cese inmediato de los hechos físicos y jurídicos que perturban y amenazan su legítimo derecho sobre la concesión minera de su titularidad.

SEGUNDO: Que informó nombre reservado, abogado, Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Como punto de partida en su informe, indica que la controversia planteada por el actor radica en la determinación de la habilitación predial de que dispone el recurrente y los alcances de ella, teniendo presente que al carecer de un legítimo derecho sobre el terreno superficial, su ocupación seria inoponible al Fisco como dueño del predio, al concesionario del bien fiscal como legítimo tenedor del mismo y a terceros, por lo cual el dueño del inmueble puede disponer de éste sin más limitaciones que las generales del dominio y las que deriven de su función social, puesto que al no tener la recurrente una servidumbre, no puede pretender que ella nazca sólo por la especial calidad de la concesión minera de que goza.

En ese contexto explica que mediante Resolución Exenta N° E-37127 de fecha 17 de Agosto de 2021, la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, autorizó concesión de Uso Gratuito a la Unión Comunal Deportiva Vecinal Liga Sector Norte, del inmueble fiscal ubicado en la Población Carol Urzúa, Avenida Circunvalación Norte proyectada, intersección de la prolongación calle nombre reservado, comuna, provincia y Región de Antofagasta, inscrito a nombre del Fisco a fojas 3509 vta, N°3776, del Registro de Propiedad del año 2014, del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, ID catastral 1042774, enrolado en el Servicio de Impuestos Internos con el Rol 6166-2 de la comuna de Antofagasta, individualizado en el Plano N°02101-9.200 CU, con una superficie total de 15.900,89 m2.

Indica que en el año 2012, el Ministerio recurrido ya había entregado a la misma asociación otro predio, prácticamente colindante, a la misma asociación.

Dichos actos administrativos se habrían dictado en el ejercicio de las facultades propias del dominio de que goza el Fisco sobre el inmueble administrado, cuyo dominio rola inscrito en el Registro de Propiedad antes mencionado.

Da cuenta de gestiones realizadas desde el año 2013 para que el recurrente ajuste su extracción minera a las normas legales y reglamentarias que regulan el derecho que detenta.

En efecto, se realizó una fiscalización en el mes de agosto de 2021, según consta en Ficha de fiscalización N° 1243310, mediante oficio Ord. SE02-433/2021 de 28 de enero de 2021, a partir de la cual se solicitó el desalojo administrativo a la Gobernación Provincial de Antofagasta del recurrente de autos, en razón de carecer de título alguno para su ocupación, entendiendo que la misma sería ilegal, debido a que conforme el artículo 19 del D.L. 1939, el ocupante, titular de la concesión de explotación minera, no ha sido autorizado por el Fisco a ocupar el predio fiscal, ni tampoco goza de un título de habilitación predial, como sería una servidumbre impuesta al Fisco.

En ese contexto expone que es el derecho real de servidumbre el medio jurídico a través del cual un concesionario minero puede llegar a ocupar el terreno superficial, en aquellos casos en que es de propiedad ajena, y no se tiene otro título jurídico equivalente para dicha ocupación, por lo tanto, el titular de derechos mineros está limitado en cuanto al acceso al predio superficial, que es de propiedad ajena salvo que adquiera o se constituya, como derecho accesorio, un derecho real de servidumbre, lo que iría acorde con la garantía constitucional del artículo 19 N°26 en cuanto a que los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, explotación y el beneficio de dichas minas. Lo que estaría dado precisamente con la existencia de un título de habilitación predial.

En ese entendido afirma que el acto de administración del predio fiscal realizado por la recurrida no afecta de manera alguna los derechos del concesionario minero, razón por la cual el uso y goce del predio fiscal es legítima por parte de la Unión Comunal concesionaria del bien fiscal. En efecto, el acto de administración del predio fiscal no recae sobre las sustancias minerales concesibles, ni de aquellas sobre las que el recurrente es titular, ni respecto de ninguna otra, puesto que el Fisco sólo podría disponer de ellas en calidad concesionario minero, y en los demás casos contemplados por el ordenamiento constitucional, supuestos que no concurren en la especie.

No obstante lo anterior, indica que la concesión de bien fiscal entregada no se emplaza sobre el predio (también fiscal), donde el recurrente realiza la explotación de la concesión minera. En efecto, el área actualmente en explotación de la concesión está distante a lo menos 700 metros del predio fiscal entregado en concesión, como lo expone a través de una imagen que inserta en el mismo informe, por lo cual no se aprecia de que forma el supuesto derecho de la recurrente se vería afectado por el uso del predio fiscal autorizado por el Servicio recurrido.

A este respecto, manifiesta la extrañeza de la petición contenida en el recurso, dado que se han realizado a lo largo de los años diversos actos de administración del terreno superficial en comento, entre los cuales, se cita la autorización de concesión de uso gratuito de largo plazo de inmueble fiscal, para la construcción del Parque Deportivo Recreacional Villa Esperanza a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, predio fiscal que se encuentra abarcado por el grupo de pertenencias mineras indicadas. El parque en la actualidad está construido y en uso de la comunidad.

En el mismo sentido se habría dispuesto en un lugar más cercano aún a la pertenencia de la recurrente el arrendamiento a la Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A., para la construcción de una subestación eléctrica (subestación Guardiamarina) que se encuentra en actual construcción, y pronta a conectarse al Sistema Eléctrico Nacional, con sus correspondientes líneas de transmisión eléctrica.

Por lo tanto, la alegación de la recurrente relativa a que la administración del predio superficial por parte de su propietario vulnera su derecho de propiedad, se erige, a la luz de los precedentemente expuesto, como una actitud contraria a sus propios actos, porque desde tiempo inmemorial viene respetando el derecho de dominio del Fisco que en uso de sus facultades ha realizado los actos de administración y disposición propios del dominio. Así, es posible ver que en el terreno abarcado por las concesiones mineras existen casas, canchas deportivas, calles, parques, plazas, escuelas, jardines infantiles, un consultorio de atención primaria, equipamientos municipales, comercio, instalaciones eléctricas, etc. A la luz de estos hechos la postura que plantea la recurrente es inconsistente porque son sus propias actuaciones las que dan fe de la legítima actuación del Fisco en el ejercicio de sus potestades y derechos.

A mayor abundamiento realiza alegaciones referidas a la ausencia de permisos sectoriales para realizar la actividad minera que describe en su recurso, habiendo sido objeto de fiscalizaciones y apercibimientos en orden a dar cumplimiento a las exigencias legales y reglamentarias al afecto, e incluso da cuenta de que la actividad de extracción no ha sido sometida a evaluación ambiental, ni consta que posea una resolución de calificación ambiental al efecto.

Finalmente, alega la extemporaneidad del recurso atendido que la recurrente conoce la titular del predio superficial y que el Fisco, como dueño ha dispuesto importantes paños dentro del predio en que se emplazan las concesiones, administración que se realiza desde una antigüedad superior a 30 años, también en años recientes y de manera más cercana a la ocupación actual de la recurrente, por lo que concluye que la interposición de esta acción cautelar se ha interpuesto fuera del plazo de 30 días, razón por la que debe ser desechada además por esta razón.

TERCERO: Que, se evacua informe la recurrida “Unión Comunal Deportiva Liga Norte”, indicando que las consideraciones que sustentan el informe emitido por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta, son compartidas por su parte, y expondrían cabalmente la situación jurídica y fáctica de la unión comunal respecto del terreno ocupado actualmente en virtud de dicho acto administrativo.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que la recurrida Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales alegó como excepción, la extemporaneidad del recurso, fundado en que la recurrente habría tenido conocimiento de actos de administración anteriores de, al menos 30 años hacia atrás, del predio superficial por parte de la recurrida consistentes en el otorgamiento de concesiones a terceros respecto de terrenos colindantes e incluso que abarcarían en parte el mismo predio, por lo tanto, las alegaciones contenidas en el recurso respecto de la ejecución de actos que vulnerarían su derecho de propiedad, traería como consecuencia, dado este conocimiento anterior, que la interposición del presente recurso fuere extemporánea.

Que en este entendido, corresponde el rechazo de la alegación atendido que el acto que se califica de arbitrario e ilegal habría tenido lugar con la ocupación que la Unión comunal habría realizado del terreno superficial con fecha 29 de octubre del 2021, por lo cual, a partir de dicho conocimiento es que se habría producido la ejecución del acto que se pretende vulneratorio, y por ende transformaría el mismo en un acto continuo, haciendo procedente la interposición del recurso de protección en los términos deducidos, en lo tocante a la temporalidad de dicha acción.

SÉPTIMO: Que el objeto de la acción constitucional dice relación con determinar la ilegalidad y arbitrariedad del actuar de la recurrida en orden a ocupar, amparado en una autorización emanada de Bienes Nacionales, el predio superficial correspondiente al terreno en el cual la recurrente tendría constituida su concesión minera, y que para estos efectos se configura como la necesaria forma de ejercer dicho derecho emanado de la concesión, al tratarse de minerales que sólo pueden ser extraídos de la superficie del terreno indicado.

OCTAVO: Que, antes de comenzar el estudio de los antecedentes fácticos y jurídicos que rodean las alegaciones del recurrente, es necesario hacer presente la diferencia conceptual y jurídica entre una pertenencia minera y los alcances de la misma en cuanto a su ejecución, con el concepto de predio superficial, y las consecuencias que trae aparejada la coexistencia de su derecho de dominio con el derecho del concesionario minero al desarrollo de su actividad.

En nuestro sistema jurídico existe una dualidad entre el terreno superficial, siendo éste un derecho real inmueble que puede tener como dueños tanto a privados como al estado, y las minas, respecto de las cuales, el estado es el dueño absoluto de ellas, estableciendo un sistema de concesiones para que los particulares puedan explorarlas y explotarlas.

NOVENO: Que, existiendo tal diferencia, en el caso de marras la concesión minera constituida por la recurrente, corresponde al tenor de lo preceptuado en el artículo tercero del antiguo Código de Minería, a una concesión minera para una aplicación industrial o de ornamentación, al recaer su ejercicio sobre las sustancias fósiles o materiales aplicables directamente a la construcción, dado que tal como indica el recurrente, el objeto de la misma sería la explotación de ripio, gravilla y arena, invocando por lo tanto, al efecto, un derecho - a la sazón conculcado- emanado de la concesión minera, mientras que el recurrido la Secretaría Regional Ministerial de Antofagasta invoca su derecho de dominio respecto del predio superficial, y como emanación de los atributos propios de su dominio, la concesión gratuita para usar y gozar de los terrenos superficiales respecto de la Unión Comunal recurrida.

Bajo este escenario, es dable recordar que es la propia Carta Fundamental quien en el artículo 19 N° 24, determina los alcances del derecho de dominio respecto de una concesión minera, atendido los derechos de que es titular el dueño del predio superficial.

Es así, como se indica en el inciso sexto de la norma constitucional referida que “los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas”, imponiendo entonces, cargas o gravámenes a los dueños de los predios superficiales, para facilitar la labor minera, los que en todo caso deberán contenerse en la propia ley.

DÉCIMO: Que, en este punto es preciso aclarar cuál es la legislación aplicable a la concesión minera invocada por la recurrente cuya explotación estaría siendo limitada por los actos de la recurrida, como ya se señaló en el considerando anterior el recurrente invoca la pertenecía minera cuyas sustancias corresponden a rocas, arenas y ripios constituidas por el código de minería del año 1932, que se encuentra derogado actualmente. En dicho fin es preciso mencionar que en el año 1982 se dictó la ley orgánica orgánica sobre concesiones mineras la que en su Artículo 3° transitoria, señala que los titulares de pertenencias sobre rocas, arenas y demás materiales aplicables directamente a la construcción constituidas para otra determinada aplicación industrial o de ornamentación, vigentes a la fecha de publicación del nuevo Código de Minería, continuarán en posesión de sus derechos en calidad de concesionarios de explotación, bajo las reglas y condiciones que respecto de estas concesiones mineras señala esta ley y el nuevo Código. Caducada o extinguida la concesión, estas sustancias volverán a ser del dueño del suelo.

El nuevo código entró en vigor el 14 de octubre del año 1983 para lo cual es plenamente vigente sus efectos a la concesión minera cuya explotación está siendo obstruida a través es de los actos de la recurrido, debiendo entonces analizar si dichos actos configuran o no los actos vulneratorios en los términos alegados por el recurrente.

UNDECIMO: Que, aclarado lo anterior, corresponde analizar el acto que el recurrente califica de arbitrario e ilegal, para lo cual es necesario indicar al efecto, que ya sea haciendo aplicables las normas del antiguo Código de minería- desde el año 1969 fecha en que se constituyó la concesión y el año 1983, con la dictación del Código minero actual- o bien la aplicabilidad de las normas contenidas en la ley orgánica sobre concesiones del año 1982, pesaba sobre el concesionario minero la obligación de constituir al efecto los gravámenes y/o cargas que la propia ley impone al dueño del predio superficial, más aún entendiendo que los materiales que explota el concesionario minero recurrente son sustancias que se encuentran en la superficie del predio, y que por lo tanto, al amparo de la legislación vigente debía contar con la herramienta que la propia ley entrega para limitar y obligar al dueño del predio superficial a facilitar la exploración, explotación y beneficio de dicha concesión minera.

A este respecto, el artículo tercero transitorio de la ley orgánica constitucional de concesiones mineras, indica claramente que los derechos mineros constituidos al amparo del Código de minería del año 1932 subsistirán bajo el imperio del nuevo código de minería, sin embargo, en cuanto a su goce y cargas y en lo tocante a su extinción prevalecerán las del nuevo código, situando por lo tanto, el escenario jurídico aplicable en cuanto a la forma de extracción del mineral y las cargas y/o gravámenes que se le impongan al dueño del predio superficial, deberán ser analizadas a la luz de lo preceptuado en los artículo 120 y siguientes del Código de Minería, respecto a la constitución de las servidumbres mineras.

DUODÉCIMO: Que la institución de las servidumbres mineras, se configura a este respecto como la herramienta jurídica para facilitar la conveniente y cómoda exploración y explotación minera, sujetando a los dueños de los predios superficiales, a los gravámenes que la misma norma contenida en el artículo 120 del Código del Ramo impone en sus tres numerales, relativos a los tipos de servidumbres, ya sea de ocupación, de tránsito y de establecimiento.

En este punto, no consta del mérito del proceso que el recurrente haya solicitado desde el año 1969 a la fecha, la servidumbre minera que le permita la cómoda y conveniente explotación de su concesión, puesto que, no obstante que el ejercicio de su derecho derivado de la concesión minera presupone la extracción de minerales desde la superficie del terreno, no es menos cierto que para configurar la obligación y la limitación que indica la propia Carta Fundamental para el ejercicio del derecho de dominio del predio superficial, el concesionario minero debió realizar las gestiones que la propia ley le entrega a efectos de lograr el adecuado ejercicio de su concesión y con ello la imposición del gravamen que a este respecto podía estar obligado el Fisco, como dueño del predio superficial, para facilitar no solo la explotación sino también el beneficio de dicha mina.

DÉCIMO TERCERO: Que no existiendo, por tanto, limitación alguna al derecho de dominio que tiene el dueño del predio superficial, a este respecto, el Servicio recurrido, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en su actuar, al conceder la autorización a la Unidad comunal recurrida para la construcción en el terreno superficial de una cancha de fútbol, desde que, la vulneración a la garantía que alega el recurrente presupone la existencia de gravámenes o limitaciones que permitan el adecuado ejercicio del derecho a la concesión y que limiten el derecho de dominio del dueño del predio superficial, dado que el ejercicio de este derecho implica la utilización de las herramientas legales para facilitar la cómoda y conveniente explotación del mineral, situación que no ha realizado el actor, dado que no existe servidumbre alguna constituida a su respecto y por ende, no es posible entender que exista un derecho indubitado para ocupar los terrenos superficiales, que a través del acto del servicio recurrido, pueda ser conculcado.

En el mismo sentido, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la Unidad comunal recurrida, dado que éste ha realizado las acciones de ocupación del terreno superficial a través de la autorización concedida mediante un acto administrativo que le otorga el derecho a utilizar dichos terrenos por parte de quien tiene, y así no ha sido controvertido en la presente causa, el derecho de dominio del predio superficial ocupado, razón por la cual no cabe sino rechazar el presente recurso de protección.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, con costas, el recurso interpuesto por Carlos Claussen Calvo, en favor de nombre reservado en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta y de la Unión Comunal Deportiva Liga Norte.

Regístrese y comuníquese.

Rol 11342-2021 (PROTECCIÓN)