nombre reservado con GOBERNACION PROVINCIAL DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, a diez de mayo de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Ignacio Barrientos Pardo, abogado, Presidente de Corporación Migr-Acción, nombre reservado sin fines de lucro, domiciliado en domicilio reservado, en favor de nombre reservado, Rut N° RUT reservado, nombre reservado, Rut N° RUT reservado, nombre reservado, Rut N° RUT reservado, nombre reservado, Rut N° RUT reservado, nombre reservado, Rut N° RUT reservado, nombre reservado, Rut N° RUT reservado, deduce acción constitucional de protección en contra de la Gobernadora Provincial de Antofagasta, doña nombre reservado por dictar las Resoluciones Exentas N° 80 y N° 81 del 5 de febrero de 2019, notificada el día 1 de abril de 2019, por estimar vulneradas sus garantías constitucionales establecidas en los números 3 inciso quinto, 4, 5 y 24 del artículo 19 de la Constitución.

Evacua informe la recurrida, solicitando el rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente funda su recurso en el hecho que la autoridad provincial ha dispuesto la restitución administrativa –desalojo- de viviendas entregadas a los amparados en virtud de contrato de comodato, transformándose en ocupantes legales, debiendo incoarse las acciones judiciales correspondientes ante el tribunal competente.

Expone que en el marco del Plan de Superación de Campamentos llevado a cabo por el Gobierno Regional de Antofagasta se construyó una serie de viviendas en el Sector La Chimba de la ciudad de Antofagasta, lo que fue denominado como Barrio Transitorio. A este barrio transitorio fueron trasladadas una serie de personas que ocupaban casas autoconstruidas en campamentos de la ciudad, especialmente del Macro Campamento Balmaceda.

Indica que la Intendencia Regional de Antofagasta, representada por su Intendente Regional (S) don nombre reservado, celebró con doña nombre reservado, chilena, y don nombre reservado, boliviano, con fecha 1 de febrero de 2018 y 27 de enero de 2018, respectivamente, un contrato de comodato en virtud de las normas del art. 2174 y ss. del Código Civil.

Agrega que en el caso de la Sra. nombre reservado se firmó además un acta de entrega del módulo de vivienda N° 139, lo que no ocurrió en el caso del Sr. nombre reservado.

Plantea que los contratos permiten colegir que las personas referidas en las resoluciones que se impugnan, no tienen la calidad de ocupantes ilegales, pues existe a su respecto un contrato que les habilita y autoriza la tenencia de la vivienda entregada.

Refiere que en dicho contrato se estableció como condición de la duración del comodato la obtención de “[...] algunos de los subsidios del sistema general vigente en materia habitacional y lo haga efectivo o bien hasta que haga abandono voluntario de la vivienda ubicada en el barrio transitorio”. Asimismo, se establecieron, como es propio de los contratos de este tipo, una serie de obligaciones para las partes, especialmente para los comodatarios.

Aduce que el contrato de comodato no tiene la calidad de precario de conformidad a los arts. 2194 y 2195 del Código Civil, pues ninguna de sus cláusulas establece que el comodante se reserva la facultad de pedir la restitución de la cosa prestada en cualquier tiempo, no reuniéndose tampoco los supuestos del segundo de los preceptos citados.

Añade que dicho contrato se celebró entre la Intendencia Regional y los comodatarios, sin que del cuerpo del mismo ni de otro documento convencional se pueda desprender que se entrega o encarga la administración del contrato a una entidad privada o a una o más personas naturales. Cualquier asignación o delegación posterior, realizada por vía administrativa, no puede ser oponible a los vecinos que habitan el Barrio Transitorio.

Relata que la Gobernadora Provincial indica que la actual administradora del funcionamiento del Barrio Transitorio es la Fundación Recrea, aparentemente ligada a don nombre reservado, entidad que no aparece mencionada en ninguna cláusula del contrato referido y que tuvo sólo una actuación previa a la ocupación de las viviendas por parte de los comodatarios.

Alega que en el caso de doña nombre reservado, ésta recibió en el mes de junio de 2018 de parte de doña nombre reservado, dirigente del Barrio Transitorio nombre reservado, y de don nombre reservado (S.J.), nombre reservado, una carta titulada anulación de comodato Barrio Transitorio nombre reservado, en que se le informa que su contrato ha sido anulado, que se ha informado a la autoridad correspondiente y que la vivienda entregada en virtud del contrato de comodato debe ser restituida.

Arguye que dicha carta es un antecedente que emplea la Gobernación Provincial para disponer la restitución administrativa y pone en evidencia la forma ilegal cómo se regula la convivencia al interior del denominado Barrio transitorio, en que “entrega o delega” la facultad para decidir quién debe permanecer o ser expulsado del mismo a dos personas que no detentan ninguna función pública y que se atribuyen la prerrogativa de declarar la anulación de un contrato de comodato por supuestos incumplimientos, cuya ocurrencia no puede ser verificada.

Detalla que las personas afectadas por la Resolución Exenta N° 81 y que corresponden al Módulo de Vivienda N° 139 son: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado. Todos domiciliados en domicilio reservado.

Por su parte, las personas afectadas por la Resolución Exenta N° 80 y que corresponden al Módulo de Vivienda N° 130 son: nombre reservado y nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

En cuanto a las normas menciona que el artículo 4 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, dispone que:

“El Gobernador ejercerá las atribuciones que menciona este artículo informando al intendente de las acciones que ejecute en el ejercicio de ellas.

El gobernador tendrá todas las atribuciones que el intendente le delegue y, además, las siguientes que esta ley le confiere directamente:

[...] d) Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley, [...] h) Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público. En uso de esta facultad, el gobernador velará por el respeto al uso a que están destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda.”

Por otra parte, el Decreto Ley N° 1939, de 1976, que fija Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, en su artículo 19, inciso segundo, previene:

“Los bienes raíces del Estado no podrán ser ocupados si no mediare una autorización, concesión o contrato originado en conformidad a esta ley o de otras disposiciones legales especiales.

[...] Todo ocupante de bienes raíces fiscales que no acreditare, a requerimiento de la Dirección, poseer alguna de las calidades indicadas en el inciso anterior, será reputado ocupante ilegal, contra el cual se podrá ejercer las acciones posesorias establecidas en el Título IV del Libro II del Código de Procedimiento Civil, sin que rija para el Fisco lo establecido en el número 1 del artículo 551, del citado Código”.

El Código Civil establece en el art. 1545 que “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.”

A su vez, el art. 2174 del mismo Código dispone que:

“El comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso.

Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa.”

Por su parte, los artículos 2194 y 2195 del Código Civil preceptúan que:

“Art. 2194: El comodato toma el título de precario si el comodante se reserva la facultad de pedir la restitución de la cosa prestada en cualquier tiempo.

Art. 2195. Se entiende precario cuando no se presta la cosa para un servicio particular ni se fija tiempo para su restitución. Constituye también precario la tenencia de una cosa ajena, sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño.”

Finalmente, el art. 680 del Código de Procedimiento Civil explícita que se aplicará el procedimiento sumario:

“6o. A los juicios sobre [...] comodato precario;”

Colige de las normas citadas que la autoridad provincial carece de facultades para disponer, como lo hizo, el desalojo administrativo de los comodatarios afectados por las resoluciones arribas indicadas.

Menciona que el artículo 19 del Decreto Ley N° 1939 de 1976, expresa que los ocupantes de bienes fiscales que no acrediten autorización, concesión o contrato serán reputados ocupantes ilegales, contra los cuales se podrá ejercer las acciones posesorias establecidas en el Título IV del Libro II del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de las ordinarias respectivas.

Cuestiona que la autoridad se atribuya la facultad de desalojar administrativamente a ocupantes ilegales de bienes fiscales, resulta absolutamente ilegal y arbitraria una resolución de una Gobernadora Provincial que dispone la restitución administrativa de viviendas entregadas en virtud de comodato, pues en este caso dicho contrato transformó a las personas afectadas por las resoluciones impugnadas en ocupantes legales. En este caso, como lo han señalado diversas sentencias de tribunales superiores, se deben incoar las acciones judiciales correspondientes ante el tribunal competente, a fin de que se pueda permitir el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa técnica.

En efecto, del artículo 19 del Decreto Ley 1939 se desprende que si una persona ocupa un bien fiscal mediando autorización o contrato, como en este caso, no puede ser reputado ocupante ilegal, no siendo procedente la interposición de acciones posesorias. A fortiori, mucho menos puede sostenerse que cabría el ejercicio de facultades administrativas para obtener la restitución de los inmuebles entregados en comodato.

Como en el presente caso no estamos en presencia de un comodato precario, el comodante (Intendencia Regional) es el único que puede iniciar las acciones judiciales ordinarias para que se acrediten los supuestos que producirían el término del contrato de comodato. Ninguna otra autoridad, entidad o persona tiene la legitimación activa para hacerlo, ni mucho menos para dictar una resolución que disponga el término, extinción, resolución o anulación del contrato, pues de obrar de esta forma implicaría la vulneración al derecho a un juez natural, sin perjuicio de la afectación de otros derechos y garantías.

Estima vulneradas y/o amenazadas por la autoridad administrativa sus derechos y garantías constitucionales consagrados en el artículo 19 N° 3 inciso quinto, 4, 5 y 24 de la Constitución.

Argumenta que la decisión de resolver la situación planteada sin interponer las acciones legales (en este caso, acciones ordinarias), implica una adjudicación para sí de facultades jurisdiccionales de las que carece, pretendiendo hacer justicia por propia mano.

Complementa que la resolución cuestionada al autorizar el auxilio de la fuerza pública pone a los comodatarios y sus familias en peligro de verse afectados en sus derechos a la vida familiar y privada, toda vez que si no prestan su acuerdo a la ejecución de la medida sus casas serán objeto de la intrusión forzosa de carabineros y otros agentes del Estado. Lo anterior supondrá una amenaza, perturbación o vulneración de toda la vida familiar y privada, pues se afectarán las condiciones de vida de las personas que integran cada grupo familiar, especialmente niños y ancianos, en relación con los cuales el Estado tiene un especial deber de garantizar sus derechos.

Por otra parte, el desalojo forzoso supondrá el ingreso de agentes del Estado a los hogares de los pobladores afectados por la resolución de desalojo. A nuestro juicio, no existe ninguna norma legal que habilite a la autoridad provincial para decretar el ingreso a los hogares de las personas afectadas por las resoluciones impugnadas.

La norma que habilita para exigir la restitución administrativa, no puede interpretarse extensivamente, por tratarse de una norma de garantía de derechos fundamentales, hasta el punto de hacerla decir que permite el allanamiento de una morada. Por el contrario, la exigencia de restitución debe interpretarse restrictivamente, sin que pueda leerse más de lo que expresamente establece. En consecuencia, la norma legal (art. 4 de la Ley N° 19.175) no señala la forma ni los casos requeridos por la norma constitucional.

Concluye que en el caso sublite los comodatarios incorporaron a su patrimonio las facultades y derechos que les otorga el contrato de comodato celebrado, por lo que las resoluciones administrativas lesionan gravemente el ejercicio de esas facultades, sin que exista resolución judicial que haya producido su expiración.

Solicita dejar sin efecto las resoluciones exentas N° 80 y 81 de 5 de febrero de 2019, dictada por la Gobernadora Provincial indicada, con costas.

SEGUNDO: Que nombre reservado, Administradora Pública, en su calidad de Gobernadora Provincial de Antofagasta, con domicilio en domicilio reservado (domicilio reservado) Piso, informa al tenor del presente recurso.

Sostiene que el recurso debe ser declarado inadmisible por carecer de los fundamentos de hecho y de derecho válidos para ello.

Expone que de acuerdo a lo solicitado por el Director Regional Subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanismo - SERVIU - Región de Antofagasta, Don nombre reservado, mediante Oficio ORD. N° 0174, de fecha 16 de Enero del año 2019, se le requirió en calidad de Gobernadora Provincial de Antofagasta, la restitución administrativa de los lotes fiscales ubicados en esta ciudad, Barrio transitorio nombre reservado, de calle Pirita con Los Topacios, sector La Chimba, compuestos por familias de campamentos, por tratarse de ocupantes irregulares, que habitan las casas signadas con los números 130 y 139, quienes no se encuentran dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto Supremo 49, que regula los procesos de postulación al subsidio habitacional, requisito principal para la postulación y para la permanencia en el denominado barrio transitorio.

De esta manera, dictó las Resoluciones Exentas N° 80 y 81, ambas de fecha 05 de febrero de 2019, de esa Gobernación Provincial, en la cual se resuelve requerir el desalojo administrativo a los ocupantes de los referidos sitios fiscales, todos ocupantes ilegales de propiedades del Fisco, conjuntamente con todos sus ocupantes y cualquiera tercera persona extraña que pudiese estar ocupando indebidamente el bien inmueble, por carecer de derecho alguno para tal beneficio, hechos que constituyen una ocupación irregular de propiedad raíz fiscal, lo que justifica impetrar las acciones que correspondan en derecho y resguardo de los intereses superiores del Estado.

Señala que se solicitó el desalojo de don nombre reservado, de nacionalidad boliviana, RUT N° RUT reservado, junto a su grupo familiar, y de doña nombre reservado, chilena, RUT N° RUT reservado, junto a su grupo familiar.

Agrega que en la mencionada resolución administrativa se indica que dichas restituciones deben ser efectuadas en forma inmediata, acto seguido de realizados los respectivos actos de notificación por parte de Carabineros de Chile - Prefectura Antofagasta.

Añade que se procedió a notificar de la presente resolución por parte de Carabineros de Chile - Prefectura Antofagasta, y por parte de sus propios funcionarios de la Unidad de Seguridad Pública, a los dos grupos de familia que habitan el sector territorial cuyo desalojo administrativo se requiere, denominado barrio transitorio.

Relata la historia del denominado barrio Transitorio, en el marco del plan de Superación de Campamentos. Situación que ha sido abordada por un trabajo en conjunto del Gobierno Regional, la Intendencia y Gobernación de Antofagasta, la Subsecretaría del Interior y demás órganos regionales relacionados, implementado desde el año 2015 una coordinación especial denominada “Plan de Superación de Campamentos”, el cual tiene por objeto contribuir a superar esta realidad, mediante la aplicación de una estrategia integral que contemple la valoración, desarrollo y promoción de las capacidades de quienes los habitan, y la ejecución de un plan especial de soluciones habitacionales definitivas y transitorias, con sus acciones complementarias, especialmente la articulación de soluciones con la colaboración de la comunidad organizada.

De esta manera, dentro de las soluciones transitorias para los habitantes de zonas de riesgo de Antofagasta, se encuentra aquella denominada Barrios de Transición o Transitorios, que corresponden a un espacio territorial regulado destinado a viviendas transitorias, de emergencia o de uso familiar con acceso a servicios y dotados de una organización para el pago de los consumos de servicios básicos, gastos comunes y el cumplimiento de un reglamento interno de convivencia.

Los barrios transitorios consisten en un espacio territorial regulado, constituido por viviendas transitorias, de emergencia o mediaguas de uso familiar y espacios comunitarios, con acceso a servicios y dotados de una organización básica, bajo la figura de un contrato, el cual regula el préstamo de uso de la vivienda y su plazo, el pago de los consumos de servicios básicos, gastos comunes y cumplimiento de un reglamento interno de convivencia, destinado a las familias de campamentos que se encuentran en riesgo por vivir en zona de franja de servidumbres de torres de alta tensión, de infraestructura sanitaria o en zonas de alto riesgo aluvional.

Refiere que las familias que forman parte del barrio transitorio, están destinadas a ser beneficiarias del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el D.S. N° 49 (V. y U) de 2011, programa que tiene por objeto promover el acceso de las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, a una solución habitacional a través de un subsidio otorgado por el Estado.

Añade que las familias que postulan a través del Programa Campamentos y que forman parte de los barrios transitorios, pasan a formar parte integrante de los proyectos habitacionales que se destinan a las familias que postulan bajo el sistema regular de postulación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por lo tanto, por el carácter de excepcionalidad en el que postulan al programa habitacional descrito, deben sujetarse a las directrices que ha impartido el Servicio de Vivienda y Urbanismo y cuyo propósito es mantener precisamente este sistema de coordinación y de comunidad organizada.

Aduce que los desalojados administrativamente don nombre reservado, boliviano, y doña nombre reservado, chilena, y sus respectivas familias, no han dado cumplimiento - tal como se ha indicado previamente y lo señalado por el Director Regional Subrogante del SERVIU Región Antofagasta, a los requisitos establecidos en el Decreto Supremo 49, que regula los procesos de postulación al subsidio habitacional, requisito principal para la postulación y para la permanencia en el denominado barrio transitorio, ante lo cual se hace necesario la restitución de los inmuebles, para darle oportunidad a otras familias que estén dispuestas a cumplir con las exigencias para obtener su vivienda propia.

Detalla que se adquirieron diversos compromisos con las familias del barrio transitorio, mediante la celebración de un reglamento comunitario y la suscripción de un contrato de comodato con el Gobierno Regional, que establece expresamente las condiciones de habitabilidad en el mismo, para una futura postulación a los proyectos habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

El reglamento comunitario es estricto en señalar, las normas de convivencia que existen en el lugar, a saber:

1. Limpieza al campamento todos los sábados.

2. No vender alcohol.

3. Tener tolerancia al conversar.

4. No hacer fuego dentro del campamento.

5. Cerrar el portón a las 22:00 hrs. De lunes a viernes, sábados y domingo a las 23:00 hrs.

6. Tener buena convivencia entre los vecinos.

7. Respetar el volumen moderado de la música y en un horario prudente.

8. No vender drogas.

9. Ser respetuoso con la comunidad.

10. Cooperar con los encargados de pasajes.

11. Trabajar en conjunto para hermoseamiento del entorno.

12. Hacerse cargo de sus mascotas.

13. No arrendar.

14. No al maltrato a los niños.

15. No a la violencia intrafamiliar.

Abunda en que el contrato de comodato suscrito con cada una de las familias - los cuales respecto a la familias demandadas fueron dejados sin efecto- expresamente establece la condición resolutoria del mismo de mantener el beneficiario una situación migratoria regular, adquirir una nueva propiedad, no mantener un subsidio, no ser hábil o habilitable para postular conforme a los requisitos ya señalados por el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda y, finalmente, de no cumplir con el reglamento de barrio transitorio previamente descrito, situación que han vulnerado los recurrentes, según se informó mediante oficio ordinario N° 174 de fecha 19 de enero de 2019.

Plantea que se ha desarrollado por la Gobernación Provincial de Antofagasta un proyecto de mitigación de riesgo, denominado “Apoyo en la relocalización para familias de Campamentos Antofagasta y mejoramiento de condiciones sanitarias de habitabilidad”, cuyo objetivo consiste en aportar a las familias en el apoyo en el proceso de identificación y traslado, entrega de material en el mejoramiento sanitario de las condiciones de habitabilidad y la construcción del alumbrado público y conexiones domiciliarias. Para tal efecto, en una primera etapa se trasladaron aproximadamente 110 familias, quienes se encontraban en los sitios de mayor riesgo personal cuya perturbación y amenaza se produce directamente a la vida humana en lo que dice relación a la integridad corporal que constituye un valor supremo, tal como lo definió la Corte de Apelaciones, en su sentencia ROL Causa N° 279-2017.

En consecuencia, el actuar del Gobierno de Chile, a través del acto legal y no arbitrario ni ausente de fundamento que ha pretendido impugnar la presente acción constitucional, elaborado por la Gobernación Provincial de Antofagasta, pretende continuar con el proceso de traslado voluntario, que es de público conocimiento y que ha sido profusamente cubierto por los medios de comunicación social.

Este proceso ha contado desde el inicio con la voluntad de las familias a trasladar, comprendiendo a cabalidad las razones del cambio y dándoles garantías suficientes para su pleno desarrollo en el Barrio de Transición de la Chimba, mediante un contrato de comodato suscrito entre las familias afectadas y el Sr. Intendente Regional, en el que se les entrega una casa transitoria (plazo máximo 5 años) para que salgan del riesgo hasta que el Estado entregue las viviendas dignas, accesibles y definitivas como consecuencia de la construcción de las mismas, según la pertenencia al Comité de Vivienda Serviu al que todos/as pertenecen.

En definitiva esta autoridad provincial estima que el recurso de protección interpuesto por la Corporación es improcedente en la forma y en el fondo, dado el comportamiento de los desalojados, ya individualizados.

Refiere que sus atribuciones en calidad de Gobernadora Provincial, emanan originalmente de lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley N° 22, del año 1959, artículo 26, letras E) y F), y artículos 33 y 34, modificado por la Ley N° 3.457 del año 1980;

Asimismo, debe tenerse presente lo dispuesto en la Ley N° 19.175, del año 1992, Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, artículo 4o, letra H), el cual expresa:

“El gobernador ejercerá las atribuciones que menciona este artículo informando al intendente de las acciones que ejecute en el ejercicio de ellas.

El gobernador, tendrá todas las atribuciones que el intendente le delegue y, además, las siguientes que esta ley le confiere directamente:

h) Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público. En uso de esta facultad, el gobernador velará por el respeto al uso a que están destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda.”

A mayor abundamiento, la letra D) del mencionado precepto legal, indica la facultad del Sr. Gobernador Provincial de requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley.

Concluye que no ha existido ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de esa autoridad al dictar las resoluciones administrativas exentas recurridas, ni menos que su accionar u omisión sea arbitraria o ilegal que importe un impedimento para el desalojo de los pobladores, al contrario ha sido basado en principios de humanidad y derechos de las personas, en su dignidad y precariedad social, y un futuro sustentable que los afectados no han asumido con la debida responsabilidad.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que ha quedado acreditado en autos y no ha sido cuestionado por la recurrida que entre los recurrentes y la Intendencia Regional se celebraron contratos de comodato en enero y febrero del año 2018, contratos que se firmaron de acuerdo a las normas contenidas en los artículos 2.174 y siguientes del Código Civil, contratos que se encuentran actualmente vigentes no existiendo en autos ningún antecedente del ejercicio de acciones legales ejercidas, que pongan término a los contratos, ante los tribunales de justicia por parte de los contratantes.

SEXTO: Que de acuerdo al artículo 2174 del Código Civil el comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso.

SÉPTIMO: Que en base a los considerandos anteriores, y encontrándose actualmente vigente los contratos de comodatos ya indicados, la tenencia de los módulos de vivienda por parte de los recurrentes corresponde a una ocupación de carácter legítima por parte de las familias respectivas, no existiendo una ocupación ilegal como lo afirma la recurrida.

Así las cosas las Resoluciones Exentas N°s. 80 y 81 ambas de fecha 5 de febrero de 2019, emanadas de la Gobernación Provincial de Antofagasta, por las cuales se ordena la restitución administrativa constituyen un acto arbitrario contrario a derecho que no encuentra sustento legal ni constitucional, por lo que debe ponerse remedio a través de esta vía constitucional acogiendo el presente recurso de protección.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Ignacio Barrientos Pardo en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de la Gobernadora Provincial de Antofagasta, doña nombre reservado, debiendo dejarse sin efecto las Resoluciones Exentas N°s. 80 y 81, ambas de fecha 5 de febrero de 2019, emanadas de la Gobernación Provincial de Antofagasta, por las cuales se ordena la restitución administrativa del sitio N° 130 y del sitio N° 139, ambos ubicados en el Barrio Transitorio del Campamento nombre reservado del sector de La Chimba de esta ciudad.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1018-2019 (PROTECCIÓN)

Redacción del Abogado Integrante señor Fernando Orellana Torres.-