Cursa resolución N° 182, de 2008, del Parque Metropolitano de Santiago, mediante el cual se aprueba el contrato suscrito entre el Parque Metropolitano de Santiago y la…
- Fecha
- 17 de febrero de 2009
- Criterio
- Aplica Jurisprudencia
- Fuentes legales
- Ley 16391 art/21 inc/4
- Descriptores
- guardias seguridad contrato Parque Metropolitano Santiago
- Cita
- Dictamen N° 7.759 de 2009
Sumario
Cursa resolución N° 182, de 2008, del Parque Metropolitano de Santiago, mediante el cual se aprueba el contrato suscrito entre el Parque Metropolitano de Santiago y la empresa Paisajismo Cordillera S.A., para la prestación del servicio de guardias de seguridad
Relaciones
Pronunciamientos posteriores sobre este
- Aplica Dictamen N° 3.297 de 2017
- Aplica Dictamen N° 41.387 de 2014
- Aplica Dictamen N° 52.445 de 2012
- Aplica Dictamen N° 30.552 de 2012
- Aplica Dictamen N° 14.851 de 2012
- Aplica Dictamen N° 75.025 de 2011
- Aplica Dictamen N° 20.105 de 2011
- Aplica Dictamen N° 17.656 de 2011
Tal como las publica la fuente.
Texto íntegro
N° 7.759 Fecha: 17-II-2009 Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 182, de 2008, del Parque Metropolitano de Santiago, mediante el cual se aprueba el contrato suscrito entre el Parque Metropolitano de Santiago y la empresa Paisajismo Cordillera S.A., para la prestación del servicio de guardias de seguridad, por cuanto se ajusta a derecho.
Sin perjuicio de lo anterior, cumple con hacer presente que este Organismo Contralor entiende que la imputación del gasto que irroga el presente convenio para los años 2009 y 2010, se sujeta a la condición de que se contemplen los recursos necesarios en las correspondientes leyes de presupuestos y, que el referido contrato mantenga su vigencia.
Asimismo, en relación a lo dispuesto en el resuelvo 6° del acto en examen, cabe consignar que el inciso cuarto del artículo 21 de la ley N° 16.391, dispone que "Por excepción y en casos de urgencia, la que se hará constar en el respectivo decreto o resolución", el plazo para el trámite de "Toma de Razón" por parte de la Contraloría General, se reducirá a cinco días, de tal manera que, en lo sucesivo, ese Servicio deberá exponer fundadamente la causal que amerita ese plazo de excepción para el examen preventivo de juridicidad.