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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 10047-202110 nov 2021

SINDICATO N°1 INGEPROMIN DE TOCOPILLA con INGEPROMIN S.A.

Fecha
10 de noviembre de 2021
Corte
Corte de Apelaciones de Antofagasta
Sala
Primera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol N° 10047-2021, sentencia de 10 de noviembre de 2021

Resumen

Se rechaza la protección del sindicato contra el holding por no identificarse al empleador único; la controversia sobre la contraparte debe resolverse en sede laboral, no cautelar.

Texto íntegro

/jvh Antofagasta, a diez de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Humberto Agustín Peralta Araya, abogado, en representación del Sindicato N° 1 de trabajadores Ingepromin Tocopilla, dedujo recurso de protección en contra de; Grace S.A; Compañía minera Mantos de la Luna; Compañía Minera Gatico S.A; Compañía Minera de Tocopilla S.A; Compañía Minera y Metalúrgica Metalmin S.A; Lipesed S.A; Terra Mining Ingeniería SPA; Inmobiliaria Santa Bárbara S.A e Ingeniería, Proyectos y Asesorías Mineras S.A, solicitando identificar a las partes en la etapa de mediación obligatoria del proceso de negociación colectiva, en consideración a la declaración de empleador único, disponiéndose las medidas pertinentes para restablecer el imperio del derecho.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente basa su acción cautelar al plantearse el empleador, mediante la respuesta y las ofertas presentadas, con un identidad que no es la efectiva.

Los recurridos conforman empleador único, conforme a lo sentenciado por el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago en causa Rit O-947-2019. Al efecto, los afiliados del sindicato mantienen contrato de trabajo con su empleador formal, el recurrido Ingepromin S.A., una empresa perteneciente al Holding Minero Mantos de la Luna, grupo económico que explota cobre en la faena del mismo nombre. Ingepromin S.A., desde su constitución como sociedad en el año 2006, informaba a sus trabajadores, a las distintas autoridades y a la comunidad en general, que se trataba de una pequeña empresa contratista, en una permanente crisis económica, siempre sujeta a evaluaciones de las empresas mandantes y con posibilidades permanente de cierre, información que reafirmaba con fuerza, en cada proceso de negociación colectiva. Junto a este discurso, desarrolló con las demás empresas del grupo, una eficaz política de control de la sindicalización, a través de distintas vías, considerando las siempre difíciles oportunidades laborales en la comuna de Tocopilla. Con el pasar del tiempo, los trabajadores fueron descubriendo que la información acerca de su realidad económica y jurídica no era tal. De esta forma, presentó contra todos los recurridos, demanda de declaración de empleador único, en causa RIT O-947-2019, del Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, sentenciándose que todas ellas constituyen empleador único, pudiendo en lo pertinente, negociar colectivamente con todas o con cada una de ellas.

El 29 de junio de 2021, en respuesta al proyecto presentado por el sindicato a todas las empresas declaradas empleador único, afirmaron, contra lo sentenciado y en forma totalmente arbitraria, que solo correspondía negociar colectivamente con el recurrido Ingepromin S.A., presentando, además, un formato de contrato colectivo, que individualizaba únicamente a la recurrida señalada, sin mencionar siquiera a las restantes ocho empresas. Asimismo, El empleador presentó impugnaciones y reclamaciones según disponen los artículos 339 y siguientes del Código del Trabajo. En ella, los recurridos señalan categóricos, que solo procede negociar colectivamente con una empresa, Ingepromin S.A.

Desde el comienzo de la mediación, conforme la sentencia y las resoluciones ya citadas, el funcionario mediador de la Dirección del Trabajo, indicó expresamente en cada acta, que la contraparte de esta organización sindical, son todas las empresas declaradas empleador único. Esto además, se expuso por el sindicato en la tercera audiencia de mediación obligatoria el 12 de agosto de 2021, solicitando a los recurridos que, para efectos de las eventuales nuevas ofertas que podía presentar, era necesario reconocer la correcta individualización de las partes contratantes, ante lo cual, los asesores abogados de los recurridos insistieron en que la única empresa que debía negociar, era INGEPROMIN S.A.

Debido a la insistencia en esa solicitud por el sindicato y a lo expresado por el mediador en dicha audiencia, el empleador señaló que modificaría el texto, sin embargo, el 16 de agosto de 2021, presentó una propuesta que desatendió las instrucciones del mediador, identificado a Ingeniería, Proyectos y Asesorías Mineras S.A. (Ingepromin S.A.), como “la empresa”, para después listar a las demás, en una redacción con clara intención de alterar lo sentenciado y la calidad de empleador único que poseen todas ellas, no modificándose en ningún momento, siendo una constante en diversas ofertas presentadas en proceso de negociación colectiva, por lo que el empleador está diseñado de tal forma, de confundir y ocultar, en forma paulatina y capciosa, un elemento que se encuentra determinado con absoluta claridad, incluso utilizando fórmulas que, en una primera lectura, inducen a error. Tanto en la respuesta del empleador al proyecto de contrato colectivo, como en cada una de las nuevas ofertas efectuadas, el empleador indica a don nombre reservado, representando a Ingepromin S.A., para luego adicionar la frase “por sí y por las empresas”, con el propósito de intentar aparentar que representaría a las demás, de una manera que carece de todo sentido. Esta redacción que no es otra cosa que la determinación natural de las partes, ha sido rechazada en forma categórica y tozudamente por el empleador, que insiste en separar a Ingepromin S.A., de las demás, con un claro desprecio a la razón, a lo sentenciado por los tribunales y la autoridad del trabajo En consecuencia, sostiene como vulnerado lo dispuesto en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que informó la recurrida solicitando el rechazo de la acción promovida.

Alegó la extemporaneidad del recurso ya que consta que la respuesta del empleador a los proyectos de contratos colectivos paralelos presentados por el Sindicato recurrente, ocurrió el día 29 de Junio de 2021. Es decir, más de 90 días antes de la presentación de este recurso de protección, transcurriendo en exceso el plazo fatal de 30 días corridos para interponerlo. Además, la discrepancia en cuanto a la forma en que el empleador ha redactado su respuesta al proyecto de contrato colectivo presentado por el Sindicato, fue materia de objeción de legalidad por la vía administrativa por parte del Sindicato, lo que fue resuelto por el organismo competente, la Inspección Provincial del Trabajo de Tocopilla (IPT) mediante Resoluciones N° 4 y 5, de fechas 21 y 29 de Julio de 2021.

En el fondo, señaló que el Sindicato recurrente no puede pretender invocar y ejercer esta acción cautelar de protección, en vez de la acción declarativa expresamente dispuesta por ley para reclamar por supuestas prácticas desleales en negociación colectiva, o la acción ejecutiva para cumplir el fallo del juicio de multirut, que según la peregrina teoría del recurrente, se ha “evadido”. Por lo que existen procedimientos especiales consagrados al efecto.

Ingepromin aceptó que las nueve empresas estaban envueltas en la negociación colectiva como efecto del multirut, y siempre y en todas las audiencias de negociación colectiva ante la Dirección del Trabajo, se ha señalado que don nombre reservado comparece representando a las nueve empresas.

Enfatizó que la redacción del encabezamiento de los instrumentos sostenidos por el actor, no tiene nada de embustero ni falso. Adicionalmente, el recurrente sostiene que todo el desarrollo del obstáculo generado por el empleador, estaría diseñado, en su concepto, de tal forma de confundir y ocultar en forma paulatina y capciosa, un elemento que se encuentra determinado con absoluta claridad, incluso utilizando fórmulas que en una primera lectura inducirían a error. Además, señaló la recurrente que don nombre reservado, durante años habría prestado servicios para la recurrida Inmobiliaria Santa Bárbara S.A., desconociéndose si en la actualidad es trabajador de Ingepromin, si constituye un representante de esa empresa o de cualquier otra de este grupo económico y si de serlo, el contenido o extensión de la supuesta representación. Así, no puede pretenderse que sea la contraparte negociadora la que escoja -ni menos exija- quien representa a su contraparte, que es lo que exige insólitamente el Sindicato recurrente. Al efecto, ha dado estricto cumplimiento a la normativa vigente y al principio de la buena fe en la negociación – como lo señala el Art. 303 del Código del Trabajo- al designar a don nombre reservado, Jefe Administrativo de Ingepromin, en su comisión negociadora y quien comparece, además, en la respuesta del proyecto de contrato colectivo y en las múltiples nuevas ofertas, representándolas, quien goza de facultades suficientes para llevar a cabo la negociación y conseguir los respectivos acuerdos, disponiendo de facultades decisorias, como consta a la propia organización sindical, pues precisamente nombre reservado ha participado en todas las audiencias a que citó la Inspección Provincial del Trabajo de Tocopilla y otras inspecciones para resolver los reclamos de ilegalidad deducidos por las empresas y por el sindicato. En consecuencia, resulta absurda e ilegal la negativa pertinaz del Sindicato a lo propuesto por las nueve empresas como encabezamiento del contrato colectivo, y en exigir que sea una persona escogida por ellos, el representante de las nueve empresas.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que la recurridas alegó la extemporaneidad de la acción promovida, la que se rechazará, desde que los efectos alegados han perdurado. Con ello, no se condiciona el plazo para su interposición como sostiene la recurrida, en torno a “tener efectos permanentes”, ya que precisamente todo procedimiento, como acontece en la especie, contempla plazos determinados, por lo que los elementos generadores de los efectos pretendidos por quienes participan en ellos necesariamente se agotaran.

SEXTO: Que el Libro IV del Código del Trabajo regula detalladamente los procedimientos de negociación colectiva que son aplicables a las organizaciones sindicales, a saber: (a) el procedimiento forzoso y reglado con el sindicato de empresa (Título IV); (b) el procedimiento voluntario y no reglado con cualquier organización sindical (ar tículo 314); (c) el procedimiento especial del sindicato de trabajadores eventuales o transitorios (Capítulo II del Título V); (d) el procedimiento forzoso y reglado con el sindicato interempresa (Capítulo I del Título V); y (e) el procedimiento voluntario con federaciones y confederaciones (Título X).

SÉPTIMO: Que atento al marco normativo, para acoger la presente acción debe, constatarse el carácter preexistente e indiscutido del derecho afectado, que en este caso específico y como indicó la actora, “ no se trata esta acción de plantear o discutir las pretensiones económicas del sindicato en este proceso; de revisar la verosimilitud de las respuestas del empleador, de analizar los evidentes y múltiples actos contrarios al principio de buena fe - rector de la negociación colectiva - realizados por los recurridos o del claro desacato a lo sentenciado por los tribunales, sino que la interposición de esta acción tiene su fundamento en el hecho objetivo y concreto, de verse afectado el derecho a negociar colectivamente, no como procedimiento, sino como derecho fundamental, al plantearse el empleador, mediante la respuesta y las ofertas presentadas, con un identidad que no es la efectiva”. Puntualizando que “esta acción no tiene como objeto la discusión de las pretensiones sindicales, el sentido de sus cláusulas o incluso, los manifiestos actos de mala fe realizados en diversos otros aspectos del procedimiento por parte del empleador y el claro desacato que tiene lugar, sino que se interpone a fin de lograr el restablecimiento del imperio del derecho, para que los trabajadores en el ejercicio de este derecho fundamental puedan suscribir el instrumento colectivo con quien efectivamente es su contraparte y no, como está ocurriendo, con la imposición ilegal y arbitraria efectuada por el empleador, al intentar evadir una sentencia judicial, las resoluciones de la autoridad del trabajo y la norma laboral”, alegando vulnerado lo dispuesto en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República porque los actos recurridos entorpecen gravemente la libertad sindical, de modo tal que contradicen completamente la declaración de empleador único, dictada por el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, confirmado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago y la Excma. Corte Suprema; lo resuelto por la Dirección del Trabajo, mediante Resolución n°4 y n°5, dictadas en este proceso de negociación colectiva y finalmente, lo dispuesto en el inciso final del artículo 3 del Código del Trabajo.

OCTAVO: Que, del análisis del libelo, el informe de la recurrido y los antecedentes allegados al proceso, se colige que en la especie existe controversia respecto de la correcta inteligencia de la identidad de la contraparte en el desarrollo de la negociación colectiva.

En dicho contexto, sostiene que los recurridos desean eludir lo sentenciado, optando por separar las empresas, indicando a un representante, adicionando la frase “por sí y por las empresas”, con redacciones confusas, que expone, dan muestra del interés de impedir la determinación de la contraparte de este proceso. Por su parte, la recurrida alude a los instrumentos presentados durante la tramitación e indica que las restantes empresas comparecen como único empleador o multirut.

En consecuencia, conforme se desprende de los documentos incorporados- reconocido por la recurrida- aparecen en los borradores de instrumentos colectivos-; Grace S.A., RUT RUT reservado; Compañía Mantos de la Luna S.A., RUT RUT reservado; Compañía Minera Gatico S.A., RUT RUT reservado; Compañía Minera de Tocopilla S.A., R.U.T. RUT reservado; Compañía Minera y Metalúrgica Metalmin S.A., R.U.T. RUT reservado; LIPESED S.A., RUT. RUT reservado; Terra Mining Ingeniería SpA, R.U.T. RUT reservadoe Inmobiliaria Santa Bárbara S. A., R.U.T. RUT reservadoNo avizorándose desde luego vulneración alguna al derecho fundamental que se invoca.

NOVENO: Que además, como se dijo, la presente acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo, y en caso de que se le haya negado o perturbado el derecho a negociar colectivamente, dispone de acciones idóneas al efecto, contenidas en el Título IX del Código del Trabajo. De esta forma, este resguardo solo procede ante vulneración evidente de un derecho fundamental y no cuando se trata de resolver conflictos de interés o dificultades de interpretación en relación con la aplicación de normas legales, contractuales o reglamentarias, como ocurre en la especie.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Humberto Agustín Peralta Araya, en representación del Sindicato N° 1 de trabajadores INGEPROMIN TOCOPILLA, en contra de GRACE S.A; Compañía Minera Gatico S.A.; Compañía Minera de Tocopilla S.A.; Compañía Minera y Metalúrgica Metalmin S.A.; LIPESED S.A.; Terra Mining Ingeniería SpA e Inmobiliaria Santa Bárbara S. A., R.U.T. RUT reservado

Regístrese y comuníquese.

ROL 10047-2021 (PROTECCIÓN)