nombre reservado con GENDARMERÍA DE CHILE DIRECCIPON REG. ANTOFAGASTA

Antofagasta, a diez de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, abogada, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce Recurso de Protección en contra de Gendarmería De Chile, Dirección Regional de Antofagasta, representada por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por su actuar consistente en la dictación del Acto Administrativo Resolución N°801 de fecha 10 de agosto de 2022, emanada del Director Regional Gendarmería, resolución que dispone la aplicación de una medida disciplinaria en su contra consistente en una multa del 10% de su remuneración, sin ser a la fecha funcionaria pública, por un sumario administrativo iniciado en el año 2016, estando la acción administrativa prescrita, faltándose además al debido proceso y obediencia jerárquica, solicitando declarar la ilegalidad y arbitrariedad del acto recurrido ordenando a la recurrida enmendarlo conforme a derecho.

Informó la recurrida solicitando el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso en que mediante resolución de fecha 27 de septiembre de 2016, la Dirección Nacional de Gendarmería dispuso sumario administrativo en su contra fundado en supuestas actitudes con la Jefa de Departamento, consistentes en denostaciones a los Directores Regionales y por realizar gestiones sin seguir el conducto regular, lo que perjudicaba el clima laboral de la Dirección Regional, nombrándose al efecto como Fiscal Administrativo al Coronel nombre reservado, quien luego de una extensa investigación, propuso el Sobreseimiento de ex Jefatura con fecha 10 de mayo de 2017.

Agrega que dicha propuesta no fue aceptada por la autoridad nacional, ordenando este la reapertura del sumario, tras lo cual el Fiscal volvió a proponer el sobreseimiento con fecha 21 de diciembre de 2017, propuesta que volvió a ser rechazada disponiéndose una nueva reapertura, la que concluyó nuevamente con una tercera proposición de sobreseimiento del Fiscal, de fecha 10 de septiembre de 2019. Hace presente que dejó el cargo que desempeñaba en gendarmería con fecha 09 de febrero de 2018, dejando de ser funcionaria pública.

Sin embargo, luego de tres propuestas de sobreseimiento y de cuatro años de tramitación del sumario, la autoridad nacional ordenó una cuarta reapertura con fecha 17 de enero de 2020, argumentando no haberse realizado suficientes diligencias en el proceso, como el careo entre los distintos involucrados y el reunir cualquier otro documento del que pueda desprenderse la presencia o ausencia de responsabilidad. Afirma la recurrente que a partir de aquí el proceso tomó otro rumbo y que el Fiscal Administrativo, después de haber propuesto reiteradamente el sobreseimiento, y sin allegar ninguna otra diligencia relevante más que la contumacia de la autoridad nacional, formuló cargos con fecha 17 de marzo de 2020, los que fueron debidamente respondidos el día 30 del mismo mes, proponiendo finalmente el Fiscal el 02 de abril de 2020 su destitución en el cargo por la gravedad de los hechos investigados, hechos que eran exactamente los mismos que había investigado desde el año 2016 y por los cuales había propuesto reiteradamente su sobreseimiento.

A pesar de lo anterior, la autoridad nacional, con fecha 26 de octubre de 2020, nuevamente ordenó la reapertura del sumario cuestionando la correcta formulación de los cargos, advirtiendo una serie de imprecisiones en los mismos, ya que se le reprochaba a la recurrente haber denostado públicamente un funcionario de apellido nombre reservado, cuestión que ya había sido resuelta a través de otro sumario en el que se dispuso su sobreseimiento, y por no incluir en los nuevos cargos un supuesto acoso laboral a la funcionaria nombre reservado, razonamiento nuevo que jamás había sido motivo de observación por parte de la autoridad, ordenándose por esta retrotraer el proceso hasta su etapa acusatoria, con el fin de que se le realizara un nueva formulación de cargos, quedando por consecuencia nulo todo lo actuado a partir de los cargos de fojas 767.

Agrega que el Fiscal Administrativo recibió de vuelta el expediente y con fecha 31 de agosto de 2021, fecha en que ya no era funcionaria pública, se le notificó su calidad de inculpada en el sumario administrativo. Afirma que, con antelación a esa fecha, nunca fue emplazada en tal calidad, y que la única diligencia en la cual podía tenérsele por notificada como inculpada fue al responder los primeros cargos de fecha 30 de marzo de 2020, los que fueron anulados por disposición de la autoridad nacional. Luego, agrega que el 03 de septiembre de 2021 el fiscal cerró nuevamente la investigación y le notificó de nuevos cargos con fecha 09 de septiembre de 2021, respondidos con fecha 22 de septiembre del mismo año, alegando primeramente la prescripción de la acción administrativa, fundada en que, desde la fecha de inicio del sumario el 27 de septiembre de 2016 y hasta el momento en que se le notificó la calidad de inculpada y luego los cargos, trascurrieron más de cuatro años, cumpliéndose el plazo de prescripción de la acción administrativa establecida en el artículo 158 de la ley 18.834, extinguiéndose así la responsabilidad administrativa conforme al artículo 157 letra d) del mismo cuerpo legal.

Precisa que además de alegar la prescripción, en concordancia con lo dispuesto por la autoridad nacional solicitó como diligencias probatorias el careo con todos sus acusadores, ocho personas en total, petición que solo fue aceptada por el Fiscal respecto de una, sin entregar mayores razones para fundar su negativa, más que indicar que estas no eran útiles y que demorarían más aún el proceso, lo que infringe abiertamente el debido proceso y la obediencia jerárquica. Señala que realizado el único careo el día 28 de septiembre de 2021, no volvió a saber más del proceso, hasta que en marzo del de los corrientes, mediante carta certificada entregada a un vecino, tomó conocimiento de la resolución de término N°801 de fecha 10 de agosto de 2022 en la que se le impone una sanción disciplinaria de multa del 10% de su remuneración, señalando e esta resolución que habría sido notificada de la resolución interna N°19 de 05 de julio de 2022 que imponía dicha medida disciplinaria, no pudiendo ejercer los recurso legales.

Añade que en dicho acto administrativo se razona aplicarle la medida disciplinaria por infringir los artículos 61 y 84 en las letras a), g) y m), sin indicar a qué cuerpo legal corresponden; que se describe de manera genérica no haber desempeñado personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua, pero no se explica cómo incumplió con esta obligación, ni en qué hechos se funda, no como estos pudieran constituir una infracción; se le reprocha además no observar estrictamente el principio de probidad administrativa e incurrir en acoso laboral en términos del artículo 2 del Código del Trabajo en la unidad concesionada de Antofagasta, el día 26 de febrero de 2016, al denostar al Gendarme nombre reservado, acusación por la que ya habría sido sobreseída en un sumario anterior; una segunda situación ocurrida en una reunión de la Dirección Regional de Antofagasta en presencia de la mayoría del personal y del Director Regional Coronel Pedro Villarroel Camilo, manifestando su disconformidad en la gestión de la autoridad, desacreditándolo y denostándolo; ejecutar gestiones a espaldas del mando regional en conjunto con el Ex Dirigente nombre reservado, saltándose el conducto regular y procedimental del servicio; y ejercer acoso laboral contra la ex jefa administrativa de la Unidad Concesionada nombre reservado.

Sostiene que el actuar de la recurrida vulnera la garantía de igualdad ante la ley, al no pronunciarse respecto de la prescripción de la acción administrativa, lo cual debe ser revisado y declarado incluso de oficio por la administración y al no respetar el debido proceso en la dictación de la resolución 801 de fecha 10 de agosto de 2022, la cual expone los antecedentes de manera genérica impidiendo una adecuada defensa, faltando al principio de transparencia al no fundamentar su decisión y al adolecer de incongruencias que no permiten entender a qué etapa del proceso corresponde; y al involucrarse en el proceso el Director Nacional siendo la autoridad competente el Director Regional. Asimismo, afirma que se ha vulnerado la garantía del derecho a la vida e integridad física y psíquica, al extenderse la tramitación del sumario por siete años, superando el plazo máximo de seis meses establecido en el artículo 27 de la ley 19.880, a pesar de las reiteradas propuestas de sobreseimiento del Fiscal, manteniéndola en sumario durante casi todo el tiempo que ejerció como Jefa Regional de Administración y Finanzas hasta el 2018 e incluso años después de haberse apartado de la institución, generándole un daño físico y psicológico que quedó acreditado en un informe pericial ordenado en causa sobre tutela laboral con ocasión del despido, proceso en el que no se dio lugar a la tutela atendido que su cargo había terminado por el solo ministerio de la ley al cumplirse el plazo de nombramiento, no obstante haberse determinado por la Jueza de la causa la existencia de indicios de acoso laboral y daño psicológico, como consta en el fallo acompañado al expediente sumarial a fojas 789.

Por lo señalado, solicita a esta Corte declarar que la Resolución N°801 de fecha 10 de agosto de 2022, emanada de la recurrida, es un acto ilegal y arbitrario que transgrede la igualdad ante la ley, al no pronunciarse la autoridad sobre la prescripción de la acción administrativa, declarar dicha prescripción y ordenar a la recurrida que la enmiende conforme a derecho. En subsidio, declarar que se afecta esta garantía de igualdad ante la ley, al omitirse los fundamentos precisos tanto jurídicos como de hecho en que se basa la aplicación de sanción y al negarse las diligencias de prueba solicitadas, afectando su debida defensa, siendo además pronunciado por autoridad incompetente y por incurrir el acto en imprecisiones respecto a si se trata de un acto final o si aún es objeto de los recursos contemplados en los artículos 141 y 145 de la ley 18.834; declarar que en ambos casos, la extensión arbitraria en la tramitación de este proceso sumarial, después de siete años, ha afectado la salud psicológica del protegido, quién no debiera estar en la obligación de someterse a este proceso en su calidad de particular, después de tanto tiempo.

SEGUNDO: Que informó nombre reservado, Director Regional de Gendarmería de Chile, solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes.

Informa que la recurrente, ex funcionaria, Profesional Grado 6° de la dotación de la Dirección Regional de Gendarmería de Chile, ingresó a la Institución el 24 de agosto de 2004, culminando sus funciones a contar del 08 de febrero de 2018, tras haber cesado en su cargo de Jefa de Departamento - Jefa de Administración y Finanzas Regional. Agrega que si bien fue clasificada en Lista N°1, de “Distinción”, en el proceso administrative ordenado instruir por la Superioridad Institucional de la época a través de la resolución Exenta N°8395 del 27 de septiembre de 2016, fue sancionada con la medida disciplinaria de multa, sanción establecida en la letra b) del artículo 121 de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, en relación con el artículo 123 del mismo cuerpo legal, por la responsabilidad administrativa que le cabe en los hechos investigados, dispuesta a través del Resolutivo Tramite N°801 del 10 de agosto de 2022, del Director Regional de Antofagasta, acto debidamente registrado el 16 de febrero de 2023 por la Contraloría Regional de Antofagasta.

Precisa que el Director Nacional de Gendarmería ordenó un proceso disciplinario destinado a esclarecer los hechos y la eventual responsabilidad administrativa que podría corresponder a raíz de lo informado en oficios reservados N°340 del 06 de septiembre de 2016 y N°205 de fecha 03 de junio de 2016 de la Dirección regional de Antofagasta, en los que se advirtieron situaciones en las que se habían visto expuestos los directores regionales por el desempeño de la recurrente, quien en reiteradas ocasiones y frente al personal de esa Dirección y otras autoridades regionales, habría manifestado su disconformidad con la gestión de la Dirección Regional, desacreditando y denostando, incluso, realizando gestiones sin observar el conducto regular y procedimental establecido en el servicio, desconociendo la autoridad y la administración regional y los lineamientos de trabajo trazados para la región, así como las órdenes y lineamientos de la superioridad nacional, afectando el clima laboral de la Dirección Regional y el de las unidades penales de la región, generando una serie de conflictos, donde en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Concesionado de Antofagasta, habría faltado al respeto al Jefe de Unidad, deterioro en el clima laboral que no sólo ha afectado al área Técnica Regional, sino que a distintos funcionarios del área administrativa que habían pedido la reubicación de sus cargos.

Sostiene que, la fiscalía a cargo de la indagatoria formuló y notificó cargos con fecha 18 de marzo de 2020, advirtiéndose que el actuar de la recurrente era susceptible de responsabilidad, por la infracción al principio de la probidad administrativa, procediendo mediante vista fiscal de fecha 20 de abril de 2020 a sugerir la aplicación de la medida disciplinaria de destitución. Luego, con fecha 26 de octubre de 2020 se dispone por el Director Nacional de Gendarmería la reapertura de la pieza sumarial mediante Resolución Exenta Nº5219, ordenando retrotraer el proceso a la etapa de cierre de la etapa indagatoria. Con fecha 08 de septiembre de 2021 se dispone nuevamente la formulación de cargos, imputándosele la infracción a lo dispuesto en el artículo 61 letra a) de la Ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo, el artículo 61 letra g) del mismo cuerpo legal, en relación con el artículo 52 de la ley Nº18.575 y la infracción a lo dispuesto en el artículo 84 letra m) del Estatuto Administrativo.

Afirma que, estando debidamente emplazada, la protegida presentó sus descargos y se acogió parcialmente su solicitud de apertura de etapa probatoria, disponiéndose la realización de una diligencia de careo entre la recurrente y la funcionaria nombre reservado, la cual se materializó con fecha 28 de septiembre de 2021, emitiéndose posteriormente el dictamen fiscal con fecha 11 de octubre de 2021, proponiéndose la aplicación de la medida disciplinaria correctiva de multa del 10% de la remuneración mensual de la recurrente, procediendo la entonces Jefatura Regional del servicio a aplicar la sanción propuesta a través del Resolución Interna Regional Nº19 de fecha 05 de julio de 2022, sanción establecida en la letra b) del artículo 121 en relación con el 123, de la Ley N°18.834, notificada mediante carta certificada, al no haber sido encontrada la sumariada en dos días distintos, 18 y 19 de julio de 2022, en el domicilio por ella fijado, cumpliéndose con el artículo 131 del cuerpo legal citado, no presentándose recursos respecto de la resolución señalada.

Producto de tal situación, se procedió a la dictación de la Resolución Exenta Regional Nº801 de fecha 10 de agosto de 2022, por la responsabilidad administrativa que le cabe a la recurrente en los hechos descritos precedentemente, acto administrativo que fue remitido a la Contraloría Regional de Antofagasta mediante ventanilla única con fecha 05 de septiembre de 2022, siendo éste proceso sumarial devuelto y registrado por el ente de control con fecha 16 de febrero de 2023, procediéndose posteriormente notificar a la protegida de la medida disciplinaria impuesta.

En cuanto a las demás alegaciones vertidas en el libelo de la recurrente, precisa que conforme lo dispuesto en el artículo 147 inciso final, habiéndose instruido el sumario cuando esta aún desempeñaba funciones como Jefa de Administración y Finanzas de la Dirección Regional de Antofagasta, el procedimiento debe continuarse hasta su normal término, anotándose en su hoja de vida la sanción que el mérito del sumario determine. Al respecto, afirma que la sanción aplicada no sólo es proporcional a la conducta infraccional imputada, sino que corresponde en derecho ser aplicada puesto que cuando la ley asigna una medida disciplinaria específica para determinada infracción, la autoridad administrativa se encuentra en el imperativo de disponerla Respecto de la alegación de prescripción de la acción disciplinaria, señala que, si bien los primeros cargos le fueron formulados y notificados el día 18 de marzo de 2020 y luego, con fecha 08 de septiembre de 2021, se formulan nuevos cargos, conforme a lo dispuesto en dictamen N°89.242 de fecha 14 de noviembre de 2014 de la Contraloría General de la República, en conformidad con el artículo 159 de la ley 18.834, para determinar el efecto suspensivo de la prescripción de la acción disciplinaria en aquellos procedimientos en los que se hubieren formulado cargos en oportunidades distintas, se considera la época de la primera de las imputaciones, no habiendo así transcurrido el plazo de cuatro años requerido por el artículo 158 del Estatuto Administrativo para su prescripción, considerando que el actuar susceptible de responsabilidad administrativa se extendió hasta, a lo menos, el 01 de diciembre de 2016.

Por último, en relación con la alegación de que su responsabilidad funcionaria se encontraría prescrita por el hecho de no ser funcionaria pública a la fecha de su notificación de inculpada o la fecha de formulación de los cargos, ello no es efectivo puesto que se debe tener presente que la data del resolutivo que ordenó incoar el proceso disciplinario de marras es previa a la época de su cese de funciones, razones por las cuales tal aserto no tiene sustento.

Respecto de la supuesta privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales alegadas por la recurrente, afirma que la fiscalía administrativa recopiló los antecedentes necesarios que permitieron esclarecer los hechos que se investigaron, acompañándose al cuaderno investigativo, la Minuta Nº737 de fecha 01 de diciembre de 2016, de la encartada enviada al jefe de Unidad del Centro de Cumplimiento Penitenciario Concesionado de Antofagasta, solicitando, sin haber cumplido previamente con los conductos regulares, una anotación de demérito para la funcionaria nombre reservado; el oficio ordinario Nº5146 del 31 de agosto de 2016, por medio del cual el Jefe de Unidad del Centro de Cumplimiento Concesionado de Antofagasta, informa al Director Regional que la inculpada se dirigió a la funcionaria nombre reservado con molestias y gritos, agregando que no era la primera vez que la encartada reaccionaba de tal manera frente a gestiones propias de funcionarios en el ámbito de sus atribuciones, a su vez, la antedicha servidora pública en su relato a fojas 120 del legajo (tomo 1), expone que efectivamente la inculpada se dirigió a ella de manera irrespetuosa, añadiendo que no era la primera vez, que anteriormente había reaccionado a gritos y ante algunas gestiones propias del área administrativa había dejado de manifiesto su poca tolerancia a trabajar con personas bajo su mando, refiriendo frases que van en desmedro del personal de la unidad penal.

Por ello, el sumario administrativo se realizó con fiel apego a la normativa legal ye estatutaria vigente, quedando fehacientemente acreditados los hechos que dieron origen al sumario administrativo y de las situaciones que se fueron puntualizando durante el proceso investigativo, como fueron las situaciones de denostación y acoso laboral hacia la funcionaria nombre reservado, no existiendo en este orden de ideas, garantías ni normativas conculcadas como lo señala la recurrente, por lo que solicita declarar que las Resoluciones Exentas Interna Regional Nº18 y Resolución exenta Regional Nº801 del 05 de julio de 2022 y del 1O de agosto de 2022, respectivamente; se encuentran ajustadas a derecho, por lo que no son ilegales ni arbitrarias; que no ha operado la prescripción en el presente expediente sumarial; y rechazar en todas sus partes el recurso de protección deducido.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la Ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que el objetivo de la acción constitucional dice relación con la el actuar de la recurrida al dictar la Resolución Exenta N°801 de fecha 10 de agosto de 2022, emanada del Director Regional Gendarmería Antofagasta, que dispone la aplicación de medida disciplinaria en contra de la recurrente, sin pronunciarse sobre la prescripción administrativa alegada y diversas infracciones al debido proceso producidas en el procedimiento sumarial, consistentes, entre otros, en la no realización de diligencias probatorias solicitadas por la sumariada, falta de notificación de la resolución que impone la sanción y consecuente vulneración de su derecho a recurrir de la misma, intervención de autoridad no competente y la extrema dilación del procedimiento.

SEXTO: Que, conforme a los antecedentes aportados por las partes, consistentes en la copia del expediente sumarial, se advierte, en primer lugar, la veracidad de las alegaciones de la recurrente en orden a las diversas órdenes de reapertura del procedimiento dictadas por el Director Nacional de Gendarmería, como respuesta a las reiteradas propuestas de sobreseimiento realizadas por el Fiscal a cargo del procedimiento administrativo de fechas 10 de mayo de 2017 que rola a fojas 439; de 21 de diciembre de 2017 a fojas 709; y 10 de septiembre de 2019 a fojas 741, así como la orden de una cuarta reapertura de fecha 17 de enero de 2020 dispuesta por la referida autoridad nacional.

De la misma forma, y conforme se reconoce en el informe de la recurrida, los hechos de los cuales derivaría la responsabilidad administrativa imputada a la sumariada datan del mes diciembre del año 2016, realizándose una primera formulación de cargos con fecha 18 de marzo de 2020 y, luego, una segunda formulación con fecha 08 de septiembre de 2021, respecto de la cual consta igualmente que la recurrente alegó en sus descargos la prescripción de la acción administrativa, sin existir pronunciamiento al respecto por parte de la autoridad administrativa, e igualmente, se formularon por la recurrente solitudes de prueba consistentes en la realización de careos con sus acusadores accediéndose solo parcialmente por el Fiscal. Consta igualmente haberse dictado resolución interna N°19 de 05 de julio de 2022 que dispone la aplicación de la sanción disciplinaria la que figura haber sido notificada en conformidad al artículo 131 de la Ley Nº18.834 mediante carta certificada, luego de búsquedas negativas en el domicilio informado por la ex – funcionaria.

SÉPTIMO: Que, respecto de la prescripción alegada por la recurrente de la acción administrativa fundada en los cargos finalmente formulados el 08 de septiembre de 2021, efectivamente cabe hacer lugar a las alegaciones de la recurrida por cuanto la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República relativa al efecto suspensivo de la prescripción de la acción disciplinaria en aquellos procedimientos en los que se hubieren formulado cargos en oportunidades distintas, efectivamente considera la época de la primera de las imputaciones, la que en caso de marras se habría realizado oportunamente dentro del plazo de cuatro años requerido por el artículo 158 de la Ley Nº18.834, no pudiendo ser considerada ni ilegal ni arbitrario el actuar de la recurrida al no acoger dicha alegación.

En cuanto a la incompetencia alegada por la recurrente por haber intervenido en el procedimiento sumarial la autoridad nacional, siendo competente únicamente el Director Regional de Gendarmería para conocer y resolver el proceso sumarial, lo cierto es que conforme artículo 6 Nº16 del D.L. N°2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija la Ley Orgánica Institucional de Gendarmería de Chile, es el Director Nacional quien puede ordenar la instrucción de sumarios o investigaciones sumarias, y aplicar las medidas disciplinarias que correspondan, de acuerdo a la ley y reglamentos, pudiendo delegar las mismas en la autoridades regionales en conformidad al artículo 18 del mismo cuerpo legal, por lo que su intervención en los autos sumariales no puede entenderse vedada.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo señalado en el considerando anterior, es posible advertir una serie de contradicciones e incongruencias producidas a lo largo del procedimiento sumarial, las que a la vez redundaron en una excesiva dilación del mismo, el cual se extendió por más de siete años, desde la ocurrencia de los hechos imputados en el año 2016, hasta la reciente notificación del acto de término en marzo de 2023. Al afecto, se advierte de la Resolución N°801 de fecha 10 de agosto de 2022, que los hechos que motivan la dictación de la medida disciplinaria consisten en los mismos por los que originalmente se formularon cargos, sumados a los hechos denunciados por la funcionaria nombre reservado, los que ya constaban en el procedimiento sumarial sin haber sido considerados en etapas anteriores, incluyéndose incluso en la resolución recurrida, las acusaciones de maltrato respecto del funcionario Gendarme nombre reservado, acusación por la que la recurrente ya había sido sobreseída en un sumario anterior, como reconoció la propia autoridad nacional al ordenar una nueva reapertura excluyendo dichos cargos.

A lo anterior, se suma el hecho de haber sido propuesto fundadamente el sobreseimiento de la recurrente en tres oportunidades sucesivas por el Fiscal a cargo del sumario administrativo, lo que sumado a la ya señalada excesiva prolongación del mismo y la inexplicable negativa a realizar las diligencias probatorias solicitadas por la recurrente, permiten concluir que en el procedimiento sumarial cuya dictación del acto de término funda la presente acción constitucional, la autoridad recurrida no ha actuado dentro de los márgenes de razonabilidad exigidos por la Ley Nº18.834, pudiendo ser calificado su actuar como arbitrario, reviviendo sucesiva y artificialmente el procedimiento sumario en su contra, y permitiendo así su duración desde el año 2016 hasta marzo de los corrientes, infringiendo el principio de certeza jurídica respecto de la recurrente y vulnerando a su respecto la garantía de igualdad ante la ley establecida en el numeral 2º del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso interpuesto por nombre reservado, en contra de Gendarmería de Chile, Dirección Regional de Antofagasta, ordenando a la recurrida dejar sin efecto las resoluciones Exentas Interna Regional Nº19 y Resolución N°801 de fecha 10 de agosto de 2022, debiendo emitir nuevo pronunciamiento de sobreseimiento al tenor de lo dictaminado en esta sentencia.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1026-2023 (PROT)