nombre reservado con MINISTERIO DE BIENES NACIONALES Y DELEGACIÓN PRESIDENCIAL

Antofagasta, cinco de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de: nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado; nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado; nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado; nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado; nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado; nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado y nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, quienes, dedujeron acción de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales y la Delegación Presidencial de Antofagasta, por cuanto dispusieron el desalojo del inmueble en el que residen, solicitando, se deje sin efecto la resolución administrativa que así lo dispone y se ordene a Bienes Nacionales dar tramitación a las solicitudes para que puedan adquirir los títulos de dominio respecto al inmueble en que actualmente residen.

Que las recurridas, informaron al tenor de la acción cautelar de protección deducida.

Puesta la causa en estado, se trajeron los antecedentes para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que la acción cautelar se fundó, en la decisión adoptada por los recurridos, quienes dispusieron el desalojo del inmueble en el que residen los recurrentes.

Sostienen que se desempeñan como busos mariscadores y pescadores artesanales, ocupando el inmueble fiscal hace más de 05 años. En efecto, se trata de un predio fiscal que pertenecía a la “junta de vecinos N° 6 Carolina de Michilla”.

Detallan, que poseen un “área de manejo”, trabajando en común con la Junta de Michilla. Destacan, que los terrenos siempre han sido ocupados por viviendas y para trabajos destinados a fines marítimos, por tanto, la decisión adoptada por las recurridas los deja en situación “calle”, en circunstancias que sus familias residen en dicho lugar, además, mantienen sus herramientas de trabajo allí.

En consecuencia, la decisión adoptada se torna en arbitraria e ilegal, ya que, los priva de un lugar para vivir, afectando también su libertad de trabajo, integridad física y psíquica, ante la incertidumbre que se materialice la orden de desalojo, de la que tomaron conocimiento el 24 de abril del año en curso.

SEGUNDO: Que informó por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, Angelique nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso de protección deducido.

Aclara que, con fecha 01 de septiembre de 2023, mediante correo electrónico, la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, convocó al servicio a participar de un procedimiento de fiscalización a realizarse en Caleta Michilla, en atención a la inminente formación de una nueva ocupación ilegal en la misma, estableciendo la fecha de la fiscalización para el día 05 de septiembre de 2023, según correo electrónico que adjunta. Luego, con fecha 13 de noviembre de 2023, mediante ORD. N°SE02-7424-2023, dirigido desde la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, a la Delegación Presidencial Regional, se solicitó desalojo del inmueble fiscal ubicado en Sitios 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Manzana Q, comuna de Mejillones, Provincia y Región de Antofagasta, tras procedimiento de fiscalización realizado con fecha 05 de septiembre de 2023.

Dice, que el procedimiento de desalojo se desarrolló con estricto apego a la normativa del Ministerio de Bienes Nacionales, según se da cuenta en los documentos que acompaña, a saber, ORD. N°SE[cuenta reservada] de fecha 13 de noviembre del 2023, dirigido a Delegación Presidencial sobre solicitud de desalojo; además, Minuta Interna N°285, emanada del Programa de Normalización de la secretaría, que informa sobre las condiciones y detalles de la incipiente ocupación ilegal, recomendando el desalojo; finalmente, el Certificado N°550, que da cuenta de que los inmuebles a desalojar son de dominio fiscal.

En consecuencia, alegó que la acción de protección debe desestimarse, ya que, además de ser totalmente infundada, impugna la ejecución de un acto administrativo legítimo; por lo tanto, su materialización está dentro del ámbito de la legalidad y no puede ser considerada ilegal o arbitraria.

TERCERO: Que informó por la Delegación Presidencial de esta región, el abogado, Rodrigo Meriño Meriño, solicitando el rechazo de la acción cautelar promovida.

Sostiene que en uso de sus atribuciones legales en relación a la solicitud dictada por la Secretaría Ministerial, dictó la Resolución Exenta Nº1152 de fecha 17 de noviembre de 2023, en que se decretó el desalojo administrativo de propiedad la fiscal, previo requerimiento contra ocupantes irregulares y terceras personas de difícil individualización, inmueble fiscal ubicado en sitios 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 Manzana Q, localidad de Michilla, comuna de Mejillones, provincia y región de Antofagasta. Luego, con fecha 23 de abril de 2024, funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, procedieron a notificar a los ocupantes de la resolución respectiva a requerir administrativamente la restitución de la propiedad fiscal, indicando que, hasta la fecha, no se ha procedido a materializar el desalojo.

Citó la normativa legal aplicable, sosteniendo que los hechos relatados por los actores no son de aquellos susceptibles de ser discernidas con ocasión del ejercicio del remedio constitucional en estudio, desde que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino de amparo de aquellos preexistentes e indubitados que se encuentren afectados por una acción u omisión ilegal o arbitraria, presupuesto fáctico que en la especie no se consulta.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que el acto arbitrario e ilegal que los recurrentes reclaman consistiría en el inminente desalojo que podría llevarse a cabo en el inmueble fiscal ubicado en Sitios 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Manzana Q, comuna de Mejillones, Provincia y Región de Antofagasta, ello conforme a la decisión adoptada por los recurridos.

SÉPTIMO: Que si bien, los recurrentes no sindican de manera precisa los derechos que estiman conculcados, de la narración planteada, y frente a esta situación, se estarían vulnerando a su parecer, los derechos establecidos en el artículo 19 N° 3, 14 y 24 de la Constitución Política de la República.

OCTAVO: Que, para resolver estos antecedentes, es necesario imponerse del marco regulatorio existente en la especie.

El artículo 1° del D.L. 3.274 de 1980, establece que le corresponde al Ministerio de Bienes Nacionales aplicar, controlar y orientar las políticas aprobadas por el Supremo Gobierno, como asimismo aplicar la legislación correspondiente y controlar su cumplimiento en las materias relativas a la adquisición, administración y disposición de los bienes fiscales, y la coordinación de las demás entidades del Estado en la elaboración de las políticas destinadas al aprovechamiento e incorporación de terrenos fiscales al desarrollo de zonas de escasa densidad de población, entre otras materias.

Luego, de acuerdo con lo dispuesto en las normas del D.L. 1.939 de 1977, corresponde al Ministerio de Bienes Nacionales la fiscalización de los bienes del Estado, según se desprende del artículo 18, cuidando que se respeten y conserve para el fin a que están destinados, con concordancia con lo indicado en el artículo 19.

De conformidad a lo prescrito en el artículo 589 del Código Civil, se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. La misma norma distingue entre aquellos bienes nacionales cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la nación y los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, caso en el cual se llaman bienes del Estado o fiscales.

Por su parte, la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en su artículo 1° señala “El gobierno interior de cada región reside en el delegado presidencial regional, quien será el representante natural e inmediato del Presidente de la República en el territorio de su jurisdicción. Será nombrado por éste y se mantendrá en sus funciones mientras cuente con su confianza”.

Asimismo, la referida norma en su artículo 2 letra o) señala que el delegado presidencial podrá “Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones”.

Por otro lado, el artículo 4° señala que “El delegado presidencial provincial tendrá todas las atribuciones que el delegado presidencial regional le delegue y, además, las siguientes que esta ley le confiere directamente, h) Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público.

En uso de esta facultad, el delegado presidencial provincial velará por el respeto al uso a que están destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda”;

El Decreto Ley 1939, por su parte, establece normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del estado, en su inciso primero y segundo del artículo 19° dispone: Artículo 19.- “La Dirección, sin perjuicio de las facultades que le competen a los Intendentes Regionales y Gobernadores Provinciales, cuidará que los bienes fiscales y nacionales de uso público se respeten y conserven para el fin a que estén destinados. Impedirá que se ocupe todo o parte de ellos y que se realicen obras que hagan imposible o dificulten el uso común, en su caso.

Los bienes raíces del Estado no podrán ser ocupados si no mediare una autorización, concesión o contrato originado en conformidad a esta ley o de otras disposiciones legales especiales”.

En el mismo sendero, el DFL 22 en su artículo 26 letras e) y f) inciso primero dispone: “El Gobernador tendrá las siguientes atribuciones. e) Ejercer la vigilancia y cuidar de la conservación de los bienes del Estado, fiscales (1) o nacionales de uso público (2), cuidar que se respeten en el uso a que están destinados y, en especial, impedir que se ocupen en todo o en parte, se realicen obras, se lleven a efecto resoluciones o se ejecuten otros actos que embaracen o perturben el uso común; f) Exigir administrativamente la restitución de cualquier bien de propiedad fiscal”.

NOVENO: Que, de esta forma, se debe anotar que el desalojo administrativo de propiedad fiscal ordenado por la Delegación Presidencial, se fundó en la Resolución Exenta Nº1152 de fecha 17 de noviembre de 2023 de este origen, previo requerimiento contra ocupantes irregulares y terceras personas de difícil individualización, inmueble fiscal ubicado en sitios 1,3,4,5,6,7,8,9, y 10 Manzana Q, localidad de Michilla, comuna de Mejillones, provincia y región de Antofagasta y cuya actuación se enmarca dentro de sus funciones y atribuciones legales, actuando de conformidad a la normativa vigente, avalando su actuar en el artículo 4° literal h) de la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, el artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 22 de 1959, Orgánica del servicio de Gobierno Interior de la República, el artículo 19 del Decreto Ley Nº 1.939 de 1977, y la Constitución Política de la República, en sus artículos 110 y 115 bis y siguientes ya citados.

Asimismo, el actuar del Ministerio de Bienes Nacionales, se encuentra amparado en lo dispuesto en el D.L. 1939 de 1977 y su Ley Orgánica D.L. 3274 de 1980, además de otros cuerpos legales que rigen a la administración del Estado.

Por lo que el actuar de las autoridades recurridas no puede considerarse ilegal, al estar amparado en la ley.

Tampoco resulta ser arbitrario, antojadiza o caprichosa la decisión adoptada, habida consideración, además, que el inmueble no sólo se ubica en terrenos fiscales, sino, que se encuentra emplazado en una Zona de Protección por interés Paisajístico, “Caleta Michilla”.

Lo anterior, se ve ratificado por lo informado por el Ministerio de Bienes nacionales, en cuanto al rechazo de los requerimientos efectuados por alguno de los recurrentes.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, la actuación de las recurridas encuentra sustento legal, y se encuentra debidamente fundada, por lo que necesariamente deberá rechazarse el recurso interpuesto.

DÉCIMO PRIMERO: Que si bien, como se desarrolló en consideraciones previas, el actuar de las recurridas, no es ilegal ni arbitrario, no por ello se debe descartar que la actividad que se desplegará por la autoridad ciertamente afectará garantías Constitucionales, afectas por políticas públicas que escapan del ámbito de las competencias que pueden desplegar las autoridades locales. Por ello, aparece como relevante regular un plazo razonable para que se haga abandono voluntario de la heredad fiscal ocupada, máxime si dentro de los ocupantes, se encuentran menores de edad, como expresan los recurrentes, debiendo materializar el desalojo adoptando las medidas para garantizar el uso razonable y proporcional de la fuerza pública en caso de ser necesario y el respeto irrestricto de la dignidad e integridad de las personas a quienes atañe la medida decretada para poner término a la ocupación ilegal del sitio.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales y la Delegación Presidencial de Antofagasta.

Sin perjuicio de lo anteriormente resuelto, atendido las consideraciones realizadas, considerando que el desalojo por la fuerza, eventualmente ajustado a derecho, pudiere poner en riesgo derechos de las personas, lo que justifica postergar algunos días la medida ejecutiva, se dispone que la totalidad de los ocupantes del predio singularizado, deberán hacer abandono del inmueble en un plazo máximo de 15 días, que la presente sentencia quede ejecutoriada, debiendo retirar del lugar sus enseres además de las construcciones realizadas en el asentamiento en el caso que existieren, tras lo cual el procedimiento administrativo podría continuar con las medidas dispuestas cuestionadas en el recurso, adoptando las medidas necesarias para evitar eventuales excesos en la ejecución de la medida.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1081-2024 (PROTECCIÓN)