PROTECTOR SECURITY SUPERMARKET SPA con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO ANTOFAGASTA

Antofagasta, a seis de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Matías Ignacio Ahumada Lavín, abogado, en representación de Protector Security Supermarket SpA., empresa de giro de su denominación, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, representada legalmente por su Inspector Comunal del Trabajo don nombre reservado, por el hecho de no admitirse a tramitación la solicitud de reconsideración de multa administrativa, por considerarla fuera de plazo, acto ilegal y arbitrario que constituye una amenaza a la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Evacua informe la recurrida instando por su rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional interpuesta se funda en el hecho de que la recurrida no admitió a tramitación la solicitud de reconsideración de multa administrativa, por considerarla extemporánea, acto ilegal y arbitrario que constituye una amenaza a la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Expone que la interpretación del plazo para la interposición de dicho recurso es de días corridos y no de días hábiles está fundada en una ley inexistente, por lo que además de ilegal, dicha conducta es arbitraria.

Agrega que el 19 de enero del 2018, su representada mediante Formulario N° 10 presenta solicitud de Recurso administrativo de reconsideración de la multa.

Añade que a través de Resolución Ordinaria N° 569 de 29 de marzo de 2018, la recurrida informa que: “Mediante presentación de antecedentes usted solicita reconsideración administrativa de la siguiente multa: 9967/2017/41, 1.- Sobre el particular, cúmpleme informar a Ud., que no se dio curso a dicha solicitud por incumplimiento a los requisitos legales, considerando que: no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde su notificación”.

Alega que el organismo fiscalizador ha resuelto erróneamente, que el plazo de 30 días contemplado en el artículo 512 del Código de Trabajo, es de días corridos, lo que según estima esta parte, está en clara contradicción con las disposiciones legales aplicables en la especie.

Afirma que se ha realizado una interpretación de un precepto legal de forma arbitraria, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley, por cuanto el órgano del estado recurrido, al negarse de forma ilegal e injusto a tramitar un recurso administrativo que la ley franquea para todas las personas que encuentren en la hipótesis prevista en ella.

Arguye que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo en relación, armónica, con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 25, de la Ley 19.880, el que señala: “Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos”. Se concluye que al no señalar el artículo 512 del Código del trabajo si el plazo de 30 días se trata de días corridos o hábiles, obligatoriamente se debe concluir que le plazo de 30 días para reclamar se rige por el artículo 25, de la Ley 19.880, esto es, se trata de días hábiles, considerándose inhábiles los días sábado, domingos y festivos.

Solicita se ordene a la recurrida conocer la reconsideración de multa impetrada en sede administrativa presentada por su representado, en contra de la resolución de multa N° 9967/2017/41, con expresa y ejemplar condenación en costas.

SEGUNDO: Que Alejandra Moran Ledezma, abogado, en representación de la recurrida de protección, solicita el rechazo del recurso, en tanto cuanto no se dan en la especie ninguno de los elementos de hecho y de derecho que la Constitución Política exige como condición para su interposición, siendo evidente la falta de actos ilegales o arbitrarios de parte de la recurrida.

Expone que se aplicó la multa N° 9967/2017/41 de fecha 13 de septiembre de 2017, la que fue notificada el día 14 de diciembre de 2017 conforme al artículo 508 del Código del Trabajo (al haber sido depositada en Correos de Chile el día 06 de diciembre de 2017).

Indica que la empresa, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, respecto de la multa señalada, presenta recurso administrativo de reconsideración con fecha 19 de enero de 2018, es decir, fuera del plazo de 30 días corridos contados desde notificada la infracción. Por lo anterior, es que la Inspección del Trabajo de Antofagasta, no admite a trámite dicha reconsideración dictando el Ordinario N° 569 de fecha 29 de marzo de 2018 que declara la extemporaneidad de la presentación efectuada por la Empresa.

Señala que el artículo 512 del Código del Trabajo establece un plazo de 30 días, desde la notificación, para efectos de solicitar reconsideración administrativa de multa ante el Inspector del Trabajo, en ese sentido se debe determinar como ya se señaló si este plazo es de días hábiles o días corridos, por ello entonces huelga analizar el resto del Código del Trabajo para establecer si dentro de su articulado señala alguna norma general que pueda dar luces de la forma de computo del plazo establecido en este cuerpo legal.

Agrega que de la interpretación sistemática del Código del Trabajo, se desprende que la regla general en materia de plazos es de días corridos, y cuando el legislador ha querido mencionarlos ha dicho expresamente que los plazos son de días hábiles, lo que no ocurre con el artículo 512 del Código del Trabajo.

De esta manera y estando manifestada la voluntad del legislador claramente en el Código del Trabajo no resulta aplicable la disposición del artículo 22 inciso segundo del Código Civil, en cuanto a recurrir a otros textos legales, toda vez que, del mismo cuerpo legal del Estatuto Laboral se desprende la naturaleza del plazo del artículo 512 del Código del Trabajo, por lo que, conforme a la doctrina de este Servicio, en la especie no resulta aplicable la disposición del artículo 25 de la ley 19.880, que se refiere a una materia en especial.

Añade que en este mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República mediante Dictamen Ordinario N° 17344 de 10/03/2014, confirmando la doctrina plasmada en el Dictamen Ordinario N° 64985/2009 del mismo órgano contralor.

Concluye que la Inspección del Trabajo ha obrado dentro de la competencia que el ordenamiento jurídico vigente le demarca y siguiendo un procedimiento administrativo reglado, circunstancias todas que determinan la legalidad de su accionar, desvirtuando toda suerte de imputación de arbitrariedad en los hechos de la especie.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, cuando es contrario a derecho o a la ley o cuando no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que la Excma. Corte Suprema de Justicia en sentencia en causa Rol 4015-2015 ha sostenido:

“Segundo: Que como ya lo ha resuelto esta Corte, el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En efecto, se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que alude a días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En consecuencia, existiendo regulación expresa acerca del cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos, esta modalidad prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.”

SEXTO: Que de los antecedentes fluye que resolución de multa N° 9967/2017/41 de fecha 13 de septiembre de 2017 fue notificada el día 14 de diciembre de 2017 conforme al artículo 508 del Código del Trabajo, hecho reconocido por la recurrida, al haber sido depositada en correos de chile el día 06 de diciembre de 2017.

Por su parte, el recurso administrativo de reconsideración fue presentado con fecha 19 de enero de 2018, o sea, dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde notificada la infracción.

SEPTIMO: Que en consecuencia la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal en tanto se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo, afectando la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, lo que corresponde sea enmendado por esta vía, por lo que se acogerá la acción constitucional de protección.

OCTAVO: Que habiendo actuado la recurrida en cumplimiento de lo dictaminado por la Contraloría General de la República al respecto, deberá eximírsele del pago de las costas.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Matías Ignacio Ahumada Lavín, en representación de Protector Security Supermarket SpA., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, dejándose sin efecto la Resolución Ordinaria N°569 de 29 de marzo de 2018, dictada Inspector Provincial del Trabajo de Antofagasta, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la actora respecto de la resolución de multa N° 9967/2017/41 de 13 de septiembre de 2017 Regístrese y comuníquese.

Rol 1109-2018 (PROT)

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