nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIORY SEGURIDAD PÚBLICA

Antofagasta, a doce de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de Claudio Quiroga Hinojosa abogado, con domicilio en domicilio reservado, actuando en representación de don nombre reservado, de nacionalidad boliviana, cédula nacional de identidad para extranjeros N°RUT reservado, de su mismo domicilio, quien interpuso recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando que el recurrido sin más demora otorgue al actor el acto terminal que resuelve su solicitud migratoria de nacionalización, o que la recurrida se pronuncie sobre el estado de la tramitación de dicha solicitud; o las medidas que se considere más pertinentes.

Se solicitó informe al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que fue evacuado, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Informó el Servicio Nacional de Migraciones, pidiendo el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se indica en el recurso que el recurrente, está residiendo en Chile con permanencia definitiva otorgada hace más de cuatro años y con trabajo estable en la empresa TESRA S.A.”, por lo que su permanencia no ha implicado un gasto económico para el Estado, además mantiene estudios superiores en el país.

Refiere que el actor el 21 de junio del 2022 realizó la solicitud de Nacionalización, cumpliendo con los requisitos de forma y fondo, siendo esta consignada bajo el código 49006299 para culminar con su proceso migratorio en nuestro país y consolidar su participación en la comunidad nacional, ya que ha residido más de 5 años de manera regular y continua con una residencia definitiva.

Indica que, en relación con esa solicitud, se le solicitó el 27 de septiembre de 2022 subsanar documentos que acrediten su actividad económica, cumpliendo con dicha tarea en tiempo y forma, no obstante, habiendo transcurrido más de dos años no ha sido citado a la entrevista que realiza la Policía de Investigaciones, a pesar de haber transcurrido más del plazo legal dispuesto en la normativa migratoria.

Expresa que el recurrido ha mantenido al recurrente en total desconocimiento de los motivos que justifican la demora en la tramitación de su solicitud, ya que ha cumplido con todos los requerimientos de la autoridad migratoria.

Explica que se presume que el recurrente se encuentra en la etapa de análisis de su solicitud de nacionalidad, o que dicha solicitud se encuentra archivada, sin embargo, la plataforma del Servicio Nacional de Migraciones no ofrece una opción para consultar el estado del trámite, a diferencia de las solicitudes de residencia temporal y definitiva, lo que impide al solicitante conocer con certeza y actualidad el estado de su solicitud, en contravención con el artículo 7 del Reglamento de Migración, que establece la obligación de contar con canales de información accesibles, veraces y descentralizados, incluyendo las plataformas electrónicas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Servicio Nacional de Migraciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de embajadas y Consulados chilenos en el exterior, lo que en definitiva, se configura una vulneración al principio de igualdad ante la ley, al ejercer un tratamiento desigual y discriminatorio sobre el recurrente en este caso en particular, al mantenerlo en la inseguridad y desinformación constante acerca de la tramitación de su solicitud, añadiendo que pese que el actor ha demostrado diligencia y responsabilidad en la tramitación de su solicitud de nacionalización, presentando con fecha el 30 de diciembre de 2024 envía un requerimiento administrativo ante el Servicio Nacional de Migraciones, en el portal web habilitado por la recurrida señalando la demora e incertidumbre en la que este servicio público le mantiene y solicitando información sobre el estado de su solicitud, pero ese recurso tampoco ha sido respondido por la recurrida, a pesar de haberse tramitado conforme a la legislación aplicable y de esa manera ha transcurrido más dos años desde que la recurrida tenía el plazo establecido por ley para dictar una resolución sobre la solicitud de nacionalidad del recurrente, sin que se haya producido ninguna novedad o avance en la tramitación de la solicitud, por lo que, los inconvenientes generados por esa demora incluyen la imposibilidad de acceder a beneficios disponibles para los nacionales chilenos, como mejorar la empleabilidad, abrir una empresa de manera expedita, y participar en procesos electorales y cargos públicos. Añadiendo que el permitir obtener el pasaporte chileno, ofrece ventajas significativas como el ingreso a 174 países sin necesidad de visa, situándose entre los pasaportes más ventajosos del mundo, además, ser nacional permite adquirir plenos derechos ante las leyes chilenas, reconociendo la doble nacionalidad del solicitante y muchos otros beneficios de los que el recurrente se ha visto impedido de manera forzosa debido a este proceso dilatado. El Servicio Nacional de Migraciones, como sucesor legal del Departamento de Extranjería y Migraciones, y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ha omitido la resolución de la solicitud de nacionalización del recurrente sin mayor justificación.

Afirma que el Servicio Nacional de Migraciones ejerce, mediante una omisión, una discriminación arbitraria e ilegal en la tramitación de la solicitud de nacionalización, en relación con otros interesados quienes han obtenido respuesta oportuna.

Seguidamente se refirió al trámite de nacionalización citando el Art. 10 N°3 de la Constitución Política de La República, señalando que la nacionalización se materializa en un Decreto Exento firmado por el Ministerio del Interior por orden del Presidente de la República, refiriéndose a otras normas sobre la materia, entre ellas al artículo 85 de la Ley N°21.325, reiterando que es un hecho notorio que el recurrente cumple con todos los requisitos de la acción constitucional y de acuerdo con los documentos que se aportarán, porque cumple con los años de residencia en el país y si bien es cierto no es obligatorio para la autoridad acceder a las solicitudes de Nacionalización presentadas, en caso de rechazarlas debe fundamentar esas decisiones de conformidad con la normativa aplicable y a los antecedentes aportados por el recurrente, pues esta discrecionalidad se encuentra reglada.

Luego se refirió al “silencio administrativo positivo”, pues habiendo transcurrido el plazo razonable para dar respuesta a la solicitud, no habiendo ocurrido ello, habiendo solicitado la entrega de información a través de SIAC, no habiendo tenido acto terminal la solicitud administrativa, opera el Silencio Administrativo Positivo, sólo restando que la recurrida emita la resolución que acoge la solicitud para que se restablezca el imperio del derecho, reiterando que han transcurrido más de 2 años para el actor perjudicando su vida y vulnerando sus derechos fundamentales por la recurrida para restablecer el imperio del derecho frente a la omisión ilegal y arbitraria que vulnera el derecho de igualdad ante la ley, máxime cuando la omisión es generada por la misma administración en detrimento del recurrente y por la cautela y los derechos que tutela la acción constitucional incoada, añadiendo que el Servicio Nacional de Migraciones, como continuador legal del Departamento de Extranjería y Migraciones, debe ceñirse en su actuación a los principios de celeridad, inexcusabilidad, conclusivo, contrariedad, y economía procedimental, destacando asimismo el contenido de los artículos 17 a), 41, 27, 16 y 11 de la Ley 19.880.

Posteriormente aludió a las garantías vulneradas, destacando el artículo 19 numeral 2, de la Constitución Política, enfatizando que el recurrente no puede optar a la totalidad de beneficios a los cuales los nacionales chilenos pueden elegir, los que detalla, añadiendo que la omisión en la dictación de un pronunciamiento respecto de la solicitud por parte de la recurrida genera una privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de un derecho fundamental como lo es la igualdad ante la ley y el debido proceso.

Termina solicitando que el recurrido sin más demora le otorgue al recurrente el acto terminal que resuelve su solicitud migratoria de nacionalización; o que la recurrida se pronuncie sobre el estado de la tramitación de dicha solicitud; o las medidas que se estimen pertinentes.

SEGUNDO: Que informó el abogado Alejandro Santana Castillo, en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pidiendo el rechazo de la acción, con costas.

Señala que el otorgamiento de cartas de nacionalización a personas extranjeras se efectúa por decreto expedido con la sola firma de la autoridad superior de ese Ministerio, a través del ejercicio de una facultad expresamente contemplada en la ley, conforme lo dispuesto en los artículos 84 de la ley N°21.325; 1° y 2° del decreto supremo N°5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior; y 1, apartado IV, N°4, de la ley N°16.436, en virtud de los cuales se otorga al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la facultad de conceder cartas de nacionalización, deponiéndola en términos potenciales, al indicarse “podrá” otorgarse esta concesión a quienes cumplan los requisitos allí señalados. Añade que el artículo 157 N°8, de la ley N°21.325, dispone que corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su posterior resolución por parte de ese Ministerio, lo que implica que es dicho Servicio quien recibe tales solicitudes, para revisar su admisibilidad, tramitarlas y ordenar su pago -aspecto último que se desprende de lo dispuesto en el artículo 12 del decreto supremo N°5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior, en concordancia con lo establecido en el artículo 178 de la ley N°21.325-, para luego proponer su resolución a la autoridad superior de ese Ministerio, la cual concederá o rechazará la petición a través de la dictación del respectivo decreto exento.

Expresa que la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización de la parte recurrente está actualmente en tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, lo cual, es una etapa previa a la entrega de los antecedentes a esa Cartera de Estado para su posterior resolución.

Afirma que la acción de protección de autos no solo debe ser rechazada totalmente, sino que, además, procede la expresa condena en costas para la parte recurrente, por cuanto, en el fondo, no existen motivos plausibles para litigar, ya que las solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización son sometidas a un exhaustivo análisis, lo cual, en ocasiones, significa una tramitación más extensa que la esperada por las personas que las realizan, análisis plenamente justificado, dada la importancia, tanto jurídica como práctica, que implica otorgar una carta de nacionalización a una persona extranjera; y asimismo, las solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización constituyen un ejercicio del derecho a petición consagrado en el artículo 19 N°14, de la Constitución Política de la República, lo que implica que son requerimientos de interés privado que se efectúan a la autoridad competente, quien no se encuentra obligada a aceptarlos, sino que únicamente accederá a ellos siempre que se cumplan los requisitos y estándares que, al respecto, se han establecido para tales fines, de acuerdo con sus procesos de revisión y ponderación internos, añadiendo que solo entre enero y marzo de 2024 se han presentado -en promedio- 3.400 solicitudes mensuales de otorgamiento de cartas de nacionalización.

Indica que cabe desechar de plano cualquier alegación que pretenda calificar como arbitraria la no dictación de un acto administrativo terminal respecto de la solicitud de la parte recurrente, toda vez aquello no es producto de un mero capricho, sino de la verificación de un procedimiento reglado, cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años; además, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia tanto de la Excma. Corte Suprema como de la Contraloría General de la República, el plazo máximo de 6 meses que el artículo 27 de la ley N°19.880 establece para todo procedimiento administrativo no constituye un plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica la caducidad ni invalidación del acto respectivo, conforme la jurisprudencia que cita.

Señala que incluso cuando se pudiese considerar que se está ante una omisión arbitraria o ilegal en el caso concreto, corresponde recordar que las hipótesis normativas de procedencia de la acción de protección se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y es la recurrente quien no solo debe probar la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, sino, además, que aquello le significa una privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos o garantías a que se refiere el referido artículo, para efectos de que su acción de protección sea admisible y, eventualmente, acogida, por lo que es manifiestamente improcedente que la parte recurrente considere que el solo hecho de que su solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización no se encuentre resuelta es, por sí mismo, una circunstancia que implica una vulneración de derechos fundamentales y por lo demás, el solo hecho de solicitar el otorgamiento de carta de nacionalización significa que la persona extranjera se encuentra en situación migratoria regular, sin órdenes de abandono o expulsiones pendientes, y con permanencia definitiva vigente en nuestro país, lo que se traduce en que puede ejercer sus derechos sin limitación alguna, siendo improcedente afirmar que una eventual demora en la tramitación de su solicitud sea lesiva de derechos, razonamiento que ha sido confirmado por la Excma. Corte Suprema en numerosas sentencias.

Hace presente que el acoger acciones de protección como la de la especie, implica una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, al poner en una situación favorable a la parte recurrente sin que exista una razón aparente que la justifique, en desmedro de las personas extranjeras que efectúan sus solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización por la vía regular, sin activar mecanismos judiciales, e incluso con una fecha anterior a la parte recurrente, y que aún no cuentan con una respuesta de tal solicitud, no procediendo instrumentalizar un requerimiento de otorgamiento de carta de nacionalización mediante una acción de protección, al corresponder su otorgamiento única y exclusivamente al Presidente de la República, por medio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, razonamiento que, asimismo, ha sido confirmado por la Excma. Corte Suprema, en las sentencias que indica.

Termina solicitando el rechazo de la acción de protección de autos, con costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

TERCERO: Que informó el abogado don Antonio Henríquez Beltrán, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción y de la condena en costas, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que pueda vulnerar los derechos invocados por la recurrente.

Refiere que con fecha 21 de junio de 2022, el recurrente solicitó ante esa autoridad, mediante la plataforma web de trámites de este Servicio, carta de nacionalización, mediante la solicitud ID N°49006299, la que se encuentra en etapa “Policía de Investigaciones”.

Explica que el recurrente cuenta con un permiso de permanencia definitiva actualmente vigente, por lo que mantiene situación migratoria regular en el país, razón por la que la situación de pendencia de su solicitud de carta de nacionalización no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, como tampoco al ejercicio de alguna de sus garantías fundamentales.

Hace presente que la carta nacionalización es, por su naturaleza jurídica, una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por una gracia, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente en la materia, añadiendo que la concesión de la carta de nacionalización chilena a ciudadanos extranjeros se encuentra regulada por normas de rango Constitucional, legal y reglamentario, destacando el contenido del artículo 10 de la Constitución Política, en relación con el Decreto 5.142 el artículo 5 del Decreto 5142 de 29 de octubre de 1960 del Ministerio del Interior.

Seguidamente se refirió al procedimiento citando el artículo 31 de la Ley 19.880 e indicando que es posible deducir que el órgano administrativo competente debe evaluar las peticiones formuladas en la solicitud, contrastando los documentos que se acompañan con las circunstancias descritas por la parte interesada, para determinar la procedencia de requerir antecedentes adicionales o bien dar inicio a la tramitación del procedimiento administrativo, sin más trámite, por lo que su parte entiende que no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de protección, pues el Servicio actúa dentro del ámbito de sus facultades, consta en el expediente la etapa del procedimiento que “Ratifica Autoridad”, en concreto es el envío del oficio pertinente al Subsecretario del interior, por lo que el transcurso del tiempo respecto a la decisión final del procedimiento no depende de ese Servicio.

Afirma que su parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, entendiendo que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República, y no existe por tanto perturbación alguna a los derechos del extranjero, toda vez que la solicitud del recurrente se encuentra actualmente en tramitación y su situación migratoria es regular.

Termina solicitando el rechazo en todas sus partes del recurso interpuesto, por no existir de parte del Servicio Nacional de Migraciones acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos enumerados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, pidiendo, asimismo, el rechazo de la condena en costas.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en no emitir pronunciamiento sobre la solicitud de Carta de Nacionalización del recurrente, presentada con fecha 21 de junio de 2022.

SÉPTIMO: Que el artículo 1° del D.S. N°5.142 de 1960 dispone: “La nacionalización se otorgará por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministro del Interior”. A turno, el artículo 2° del D.S. precitado establece los requisitos para que a los extranjeros se les pueda otorgar carta de nacionalización, mientras que su artículo 4° precisa la forma en que dicha solicitud debe ser presentada.

Por su parte los artículos 5° y 6° del D.S. N°5.142 establecen la obligación de la elaboración de un informe por parte de la Policía de Investigaciones y el plazo en que dicho informe debe ser evacuado y remitido a la Dirección General de Investigaciones, para que ésta remita los antecedentes al Ministerio del Interior.

OCTAVO: Que si bien la autoridad migratoria recurrida, debe analizar los antecedentes para luego remitir el informe respectivo al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no debe perderse de vista que, en la especie, ha transcurrido un plazo excesivo desde la presentación de la solicitud de carta de nacionalización.

NOVENO: Que a la luz de lo dispuesto en la Ley N°19.880 resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, según el cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión; principio que por lo demás debe relacionarse con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8 del mismo cuerpo legal, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

DÉCIMO: Que la circunstancia ya referida evidencia el incumplimiento de los principios citados en el motivo que antecedente, conculcando la garantía constitucional esgrimida en el recurso, razón por la que éste será acogido en los términos que se indicarán en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Claudio Quiroga Hinojosa, en representación de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se ordena que dentro del plazo de sesenta días corridos desde la dictación de la sentencia, la autoridad migratoria señalada, deberá remitir al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el informe correspondiente, con el objeto que dicha autoridad se pronuncie sobre la petición de carta de nacionalización de la recurrente.

Regístrese y comuníquese.

Rol 101-2025 (PROTECCIÓN)