SINDICATO DE TRABAJADORES N°1 CHUQUICAMATA CODELCO CHILE con CODELCO CHILE

Antofagasta, a once de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece Margot Del Pilar Fernández Gutiérrez, Abogada, en representación del Sindicato de Trabajadores N° 1, Chuquicamata, Codelco Chile, representado legalmente por su Presidente nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien deduce Recurso de Protección en contra de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, División Chuquicamata, representada por su Gerente General nombre reservado, de igual domicilio que su representada, por amenazar por escrito el legítimo ejercicio del derecho de dominio, devenido de los derechos colectivos laborales, relativos a la propiedad de las remuneraciones pagadas y percibidas en los años 2019-2020, 2021 y 2022, acto ilegal y arbitrario que vulnera su derecho consagrado en el artículo 19 N° 24 de Constitución Política de la República, solicitando se determine que la recurrida no posee la facultad de hacer los descuentos anunciados en su nota DRL N° 115/2024 en las remuneraciones de abril, mayo y junio de 2024, ni en el futuro, a los trabajadores socios del Sindicato de Trabajadores N° 1, Chuquicamata, Codelco Chile, con costas.

Evacua informe la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso en que con fecha 16 de abril de 2024, la empresa División Chuquicamata de Codelco Chile, comunicó la nota DRL N° 115/2024, respecto de las "Acciones de implementación en atención a proceso de Fiscalización Cochilco DF-INF-04-2023”.

Sostiene que la nota DRL N° 115/2024, comunica a sus trabajadores dependientes por medio de la organización sindical que; "Mediante informe de la referencia, la División Chuquicamata de Codelco Chile, en proceso de fiscalización ejecutado por la autoridad administrativa Cochilco, que investigo eventuales irregularidades en el pago del Bono Repartición de Gananciales (BRG) de la Gerencia de Extracción y Lixiviación de la División por denuncia formulada por un Sindicato Rol B de la División; nos ha requerido implementar en un plazo máximo de 3 meses, proceder al cobro vía descuento de remuneraciones respecto de todos los anticipos realizados a los trabajadores de dicha Gerencia por el concepto BRG por los periodos correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021.

En virtud de lo anterior. Por medio de la presente, comunicamos que como División y en cumplimiento a lo instruido por la autoridad fiscalizadora, procederemos a partir de la remuneración del mes de abril del año en curso; a aplicar los correspondientes descuentos de remuneraciones respecto de dichos anticipos, situación que deberá finalizar (según los plazos instruidos por la autoridad) en la remuneración del mes de junio de 2024”.

Alega que se pretende descontar una cantidad de dinero que no se precisa, a cientos de trabajadores en sus respectivas liquidaciones de sueldo de los meses de abril, mayo y junio de 2024. Hecho improcedente, ya que tales remuneraciones percibidas ingresaron al patrimonio de cada trabajador, por lo que son de su total y exclusivo dominio y cualquier acción judicial o administrativa sobre ellas están amparadas por el derecho de propiedad y de prescripción laboral.

Refiere que el Bono BRG, es un bono anual, regulado en el Convenio Colectivo de Trabajo, vigente, cláusula 2.8, Anexo N° 4, y numerosas actas de acuerdo complementarias del Instrumento Colectivo. Este Bono, en términos generales, es un elemento de la remuneración de los trabajadores Rol B del mineral de Chuquicamata, vinculado al cumplimiento de metas productivas y cuenta con cuatro anticipos anuales y se liquida en las remuneraciones del mes de marzo del año inmediatamente siguiente. Es decir el BRG del año 2019, posee anticipos que se pagaron según las variables productivas de dicho año, anticipándose 4 pagos durante el mismo año y liquidándose diferencias en las remuneraciones de marzo del año 2020. Lo propio ocurrió con el Bono BRG de 2020 y de 2021, cuya liquidación y pago se produjo en las remuneraciones de marzo del año 2021 y 2022 respectivamente.

Arguye que esta conducta se encuentra fuera de los plazos que la ley laboral pudiere autorizar, en virtud de lo regulado en el artículo 510 del Código del Trabajo, por cuanto el reclamo, las acciones y ejercicio de los derechos laborales, poseen un tiempo determinado para poder ejercerse que, es de 2 años contados desde que se hicieron exigibles. Dado que, la empresa pretende actuar en mayo de 2024, respecto de remuneraciones pagadas hasta marzo de 2022, hay prescripción. Además, posee otra grave ilegalidad, por cuanto la legislación laboral, en materia de protección de las remuneraciones plantea que el empleador se encuentra obligado a realizar los descuentos legales en la remuneración de sus dependientes, pero se encuentra impedido de efectuar otros descuentos, sin que exista autorización escrita del trabajador respectivo, así como el límite legal en materia de descuentos que pueden aplicarse a las remuneraciones de los trabajadores.

Señala que las decisiones de Cochilco, en ningún caso puede afectar las remuneraciones establecidas en los respectivos contratos individuales y en los Contratos Colectivos de Trabajo, celebrados por Codelco con sus trabajadores y con sus Organizaciones Sindicales, máxime si ellas han ingresado al patrimonio de los trabajadores.

Concluye que como entidad sindical que afilia a cientos de trabajadores, ejerce el derecho de representación amparado en el artículo 220 N°1 y 2 del Código del Trabajo, desde que, no resulta procedente actuar sobre remuneraciones del año 2024 de los trabajadores amenazados, sin haberse conocido previamente un juicio ordinario laboral entre las partes que permita al empleador demandado, actuar de este modo en contra de sus propios dependientes.

Solicita que se determine que la recurrida no posee la facultad de hacer los descuentos anunciados en su nota DRL N°115/2024 en las remuneraciones de abril, mayo y junio de 2024, ni en el futuro, a los trabajadores socios del Sindicato de Trabajadores N°1, Chuquicamata, Codelco Chile, con costas.

SEGUNDO: Que Karla Gallegos Cerda, Abogada, en representación de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, División Chuquicamata, informa solicitando el rechazo del recurso.

Expone que no existe ninguna acción u omisión arbitraria o ilegal destinada a vulnerar la garantía constitucional reclamada, desde que las conductas descritas en el recurso no corresponden al relato completo, tampoco se hace cargo de los hechos ocurridos y acaecidos entre las partes con posterioridad al envío de la comunicación contenida en la Nota DRL N° 115/2024, y menos existe una conducta arbitraria e ilegal atentatoria del derecho de propiedad.

En la especie, no existe un acto actual y concreto que se señale como vulnerador de una garantía fundamental. En efecto, el actor se refiere a actos futuros de eventual ocurrencia que además obedecen a una recomendación clara y expresa de la Comisión Chilena del Cobre, que la División debe cumplir y además demostrar su cumplimiento.

Además, el acto impugnado no es un acto ilegal per se, puesto que para que la comunicación pudiera declararse como tal, tanto en lo relativo a las acciones de prescripción como también a la regulación de los descuentos en las remuneraciones, debería llevarse a cabo un juicio sustantivo de lato conocimiento en sede laboral de conformidad a la legislación vigente, principalmente el artículo 420 del Código del Trabajo. Así, en caso de llevarse a cabo, la ley contempla mecanismos propios para que el Sindicato y sus asociados pueden accionar para impugnar algún eventual descuento o cobro.

Indica que efectivamente se envió a la recurrente la Nota DRL N°115/2024 con fecha 16 de abril de 2024, que titula "Ref: Informa acciones de implementación en atención a proceso de fiscalización Cochilco DF-INF-04-2023”, lo que se realizó por expreso mandato de la Comisión Chilena del Cobre, que en su informe DF-INF-04-2023 originado producto de una denuncia de un Sindicato Rol B de la División por eventuales irregularidades en los pagos del citado Bono BRG, detectó sobre pagos en esta bonificación. Es decir, a partir de la investigación efectuada Cochilco concluyó que se hicieron pagos -por vía de anticipos- por sobre lo pactado a los trabajadores afectos a este bono (de la Gerencia de Extracción y Lixiviación de la División Chuquicamata) en su reliquidación. En efecto, este bono se paga mediante anticipos en el año de su correspondencia y debe liquidarse al año siguiente en función de los resultados del negocio de la Gerencia de Extracción y Lixiviación. Estos pagos en exceso se produjeron en los años 2019, 2020 y 2021.

Agrega que el informe ordena a la División Chuquicamata de Codelco Chile a que implemente en un plazo de 3 meses "definir un mecanismo de cobro con el objetivo de recuperar dichos recursos públicos entregados", en un plazo de tres meses. Así, los informes de Cochilco como organismo técnico y altamente especializado, que resguarda los intereses del Estado en sus empresas mineras, mediante la fiscalización y evaluación de la gestión e inversiones de éstas; y asesora a los ministerios de Hacienda y Minería en la elaboración y seguimiento de sus presupuestos, tienen carácter obligatorio por lo que su no materialización o cumplimiento puede dar lugar a un procedimiento sancionatorio. De esta manera, no puede resultar arbitrario o, en su caso, unilateral, el informativo, pues obedece a una instrucción expresa de un órgano del Estado y corresponde a lo solicitado por Cochilco.

Aduce que no es efectivo que este aviso esté en proceso de ejecución, por el contrario, el 17 de abril el Sindicato de Trabajadores N° 1 entregó comunicación S.P Sind. N° 1_44/2024, en la que no se opuso a la medida y en su caso solicitó; “Detalle de montos recibidos por sus socios por concepto del pago del bono en el periodo de la disputa, montos de los sobre pagos y liquidaciones de estos, y los argumentos de Cochilco para ratificar la denuncia de sobrepagos realizada y exigir la restitución de estos fondos que según los denunciantes se habrían pagado en exceso”. Es decir, el recurrente entiende los motivos y los reconoce, sin perjuicio que no concuerda con las instrucciones de Cochilco.

Concluye, que a la fecha no ha ejecutado acción alguna de descuento anunciada en la Nota, aceptando la formalización de una reunión con el sindicato para tratar el tema, sin ejecutar alguna acción hasta revisar entre las partes la forma de implementar lo observado por Cochilco.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que de los antecedentes acompañados se colige que no existe discusión respecto del envió y contenido del comunicado DRL N° 115/2024, por medio del cual, Codelco Chile División Chuquicamata, informa al sindicado recurrente que desde la remuneración del mes de abril hasta el mes de junio del año en curso, aplicarán un descuento en las remuneraciones respecto de los anticipos realizados a los trabajadores de dicha Gerencia por el concepto BRG -Bono de Repartición de Gananciales- por los períodos correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021. Situación que obedece al proceso de fiscalización ejecutado por la autoridad administrativa Cochilco, que investigo eventuales irregularidades en el pago del Bono Repartición de Gananciales (BRG) de la Gerencia de Extracción y Lixiviación de la División por denuncia formulada por un Sindicato Rol B de la División, desde ahí, la autoridad fiscalizadora requirió implementar en un plazo máximo de 3 meses el cobro vía descuento de remuneraciones respecto de todos los anticipos.

SEXTO: Que requeridos los antecedentes por parte del Sindicato respecto del detalle de montos recibidos por sus socios por concepto del pago del bono en el período de la disputa, montos de los sobre pagos y liquidaciones de estos, y los argumentos de Cochilco para ratificar la denuncia de sobrepagos realizada y exigir la restitución de estos fondos que según los denunciantes se habrían pagado en exceso. La recurrida informa con fecha 18 de abril de 2024 mediante DRL N°122/2024, que respecto de los antecedentes solo han accedido de manera parcial a las conclusiones “finales e instrucciones que Cochilco ha definido sobre el particular y de forma confidencial particulamente sobre las conclusiones.”

De esta manera, indica que el monto total de anticipos de bono BRG Hidrometalurgia, Gerencia de extracción y Lixiviación correspondiente a los años 2018, 2019, 2020 y 2021, y que se descontara asciende a la suma de $367.006.630 en moneda nominal/ $492.536.691 reajustados. Desglosado en 216 trabajadores de los cuales 47 están afiliados al Sindicato N°1.

SÉPTIMO: Que a efectos de resolver debe observarse las normas legales en materia de fiscalización de Cochilco, desde que la recurrida expone que aquellas tienen el carácter de obligatorio, en este sentido, el Decreto Ley N° 1.349, de 1976, que crea La Comisión Chilena del Cobre, indica en su artículo 1°, que; “La Comisión Chilena del Cobre es un organismo funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, domiciliado en la ciudad de Santiago, que se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Minería. Tiene por objeto servir de asesor técnico especializado del Gobierno en materias relacionadas con el cobre y sus subproductos y con todas las sustancias minerales metálicas y no metálicas, con excepción del carbón y los hidrocarburos, y desempeñar las funciones fiscalizadoras y las demás que le señala el presente decreto ley.”

Por su parte el artículo 11°, establece que; “En el ejercicio de sus facultades, la Comisión ejercerá la fiscalización directa de las empresas del Estado productoras de cobre y de sus subproductos o en que el Estado tenga participación mayoritaria, para los cual podrá revisar sus balances, como asimismo los antecedentes que han servido para su confección, conocer los procedimientos de control interno de las empresas, revisar sus contratos de ventas, de agencias y de adquisición, realizar análisis financieros y auditorías globales y de operaciones específicas, revisar los informes de las auditorías externas que contraten las empresas, y demás que le encomienda este decreto ley.

La Comisión informará a los ejecutivos máximos de las empresas fiscalizadoras, sobre los resultados y recomendaciones que surjan de sus auditorías, análisis o estudios, practicados en ellas.

Las empresas podrán recurrir ante la Contraloría General de la República en contra de las medidas de fiscalización adoptadas por la Comisión, y que las afecten, sin que el recurso interpuesto suspenda la medida.”

En este sentido, el informe de la recurrida no invoca mayores antecedentes que permitan sostener que su comunicación no adolece de ilegalidad, desde que, solo se limita a indicar que las instrucciones “obedecen a una recomendación clara y expresa de la Comisión Chilena del Cobre, que la División debe cumplir y además demostrar su cumplimiento”, y que además, no existe ejecución del acto al haberse iniciado conversaciones con el Sindicato para tratar el tema en cuestión.

OCTAVO: Que en cuanto a las remuneraciones, el Código del Trabajo regula la protección de estas en los artículos 54 al 65. Así, establece el artículo 54 bis en su inciso primero, que; “Las remuneraciones devengadas se incorporan al patrimonio del trabajador, teniéndose por no escrita cualquier cláusula que implique su devolución, reintegro o compensación por parte del trabajador al empleador, ante la ocurrencia de hechos posteriores a la oportunidad en que la remuneración se devengó, salvo que dichos hechos posteriores se originen en el incumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones contenidas en su contrato de trabajo.”

A su vez, el artículo 58 dispone que; “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.

Asimismo, con acuerdo del empleador y del trabajador, que deberá constar por escrito, el empleador podrá descontar de las remuneraciones cuotas destinadas al pago de la adquisición de viviendas, cantidades para ser depositadas en una cuenta de ahorro para la vivienda y sumas destinadas a la educación del trabajador, su cónyuge, conviviente civil o alguno de sus hijos. Para estos efectos, se autoriza al empleador a otorgar mutuos o créditos sin interés, respecto de los cuales el empleador podrá hacerse pago deduciendo hasta el 30% del total de la remuneración mensual del trabajador. Sin embargo, el empleador sólo podrá realizar tal deducción si paga directamente la cuota del mutuo o crédito a la institución financiera o servicio educacional respectivo.

Sólo con acuerdo del empleador y del trabajador que deberá constar por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza. Con todo, las deducciones a que se refiere este inciso, no podrán exceder del quince por ciento de la remuneración total del trabajador.

Cualquiera sea el fundamento de las deducciones realizadas a las remuneraciones por parte del empleador, o el origen de los préstamos otorgados, en ningún caso aquéllas podrán exceder, en conjunto, del 45% de la remuneración total del trabajador.

El empleador no podrá deducir, retener o compensar suma alguna que rebaje el monto de las remuneraciones por arriendo de habitación, luz, entrega de agua, uso de herramientas, entrega de medicinas, atención médica u otras prestaciones en especie, o por concepto de multas que no estén autorizadas en el reglamento interno de la empresa.

Asimismo, no podrá deducir, retener o compensar suma alguna por el no pago de efectos de comercio que el empleador hubiera autorizado recibir como medio de pago por los bienes suministrados o servicios prestados a terceros en su establecimiento.

La autorización del empleador, señalada en el inciso anterior, deberá constar por escrito, así como también los procedimientos que el trabajador debe cumplir para recibir como forma de pago los respectivos efectos de comercio.

En caso de robo, hurto, pérdida o destrucción por parte de terceros de bienes de la empresa sin que haya mediado responsabilidad del trabajador, el empleador no podrá descontar de la remuneración del o de los trabajadores el monto de lo robado, hurtado, perdido o dañado.

La infracción a esta prohibición será sancionada con la restitución obligatoria, por parte del empleador, de la cifra descontada, debidamente reajustada, sin perjuicio de las multas que procedan de conformidad a este Código.”

De esta manera, las remuneraciones de los trabajadores están protegidas por un Estatuto de número cerrado, desde que, incorporadas al patrimonio del trabajador, no procede su devolución, reintegro o compensación por parte del trabajador al empleador por la ocurrencia de hechos posteriores a la oportunidad en que la remuneración se devengó, salvo que dichos hechos posteriores se originen en el incumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones contenidas en su contrato de trabajo, hecho que no es el caso de autos y que claramente deberá dilucidarse en un juicio de lato conocimiento.

Además, la norma distingue aquellas situaciones en que existe obligación por parte del empleador de realizar dichos descuentos, como son las obligaciones previsionales, y deja al acuerdo entre trabajador y empleador el descuento destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza, como podría suceder en caso de llegar acuerdo con el Sindicato.

En consecuencia, tratándose remuneraciones devengadas en los años 2019, 2020 y 2021, respecto del Bono Repartición de Gananciales (BRG), existe una protección legal en favor de los trabajadores, que para la materia de estudio, de ser efectivos los hechos fiscalizados y acreditados por Cochilco, requieren necesariamente, que aquella devolución se tramite en un juicio de lato conocimiento, ya sea por la vía civil o laboral, de acuerdo a los fundamentos que plantee la recurrida en la oportunidad procesal de su elección.

Así, existiendo una amenaza al derecho de propiedad de los trabajadores sindicalizados, es procedente acoger el recurso, ordenando la abstención de ejecutar la comunicación DRL N°115/2024 y cualquier otro acto administrativo interno derivado de aquella comunicación, desde que, los hechos materia del recurso deben ser conocidos y tramitados en un juicio de lato conocimiento.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE con costas, el recurso interpuesto por Margot del Pilar Fernández Gutiérrez, abogado, en representación del Sindicato de Trabajadores N° 1, Chuquicamata, Codelco Chile, representado legalmente por su Presidente nombre reservado, en contra de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, División Chuquicamata, en cuanto se ordena a la recurrida abstenerse de ejecutar la comunicación DRL N° 115/2024 de fecha 16 de abril de 2024, y cualquier acto administrativo interno derivado de aquella comunicación respecto del cobro vía descuento de remuneraciones de los anticipos realizados a los trabajadores de dicha Gerencia por el concepto bono BRG por los períodos correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1021-2024 (PROT)

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