Indemnización del artículo 2° transitorio del Estatuto Docente a exdocentes municipales
- Fecha
- 1 de octubre de 2013
- Criterio
- Aplica Jurisprudencia
- Fuentes legales
- Ley 19070 art/2 tran, ley 20158 art/2 tran
- Descriptores
- Mun, improcedencia pago de indemnización, docente
- Cita
- Dictamen N° 63.065 de 2013
Resumen
Se desestima la reconsideración, pues el municipio no aportó antecedentes nuevos y el nuevo criterio sobre incompatibilidad rige solo hacia el futuro, sin afectar situaciones pendientes al 8 de febrero de 2011.
Sumario de la Contraloría
Desestima reconsideración del dictamen N° 8.156, de 2011, de la Contraloría General de la República, sobre improcedencia del pago de la indemnización del artïculo 2° transitorio de la ley N° 19.070 a exdocentes de la Municipalidad de Penco
Relaciones
Pronunciamientos posteriores sobre este
- Aplica Dictamen N° 24.245 de 2014
Este documento se refiere a
- Aplica Dictamen N° 48.218 de 2011
- Aplica Dictamen N° 8.156 de 2011
Tal como las publica la fuente.
Texto íntegro
N° 63.065 Fecha: 01-X-2013 La Contraloría Regional del Bío-Bío ha remitido la presentación de la Municipalidad de Penco, mediante la cual solicita la reconsideración del dictamen N° 8.156, de 2011, de este origen, sosteniendo que en su virtud, la citada Sede Regional le ordenó pagar a las señoras nombre reservado y nombre reservado, exdocentes de ese municipio, la indemnización por años de servicio del artículo 2° transitorio de la ley N° 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación, luego de que ambas se hubieren acogido a la bonificación por retiro voluntario establecida en el artículo 2° transitorio de la ley N° 20.158.
Como cuestión previa, es útil recordar que de los antecedentes tenidos a la vista, consta que el caso de las mencionadas educadoras fue resuelto mediante los oficios N°s. 331, 333, y 15.456, de 2012; y 2.251, de 2013, todos de la referida Oficina Regional de Control, que determinaron, en síntesis, que en la medida que las afectadas, acogiéndose a lo expuesto en el dictamen N° 44.766, de 2008, y cumpliendo los requisitos que exige el artículo 2° transitorio del Estatuto Docente, hayan requerido la indemnización por años de servicio a que alude ese precepto legal, encontrándose la resolución de dicha solicitud pendiente al 8 de febrero de 2011 -fecha del pronunciamiento N° 8.156, de esa anualidad-, tendrían derecho a que ese municipio proceda a su entero.
Al respecto, cabe señalar que el indicado dictamen N° 8.156, de 2011 -reconsiderando el pronunciamiento N° 44.766, de 2008-, concluyó, por las consideraciones jurídicas que en el se contienen, que la percepción de los beneficios pecuniarios en comento, es incompatible, haciendo presente que el nuevo criterio solo se aplica hacia el futuro, esto es, desde la fecha de su emisión, acaecida el 8 de febrero de 2011, sin afectar las situaciones particulares patrimoniales constituidas durante el tiempo en que estuvo aplicándose la doctrina que sustituye.
Luego, a través del dictamen N° 48.218, de 2011, se aclaró el pronunciamiento N° 8.156, de 2011, señalando, en lo que interesa, que quienes a la época de vigencia del aludido dictamen N° 44.766, de 2008, cumpliendo las condiciones que exige el artículo 2° transitorio de la ley N° 19.070, pidieron la compensación a que ese precepto legal se refiere, hallándose la misma pendiente de resolución al 8 de febrero de 2011, tienen derecho a que aquella les sea enterada, en los términos que precisaba la jurisprudencia en vigor al momento de sus requerimientos.
Pues bien, considerando que la situación en examen ha sido latamente estudiada y resuelta por esta Entidad de Fiscalización, y que en la actual presentación el municipio no aporta nuevos antecedentes que difieran de los tenidos a la vista anteriormente, se desestima la reconsideración formulada, debiendo proceder esa entidad edilicia al cumplimiento íntegro e inmediato de los oficios de la Contraloría Regional del Bío-Bío referidos a las profesoras nombre reservado y nombre reservado, de lo cual informará a esa Oficina de Control en el plazo de 15 días hábiles administrativos, contado desde la recepción de este documento.
nombre reservado
Contralor General de la República