Protección contra CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

Antofagasta, a trece de julio de dos mil diecisiete.

VISTOS:

nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Población 21 de Mayo, ciudad de Calama, interpone recurso de protección en contra de la CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los numerales 2, 3, 4 y 20 del artículo 19 de la Constitución Política, por el actuar ilegal y arbitrario de las recurridas.

Informó la CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA, representada por su Director Ejecutivo nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, y de manera conjunta las otras recurridas.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el recurso, nombre reservado, sostiene que se desempeña como Director de la Escuela E-20 Nuestra Señora de La Candelaria de Caspana, dependiente de la Corporación de Desarrollo Social de Calama, indicando que fue notificado el día 30 de diciembre del año 2016, de un reclamo presentado ante el Alcalde por parte de cuatro apoderados de la Escuela y una quinta persona ajena al establecimiento. Sobre ello, refiere que habría sido redactado por la docente nombre reservado Linares, quien durante el año 2016, provocó una serie de problemas de convivencia en la comunidad educativa, lo que motivó al recurrente a informar de dicha situación a su jefatura directa. Asimismo, a pesar de responder el reclamo presentado en su contra, no recibió contestación por parte de la autoridad comunal.

Expone como hecho, que el día 6 de marzo del presente año, a la hora de inicio de clases, se llevó a cabo una manifestación a las afueras de la escuela, en la cual 6 alumnos no ingresaron a clases por decisión de sus padres y apoderados, donde solicitaban la salida del Director –hoy recurrente- concurriendo a instancias de éste, el Director Ejecutivo y Jefe del Departamento de Educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, a quienes solicitó se instruyera un sumario administrativo a fin de investigar las acusaciones que pesaban en su contra, que corresponderían a las mismas que reclamaron en el mes de diciembre.

Explica que los apoderados reclamantes fueron atendidos por los directivos de la Corporación, quienes depusieron su manifestación accedieron a la petición de instruir un sumario administrativo, apuntando que se le habría concedido permiso especial con goce de remuneraciones para asistir a la ciudad de Calama, mientras durara el sumario. En dicha oportunidad, los apoderados informaron falsamente a un periódico local, de la destitución del recurrente del cargo de Director, lo que no se ha producido.

Refiere haber sido entrevistado por el Encargado de Convivencia Escolar el día 10 de marzo del presente año, oportunidad en que el recurrente informó con detalle los hechos ocurridos el día 6 de marzo sobre la manifestación de los apoderados de la Escuela E-20, insistiendo en la falsedad de las imputaciones, desconfiando de la forma de proceder por la autoridad como de la legalidad de sus actuaciones, pues a los pocos días, el 14 de marzo del actual, los directivos de la Corporación acudieron nuevamente a la Escuela, para reunirse con los apoderados reclamantes de manera conjunta, sin respetar a su entender, que la declaración prestada en un proceso sumarial debe practicarse individualmente. Al día siguiente, 15 de marzo, fue citado a conversar sobre el resultado de la investigación, sin embargo, no fue recibido por el Director del Departamento sino que se delegó la función de informar al Encargado de Convivencia Escolar, el que en reiteradas oportunidades lo ha citado sin atenderlo, situación que ha significado una afectación personal que lo mantiene haciendo uso de licencia médica, privándolo de información que estima relevante y con ello, se vulneraria el debido proceso al no acceder a los medios de prueba, que reiteradamente ha ofrecido.

Finalmente, alega que ya fue nombrado un nuevo Director en la Escuela de la localidad de Caspana, y que fue privado de la asignación de responsabilidad como Director, lo que ha mermado sus remuneraciones, ignorando el motivo de dicho descuento, pues no ha sido destituido ni trasladado a otro establecimiento educacional, configurando ello según destaca, una infracción al Estatuto Docente y el Código del Trabajo, según normas que cita.

SEGUNDO: Que informa el recurso la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama.

Desconoce la existencia de reclamos del recurrente en contra de personal de la Corporación que de algún modo puedan incidir en los hechos descritos en este arbitrio, destacando la falta de precisión de las eventuales garantías vulneradas por su actuar. Ahora bien, en cuanto a las alegaciones, informa que por resolución interna N°055/2017 de fecha 4 de abril reciente, se ordenó instruir un sumario administrativo a fin de establecer la efectividad de los hechos denunciados y la eventual responsabilidad que pueda asistir en ellos al recurrente, proceso aún no afinado por la fiscal sumariante, nombre reservado, en el cual ya prestó declaración nombre reservado.

Sostiene que el propio Estatuto Docente, contenido en la ley 19.070, ampara la instrucción del sumario, el que según sus dichos, constituiría el procedimiento objetivo que el Legislador ofrece a los sostenedores de la educación municipalizada para investigar asuntos que puedan comprometer la responsabilidad de sus profesionales de la educación. Asimismo, la Corporación frente a los reclamos que afectan al recurrente, ordenó las medidas y procedimientos que son regulares para tales casos, restando arbitrariedad.

Refiere que no se ha nombrado un nuevo Director en la Escuela E-20, en tanto, no existe vacancia en el cargo, asumiendo de modo suplente dicha Dirección, una profesora destinada. Sobre la merma de remuneraciones, el recurrente no había reclamado de la disconformidad por las vías ordinaria y en esa medida, desconocía dicha circunstancia.

TERCERO: Que informaron de manera conjunta las recurridas nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Sobre los hechos, se refieren al maltrato que dio el recurrente a la profesora de origen boliviano Martha Anthelo por discriminación laboral y psicológica de la que fue objeto, la que incluso llevó a que presentara una denuncia de tales hechos ante la Fiscalía de Calama. Asimismo, destacan que el recurrente en su calidad de Director de la Escuela E-20 Nuestra Señora de la Candelaria, lleva más de 15 años ejerciendo el cargo y durante dicho periodo, habrían pasado una gran cantidad de profesores, debido a las malas relaciones con el recurrente, habrían decidido renunciar o pedir su traslado de la Escuela, lo que se habría visto acentuado en el últimos años con un trato discriminatorio hacia los hijos de las recurridas como a ciertos profesores, motivando la migración de estudiantes a la ciudad de Calama a terminar sus estudios.

Explican que en función de lo anterior, el día 6 de marzo del presente año, decidieron junto a 9 alumnos del establecimiento, realizar una protesta pacífica consistente en el no ingreso a clases con el objeto de ser escuchados por la autoridad, para que tomara conocimiento de la situación escolar y la necesidad de cambio de Director CUARTO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios, por los cuales una persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos o garantías expresamente señalados, dentro de los cuales, se incluye el derecho de propiedad, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales; de no ser juzgado por comisiones especiales, de cuya interpretación jurisprudencial se ha asentado el derecho fundamental al debido proceso, el respeto y protección de la honra y de la vida privada, y por último el resguardo de la igualdad ante la ley.- QUINTO: Que el recurrente pide que la Corporación de Desarrollo Social de Calama, ordene instruir un sumario administrativo para establecer la eventual responsabilidad en que pudiere haber incurrido el recurrente, reclamando en presentaciones posteriores por la falta de información brindada respecto de los hechos objeto de investigación, la identidad de la persona que en definitiva se haría cargo de instruirlo y finalmente, que dicho procedimiento sea conducido y resuelto en justicia.

La Corporación ha informado acompañando antecedentes de ello, que por resolución administrativa N°055/2017 de 4 de abril del presente año, se dio inicio a un sumario administrativo precisamente destinado a investigar los hechos, lo que conlleva al menos en el plano formal, el sometimiento de las imputaciones a un procedimiento reglado, dotado de ciertas garantías procesales que reconducen lo controvertido al alero de la juridicidad.

Desde esta perspectiva, al igual como ocurre en otras sedes, el hecho de iniciar una investigación, no significa per se, afectación de garantías constitucionales, sino más bien permiten al investigado y hoy recurrido, luego de conocida la imputación, ejercer el derecho material de defensa, formulando descargos, ofreciendo prueba y por cierto, sometidos al control del propio ente administrativo como jurisdiccional.

De lo anterior, es posible concluir que la eventual vulneración de garantías fundamentales, además de no acreditarse, carece de sustento factico al día de hoy, en tanto ya se dio inició al sumario administrativo en el cual ha intervenido la recurrente prestando declaración, y sin que existan incidencias formales sobre el proceder de la funcionaria a cargo del mismo y de cuyo resultado, se dota al funcionario de medios legales de impugnación.

Tampoco podría prosperar el amparo constitucional por una eventual destitución de facto del cargo de Director de la Escuela, pues tal como ha sido informado, tal circunstancia no rebasa la esfera de especulación, dado que tratándose de un órgano de la administración, sus decisiones se manifiestan por actos formales, como lo sería un nombramiento, lo que no ha sido acreditado.

SEXTO: Que las alegaciones dirigidas al actuar ilegal o arbitrario por parte de las apoderadas de la Escuela E-20, se circunscriben al reclamo presentado por éstas a la autoridad comunal, en tanto, responsable de la administración de los establecimientos educaciones municipales, como de la manifestación realizada los primeros días del mes de marzo en las afueras del establecimiento, no es posible advertir de ello, sino un actuar lícito tanto dirigido a ejercer el derecho de petición ante la autoridad administrativa en materias de su competencia y respecto de las pretensiones que estimen convenientes, lo que no puede verse limitado al parecer o conformidad del recurrente, y por otra parte, constituye una manifestación cierta y efectiva de la libertad de reunión y de opinión del mismo rango iusfundamental, cuyo ejercicio en la especie, ni siquiera exige traspasar un análisis ponderativo, en tanto, no se ha demostrado la existencia de una derecho fundamental que se vea puesto ni siquiera indiciariamente en peligro por el actuar de las recurridas.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, con costas, el recurso deducido por nombre reservado en contra de la CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

ROL 1004-2017 (PROT)