PUGA MUJICA Y ASOCIADOS S.A. CON SEREMI DE SALUD REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Antofagasta, cinco de mayo de dos mil quince.

VISTOS:

A fojas 1 comparece CRISTINA GALLEGOS ORELLANA, abogada, con domicilio en domicilio reservado, en representación de PUGA MUJICA Y ASOCIADOS S.A., domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta, representada para estos efectos por el Consejo de Defensa del Estado, solicitando se deje sin efecto la resolución exenta 8123 de fecha 28 de noviembre de 2014, dictada por la recurrida y adoptar las medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección, con costas.

A fojas 42 evacuó informe en representación del recurrido, nombre reservado, por el Consejo de Defensa del Estado, solicitando el rechazo de la acción interpuesta con costas.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente fundamentó el recurso en que con fecha 1 de octubre de 2013, uno de sus trabajadores sufrió un accidente laboral fatal debido a que una locomotora del Ferrocarril Chile Antofagasta Bolivia la golpeó una plancha metálica que cayó encima al afectado. Este a su vez ejecutaba una obra en instalaciones de “Antofagasta Terminal Internacional”, ubicada en el sector del Puerto de Antofagasta.

Informado el accidente a la Inspección del Trabajo y a la Seremi recurrida, se constituyó el fiscalizador de la primera entidad cursando una multa el día 30 de ese mismo mes y año por un total de 200 UTM, lo que se fundó en cuatro infracciones entre las que se consideró no tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, concepto por el que la sanción ascendió a 60 Unidades Tributarias Mensuales.

Posteriormente, la recurrida inició una investigación por los mismos hechos, formulando cargos el 24 de febrero de 2014, imputando básicamente que no se suprimieron todos los factores de peligro al no segregar el área de trabajo, no se contaba con un protocolo que considerara establecer un área segura de trabajo, el procedimiento soldadura no definía ninguna condición para la demarcación segura del área de trabajo y no se corroboró la distancia de seguridad en forma previa al accidente. Se efectuaron luego los descargos correspondientes, argumentando que se cumplieron todas las exigencias que razonablemente se pueden determinar a raíz del deber de seguridad del empleador y que, en todo caso, otro órgano del estado ya había intervenido en el conocimiento y sanción de los mismos hechos.

No obstante lo anterior, el día 6 de agosto de 2014, la Seremi de Salud, mediante resolución exenta 4877, le aplicó una multa de 800 UTM, estimando en su motivo séptimo que no habría mantenido las condiciones necesarias en el lugar de trabajo para proteger la vida y salud de los trabajadores. Sin embargo, en el mismo considerando, indica haber eximido de responsabilidad a esta parte por aplicación del principio non bis ídem, en lo referente a circunstancias del entorno y factores de peligro imputados en la formulación de cargos, resolviendo no obstante que serían sancionadas igualmente todas y cada una de las restantes deficiencias detectadas en el acta de inspección por constatar hechos diversos a los sancionados por la Inspección del Trabajo.

En contra de esta resolución se interpuso reposición argumentando que se estaba castigando la misma conducta que ya habría castigado la Inspección del Trabajo. No obstante, la recurrida mantuvo la multa impuesta mediante resolución exenta 8123, de fecha 28 de noviembre de 2014, notificada con fecha 31 de marzo del año en curso, lo que vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

A continuación, afirma que la resolución recurrida es ilegal por contrariar el principio non bis in ídem, contemplado en esta materia en el artículo 191 inciso tercero y cuarto del Código del Trabajo. Sobre la base de esta disposición concluye que existen materias de higiene y seguridad respecto de las cuales más de un órgano del Estado tiene competencia, que para evitar contiendas entre dichas entidades y que el afectado se vea sancionado más de una vez, la fiscalización, conocimiento y sanción queda entregada al primer órgano que se constituya en la visita inspectiva, debiendo los demás ajustar su investigación posterior a hechos distintos a los ya conocidos y sancionados, y que si el órgano que conoce primero de la infracción requiere informes técnicos para la apreciación de los hechos, no por ello pierde su competencia ni el órgano técnico se transforma en competente para sancionar.

Ahora bien, la disposición señalada es precisamente aplicable y no implica que la SEREMI recurrida pierda su competencia. Lo medular, según expone, es que cualquiera sea el órgano que suceda a la Inspección del Trabajo en el conocimiento y castigo de los hechos, le estaba prohibido volver a sancionar a la empresa por no cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y salud de sus trabajadores ya que dicha conducta ya fue castigada por el Estado. Cita como fundamento de lo anterior, el “Protocolo de actuación de la Autoridad Sanitaria y Dirección del Trabajo”, convenido entre la Secretarias Regionales Ministeriales de Salud y la Dirección del Trabajo, que se pronuncia en este sentido, para posteriormente esbozar doctrina relativa al principio non bis in ídem, que ha sido contravenido.

En seguida, señala que el acto recurrido violó los artículos 3°, inciso segundo y 5° inciso segundo de la ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la que expresamente exige que las entidades estatales actúen de forma coordinada y eviten duplicación de funciones y por consiguiente, la duplicidad de sanciones.

De igual forma, por lo expuesto, el acto recurrido infringió el artículo 2 de la ley 18.575, al no actuar la SEREMI de Salud conforme a la Constitución y a las leyes.

A su turno, expone que la resolución recurrida es arbitraria, porque el único argumento para descartar la aplicación del principio non bis ídem es que se sancionaría por actos diferentes de aquellos señalados por la Inspección del Trabajo; sin embargo, no se indicó conducta alguna que no fueran expresiones o ejemplos de no haber tomado todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, como lo determinó en forma previa la Inspección.

Sin perjuicio de lo anterior, afirma que no existe explicación racional alguna, sino sólo la arbitrariedad, que puede justificar una multa de 800 UTM por hechos accesorios, de significado jurídico radicalmente menor a la conducta principal ya castigada por la Inspección. Asimismo, hace presente que la resolución recurrida es desproporcionada al aplicar un castigo 12 veces mayor que el que impuso la entidad fiscalizadora en materia laboral, cuyo monto ascendió a 60 UTM.

Refiere luego doctrina sobre el principio de proporcionalidad, haciendo presente que conforme al artículo 174 del Código Sanitario, el rango legal para la aplicación de la multa va desde un décimo de unidad tributaria mensual a 1000 de éstas, sin que exista en la especie fundamento alguno que permita explicar porque se aplicó la sanción casi en el máximo establecido.

En cuanto a la primera garantía infringida, esto es, la igualdad ante la ley, argumenta que la recurrida discriminó arbitrariamente a la recurrente, sometiéndola a un doble juzgamiento y punición, contraviniendo el principio non bis in ídem. Asimismo, la infracción viene dada por haberse impuesto una sanción desproporcionada que implicó un sacrificio especial y desigual frente a la ley.

Por último, en cuanto a este punto, afirma que en forma reiterada la Excelentísima Corte Suprema ha acogido íntegramente recursos de protección interpuestos por situaciones análogas, arguyendo una infracción al principio non bis in ídem.

Adicionalmente, señala que el acto recurrido amenaza su derecho de propiedad consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política. Lo anterior por cuanto le impone la obligación de desembolsar 800 unidades tributarias mensuales, pese a que previamente efectuó un pago por la sanción aplicada por la Inspección del Trabajo. Reitera en este punto jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema relativa a circunstancias semejantes;

SEGUNDO: Que informando la recurrida, luego de referirse a los hechos que motivaron la fiscalización, las sanciones impuestas y los argumentos de la recurrente al evacuar descargos y pedir reposición contra la resolución exenta número 4877, hace presente que los argumentos de la contraria fueron rechazados mediante la resolución recurrida número 8123, en la que se señaló que no existía infracción al principio non bis in ídem ya que éste, para su configuración, requiere que exista identidad de hechos, de normas y de sujeto. En este caso no se verifica la identidad de hechos, ya que los presupuestos fácticos sancionados por ambas resoluciones -la recurrida y la emanada de la Dirección del Trabajo- son diferentes y se reconducen a las normas que cada cuerpo normativo tipifica, ello con independencia a que las normas que sancionan esos hechos sean similares en su redacción, ya que esa mera circunstancia no implica que los hechos sancionados por una y otra entidad sean los mismos.

Ahondando en este mismo punto, cita los artículos 184 del Código del Trabajo y el artículo tercero del Decreto Supremo número 594, estableciendo que ambos obligan al empleador a tomar las medidas pertinentes para proteger la vida y la salud de sus empleados y entre esas medidas, se encuentra la de suprimir cualquier riesgo que pueda afectar la salud e integridad los mismos.

Posteriormente, luego de citar los artículos 82 y 174 del Código Sanitario, dice que ésta última norma hace remisión a los reglamentos del mismo cuerpo legal; así, el Decreto Supremo Nº 524 de 1999 del Ministerio de Salud, que contiene el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, fue dictado en virtud de normas habilitantes legales que facultan a este régimen normativo a describir conductas constitutivas de infracciones sanitarias y ser castigadas de acuerdo las sanciones descritas en el Código del ramo.

De esta manera, en atención a que los reglamentos concretan y detallan imperativos legales, sería comprensible que en la estructura de las normas en general y de la sanitarias en particular, los supuestos de hecho no sean agotadores en su descripción y deban ser complementados por otras normas, tal como ocurre en materia penal con las denominadas leyes penales en blanco. En este contexto, los reglamentos concretan y detallan los imperativos legales, en virtud de que la ley goza de generalidad como característica principal, conteniendo en este caso infracciones sanitarias.

Así las cosas, obviamente el reglamento no puede contener cada una de las hipótesis que constituirían los “factores de peligro” y las “condiciones necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores”. La determinación de estos, son resorte de la autoridad sanitaria en virtud de la discrecionalidad de la que gozan los órganos de la Administración del Estado y en cada caso particular.

Prosigue señalando que en atención a lo anterior, los presupuestos fácticos imputados a la empresa por parte de esta entidad y los de la Dirección del Trabajo son distintos. Los primeros se enmarcan dentro de los supuestos típicos que establecen los artículos 3 en relación al 37 del Decreto Supremo número 594 de 1999 y los artículos 21 y 22 del Decreto Supremo número 40 de 1969. En cambio, los sancionados por la entidad fiscalizadora en materia laboral se encuadran dentro de la descripción típica del artículo 184 inciso primero y segundo del Código del Trabajo.

Por tanto, del simple cotejo de la resolución de multa dictada por la Inspección del Trabajo con el acta instructora del sumario efectuada por la Secretaría Regional Ministerial y la resolución recurrida emanada de esta misma autoridad, existe solamente un hecho coincidente, mientras que el resto de las imputaciones son diferentes.

En lo relativo a los fundamentos de la acción de protección interpuesta, señala que en ningún caso ha incurrido en una infracción al artículo 191 inciso tercero del Código del Trabajo. Lo anterior al haber intervenido en todo momento, instruyendo la investigación correspondiente con fecha 2 de octubre de 2013, con posterioridad término del procedimiento que llevó a cabo la Inspección del Trabajo, tal como lo que exige la referida disposición.

En cuanto a una supuesta infracción a la ley 18.575, en orden a que ésta exige una actuación coordinada de los órganos de la administración del Estado para así evitar la duplicidad de funciones y sanciones, determina que en todo momento la actuación de la SEREMI se ha ajustado a derecho, siguiendo los procedimientos establecidos en el Código Sanitario para la investigación y posterior inicio del sumario, con observancia irrestricta de los principios que informan el debido proceso y actuando dentro del marco de sus competencias y atribuciones. Además, la forma de actuar de la SEREMI, a su entender, demuestra que ha habido suficiente coordinación con otros órganos estatales, en el sentido de que la intervención de la autoridad sanitaria ha sido de manera posterior a la de la entidad laboral y respecto de hechos y competencia diversos.

En cuanto a la arbitrariedad a que alude la recurrente por haberse impuesto una multa de 800 unidades tributarias por conductas diferentes a las sancionadas por la Inspección del Trabajo, descartándose una infracción al principio non bis in ídem, y sancionando por hechos accesorios, reitera lo indicado precedentemente en cuanto que los presupuestos fácticos sancionados por la resolución recurrida y aquella emanada de la autoridad fiscalizadora en lo laboral, son diferentes.

Respecto de una transgresión al principio de proporcionalidad, hace presente que la normativa sanitaria permite la imposición de una multa de 1000 unidades tributarias mensuales, por lo que la impuesta, se ajusta a la normativa legal.

En cuanto una eventual infracción al derecho a la igualdad ante la ley reitera lo indicado en cuanto a que no existió infracción al artículo 191 el Código del Trabajo y por ende no se configura un trato desigual al que recibe cualquier de las empresas fiscalizadas por la entidad sanitaria en cuestión.

En lo relativo a una afectación al derecho de propiedad, hace presente que con fecha 20 de abril del año 2015, se dictó la resolución exenta 2401, la cual suspendió la ejecución de la multa en el sumario sanitario seguido contra la empresa recurrente, lo anterior sin perjuicio que de considerarse que existió vulneración en este sentido, pudo haberse solicitado una orden de innovar ante esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, lo que no se hizo.

Finalmente, hace referencia que si se estimaba que existió una infracción al principio non bis in ídem, se debió recurrir por infracción a lo dispuesto en el artículo 19 número tres de la Carta Política, ya que la supuesta infracción ese principio sería a su vez constitutiva de una infracción al debido proceso, protegido en dicha disposición constitucional. Lo anterior, no obstante que la acción proteccional, en atención a su naturaleza cautelar y de emergencia, no es a su juicio la vía idónea para impugnar la resolución exenta número 8123, existiendo en el artículo 171 del Código Sanitario una acción especial cuyo objeto es que un tribunal civil examine la legalidad de la resolución en orden al monto de la multa impuesta, disponiendo además de la posibilidad de impetrar una acción de nulidad de derecho público en caso de entender que la recurrida ha obrado fuera del ámbito de su competencia y mediante forma prohibida en la ley;

TERCERO: Que el Recurso de Protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para que opere cuando, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarias, alguna persona haya sufrido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos expresamente señalados, dentro de los cuales se incluyen los derechos de igualdad ante la ley y de propiedad; lo anterior se traduce en que, para que opere el arbitrio constitucional, debemos encontrarnos en presencia de actos ejecutados al margen de la ley, en contra de la justicia y la razón, o realizados voluntariosamente, esto es, sólo por la voluntad o el capricho;

CUARTO: Que de igual forma, este instituto procesal ha sido creado para mantener el orden jurídico; en otras palabras, para reparar de inmediato la juridicidad quebrantada, manteniendo el statu quo vigente, impidiendo que los ciudadanos se hagan justicia por sí mismos, sin dilucidar a priori quien es el verdadero titular de un determinado derecho, puesto que para ello existen las acciones judiciales ordinarias pertinentes;

QUINTO: Que lo dicho con precedencia es suficiente para desechar la alegación de la recurrida -en orden a negar la idoneidad del arbitrio intentado-, fundada únicamente en la existencia del procedimiento consagrado en el artículo 171 del Código Sanitario o la posibilidad de intentar una acción de nulidad de derecho público, pues el propio constituyente sostiene que por esta vía se puede obtener la protección del afectado “…sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”;

SEXTO: Que con la acción intentada a fojas 1 se ha pretendido restablecer el imperio del derecho, que habría sido quebrantado el día 6 de agosto de 2014, cuando la Seremi de Salud de la Región de Antofagasta, mediante resolución exenta Nº 4877, aplicó a “PUGA MUJICA Y ASOCIADOS S. A. una multa de 800 UTM. Tal decisión supuso, en concepto de la recurrente, una privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales garantizados por los Nro. 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental;

SÉPTIMO: Que para resolver la cuestión planteada, -que en definitiva consiste en determinar si existe o no vulneración del principio non bis in ídem- es necesario precisar que la sanción impuesta por la Inspección del Trabajo lo fue –en lo pertinente- en virtud del siguiente hecho, según se lee en la resolución de multa Nº 7.896/13/47 Nº 4: “No tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, al no supervisar el reposicionamiento de estructura denominada hombro, y que ésta quedara fuera del galibo de circulación de ferrocarril, y debidamente demarcada, al interior de Antofagasta Terminal Internacional, hecho que provocó que ésta fuera impactada por la máquina N° 950 de la empresa FCAB, resultando muerto por el atrapamiento de esta estructura el Sr. nombre reservado.” Ello importó una infracción del deber contenido en el artículo 184 del Código del Trabajo.

A su turno, las conductas reprochadas por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta, que sirven de sustento a la multa impuesta, son aquellas constatadas y descritas en los puntos 3.2, 3.3 y 3.4 del acta de inspección de 24 de febrero de 2014, que corre de fojas 46 a 48, en los siguientes términos:

3.2 “No cuenta con protocolo, procedimiento o instructivo que considere como establecer un área segura de trabajo, considerando garantizar la seguridad en el tránsito del personal, movimiento de equipos, herramientas, y estructura que están soldando, definición de distancia, garantizando en todo momento la distancia de seguridad para no tomar contacto con el tren, o partes de él. Cabe destacar que en el sector donde se produce accidente no existe galibo demarcado en el piso. La matriz riesgo de fecha 19.08.2013, establece como medida de control la demarcación del área, pero no hay protocolo como se indica anteriormente.”;

3.3 “El procedimiento de soldadura código 3154 PCEM01 de fecha de aprobación 13.06.2013 es un procedimiento general, no define ninguna condición para la demarcación segura del área de trabajo.”, y 3.4 “No existe protocolo de inspección en terreno que considere evaluar la distancia de seguridad en el sector. Durante la mañana del accidente personal de prevención de riesgos de Puga Mujica y ATI S.A. realizaron inspección y no corroboraron distancia de seguridad.”

La resolución 4.877 de 6 de agosto de 2014 los reproduce en el motivo segundo de la resolución la resolución 4877; de ellos se sirve en el fundamento 7º para concluir que se trata de “…hechos constitutivos de infracciones sanitarias que atentan en contra del Código Sanitario… en contra del Reglamento que establece las condiciones sanitarias básicas en los lugares de trabajo e infringe el Reglamento Sobre Prevención de Riesgos Profesionales, lo anterior implica que la sumariada no mantiene las condiciones necesarias en el lugar de trabajo para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella laboran.” (El destacado y subrayado es nuestro). El considerando 8º termina señalando que los hechos infringen los artículos 3 en relación con el 37, ambos del Decreto Supremo Reglamentario Nº 594 de 1999 del Ministerio de Salud, y los artículos 21 y 22 del Decreto Supremo Reglamentario Nº 40 de 1969 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social;

OCTAVO: Que, el examen de los hechos que sirvieron de fundamento tanto a la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, cuanto a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta, para sancionar a la recurrente PUGA, MUJICA Y ASOCIADOS S. A., revela que en ellos se contiene el denominador común de no adoptar –o mantener- las medidas o condiciones necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores. Este deber tiene consagración legal –y genérica- en el artículo 184 del Código del Trabajo, mismo que recogen los artículos 3 y 37 del Decreto Supremo Reglamentario Nº 594 de 1999 del Ministerio de Salud; a su turno, los artículos 21 y 22 del Decreto Supremo Reglamentario Nº 40 de 1969 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social reiteran obligaciones específicas de todo empleador para el adecuado cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 184 del Código del Trabajo.

En concreto, las disposiciones reglamentarias se limitan a especificar con mayor detalle la forma en que todo empleador debe cumplir el deber de cuidado establecido en la ley. Dicho en otras palabras, existe una relación de género a especie entre ésta y aquéllas y, qué mejor demostración, los hechos y cargos asentados por la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta y, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta, son el trasunto de dicha relación;

NOVENO: Que sobre la base de los hechos reseñados en el fundamento anterior, es posible concluir que la recurrida fue sancionada dos veces por un mismo hecho, que se hizo consistir en la infracción de su deber de cuidado como empleadora, respecto de sus trabajadores, obligación general que consagra el artículo 184 del Código del Trabajo, y que los Decretos Supremos Reglamentarios Nº 594 de 1999 del Ministerio de Salud y Nº 40 de 1969 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social se preocupan de desmenuzar y pormenorizar;

DÉCIMO: Que, por ende, la conducta de la recurrida, al proceder como lo hizo, deviene en ilegal, puesto que ha actuado sin respetar los límites que impone el artículo 191 del Código del Trabajo.

Pese a ello, no existe en autos antecedente alguno que permita avizorar, en el acto reprochado a la recurrida, la existencia de una diferencia arbitraria que perturbe, amenace o, derechamente, prive a la recurrente en su derecho de igualdad ante la Ley, garantizado en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política de la República, ya que para que ello ocurra debe configurarse, como bien se sostuvo en el informe de fojas 118, un trato desigual al que recibe cualquiera de las empresas fiscalizadas por la entidad sanitaria en cuestión;

UNDÉCIMO: Que, en lo que atañe a la amenaza al derecho de propiedad de la recurrente, que también se invoca como vulnerado, resulta de manifiesta obviedad que la obligación de solucionar una sanción pecuniaria impuesta por una acto de autoridad, que ha sido declarado ilegal, deviene en injusta, afectando de paso el patrimonio de quien la recibe;

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, resultando establecida la existencia de un acto ilegal de la recurrida, que amenaza concretamente a la recurrente en su derecho de propiedad, garantía que es susceptible de ser amparada mediante el presente recurso, debe acogerse el de fojas 223, y deben adoptarse las medidas que la Corte juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, asegurando la debida protección de los derechos de la recurrente.

Debe precisarse sin embargo que, habiéndose reclamado únicamente la resolución exenta Nº 8.123 de 28 de noviembre de 2014 -que rechazó reponer la sanción de multa- no puede la Corte otorgar una adecuada protección al afectado, en la medida que no invalide, también, la resolución exenta Nº 4.877 de 6 de agosto de 2014, por tratarse ésta del acto ilegal que sirve de fundamento exclusivo para el pronunciamiento de aquélla;

DÉCIMOTERCERO: Que, por último, apareciendo que la actuación de la recurrida estuvo amparada en una apreciación, equivocada por cierto pero no por ello menos plausible, de sus deberes y facultades, no se estima conveniente imponerle el pago de las costas causadas.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 Nº 2 y 24, y 20 de la Constitución Política de la República, y 1, 3 y 5 del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, al recurso de protección promovido a fojas 22 por PUGA MUJICA Y ASOCIADOS S.A., en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta, y se deja sin efecto la resolución exenta Nº 8.123 de 28 de noviembre de 2014 -que rechazó la reposición promovida por la recurrente- como también la resolución exenta Nº 4.877 de 6 de agosto de 2014, que la sancionó con una multa de 800 unidades tributarias mensuales.

Regístrese, comuníquese y archívense en su oportunidad.

Rol Nº 1.100-2015 Redacción del Fiscal Judicial señor nombre reservado.

Pronunciada por la Primera Sala, integrada por los Ministros Titulares Sr. Óscar Clavería Guzmán y Sra. nombre reservado, y el Fiscal Judicial Sr. Rodrigo nombre reservado Buzada. Autoriza don nombre reservado, Secretario Subrogante.

En Antofagasta, a cinco de mayo de dos mil quince, notifiqué por el Estado Diario la resolución que antecede.