Caducidad de propiedad minera por incumplimiento de patente

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ____________ Sentencia

Rol 8743-2020

[5 de noviembre de 2020]

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REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 127 DEL CÓDIGO DE MINERÍA DE 1932

SOCIEDAD LEGAL MINERA LOS PICHES EN EL PROCESO ROL N° 12.482-2019, QUE CONOCE LA CORTE SUPREMA, POR RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA Y EN EL FONDO

VISTOS:

Con fecha 22 de mayo de 2020, Sociedad Legal Minera Los Piches ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 127 del Código de Minería de 1932, en el proceso Rol N° 12.482-2019, que conoce la Corte Suprema, por recurso de Casación en la Forma y en el Fondo.

Preceptos legales cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos impugnados dispone:

“Código de Minería de 1932 (…)

“Artículo 127.- Si por cualquier causa no se hubiere cumplido con las disposiciones anteriores y se dejare de pagar dos patentes consecutivas, caducará irrevocablemente la propiedad minera por el solo ministerio de la ley, entendiéndose que cesan, desde ese momento, los efectos de todas las inscripciones vigentes. Esta caducidad se producirá a las doce de la noche de 31 de marzo del año en que incurra en la mora del segundo pago.

Cualquier interesado podrá pedir que se ordene la cancelación de las inscripciones correspondientes”.

(…)

Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

La requirente demandó en juicio ordinario a Aguas Andinas S.A. por indemnización de perjuicios en base a responsabilidad extracontractual. Sostiene que la demandada habría construido un acueducto entre el Embalse del Yeso y el Dren de los Azulillos en el año 2013, que pasa sobre las pertenencias mineras Los Piches 1 al 6, de su propiedad, impidiéndole realizar labores mineras.

En dicho juicio, sustanciado ante el 23° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, fue demandada reconvencionalmente por Aguas Andinas S.A. En aquella gestión se solicitó se declararan caducadas sus pertenencias mineras por la norma cuestionada.

Se dictó sentencia en primera instancia el 22 de junio de 2017, acogiéndose la demanda principal y rechazándose la demanda reconvencional en razón de las consideraciones siguientes: a) la caducidad sólo pudo haberse producido entre 1940, año de nacimiento de SLM Los Piches y 1983, año de promulgación del nuevo Código de Minería; b)

que la demandada no precisó cuando ocurrió el segundo incumplimiento de pago de la patente minera por la demandante; c) que la legitimación activa de Aguas Andinas establecida en el inc. 2° del derogado artículo 127 del CdM de 1932, hoy no existe pues se derogó en el año 1983, y tampoco existía por parte de la demandada interés legítimo para solicitar en aquella época; d)

para la extinción de un derecho real prevalecen las disposiciones del nuevo Código de Minería y e) existen acompañados en autos certificado de Sernageomin y Tesorería General de la República que señalan que las seis pertenencias mineras de SLM Los Piches, 1 a 6 se encuentran vigentes y no se adeuda patente minera”.

No obstante lo anterior, la sentencia de fecha 23 de enero de 2019 de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió acoger un recurso de apelación deducido por Aguas Andinas, haciendo lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta y a la demanda reconvencional, declarando extinguidas por caducidad las pertenencias mineras Los Piches 1 al 6, en virtud de lo señalado en el artículo 127 del Código de Minería de 1932.

En definitiva, resuelve que no se probó el pago de patentes desde 1939 hasta 1983, ni se acreditó vigencia de pertenencias de conformidad a la norma cuestionada.

Actualmente pende de resolución recurso casación en forma y fondo, en estado de acuerdo, ante Corte Suprema desde diciembre de 2019.

En lo relativo al conflicto de constitucionalidad denunciado, sostiene que la disposición segunda transitoria de la Constitución estableció que los derechos mineros subsistirían bajo el imperio del Código de Minería de 1983, así como también en cuanto sus goces, cargas y en lo tocante a su extinción, siendo ello reiterado en el artículo 1° transitorio de la ley orgánica constitucional sobre concesiones mineras.

Añade que el artículo 127 fue derogado formalmente por el artículo 244 del Código de Minería de 1983, a consecuencia de lo cual despareció del orden jurídico nacional la causal de caducidad que establecía dicho artículo 127, siendo inadmisible la ultractividad de esta norma, toda vez que la Constitución lo prohíbe salvo declaración expresa. Indica que, si no operó antes de 1983 dicha caducidad, no cabría declararla ahora, 36 años después de haberse derogado. Por ende, la aplicación ultractiva del artículo 127 del Código de Minería de 1932 vulnera la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, y el artículo 19 N° 3 de la Constitución.

Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Primera Sala, con fecha 3 de junio de 2020, a fojas 240. Fue declarado admisible por resolución de la misma Sala el día 17 de junio de 2020, a fojas 274, confiriéndose traslados de estilo.

A fojas 282, Aguas Andinas S.A. evacuó traslado abogando por el rechazo del libelo. Para ello aduce, en síntesis, las siguientes razones:

I. La requirente no ha cumplido con los requisitos básicos establecidos en la normativa orgánica, ni con los criterios determinados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, para acoger lo pretendido por el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Así no puede considerarse como “gestión judicial pendiente” la causa seguida ante la Corte Suprema, Rol Nº 12.482-2019, en tanto que ella se encuentra en estado de “acuerdo” desde finales de 2019. Ello ha sido así considerado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia; y además el requerimiento no particulariza ni especifica la forma concreta en que la aplicación del precepto legal impugnado, en la gestión judicial, produciría los supuestos efectos inconstitucionales que aduce.

II. El requerimiento debe ser rechazado porque se refiere a un conflicto de mera legalidad, esto es, la aplicación de la ley en el tiempo (eventual aplicación ultractiva del artículo 127 del Código de Minería de 1932). Además, la aplicación del artículo 127 del Código de Minería de 1932 en la gestión judicial pendiente se refirió, exclusivamente, a hechos anteriores a la entrada en vigor del artículo 243 del Código de Minería de 1983, y, por tanto, sólo de forma artificiosa la requirente ha construido una presunta ultraactividad.

III. El Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado debe ser rechazado porque alude a “materias probatorias” que corresponde sean determinadas por los jueces de instancia, específicamente sobre acreditación de pago de patentes.

IV. El Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado debe ser rechazado porque la aplicación del precepto impugnado es conforme con la Constitución. No infringe lo dispuesto en la disposición segunda transitoria de la Constitución Política de la República; y no resulta contrario a la garantía del inciso primero del artículo 19 N° 3° de la Constitución. En la gestión judicial, de carácter civil, el recurrente ha podido realizar todo tipo de alegaciones y probanzas conforme a un debido proceso, en distintas instancias, sin menoscabo alguno y con plena la igualdad entre las partes. Así, la igual protección en el ejercicio de los derechos no ha sido vulnerada.

Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 4 de agosto de 2020 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública, y los alegatos por la requirente, del abogado Nicolás Montt Díaz y por Aguas Andinas S.A., del abogado Cristóbal Osorio Vargas.

Se adoptó acuerdo en igual fecha, conforme fue certificado por el relator de la causa.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se ha requerido la inaplicabilidad del artículo 127 del Código de Minería de 1932, en virtud del cual si, por cualquiera causa, se dejan de pagar dos patentes consecutivas, caduca irrevocablemente la propiedad minera, por el solo ministerio de la ley, en una gestión pendiente donde la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago resolvió “[q]ue la disposición segunda transitoria de la Constitución Política del Estado y el artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras en cuanto disponen que subsistirán las antiguas pertenencias bajo el imperio del nuevo Código y que se aplicarán a ellas las disposiciones de este “en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción” sólo se refieren a las concesiones mineras que efectivamente hubieren estado subsistentes a la época de entrada en vigencia de las citadas normas, lo que no sucede en el caso de las pertenencias mineras Los Piches 1 al 6; ya que el demandado reconvencional, no obstante afirmar que las patentes mineras están pagadas, ninguna prueba acompañó a fin de acreditar el pago de éstas desde 1939 hasta el año 1983, debiendo hacerlo, como tampoco acreditó la declaración de vigencia de las pertenencias mineras por lo que habiéndose producido la caducidad de pleno de derecho éstas, se acogerá la demanda reconvencional” (fs. 156 de estos autos constitucionales);

SEGUNDO: Que, la requirente, entonces, sostiene que la aplicación del precepto legal cuestionado, en la gestión pendiente, resulta contraria a la Constitución, atendido el efecto ultraactivo que se le habría dado, puesto que, a su juicio, dicha norma fue derogada por el artículo 244 del Código de Minería, por lo que esa aplicación vulnera la Carta Fundamental, ya que “(…) [n]o cabe duda de que, aplicar una norma derogada viola la isonomía en la ley” (fs. 9);

I. INAPLICABILIDAD Y DEROGACIÓN

TERCERO: Que, en la gestión pendiente se ha planteado una controversia acerca de la vigencia del artículo 127 del Código de Minería de 1932, la cual debe ser resuelta por el Juez del Fondo, sin que esta Magistratura, por ende, pueda pronunciarse en torno de ella -apartándonos, en este sentido, de la sentencia Rol N° 1.232 que tuvo por asentada la derogación de dicho precepto legal (c. 7°)- y que, es más, rechazó el requerimiento de inaplicabilidad sosteniendo, precisamente, que no resultaba procedente respecto de normas legales derogadas, de lo cual también nos apartaremos en esta sentencia, pues una disposición derogada puede ser aplicable, igualmente, en una gestión pendiente y, siendo así, es susceptible de resultar contraria a la Constitución y, por ello, puede ser requerida ante esta Magistratura, conforme al artículo 93 inciso primero N° 6° de la Carta Fundamental, ya que “(…)

los efectos de una ley derogada pueden extenderse en el tiempo (…)” (c. 6°, Rol N° 1.552);

CUARTO: Que, como consta en la gestión pendiente, la controversia ha tenido decisiones distintas en primera y segunda instancia, pues, mientras el 23° Juzgado Civil de Santiago consideró “(…) que la norma en comento se encuentra derogada hace treinta y cuatro años (…)” (c. 30°, Rol 74-2014, a fs. 136), la sentencia pronunciada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, como ya se indicó, resolvió que la requirente en estos autos no había acompañado ninguna prueba para acreditar el pago de las pertenencias desde 1939 hasta el año 1983, como tampoco acreditó la declaración de vigencia de las pertenencias mineras, de tal manera que se produjo su caducidad de pleno derecho (fs. 156 de estos autos constitucionales);

QUINTO: Que, en consecuencia, el precepto legal requerido de inaplicabilidad puede ser aplicado en la gestión pendiente, al extremo que la misma parte que sostiene su derogación, ha acudido a esta Magistratura para obtener dicho pronunciamiento, con la finalidad de impedir que sea aplicado por el Juez del Fondo;

SEXTO: Que, siendo así, procede, entonces, examinar el fondo del requerimiento de inaplicabilidad que se ha planteado en estos autos, sin que la derogación, expresa o tácita, de un precepto legal y menos la discusión acerca de ello, sea óbice para que se pronuncie su inaplicabilidad, si es esta Magistratura considera que puede ser aplicado y que, de ello, se siguen efectos contrarios a la Carta Fundamental;

II. EVOLUCIÓN DEL MARCO LEGAL

SEPTIMO: Que, el artículo 1° de la Ley N° 4.256, en 1928, incorporó la caducidad de la propiedad minera por no pago de dos períodos consecutivos de la patente, de tal manera que “(…) las pertenencias constituidas de conformidad con el Código de 1932, y más precisamente, las constituidas a partir de la dictación de la Ley 4.256, de 1928, pueden haber incurrido en la causal de caducidad referida, lo que se producía ipso iure, sin necesidad de declaración alguna, circunstancia que debe considerarse en el estudio de los títulos de las pertenencias” (nombre reservado: Curso de Derecho de Minería, Santiago, Ed. Jurídica de Chile, 2007, p. 195);

OCTAVO: Que, casi medio siglo después, el artículo 6° del Decreto Ley N° 1.759, en 1977, dispuso, en sus inciso primero y segundo, que “[n]o obstante lo dispuesto en el artículo 127 del Código de Minería, el pago íntegro y oportuno de las seis últimas patentes consecutivas en la Tesorería que legalmente corresponda, habilitará a aquel a cuyo nombre aparezca inscrita la pertenencia para obtener del tribunal competente que declare la vigencia de la respectiva inscripción del acta de mensura, siempre que a la fecha de la correspondiente solicitud dicha inscripción no esté cancelada ni al margen de ella esté anotado el hecho de haberse pedido judicialmente su cancelación.

El referido pago de las patentes podrá acreditarse mediante los correspondientes boletines de ingreso u otro instrumento público”.

NOVENO: Que, adicionalmente, el Decreto Ley N° 3.060, de 1979, entre otras modificaciones, agregó un inciso final al artículo 6° del Decreto Ley N° 1.759, en virtud del cual “[p]ara todos los efectos legales, cuando el monto pagado por la patente de cada pertenencia sea inferior al legalmente adeudado, se presumirá de derecho que la patente ha sido pagada íntegramente siempre que el monto pagado cubra el valor efectivamente cobrado, por cada hectárea completa, por la Tesorería Comunal respectiva, en cumplimiento de instrucciones de la Tesorería General de la República”, atendidas “(…) las gravosas consecuencias de la caducidad automática a que estaban sometidos los títulos mineros constituidos bajo el amparo del Código de Minería de 1932, en caso de no pago de dos patentes consecutivas (art. 127 CM de 1932). Precisamente, tal sanción obligaba a conservar los comprobantes de cada pago anual de patentes, a fin de contar con los medios necesarios para acreditar que la mencionada caducidad ipso iure no había operado (…)” (nombre reservado: Instituciones de Derecho Minero, Santiago, AbeledoPerrot, 2010, p. 365);

DECIMO: Que, conforme a lo expuesto, la grave sanción de caducidad contemplada en el Código de Minería de 1932 fue objeto de dos reformas legales, en los años setenta, con la finalidad que los titulares de pertenencias pudieran acreditar que se mantenían vigentes;

DECIMOPRIMERO: Que, con la misma finalidad, como consta en los antecedentes legislativos correspondientes (Informe de la Secretaría de Legislación de la Junta de Gobierno, 29 de abril de 1983, que informa el proyecto de ley que aprueba el nuevo Código de Minería, Boletín N° 322-08), el actual Código de Minería contempló, en el inciso primero de su artículo 243, que “[n]o obstante lo que disponía el artículo 127 del Código de Minería de 1932, el pago íntegro y oportuno de las cuatro últimas patentes consecutivas en la Tesorería o institución que legalmente correspondía o corresponda, habilitará a aquel a cuyo nombre aparezca inscrita la pertenencia para obtener del juez que sea competente conforme al inciso final del artículo 231, que declare la vigencia de la respectiva inscripción del acta de mensura, siempre que a la fecha de la correspondiente solicitud dicha inscripción no esté cancelada, ni al margen de ella esté anotado el hecho de haberse pedido judicialmente su cancelación”, lo cual podía acreditarse mediante los correspondientes boletines de ingreso u otro instrumento público, en cuyo caso, la circunstancia de haberse dictado la resolución judicial que declarara la vigencia de la referida inscripción, se anotaría al margen de ella y esta anotación haría presumir de derecho el debido amparo de la pertenencia hasta el período cubierto por el último pago acreditado;

Acto seguido, es preciso recordar que el artículo 244 del Código de Minería derogó el Código precedente de 1932;

DECIMOSEGUNDO: Que, en consecuencia, la regla de caducidad contemplada desde la Ley N° 4.256 fue luego complementada, a fines de los años setenta y en el propio Código de 1983, con la finalidad de permitir, a los titulares de derechos que pudieran considerarse caducados, la prueba de su vigencia. De esta manera, si inicialmente sólo podía acreditarse dicha vigencia mediante el pago de dos patentes consecutivas, la reforma de 1977 dispuso que podría comprobarse mediante el pago de seis patentes consecutivas con los correspondiente boletines de ingreso u otro instrumento público y, luego, tras la enmienda de 1979, se aclaró que, aun cuando el monto pagado fuera inferior al legalmente adeudado, se presumiría de derecho que la patente había sido pagada íntegramente, siempre que el monto pagado cubriera el valor efectivamente cobrado. En fin, el artículo 243 del Código de 1983 dispuso que, acreditando el pago de cuatro patentes consecutivas, se podía requerir del juez competente que declarara su vigencia;

III. REGULACION CONSTITUCIONAL

DECIMOTERCERO: Que, por último y antes de examinar la controversia sometida a nuestra decisión, acerca de la aplicación del artículo 127 en la gestión pendiente, es preciso, por cierto, revisar el marco constitucional en que se sitúa la preceptiva legal impugnada, comenzando por recordar que el artículo 19 N° 24° inciso séptimo de la Carta Fundamental dispone que “será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar la extinción de tales concesiones. Las controversias que se produzcan respecto de la caducidad o extinción del dominio sobre la concesión serán resueltas por ellos; y en caso de caducidad, el afectado podrá requerir de la justicia la declaración de subsistencia de su derecho”;

DECIMOCUARTO: Que, esta norma tiene que vincularse con lo dispuesto en la segunda disposición transitoria de la Constitución, al tenor de la cual:

“Mientras se dicta el nuevo Código de Minería, que deberá regular, entre otras materias, la forma, condiciones y efectos de las concesiones mineras a que se refieren los incisos séptimo al décimo del número 24º del artículo 19 de esta Constitución Política, los titulares de derechos mineros seguirán regidos por la legislación que estuviere en vigor al momento en que entre en vigencia esta Constitución, en calidad de concesionarios.

Los derechos mineros a que se refiere el inciso anterior subsistirán bajo el imperio del nuevo Código, pero en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de dicho nuevo Código de Minería. Este nuevo Código deberá otorgar plazo a los concesionarios para cumplir los nuevos requisitos que se establezcan para merecer amparo legal.

En el lapso que medie entre el momento en que se ponga en vigencia esta Constitución y aquél en que entre en vigor el nuevo Código de Minería, la constitución de derechos mineros con el carácter de concesión señalado en los incisos séptimo al décimo del número 24º del artículo 19 de esta Constitución, continuará regida por la legislación actual, al igual que las concesiones mismas que se otorguen”.

DECIMOQUINTO: Que, la disposición transitoria aludida prescribió, entonces, que, mientras se dictara el nuevo Código de Minería, es decir, entre el 11 de marzo de 1981 -fecha de entrada en vigor de la Nueva Constitución- y el 14 de octubre de 1983 -día en que fue publicado el Código de Minería-, los titulares de derechos mineros seguirían regidos por la legislación que estaba vigente al momento de entrar a regir la nueva Constitución.

Por ende, la legislación anterior regiría sólo hasta el 14 de octubre de 1983. A partir de esa fecha, los derechos mineros -vigentes, por cierto- se regirían, en cuanto a sus goces, cargas y extinción, por el nuevo Código.

Por último, la segunda disposición transitoria estableció que, en el lapso intermedio, o sea, entre el 11 de marzo de 1981 y el 14 de octubre de 1983, la constitución de derechos mineros iba a continuar regida por la legislación entonces vigente, al igual que las concesiones mismas que fueran otorgadas.

DECIMOSEXTO: Que, de esta manera, conforme a la disposición constitucional referida, en relación con el artículo 127 del Código de Minería de 1932, es claro que este precepto legal mantuvo su vigencia, sin duda, hasta el 14 de octubre de 1983, momento en el cual tanto la extinción de los derechos constituidos bajo ese Código, como en cuanto a sus goces y cargas, pasó a quedar regida por lo que dispondría el nuevo Código, el cual no contempló la regla de caducidad precedente.

Sin embargo, incorporó, en su artículo 243 inciso primero, que el pago íntegro y oportuno de las cuatro últimas patentes consecutivas habilitaría al titular de esos derechos anteriores para obtener del juez que declarara la vigencia de la respectiva inscripción del acta de mensura, siempre que a la fecha de la correspondiente solicitud dicha inscripción no estuviera cancelada ni al margen de ella constara el hecho de haberse pedido judicialmente su cancelación;

DECIMOSEPTIMO: Que, finalmente, explicando el sentido y alcance de la segunda disposición transitoria, esta Magistratura ha sostenido “[que, sin embargo, y sin perjuicio de la aludida protección, ha quedado demostrado con lo reflexionado en esta sentencia que ha sido la Constitución misma, en la disposición segunda transitoria, la que ha determinado, mediante una norma excepcional, especial y precisa, que el régimen o estatuto que rige las concesiones mineras existentes con anterioridad al Código de Minería de 1983, “en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción”, sería establecido por el señalado Código. Ha sido así la Constitución y no la ley la que ha admitido que las concesiones anteriores al Código de Minería de 1983 se extingan por las causales que dicho Código establece, consagrando, de esa manera, como se ha dicho, una excepción de rango constitucional al principio general que señala que una nueva ley no puede afectar los derechos adquiridos de acuerdo a un régimen jurídico anterior, lo que tiene directa incidencia en la solución de este conflicto constitucional (…)” (c. 55°, Rol N° 473 y, en el mismo sentido, c. 12° y 13°, Rol N° 3.152).

DECIMOCTAVO: Que, nos parece claro, en consecuencia, que los derechos constituidos con anterioridad al Código de 1983 -siempre que estuvieran vigentes, por cierto- pasaron a regirse, en cuanto a su extinción, por las normas de este nuevo Código, pero, al mismo tiempo, la segunda disposición transitoria de la Constitución no tuvo por finalidad hacer revivir derechos extinguidos, ya que se refirió a que esos derechos subsistirían bajo el nuevo Código, esto es, conforme a su sentido natural y obvio, permanecerían o mantendrían su vigencia;

IV. APLICACIÓN AL CASO CONCRETO

DECIMONOVENO: Que, hay una controversia, en la gestión pendiente, acerca de si los derechos de la requirente caducaron o no en 1983, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Código de Minería de 1932, vigente en ese momento, cuya resolución compete al juez del fondo y respecto de la cual los tribunales de primera y segunda instancia han tenido decisiones distintas que deberá zanjar, definitivamente, la Excelentísima Corte Suprema al resolver los recursos de casación pendientes;

VIGESIMO: Que, en lo referido a la cuestión constitucional que nos compete resolver, no puede ser ignorado por esta Magistratura, por una parte, que, en virtud de la segunda disposición transitoria de la Constitución, el Código de 1932 estuvo vigente hasta el 14 de octubre de 1983 y, de otra, que los derechos mineros constituidos con anterioridad, a partir de esa fecha, que subsistieran bajo el nuevo cuerpo legal, se regirían, en cuanto a sus goces, cargas y extinción, por el Código de Minería dictado en 1983;

VIGESIMOPRIMERO: Que, finalmente, tampoco cabe olvidar que el legislador, en el Código de Minería de 1983, tuvo en consideración que podría persistir la duda acerca de la vigencia de derechos mineros constituidos bajo el Código de 1932, precisamente por la causal de caducidad que contemplaba su artículo 127, por lo que agregó una disposición para que su titular pueda reclamar su vigencia, en el referido artículo 243;

VIGESIMOSEGUNDO: Que, de hecho, la gestión pendiente, a raíz de la demanda reconvencional deducida en ella, ha requerido esa determinación por parte del 28° Jugado Civil de Santiago y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de esta ciudad y también lo requerirá de la Excelentísima Corte Suprema;

VIGESIMOTERCERO: Que, siendo así, la cuestión de constitucionalidad sometida a nuestra decisión consiste en dirimir si, mediante la aplicación del artículo 127 del Código de 1932, la decisión del Juez del Fondo que declare caducados los derechos mineros de la requirente, resulta contraria a la isonomía en la ley porque se le estaría aplicando, ultraactivamente, un precepto legal derogado, máxime cuando la segunda disposición transitoria de la Constitución dispone que, en cuanto a su extinción, los derechos mineros constituidos con anterioridad al Código de 1983, se regirán por lo dispuesto en éste porque, en otras palabras, aun los derechos anteriores sólo pueden caducar o extinguirse por las causales preceptuadas en este cuerpo legal y no por las previstas en su predecesor;

VIGESIMOCUARTO: Que, la ultraactividad denunciada por la requirente implicaría aplicar la causal prevista en el artículo 127 del Código de Minería de 1932 a derechos mineros actualmente vigentes, los cuales sólo pueden extinguirse por las causales previstas en el Código de 1983, pero ello no se produce cuando, en la actualidad, un juez competente verifica, conforme a lo preceptuado en el artículo 243 del Código de Minería hoy vigente, si se ha acreditado o no la subsistencia -en la expresión de la segunda disposición transitoria de la Constitución- de los derechos constituidos con antelación al Código de 1983, por lo que declarar dicha subsistencia o negarla, dentro del ámbito de competencia que cabe resolver al Juez del Fondo, no afecta la isonomía constitucionalmente protegida;

VIGESIMOQUINTO: Que, todos los titulares de pertenencias mineras constituidas bajo el Código de 1932 tienen el derecho que les confiere el artículo 243 del Código de Minería de 1983 que, en cumplimiento de lo establecido en la segunda disposición transitoria, permite acreditar la subsistencia de esos derechos mineros cuando, como en el caso de la gestión pendiente, se controvierta su vigencia, ya que esos derechos se rigen, precisamente, en cuanto a sus goces, cargas y extinción por las reglas contenidas en este nuevo Código, por lo que la caducidad ipso iure, ocurrida en 1983 respecto de todos los derechos mineros que no estuvieran con su patente al día, puede ser desvirtuada acreditando que han subsistido para quedar regidos y amparados por la Constitución y el nuevo Código;

VIGESIMOSEXTOI: Que, precisamente, en la gestión pendiente, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago sostiene que “(…) el demandado reconvencional, no obstante afirmar que las patentes mineras están pagadas, ninguna prueba acompañó (…) como tampoco acreditó la declaración de vigencia de las pertenencias mineras (…)” (c. 23°, fs. 156), en circunstancias que la requirente expone, en el recurso de casación en la forma -hoy pendiente en la Excelentísima Corte Suprema- que “(…) se acompañaron, en forma legal, y no fueron objetados para restarle mérito probatorio, certificados de Sernageomin y de la Tesorería General de la República que señalan que las 6 pertenencias de Los Piches se encuentra vigentes y no se adeuda patente minera (…)” (fs.

183), así como también, en su recurso de casación en el fondo, que acompañó “(…)

boletines de ingreso de las patentes mineras correspondientes a los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 (…). Y, asimismo, se acompañaron los certificados del Conservador de Minas de Puente Alto, que señalan que la inscripción de propiedad a favor de Los Piches 1 al 6 se encuentra vigente” (fs. 189);

VIGESIMOSEPTIMO: Que, en consecuencia, el artículo 127 del Código de Minería de 1932 no está siendo aplicado a hechos posteriores a su vigencia, sino a lo sucedido mientras estuvo vigente; que el artículo 243 del Código de 1983 renueva el derecho de los titulares de pertenencias constituidas con anterioridad para acreditar que no ha operado la caducidad respecto de sus pertenencias; y que, de esta manera, dicho Código regula lo tocante al goce, cargas y extinción de esos derechos, conforme a lo establecido en la segunda disposición transitoria de la Constitución, tratándose de derechos que subsistieron luego de octubre de 1983;

VIGESIMOCTAVO: Que, no advertimos, en definitiva, que aplicar el precepto legal impugnado, en el contexto del marco constitucional y legal que rige la gestión pendiente, resulte contrario al artículo 19 N° 3° de la Carta Fundamental, vulnerando la isonomía, sino al contrario, cautela los derechos de los titulares que constituyeron sus pertenencias bajo el imperio del Código de Minería de 1932 y que subsistieron al dictarse el de 1983, pues, respetando el derecho a un procedimiento racional y justo, los habilita para reclamar la vigencia de sus derechos, lo cual debe ser determinado, ponderando la prueba correspondiente, por el Juez del Fondo. Si dicho Juez, en definitiva, resuelve que las pertenencias no subsistieron, mal pueden regirse, en lo tocante a su goce, cargas y extinción por el Código de 1983, mientras que si decide que subsistieron, no aplicará la regla de caducidad prevista en el referido artículo 127. En una y otra hipótesis, no consideramos que la aplicación de dicho precepto legal resulte contraria a la Constitución.

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO. OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE POR ESTIMARSE QUE TUVOMOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.

DISIDENCIAS

Acordado con el voto en contra del Ministro señor IVÁN ARÓSTICA MALDONADO, quien estuvo por acoger del libelo de fojas 1 por las consideraciones siguientes:

1°. Que la esencia del requerimiento traído acá, no concierne a la cuestión minera reglada en el inciso primero del artículo 127 del Código de 1932; tiene que ver- en verdad- con aquella cuestión procesal que aborda su inciso segundo: “Cualquier interesado podrá pedir que se ordene la cancelación de las inscripciones correspondientes”.

Nada tiene que ver esta causa constitucional con el hecho de si Minera Los Pinches pagó o no las patentes que exigía dicho inciso primero, sino con el hecho de que la empresa Aguas Andina haya pedido de la caducidad de las pertenencias mineras de aquélla, invocando al efecto la legitimación activa que antes confería a terceros el inciso segundo pre copiado;

2°. Que, deslindada así la presente cuestión, cabe constatar que el artículo 127 del Código de Minería de 1932, fue derogado por el artículo 244, N° 1, del actual Código de Minería de 1983.

Por ello, mal pudo hacerse lugar a la demanda reconvencional de Aguas Andina, interpuesta el año 2013, requiriendo la caducidad de las patentes de Minera Los Pinches, porque a la sazón carecía de un derecho a accionar en la materia.

La invocación que se hace a fin de sostener su vigencia actual, apelando a lo prescrito en la 2ª. Disposición transitoria de la Carta Fundamental, resulta impertinente, habida cuenta que esta norma atañe a la subsistencia de los derechos mineros, y no a la pervivencia de los derechos procesales de terceros. De forma que esta aplicación de la ley contraría el derecho al debido proceso legal que asegura el artículo 19, N° 3, inciso sexto, constitucional, al enfrentar la pretensión formulada por Minera Los Pinches, en su oportunidad, con un obstáculo que no se encuentra actualmente en la ley procesal.

El Ministro señor JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN acoge el requerimiento de autos en virtud de las consideraciones que se expresan a continuación:

A) La norma impugnada en autos

1º El artículo 127 del Código de Minería de 1932, impugnado en autos, señala:

“Si por cualquiera causa no se hubiere cumplido con las disposiciones anteriores y se dejare de pagar dos patentes consecutivas, caducará irrevocablemente la propiedad minera, por el solo ministerio de la ley, entendiéndose que cesan, desde ese momento, los efectos de todas las inscripciones vigentes. Esta caducidad se producirá a las doce de la noche del 31 de Marzo del año en que se incurra en la mora del segundo pago.

Cualquier interesado podrá pedir que se ordene la cancelación de las inscripciones correspondientes”.

B) El conflicto entre las partes seguido ante los tribunales de justicia y la orientación desde el punto de vista constitucional con que la presente causa se aborda en esta disidencia

2º La causa en la cual incide el presente proceso es un conflicto entre una parte con intereses mineros (la requirente) y otra cuyo giro es la distribución de agua potable.

La primera accionó de indemnización por los perjuicios que habría ocasionado un acueducto construido por la segunda por sobre su pertenencia minera. La empresa de agua potable enarboló como defensa (excepción primero y demanda reconvencional después) la caducidad por no pago de patentes de la pertenencia minera de titularidad de la requirente, la cual se habría producido de pleno derecho muchas décadas atrás bajo la vigencia del Código de Minería de 1932. La postura de esta última fue acogida por la Corte de Apelaciones, para la cual no es suficiente acreditar el pago de las patentes mineras de acuerdo a las normas del Código de Minería actualmente vigente.

3º A diferencia de otras actividades económicas, la minería cuenta con una regulación constitucional intensa, lo que permite superar la consideración del caso como uno de mera legalidad. De hecho, nuestra Constitución cuenta con una disposición (la segunda transitoria) que aborda expresamente los aspectos temporales de la aplicación de la normativa minera y que este Ministro estima infringida por la aplicación del artículo 127 del Código de Minería de 1932 que se impugna ante este Tribunal.

4º En el presente voto disidente, se pone especial énfasis en el análisis histórico de la regulación sobre la caducidad por no pago de patentes mineras, la cual experimentó un cambio de paradigma a partir de mediados de la década del 70 y, con especial significación, a comienzos de los 80 con la dictación de la Carta Fundamental, la Ley Orgánica de Concesiones Mineras y el Código de Minería. Del estudio sobre la materia se puede apreciar la importancia que se le dio a la necesidad de estimular el desarrollo del sector sobre la base de reglas que, bajo un régimen uniforme, brindaran mayores grados de seguridad jurídica. Tal como este mismo Ministro argumentó en su voto disidente particular en la STC 3151, “[l]a finalidad general última de la disposición segunda transitoria de la Constitución es la consagración de un régimen jurídico unitario aplicable a las concesiones mineras y no la perpetuación de estatutos jurídicos diferentes según la época en que se ha constituido la concesión” (c. 6º).

C) Los argumentos de la sentencia

5º El fallo (voto de mayoría) delimita la cuestión de constitucionalidad sometida al Tribunal como “dirimir si, mediante la aplicación del artículo 127 del Código de 1932, la decisión del Juez de Fondo que declare caducados los derechos mineros de la requirente resulta contraria a la isonomía en la ley porque se le estaría aplicando, ultraactivamente, un precepto legal derogado (…)” (considerando 23º).

A continuación, la sentencia declara que “la ultraactividad denunciada por la requirente (…) no se produce cuando, en la actualidad, un juez competente verifica, conforme a lo preceptuado en el artículo 243 del Código de Minería hoy vigente, si se ha acreditado o no la subsistencia – en la expresión de la segunda disposición transitoria de la Constitución - de los derechos constituidos con antelación al Código de 1983, por lo que declarar dicha subsistencia o negarla, dentro del ámbito de competencia que cabe resolver al Juez de Fondo, no afecta la isonomía constitucionalmente protegida.” (considerando 24º).

6º El fallo señala que la aplicación de la norma impugnada, al contrario de lo señalado por los requirentes, en realidad “cautela los derechos de los titulares que constituyeron sus pertenencias bajo el imperio del Código de Minería de 1932 y que subsistieron al dictarse el de 1983, pues, respetando el derecho a un procedimiento racional y justo, los habilita para reclamar la vigencia de sus derechos, lo cual debe ser determinado, ponderando la prueba correspondiente, por el Juez del Fondo. Si dicho Juez, en definitiva, resuelve que las pertenencias no subsistieron, mal pueden regirse, en lo tocante a su goce, cargas y extinción por el Código de 1983, mientras que, si decide que subsistieron, no aplicará la regla de caducidad prevista en el referido artículo 127. En una y otra hipótesis, no consideramos que la aplicación de dicho precepto legal resulte contraria a la Constitución.” (considerando 28º).

7º Para la sentencia, resulta esencial determinar si los derechos “subsistieron”

hasta la vigencia del Código de 1983, aplicando para ello la disposición segunda transitoria de la Constitución. Dicha norma constitucional, de acuerdo con el fallo, hace aplicable el Código de Minería de 1932 hasta la entrada en vigor del nuevo Código. Por tanto, las causales de caducidad de los derechos que contemplaba el Código de 1932 operarían válidamente hasta el 14 de octubre de 1983, fecha de entrada en vigencia del nuevo Código de Minería.

En consecuencia, el fallo plantea como la disposición segunda transitoria de la Constitución señala que los derechos “subsistirían” bajo el nuevo Código, ellos solo mantendrían su vigencia si ellos se encontraban vigentes a la fecha de entrada en vigor del nuevo Código de Minería.

8º Finalmente, el fallo concluye que “el artículo 127 del Código de Minería de 1932 no está siendo aplicado a hechos posteriores a su vigencia, sino a lo sucedido mientras estuvo vigente; que el artículo 243 del Código de 1983 renueva el derecho de los titulares de pertenencias constituidas con anterioridad para acreditar que no ha operado la caducidad respecto de sus pertenencias; y que, de esta manera, dicho Código regula lo tocante al goce, cargas y extinción de esos derechos, conforme a lo establecido en la segunda disposición transitoria de la Constitución, tratándose de derechos que subsistieron luego de octubre de 1983;” (el destacado es del original).

9º Este voto de minoría considera que la sentencia yerra en la interpretación de la normativa constitucional aplicable en este caso. La aplicación del artículo 127 del Código de Minería de 1932 resulta incompatible con las normas de la Constitución.

Tanto la Constitución como la normativa de rango constitucional dictada previamente tuvo por objeto la ineficacia inmediata de la causal del artículo 127 del Código de Minería de 1932. No existió la intención de mantener la aplicación del artículo con posterioridad a la entrada en vigencia de las normas de la Constitución de 1980. Lo anterior queda de manifiesto en la historia fidedigna de las normas constitucionales y legales desde 1976 en adelante, como veremos a continuación.

D) La causal de caducidad de pleno derecho del artículo 127 del Código de Minería de 1932 y la Constitución de 1925

10º Desde 1888, el artículo 134 del Código de Minería de dicho año establecía que, en caso de falta de pago de la patente, se sacarán los derechos a remate público para adjudicarlos al mejor postor, con la condición de seguir pagando la patente respectiva. No habiendo postores, el juez declarará el terreno “franco”.

11º La causal de caducidad de pleno derecho del Código de 1932 en cambio, modifica este procedimiento, buscando evitar la necesidad de declaración judicial de terreno franco. Sin embargo, esta norma generaba una manifiesta falta de certeza para los titulares de propiedad minera. El estudio de títulos era difícil, y cualquier pérdida de los documentos que acrediten el pago de dos patentes podía causar la caducidad “irrevocable” y “por el solo ministerio de la ley” de sus derechos.

12º Durante la vigencia de esta causal, en 1971 se dicta la Ley Nº 17.450, que reforma la Constitución de 1925, permitiendo por ley la nacionalización o reserva al Estado del dominio exclusivo de recursos naturales, bienes de producción u otros bienes.

De acuerdo con el profesor nombre reservado, una de las modificaciones más trascendentes de esta reforma constitucional “se refiere a la índole de los derechos de quienes estaban favorecidos con la forma de propiedad minera consagrada en la legislación vigente”1. En efecto, la Ley Nº 17.450 transformó la titularidad de “propiedad minera” a titularidad de “concesiones mineras”. Por tanto, se hizo necesaria la dictación de una norma transitoria – la decimosexta - que decía:

“DECIMOSEXTA: Mientras una nueva ley determine la forma, condiciones y efectos de las concesiones mineras a que se refiere el Nº 10º del artículo 10 de esta Constitución Política, los titulares de derechos mineros seguirán regidos por la legislación vigente en calidad de concesionarios.

Los derechos mineros a que se refieren el inciso anterior, subsistirá bajo el imperio de la nueva ley, pero en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley. La ley otorgará plazo a los concesionarios para cumplir los nuevos requisitos que se establezcan para merecer amparo y garantías legales.

En el lapso que medie entre esta reforma y la vigencia de la ley a que se refiere el inciso primero, la constitución de derechos mineros con el carácter de concesión señalado por el artículo 10 Nº 10º continuará regida por la legislación actual.".

En concepto del profesor nombre reservado, el objetivo de la disposición decimosexta transitoria “persigue respetar la situación de los que, al promulgarse la Carta Fundamental, habían obtenido concesiones mineras regidas por el estatuto vigente al obtenerse ellas. Así, pues, esa regla transitoria, [está] inspirada en el deseo de respetar derechos adquiridos con anterioridad a la reforma y de resolver los conflictos de legislación que de otra manera podrían generarse (…)”2.

13º En el mismo sentido, el entonces senador Renán Fuentealba interpretaba esta norma constitucional transitoria introducida señalando que: “(…) hemos establecido claramente que los concesionarios no tienen derecho alguno de dominio sobre los yacimientos mineros; pero sí tendrán claros derechos sobre su concesión, los que conservarán mientras cumplan las exigencias legales, pudiendo usar, gozar y disponer de la concesión por acto entre vivos o por causas de muerte. Los actuales concesionarios conservarán sus pertenencias sin necesidad de iniciar nuevos trámites, aún cuando en lo tocante a sus goces, cargas y extinción, se regirán por la nueva ley”3.

14º La disposición decimosexta transitoria de la Constitución de 1925 no sufrió modificaciones expresas sino hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1980. Sin

1 nombre reservado: “Valor jurídico de las disposiciones constitucionales transitorias”, en Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo LXVIII. Julio-Agosto de 1971, 5-6, p.

76. 2 nombre reservado: “Valor jurídico de las disposiciones constitucionales transitorias”, en Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo LXVIII. Julio-Agosto de 1971, 5-6, p.

76. 3FUENTEALBA, Renán, “Discurso en el Congreso Pleno”, p. 32, en La Nacionalización del Cobre, Secretaría Nacional del Partido Demócrata Cristiano, Julio de 1971.

embargo, existe una normativa intermedia de rango constitucional que resulta relevante: el Decreto Ley Nº 1.759, de 1977.

E) El Decreto Ley Nº 1.759, de 1977

15º Con el objeto de evitar los efectos que producía la caducidad de pleno derecho por aplicación del artículo 127 del Código de Minería, la Junta de Gobierno dicta en 1977 el Decreto Ley Nº 1.759.

La parte considerativa de dicho Decreto Ley señalaba que “la minería es una de las actividades fundamentales para el desarrollo económico y social de nuestro país”

(considerando 1º), y que “tanto por razones de equidad como de economía procesal, es conveniente establecer normas que permitan al titular de derechos mineros obtener del tribunal competente la declaración de vigencia de la respectiva inscripción del acta de mensura, siempre que dé cumplimiento a determinados requisitos y formalidades” (considerando 3º).

16º La revisión de esta norma en la Junta de Gobierno se discutió sobre la falta de certeza que generaba el artículo 127 del Código de Minería, “(…) que consigna que para que una propiedad minera sea válida tiene que haber pagado ininterrumpidamente las patentes, desde que se manifestó hasta el momento que se efectúa una transferencia. Puntualiza que puede tratarse de un plazo muy largo y que, por ello, en la iniciativa en estudio se propone una presunción de derecho en el sentido de que dicho plazo se limite a seis años; o sea, para el que durante seis años seguidos ha pagado la patente, se presume de derecho que ha cumplido y que está vigente la propiedad”4.

17º Con este objetivo, el Decreto Ley Nº 1.759, de 1977, modifica en su artículo 1º el Código de Minería de 1932, pero en sus artículos 2º y siguientes introduce cambios no solo a la legislación minera, sino también, directamente, a normas de rango constitucional – es decir, tanto a la Constitución de 1925 que mantenía una vigencia parcial aún en ese momento, previo a la dictación de la Constitución de 1980, como al Acta Constitucional Nº 3, de 1976.

Por lo anterior, la Junta de Gobierno, “en ejercicio del Poder Constituyente”, tal como se manifiesta expresamente, dicta este Decreto Ley, cuyo artículo 6º señala:

“No obstante lo dispuesto en el artículo 127 del Código de Minería, el pago íntegro y oportuno de las seis últimas patentes consecutivas en la Tesorería que legalmente corresponda, habilitará a aquel a cuyo nombre aparezca inscrita la pertenencia para obtener del tribunal competente que declare la vigencia de la respectiva inscripción del acta de mensura, siempre que a la fecha de la correspondiente solicitud dicha inscripción no esté cancelada ni al margen de ella esté anotado el hecho de haberse pedido judicialmente su cancelación.

El referido pago de las patentes podrá acreditarse mediante los correspondientes boletines de ingreso u otro instrumento público.

4 Junta de Gobierno, Acta Nº 298-A, de 1977, p. 10 (disponible en www.bcn.cl).

El Tribunal ordenará que la solicitud sea publicada por dos veces en el Boletín Oficial de Minería, dentro del plazo de cuarenta días contados desde la fecha de la resolución. Cualquier interesado podrá deducir oposición dentro del plazo de veinte días contados desde la última publicación. Dicha oposición se tramitará en juicio sumario y podrá fundarse sólo en la existencia de pertenencia constituida o en tramitación o de concesiones otorgadas para explorar, sobre todo o parte del terreno abarcado por la pertenencia de cuya inscripción del acta de mensura se está solicitando la declaración de vigencia.

La resolución judicial que declare la vigencia de la referida inscripción se anotará al margen de ella. Esta anotación hará presumir de derecho el debido amparo de la pertenencia hasta el período cubierto por el último pago acreditado”

18º Durante la discusión de la norma, nombre reservado, asesor del Ministerio de Minería, aclara que la norma propuesta no generaría un “renacimiento de concesiones”, como argumentaba nombre reservado – en la misma línea que la sentencia de este Tribunal. nombre reservado nombre reservado explica, en contraste con lo argumentado por este último, que “(…) no se trata que de ahora en adelante se empiecen a pagar [las patentes]. Añade que, efectivamente, si se empiezan a pagar y se juntan seis patentes consecutivas y se demuestra que están debidamente pagadas porque corresponden a 1as hectáreas, que fueron oportunamente pagadas y en la tesorería correspondiente, entonces se presume el pago de las anteriores, pero a condición de que aparezca en ese momento el acta de mensura como vigente en su inscripción.

Deja establecido que el artículo 127 del Código de Minería, aludido por el Sr. Comandante nombre reservado, faculta a cualquier interesado para obtener la cancelación de las inscripciones y que, precisamente, en el proyecto en debate se determina que esta disposición comienza a regir el 1º de febrero de 1978 a fin de que haya un año entero ...”5 para que los interesados puedan pedir estas cancelaciones de inscripciones, conforme a la legislación anterior.

Es decir, del examen de la historia del Decreto Ley Nº 1.759, de 1977, queda claro que el objetivo de la norma del artículo 6º era que, al momento de su entrada en vigencia – esto es, el 1º de febrero de 1978 – terminara la aplicación de pleno derecho de la causal del artículo 127 del Código de Minería. Por algo, como indica el profesor nombre reservado nombre reservado, se establece un año de diferencia entre la dictación del Decreto Ley y su vigencia: para que cualquier interesado, durante ese año, pueda solicitar la cancelación de las inscripciones.

19º La interpretación anterior no resuelve un problema: que la Constitución de 1925, reformada por la Ley Nº 17.450, de 1971 y aún vigente en ese momento, establecía en su norma decimosexta transitoria que la antigua propiedad minera - ahora “concesiones mineras” – seguirían regidos por la legislación vigente, salvo “en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción”, en que “prevalecerán las disposiciones de la nueva ley”. Esa nueva ley hace referencia al nuevo Código de Minería, que aún no se dictaba.

5 Junta de Gobierno, Acta Nº 298-A, de 1977, p. 15.

El Secretario de la Comisión de la Junta de Gobierno propone una solución:

“Para aclarar más, se hace presente que la disposición 16ª. transitoria de la Constitución establece que mientras no se dicte la ley que señale la forma, efectos y condiciones de las concesiones mineras a que se refiere el artículo 10, los derechos se regirán por la legislación vigente, de manera que hay una especie de mandato constitucional para el no cambio de las reglas del juego en forma parcial mientras no se dicte el nuevo Código. Por tal razón, tratándose de una modificación parcial, se hace necesario el uso de la potestad constituyente”6.

20º Como se ve, este Decreto Ley se dicta como una norma de rango constitucional. Es indicativo de ello que la fórmula de la Junta de Gobierno para la dictación del Decreto Ley Nº 1.759, de 1977 es señalar, en su encabezado, que “[l]a Junta de Gobierno de la República de Chile, en ejercicio del Poder Constituyente, ha acordado dictar el siguiente Decreto Ley”. Es decir, la Junta de Gobierno era consciente que dicho Decreto Ley no estaba realizando un cambio de rango simplemente legal, sino que una modificación con implicancias constitucionales.

Dicha fórmula se utilizaba para cumplir formalmente lo indicado en el artículo 3º del Decreto Ley Nº 788, de noviembre de 1974: “Los decretos leyes que se dicten en el futuro y que puedan ser contrarios, u oponerse, o ser distintos, en forma expresa o tácita, total o parcial, a alguna norma de la Constitución Política del Estado, tendrán el efecto de modificarla, en lo pertinente sólo si de manera explícita se señala que la Junta de Gobierno lo dicta en el ejercicio de la Potestad Constituyente que le corresponde” (énfasis agregado).

F) La Constitución de 1980. Sus normas permanentes y transitorias sobre la materia

21º Durante el período en que se discutió el Decreto Ley Nº 1.759, de 1977, se analizaban en la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución y en la Subcomisión encargada del Estatuto del Derecho de Propiedad las normas permanentes y transitorias en materia minera, que tienen una especial incidencia en la gestión de autos.

En particular, las normas del artículo 19, Nº 24º, respecto a las concesiones mineras fueron discutidas en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución en base a dos textos, presentados en la sesión Nº 170, de 27 de noviembre de 1975.

22º El primer texto propuesto por la Subcomisión a la Comisión Ortúzar acogía una teoría denominada del “dominio radical o eminente del Estado” para el inciso cuarto -actual inciso séptimo- del artículo 19, Nº 24º:

“La propiedad minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para cumplir la función social del dominio y el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales. El incumplimiento de aquellas obligaciones que la ley sancione con la caducidad, establecidas al

6 Junta de Gobierno, Acta Nº 304-A, de 1977, p. 7.

momento de constituirse el título, extinguirá el derecho ipso jure o en virtud de resolución judicial” (énfasis agregado).

Por otra parte, quienes adherían a la teoría denominada como del “dominio patrimonial del Estado” propusieron en cambio el siguiente texto para el inciso cuarto:

La propiedad sobre los derechos mencionados obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para cumplir la función social del dominio y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales. El incumplimiento culpable de aquellas obligaciones establecidas al momento de constituirse los derechos que la ley sancione con la caducidad, extinguirá el respectivo derecho sólo en virtud de sentencia judicial” (énfasis agregado).

23º Como puede verse, ambas posturas eran distintas respecto a la forma en que la Constitución permitía que operara la caducidad: mientras que unos consideraban que la Constitución debía contemplar la caducidad de pleno derecho de una concesión, para otros la caducidad sólo podía operar en virtud de una sentencia judicial.

24º Al momento de discutir el alcance de esta norma, el profesor nombre reservado

nombre reservado, miembro de la Subcomisión de Derecho de Propiedad, señalaba que: “(…)

con relación a la caducidad ipso jure, que el artículo 127 del Código de Minería es muy perentorio; dice que habrá caducidad por el solo ministerio de la ley a las doce de la noche del 31 de marzo del año en que se incurra en mora del segundo pago, y cesarán los efectos de todas las inscripciones. Y agrega el segundo inciso que “cualquier interesado podrá pedir que se ordene la cancelación de las inscripciones”. Las leyes y la jurisprudencia han entendido que esa cancelación debe ser por vía judicial, de manera que, al obtenerse la cancelación de las inscripciones, se va a producir el problema de la sentencia judicial, y se presenta la posibilidad de recursos judiciales para reclamar. El problema es que, objetivamente, la caducidad se produce, en teoría, por ministerio de la ley. Dejó de pagarse la segunda patente, operó la caducidad. Pero éste es un hecho que, cuando se presta a controversia, debe ser establecido por un tribunal. Este verá si efectivamente dejó de pagarse la segunda patente consecutiva, y con el mérito de ello, ordenará la cancelación de la inscripción, o declarará que se produjo la caducidad, no en virtud de la sentencia, sino porque a las 12 de la noche del 31 de marzo de ese año dejó de pagarse la segunda patente”7.

El profesor nombre reservado, también miembro de la Subcomisión, responde que, “[s]i se entiende que la caducidad puede producir sus efectos ipso jure, la consecuencia lógica, en muchos casos, será la inseguridad absoluta en materia de dominio y la imposibilidad práctica de que los abogados que examinen títulos puedan emitir un informe sólido y que dé garantía suficiente al nuevo propietario. (…)”8.

Finalmente, respecto a este punto, el Presidente de la Comisión, nombre reservado, propone dejar abierta la posibilidad para que “(…) el legislador pueda establecer

7 Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, sesión 181, p. 5.

8 Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, sesión 181, p. 6.

causales de caducidad o causales de pérdida del derecho en que sea necesaria una resolución judicial. Asimismo, cree que hay acuerdo para, en el caso de la caducidad, obligar al legislador a establecer un recurso judicial, que permita al afectado reclamar ante los tribunales“9.

25º La discusión sobre la conveniencia de permitir constitucionalmente la existencia de caducidades de pleno derecho culmina con el análisis que hacen los profesores nombre reservado y nombre reservado. El profesor Lira “(…) estima que hay que confiar también un poco en la racionalidad del legislador. La verdad es que el cambio del sistema de amparo de la patente por un sistema de amparo por el trabajo o la conjunción de los dos sistemas supone que el legislador no va a establecer causales de caducidad ipso jure de la propiedad imposibles de demostrar o probar. Considera que el legislador tendrá el cuidado de establecer condiciones objetivas de caducidad; y, en los casos en que no se puedan establecer condiciones objetivas, entonces establecerá la caducidad en forma declarada. Debe confiarse en eso. Porque lo que ha expuesto aquí el señor nombre reservado es muy claro: podrían establecerse condiciones imposibles de demostrar y, en virtud de ellas, llevar a la inestabilidad más absoluta a la propiedad minera. Pero no se puede suponer que el legislador va a establecer normas en perjuicio de toda esta actividad, que es tan importante para el país”10.

Finalmente, el profesor nombre reservado “(…) señala que hay dos ideas que agregar a esto. En primer lugar, que la sentencia que se dicte, supuesto que la caducidad deba declararse por sentencia, debería producir efecto “erga omnes”, porque, si no quienquiera va a poder renovar el juicio, ya que la sentencia sólo produce efecto entre las partes actualmente litigantes. Y, en segundo lugar, es muy importante dejar testimonio ahora de la persona sobre quien recae el peso de la prueba en esta materia. Porque no hay que olvidar que en cualquier sistema de amparo hay una obligación legal; que por la sola invocación del precepto se echa el peso de la prueba en quien tiene que extinguir la obligación, si se aplica la norma del artículo 1.698 del Código Civil, que sólo es apta en las relaciones privadas; y que aquí se está hablando en el campo del derecho público”. [ ] Es, en consecuencia, sumamente importante que quede testimonio de que aquél que pretende que ha operado la caducidad es quien debe probar que ésta se produce. Y eso es, a su juicio, la mejor garantía que tiene el minero“11. Fue dicho espíritu el que animó la dictación del DL 1759 de 1977.

26º Finalmente, el texto de la Constitución de 1980 indica, en su artículo 19, Nº 24º, incisos séptimo y octavo, que:

“La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. Su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación y contemplará causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la

9 Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, sesión 181, p. 10.

10 Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, sesión 181, p. 18.

11 Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, sesión 181, p. 18.

concesión. En todo caso dichas causales y sus efectos deben estar establecidos al momento de otorgarse la concesión.

Será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar la extinción de tales concesiones. Las controversias que se produzcan respecto de la caducidad o extinción del dominio sobre la concesión serán resueltas por ellos; y en caso de caducidad, el afectado podrá requerir de la justicia la declaración de subsistencia de su derecho.” (énfasis agregado).

G) La disposición segunda transitoria de la Constitución de 1980

27º La norma aprobada por la Comisión de Estudios para la nueva Constitución en materia minera se ubicó en el artículo 19, Nº 23º, incisos décimo y undécimo, del anteproyecto remitido al Consejo de Estado, y decía lo siguiente:

“La propiedad minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer la función social del dominio. El régimen de amparo de la propiedad minera será establecido por la ley, tenderá directa o indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación y podrá contemplar causales de caducidad y de simple extinción del dominio; en todo caso, dichas causales y sus efectos deben estar establecidos al momento de constituirse el título.

Las controversias que se produzcan respecto de la extinción del dominio serán resueltas por la justicia ordinaria; en caso de caducidad, el afectado podrá requerir de aquélla la declaración de subsistencia de su dominio“.

28º Luego de la discusión sobre esta norma permanente, la Comisión de Estudios para la nueva Constitución analiza la conveniencia de agregar una norma transitoria. De acuerdo con nombre reservado, esta norma transitoria tendría por objeto permitir que la ley pueda establecer nuevas causales de caducidad o de extinción de derechos para los títulos de dominio actualmente constituidos.

En ese momento, el profesor nombre reservado nombre reservado recuerda que los dos primeros incisos de la disposición decimosexta transitoria se encuentran vigentes, y en opinión del profesor Ossa, “si la disposición recién transcrita está vigente y forma parte de la actual Constitución, es perfectamente aplicable a la labor que se encuentra desarrollando la Comisión Redactora del Código de Minería, la cual, de alguna manera, establecerá nuevas normas sobre amparo. Por eso, por lo menos a él, le parece suficiente el texto constitucional tal como hasta ahora se ha aprobado, para los propósitos que persigue la disposición transitoria recién propuesta. Sin perjuicio de ello —agrega— cuando la nueva Carta Fundamental se promulgue, ya estará cumplido el objetivo de la Comisión Redactora del Código de Minería y, en consecuencia, no será necesaria esta nueva disposición transitoria, porque se supone que su objetivo estará alcanzado en un plazo relativamente breve”12.

12 Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, sesión 182, p.6.

nombre reservado señala que no es posible, en ese momento – enero de 1976 – redactar una norma transitoria respecto a las causales de caducidad, toda vez que su redacción “depende de cuáles sean las causales que establezca el nuevo Código de Minería.”13.

Finalmente, no existió acuerdo en ese momento ni tampoco posteriormente para agregar una norma transitoria en esta materia.

29º Pese a la falta de acuerdo en la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución y en el Consejo de Estado para redactar una norma transitoria en la materia, la Constitución de 1980 sí contiene una disposición segunda transitoria, que señala:

“SEGUNDA.- Mientras se dicta el nuevo Código de Minería, que deberá regular, entre otras materias, la forma, condiciones y efectos de las concesiones mineras a que se refieren los incisos séptimo al décimo del número 24º del artículo 19 de esta Constitución Política, los titulares de derechos mineros seguirán regidos por la legislación que estuviere en vigor al momento en que entre en vigencia esta Constitución, en calidad de concesionarios.

Los derechos mineros a que se refiere el inciso anterior subsistirán bajo el imperio del nuevo Código, pero en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de dicho nuevo Código de Minería. Este nuevo Código deberá otorgar plazo a los concesionarios para cumplir los nuevos requisitos que se establezcan para merecer amparo legal.

En el lapso que medie entre el momento en que se ponga en vigencia esta Constitución y aquél en que entre en vigor el nuevo Código de Minería, la constitución de derechos mineros con el carácter de concesión señalado en los incisos séptimo al décimo del número 24º del artículo 19 de esta Constitución, continuará regida por la legislación actual, al igual que las concesiones mismas que se otorguen.”.

Sin embargo, como se ve, la disposición segunda transitoria es prácticamente el mismo artículo decimosexto transitorio de la Constitución de 1925, como fue introducido por la Ley Nº 17.450 de 1971. De acuerdo con las Actas de la Junta de Gobierno y la opinión de la doctrina14, fue la propuesta de nombre reservado lo que terminó por aprobarse como el texto definitivo de la normativa permanente y transitoria de la Constitución en la materia. Esto es consistente con su posición en la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, donde en 1976 opinó que la aplicación de la disposición decimosexta transitoria de la Constitución de 1925 permitiría al nuevo Código de Minería establecer causales de caducidad de las concesiones.

13 Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, sesión 182, p. 8.

14nombre reservado: Derecho Minero, Identidad y Transformaciones, Santiago:

Ediciones UC, 2018, p. 82; y nombre reservado: La Constitución de 1980 ante la Junta de Gobierno, Tesis de Magíster en Derecho -Universidad de Concepción, 2018, pp. 164-165.

H) La Ley Orgánica Constitucional sobre concesiones mineras

30º Tres meses después de la dictación de la Constitución de 1980 y en cumplimiento del mandato del artículo 19, Nº 24º, se publicó la Ley Nº 18.097, orgánica constitucional sobre concesiones mineras, la cual reguló la constitución, duración, derechos, obligaciones, régimen de amparo y causales de caducidad de las concesiones mineras. En su tramitación quedó de manifiesto que “[t]anto la Constitución Política como la ley orgánica establecen una regla general y uniforme sobre concesiones mineras, que importa introducir cambios sustanciales a las normas antes en vigor”. Entre éstos, se subraya que “(…) la ley orgánica suprime la actual caducidad automática de las concesiones mineras basada en la falta de pago de dos patentes consecutivas, y que en su momento se fundamentó en que algunos concesionarios no pagarían por varios años y sólo lo harían cuando alguien pusiera de manifiesto una riqueza importante en la misma pertenencia”15.

31º La justificación para la eliminación de la caducidad de pleno derecho fue argumentada de manera similar a como se realizó en la discusión de la Constitución.

En palabras del entonces ministro de Minería, José Piñera:

“Para asegurar el crecimiento y la equidad, es fundamental configurar un régimen de concesiones mineras que cautele inteligente y adecuadamente los intereses del país, y que dé libre acceso al sector y otorgue plena seguridad jurídica al inversionista privado. Además, es necesario derogar el Código de Minería de 1932 y dictar un nuevo Código que constituya una legislación lógica, clara y moderna para el sector minero. [ ] Considerando todo lo anterior, el Ministerio de Minería ha elaborado dos proyectos de ley que constituyen una proposición global de nueva legislación minera. Estos dos proyectos son: [u]na ley orgánica constitucional, que configura el régimen de concesiones mineras, y [u]na ley, que constituirá el nuevo Código de Minería“16.

32º En la Historia de la Ley Nº 18.097 (p. 40), la Junta de Gobierno señala que la anterior regulación de caducidad de pleno derecho, ”(…) originada en una política de patentes irreales, ocasiona a diario innumerables problemas, porque para estudiar la situación jurídica de una concesión obliga a probar que nunca se incurrió en caducidad y que se han pagado todas las patentes desde su origen. Más tarde se pretendió perfeccionar ese sistema, permitiendo el saneamiento de títulos mediante el pago de las últimas seis patentes. Sin embargo, este mecanismo no logra dar transparencia a los derechos que pudieren estar vigentes ni menos acerca de la situación de los terrenos francos“.

De esta manera, “(…) de las dos causales que actualmente la legislación establece para el caso de desamparo, desaparece la de caducidad automática contemplada en el artículo 127 del Código. Ello ocurre cada vez que se dejan de pagar dos patentes consecutivas, caso en el que se produce por el solo ministerio de la ley la caducidad de la concesión morosa, a las 12 de la noche del 31 de marzo del año en que se incurre en mora del segundo pago, momento desde el cual

15 Historia de la Ley Nº 18.097, p. 40.

16PIÑERA, José: Fundamentos de la Ley Constitucional Minera, Santiago: Economía y Sociedad, 2002, p. 54.

cesan los efectos de todas las inscripciones vigentes. Esta caducidad automática desaparece y se la reemplaza exclusivamente por la declaración de terreno franco“17.

33º Para evitar la interpretación errónea que, como (…) en las concesiones hay dominio por parte del titular, las causales de extinción que estableciera la nueva ley, podrían considerarse que no rigen respecto de las concesiones mineras adquiridas bajo el imperio de una ley anterior, toda vez que este derecho real -el dominio- tiene causales de extinción propias establecidas en la Carta Fundamental. [ ] Por eso es que es procedente en derecho un precepto de rango constitucional para imponer que las nuevas normas, en cuanto a los goces y cargas de las concesiones mineras, pero muy en particular en lo tocante a su extinción, prevalecerán respecto de las normas anteriores y les serán aplicables aún a las concesiones obtenidas bajo el imperio de la ley anterior“18.

I) Aportes de la investigación histórica para la resolución del caso concreto

34º De la revisión hecha anteriormente, nos parece claro que el objeto del Decreto Ley Nº 1.759, de 1977, era entregar certeza a los concesionarios mineros respecto a la propiedad sobre sus derechos. Esto resulta evidente luego de leer su parte considerativa, como revisamos (ver considerando 12º), pero, además, de la interpretación de su propio texto.

En efecto, la frase “no obstante lo dispuesto en el artículo 127 del Código de Minería”

del Decreto Ley Nº 1.759, de 1977, que posteriormente reproduce el artículo 243 del Código de Minería de 1983 quiere decir que, independientemente que haya podido operar esa causal de caducidad, era posible solicitar la declaración de vigencia a través del procedimiento del artículo 6º del mencionado Decreto Ley. Como el reemplazo del sistema de caducidad requería una modificación constitucional, por aplicación de la disposición decimosexta transitoria de la Constitución de 1925 y del Acta Constitucional Nº 3, de 1976, la Junta de Gobierno dicta el Decreto Ley Nº 1.759 en 1977 señalando expresamente que lo hace “en ejercicio del Poder Constituyente”. Estamos hablando, entonces, de una norma que tiene materialmente rango constitucional conforme al Decreto Ley Nº 788, de 1974.

Por tanto, podemos sostener que, en 1977, la intención del Decreto Ley Nº 1.759 fue impedir que continuara aplicándose el aludido artículo 127 como una norma que opera de pleno derecho.

35º En 1980, con la dictación de la Constitución, se buscó el mismo objetivo a través de su normativa permanente. La Comisión Ortúzar, al momento de la discusión de las normas permanentes de la Constitución de 1980 en esta materia, operó sobre la base que el legislador podría establecer causales de caducidad de pleno derecho, pero

17 Historia de la Ley Nº 18.097, p. 82.

18 Historia de la Ley Nº 18.097, p. 84.

no que dichas causales existían por aplicación del artículo 127, o que mantendrían su vigencia. Al contrario, dicho artículo se utiliza como antecedente respecto de los efectos negativos que podría producir el permitir el establecimiento de causales de pleno derecho. De la lectura de las actas de la Comisión, queda claro que se redactó pensando en que la aplicación del articulado permanente de la Constitución era incompatible con el actual Código de Minería y la caducidad de pleno derecho del artículo 127.

De otra forma, estaríamos en el absurdo que la Constitución permitiría la mantención de un estado de incerteza jurídica que es incompatible con toda la argumentación entregada tanto en la historia del establecimiento de los Decretos Ley Nº 1.759, de 1977 y 3.060, de 1979, y de la propia Constitución de 1980.

36º Igual absurdo existiría si resultara admisible la interpretación de la sentencia en cuanto a permitir aún la caducidad de pleno derecho de las concesiones, el artículo 6º del Decreto Ley Nº 1.759, - o el actual artículo 243 del Código de Minería, que mantiene la misma redacción del citado Decreto Ley - estarían contemplando un verdadero procedimiento de “constitución” de un derecho ya extinto, permitiendo revivir la concesión aunque se hubiese extinguido por aplicación del artículo 127 ya indicado del Código de Minería de 1932. Peor aún, esta aplicación sería imprescriptible, y tampoco se regiría por las normas de prescripción del nuevo Código19.

37º La sentencia busca solucionar los problemas de constitucionalidad del artículo 127 del Código de Minería de 1932 a través de una original interpretación de la disposición segunda transitoria de la Constitución. Esta norma indica, en su inciso segundo, que:

“Los derechos mineros a que se refiere el inciso anterior subsistirán bajo el imperio del nuevo Código, pero en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de dicho nuevo Código de Minería. Este nuevo Código deberá otorgar plazo a los concesionarios para cumplir los nuevos requisitos que se establezcan para merecer amparo legal.” (énfasis agregado).

38º El fallo, para fundamentar su argumentación, interpreta la palabra “subsistirán” en la disposición segundo transitoria de la Constitución de la siguiente forma:

“(…) nos parece claro, en consecuencia, que los derechos constituidos con anterioridad al Código de 1983 -siempre que estuvieran vigentes, por cierto- pasaron a regirse, en cuanto a su extinción, por las normas de este nuevo Código, pero, al mismo tiempo, la segunda disposición transitoria de la Constitución no tuvo por finalidad hacer revivir derechos extinguidos, ya que se refirió a que esos derechos subsistirían bajo el nuevo Código, esto es, conforme a su sentido natural y obvio, permanecerían o mantendrían su vigencia;” (considerando 18º -énfasis agregado).

19 Ver Historia de la Ley del Código de Minería de 1983, p. 175.

39º Este voto disidente considera que es incorrecta la aplicación de la disposición segunda transitoria como es interpretada por el fallo. De acuerdo con el Tribunal, dado que los derechos no “subsistieron” a la entrada en vigencia del nuevo Código de Minería, la intención de la Constitución era excluir de su aplicación a las concesiones mineras constituidas con anterioridad a 1983. La interpretación de la palabra “subsistirán” es incorrecto.

El “subsistirán” se refería al paso desde la propiedad minera de 1971 al sistema de concesión minera: es decir, “que aquellos titulares de derechos mineros que en virtud de la legislación vigente se consideran a sí mismos como titulares de "propiedad" minera ahora deberán saberse de titulares de derechos mineros en calidad de "concesionarios"20. En consecuencia, los derechos “subsistirían” a la reforma constitucional.

40º Esta disposición era una norma que estaba pensaba para proteger derechos adquiridos, no para eliminarlos, o limitarlos, como sugiere el fallo. En efecto, como ya citamos anteriormente, de acuerdo con el profesor nombre reservado, el objetivo de la disposición decimosexta transitoria de la Constitución de 1925 era “respetar la situación de los que, al promulgarse la Carta Fundamental, habían obtenido concesiones mineras regidas por el estatuto vigente al obtenerse ellas. Así, pues, esa regla transitoria, [está] inspirada en el deseo de respetar derechos adquiridos con anterioridad a la reforma y de resolver los conflictos de legislación que de otra manera podrían generarse (…)”21.

41º La interpretación de la disposición decimosexta transitoria de la Constitución de 1925 es relevante, toda vez que la disposición segunda transitoria de la Constitución de 1980 es “la transcripción, casi textual, de la disposición decimosexta transitoria de la Constitución de 1925, agregada en virtud del artículo 2° de la Ley N° 17.450, de 16 de julio de 1971, que “reforma la Constitución Política del Estado”, y no tiene sino un alcance “transitorio” y restringido a un posible nuevo sistema de amparo”22.

42º ¿Por qué se mantuvo la norma casi de manera idéntica como transitoria desde 1971 hasta nuestros días? Probablemente por la influencia del profesor nombre reservado. Fue él quien consideró que la aplicación (o repetición) de la disposición decimosexta transitoria de la Constitución de 1925, esta vez en 1980, permitía mandar una “señal” al legislador sobre la necesidad de adoptar la nueva institucionalidad minera, pendiente desde 1971. De ahí que, como es posible advertir, las diferencias entre la norma transitoria de 1925 y la de 1980 son, fundamentalmente, precisar el nombre de esta “nueva ley”.

20ALBURQUERQUE, Winston: "Las minas y las aguas en la Constitución de 1980", Revista Chilena de Derecho, vol. 28, Nº 2, p. 346.

21 nombre reservado: “Valor jurídico de las disposiciones constitucionales transitorias”, Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo LXVIII. Julio-Agosto de 1971, 5-6, p. 76.

22nombre reservado: Derecho Minero, Identidad y Transformaciones, Santiago:

Ediciones UC, 2018, p. 82.

Constitución de 1925 Constitución de 1980

(modificada por la Ley Nº 17.450)

"DECIMOSEXTA.- Mientras una SEGUNDA.- Mientras se dicta el nueva ley determine la forma, nuevo Código de Minería, que deberá condiciones y efectos de las concesiones regular, entre otras materias, la forma, mineras a que se refiere el N° 10° del condiciones y efectos de las concesiones artículo 10 de esta Constitución Política, mineras a que se refieren los incisos los titulares de derechos mineros séptimo al décimo del número 24º del seguirán regidos por la legislación artículo 19 de esta Constitución Política, vigente, en calidad de concesionarios. los titulares de derechos mineros seguirán regidos por la legislación que estuviere en vigor al momento en que entre en vigencia esta Constitución, en calidad de concesionarios.

Los derechos mineros a que se refiere el inciso anterior subsistirán bajo Los derechos mineros a que se el imperio del nuevo Código, pero en refiere el inciso anterior subsistirán bajo cuanto a sus goces y cargas y en lo el imperio de la nueva ley, pero en cuanto tocante a su extinción, prevalecerán las a sus goces y cargas y en lo tocante a su disposiciones de dicho nuevo Código extinción, prevalecerán las disposiciones de Minería. Este nuevo Código deberá de la nueva ley. La ley otorgará plazo a otorgar plazo a los concesionarios para los concesionarios para cumplir los cumplir los nuevos requisitos que se nuevos requisitos que se establezcan para establezcan para merecer amparo legal.

merecer amparo y garantías legales.

En el lapso que medie entre el momento en que se ponga en vigencia En el lapso que medie entre esta esta Constitución y aquél en que entre reforma y la vigencia de la ley a que se en vigor el nuevo Código de Minería, refiere el inciso primero, la constitución la constitución de derechos mineros con de derechos mineros con el carácter de el carácter de concesión señalado en los concesión señalado por el artículo 10 N° incisos séptimo al décimo del número 24º del artículo 19 de esta Constitución,

10° continuará regida por la legislación continuará regida por la legislación actual.". actual, al igual que las concesiones mismas que se otorguen.

43º En consecuencia, la interpretación de la expresión “subsistirá” del inciso segundo de la disposición segunda transitoria debe entenderse de la misma forma que se entendió al momento de su formulación en la Ley Nº 17.450, de 1971: como una expresión que buscaba asegurar los derechos de los titulares, ahora como “concesionarios”. En ningún caso – según entiende el fallo – como una norma que buscaba entender que había derechos que podían no “subsistir” antes de la dictación del Código de Minería de 1983.

POR TANTO, en consideración a todo lo anteriormente expuesto, afirmamos que la aplicación del artículo 127 del Código de Minería de 1932 en el caso pendiente infringe la disposición segunda transitoria de la Constitución, debiéndose, así, haberse declarado su inaplicabilidad.

PREVENCIÓN

Se previene que el Ministro señor CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, concurre al rechazo del requerimiento, teniendo únicamente presente lo siguiente:

1°. Que, el artículo 80 de la ley orgánica de esta Magistratura establece que todo requerimiento de inaplicabilidad debe indicar el o los vicios de inconstitucionalidad que se aducen, “con indicación precisa de las normas constitucionales que se estiman transgredidas”, es decir, al plantearse el conflicto de constitucionalidad el libelo debe señalar de qué manera se produce y el modo en que el precepto impugnado contraría una o más disposiciones de la Constitución, en forma exacta, como lo exige la norma jurídica referida;

2°. Que, en el requerimiento de autos se impugna el artículo 127 del Código de Minería de 1932 por vulnerar principalmente el artículo 19 N°3 de la Constitución, señalando textualmente lo siguiente: “... consideramos que el artículo 127 del CM32 señalado vulnera la Constitución Política del Estado de Chile, la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, en especial el artículo 19 N°3 de nuestra Constitución que asegura a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos al violarse el inciso segundo del artículo 243 del Código de Minería de 1983. No cabe duda de que, aplicar una norma derogada, viola la isonomía de la ley” (fojas 12), y finaliza la inaplicabilidad expresando, como petición concreta para la resolución de este tribunal, se acoja la acción porque viola principalmente el artículo 19 N°3 de la CPR;

3°. Que, en el cuerpo del escrito, que contiene la acción de inaplicabilidad, explica claramente la controversia jurídica que tiene lugar en sede judicial del orden civil, donde se discute una indemnización de perjuicios. No obstante, la inconstitucionalidad que alega el requirente y que resultaría de la aplicación del precepto legal impugnado, en el caso concreto, adolece de precisión, puesto que se aduce la vulneración, principalmente, del artículo 19 N°3 constitucional sin especificar en qué parte y cómo se produce aquello. Cabe entonces dilucidar si se afecta la tutela judicial efectiva, o el derecho a defensa, o la ausencia de un debido proceso. De tal manera que, esgrimido en términos generales la disposición constitucional señalada, se hace imposible verificar la existencia de la infracción denunciada, en cuanto el precepto legal censurado resultaría contrario a la Carta Fundamental en la gestión judicial pendiente;

4°. Que, por consiguiente, no puede prosperar un requerimiento que denuncia la vulneración de la Constitución, por parte de una disposición legal, en una gestión judicial pendiente, si sólo se menciona la norma constitucional infringida sin especificar el modo en que se concreta, como es el caso de autos, donde además se usa la voz “principalmente” que significa, primeramente, sin referirse a otras normas constitucionales;

5°. Que, en lo que respecta a la disposición segunda transitoria de la Constitución, sólo se cita en el libelo que contiene la acción de inaplicabilidad (fojas 7), pero no se explaya acerca de su contenido y de la forma en que el artículo 127 del Código de Minería de 1932 resulta contrario a ella en el caso considerado;

6°. Que, todo lo anterior, impide, según criterio de este Ministro, entrar a resolver el fondo del asunto planteado, por lo que la acción de inaplicabilidad debe ser desestimada.

Redactó la sentencia el Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y las disidencias los Ministros señores IVÁN ARÓSTICA MALDONADO y JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN. La prevención corresponde al Ministro señor CRISTIÁN LETELIER AGUILAR.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 8743-20-INA

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidenta, Ministra señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL, y por sus Ministros señores IVÁN ARÓSTICA MALDONADO, GONZALO GARCÍA PINO, JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN, CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, NELSON POZO SILVA, JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ,

señora nombre reservado, y señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y nombre reservado.

Firma la señora Presidenta del Tribunal, y se certifica que los demás señora y señores Ministros concurren al acuerdo y fallo, pero no firman por no encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las medidas dispuestas ante la emergencia sanitaria existente en el país.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga Meza.

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nombre reservado nombre reservado digitalmente nombre reservado nombre reservado Fecha: 2020.11.09 08:44:27 -03'00' por nombre reservado nombre reservado

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Fecha: 2020.11.09 nombre reservado 09:39:10 -03'00'

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