Protección contra fiscalizadora de la misma Inspección

PAGE Antofagasta, a quince de mayo de dos mil diecisiete.

VISTOS:

La comparecencia de Eduardo Sanhueza Muñoz, abogado, en representación de Ultramar Agencia Marítima Limitada, ambos con domicilio en domicilio reservado, e interpuso recurso de protección contra la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, representada por doña nombre reservado o por quien la subrogue o reemplace, y en contra de la fiscalizadora de la misma Inspección, doña nombre reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado° de esta comuna, por el ejercicio de actos ilegales y arbitrarios, que infringen las garantías reconocidas en el artículo 19 Nº 3 incisos 4° y 5°, y 24 de la Constitución Política de la República.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajo los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción cautelar constitucional se fundamenta en que mediante resolución N° 1766/17/016, de fecha 23 de marzo de 2017, la recurrida, cursó a la recurrente, multa administrativa de 20 UTM, que fundó en “No exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización, según el siguiente detalle: (detallando documentación requerida)… Todo esto solicitado mediante el F 7 – 1 a la empresa Ultramar Agencia Marítima Ltda., el día 15 de marzo en oficina de la empresa, donde se requirió la documentación de las empresas filiales que a continuación se indica: - Administradora de naves Humboltd Ltda, RUT RUT reservado

- Bucalemu Lanchas Limitada, RUT RUT reservado

- Naviera Ultranav Limitada, RUT RUT reservado

- Remlcadores Ultratug Limitada, RUT RUT reservado

- Servicio Marítimos y Transportes Limitada, RUT RUT reservado.”

Señala que la resolución citada es arbitraria, irracional e ilegal, seguida en un procedimiento con iguales características, sancionándola por no entregar información laboral referente a terceras empresa, pese a que informó que no existía en su poder. La recurrente, indica que es una empresa dedicada a servicios de agenciamiento marítimo para buques que recalan en diversos puertos chilenos, manteniendo contactos con otras empresas, tanto relacionadas como no, por los servicios que presta.

Refiere que el 15 de marzo de 2017, se presentó en sus oficinas, doña nombre reservado, quien, invocando su calidad de fiscalizadora de la Inspección Provincial del Trabajo, requirió la entrega de una serie de documentos y antecedentes, por una investigación sobre Multirut, y exigió su entrega el 22 de marzo de 2017, prorrogándose hasta el 23 de marzo, en dependencias Inspección Provincial. Explica que a través de su encarga de recursos humanos, dejó “Acta de Requerimiento de Documentación y Citación” (formulario F7), junto a un anexo con un listado de documentos y antecedentes (formulario F7-1); y un listado de sociedades anotadas de manera manuscrita por la parte de atrás de este anexo, recalcando que la visita era a la recurrente.

Posteriormente, el 23 de marzo de 2017, concurre don nombre reservado, representante legal de Ultramar a la Inspección Provincial del Trabajo, acompañando la totalidad de la documentación requerida digitalizada y con minuta explicativa, que se referían sólo a la empresa, pues la demás debió solicitarse a los representantes de las otras compañías. Pese a ello, el mismo día se cursó infracción, por no exhibir documentación de las otras empresas, argumentando la fiscalizadora que se refería a información de empresas filiales, lo cual no es efectivo, pues la empresa Administradora de Naves Humboldt Limitada, Naviera Ultranav Limitada, Remolcadores Ultratug Limitada y Servicios Marítimos y Transportes Limitada no son filiales de la recurrente, sólo en el caso de empresa Bucalemu Lanchas Limitada, tiene este carácter, pero con giro propio y estructura administrativa y social autónoma.

Expresa que no le asiste obligación de mantener información laboral de otras empresas, por lo que fue imposible entregar lo que no tienen, y que el organismo administrativo carece de facultades para declarar que alguna de estas sociedades ha perdido su personalidad jurídica, y constituye una unidad económica, lo cual es de competencia de un tribunal, a petición de la interesada y previa causa legal, debiendo el fiscalizador requerir a cada una de estas empresas la información. Además, agrega que tratándose de una fiscalización por multirut, la Inspección carece de facultades para su inicio de oficio, pues los únicos legitimados activos para requerir ante un Tribunal la declaración de unidad económica son los trabajadores y las organizaciones sindicales que consideren afectados sus derechos, limitando su función a investigar e informar a requerimiento judicial, que no existe en el caso.

En la argumentación jurídica, explicita que a través del actuar de la recurrida se vulneró lo dispuesto en el artículo 19 n° 3 inciso cuarto y quinto y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva, se deje sin efecto la resolución de multa aplicada, con costas.

SEGUNDO: Que informó la abogada Alejandra Moran Ledezma, por la recurrida, solicitando el rechazo. Fundando en cuanto a la forma, en la inadmisibilidad del recurso al existir un procedimiento judicial ante el Juez del Trabajo para analizar la legalidad del procedimiento de fiscalización, resolución y sanción llevada a efecto por la Dirección del Trabajo, citando jurisprudencia en apoyo de su tesis. Agregando, que la recurrente presentó reclamación judicial respecto de la multa cursada ante el Juzgado del Trabajo, en tramitación en causa Rit I-36-2017. Además, refiere que a través del recurso de protección no se puede desvirtuar la presunción de veracidad de los hechos constatados por el fiscalizado, lo que debe ser materia de un juicio de lato conocimiento.

En cuanto al fondo, luego de la exposición de hechos, señala que no existe acto arbitrario e ilegal, pues la fiscalizadora ha actuado en ejercicio de las atribuciones legales conferidas al servicio y la multa aplicada corresponde a la constatación de un hecho infraccional, basado en la falta de presentación de la documentación requerida, en un procedimiento de fiscalización iniciado a raíz de solicitud del sindicato de Administradora de Naves Humboldt Limitada. Concluyendo que no se ha vulnerado las garantías constitucionales alegadas como amagadas.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que de la narración fáctica del recurso se desprende que por su intermedio se busca que se deje sin efecto la resolución N° 1766/17/016, de fecha 23 de marzo de 2017, que sancionó a la recurrente con una multa de 20 UTM, en el marco de un proceso de fiscalización realizado por al Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, en especial la etapa probatoria, por lo que, en el caso concreto, existe en el Código del Trabajo un procedimiento regulado de impugnación ante el ente administrativo y reclamo ante la judicatura. Última vía que fue utilizada por la recurrente actualmente en tramitación en causa RIT I-36-2017, ante el Juzgado del Trabajo de esta ciudad, que permitirá formular sus alegaciones y rendir prueba para desvirtuar el hecho infraccional constatado, que otorga al justiciable la posibilidad de revertir la imposición de la sanción administrativa, si se acredita sus alegaciones.

En suma, los derechos que se dicen privados, perturbados o amenazados, están insertos en un proceso investigativo, respecto de una actuación de la Inspección del Trabajo a propósito justamente de un requerimiento de una organización sindical, por lo tanto no hay facultades jurisdiccionales arrogadas desde que la fiscalización incluye por naturaleza la interpretación de la norma -asunto resuelto ya en reiterada jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia-. Respecto a esta investigación, el legislador estableció en los artículos 503 y 512 del Código del Trabajo dos procedimientos de impugnación, luego, no parece posible en este proceso cautelar resolver asuntos que precisan de investigación, prueba, fijación de hecho y calificación jurídica, presupuestos todos de un debido proceso, no exigibles en este procedimiento, y que dados sus objetivos necesita de derechos indubitados como presupuesto esencial para disponer el restablecimiento del derecho, lo cual no sucede pues existe controversia entre las partes ante un juez especializado, precisamente para asegurar la tutela efectiva de los derechos denunciados, razones más que suficientes para desestimar este recurso, sin costas, por estimarse inconveniente su condena.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por Eduardo Sanhueza Muñoz, en representación de Ultramar Agencia Marítima Limitada, contra Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, y de la fiscalizadora nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

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