INGENIERÍA Y MOVIMIENTO DE TIERRA TRANEX LTDA. CON INSPECCIÓN PROV. DEL TRABAJO EL LOA-CALAMA

CORTE DE APELACIONES ANTOFAGASTA Antofagasta, catorce de abril de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 25, la presentación de don nombre reservado, abogado, en calidad de mandatario judicial de Ingeniería y Movimiento de Tierra Tranex Ltda., RUT RUT reservado, empresa del giro de su denominación, ambos con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Inspección provincial del Trabajo, provincia El Loa-Calama, persona jurídica de derecho público, representada por su Inspectora provincial del Trabajo doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en no admitirse a tramitación la solicitud de reconsideración de multa administrativa, por estimarla fuera de plazo, lo que constituye una amenaza a la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

El informe respectivo se acompañó a fojas 81 y siguientes, pidiéndose el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos en relación.

Que, el recurrente señala en síntesis, que la conducta que funda la interposición del recurso, consiste en la negativa del órgano fiscalizador de la administración de admitir a tramitación la solicitud de reconsideración de multa administrativa, por calificarla de extemporánea, producto de contar los días para la interposición de dicho recurso como de días corridos y no de días hábiles, conforme la normativa aplicable, fundándose en ley inexistente; por lo que además, de ilegal, dicha conducta es arbitraria.

Indica, que como consta en la documentación que acompaña, con fecha 24 de enero de 2014, se presentó solicitud de Reconsideración Administrativa de Multa impuesta a su representada, aplicada por don nombre reservado, por Resolución de Multa N° 1207/24 N° 1, 2, 3 y 4, de fecha 17 de diciembre de 2013. Agrega, que posteriormente tal como aparece en documento acompañado. A través de Resolución ordinaria N° 175/2014, de fecha 6 de febrero de 2014 (fs. 21), notificada a través de carta certificada y conforme al artículo 508 del Código del Trabajo, con fecha 13 de febrero de 2014, se le comunica que, no se dio curso a dicha solicitud por “incumplimiento a los requisitos legales”, considerando que: no se presentó “dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación”.

Sostiene, que lo anterior supone: a) que existiría una disposición legal que tendría requisitos para la interposición de dicha solicitud; y b) que existiría un plazo legal de 30 días corridos consagrado en una ley.

Alega, que el ordinario aludido termina por señalar: “se hace presente que la doctrina del Servicio consiste en que el plazo legal de 30 días al que alude el artículo 512 inciso 1°, es de días corridos, toda vez que, de la interpretación sistemática del Código del Trabajo, se desprende que la regla general en materia de plazos es de “días corridos”, y cuando el legislador ha querido mencionarlo a dicho expresamente que los plazos son de días hábiles. En consecuencia, en mérito de lo expuesto, informo a usted, que no resulta jurídicamente posible para este servicio admitir a tramitación su solicitud de reconsideración de multa”.

Con relación al marco legal aplicable, alude a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, el Estado, en el inciso 4° del artículo 1; el inciso 2° del artículo 5; artículo 6 inciso 1°; y, artículo 7. Por otro lado, refiere a lo dispuesto en el artículo 26° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, todos, con relación a la garantía de Igualdad ante la Ley.

Refiere, que en la faz legal, el principal cuerpo normativo es el D.F.L. n° 1/2012 del Ministerio del Trabajo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo, Libro V del mismo D.F.L., Título final, donde se regula la reconsideración administrativa. Asimismo, alude, a la Ley 18.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Respecto de la ilegalidad del acto denunciado, sostiene que la conducta señalada, en contraste con las normas que consigna, manifiesta la ilegalidad necesaria para conferir la tutela que reclama. Al efecto, cita lo dispuesto en el artículo 512, inciso 1° del Código del Trabajo, agregando que de su lectura se extrae por simple lógica que es necesario: 1) Solicitud por escrito, y 2) Presentada dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la resolución que aplicó la multa. Agrega, que no se vislumbra cómo la recurrida hace aplicación extensiva del dicho texto, indicando que hay un “plazo legal” de 30 días corridos, siendo que dicha disposición nada dice al respecto.

Indica, que lo cierto es que no hay norma expresa que indique claramente que el plazo para deducir la solicitud es de “30 días corridos”, como indica el Órgano Administrativo, si debe tenerse a la vista lo dispuesto en la Ley 18.880, en el inciso 1° del artículo 25, que indica “Lo plazos de día establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los feriados”.

Añade, que por ser esta una ley especial, que expresamente regula los procedimientos Administrativos, en una interpretación armónica de ambos cuerpos legales, debe arribarse a la conclusión que ante la ausencia de determinación por parte del artículo 512 del Código del Trabajo, de si acaso los 30 días de plazo son hábiles o corridos, debe determinarse entonces, a través de la regla del artículo 25 de la Ley 18.880.

Sostiene, que en suma, la recurrida ha obrado ilegalmente por actuar en contravención a normativa expresa, estableciendo requisitos que la ley no dispone, creando un plazo que tampoco se encuentra en la ley, excusándose de conocer de una asunto para el que está válidamente facultado, habiéndose configurado los requisitos que sí dispone el artículo 512 , siendo los únicos que su parte debió cumplir para lograr que la solicitud de reconsideración, hubiere sido admitida a tramitación en la etapa procesal administrativa pertinente, elevándose la ilegalidad de su conducta, vulnerando de esta forma los derechos de su representada, perturbando y amenazando su garantía del artículo 19 n° 2 de la Constitución Política de la República.

Respecto de la arbitrariedad denunciada indica que deben tenerse en consideración: La errónea interpretación que hace la recurrida de los textos legales creando injustificadamente el requisito de los 30 días corridos. Así lo indica el fallo dictado por la Excma. Corte Suprema, en causa Rol 5282-2013; el recurso encaminado a obtener la reconsideración de la multa, fundado en corregir importante errores de hecho y de derecho realizados por funcionario fiscalizador en su momento, fue presentado con fecha 24 de enero de 2014, por lo que, siguiendo la doctrina de la Excma. Corte Suprema, contando el plazo conforme al artículo 25 de la Ley 18.880, éste sí cumplía ambos requisitos del artículo 512 del Código del trabajo, a saber: solicitud por escrito y presentada dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la resolución que aplicó la multa. Agrega, que conforme lo dispuesto en los artículos 5 inciso 2°, 6 y 7 de la Constitución Política de la República, tampoco es posible que el órgano administrativo haya podido válidamente actuar fuera del marco legal, ni tampoco atribuirse el derecho de calificar a la solicitud como una que incurre en “incumplimiento de los requisitos legales”, sin que dichos requisitos existan.

Con relación a las garantías constitucionales afectadas, señala que la conducta de la recurrida consiste en la negativa del órgano fiscalizador de la administración de admitir a tramitación una reconsideración de multa administrativa, por calificarla de extemporánea. Este se explica al contar los días para su interposición como un plazo de días corridos y no de días hábiles, amparándose en un texto legal inexistente, lo que transgrede la garantía del artículo 19 n° 2 de la Carta Fundamental.

Solicita se acoja el recurso, disponiéndose que la recurrida realice todas las gestiones necesarias para admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por su representada respecto de la Resolución de Multa N°1207/24 N° 1, 2, 3 y 4, de fecha 17 de diciembre de 2013, hasta su completa terminación; o, en su defecto, se ordene adoptar todas las medidas que según el criterio de esta I. Corte, sean conducentes para restablecer el imperio del Derecho y resguardar la debida protección de las garantías de su representada, con costas del recurso.

Acompañó al recurso: copia de Resolución de Multa N° 1207/13/24 N° 1, 2, 3 y 4, de fecha 17 de diciembre de 2013; copia de solicitud de Reconsideración de Multa Administrativa, de fecha 24 de enero de 2014; y, copia de Resolución Ordinaria N° 175/2014, que deniega la tramitación del recurso de Reconsideración, de fecha 6 de febrero de 2014.

Que, compareció don Manuel Pozo Loo, abogado, en representación de la Inspección del Trabajo Provincia El Loa-Calama y de la Inspección del Trabajo de Antofagasta, informando el recurso (fs. 81) y solicitando su rechazo, por los argumentos que indica.

Señaló en su alegato que el recurso debe ser rechazado, por no darse en la especie ninguna de los elementos de hecho y de derecho que la Constitución Política exige como condición para su interposición, siendo evidente la falta de actos ilegales o arbitrarios de parte del órgano que representa.

Agrega, que con fecha 2 de febrero del año 2013, se recibe denuncia en las dependencias de la Inspección del Trabajo de el Loa-Calama, mediante la cual se puso en conocimiento incumplimientos relativos a la protección de la vida y salud de los trabajadores de la empresa recurrente y jornada de trabajo. Agrega, que conforme consta de los documentos que acompaña, la fiscalización se efectuó el día 17 de diciembre de 2013, en las dependencias de la reclamante. Agrega, que de los antecedentes revisados en dicha fiscalización se constató que ésta incurría en infracciones a la ley laboral, frente a cuya constatación se aplicó la multa N° 1207/13/24 por los conceptos que indica.

Señala, que la fiscalizadora notificó personalmente la mencionada multa, con fecha 17 de diciembre de 2013, por lo que, para todos los efectos legales de dicho procedimiento, la empresa se entiende notificada, desde ese mismo día.

Igualmente expone que la empresa recurrente, conforme lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, presentó recurso administrativo de reconsideración con fecha 24 de enero de 2014, es decir, al día 38, contados desde notificada la infracción. Por lo anterior, la Inspección del Trabajo El Loa-Calama, no admitió a trámite dicha reconsideración y dictó el ordinario N° 175/2014, que declaró la extemporaneidad de la presentación efectuada por la empresa.

Por otro lado, alega la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad, indicando que la actuación impugnada no constituye un acto ilegal, pues se ha efectuado conforme a las atribuciones legales de dicho servicio, y, que en cuanto a las normas aplicables al cómputo de los plazos para interponer reconsideración, el artículo 512 del Código del Trabajo, establece un plazo de 30 días, desde la notificación, para efectos de solicitar la reconsideración administrativa de multa ante el Inspector del Trabajo, en ese sentido, refiere que se debe determinar si ese plazo es de días hábiles o de días corridos, a cuyo efecto, contribuye analizar el Código del Trabajo, para establecer si dentro de su articulado señala alguna norma general que pueda dar luces de la forma de cómputo del plazo establecido en dicho cuerpo legal.

Indica que existen dos normas que dan cuenta de la naturaleza de los plazos en el Código del Trabajo: el artículo 312, que se refiere a los plazos de la negociación colectiva, que señala que en caso de que estos plazos venzan en un día hábil se prorrogarán hasta el día hábil siguiente; también, está establecido el artículo 435 del Código del Trabajo, que señala que los plazos en este título suspende los días feriados, estableciendo los plazos de días hábiles.

Así las cosas, sostiene la necesidad de determinar el alcance de dichas normas. Respecto del artículo 312 del Código del Trabajo, indica que claramente de cuenta de que dicha norma legal solamente se refiere al título en el cuál está establecido, siendo distinto del título final del mismo cuerpo normativo, donde se norma el Procedimiento de Reconsideración de Multa. En cuanto al artículo 435 del mismo código, sostiene que se refiere a los plazos de este título, en cuyo sentido se refiere precisamente al Título I, del Libro V, no así al Título final.

Señala, que ninguna de las normas resulta aplicables en la especie al artículo 512 del Código del Trabajo, por lo cual, es menester recurrir a las normas sobre interpretación que establece el artículo 19 y siguientes del Código Civil, a cuyo respecto señala que cuando el sentido de la Ley es claro no desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu.

También señala, que para interpretar una expresión oscura se podrá remitir a la expresión o espíritu del Legislador, claramente manifestado en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento.

La norma del artículo 22 del Código Civil, el contexto de la Ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de las partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía, a saber, el artículo 19 se refiere a la interpretación gramatical y el artículo 22, tanto en el inciso primero como en el segundo, se refieren a la interpretación sistemática, la primera dentro del mismo cuerpo legal.

Añade que hay diversos plazos que establece el Código del Trabajo y de los cuales se puede colegir la intención del Legislador. Por esto, el artículo 12 del Código del Trabajo, establece varios plazos como 15 días para suscribir el contrato de trabajo, como también el plazo de 5 días para el mismo objetivo, no señalando si estos días son corridos o hábiles, sin perjuicio de ello en su inciso tercero señala el plazo de 30 días hábiles. Por consiguiente, dentro de la misma norma legal se establece un plazo de días corridos y otro en que expresamente se señala de días hábiles.

Por lo anterior, sostiene que resulta clara la naturaleza del plazo alegado y en consecuencia se debe establecer que la reconsideración interpuesta por la empresa debe considerarse como extemporánea.

Asimismo, alega que la resolución recurrida no adolece de arbitrariedad, ya que se ajusta a la normativa laboral, al responder a motivos razonables y ser consecuencia de la constatación de determinados hechos.

Al efecto, sostiene que teniendo claro que la Inspección del Trabajo ha obrado dentro de la competencia que el ordenamiento jurídico vigente le demarca y siguiendo un procedimiento administrativo reglado, circunstancias todas que determinan la legalidad de su accionar, cabe desvirtuar ahora toda suerte de imputación de arbitrariedad en los hechos de la especie, para lo cual se debe considerar lo siguiente: Hasta el momento, la Contraloría General de la República tienen una postura clara al respecto en cuanto a que el cómputo de dicho plazo es de días corridos y termina el último día del plazo, a la hora de cese de atención de público de las oficinas de la Dirección del Trabajo. Así se desprende del Dictamen Nº 49.126 del 20 de octubre de 2008 el que al efecto cita. Por su parte, la Dirección de Trabajo, sigue esta línea, haciendo el cómputo de los 30 días para reclamar, en base a días corridos, conforme lo dispone la Circular Nº 46 que modifica el Anexo 10, “NORMAS Y CRITERIOS PARA RESOLVER SOLICITUDES DE RECONSIDERACION DE MULTAS” de fecha 2 de Mayo de 2012, cuyo contenido cita.

Señala, que este razonamiento, tal como se expuso en el aparatado de la legalidad, tiene base en que el artículo 435 del Código del Trabajo en su inciso 3º, determina que “Los términos de días que establece este Título se entenderán suspendidos durante los días feriados”. El título al que hace alusión este artículo es el Título I del Libro V del Código del Trabajo, a su vez el artículo 512 del mismo código, que determina el plazo de 30 días para la reconsideración, se encuentra dentro del Título Final del Libro V.

Por ende la declaración emitida por el artículo 435 no alcanzaría a generar sus efectos en el artículo 512 y por consiguiente en el plazo que este prescribe. Agrega, que al no determinarse específicamente por la norma la manera de computar el plazo, se aplicaría la norma general, contenida en el Código Civil, artículo 50 “En los plazos que se señalaren en las leyes, o en los decretos del Presidente de la República, o de los tribunales o juzgados, se comprenderán aun los días feriados; a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así, pues en tal caso no se contarán los feriados”.

Concluye, señalando que en razón de lo expuesto, no cabe sino concluir que el recurso de protección interpuesto es improcedente, porque no existe alguna acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la recurrida, que haya afectado, ni aún en grado de amenaza, los derechos y garantías constitucionales que indica la recurrente, por lo que el mismo deberá ser rechazado en todas sus partes.

Se acompañó al informe: Copia de ordinario 175/2014; Copia de Expediente de reconsideración de multa administrativa de 24 de enero de 2014; y, copia de Informe de Fiscalización 0202/2013/1396.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 162 del Código del Trabajo, en sus incisos primero, segundo y séptimo, establece un plazo de de días hábiles para efectos de remitir carta certificada al trabajador. Sin perjuicio de lo anterior, el mismo artículo 162 del Código del Trabajo en el inciso cuarto, que establece el plazo de 30 días para efectos de remitir la copia de la carta a la Inspección del Trabajo, señala solamente 30 días, dando cuenta por la redacción del artículo que se refiere a días corridos.

SEGUNDO: Que conforme con lo indicado en el artículo 512 del Código del Trabajo, el plazo mencionado corresponde a 30 días corridos como es la regla general del Código del Trabajo y que cuando el legislador ha querido incorporar otro criterio como el de los días hábiles lo ha dicho expresamente como en los artículos 168, 171, 201 inciso final, 282, 360 y 412 del mismo cuerpo legal.

TERCERO: Que la Dirección de Trabajo, igualmente realiza el cómputo de los 30 días para reclamar, en base a días corridos, conforme lo dispone la Circular Nº 46 que modifica el Anexo 10, “NORMAS Y CRITERIOS PARA RESOLVER SOLICITUDES DE RECONSIDERACION DE MULTAS” de fecha 2 de Mayo de 2012.

CUARTO: Que en este mismo sentido se ha pronunciado esta I. Corte de Apelaciones de Antofagasta, reconociendo que el plazo para deducir reconsideración es de 30 días corridos contados desde la fecha de la notificación de la multa.

QUINTO: Que en el proceso sub lite no se han vulnerado garantías constitucionales, ni existe alguna acción u omisión ilegal o arbitraria que haya afectado, ni aún en grado de amenaza, los derechos y garantías constitucionales al no admitir a tramitación la solicitud de reconsideración de multa administrativa.

Por todas estas consideraciones, textos legales citados y teniendo presente lo prescrito en el artículo 19 números 21 y 22 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 20 de la misma Carta Fundamental y lo establecido en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que se rechaza el recuso interpuesto por don Don nombre reservado en su calidad de mandatario judicial de Ingeniería y Movimiento de tierra Tranex ltda, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Provincia El Loa-Calama, representada por la Señora nombre reservado, por no haber incurrido la recurrida en ilegalidad ni arbitrariedad al no admitir a tramitación la solicitud de reconsideración de multa administrativa por estar fuera de plazo, con costas.

Se deja constancia que se hizo uso de la facultad del artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 108-2014.

Redacción del Abogado Integrante don Carlos Ruíz-Tagle Vial.

Pronunciada por la Segunda Sala integrada por la Ministro titular Sra. Virginia Soublette Miranda, la fiscal Judicial Sra. Myriam Urbina Perán y el abogado integrante Sr. Carlos Ruiz-Tagle Vial. Autoriza el Secretario Titular Sr. Mauricio Pontino Cortés.

Antofagasta, a catorce de abril de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.

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