nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

/pdc Antofagasta, a dieciocho de agosto de dos mil veintidós VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, de nacionalidad colombiana, domiciliada en domicilio reservado, interpuso recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pidiendo que se le ordene pronunciarse de la solicitud de regularización migratoria, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Informó el recurrido, solicitando el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso se funda en la existencia de una omisión ilegal y arbitraria, consistente en no emitir pronunciamiento sobre la solicitud de regularización extraordinaria de abril de 2018- habiendo transcurrido más de un cuatro años-, vulnerando con ello la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República y los principios de igualdad, celeridad y economía procedimental, contenidos en la Ley N°19.880.

Indicó la recurrente que ingresó la solicitud de regularización migratoria en abril de 2018 y que con fecha 30 de mayo de 2019, el Departamento de Extranjería y Migración resolvió rechazar su solicitud por no acompañar a tiempo el certificado de antecedentes penales del país de origen, cuestión que se le habría comunicado por oficio N°39598 de 2019, pero que nunca llegó a sus manos.

Agregó que el 27 de enero de 2022 envió al Servicio Nacional de Migraciones un recurso de reposición administrativo, buscando modificar o revocar la resolución que rechaza su solicitud de regularización migratoria acompañando el documento solicitado, la que a la fecha no ha sido resuelta.

Hizo presente que tiene un hijo de nacionalidad chilena, una oferta de trabajo y arraigo familiar.

Solicita que se ordene a la recurrida pronunciarse de la solicitud de regularización migratoria, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que informaron los abogados Antonio Henríquez Beltrán y Camila Cortés Palma en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción, por haber perdido oportunidad y eficacia al haberse pronunciado sobre la solicitud del recurrente.

Indicó que la recurrente ingresó a territorio nacional por paso no habilitado al efecto con fecha 15 de abril de 2014, decretándose su expulsión con fecha 20 de septiembre de 2016 mediante resolución afecta-sanción N°111. La recurrente ingresó recurso de reconsideración en contra de esta resolución.

Señaló que, posteriormente, el 24 de abril de 2018, la recurrente solicita regularizar su situación migratoria, petición que fue rechazada por resolución exenta N°60804 de 24 de agosto de 2018. Respecto de esta resolución la recurrente interpuso recurso de reconsideración, el que actualmente se encuentra en análisis.

Hizo presente que la recurrente mantiene situación regular migratoria en el territorio nacional, por cuanto al ejercer su derecho a recurrir de reconsideración se entiende que su solicitud de regularización extraordinaria se encuentra en trámite.

Asimismo, de conformidad al artículo 27 de la Ley N°19.880 –si bien el plazo de tramitación de los procedimientos administrativos es de seis meses- debe considerarse la existencia de caso fortuito o fuerza mayor, como es el caso de la pandemia, lo que constituye una excepción a dicho plazo. Además, este no es fatal, como ya lo han resuelto algunos Tribunales Superiores de Justicia.

De igual modo, alegó que esta no es la vía para la alegación efectuada por los actores, pues se trata de una situación de silencio administrativo negativo, que de conformidad al artículo 65 de la norma previamente citada deriva en el rechazo de la solicitud, por afectarse el patrimonio fiscal. Adicionalmente, el recurrente ha omitido solicitar ante la administración la certificación de que su solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo establecido en la Ley, pudiendo hacerlo.

Por último, señaló que la vía judicial ha generado una vulneración a la igualdad ante la ley de los demás solicitantes, ya que la interposición de estas acciones constitucionales ha derivado en priorizar las solicitudes judicializadas, en desmedro de las más de quinientas mil solicitudes en tramitación.

Atendido lo anterior, estimó que no existe actualmente un acto u omisión que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, perdiendo así la acción de protección oportunidad y eficacia.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en no emitir pronunciamiento sobre la solicitud de regularización migratoria -en virtud del proceso extraordinario del año 2018- del 24 de abril de 2018, habiendo transcurrido más de cuatro años a la fecha.

SEXTO: Que en relación a lo anterior, la recurrida al informar, expuso que se rechazó mediante resolución exenta la solicitud de regularización de 24 de abril de 2018 - la que por lo demás es acompañada por la recurrente - y que el recurso de reconsideración interpuesto en su contra se encuentra en análisis.

SÉPTIMO: Que por lo anterior, es dable concluir que el acto denunciado como vulneratorio habría cesado, ya que se dictó el acto administrativo que se pronunció respecto de la solicitud de la actora, rechazándola, y, que no obstante ello, se acogió a tramitación por la recurrida un recurso de reposición que mantiene a la recurrente en estado migratorio regular. En tales condiciones, no se vislumbra actualmente la existencia de un acto arbitrario o ilegal que atente contra de garantía constitucional alguna -presupuesto básico que configura el núcleo sustancial de todo recurso de protección- motivo suficiente para que esta sea rechazada.

OCTAVO: Que no se condena en costas a la recurrente, por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA sin costas el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, previniendo que, sin perjuicio de lo resuelto, el Servicio deberá pronunciarse expresamente sobre la solicitud de reconsideración, dado que tratándose de un extranjero y no obstante lo dispuesto en el artículo 8° del Código Civil, deben adoptarse la adecuaciones necesarias para un ejercicio efectivo de sus derechos, lo que, en la especie, no ocurre.

Regístrese y comuníquese.

Rol 10564-2022 (Protección)