nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

Antofagasta, a veintisiete de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., RUT RUT reservado, representada por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, y la Superintendencia de Pensiones, representada por don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana; por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, al amparo de la Ley N° 18.156. Afirma la existencia de vulneración a las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Informan los recurridos, al tenor del recurso interpuesto en su contra.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente funda su acción señalando que, con fecha 12 de mayo de 2025, ingresó ante la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A. una solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, conforme a la Ley N° 18.156, acompañando la documentación destinada a acreditar su calidad de técnico profesional extranjera, su afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y su voluntad de mantener dicha afiliación durante su permanencia laboral en Chile.

Expone que la administradora, mediante correo electrónico de 14 de mayo de 2025, rechazó la solicitud fundándose en que la constancia de afiliación presentada se encontraba vencida y que no sería posible verificar la cobertura previsional exigida por la normativa.

Alega que tal conclusión es arbitraria e ilegal, pues la “constancia electrónica de cotizaciones” emitida por el IVSS es un documento oficial, expedido por la autoridad previsional venezolana competente, cuya validez y autenticidad —sostiene— pueden verificarse directamente a través del código alfanumérico de verificación que el propio certificado incorpora en su parte inferior.

Afirma que el documento permite corroborar en línea, mediante los portales oficiales www.ivss.gob.vehttp://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss, tanto la identidad del asegurado como sus semanas cotizadas, su estatus previsional y la fecha de afiliación, por lo que la AFP, al no realizar dicha verificación ni consultar los medios electrónicos disponibles, incurrió en un formalismo excesivo y en un actuar contrario a la finalidad de la normativa aplicable.

Añade que cumple íntegramente con los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, encontrándose afiliada a un régimen extranjero que cubre las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y habiendo manifestado contractualmente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Denuncia que PROVIDA S.A. ha incorporado exigencias no previstas por el legislador, como la necesidad de presentar documentos apostillados o legalizados, lo cual —afirma— no está contemplado en la ley especial ni en el espíritu de la normativa, cuyo propósito es evitar la doble cotización previsional de técnicos extranjeros y permitir la devolución de los fondos cuando concurren los requisitos establecidos.

Sostiene que la decisión impugnada vulnera su derecho de propiedad, al mantener retenidos recursos que son de su dominio exclusivo, e infringe su igualdad ante la ley, por cuanto —según expone— otras administradoras sí aceptan constancias electrónicas verificables mediante código de autenticidad.

Alega además que, aun en la hipótesis de estimarse necesaria la apostilla del certificado emitido por el IVSS, dicha exigencia deviene jurídicamente improcedente, pues constituye una carga imposible de cumplir debido a la ausencia actual de representación diplomática de Venezuela en Chile, situación de público conocimiento que impide materialmente obtener la apostilla requerida.

Sostiene que, de conformidad con el artículo 45 del Código Civil, el caso fortuito o fuerza mayor exime a los particulares del cumplimiento de obligaciones o exigencias que se han tornado imposibles por circunstancias ajenas a su voluntad, criterio que —según argumenta— resulta plenamente aplicable a la exigencia de apostilla en el caso de autos. En consecuencia, imponer un requisito cuyo cumplimiento depende de un tercero —el Estado venezolano— y que, en la práctica, no puede satisfacerse, constituye un acto arbitrario que vulnera la igualdad y el debido ejercicio del derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales.

Finalmente, cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en la causa Rol 28881‑2022, y de las Cortes de Apelaciones de Valparaíso (Rol 325‑2024) y Concepción (Rol 241‑2025).

Solicita que se declare la ilegalidad y arbitrariedad del rechazo, se reconozca la validez de la documentación acompañada y se disponga la devolución de los fondos previsionales solicitados, o, en subsidio, que se ordene a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.

SEGUNDO: Que, evacuando informe, la Superintendencia de Pensiones, solicita el rechazo del recurso, señalando que la recurrente no ha acreditado el cumplimiento de los requisitos copulativos establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, exigidos para acceder a la devolución de fondos previsionales de trabajadores extranjeros.

Indica que este régimen constituye una norma de excepción, cuya interpretación debe ser necesariamente restrictiva, exigiéndose que el afiliado demuestre: (i) afiliación efectiva a un sistema de previsión extranjero que otorgue cobertura integral en enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante toda la extensión de la prestación de servicios en Chile; y (ii) manifestación expresa en el contrato de trabajo de su voluntad de mantener dicha afiliación.

Precisa que, revisado el expediente administrativo, se constató que la recurrente ingresó consulta el 25 de mayo de 2025, reclamando por la negativa de PROVIDA a acceder al retiro solicitado. Frente a ello, la Superintendencia respondió el 27 de mayo de 2025, informándole que el documento presentado como soporte de la afiliación extranjera —la Constancia de Afiliación al IVSS— se encontraba vencido, toda vez que dicho certificado tiene una vigencia de 120 días desde su emisión, según lo indicado en su propio pie de página, y al momento de su utilización habían transcurrido más de 300 días desde su emisión (20 de junio de 2024). Por lo tanto, el certificado no permitía verificar la cobertura previsional actual de la solicitante al tiempo de requerirse la devolución.

Agrega que la constancia electrónica del IVSS acompañada al recurso tampoco es idónea para acreditar cobertura extranjera, pues no señala explícitamente las prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte exigidas por la ley; no determina el período de cobertura efectiva; no se encuentra firmada por autoridad competente; y no está apostillada ni legalizada, conforme lo exigen los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el Convenio de la Apostilla de La Haya, al que Chile y Venezuela son Estados Parte. En consecuencia, dicho documento no satisface el estándar requerido para acreditar el requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

La Superintendencia enfatiza que su interpretación se ajusta estrictamente a la jurisprudencia administrativa reiterada mediante Oficios N° 21.480 de 2017, N° 23.208 de 2023 y N° 3.141 de 2024, así como a las instrucciones contenidas en el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que establecen que la acreditación de cobertura previsional extranjera debe efectuarse mediante certificación específica, emitida por la autoridad de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada o apostillada, y que contenga la cobertura integral exigida. Recalca que no basta con constancias genéricas, declaraciones juradas, carátulas de cotizaciones, ni documentos sin formalidades externas de autenticidad.

Refiere además que los tribunales superiores ya han validado este criterio, mencionando lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en sentencia de 15 de julio de 2024, Rol 239.773‑2023, que confirmó la improcedencia de considerar documentos sin apostilla en procesos de acreditación previsional, así como la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol 522‑2025, que rechazó un recurso similar en que la solicitud se sustentaba en constancias electrónicas del IVSS sin legalización. En ambos casos —señala— se determinó que no se trataba de documentos idóneos para cumplir los requisitos de la Ley N° 18.156.

Finalmente, sostiene que la materia planteada escapa al ámbito del recurso de protección, pues la recurrente pretende que por esta vía se declare la procedencia de un beneficio previsional sujeto a verificación documental y a un procedimiento administrativo específico.

Afirma que no existe acto ilegal o arbitrario, dado que la negativa responde al cumplimiento estricto de la normativa vigente. Solicita, en consecuencia, que se rechace la acción deducida.

TERCERO: Que, evacuando informe, AFP Provida S.A., por medio de su representante nombre reservado, solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas, afirmando que su actuar se ha ajustado estrictamente a la legislación vigente y a la normativa emanada de la Superintendencia de Pensiones.

En primer término, sostiene que el recurso de protección no constituye la vía idónea para resolver controversias de carácter técnico y documental relativas a la procedencia del retiro de fondos previsionales regulado por la Ley N° 18.156, por tratarse de materias que requieren un procedimiento de lato conocimiento destinado a analizar antecedentes contradictorios y determinar el cumplimiento de requisitos legales específicos. Expone que la acción cautelar solo protege derechos indubitados, lo que no ocurre en este caso, pues la pretensión de la actora —señala— exige determinar si cumple o no con los requisitos copulativos establecidos en el artículo 1° de la ley especial, cuestión que excede el ámbito del amparo constitucional.

Afirma luego que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales, notificado a la recurrente el 14 de mayo de 2025, se fundó en razones estrictamente normativas, consistentes en que la Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) presentada se encontraba vencida, excediendo su vigencia de 120 días, y que además no acreditaba la cobertura integral exigida para los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, conforme a la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Señala que la documentación acompañada carecía de firma responsable, no permitía determinar el período efectivo de cobertura y no se encontraba apostillada ni legalizada, contrariando lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, así como el Convenio de la Apostilla de La Haya, vigente en Chile y en Venezuela.

Indica que, según la jurisprudencia administrativa uniforme de la Superintendencia de Pensiones —contenida en Oficios N° 7253, 5376, 21.480, 23.208 y 3.141, entre otros—, los documentos presentados no cumplen los requisitos mínimos para acreditar la cobertura previsional extranjera “durante toda la permanencia del trabajador en Chile”, razón por la cual no es posible acceder a la devolución solicitada.

Recalca que las constancias electrónicas emitidas por el IVSS, cuando no están apostilladas, carecen de valor probatorio y no permiten determinar las prestaciones específicas otorgadas ni su vigencia, requisito indispensable tratándose de una norma de carácter excepcional que debe interpretarse restrictivamente.

Hace presente, además, que la recurrente posee residencia definitiva y cédula chilena, y que incluso es propietaria de un inmueble en Chile, lo cual —conforme al Oficio N° 21.880 de 17 de noviembre de 2025— implica que la devolución de fondos previsionales podría generar, en el futuro, una carga para el erario fiscal, al existir la posibilidad de que el Estado deba financiarle una pensión a través de los mecanismos solidarios establecidos en la Ley N° 20.255. Este argumento, señala, ha sido recogido por jurisprudencia reciente de esta Corte y de la Excma. Corte Suprema.

Asimismo, cita numerosa jurisprudencia judicial que —afirma— confirma la corrección del actuar de Provida en casos análogos, destacando la sentencia de la Excma. Corte Suprema de 12 de julio de 2024, rol 238.255‑2023, que establece que las constancias electrónicas del IVSS no constituyen certificados válidos para acreditar afiliación extranjera ni cumplen los requisitos legales para la devolución de fondos. Agrega múltiples fallos dictados por diversas Cortes de Apelaciones del país entre 2024 y 2025, los que —señala— han sostenido de manera uniforme que la exigencia de apostilla, la verificación de cobertura integral y la acreditación previa de afiliación extranjera constituyen condiciones indispensables para acceder al beneficio, descartando que la sola presentación de constancias electrónicas o documentos genéricos permita dar por cumplidos los requisitos legales.

Finalmente, sostiene que no existe acto ilegal ni arbitrario atribuible a su representada, pues la negativa a aprobar la solicitud de devolución de fondos previsionales responde al estricto cumplimiento de la normativa legal y administrativa vigente. Añade que no se ha causado privación, perturbación o amenaza alguna a garantías constitucionales del artículo 19, por cuanto el derecho de propiedad alegado no se ve afectado: los fondos permanecen en la cuenta individual de la afiliada y no han sido desconocidos ni retenidos arbitrariamente, sino que se mantienen sujetos al régimen legal que regula su destino. Solicita, por tanto, el rechazo integral del recurso, con costas.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados afectados por actos ilegales y/o arbitrarios.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, para una acertada resolución, se debe tener presente que la recurrente dedujo esta acción en contra de AFP Provida S.A. y la Superintendencia de Seguridad Social, por estimar arbitrario e ilegal el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, fundado en que la documentación acompañada no permite acreditar que da cumplimiento al requisito de contar con cobertura previsional para los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte, ni comprende las prestaciones médica ni pecuniarias, no siendo suficiente que el documento señale en forma genérica las coberturas, además que tampoco se encuentra apostillada o legalizada.

SÉPTIMO: Que, establecido lo anterior, corresponde centrar el análisis respecto de la actuación de la recurrida en base al marco normativo aplicable, para lo cual se debe tener presente lo dispuesto en los artículos 1° y 7° de la ley que regula la materia, los que disponen: “Artículo 1°: Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.” “Artículo 7°: En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”

OCTAVO: Que, de las normas transcritas, surge que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterado en una AFP, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Luego, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones, en cumplimiento de su facultad legal de interpretación administrativa en materias de su competencia, ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, encontramos el Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que en el Nº1 del Título XI, dispone que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley Nº18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, por ejemplo, el Ord. Nº24089, de 11 de noviembre de 2019, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

NOVENO: Que, en este escenario, no cabe sino concluir que no consta satisfecha la exigencia de haberse presentado junto a la solicitud, el certificado solicitado para ejercer los derechos que establece la Ley Nº18.156, pues la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que se acompaña al recurso y se extrae del link mencionado por la recurrente, no constituye el certificado solicitado y no se encuentra debidamente legalizado, resultando insuficiente para acreditar fehacientemente la afiliación, en los términos dispuestos en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, examinados los antecedentes presentados por el actor, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas. Por su parte, la situación diplomática del país de origen de la recurrente no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales, por lo que no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, toda vez que la negativa a acceder a la devolución de fondos previsionales responde únicamente a la aplicación de la legislación nacional vigente, constituyendo el documento solicitado en los términos dispuestos un requisito indispensable para acreditar la situación previsional de la extranjera en su país de origen.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1098-2025 (Protección)