Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Antofagasta, a veinticuatro de junio del dos mil veintiséis. VISTOS: Que, comparece María José Bacian Cielo, abogada, actuando en representación de nombre reservado, chilena, soltera, funcionaria pública, ambas con domicilio en domicilio reservado; quien recurre de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la resolución N°NUM000, notificada con fecha 29 de marzo de 2026, la cual rechazó el recurso de reposición administrativa, confirmando la calificación de origen común de la patología psiquiátrica de la recurrente, negándole las prestaciones de la ley 16.744, vulnerando las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1, 3, y 9 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Informó al tenor del recurso la recurrida instando por el rechazo del arbitrio constitucional. Asimismo, informó la Asociación Chilena de Seguridad al tenor de la acción. Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que funda su recurso señalando que el origen de la afectación se remonta al 16 de junio en 2025, fecha en que la recurrente acudió a la urgencia de la Asociación Chilena De Seguridad tras sufrir un colapso emocional caracterizado por vértigo, llanto incontrolable y temblores. Durante dicha atención, el médico tratante consigna expresamente que la paciente se encontraba sometida a relaciones laborales disfuncionales derivadas de una situación de hostigamiento persistente por parte de su jefatura. Según consta en dicha ficha clínica, la recurrente había mantenido durante largo tiempo un régimen especial de horario debido al delicado estado de salud de su padre, situación que inicialmente fue aceptada por la institución, pero que posteriormente generó observaciones desde el nivel central, iniciando una serie de conductas de fiscalización excesiva y persecución respecto a sus labores diarias, horarios, correos electrónicos, tiempos de atención y desempeño en general. Estas circunstancias habrían provocado un ambiente laboral altamente hostil, generando un deterioro progresivo en su salud mental, hasta culminar en el episodio de crisis que motivó su atención de urgencia, oportunidad en que se le otorgó reposo médico y tratamiento farmacológico con ansiolíticos y neurolépticos. Agrega que posteriormente fue evaluada por una psicóloga clínica de la propia Asociación Chilena De Seguridad, quien concluyó que existía concordancia entre los factores de riesgo detectados en el ámbito laboral y el cuadro clínico que presentaba la paciente. Expone que el informe señaló expresamente que la disfuncionalidad de la jefatura y las restricciones impuestas respecto de permiso constituían factores predominantes en la génesis de la afección, descartándose además la existencia de trastornos de personalidad que pudieran explicar el cuadro. A juicio de la profesional, la afectación emocional era genuina, esperable y concordante con las circunstancias laborales descritas. Sin embargo, pese a estas conclusiones iniciales, emitidas por profesionales de la propia mutualidad, la Asociación Chilena De Seguridad calificó posteriormente la enfermedad como de origen común, decisión que fue mantenida por la Superintendencia de Seguridad Social, sin explicar adecuadamente las razones del cambio de criterio ni la valoración otorgada a dichos antecedentes clínicos. Indica que, ante la negativa de la mutualidad de reconocer el origen laboral de la enfermedad, la recurrente debió costear por sus propios medios la atención especializada de un médico psiquiatra, quien concluyó que presentaba un cuadro reactivo ansioso depresivo con características compatibles con síndrome de burnout asociados síntomas de agotamiento físico, mental y emocional que le impedían desarrollar normalmente sus funciones laborales.

Como consecuencia de ello, se le otorgaron sucesivos periodos de reposo y tratamiento farmacológico especializado. Destaca que este diagnóstico se mantuvo invariable en diversos informes emitidos durante el segundo semestre del 2025 y marzo del 2026, los cuales acreditan la persistencia de la sintomatología y la necesidad de mantener tratamiento psiquiátrico. Del mismo modo, acompaña informes psicológicos emitidos por una profesional especialista en psicología familiar, sistémica y antroposófica, quien efectuó un seguimiento constante de la paciente y corroboró la existencia de un importante deterioro emocional asociado a las circunstancias denunciadas. Sostiene que, pese a la abundante evidencia médica y psicológica disponible, la Superintendencia de Seguridad Social mantuvo una negativa infundada a reconocer el origen laboral de la patología, privándola de las prestaciones asistenciales y económicas que le corresponden, conforme a la Ley 16.744. Afirma que la resolución recurrida carece de una motivación real y suficiente, pues se limita a confirmar el rechazo previo, sin explicar por qué desestima los informes de los profesionales tratantes, ni por qué descarta los antecedentes reunidos por la propia Asociación Chilena De Seguridad. Añade que, existiendo opiniones médicas contradictorias respecto de la etiología de la enfermedad, la autoridad administrativa tenía la obligación de recabar antecedentes adicionales que permitiera resolver adecuadamente la controversia, obligación que no habría sido cumplida. Por ello, estima que la resolución carece de razonabilidad, se encuentra desprovista de fundamentación efectiva y vulnera los principios de juridicidad, racionalidad y motivación que deben regir la actuación de los órganos de la Administración del Estado. Refiere que la actuación de la Superintendencia vulnera el derecho a la integridad psíquica de la recurrente, consagrado en el artículo 19 Nº1 de la Constitución Política de la República, al privarla al acceso a las prestaciones destinadas a la recuperación de salud mental. Asimismo, denuncia a la afectación al derecho a la protección de la salud, establecido en el artículo 19 Nº9, considerando que la autoridad encargada de supervisar el sistema de Seguridad Social habría incumplido su deber de protección y coordinación de las acciones destinadas a la recuperación de la salud de los trabajadores. Finalmente, invoca la vulneración de la garantía contemplada en el artículo 19 Nº3, relativa a la igualdad de protección de la ley en el ejercicio de los derechos, por cuanto se le habría negado arbitrariamente un beneficio legal previsto para quienes acreditan padecer enfermedades de origen laboral sin observar criterios de razonabilidad ni efectuar una adecuada ponderación de los antecedentes del caso. Para sustentar estas alegaciones, cita además diversas disposiciones de las leyes 18.575 y 19.880 que imponen a la Administración el deber de motivar sus decisiones, actuar con transparencia y fundamentar adecuadamente los actos que afecten derechos de los particulares. Concluye solicitando que se acoja el recurso de protección, se deje sin efecto la resolución exenta NUM000 Y se ordene revocar la calificación de origen común de la enfermedad de que la afecta. SEGUNDO: Que, informa nombre reservado, en representación de la Asociación Chilena De Seguridad, quien señala que la intervención en la situación de la recurrente se ajustó íntegramente a la normativa que regula el Seguro Social contra riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales establecidos en la Ley 16.744. Señala que, en su calidad de mutualidad administradora del seguro laboral, tiene por finalidad otorgar prestaciones preventivas, médicas y económicas a los trabajadores que sufran accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, debiendo para ello determinar mediante procedimientos técnicos y reglados, si una determinada patología tiene origen laboral o común. En materia de salud mental, destaca que la normativa exige la evaluación de diversos factores laborales y la existencia de una relación causal directa entre las condiciones de trabajo y la enfermedad diagnosticada, considerando elementos como la temporalidad, frecuencia e intensidad de la exposición a riesgos psicosociales. Indica que la recurrente ingresó a la Asociación Chilena De Seguridad el 16 de junio del 2025 por una sospecha de neurosis laboral, la cual atribuyó a sus funciones como abogada de una entidad pública. Con ocasión de dicho ingreso se efectuó una evaluación médica integral conforme a los protocolos establecidos por la Superintendencia de Seguridad Social, realizando una anamnesis completa, revisión de antecedentes personales, laborales y clínicos, evaluación de síntomas, identificación de factores de riesgo laboral y examen físico y mental, quedando todo ello registrado en la respectiva ficha clínica. Posteriormente, el 30 de junio del 2025, se practicó un estudio de puestos de trabajo para patologías de salud mental, incorporándose además las declaraciones de cuatro testigos, dos designados por la empleadora y dos por la trabajadora. Como resultado de dicho estudio, concluyó que la organización presentaba relaciones interpersonales de cooperación, condiciones organizacionales adecuadas y un liderazgo funcional y favorable, elementos considerados factores protectores y no generadores de riesgo psicosocial significativo. Añade que, el 1 de julio del 2025, el caso fue sometido al análisis del Comité de Calificación de Enfermedades Profesionales de Patologías Mentales de la ACHS, órgano integrado por un médico del trabajo, un psiquiatra y un psicólogo, todos ellos cumpliendo los requisitos técnicos exigidos por la norma vigente. Tras revisar los antecedentes clínicos y laborales, incluyendo la denuncia de enfermedad profesional, evaluación médica y psicológica, el estudio de puestos de trabajo y los antecedentes relativos a riesgos psicosociales, el Comité resolvió de manera unánime que la patología diagnosticada como “Trastorno de Adaptación” era de origen común y no laboral, por no haberse constatado factores de riesgo presentes en el puesto de trabajo capaces de explicar el cuadro clínico presentado por la trabajadora. En consecuencia, se determinó que no correspondía otorgar cobertura bajo la Ley 16.744, derivándose a la recurrente a un sistema de salud común para la continuidad de su tratamiento y emitiéndose la respectiva Resolución de Calificación del Origen de los Accidentes y Enfermedades de la Ley 16.744. Sostiene que todo el procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social. Expone que la recuperación de ejerció posteriormente el derecho de reclamar ante dicho organismo fiscalizador impugnando la calificación efectuada por la mutualidad. Sin embargo, mediante la Resolución Exenta NºNUM001, del 23 de octubre del 2025, la Superintendencia rechazó el reclamo, concluyendo que tras revisar tanto los antecedentes aportados por la ACHS como aquellos acompañados por la trabajadora, no era posible establecer una relación de causalidad directa entre el trabajo desempeñado y la sintomatología presentada, por cuanto no se verificó la existencia de factores de riesgo psíquico de la intensidad suficiente que justificaran el origen laboral de la enfermedad. En consecuencia, confirmó que la patología era de origen común y que las prestaciones y licencias médicas debían ser tramitadas a través del sistema de salud común de la trabajadora. Señala que la recurrente interpuso un recurso de reposición en contra de dicha resolución administrativa, acompañando nuevos antecedentes médicos, psicológicos y documentales. No obstante, la Superintendencia volvió a analizar el caso y concluyó que los nuevos antecedentes no modificaban las conclusiones previamente alcanzadas, manteniendo la calificación de enfermedad común y rechazando la reposición mediante la resolución posterior. Sobre esta base, afirma que su actuación fue plenamente ajustada a derecho y que la decisión adoptada respecto de la recurrente fue revisada y expresamente ratificada por la autoridad fiscalizadora competente, descartando cualquier error, arbitrariedad o ilegalidad en el procedimiento de evaluación y calificación efectuada. TERCERO: Que informa Andrea Cisternas Tiemann, abogada, en representación de Superintendencia De Seguridad Social, solicitando el rechazo del recurso de protección. En primer lugar, estima que la materia debatida es improcedente para ser conocida mediante esta acción cautelar, toda vez que dice relación con aspectos propios del sistema de Seguridad Social regulado por la Ley 16.744, específicamente con la calificación de origen común o laboral de una enfermedad, cuestión técnica y médica que forma parte de las materias comprendidas en el derecho de Seguridad Social consagrado en el artículo 19 Nº18 de la Constitución Política de la República, garantía de que no se encuentra protegida por la acción de protección establecido en el artículo 20 de la Carta fundamental. En ese sentido, la recurrida sostiene que la determinación de si una patología tiene origen común o profesional constituye una cuestión de naturaleza eminentemente médica, cuya resolución corresponde legalmente a organismos técnicos especializados, particularmente a la Superintendencia de Seguridad Social, entidad que ejerce competencias exclusivas en la resolución de reclamos relativos a materias médicas conforme los artículos 77 y 77 bis de la Ley 16.744. En cuanto al fondo del asunto, señala que su actuación se ajustó estrictamente a la normativa legal y reglamentaria aplicable. Expone que la Ley 16.395 le atribuye a funciones de interpretación administrativa de las normas de Seguridad Social, fiscalización de los organismos administradores y resolución de reclamos de los usuarios en materia de su competencia. Asimismo, explica el funcionamiento del Seguro Social obligatorio contra el riesgo de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales establecidos por la Ley 16.744, indicando que dicho sistema cubre accidentes laborales y enfermedades profesionales, estas últimas definidas legalmente, como aquellas causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo desempeñado por la persona, debiendo existir una relación causal directa entre la actividad laboral y la patología que genera incapacidad. Señala además que las prestaciones derivadas de dicho seguro comprenden beneficios médicos y económicos, cuya procedencia depende precisamente de la determinación del origen laboral de la afectación. En el caso en concreto, señala que la recurrente expone que, el 24 de julio de 2025 presentó un reclamo ante la Superintendencia impugnando la calificación de origen común, otorgada por la Asociación Chilena De Seguridad a la patología de salud mental, por la cual fue evaluada tras una Denuncia Individual De Enfermedad Profesional presentada el 16 de junio del 2025. A raíz de dicho reclamo, la Superintendencia requirió a la mutualidad los antecedentes clínicos y laborales pertinentes. La ACHS informó que la trabajadora fue evaluada por una posible neurosis laboral asociada a sus funciones como abogada, concluyéndose, tras las evaluaciones médicas, psicológicas y el estudio de puestos de trabajo, que presentaba un trastorno adaptativo de origen común, por no haberse acreditado la relación causal exigida por la Ley 16.744 entre la sintomatología y el desempeño de sus labores. Indica, además, que el estudio de puesto de trabajo descartó la existencia de factores de riesgos laborales suficientes para configurar una enfermedad profesional. Posteriormente, los profesionales médicos de la Superintendencia analizaron los antecedentes clínicos y laborales disponibles, incluyendo la ficha clínica e informes médicos y psicológicos, estudios de puestos de trabajo y además, documentación aportada por los trabajadores. En dicho análisis se consignó que la recurrente desempeñaba funciones de abogada desde 14 años y que atribuía su estado de salud a un supuesto acoso laboral ejercido por su jefatura directa y por el coordinador regional, situación que habría surgido luego de obtener un beneficio de teletrabajo. La trabajadora sostuvo que había sido objeto de hostigamiento, amenazas de sumario y cuestionamientos permanentes respecto de su desempeño laboral, lo que habría derivado en un cuadro ansioso depresivo con características de Síndrome de Burnout.

Sin embargo, la evaluación realizada consideró además antecedentes personales y familiares relevantes, tales como el cuidado de sus padres, uno de ellos afectados por enfermedad de Alzheimer, junto con antecedentes previos de salud mental. El informe concluye que la denuncia principal de hostigamiento laboral no logró ser objetivamente acreditada mediante el estudio de puestos de trabajo, toda vez que los testigos consultados no corroboraron los hechos denunciados y describieron positivamente el liderazgo de la jefatura cuestionada. Asimismo, se determinó que las actuaciones atribuidas a la jefatura correspondían a labores normales de supervisión y control administrativo. Por ello, se concluyó que los factores extralaborales resultaban más aptos para explicar la sintomatología presentada, recomendando mantener la calificación de origen común. Con base a dicho análisis, mediante la Resolución Exenta de fecha 23 de octubre de 2025, la Superintendencia rechazó el reclamo de la trabajadora, concluyendo que no era posible establecer una relación de causalidad directa entre el trabajo desempeñado y la sintomatología presentada, requisito indispensable para configurar una enfermedad profesional conforme al artículo 7 de la Ley 16.744. En consecuencia, se determinó que la afectación correspondía a una patología de origen común, razón por la cual no procedía a otorgar la cobertura del seguro laboral, debiendo las prestaciones médicas y económicas ser asumidas por el sistema común de salud al cual la trabajadora se encontrará afiliada. Luego, la recurrente interpuso el recurso de reposición, acompañando nuevos antecedentes médicos, psicológicos y administrativos. Dichos antecedentes fueron nuevamente revisados por profesionales de la Superintendencia, quienes concluyeron que la documentación aportada no alteraba las conclusiones previamente alcanzadas.

Considero especialmente que los informes acompañados señalaban que la paciente permanecía sintomática en el contexto de un sumario administrativo, circunstancia que fue calificado como un riesgo común y no es laboral. En consecuencia, mediante la Resolución Exenta del 29 de marzo del 2026, la Superintendencia rechazó el recurso de reposición y mantuvo íntegramente la calificación de origen común efectuada con anterioridad. Sostiene que durante toda la tramitación administrativa actuó dentro del ámbito de sus atribuciones legales, ponderando los antecedentes clínicos, psicológicos y laborales disponibles, sin incurrir en ilegalidad y arbitrariedad alguna. Rechaza además la existencia de alguna vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente específicamente aquellas contenidas los numerales 1, 3 y 9 del artículo 19 de la Constitución. Señala que la resolución impugnada no afecta el derecho a la vida, integridad física o psíquica ni el derecho a la protección de la salud, puesto que la trabajadora conserva íntegramente su acceso a las prestaciones del sistema común de salud y a los subsidios por incapacidad laboral que corresponde. Asimismo, afirma que tampoco existe una afectación al debido proceso, ya que la recurrente contó con un procedimiento administrativo racional y justo, tuvo acceso a instancias de reclamación y obtuvo resoluciones fundadas emitidas por autoridades competentes. Enfatiza que la controversia planteada corresponde a una discrepancia respecto de la calificación médica y técnica de origen de una patología de salud mental, cuestión que requiere un análisis especializado y una valoración probatoria extensa, materias que exceden el ámbito de la acción de protección. Añade que lo pretendido por la recurrente es modificar una resolución técnica fundada, emitida por el órgano legalmente competente, sustituyendo el criterio médico-administrativo por una nueva ponderación judicial de los antecedentes, lo que resulta improcedente en esta sede de cautelar. Concluye que no existe acto ilegal o arbitrario alguno que justifique la intervención de esta Corte, solicitando que el recurso sea rechazado en todas y cada una de sus partes con expresa condena en costas. CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente. SEXTO: Que, atendidas las alegaciones contenidas en el recurso y en los informes evacuados, se advierte que la controversia de autos radica en determinar si la decisión de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social de confirmar la calificación de origen común de la patología diagnosticada a la actora —materializada en la Resolución Exenta N°NUM000, notificada con fecha 29 de marzo de 2026, que mantuvo lo resuelto previamente por la Asociación Chilena De Seguridad, constituye un acto ilegal o arbitrario vulneratorio de las garantías fundamentales invocadas en el recurso. SÉPTIMO: Que, respecto a la alegación de improcedencia deducida por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, fundada en que en la materia debatida correspondería a una cuestión propia del derecho de la Seguridad Social. Sobre el particular, cabe señalar que, si bien la determinación del origen común o laboral de una patología se vincula directamente con el sistema de Seguridad Social regulado por la Ley 16.744, ellos no impiden por sí solo el examen de legalidad y razonabilidad del acto administrativo impugnado, cuando la recurrente denuncia que dicha decisión afectaría a garantías sí protegidas por esta acción cautelar. En consecuencia, la sola naturaleza previsional o técnica de la controversia, no torna improcedente el recurso de protección, sin perjuicio de que el control de esta Corte pueda ejercer en esa sede sea limitado y no autorice sustituir la apreciación médica o técnica de órganos competentes, salvo que se advierta ilegalidad manifiesta, arbitraria o falta de fundamentación suficiente. Por consiguiente, la alegación de improcedencia será desestimada. OCTAVO: Que, conforme el artículo 7 de la Ley 16.744, es enfermedad profesional aquella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo que realiza una persona y se le produzca incapacidad o muerte.

Tratándose de patologías de salud mental, la calificación exige verificar mediante un procedimiento técnico la existencia de factores de riesgo psicosocial y laboral suficientes y una relación causal directa entre éstos y el cuadro clínico diagnosticado, sin que baste la sola existencia de malestar subjetivo, conflictos laborales o discrepancias con la Jefatura para estimar configurado el origen profesional de la enfermedad. NOVENO: Que, de los antecedentes aparece que la recurrente fue evaluada por la Asociación Chilena De Seguridad con motivo de la denuncia de enfermedad profesional, practicando la evaluación médica, psicológica y estudios de puestos de trabajo, incorporando además declaraciones de testigos designados por la empleadora y la trabajadora. Posteriormente, el caso fue conocido por el Comité De Calificación De Enfermedades Profesionales De Patologías Mentales de la ACHS, integrado por profesionales del área médica, psiquiátrica y psicológica, el cual concluyó que el diagnóstico de trastorno de adaptación correspondía a una patología de origen común, por no haberse constatado factores de riesgo laboral de la entidad suficiente para explicar directamente el cuadro clínico. Dicha calificación fue posteriormente reclamada ante la Superintendencia de Seguridad Social, organismo que requirió antecedentes y examinó la documentación clínica y laboral disponible, y concluyó mediante resolución de 23 de octubre de 2025, que no era posible establecer la relación de causalidad directa exigida por la Ley 16.744. Luego, frente al recurso de reposición deducido por la recurrente, la autoridad volvió a revisar los nuevos antecedentes acompañados entre ellos informes médicos y psicológicos particulares, manteniendo la calificación de origen común al estimar que estos no alteraban lo previamente resuelto. DÉCIMO: Que, si bien la recurrente acompaña antecedentes clínicos que dan cuenta de un cuadro ansioso depresivo, sintomatología compatible con burnout y afectación emocional relevante, tales documentos no son suficientes, por sí solos, para transformar la controversia en un acto ilegal o arbitrario. En efecto, una cosa es la existencia de una patología de salud mental y otra distinta es la determinación jurídico-técnica de su origen laboral, cuestión que exige acreditar que el trabajo fue causa directa de la enfermedad, lo que fue descartado por los organismos competentes tras el procedimiento de calificación respectivo. Tampoco se advierte falta de fundamentación en la resolución recurrida. La Superintendencia expuso las razones por las cuales mantuvo la calificación de origen común, indicando que el estudio de puesto de trabajo no ha permitido corroborar objetivamente los hechos de hostigamiento denunciado, que los testigos no ratificaron la existencia de factores de riesgo psicosocial laboral suficientes, que ciertas actuaciones atribuidas a la jefatura correspondían a labores ordinarias de supervisión y control administrativo, y que existían antecedentes personales y familiares que podían incidir en las sintomatología presentada. Tales consideraciones podrán no ser compartidas por la recurrente, pero no aparecen desprovistas de sustento ni revelan una decisión caprichosa. UNDÉCIMO: Que, en cuanto a la alegación relativa que la autoridad habría desestimado indebidamente los informes de profesionales tratantes y de la propia mutualidad, cabe señalar que la sola existencia de antecedentes médicos favorables a la tesis de la recurrente no obliga a la autoridad administrativa resolver en dicho sentido, especialmente cuando el procedimiento de calificación contempla una valoración integral de antecedentes clínicos, laborales, testimoniales y técnicos.

La discrepancia con la ponderación efectuada por la autoridad no basta para configurar ilegalidad o arbitrariedad susceptibles de ser corregidas por esta vía cautelar. DUODÉCIMO: Que, respecto de la garantía del artículo 19 Nº1 de la Constitución, no se advierte que la resolución impugnada prive, perturbe o amenace la integridad física o psíquica de la recurrente, desde que la decisión administrativa no desconoce la existencia de su patología ni impide que continúe recibiendo atención de salud, sino que únicamente determina que las prestaciones deben canalizarse a través del sistema común de salud y no con cargo al seguro de la Ley 16.744. En relación con el artículo 19 Nº9 de la Carta fundamental, cabe tener presente que la controversia no versa sobre la privación absoluta de prestaciones de salud, sino sobre el régimen jurídico bajo el cual estas deben ser otorgadas. Por consiguiente, no se configura afectación constitucional al derecho de protección de la salud, sino una discrepancia respecto de la cobertura aplicable materia propia del sistema de Seguridad Social y de los procedimientos técnicos previstos por la ley. En cuanto a la igualdad de protección de la ley, en el ejercicio de los derechos, no se advierte infracción del artículo 19 Nº3 de la Constitución, desde que la recurrente accedió al procedimiento administrativo correspondiente, pudo reclamar la calificación efectuada por la mutualidad, dedujo recurso de reposición, acompañó antecedentes y obtuvo de decisiones emitidas por el órgano competente. Por tanto, no se ha acreditado, indefensión, discriminación procesal ni privación de un procedimiento racional y justo. DÉCIMO TERCERO: Que de esta forma lo pretendido por la recurrente importa que esta Corte sustituya, en sede cautelar, la apreciación técnica efectuada por los organismos especializados en materia de Seguridad Social, ordenando recalificar como laboral una patología cuya causalidad directa fue descartada en sede administrativa. Tal pretensión excede los márgenes propios del recurso de protección, más aún cuando no se ha demostrado una ilegalidad manifiesta, arbitrariedad evidente o ausencia de motivación suficiente en el acto recurrido. En consecuencia, no habiéndose acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario que prive, perturben o amenacen las garantías constitucionales invocadas en el recurso de protección, deberá ser rechazado. Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia; SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por María José Bacian Cielo, abogada, en representación de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). Regístrese y comuníquese. Rol 1090-2026 (Protección)