Protección contra Inspección Provincial del Trabajo El Loa-Calama

Antofagasta, a diez de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, analista de RRHH, domiciliada para efectos del recurso en domicilio reservado, comuna y ciudad de Calama, por sí misma, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo El Loa-Calama, servicio público, RUT. RUT reservado, representada por nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, abogada, ambas con domicilio en domicilio reservado, solicitando que la recurrida proponga medidas de resguardo y emita el informe correspondiente en investigación que lleva adelante por denuncia de acoso sexual.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso se funda en que con fecha 13 de julio de 2021, el empleador de la recurrente, la empresa Buses Hualpén Ltda., remitió los antecedentes de denuncia por acoso sexual a la Inspección del Trabajo, a efecto que realizara la investigación de rigor, conforme lo disponen los artículos 211-A y sig. del Código del Trabajo, lo que no se ha tramitado por proceso investigativo en los plazos que establece el inc. 2° del art. 211-C del Código del trabajo, ni tampoco ha sugerido al empleador la adopción de medidas de resguardo a su favor, en su condición de persona afectada, conforme lo dispone el art. 211-B del mismo cuerpo normativo. Señala que unido a los sucesos previos que motivaron su reclamo ante el empleador y remisión de éste de los antecedentes a la recurrida para la investigación, se han repetido en el tiempo otros episodios que califica como actos de acoso sexual, los cuales ha puesto en conocimiento de su empleadora y que, dada la demora, tanto ella como su empleadora han efectuado numerosas solicitudes de resolución a la recurrida, incluido un reclamo formal. Indica que el 05 de octubre de 2021, a casi tres meses desde que se remitiera la denuncia ante la recurrida, se contactó con ella el fiscalizador, dando cuenta que no se había concluido la investigación, debiendo efectuar nuevas entrevistas.

Concluye señalando que el proceso investigativo no se ha concluido a la fecha de interposición del recurso, ni se han propuesto la adopción de medidas de seguridad a su favor, demoras y omisiones que han afectado su derecho a la vida, integridad física y síquica, conforme el art. 19 N° 1 de la Constitución; su derecho a la discriminación por razón de género, según dispone el art 19 N° 3 de la misma norma; su derecho a la honra e intimidad, en conformidad al art. 19 N° 4 del mismo texto jurídico; y su derecho a la libertad de trabajo y su protección, según dispone el art. 19 N° 16 de la Ley Fundamental.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso y se instruya a la recurrida a proponer medidas de resguardo a su favor y emitir el informe respectivo, con costas.

SEGUNDO: Que informó el abogado Eduardo Machuca Cereceda, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo El Loa-Calama, solicitando el rechazo de la acción, por cuanto actualmente ha perdido oportunidad el recurso, al haber concluido el proceso investigativo y haberse emitido y notificado el informe a la recurrente, como por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que pueda vulnerar los derechos invocados por la recurrente.

Explica que con fecha 10 de noviembre de 2021 fue dictado el ORD. N° 696/2021, el cual fue notificado a la recurrente con misma fecha, instrumento en el cual se deja constancia de las conclusiones de la investigación por denuncia de acoso sexual, determinando –en lo esencial- que no se pudo establecer con la debida certeza la existencia de antecedentes que permitieran configurar conductas de acoso sexual, sin perjuicio de otras infracciones de parte de la empleadora que motivaron las resoluciones de multa correspondiente; y, además, que si bien los actos acreditados no configuraban una hipótesis de acoso sexual, si daban cuenta de conductas que afectaron el respeto y dignidad en que deben fundarse las relaciones de trabajo, por lo que se instruyó al empleador a tomar todas las medidas de prevención posibles, para evitar la repetición de sucesos de similar naturaleza en el futuro.

Agrega que el recurso ha perdido oportunidad, al ya haberse concluido la investigación administrativa, emitiéndose el informe y notificando las conclusiones del mismo y en todo caso, el proceso fue llevado con estricto apego a la normativa vigente, habiéndose recepcionado la denuncia con fecha 14 de julio de 2021 por parte de la empleadora de la recurrente y, a partir del día siguiente, se activó la denuncia, encargado la investigación al fiscalizador, quien concurrió a dependencias de la empleadora el 19 de julio de 2021.

La demora en la tramitación de la causa se debió a la complejidad de la misma, la falta de mayores evidencias, la necesidad de recabar múltiples declaraciones y el tiempo requerido para un correcto análisis y ponderación de los antecedentes.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que de la presentación efectuada se desprende que el objeto de la acción deducida es la proposición de medidas de resguardo durante el curso de la investigación por denuncia de acoso sexual y la emisión del correspondiente informe con sus conclusiones.

SEXTO: Que conforme al mérito de los antecedentes, en especial lo informado por la recurrida, consistente en el Ordinario 696/2021, emitido por ella, el cual se ha acompañado a autos y da cuenta de la conclusión del proceso investigativo con fecha 10 de noviembre de 2021 y haber ordenado adoptar las medidas de prevención correspondientes, se puede establecer que al momento de conocerse el presente recurso, ya no existe el acto u omisión que motivó el mismo habiendo perdido éste oportunidad, por lo que esta acción constitucional será rechazada.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE DESESTIMA, sin costas, el recurso interpuesto por nombre reservado en contra de la Inspección Provincial del Trabajo El Loa-Calama.

Regístrese y comuníquese.

ROL 10.557 – 2021 (PROTECCION)