CODELCO CHILE DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, a veintinueve de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece Gabriel Matías Tello Cardone, abogado, en representación de la División Gabriela Mistral de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, interponiendo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, por haber dictado el Oficio Ordinario N°201-21778/2025, de 19 de mayo de 2025. Considera que dicho acto es ilegal y arbitrario, atendido a que el organismo administrativo se extralimitó en sus funciones constitucionales y legales al realizar un análisis de fondo de una investigación de acoso laboral y ordenar la abstención de aplicación de medidas correctivas, vulnerando, con ello, los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, derecho de propiedad y derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria al orden público, la moral y las buenas costumbres, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se deje sin efecto el referido ordinario y se ordene emitir una nueva resolución que establezca que el informe de investigación no tiene observaciones.

Informa la recurrida, al tenor del recurso interpuesto en su contra.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente funda su acción exponiendo que el 21 de febrero de 2025, nombre reservado, comunicador audiovisual de la empresa Serving Consultores Limitada que prestaba servicios en la División Gabriela Mistral, sostuvo una reunión por videollamada con el área de auditoría interna de Codelco, denunciando situaciones y conductas de acoso laboral en contra de nombre reservado, jefa de comunicación de la División Gabriela Mistral.

Conforme con los hechos relatados, el señor nombre reservado alegó haber sufrido acciones de aislamiento laboral y malos tratos, incluyendo conductas humillantes, exposición pública y amenazas a la continuidad laboral por parte de la denunciada. Asimismo, señaló acciones de difamación, rumores y calumnias, además de la incitación para que un tercero presentara una denuncia en su contra.

Como consecuencia de lo anterior, Codelco inició una investigación conforme a la ley N°21.643, la cual fue desarrollada por el investigador nombre reservado, socio del Centro de Prevención, Asesoría y Resolución, Cepar, consultora especialista en investigaciones de acoso sexual y laboral. El 4 de abril de 2025 se emitió el informe de investigación correspondiente.

El resultado de la investigación determinó que, basándose en todos los antecedentes recabados, incluyendo las declaraciones de siete testigos, no se acreditó la denuncia de acoso laboral presentada por el señor nombre reservado en contra de la señora nombre reservado. Según el investigador, las acciones de la denunciada no se enmarcaban en los términos descritos en el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo, en tanto no se apreciaban conductas que dieran cuenta de un hostigamiento o que resultaran en maltrato o humillación hacia el denunciante.

No obstante lo anterior, el informe estipuló medidas para prevenir cualquier tipo de conflicto futuro, específicamente, el desarrollo de una capacitación dirigida a la denunciada respecto de buenas prácticas aplicables al ejercicio del liderazgo, y la revisión de carga laboral al interior del equipo.

Una vez terminado el procedimiento de investigación, el informe fue derivado a la Inspección del Trabajo para su revisión. En este contexto, mediante el Oficio Ordinario N°201-21778/2025, de 19 de mayo de 2025, el Servicio resolvió formular una serie de observaciones al procedimiento efectuado por la empresa, instruyendo que la parte empleadora debía abstenerse de aplicar las medidas determinadas en las conclusiones.

Las observaciones formuladas por la Inspección del Trabajo se refirieron a tres aspectos principales: primero, la supuesta no acreditación de medidas de resguardo durante la investigación; segundo, el incumplimiento del plazo de 30 días hábiles administrativos establecido para la investigación; y tercero, la no conformidad con las conclusiones del informe de investigación, sosteniendo que no existía una debida coherencia entre el procedimiento investigativo desarrollado y las conclusiones del mismo.

El recurrente argumenta que el actuar de la Inspección del Trabajo adolece de ilegalidad y arbitrariedad por tres razones fundamentales. En primer lugar, sostiene que la resolución administrativa realiza, en los hechos, un análisis del fondo de la investigación, extralimitándose la Dirección del Trabajo de sus atribuciones según lo definido por su propia jurisprudencia administrativa. Al respecto, cita el Ordinario de la Dirección del Trabajo N°362/19, de 7 de junio de 2024, que establece que la revisión del Servicio debe limitarse a verificar el cumplimiento de las instrucciones procesales, verificando la congruencia entre el informe y las conclusiones, sin que pueda exigirse un pronunciamiento de fondo, toda vez que no ha sido parte del procedimiento.

En segundo lugar, argumenta que la Dirección del Trabajo no puede ordenar la abstención de las medidas propuestas por el informe de investigación, toda vez que ni la ley N°21.643 ni el Decreto N°21 contemplan dicha facultad. Sostiene que los artículos 211-C del Código del Trabajo y 18° del Decreto N°21 solo facultan al Servicio para "pronunciarse" sobre la investigación, pero no para ordenar la abstención de medidas, lo que constituiría una extralimitación de sus atribuciones legales en contravención al artículo 6° de la Constitución Política.

En tercer lugar, alega que la Dirección del Trabajo no puede entrometerse en la facultad de dirección de la empresa. Sostiene que ambas medidas propuestas en el informe fluyen de la potestad de dirección de la empresa y que, lejos de vulnerar garantías constitucionales, van en pos del bienestar de los trabajadores.

Sostiene que el ordinario infringe la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19, N°2 de la Constitución Política, produciendo un trato desigual entre aquellas compañías donde la Inspección del Trabajo no se pronuncia sobre el fondo de las investigaciones y tienen libertad para aplicar las medidas pertinentes. Asimismo, alega vulneración del artículo 19, N°3, inciso 5°, que prohíbe ser juzgado por comisiones especiales, sosteniendo que la Inspección del Trabajo se ha extralimitado en sus funciones al juzgar el fondo de un procedimiento para el cual carece de competencia. Igualmente, considera infringido el derecho de propiedad del artículo 19, N°24, al limitarse arbitrariamente la potestad de dirección que fluye de dicho derecho, y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica del artículo 19, N°21, al prohibirse aplicar medidas que emanan de la potestad directiva.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se corrija el Ordinario, dejándolo sin efecto, ordenándose que se emita una nueva resolución donde se establezca que el informe de investigación realizado por la empresa no tiene ningún tipo de observación y que Codelco está habilitada para adoptar las medidas dispuestas en el documento, estableciendo todas las demás medidas que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de los derechos constitucionales comprometidos, condenándose, además, a la Inspección del Trabajo al pago de las costas en caso de ser totalmente vencida.

SEGUNDO: Que evacúa informe la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, representada por el abogado Andrés Díaz Muñoz, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Expone que el 3 de abril de 2025, Codelco Chile División Gabriela Mistral depositó ante dicho Servicio, el informe de investigación interna respecto a la denuncia formulada por nombre reservado, comunicador audiovisual de la empresa Serving Consultoras Ltda., conforme al artículo 211-C del Código del Trabajo. La denuncia, interpuesta internamente el 11 de febrero de 2025, alegaba conductas de acoso laboral por parte de nombre reservado, jefa de comunicaciones de Codelco División Gabriela Mistral, consistentes en acciones de aislamiento laboral, malos tratos, conductas humillantes, exposición pública, amenazas a la continuidad laboral, difamación, rumores, calumnias e incitación para que terceros presentaran denuncias contra el denunciante.

Posteriormente, la investigación iniciada el 24 de febrero de 2025, desarrollada por nombre reservado, concluyó que no se acreditaba la denuncia de acoso laboral. Los fundamentos de esta decisión fueron: la inexistencia de acciones de aislamiento derivadas de la extensión del tiempo de reemplazo; la falta de acreditación de conductas humillantes, exposiciones públicas y amenazas; la constatación únicamente de un conflicto laboral sin configurar acoso; y la inexistencia de difamación, calumnias o incitaciones indebidas.

No obstante lo anterior, la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, en ejercicio de sus atribuciones legales de revisión y pronunciamiento sobre las investigaciones de acoso laboral sustanciadas por los empleadores, procedió a examinar el expediente remitido. Como resultado de dicha revisión, mediante oficio ordinario N° 201-21778/2025, notificado a la empresa el 19 de mayo de 2025, estableció las tres observaciones a la investigación efectuada por la empresa, que fueron indicadas en el recurso.

Sostiene que la acción constitucional ha sido utilizada como sustituto procesal, pues el recurso de protección constituye una acción cautelar de naturaleza extraordinaria y excepcional, destinada exclusivamente a amparar el libre ejercicio de garantías constitucionales mediante medidas de resguardo ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales. Argumenta que no sirve para la defensa de cualquier interés, sino únicamente cuando la afectación del derecho sea relativamente clara o evidente.

Manifiesta que el recurso de protección no está destinado a reemplazar procedimientos específicos contemplados en la ley para la defensa de derechos ante actuaciones administrativas, particularmente cuando se trata de la dictación de un oficio ordinario que informa el inicio de una investigación de oficio que aún no se ha iniciado y de la cual no se han seguido consecuencias para la recurrente. Enfatiza que la determinación de este Servicio nace del artículo 211-D del Código del Trabajo, que establece la obligación de la Inspección del Trabajo de investigar vulneraciones de derechos fundamentales, remitiéndose al artículo 486 del mismo cuerpo legal.

Destaca que existían otras vías administrativas disponibles para impugnar la decisión, tales como los recursos de reposición y jerárquico del artículo 59 de la Ley N° 19.880, la acción de nulidad de derecho público conforme al artículo 7° de la Constitución, y la acción del artículo 504 del Código del Trabajo.

En cuanto a la alegada extralimitación de facultades, la recurrida refuta este planteamiento, citando la propia doctrina administrativa contenida en el Ordinario N° 362/19, donde si bien se establece que la revisión debe verificar el cumplimiento de instrucciones procesales y la congruencia entre informe y conclusiones, también se dispone expresamente que cuando la Inspección del Trabajo detecta antecedentes que podrían constituir indicios de vulneración de derechos fundamentales, se encuentra obligada a iniciar la investigación correspondiente, lo que encuentra fundamento normativo en el artículo 211-D, inciso 2° del Código del Trabajo.

Enfatiza que el Decreto N° 21 de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, establece principios de razonabilidad y debido proceso que este Servicio debe revisar al evaluar las investigaciones internas. En el caso concreto, la decisión del empleador no resulta congruente, toda vez que descarta la denuncia de nombre reservado pese a existir elementos probatorios que dan cuenta de indicios sobre vulneración de derechos fundamentales, particularmente las declaraciones testimoniales que revelan un patrón de conductas agresivas, maltratos y hostigamientos por parte de la denunciada.

Respecto de la vulneración a la igualdad ante la ley, argumenta que la recurrente no explica de qué forma el trato sería discriminatorio, requiriéndose para ello compararse con otro usuario de la administración en igual situación que haya recibido trato diverso. Sostiene que la recurrente desconoce el actuar de este Servicio respecto de otras empresas, siendo efectivo que la Inspección del Trabajo aplica uniformemente el artículo 211-D, inciso 2° del Código del Trabajo cuando detecta indicios de vulneraciones a derechos fundamentales.

En cuanto a la garantía de no ser juzgado por comisiones especiales, rechaza tal alegación, indicando que no existe acto ilegal o arbitrario, sino actuación con total apego a la normativa legal y constitucional. Destaca que la decisión administrativa no puede entenderse como ejercicio de función jurisdiccional, toda vez que descansa en facultades legalmente otorgadas a este Servicio. Además, precisa que aún no se ha iniciado la investigación de oficio dispuesta, por lo que sería errado estimar que la Inspección del Trabajo ya ha emitido pronunciamiento, limitándose a detectar conductas que eventualmente pueden constituir acoso laboral.

En relación a los derechos de propiedad y libre actividad económica, arguye que el oficio recurrido no ha afectado tales garantías, ya que no se han vulnerado los atributos del dominio (uso, goce y disposición), manteniendo la recurrente plenas facultades para administrar su empresa, estando sujeta únicamente al desarrollo de un proceso de fiscalización por los indicios de vulneración de derechos fundamentales detectados.

Finalmente, pide tener por evacuado el informe y rechazar el presente recurso por improcedente, con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados afectados por actos ilegales y/o arbitrarios.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, según fluye del libelo recursivo, el acto que se tilda como ilegal y arbitrario por parte de la recurrente consiste en la dictación del Oficio Ordinario N° 201-21778/2025, notificado a la actora el 19 de mayo de 2025, que, en síntesis, efectuó observaciones al procedimiento de investigación efectuado por esta última; dispuso la abstención, por parte de ella, de las medidas señaladas en el informe; y derivó los antecedentes a la unidad jurídica de la recurrida, para efectos de iniciar un procedimiento de investigación.

SEXTO: Que se puede advertir que los hechos expuestos en el presente recurso de protección no dan cuenta de la existencia de una vulneración o amenaza a las garantías constitucionales invocadas, no siendo posible establecer de los presupuestos fácticos esgrimidos por el recurrente, la existencia de vulneración a las garantías constitucionales aludidas en los términos pretendidos por el actor, bastando ello para rechazar el presente recurso.

Así, en cuanto a la denunciada vulneración a la igualdad ante la ley y discriminación arbitraria, el recurrente no explicó ni acreditó la manera por la cual la dictación del acto administrativo recurrido implicaría, a su respecto, una transgresión a dicha garantía, al no haberse efectuado comparación alguna con otros particulares en igual situación, más allá de la alegación realizada en este sentido.

En relación con la garantía a no ser juzgado por comisiones especiales, debe desestimarse la alegación efectuada a este respecto, por cuanto la recurrida se ha limitado a detectar conductas que, eventualmente, pueden ser constitutivas de acoso laboral y, consecuentemente, ha dispuesto la derivación de los antecedentes a su propia unidad jurídica para efectos de iniciar un procedimiento de investigación, sin que exista algún acto terminal en virtud del cual pueda predicarse que se ha realizado un juzgamiento a la conducta del actor.

Tampoco se vislumbra una afectación al derecho de propiedad y a la libertad a desarrollar cualquier actividad económica, en tanto la potestad de dirección de una empresa no puede imponerse sobre las facultades que tiene la Dirección del Trabajo para iniciar una investigación ni para formular observaciones a un procedimiento interno de investigación, ni se ha conculcado alguno de los atributos del dominio, por el solo hecho de iniciar un procedimiento administrativo de investigación.

SÉPTIMO: Que, aun soslayando lo anterior, se debe dejar en claro que el recurso de protección no obedece a un procedimiento mediante el cual se puede solicitar que se deje sin efecto un acto administrativo de trámite, dictado por órgano competente, que se pronunció sobre las conclusiones y medidas derivadas de una investigación interna efectuada por acoso laboral, sin que exista un pronunciamiento de fondo, de carácter terminal, que haya determinado la responsabilidad del recurrente, pues resulta indiscutido que -conforme con los antecedentes que obran en el proceso- el procedimiento administrativo de investigación ante la Inspección del Trabajo no se ha iniciado, únicamente habiéndose derivado los antecedentes a la unidad jurídica para su substanciación. Así las cosas, resulta evidente que la esfera de acción administrativa debe ser agotada, toda vez que la acción de protección, atendida su naturaleza cautelar y de urgencia, tiene como objetivo la intervención de esta Corte en presencia o existencia de derechos preestablecidos o indubitados que, producto de un actuar arbitrario o ilegal, estén siendo amenazados, privados o perturbados en su ejercicio, lo que en el presente caso no se vislumbra.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Gabriel Tello Cardone, abogado, en representación de la División Gabriela Mistral de la Corporación Nacional del Cobre, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1132-2025 (Protección)

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