VENTA DE JUGO Y RESTAURANTE SON DE PIÑA EIRL CON INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO ANTOFAGASTA

Antofagasta, a dos de junio de dos mil dieciseis.

VISTOS:

Comparece el señor nombre reservado, presentando en nombre y representación de la empresa VENTA DE JUGOS Y RESTAURANTE SON DE PINA E.I.R.L, interponiendo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta por la sanción de multa a que fue condenada y el rechazo de la solicitud de reconsideración contra la misma.

En su informe, evacuado por el abogado Eduardo Machuca Cereceda en representación de la recurrida, se solicita el rechazo del recurso, con costas.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que indica el recurrente que el día 11 de Marzo de 2016, la recurrida por resolución lb52/16/25 cursó a su representado una multa de 10 UTM por presuntamente no otorgar el trabajo convenido a la ciudadana colombiana Acruz nombre reservado, señalando que la sancionada no se presentó a efectuar sus descargos para el día citado.

Señala que se indicó al fiscalizador que sí se apersonó un representante de la empresa para el día citado con una minuta escrita, iniormando que la trabajadora sería desvinculada de la empresa por reiterados incumplimientos una vez que se reintegrare del permiso administrativo que tenía (sic), como da cuenta el documento denominado "Informa situación laboral de ciudadana extranjera fiscalización 7 30".

Agrega que con posterioridad a el_o presentó una reconsideración administrativa en la que se acompañaron los documentos que daban cuenta de la necesidad de exonerar a su representado, la que fue rechazada por resolución 187/2016 de la que tomó conocimiento efectivo el 28 de forma personal, y sin perjuicio de ello se acompañó una minuta escrita, por lo que fundar en dicha inasistencia la multa convierte a] acto en arbitrario, ilegal e inconstitucional, máxime si aplicando el principio de libertad contractual se decidió prescindir de la trabajadora materia de la controversia.

Lo anterior, indica, le afecta en el derecho a la vida e integridad física y psíquica del artículo 19 número 1, por las preocupaciones y malos ratos; el artículo 19 número 4, en relación al derecho a la Honra, fama y reputación, traducido en el descrédito e infamia de ser un deudor infractor sin serlo; el artículo 19 número 21, que es el ejercicio de cualquier actividad económica, ya que ai ingresar al Boletín Laboral no podrá emitir cheques, ya que igualmente es prestador de servicios, proveedor, empleador, y cliente de otras empresas y giros, que le producen una merma o disminución de capacidad financiera; y el articulo 19 número 24 de la CP?, sobre el derecho propiedad, ya que al ser el prestigie de empleador y con vasto conocimiento en la venta e intermediación de jugos y productos naturales un derecho incorporal, le vulnera el ejercicio del uso, goce y disposición.

Solicita por ello se deje sin efecto la sanción de multa, ccn costas.

SEGÜNDO: Que en su informe, la recurrida refiere que su actuación no ha sido ilegal al haber actuado conforme a sus atribuciones, citando al efecto el artículo 505, 511 y 512 del Código del Trabajo; artículos 5, 20 y 23 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo.

Señala que en ejercicio de esas atribuciones, la Inspección del Trabaje, a través de su fiscalizadora, precisamente verificó que en los hechos, a la trabajadora no se le estaba otorgando el trabajo convenido, y que aquello no fue corregido por expresa voluntad de la empresa, y que al momento de solicitar la reconsideración nuevamente insiste en su conducta infractora, perpetuándola con el despido de la trabajadora afectada, por lo que dcac descartarse cualquier ilegalidad en el actuar de la inspección Provincial del Trabajo.

Agrega a ello que el origen del procedimiento administrativo se encuentra en requerimientos externos al servicio, no incidiendo en consecuencia, voluntarismo alguno en la actuación, muy por el contrario, se verílica en base a los imperativos legales ya citados y, además, el servicio mediante los procedimientos de fiscalización, realizados de conformidad a _a normativa legal y administrativa, se limitó a constatar una determinada situación que tiene un carácter fehaciente y objetiva, esto es, que a la trabajadora no se le estaba otorgando el trabajo convenido (infracción a lo dispuesto en el artículo 7o del Código de^ Trabajo), y que dicha situación no fue corregida. Por otra parte, la empresa al momento de solicitar la reconsideración administrativa no acreditó error de hecho o corrección de la conducta, por io que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 511 del Código del Trabajo, se debió mantener la multa aplicada.

En consecuencia, estima que no se han vulnerado las garantías fundamentales que señala el recurrente y, finalmente, señala que los derechos cuya protección reclama la recurrente no tienen el carácter de indubitados, requisito esencial para que esta acción pueda prosperar, no siendo esta acción cautelar una instancia para constituir ni declarar derechos, sino para proteger derechos no discutidos.

Por lo anterior, solicita sea rechazado el recurso presentado en su contra, con costas.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 2C de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constituciona"es constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y dorechos preexistentes que an esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que en la especie la arbitrariedad que se le imputa al acto consiste en que la sanción de multa aplicada a la empresa se fundó en forma exclusiva en la inasistencia del Infractor a la citación que tenía por objeto acreditar la corrección de la infracción, consistente en no otorgar el trabajo convenido a una de sus trabajadoras.

El recurrente alega que el empleador sí se apersonó en forma escrita dando noticia del hecho de haber despedido a la trabajadora en cuestión por incumplimiento grave de sus obligaciones.

QUINTO: Que sin perjuicio de que no acompaña antecedente alguno que dé cuenta que el día de la citación, 11 de marzo a las 09:00 horas, se hubiere efectivamente presentado el empleador a dependencias de la Inspección del Trabajo, lo cierto es que lo esgrimido en el documento que acompaña, y que dice relación con el hecho del despido de la trabajadora, en ningún caso puede entenderse como corrección de la infracción constatada en terreno por la f iscalizadora de la entidad recurrida, lo que se tuvo en consideración al momento de rechazarse la solicitud de reconsideración de la multa, por lo que no puede imputarse arbitrariedad o ilegalidad en el actuar de la recurrida.

SEXTO: Que por otra parte, la recurrente de protección no ejerció su prerrogativa legal de reclamar judicialmente de la resolución administrativa que rechazó el recurso de reconsideración presentado, en los términos del inciso final del artículo 512 del Código del Trabajo, lo que desde ya impide darle Curso al amparo constitucional que se pretende toda vez que no puede utilizarse la vía del recurso de protección para resguardar derechos cuya protección el ordenamiento regula expresamente a través de Ello resulta inviable tanto por el hecho de que el debate -en orden a si existió o no una infracción a la normativa laboral que ameritara la aplicación de una sanción- debe tomar lugar en una sede distinta que permita a las partes acreditar sus respectivas posiciones, en un juicio de lato conocimiento -la que como se di: o no fue seguida por el recurrente-; como por ,1a circunstancia que ios derechos cuyo amparo se reclama no se encuentran indubitados, desde que no se han llevado a conocimiento de un tribunal de justicia para su resolución definitiva.

SÉPTIMO: Que finalmente, debe señalarse que lo obrado por la Inspección del Trabajo se ejerció en el ámbito de sus atribuciones legales y reglamentarias, disponiéndose una sanción de multa luego de verificatios los hechos que la configuran por la fiscalizadora de la Inspección, habiéndose además permitido al infractor ejercer las herramientas que el ordenamiento le provee para la revisión, tanto administrativa como judicial, de la sanción que le afecta, por lo que no existe actuar u omisión alguna de la recurrida que pueda calificarse como ilegal o arbitraria, ni tampoco se advierte la vulneración de derechos alegada en el recurso, razón por la cual el mismo deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en el articulo 19 de la Constitución Política de la República y del ñuto Acordado de la Excma. Corle Suprema sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en nombre y representación de la empresa VENTA DE JUGOS Y RESTAURANTE SON DE PINA E.I.R.L.

Regístrese, comuniqúese y archívese en su oportunidad.