nombre reservado con DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO

Antofagasta, a veinticinco de julio del dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece Makarena García Dinamarca, abogada, domiciliada en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, Técnico Perito Tasador e Ingeniero Comercial, domiciliado en domicilio reservado; quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Dirección General De Crédito Prendario representado por su Director don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado. Piso 5, Santiago, por el actuar ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Exenta RA N°99/1/2025, que declara vacante el cargo por salud incompatible del funcionario, vulnerando sus derechos contemplados en el artículo 19 Nº1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Informa la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso señalando que el recurrente ingresó a la Dirección General de Crédito Prendario el 9 de junio de 2008, desempeñándose desde el 18 de febrero de 2013 en la Unidad de Crédito de Antofagasta, bajo la calidad de contrata por 16 años.

Indica que en el 2020 se dictó la Resolución RA N° 99/150/2020 disponiendo su no renovación de contrata para 2021, lo que fue objeto de un recurso de protección (Rol 4874-2020), que fue acogido con fecha 14 de enero de 2021, ordenando su inmediata reincorporación con continuidad de remuneraciones.

Posteriormente en el 2024, se le aplicó la sanción de destitución mediante Resolución N° 69/2024, dictada en el marco de un sumario administrativo iniciado por Resolución Exenta N° 64 DJ de 22 de diciembre de 2022. Esta destitución fue reclamada ante la Contraloría General de la República, que acogió parcialmente el reclamo mediante Resolución Exenta N° 8788/2025, ordenando retrotraer el procedimiento a su etapa resolutoria, la que aún no ha sido cumplida.

Sostiene que, la Resolución RA N° 99/1/2025 del 19 de marzo del presente, tomada de razón y notificada el 16 de mayo del mismo año, que declara su salud incompatible se funda en el artículo 151 del Estatuto Administrativo (DFL N° 29/2004), que faculta al jefe del servicio para declarar la vacancia del cargo cuando el funcionario ha hecho uso de licencias médicas por más de seis meses, continuos o discontinuos, en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. No obstante, la COMPIN declaró expresamente que su salud es recuperable, y el informe folio N° 17619365 así lo acredita.

Refiere que, si bien el jefe de servicio tiene facultades discrecionales para declarar la vacancia por salud incompatible, dicha discrecionalidad no puede ejercerse arbitrariamente. En este caso, la COMPIN declaró que el estado de salud del recurrente es recuperable, lo que impide jurídicamente la aplicación del artículo 151 del Estatuto Administrativo.

A su juicio, el acto impugnado carece de motivación suficiente, ya que se limitó a computar los días de licencia médica sin analizar el contexto clínico, ni justificar cómo tales ausencias afectan la compatibilidad funcional. Ello contraviene el principio de motivación exigido por el artículo 8° de la Constitución y los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.

Hace presente que, no se dio oportunidad al actor para ejercer defensa o ser oído antes de la dictación del acto terminal, vulnerando estándares jurisprudenciales de la Corte Suprema sobre la debida diligencia en el ejercicio de potestades discrecionales.

A consecuencia de su desvinculación sin causa acreditada, ha visto afectada su estabilidad emocional y su salud mental. Además, alega un trato desigual, dado que en otros casos similares no se ha aplicado la causal de salud incompatible a funcionarios con licencias prolongadas y con diagnósticos de salud recuperable. Asimismo, se vulnera su derecho de propiedad sobre el empleo y las remuneraciones, privando al recurrente de su fuente de ingreso sin justificación legal suficiente.

Concluye solicitando, se deje son efecto la Resolución Exenta RA N°99/1/2025, se ordene su reincorporación, y el pago de las remuneraciones no percibidas, todo con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que informó María Godoy Agüero, abogada, en representación del Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de Antofagasta, quien, en primer lugar, se refiere al marco normativo aplicable, señalando que procedimiento de evaluación de salud irrecuperable se enmarca en el DFL N° 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que sistematiza la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo. Por su parte La Ley N° 21.050, vigente desde diciembre de 2017, incorporó al artículo 151 del Estatuto Administrativo un inciso que establece la obligatoriedad del informe de COMPIN para que el jefe del servicio pueda declarar salud incompatible con el cargo, y por último indica que conforme al Dictamen N° 17.351 de la Contraloría General de la República, COMPIN no tiene competencia para determinar la compatibilidad funcional, sino únicamente para pronunciarse sobre la recuperabilidad del estado de salud.

En cuanto al fondo, expone que la Dirección General de Crédito Prendario solicitó a COMPIN, mediante Oficio N° 129 de fecha 12 de marzo de 2024, la evaluación de salud irrecuperable del funcionario nombre reservado, con fundamento en haber utilizado licencias médicas por más de 180 días en los últimos dos años. Por lo anterior, recabó antecedentes clínicos, incluyendo informes médicos, trazabilidad de licencias y evaluación del médico tratante (diagnóstico principal: trastorno adaptativo mixto con componente ansioso y depresivo, además de patología traumatológica).

Consta que el último período de licencia médica fue desde el 27 de diciembre de 2023 al 25 de enero de 2024, y que el médico tratante otorgó el alta médica a partir del 27 de diciembre de 2023.

El dictamen técnico médico de COMPIN emitido con fecha 27 de junio de 2024 (Resolución Exenta N° ID 31650879) concluye que el funcionario presenta un estado de salud recuperable, y así se declara formalmente.

Hace presente que el recurrente no dedujo recursos de reposición ni apelación contra dicho dictamen dentro de plazo.

Concluye señalando que actuó dando estricto cumplimiento al procedimiento y plazos legales, reiterando que no evalúa ni declara la incompatibilidad de salud con el cargo, sino exclusivamente la recuperabilidad del estado de salud, debiendo el jefe del servicio ponderar la compatibilidad funcional con los antecedentes disponibles.

TERCERO: Que, informa nombre reservado, por la recurrida Dirección General de Crédito Prendario, solicitando el rechazo del presente recurso, con expresa condena en costas.

Sostiene que la actuación de la DICREP, se encuentra debidamente dictada, no adolece de ilegalidad ni arbitrariedad alguna, sino que se ajusta a la legalidad vigente, toda vez que funda su decisión de declarar la vacancia del cargo del recurrente en los artículos 150 y 151 del DFL N° 29 de 2004, que fija el texto refundido de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo. Destacando que, no se computan para este efecto las licencias otorgadas en los casos regulados en el artículo 115 del Estatuto Administrativo y en el Título II del Libro II del Código del Trabajo (licencias por maternidad, enfermedades profesionales, accidentes del trabajo, entre otras).

Agrega que, el recurrente a la fecha de su evaluación por la COMPIN, presentaba 200 días de licencia médica en los últimos dos años. Dicha institución resolvió que la salud del funcionario es “Recuperable”, lo que habilita a la autoridad declarar la incompatibilidad de salud con el desempeño del cargo, de acuerdo con lo dispuesto con el artículo 152 del Estatuto Administrativo. La resolución fue objeto de la toma de razón por la Contraloría general de la República y notificada al actor. Por dicha razón, sostiene que ha respetado el marco normativo vigente.

Indica que, la evaluación de salud recuperable no impide necesariamente la declaración de vacancia, pues la incompatibilidad funcional es una apreciación autónoma del jefe del servicio, basada en la duración y efectos de las licencias médicas. Invoca jurisprudencia administrativa que distingue entre recuperabilidad de la salud e incompatibilidad con el desempeño efectivo del cargo.

Respecto a las garantías que invoca como vulneradas, e primer lugar señala que no advierte como la institución pudo haber afectado su integridad psíquica y física, ya que sólo se limitó a ejercer las facultades que constitucional y legalmente se le han conferido. Aquello sin perjuicio que el término de una relación laboral pueda producir sentimientos de preocupación y angustia, apreciaciones que son subjetivas y que quedan a criterio de cada persona.

Sostiene que la decisión no implica una contravención a la igualdad ante la ley, ya que, aplicó el criterio aplicado por la administración pública a partir de su facultad discrecional.

En cuanto a la privación del legítimo derecho a mantener su contrata y la retribución económica que acarrea este, es una afirmación incorrecta, pues no existe un derecho de propiedad sobre un cargo público, especialmente para los funcionarios a contrata, ni sobre sus remuneraciones futuras. Alude al principio de la "confianza legítima", destacando que, aunque las designaciones a contrata generan expectativa de continuidad, ello no impide que se adopten decisiones distintas cuando existan fundamentos objetivos que lo justifiquen, como lo sería la salud incompatible.

Por último, alega que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer la pretensión del actor, ya que no puede ser titular de un derecho indubitado si el ordenamiento jurídico permite la dictación del acto recurrido. A su juicio, existe una controversia respecto a la interpretación del artículo 151 del Estatuto Administrativo, en relación a la declaración del COMPIN acerca de la salud recuperable del funcionario, por lo que debe ser objeto de un juicio de lato conocimiento.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes. Que en esa misma disposición, se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en efecto, en la especie se ha alegado como actuación ilegal o arbitraria la Resolución Exenta RA N°99/1/2025, emitida por la Dirección General De Crédito Prendario, que declara vacante el cargo por salud incompatible del recurrente.

SÉPTIMO: Que, considerando el mérito de las alegaciones y antecedentes acompañados en autos por las partes, es posible tener por establecido que: 1) El actor presentó diversas licencias médicas en el periodo comprendido desde el 6 de junio de 2023 al 25 de enero de 2024, el funcionario acumuló un total de 200 días de ausentismo del ejercicio de sus funciones; 2) Con fecha 27 de junio de 2024 se emitió por la COMPIN Resolución de evaluación de Salud Irrecuperable, que resuelve que el actor presenta un estado de salud recuperable; 3) mediante Resolución TRA N°99/1/2025, tomado de razón el 16 de mayo de 2025, se declara vacante el cargo del actor por salud incompatible.

OCTAVO: Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, se debe señalar la normativa aplicable en la especie.

Así, el artículo 146 de la Ley N°18.834 del Estatuto Administrativo, refundida por el D.F.L. N°29, establece que: “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: c) Declaración de vacancia”.

Asimismo, el artículo 150 del referido cuerpo legal señala cuándo procede esta causal de término, indicando que: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”.

A su vez, sobre el fundamento invocado por la resolución impugnada por esta vía, el artículo 151 del mismo cuerpo normativo, establece que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Titulo II, del Libro II, del Código del Trabajo. El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Continúa el artículo 152 del mismo cuerpo legal indicando que: “Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario, éste deberá retirarse de la Administración dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo.

A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del empleador.”

NOVENO: Que, del análisis precedente, se advierte que la vacancia fue declarada de conformidad al inciso 1° del artículo 151 previamente citado, esto es, “vacancia de cargo por salud incompatible”, sin mediar declaración de salud irrecuperable, lo que per se no permite acreditar ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida, advirtiéndose, por el contrario, que la decisión se encuentra debidamente fundada y que ha sido adoptada en base a la normativa vigente, cumpliendo los requisitos establecidos para proceder a dictar la vacancia del cargo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 150 y 151 del Estatuto Administrativo.

DÉCIMO: Que, asimismo, debe considerarse la aplicación del Principio de Servicialidad que impone a los jefes de los servicios, el deber de velar por la continuidad de la prestación de los mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, razón por la cual, no mediando abuso o desviación de poder, no es ilegal ni arbitraria la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de quien lo sirve, considerando que, en el caso de marras, la especialidad y criticidad del cargo que ostentaba la recurrente, permite justificar la decisión de la recurrida, atendido el prolongado ausentismo y la necesidad de contar con personal disponible que permita atender las necesidades de los usuarios del sistema.

DÉCIMO PRIMERO: Que, en consecuencia, atendido lo analizado en los considerandos precedentes, el acto administrativo recurrido no es ilegal ni arbitrario, pues emana de la autoridad competente y sus fundamentos se ajustan a la ley, desde que la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de empleado público sólo requiere estar con licencia médica por más de 180 días en el plazo de dos años, lo que sucedió en la especie, no siendo relevante para estos efectos que la salud se pueda recuperar o no, porque en uno u otro caso la conclusión es la misma, con la única salvedad que si la salud es irrecuperable, debe aplicarse el procedimiento del artículo 152 del Estatuto Administrativo, situación diversa de la indicada en el artículo anterior, por lo que deberá rechazarse el arbitrio constitucional.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso interpuesto Makarena García Dinamarca, abogada, en representación de nombre reservado, en contra de la Dirección General De Crédito Prendario.

Regístrese y comuníquese.

ROL 1026-2025 (PROTECCIÓN)