SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE BUSES PROVINCIA ANTOFAGASTA con BUSES J M PULLMAN S A.

Antofagasta, veintiséis de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece Javier Mandaleris Jara, abogado en representación de Sindicato de Trabajadores de Buses JM S.A., representado legalmente por su presidente don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien deduce acción de protección en contra de la empresa Buses J,M. Pullman Bus S.A., representado legalmente por don nombre reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por haber incurrido en vulneración a las garantías constitucionales que asegura el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, solicita la eliminación o redireccionamiento de todas las cámaras existentes al interior de los buses de la empresa que apunten al conductor, además de eliminar los audios en todas las cámaras y ordenar la destrucción de todos los registros de cámara existentes donde se vea el rostro cuerpo del conductor, así como también los audios, con expresa condena en costas.

Evacuó informe el recurrido, solicitando el rechazo de la acción deducida, con costas.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda su acción señalando que, como sindicato agrupan esencialmente a trabajadores conductores que se desempeñan en la empresa recurrida en diversas faenas mineras de la comuna de Antofagasta, trasladando a personal desde Antofagasta a las faenas y viceversa. Alega que la recurrida ha implementado un sistema de vigilancia mediante la instalación de cámaras de video al interior de los buses de transporte de personal, equipadas con tecnología de captura de imagen y audio a los conductores. Estas cámaras se encuentran orientadas directamente al rostro y otras partes del cuerpo de los conductores, permitiendo una fiscalización constante, continua y detallada de sus movimientos y expresiones durante la jornada laboral. Indica que las cámaras no solo cumplen función de seguridad vial sino, un fin el control y vigilancia estricta de la conducta de los trabajadores, mediante la grabación de audio y video, las que luego son utilizadas para aplicar medidas disciplinarias tales como amonestaciones, llamados de atención e incluso como fundamentos a los despidos, que ha generado una situación de permanente hostigamiento y vigilancia que excede cualquier límite razonable de supervisión del empleador lo que deriva en un acto arbitrario e ilegal por cuanto infringe el marco normativo que rige la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, vulnerando normas constitucionales y del Código del Trabajo. Solicita acoger la presente acción ordenando al recurrido la eliminación o redireccionamiento de todas las cámaras existentes al interior de los buses de la empresa que apunten al conductor, además de eliminar los audios en todas las cámaras y ordenar la destrucción de todos los registros de cámara existentes donde se vea el rostro cuerpo del conductor, así como también los audios, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que informó Alfredo Garriman Rubio, abogado, en representación de Buses JM Pullman S.A. expone que tiene por giro la prestación de servicios de transporte de pasajeros interurbano, en quinta región y hace un par de años ha ampliado su línea de negocio al transporte privado de personal de área industrial, en particular empresas mineras y sus contratistas, las que exigen según bases de licitación, contratos y anexos de operación la implementación de sistemas de seguridad, ello con el objeto de garantizar el traslado seguro de los trabajadores que se desempeñan en minería. Señala que se ha implementado sistema de GPS, detector de somnolencia y fatiga, cámaras de seguridad, cuyo objetivo es la máxima prevención de accidentes y mayor seguridad, con visibilidad de 360° y eliminación de puntos ciegos, detección de peatones, monitoreo de comportamiento del conductor que detectan conductas de riesgo como; distracción, no uso de cinturón de seguridad, fatiga y somnolencia y monitoreo de la conducción. Hace referencia a causa laboral pretérita año 2015 por la cual se implementaron las siguientes medidas; cámaras en forma panorámica dentro del bus y en el caso de la cámara de cabina esta se encuentra dirigida solo para captar el volante y tablero de instrumentos la regulación de las cámaras se encuentran contenidas en los reglamentos internos de las empresas Servicios Industriales Minardi S.A. y Buses JM Pullman S.A., las que posteriormente fueron declaradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales. Haciendo presente que las cámaras se encuentran instaladas hace más de 10 años. Considera que la verdadera motivación del presente recurso es el intento de generar impunidad, frente a la indisciplina operacional de algunos conductores, que son sorprendidos mientras conducen realizando conductas prohibidas por ley, tales como hablar o revisar dispositivos celulares, fumar, distracción, etc. Manifiesta la ausencia de arbitrariedad o ilegalidad de las medidas anteriormente expuestas. Conforme las anteriores consideraciones solicita rechazar el recurso de protección interpuesto por el Sindicato en todas sus partes, por no existir acto u omisión arbitraria ni ilegal, con costas.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, del examen de los antecedentes acompañados por las partes, se advierte que la controversia suscitada dice relación con la instalación, ubicación específica, finalidad y forma de operación de dispositivos de videograbación y audio al interior de los buses que conducen los trabajadores afiliados al sindicato recurrente. Si bien la recurrida reconoce la existencia de cámaras, difiere en cuanto a la forma en que ellas se encuentran orientadas, a los fines para los cuales fueron dispuestas y al uso que efectivamente se hace de las imágenes y registros. Tales elementos —ubicación exacta, funcionamiento técnico, captación de audio, proporcionalidad de la medida, mecanismos de tratamiento de datos y eventuales finalidades disciplinarias— constituyen aspectos de hecho relevantes cuya determinación exige actividad probatoria, peritajes o declaraciones que exceden el ámbito cognitivo limitado del recurso de protección, siendo materias propias de un procedimiento de lato conocimiento ante la judicatura laboral competente.

SEXTO: Que, asentado lo anterior, corresponde verificar si, aun dentro de las restricciones del recurso de protección, es posible advertir la existencia de un acto u omisión manifiestamente ilegal o arbitrario que, por sí solo y sin necesidad de debate probatorio adicional, configure una privación, perturbación o amenaza actual al derecho fundamental invocado. Sobre este punto, la sola presencia de dispositivos de vigilancia en buses destinados al transporte de personal en faenas mineras —actividad calificada como de alto riesgo operacional— no permite, por sí misma, afirmar la concurrencia de una vulneración evidente al derecho a la vida privada en los términos del artículo 19 N° 4 de la Constitución. Ello, especialmente cuando la recurrida ha señalado que dichas medidas responden a exigencias contractuales y de seguridad de la industria minera, invocando finalidades de prevención de accidentes, trazabilidad y cumplimiento de estándares de operación. Tales fundamentos no pueden estimarse como irrazonables o desprovistos de sustento, lo que impide configurar un acto arbitrario manifiesto en esta sede.

SÉPTIMO: Que, adicionalmente, no se advierte en autos la existencia de antecedentes suficientes que permitan tener por acreditado que el sistema de vigilancia opere al margen de toda limitación, sin regulación interna, sin protocolos de tratamiento de datos o con una finalidad exclusivamente disciplinaria, de forma tal que se configure un riesgo constitucional evidente. Por el contrario, la controversia planteada por el Sindicato —particularmente la alegación relativa a la captación de audio, la supuesta focalización permanente al rostro del conductor o la utilización de registros en medidas sancionatorias— requiere una determinación probatoria que excede la función cautelar y urgente del presente arbitrio.

OCTAVO: Que, en consecuencia, no corresponde a esta Corte —en el estrecho marco cognitivo del recurso de protección— emitir pronunciamiento sobre la legalidad, proporcionalidad o adecuación técnica del sistema de videovigilancia denunciado. La acción constitucional no puede sustituir los procedimientos específicos establecidos por el legislador para conocer de conflictos laborales, especialmente aquellos vinculados al ejercicio de facultades de dirección empresarial, tratamiento de datos personales en el ámbito del trabajo y respeto a la dignidad del trabajador, materias que deben ventilarse ante la judicatura laboral con plena bilateralidad de la prueba.

NOVENO: Que, finalmente, corresponde precisar que la acción de protección no habilita a esta Corte ordenar modificaciones estructurales de sistemas de monitoreo cuya regulación exige un debate de mayor complejidad jurídica y técnica. Las pretensiones dirigidas a redireccionar todas las cámaras, suprimir la captación de audio y destruir registros pretéritos exceden el marco y finalidad de este arbitrio constitucional, destinado únicamente a restablecer el imperio del derecho ante afectaciones claras y actuales.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Sindicato de Trabajadores de Buses JM S.A., en contra de la empresa Buses J,M. Pullman Bus S.A.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1131–2025 (Protección)

2