Protección contra nombre reservado

Antofagasta, a treinta y uno de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece la abogada Sandra Macarena Muñoz Moncada, en representación de nombre reservado y nombre reservado, padres de la adolescente nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la nombre reservado. de Calama, por haber dictado la Resolución N°NUM000, de 20 de mayo de 2025, mediante la cual se sanciona a la apoderada con la pérdida de su calidad de tal, se le prohíbe tener entrevistas con una docente específica y se ordena la evaluación psicológica de la estudiante por presuntas alteraciones en la percepción de la realidad. Consideran que dicha actuación es ilegal y arbitraria, atendido a que se habría aplicado sin el debido proceso establecido en el reglamento interno del establecimiento y sin fundamento objetivo suficiente, vulnerando, con ello, los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19, numerales 2°, 3°, 4°, 11° y 12° de la Constitución Política de la República, por lo que solicitan se deje sin efecto la resolución sancionatoria y se restablezcan plenamente los derechos de participación educativa de los recurrentes.

Informan la recurrida nombre reservado de Calama y la Superintendencia de Educación, al tenor del recurso interpuesto.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que las recurrentes fundan su acción exponiendo que la estudiante nombre reservado, de 15 años de edad, se encuentra matriculada en el Colegio nombre reservado de Calama desde el año 2012, habiendo cursado allí toda su educación preescolar y básica. Durante este período, sus padres han mantenido una participación activa y responsable en la comunidad escolar, caracterizándose por el acompañamiento permanente del proceso educativo de su hija y la colaboración con las actividades del establecimiento, 1 manteniendo siempre una comunicación respetuosa con los distintos estamentos del colegio.

Asimismo, señalan que durante el año escolar 2024, la estudiante fue transferida del curso primero medio "A" al curso primero medio "B", a solicitud de sus padres, debido a experiencias vividas en su entorno anterior, medida que fue adoptada con el fin de favorecer su bienestar emocional y su adaptación en el contexto escolar, contando con el respaldo del establecimiento educacional.

Relatan que el 15 de mayo de 2025, durante una actividad del curso segundo medio "B", dirigida por la profesora jefa nombre reservado, ocurrió una situación que generó una profunda afectación emocional en la adolescente, pues la docente habría emitido comentarios que aludían a las características personales de la estudiante, entre ellos, calificativos como "carácter fuerte" y "que pelea por las injusticias", lo que la adolescente percibió con ánimo negativo, generando un momento de humillación frente a sus pares.

Como consecuencia de este hecho, el 16 de mayo de 2025, la madre remitió un correo electrónico a la Dirección del colegio, manifestando su preocupación por el trato que su hija habría recibido y solicitando expresamente la activación de los protocolos internos o cualquier acción que la institución estimara pertinente. En respuesta, el colegio informó la separación temporal de la profesora de sus funciones y la apertura de una carpeta investigativa, citando además a entrevista urgente a la apoderada y solicitando autorización para entrevistar a la adolescente.

Expone que ambas entrevistas se realizaron durante la misma jornada del 16 de mayo, ocasión en que la madre expuso de manera detallada la situación ocurrida al director del área formativa, nombre reservado, expresando que no sería la primera vez que se advertiría mal manejo por parte de la profesora en el trato hacia los alumnos. Por su parte, la adolescente manifestó su malestar ante la situación y otras que habrían ocurrido anteriormente, señalando la madre que 2 deseaba que la profesora tuviera un mejor manejo con los alumnos y que no quería decisiones drásticas, mientras que la joven refirió que no quería que la profesora continuara manteniendo la jefatura del curso.

Posteriormente, el 19 de mayo de 2025, se emitió un informe de caso del equipo de convivencia escolar, firmado por el psicólogo nombre reservado, en el cual el establecimiento reconoció que los hechos denunciados generaron afectación emocional en la estudiante y que ella misma y algunos compañeros confirmaron los dichos de la profesora, mas no la naturaleza ofensiva de los comentarios. En dicho documento se consignó también la entrevista realizada a la profesora, quien expresó sentirse "agobiada" y "afectada" por el correo electrónico enviado por la madre, concluyendo con la solicitud de iniciar investigación a su favor "con la finalidad de que no se afecte su imagen e integridad por una acusación falsa y sin fundamentos".

El referido informe incluyó una serie de recomendaciones del psicólogo que los recurrentes califican como altamente cuestionables, entre las que se encontraban evaluar la calidad de apoderada debido a declaraciones consideradas como injurias públicas, restricción de participación en actividades escolares, evaluar la renovación de la matrícula de la estudiante para el próximo año académico, disculpas públicas a la profesora, evaluación psicológica de la estudiante por presunta distorsión de la realidad, y medida reparatoria para la docente como un masaje terapéutico o la autorización de un día libre.

Manifiesta que el 20 de mayo de 2025, el establecimiento dictó la Resolución N°NUM000, firmada por el director del Área Formativa, en la cual se resolvió que la apoderada perdiera su calidad de tal para el año escolar 2025 como medida disciplinaria por emitir declaraciones injuriosas y falsas contra la profesora; que no pudiera tener entrevistas con la docente durante el año escolar 2025; que la estudiante fuera acompañada y evaluada por un profesional externo en salud mental para determinar la existencia de un 3 posible cuadro clínico relacionado con alteraciones en la percepción de la realidad; y que se dejara constancia en el libro institucional digital sobre los antecedentes y resolución adoptada.

Agregan que el 22 de mayo de 2025 citaron a la apoderada para notificarla de la decisión y del plazo para presentar reconsideración, la que fue interpuesta el 23 de mayo de 2025, exponiendo que los fundamentos utilizados para sancionarla resultaban arbitrarios, desproporcionados y contrarios tanto al Reglamento Interno Escolar como a la normativa nacional vigente. Sin embargo, el 28 de mayo de 2025, el Rector ratificó la Resolución N°NUM000 en todas sus partes, rechazando la solicitud de reconsideración.

Sostienen que se han producido múltiples transgresiones a la normativa interna del establecimiento. En primer lugar, respecto al protocolo activado, señalan que si bien inicialmente se activó correctamente el protocolo sobre maltrato de adulto a estudiante, en su implementación y desarrollo no se cumplió con lo estatuido, ya que lo que correspondía era establecer medidas de protección a favor de la estudiante y llevar a cabo una investigación objetiva sobre los hechos denunciados. En cambio, a partir del malestar manifestado por la profesora, el colegio revirtió el sentido del protocolo y centró su actuación en proteger a la docente, calificando la denuncia como una supuesta agresión en su contra.

En segundo lugar, en relación al actuar del establecimiento educacional, argumentan que aun cuando el protocolo no se respetó, si se entiende que se siguió el conducto regular para sancionar a apoderados, tampoco se cumplió con el debido proceso establecido en el artículo 2.9 del Reglamento Interno, ya que no se citó formalmente para informar la activación del protocolo, la falta, el procedimiento y las medidas; tampoco se otorgó la posibilidad de presentar prueba, evidencia o testimonios, decidiendo simplemente suspender la calidad de apoderado para todo el año escolar. 4 En tercer lugar, sostienen que se vulneró el principio del justo y racional procedimiento consagrado en el propio Reglamento Interno, el cual establece que toda medida debe sujetarse a un procedimiento que incluya comunicación de la falta, derecho a ser escuchado, presunción de inocencia y derecho a presentar descargos, garantías que no fueron respetadas en el presente caso.

Adicionalmente, argumentan que resulta especialmente grave que el establecimiento se haya arrogado facultades exclusivas del Poder Judicial al sostener que la conducta de la apoderada constituye el delito de injurias públicas del artículo 210 del Código Penal, calificación que excede por completo su competencia institucional y que no fue revertida a pesar de haber sido informada de dicha extralimitación en la solicitud de reconsideración.

Finalmente, exponen que posteriormente a la dictación de la Resolución, la profesora comunicó por mensajería WhatsApp al grupo de apoderados del curso que "se cerró la investigación demostrando que hubo injuria y daño hacia mi honra profesional", lo que vulnera el derecho a la privacidad y honra de la familia.

En cuanto a la vulneración de derechos constitucionales, los recurrentes sostienen que se ha transgredido el derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19, N°2, al sancionar a la madre sin una falta debidamente determinada y sin fundamento objetivo que justificara la medida, constituyendo una diferencia de trato injustificada por ejercer un derecho legítimo; el derecho a ser juzgado por los tribunales que establece la ley, del artículo 19, N°3, al aplicar una sanción sin respetar las garantías mínimas del debido proceso y arrogándose facultades jurisdiccionales para calificar penalmente una conducta; el derecho a la vida privada y honra del artículo 19, N°4, al imponer una sanción basada en la supuesta comisión de un delito sin proceso judicial y al permitir la difusión pública del reproche institucional; el derecho a la libertad de enseñanza del artículo 19, N°11, al sancionar a la madre por 5 ejercer su derecho a participar activamente en la educación de su hija e impedir su vinculación con el espacio educativo; y el derecho a la libertad de opinión e información del artículo 19, N°12, al censurar punitivamente las opiniones críticas de la madre y su derecho a informar hechos que estimó relevantes para el bienestar de su hija.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se declare que el actuar del Colegio nombre reservado de Calama ha sido ilegal y arbitrario, vulnerando los derechos fundamentales de los recurrentes; se deje sin efecto la Resolución N°NUM000; se restituya la calidad de apoderada titular de nombre reservado; se autorice el pleno ejercicio de los derechos parentales sin restricciones discriminatorias; se abstenga de imponer evaluaciones médicas a la estudiante sin consentimiento informado de sus padres; se dispongan medidas para evitar represalias hacia los recurrentes; se ordene una evaluación pedagógica y psicosocial imparcial respecto de la estudiante; y se condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que evacúa informe la nombre reservado, quien relata que desde el año 2018 el establecimiento comenzó a observar irregularidades en la conducta de la alumna nombre reservado, hija de los recurrentes, manifestadas en inseguridad, rigidez en sus pensamientos, dificultades para tolerar la frustración, distanciamiento del medio circundante y conducta hipervigilante, razón por la cual se derivó a la estudiante para tratamiento psicológico. Posteriormente, durante el año 2022, la conducta de la estudiante se deterioró progresivamente, comenzando a vislumbrarse conflictos con sus pares, donde varios alumnos denunciaron haber tenido roces con ella por conductas que podrían catalogarse como "bullying", activándose mecanismos de mediación entre estudiantes.

No obstante lo anterior, la recurrida señala que la apoderada, actual recurrente, manifestó que su hija era "bastante expresiva y directa" y posteriormente, mediante mensaje de WhatsApp de 8 de junio de 2022, solicitó terminar 6 las intervenciones de mediación, indicando que a su hija no le interesaba relacionarse con algunos compañeros.

Posteriormente, el 25 de noviembre de 2022, durante una reunión, la apoderada manifestó que creía que "su hija cargaba con un estigma por parte del colegio", negándose tajantemente a procedimientos de mediación escolar.

En consecuencia, ante la imposibilidad de reunirse con la apoderada y la gravedad del conflicto escolar, que incluía amenazas, insultos y burlas, el rector decidió remitir los antecedentes a tribunales de familia para indagar eventuales vulneraciones de derechos. El Juzgado de Familia de Calama rechazó la medida mediante resolución de 26 de noviembre de 2022, ordenando al colegio aplicar las sanciones del Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

Adicionalmente, la recurrida indica que la apoderada interpuso denuncia ante la Superintendencia de Educación (CAS N°NUM001), la cual fue desestimada el 13 de julio de 2023 por no constatarse infracción a la normativa educacional. Posteriormente, se presentó una segunda denuncia (CAS NUM002), también rechazada el 28 de noviembre de 2023.

Durante el año 2024, la recurrida expone que se produjeron nuevas situaciones problemáticas, incluyendo denuncias falsas de la recurrente contra docentes por supuesto maltrato, las cuales fueron investigadas y desestimadas por su falsedad. Particularmente, el año 2025 se inició con una denuncia falsa contra la profesora nombre reservado el 16 de abril, seguida de otra denuncia el 16 de mayo, donde se acusaba a la misma docente de trato discriminatorio y degradante.

Respecto a los hechos que motivaron la dictación de la Resolución NUM003, la recurrida detalla que, tras recibir la denuncia del 16 de mayo, se activó el protocolo correspondiente, separando temporalmente a la docente de sus funciones y solicitando entrevista urgente con los apoderados. Durante el proceso investigativo, se entrevistó a la alumna, quien señaló que la profesora le había dicho en el contexto de una actividad sobre fortalezas y debilidades: 7 "pone que tienes un carácter fuerte y una vez tú me dijiste que no te gustaban las injusticias", indicando que le había incomodado el "tono molesto".

Sin embargo, la profesora denunciada y la orientadora, testigo presencial de los hechos, relataron una versión completamente distinta, indicando que se trataba de una actividad del preuniversitario Pedro de Valdivia sobre fortalezas y debilidades, donde la docente le señaló con energía: "pero nombre reservado, tú eres valiente, eres directa", explicándole posteriormente que decir lo que uno piensa es muy valiente. Tres alumnas entrevistadas confirmaron que la profesora había indicado características positivas y que fue nombre reservado quien malinterpretó todo como características negativas.

Posteriormente, el psicólogo nombre reservado emitió un informe técnico recomendando evaluar la calidad de apoderada de la recurrente, restringir su participación en actividades escolares, evaluar la renovación de matrícula de la estudiante y considerar la posibilidad de un cuadro clínico relacionado con alteración de la percepción de la realidad.

Considerando los graves antecedentes de convivencia escolar de larga data y las reiteradas denuncias falsas, se dictó la Resolución NUM003 el 20 de mayo de 2025, que dispuso la pérdida de la calidad de apoderada de la recurrente, prohibición de contacto con la profesora denunciada, evaluación externa profesional para determinar problemas de percepción de la realidad y registro en el libro digital.

En cuanto a las defensas esgrimidas, la recurrida plantea en primer término la falta de idoneidad del recurso de protección para resolver la cuestión debatida, argumentando que se trata de una acción cautelar y excepcional, procedente solo cuando no existen otras acciones de naturaleza jurídica o administrativa destinadas a resolver la controversia. Sostiene que el conflicto es de naturaleza contractual, regido por el contrato de prestación de servicios educacionales, el cual establece derechos y obligaciones recíprocas, estimando incumplidas por la 8 recurrente las obligaciones de conocer y adherir al proyecto educativo, mantener buena comunicación con los educadores, participar activamente en el proceso educativo y asumir responsabilidad por las opiniones emitidas respecto al establecimiento.

Particularmente, invoca la cláusula octava del contrato, que establece que los conflictos deben ser atendidos por instancias de mediación definidas por la Dirección del Colegio, y solo una vez agotada dicha instancia se puede reclamar ante organismos de la Administración del Estado, señalando que el incumplimiento acarrea terminación inmediata del contrato sin derecho a indemnización.

Asimismo, plantea que existe otra dimensión del conflicto desde la perspectiva educacional, invocando el artículo 3, letra e) de la Ley N° 20.370 sobre autonomía de establecimientos educativos, el artículo 10, letra b) sobre deberes de apoderados de respetar y contribuir al proyecto educativo, y el artículo 10, letra c) sobre el derecho de los profesionales de la educación a trabajar en ambiente de respeto mutuo y que se respete su integridad física, psicológica y moral.

Adicionalmente, desde la perspectiva laboral, argumenta que el colegio debe proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores conforme al artículo 184 del Código del Trabajo y la Ley 21.643 ("Ley Karin"), no tratándose de un acto ilegal o arbitrario sino de una medida de resguardo necesaria.

En segundo lugar, alega la ausencia de un derecho indubitado, señalando que el recurso de protección requiere un derecho cuya titularidad no dé lugar a dudas o interpretaciones, situación que no concurre en la especie, ya que el acto reprochado no produce los efectos jurídicos esgrimidos como afectación y se deriva de antecedentes que proporcionan explicación plausible y proporcionalidad al mismo.

En tercer lugar, invoca la pérdida de oportunidad del recurso, argumentando que los efectos de la Resolución 9 NUM003 fueron precisados en la respuesta a la solicitud de reconsideración, especificándose que la evaluación psicológica requiere consentimiento informado. Además, señala que la Superintendencia de Educación está conociendo de estos antecedentes según denuncia CAS-NUM004, no habiéndose agotado las vías institucionales correspondientes.

Respecto a la supuesta vulneración de la igualdad ante la ley, la recurrida argumenta que la relación jurídica está regida por normativa contractual y no legal, y que la medida procedente según el contrato era la terminación inmediata del mismo, aplicándose una medida más leve para proteger a la estudiante.

En cuanto al principio de bilateralidad y derecho a ser juzgado por tribunales determinados por ley, sostiene que la bilateralidad ha sido una posibilidad latente en todas las actuaciones mediante procesos administrativos internos, siendo la misma recurrente quien se ha negado a participar en múltiples ocasiones. Asimismo, distingue entre los procedimientos disciplinarios del colegio como ente privado y la función jurisdiccional propiamente tal, señalando que no corresponde equiparar un procedimiento interno con la labor jurisdiccional.

Respecto al derecho a la honra y vida privada, argumenta que no hay afectación considerando que tanto el colegio como la recurrente revisten calidad de privados, la resolución constituye una comunicación privada dirigida específicamente a la apoderada sin circulación ante terceros, y que la dimensión protegida constitucionalmente alude al honor objetivo, el cual no se ve afectado al no haber circulación ante terceros.

En cuanto a la libertad de emitir opinión, sostiene que el establecimiento garantizó el ejercicio de este derecho, pero que la sanción deriva de las consecuencias desproporcionadas y lesivas generadas al transgredir derechos fundamentales de terceros, particularmente la honra e integridad psicológica de la profesora nombre reservado, quien requiere tratamiento por estrés y ansiedad severa. 10 Respecto a la libertad de enseñanza, argumenta que este derecho está consagrado para los establecimientos educacionales, siendo la apoderada recurrente quien ha infringido este derecho al entorpecer sistemáticamente los procesos internos del colegio, cuestionando procesos y personal, y negándose a procedimientos de intervención y sistemas colaborativos de resolución de conflictos.

Finalmente, solicita que se rechace en todas sus partes la acción de protección incoada, con costas.

TERCERO: Que evacúa informe nombre reservado, directora regional de la Superintendencia de Educación de la Región de Antofagasta, quien da cuenta de las competencias que le otorga la normativa educacional vigente. Al respecto, invoca el artículo 48 de la Ley N° 20.529, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, disponiendo como objeto de la Superintendencia de Educación fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional por parte de los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado.

Asimismo, se refiere al artículo 49 de la misma ley, que otorga a la Superintendencia atribuciones de carácter interpretativo, normativo, inspectivo y sancionador.

En segundo lugar, desarrolla extensamente la normativa educacional aplicable al caso, citando el literal f) del artículo 46 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2009, del Ministerio de Educación, que establece la obligación de contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. Además, invoca el Decreto N° 315 de 2011, del Ministerio de Educación, particularmente su artículo 8, que señala los contenidos mínimos del reglamento interno, incluyendo normas de convivencia, protocolos de actuación en casos de abuso sexual, acoso, maltrato y violencia escolar, embarazo adolescente, plan integral de seguridad y accidentes escolares, sanciones, reconocimientos, procedimientos para determinar conductas que ameritan sanciones e instancias de revisión. 11 Consecuentemente, fundamenta la aplicación de medidas disciplinarias conforme al artículo 10 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2009, que reconoce los derechos de los miembros de la comunidad educativa, estableciendo específicamente en su letra b) que los padres, madres y apoderados tienen derecho a asociarse libremente y a ser informados por el sostenedor y directivos respecto del rendimiento académico, convivencia escolar y funcionamiento del establecimiento.

Respecto de las gestiones realizadas por la Superintendencia, señala que, una vez recibida la resolución de la Corte, se procedió a revisar el sistema de registro de requerimientos, constatándose la inexistencia de requerimientos asociados al hecho objeto del recurso. No obstante, indica que se ingresó una denuncia de oficio asignándose N° CAS-NUM004 y se procedió a solicitar informe al establecimiento educacional, señalando que posteriormente se determinará si es necesario iniciar un procedimiento de fiscalización, caso en el cual los antecedentes se derivarán a la Unidad Regional de Fiscalización, para la realización del procedimiento regulado en los artículos 51 y siguientes de la Ley N° 20.529 y, en el caso de constatarse infracciones a la normativa, la propia Superintendencia instruirá un proceso administrativo sancionador en contra del establecimiento.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de 12 un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados afectados por actos ilegales y/o arbitrarios.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que el objeto de la acción constitucional dice relación con determinar la ilegalidad y arbitrariedad alegada respecto de la Resolución NUM000, firmada por nombre reservado, director del área formativa del Colegio nombre reservado de Calama.

SÉPTIMO: Que del análisis de los antecedentes que obra en autos y, especialmente, el informe evacuado por la Superintendencia de Educación, que indica estar actualmente en conocimiento de la denuncia efectuada por la recurrente, es dable señalar que el organismo administrativo en cuestión solicitó al establecimiento educacional informar sobre los hechos relativos a la denuncia, para posteriormente analizar y determinar si es necesario iniciar un procedimiento de fiscalización que, eventualmente, podrá redundar en la substanciación de un procedimiento administrativo sancionar dirigido en contra del establecimiento recurrido.

OCTAVO: Que cabe tener en especial consideración que, en el caso que la Superintendencia de Educación verifique infracciones a la normativa educacional por parte del establecimiento recurrido, se aplicarán las sanciones administrativas pertinentes. Así, encontrándose el conocimiento de los hechos materia del presente recurso sometido al imperio del derecho, es decir, bajo el conocimiento del organismo administrativo competente, siendo imprescindible agotar la instancia administrativa antes de una intervención jurisdiccional, no cabe sino rechazar la 13 presente acción, por no vislumbrarse, hasta este momento, actuar arbitrario o ilegal por parte del recurrido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado

Mondaca, en representación de nombre reservado y nombre reservado, y en contra de nombre reservado de Calama.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1133-2025 (Protección) 14