Inaplicabilidad del artículo 4°, N° 2, de la Ley N° 20.720

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ____________ Sentencia

Rol 8305-2020

[7 de julio de 2020]

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REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 4°, N° 2, DE LA LEY N° 20.720

COMERCIALIZADORA HACIENDA CURACAVÍ LIMITADA EN LA CAUSA ROL C-2023-2019, SOBRE SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN FORZOSA, SEGUIDA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE CASABLANCA, ACTUALMENTE EN CONOCIMIENTO DE LA CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO, POR RECURSO DE HECHO, BAJO EL ROL N° 216-2020

VISTOS:

Con fecha 31 de enero de 2020, Comercializadora Hacienda Curacaví Limitada, ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 4°, N°2, de la Ley N° 20.720, en la causa Rol C-2023-2019, sobre solicitud de liquidación forzosa, seguida ante el Juzgado de Letras de Casablanca, actualmente en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por recurso de hecho, bajo el Rol N° 216-2020.

Precepto legal cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos impugnados dispone:

“Ley N° 20.720

(…)

Artículo 4°.- Recursos. Las resoluciones judiciales que se pronuncien en los Procedimientos Concursales de Reorganización y de Liquidación establecidos en esta ley sólo serán susceptibles de los recursos que siguen:

1) Reposición: Procederá contra aquellas resoluciones susceptibles de este recurso conforme las reglas generales, deberá interponerse dentro del plazo de tres días contando desde la notificación de aquélla y podrá resolverse de plano o previa tramitación incidental, según determine el tribunal. Contra la resolución que resuelva la reposición no procederá recurso alguno.

2) Apelación: Procederá contra las resoluciones que esta ley señale expresamente y deberá interponerse dentro del plazo de cinco días contado desde la notificación de aquéllas. Será concedida en el solo efecto devolutivo, salvo las excepciones que esta ley señale y, en ambos, casos gozará de preferencia para su inclusión en la tabla y para su vista y fallo.

En el caso de las resoluciones susceptibles de recurrirse de reposición y de apelación, la segunda deberá interponerse en subsidio de la primera, de acuerdo a las reglas generales.

3) Casación: Procederá en los casos y en las formas establecidas en la ley.”.

Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

La requirente indica, respecto de la gestión pendiente, que con fecha 26 de septiembre de 2019, fue presentada una solicitud de liquidación forzosa en su contra, ante el Juzgado de Letras de Casablanca. Agrega que se opuso a la solicitud de liquidación forzosa, oponiendo excepciones y ofreció rendir prueba. El Tribunal, por su parte, citó a una audiencia de prueba para el día 13 de enero de 2020.

Señala que interpuso un incidente de nulidad de todo lo obrado por existir vicios en el procedimiento, únicamente reparables por esa vía, entre otras, infracción al artículo 124 N°2 letra a) de la Ley N° 20.720, es decir, la omisión de la obligación que tiene el Tribunal de pronunciarse respecto a la admisibilidad y pertinencia de las pruebas ofrecidas por las partes. En la audiencia de prueba, explica que el Tribunal rechazó el incidente de nulidad de todo lo obrado, dado que no había ningún vicio en el procedimiento concursal que irrogara algún perjuicio a las partes.

Frente a lo anterior, la requirente interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio, rechazándose la reposición y declarándose no ha lugar por improcedente el recurso de apelación, en virtud de la norma cuestionada, por no ser la resolución de aquellas susceptibles de apelación. En contra de esta última resolución, se interpuso un recurso de hecho, lo que constituye la gestión pendiente.

Paralelamente, se dictó resolución de liquidación, la que a su vez está pendiente de apelación.

En cuanto al conflicto constitucional, en primer lugar, la actora sostiene que el precepto impugnado vulnera los artículos 1° y 19 N° 2 de la Constitución, esto es, el principio de igualdad ante la ley, ya que existe una diferencia arbitraria que carece de suficiente razonabilidad. Aduce que, por ejemplo, en un juicio ejecutivo en que la parte ejecutada presenta un incidente de nulidad de todo lo obrado, y este es rechazado, puede interponer un recurso de apelación para que el superior jerárquico revise tal decisión.

Sin embargo, alega, en el caso concreto, se ve privada de tal revisión, por expresa disposición de la norma cuestionada. En este sentido, insiste, se ha dado a dos grupos de personas que están en una misma situación un trato distinto, lo que no resulta razonable, objetivo y no se justifica.

En segundo término, argumenta una vulneración a la garantía constitucional del debido proceso, entendido como el derecho a un procedimiento racional y justo que contemple el derecho al recurso, derecho consagrado en normas internacionales.

Finalmente, indica que este derecho es una garantía frente a un eventual error judicial, en que debe existir una instancia de revisión por el superior jerárquico, lo que no se contrapone con el principio de celeridad, ya que este no puede contravenir la garantía constitucional del debido proceso.

Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Segunda Sala, con fecha 12 de febrero de 2020, a fojas 62, disponiéndose la suspensión del procedimiento. Fue declarado admisible por resolución de la misma Sala el día 26 de febrero de 2020, a fojas 66, confiriéndose traslados de estilo, sin verificarse presentaciones.

Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 23 de abril de 2020 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública, sin alegatos de las partes.

Se adoptó acuerdo con igual fecha, conforme fue certificado por el relator de la causa.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, traídos los autos en relación, y luego de verificarse la vista de la causa, se procedió a votar el acuerdo respectivo, obteniéndose el resultado que a continuación se enuncia:

La Presidenta, Ministra señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL, y los Ministros señores IVÁN ARÓSTICA MALDONADO, CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ y MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, estuvieron por acoger la acción deducida a fojas 1.

Por su parte, los Ministros señores GONZALO GARCÍA PINO, JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN, NELSON POZO SILVA, la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, y el Ministro señor RODRIGO PICA FLORES, estuvieron por rechazar el requerimiento.

SEGUNDO: Que, en esas condiciones, se ha producido empate de votos, con lo cual, atendido el quorum exigido por el artículo 93, inciso primero, N° 6, de la Carta Fundamental para acoger un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y teniendo en cuenta, de la misma forma, que por mandato del literal g) del artículo 8° de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, el voto del Presidente de esta Magistratura no dirime un empate, como el ocurrido en el caso sub-lite, y, no habiéndose alcanzado la mayoría para acoger el presente requerimiento de inaplicabilidad, éste deberá ser necesariamente desestimado.

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

I. QUE, HABIÉNDOSE PRODUCIDO EMPATE DE VOTOS, NO SE HA OBTENIDO LA MAYORÍA EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 93, INCISO PRIMERO, NUMERAL 6° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA DECLARAR LA INAPLICABILIDAD REQUERIDA, POR LO CUAL SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A FOJAS 1.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE.

VOTO POR ACOGER

La Presidenta, Ministra señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL, y los Ministros señores IVÁN ARÓSTICA MALDONADO, CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ y MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, estuvieron por acoger el requerimiento, por las siguientes razones:

I. ANTECEDENTES GENERALES

1°. Que el presente requerimiento de inaplicabilidad es interpuesto por Comercializadora Hacienda Curacaví Limitada en el marco de un proceso judicial de liquidación forzosa que ha sido iniciado en su contra por parte de Saviatech SpA y del cual conoce el Juzgado de Letras de Casablanca. El fundamento para esta solicitud de liquidación forzosa se encontraría en la causal contenida en el N°1 del artículo 117 de la ley N°20.720, esto es, por cesar en el pago de una obligación que conste en título ejecutivo con el acreedor solicitante. En efecto, según se advierte en la demanda de liquidación forzosa, la demandante reclama el pago de un total de 12 facturas, las cuales se mantendrían adeudadas hasta la fecha de la reseñada solicitud.

2º.- Que, en el contexto de la indicada acción judicial, la parte requirente expone que habiéndose llevado a cabo la respectiva audiencia inicial a que se refiere el artículo 120 de la Ley Nº 20.720, se opuso a la solicitud de liquidación, oponiendo como excepciones aquella contenida en el numeral 7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, esto es “[l]a falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea con relación al demandado” y aquella contemplada en el numeral 17 de la indicada norma legal, que alude a “[l]a prescripción de la deuda o sólo de la acción ejecutiva” .

3º.- Que, en la señalada audiencia inicial se definieron los hechos objeto de prueba para acreditar las excepciones interpuestas. De este modo se fijó audiencia de prueba para el día 13 de enero de 2020. En el tiempo intermedio entre la audiencia inicial y la de prueba, el requirente indica haberse percatado de importantes vicios en la tramitación del proceso de liquidación forzosa. En particular, indica que se habría incumplido con el trámite probatorio exigido en el artículo 124 Nº 2 de la Ley Nº 20.720, relativo a la obligación que recae en el tribunal de pronunciarse acerca de acerca de la admisibilidad y pertinencia de las pruebas ofrecidas. Al haberse incumplido con el mencionado trámite, el requirente plantea la necesidad de que se declare la nulidad de todo lo obrado, por haberse vulnerado una exigencia que tiene incidencia determinante en la tramitación del proceso judicial de liquidación.

4º.- Que el incidente de nulidad antes descrito fue rechazado por el tribunal, el cual, junto con descartar el vicio alegado, estimó que no se cuestionó oportunamente la resolución que se pronunció sobre la admisibilidad de los medios de prueba, motivo por el cual correspondía el rechazo del incidente planteado. En contra de esta resolución judicial, el requirente recurrió de reposición y apelación en subsidio. El primero de los recursos fue rechazado por el mismo tribunal, mientras que, respecto a la apelación, decidió lo siguiente:

“Atendido lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 4° de la ley N°20.720 y teniendo presente que la resolución recurrida no es de aquellas que la ley señala expresamente como susceptibles de recurrirse de apelación, no ha lugar por improcedente”.

5º.- Que, en contra de la mencionada resolución judicial, el requirente ha recurrido de hecho, precisamente por la restricción determinada por el tribunal de primera instancia al denegar el recurso de apelación, siendo en esta gestión, en la cual la aplicación del precepto legal requerido de inaplicabilidad juega un papel fundamental, siendo decisivo para la decisión del juez de la instancia.

6º.- Que en este contexto, esta Magistratura ha sido llamada a pronunciarse sobre la eventual inconstitucionalidad derivada de la aplicación, al caso concreto, del precepto legal contenido en el artículo 4°, N°2, de la Ley N° 20.720, en cuanto al establecer en su numeral 2 las resoluciones susceptibles de ser recurridas de apelación, impide que un tribunal distinto de aquel que dictó la resolución, pueda pronunciarse respecto de la decisión judicial que ha recaído en el incidente de nulidad de todo lo obrado planteado por la parte requirente, afectando con ello sus garantías constitucionales. Los cuestionamientos antes descritos, serán objeto del análisis que a continuación desarrollaremos.

II. DE LA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 20.720 Y EN PARTICULAR DEL ARTÍCULO 4º, Nº 2, AL CASO CONCRETO

7º.- Que la controversia de la especie se desarrolla en el marco de un proceso judicial seguido bajo la regulación procesal de la Ley Nº 20.720. Resulta pertinente tener en consideración que el mencionado cuerpo legal, se originó teniendo como objetivos el permitir el pronto y oportuno salvamento de empresas viables; la ordenada y expedita liquidación de aquellas que no gocen de tal viabilidad y, finalmente, la necesidad de entregar a Chile un marco normativo concursal acorde a los tiempos de hoy. (Mensaje del Proyecto de Ley. Historia de la Ley Nº 20.720, p. 4)

8º.- Que, a su vez, la reseñada iniciativa legislativa consignaba en el mismo Mensaje, como uno de los puntos de insoslayable necesidad de corrección “El derecho a defensa del deudor cuya quiebra se reclama. En la actualidad, la opción del demandado de oponerse a la declaración de quiebra es posterior al pronunciamiento de la sentencia que la declara, lo que es cuestionable desde la perspectiva del debido proceso e incluso desde el sentido común general. No vale demasiado la pena defenderse de una calificación que ya ha tenido lugar y donde el efecto dañoso ya se ha configurado”.

9º.- Que, como se aprecia, el cuerpo legal a que dio lugar la creación de la Ley Nº 20.720 tenía por finalidad, junto con adaptar la normativa vigente en materia de quiebras a las actuales necesidades del mercado, velar por una correcta, justa y conveniente resolución de los problemas económicos derivados de la insolvencia e inviabilidad que podían afectar a los emprendimientos comerciales, de manera de propender al eficiente resguardo de los intereses de las partes involucradas, tanto deudores como acreedores. Para lo anterior, el Mensaje indica expresamente que “[e]l propósito de esta nueva legislación, incluso desde el punto de vista estructural y de lectura, es hacer prevalecer el régimen de salvataje institucional por sobre el esquema liquidatorio predominante, cambiando el eje desde la extinción empresarial a la reorganización eficiente.”

(Historia de la Ley Nº 20.720, p. 8)

10º.- Que, para alcanzar estos fines, este cuerpo normativo se construye sobre la base de un procedimiento fundado en el principio formativo de la celeridad procesal, estructurado -en lo relativo a la solicitud de liquidación forzosa que nos interesa- sobre la base de una audiencia inicial, una audiencia de prueba y una audiencia de fallo.

11º.- Que, en este contexto, la problemática que nos convoca y en la cual se aplica la norma requerida de inaplicabilidad dice relación precisamente con la audiencia inicial, etapa en la cual el requirente se opuso a la solicitud de liquidación, planteando las excepciones antes reseñadas. Producto de la oposición indicada, el tribunal estableció como hechos a probar, los fundamentos de las excepciones interpuestas por la requirente, como son la falta de alguno de los requisitos o condiciones para que el título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente o sea con relación al demandado y en segundo término, la efectividad de encontrarse prescrita la acción ejecutiva.

12º.- Que con posterioridad a esta audiencia inicial y en forma previa a la audiencia de prueba, la parte requirente ha interpuesto un incidente de nulidad de todo lo obrado, fundado en el incumplimiento de trámites necesarios para dar curso a la solicitud de liquidación planteada en la demanda y la posterior fijación de los hechos a probar. En efecto, el requirente planteó como vicios, la supuesta omisión en que habría incurrido el tribunal al no exigir a la demandante de autos que acompañase los títulos ejecutivos que servían de base a su pretensión, bajo apercibimiento de tener por no presentada la acción judicial. Un segundo vicio expuesto por la requirente guarda relación con la exigencia que el artículo 120 Nº 1 de la Ley Nº 20.720 impone al tribunal en orden a informar al deudor acerca de la demanda presentada en su contra y de los efectos de un eventual Procedimiento Concursal de Liquidación. Finalmente, como tercer vicio, el requirente plantea la falta de pronunciamiento por parte del Tribunal respecto a la admisibilidad y pertinencia de los medios de prueba ofrecidos por las partes.

13º.- Que en relación a los indicados cuestionamientos que viciarían las actuaciones del tribunal en el marco de este proceso judicial de liquidación forzosa, la requirente estima que se trata de vicios de tal entidad que requieren de la declaración de nulidad como único remedio para restablecer el orden y observancia del derecho en la contienda que involucra a las partes.

14º.- Que es precisamente en el contexto de la reseñada controversia incidental, en que tiene aplicación el precepto legal cuya inaplicabilidad se solicita, toda vez que habiendo rechazado el tribunal de primera instancia los hechos que se le imputaban como vicios procedimentales, el requirente interpuso recurso de reposición ante el mismo tribunal, con apelación subsidiaria. La primera de las impugnaciones fue rechazada por parte del mismo tribunal al que se le imputaban los vicios descritos, mientras que el segundo de los recursos, el de apelación, el cual fue interpuesto precisamente para que la cuestión debatida fuera conocida por el superior jerárquico del tribunal cuestionado, fue declarado como no ha lugar por improcedente, precisamente por aplicación del artículo 4º Nº 2 de la Ley Nº 20.720, tal como se aprecia en la decisión del tribunal de primera instancia, cuya copia se adjunta a fojas 88 del expediente constitucional.

15º.- Que la norma cuestionada establece que el recurso de apelación en el marco de los procedimientos seguidos bajo la Ley Nº 20.720, únicamente es procedente contra las resoluciones que esta ley señale expresamente. En tal sentido, la resolución que rechaza un incidente de nulidad como el pretendido en la especie, al no estar contenida dentro de aquella declaración expresa que exige el precepto legal, queda al margen de la posibilidad de que un tribunal distinto de aquel al que se le atribuyen incumplimientos con incidencia decisiva en el desarrollo del proceso judicial, pueda pronunciarse al respecto.

16º.- Que en relación a la posibilidad de impugnar una resolución judicial debemos tener presente que tal como ha indicado nuestra doctrina, detrás de los medios de impugnación aparecen como fundamentos dos aspectos esenciales:

“Por un lado, servir como control a la actividad del juez. El órgano puede incurrir en un error en el desempeño de su actividad, de modo que el nuevo examen, especialmente cuando es realizado por un Tribunal Superior, garantiza en cierta medida el acierto de la resolución;

Y por otro, asegurar el derecho de defensa del perjudicado por la resolución, de modo que entra en juego el término gravamen, justificándose la impugnación por ser la resolución objeto de la misma gravosa para la parte.” (nombre reservado nombre reservado, nombre reservado

nombre reservado. “Los Recursos Procesales”, Editorial Jurídica de Chile, 2010, p. 19).

17º.- Que, dentro de las finalidades descritas, podemos evidentemente enmarcar al recurso de apelación, el cual la misma doctrina antes indicada ha definido como “el acto jurídico procesal de la parte agraviada, o que ha sufrido un gravamen irreparable con la dictación de una resolución judicial, por medio del cual solicita al Tribunal que la dictó que eleve el conocimiento del asunto al Tribunal superior jerárquico , con el objeto de que este la enmiende con arreglo a derecho”. (Ibid. p.120)

18º. Que en definitiva, el recurso de apelación constituye un mecanismo de impugnación de carácter general, cuyo fundamento es el agravio sufrido por la parte recurrente y cuyo objetivo es permitir que sea el tribunal superior, el que revise la resolución cuestionada y pueda restablecer la observancia del ordenamiento jurídico, mediante una decisión que se pronuncie derechamente respecto del cuestionamiento planteado por la parte agraviada, desde una posición de imparcialidad y consideración a las pretensiones y argumentos de ambas partes involucradas. En definitiva, mediante este recurso se busca salvaguardar los intereses de ambas partes en juicio junto con garantizar -en lo que nos interesa- el respeto a las garantías de un justo y racional juzgamiento.

19º.- Que, de este modo, cuando se limita la posibilidad de apelar respecto de una resolución judicial que resuelve un incidente de tanta trascendencia como es la nulidad de todo lo obrado -entendiendo que no estamos en presencia de una cuestión incidental accesoria, sino que, muy por el contrario, nos referimos a cuestionamientos de cuya verificación o desestimación depende el desarrollo del proceso y por supuesto la decisión definitiva, expresada en una sentencia que resuelve la controversia sometida a conocimiento del tribunal-, tal limitación termina friccionando directamente con las garantías constitucionales de la parte afectada por tal restricción, siendo pertinente analizar a continuación si esa fricción, se termina expresando, atendidas las circunstancias del caso concreto, como una vulneración a dichas garantías.

III. DE LA AFECTACIÓN A LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL REQUIRENTE

20º.- Que la parte requirente expone en su presentación que la imposibilidad de recurrir de apelación, por aplicación al caso concreto del artículo 4º Nº 2 de la citada Ley Nº 20.720, pugna con sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 Nº 2 de la Carta Fundamental y la garantía de un debido proceso en los términos que consigna el numeral 3º del mismo artículo 19 constitucional.

21.- Que en relación a la garantía de igualdad ante la ley, el requirente señala que esta se vulneraría en la medida que el legislador otorga un tratamiento diferenciado al demandado en el marco de un juicio ejecutivo ordinario, el cual frente a un incidente de nulidad, como el interpuesto en la especie, tendría siempre a salvo el derecho a recurrir de apelación en caso de una resolución que le provoque agravio, cuestión que no se verifica tratándose de un proceso judicial sustanciado bajo las regla de la Ley Nº 20.720, como ocurre en este caso, pese a que en la controversia en comento también estamos frente a un verdadero proceso de “ejecución”, como es el proceso de liquidación forzosa, en el cual se demanda a un deudor por un supuesto incumplimiento de obligaciones, y sin considerar, además, que las consecuencias derivadas de este procedimiento judicial de liquidación pueden ser muchísimo más gravosas para el demandado, que aquellas que se puedan verificar en un proceso ejecutivo ordinario.

22º.- Que en definitiva, no se logra apreciar el fundamento que permita justificar de un modo razonable, la diferenciación que se hace en el caso de un proceso de liquidación como el de la especie, frente a un procedimiento de ejecución ordinario, pues el argumento de celeridad que se aprecia en gran parte de la discusión parlamentaria de la Ley Nº 20.720, no constituye un sustento que permita justificar una restricción que incide directamente en el derecho y en los intereses de la parte demandada, más aun tratándose de un medio de impugnación de carácter general y amplio como es el recurso de apelación, sin que además el ordenamiento haya franqueado otro mecanismo de impugnación ante una resolución que resuelve un incidente de la naturaleza del que ha promovido el requirente.

23º.- Que el cuestionamiento a esta limitación no surge de la apreciación subjetiva y particular de estos Ministros. Muy por el contrario, en la misma discusión parlamentaria de la iniciativa legal se alzaron voces cuestionando esta decisión. Así, el profesor nombre reservado en su opinión jurídica ante la Comisión de Constitución del Congreso Nacional, expresó respecto de esta restricción, lo siguiente:

“El profesor señor nombre reservado planteó que, según el proyecto, el recurso de reposición es de general aplicación, al disponerse que procederá́ contra cualquier resolución, así como que deberá interponerse dentro de tercero día desde la notificación de aquella y que podrá́ resolverse de plano. Contra la resolución que resuelva la reposición, no procederá́ recurso alguno.

Declaró no compartir este criterio, porque este recurso es el medio que tiene el agraviado para que los jueces modifiquen o revoquen un tipo de providencias muy sencillas, como son los autos o decretos que se dictan para darle curso progresivo a los autos.

De ahí que este recurso resulta totalmente insuficiente para impugnar resoluciones, como son las que se pronuncian para zanjar las disputas en materia concursal, si se considera además la complejidad que tienen las controversias que en este ámbito se ventilan; los frecuentes choques de intereses que han de dirimirse; la vastedad de materias que abarca su regulación y la repercusión socio-económica que concita la falencia de un deudor.” (Historia de la Ley Nº 20.720, p. 1176).

24º.- Que como ya es de general conocimiento, esta Magistratura ha indicado que [l]a igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se hallen en condiciones similares. Un primer test para determinar si un enunciado normativo es o no arbitrario, consiste en analizar su fundamentación o razonabilidad y la circunstancia de que se aplique a todas las personas que se encuentran en la misma situación prevista por el legislador. Ahora bien, no basta con que la justificación de las diferencias sea razonable, sino que además debe ser objetiva. Si bien el legislador puede establecer criterios que permitan situaciones fácticas que requieran de un tratamiento diverso, ello siempre debe sustentarse en presupuestos razonables y objetivos que lo justifiquen, sin que quede completamente entregado el establecimiento al libre arbitrio del legislador. Así, para poder determinar si se infringe la igualdad ante la ley, es necesario atender además a la finalidad perseguida por el legislador para intervenir el derecho fundamental de que se trata, la que debe ser adecuada, necesaria y tolerable para el destinatario de la misma. (STC 1133 c. 17).

25º.- Que, por tanto, cuando se ha estimado como objetivo de la regulación legal contenida en la Ley Nº 20.720, favorecer un mecanismo que de manera expedita permita solucionar los conflictos generados por la insolvencia en que recaen los deudores, frente al legítimo derecho de los acreedores, unido ello a la necesidad de permitir que las iniciativas de emprendimiento comercial tengan una rápida entrada y salida del mercado que no entrabe el devenir económico y para alcanzar dicho propósito, se limita la posibilidad de discutir la cuestión de manera fundada, en el marco de un proceso judicial que asegure iguales herramientas que aquellas que goza en general un deudor -efecto que en definitiva provoca la aplicación al caso concreto del precepto legal contenido en el artículo 4 Nº 2-, se provoca una afectación a la garantía de igualdad ante la ley que no puede ser soslayada por esta Magistratura.

26º.- Que por otra parte el requirente plantea que la aplicación del precepto legal cuestionado en la controversia de la especie genera una vulneración a la garantía de un juzgamiento acorde al debido proceso, en los términos que consigna el artículo 19 Nº 3 constitucional, desde que se le priva de un medio recursivo indispensable para resolver la incidencia de nulidad que ha sido por él planteada y que en la especie, mediante la limitación antedicha, ha quedado entregada a la decisión exclusiva y excluyente del tribunal que conoce de la gestión pendiente, el cual ha resuelto en “única instancia” un cuestionamiento que le ha sido imputado, sin que exista posibilidad de que sea el superior jerárquico ajeno a la discusión de la controversia, el que pueda zanjar tales cuestionamientos.

27º.- Que, en relación a la garantía de un justo y racional juzgamiento, esta Magistratura a través de su jurisprudencia ha sostenido que [e]l legislador está obligado a permitir que toda parte o persona interesada en un proceso cuente con medios apropiados de defensa que le permitan oportuna y eficazmente presentar sus pretensiones, discutir las de la otra parte, presentar pruebas e impugnar las que otros presenten, de modo que, si aquéllas tienen fundamento, permitan el reconocimiento de sus derechos, el restablecimiento de los mismos o la satisfacción que, según el caso, proceda; excluyéndose, en cambio, todo procedimiento que no permita a una persona hacer valer sus alegaciones o defensas o las restrinja de tal forma que la coloque en una situación de indefensión o inferioridad. (STC 1411 c. 7)

28º.- Que esa exigencia para el legislador de asegurar medios apropiados para que las partes de una controversia judicial puedan exponer de manera pertinente en juicio sus argumentos y defender debidamente sus intereses no se verifica, cuando por aplicación de un precepto legal, como es el contenido en el artículo 4 Nº 2 de la Ley Nº 20.720, en el caso concreto se le impide al deudor poder requerir del superior jerárquico del tribunal que conoce de la cuestión, un pronunciamiento que establezca la efectividad de los cuestionamientos procedimentales planteados y de este modo se asegure una resolución ajustada a derecho que posteriormente se refleje en una definición del asunto carente de todo cuestionamiento que permita, en definitiva, entregar una resolución ajustada al estándar de justicia y racionalidad que exige nuestro ordenamiento constitucional.

29º.- Que sobre este particular estándar que debe ser exigido en todo juzgamiento, cabe recordar que [u]n procedimiento legal debe ser racional y justo. Racional para configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para orientarlo a un sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso. Con ello se establece la necesidad de un juez imparcial, con normas que eviten la indefensión, que exista una resolución de fondo, motivada y pública, susceptible de revisión por un tribunal superior y generadora de la intangibilidad necesaria que garantice la seguridad y certeza jurídica propias del Estado de Derecho. (STC 1838 c. 10)

30º.- Que en virtud de las argumentaciones expuestas precedentemente, cuando en el marco de un procedimiento judicial, de eventuales gravosas consecuencias para la parte demandada, como ocurre con el procedimiento de liquidación forzosa promovido en la especie, ésta se ve impedida de solicitar un pronunciamiento al tribunal superior jerárquico, respecto a eventuales vicios procedimentales que tendrán incidencia directa en el resultado de la gestión judicial, y la decisión de tales eventuales infracciones queda entregada exclusivamente al mismo tribunal al que se le imputan dichas transgresiones, entonces la aplicación del precepto legal que favorece tal vulneración, no resulta compatible con el respeto a las exigencias de un justo y racional juzgamiento, de modo tal que en su aplicación al caso concreto, provoca una infracción constitucional que merece ser subsanada mediante la declaración de inaplicabilidad de dicha norma, siendo esta decisión la que representa -en opinión de estos Ministros- el pleno y absoluto respeto a la Carta Fundamental y sus garantías.

VOTO POR RECHAZAR

Los Ministros señores GONZALO GARCÍA PINO, JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN, y NELSON POZO SILVA, la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, y el Ministro señor RODRIGO PICA FLORES, estuvieron por rechazar el requerimiento, por las siguientes razones:

I. CONFLICTO SOMETIDO A LA DECISIÓN DE ESTA MAGISTRATURA

1°. De acuerdo a lo que se ha expuesto en la parte expositiva, el conflicto que el requerimiento de inaplicabilidad plantea ante este Tribunal Constitucional se centra en denunciar que el numeral 2° del art. 4 de la ley N° 20.720, al establecer una limitación respecto de la procedencia del recurso de apelación en los procedimientos que rige de causas sobre liquidación forzosa, vulnera tanto el principio de igualdad ante la ley, contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, como el del debido proceso, consagrado en el N° 3 del mismo artículo.

La actora sostiene al efecto que mediante la aplicación del referido precepto legal se vulnera el artículo 19 N° 2, por dar un trato distinto a personas que se encuentran en una misma situación, como son aquellas ejecutadas en un juicio ejecutivo y quienes son deudoras en un procedimiento de liquidación forzosa. Al respecto argumenta que en “un juicio ejecutivo en que la parte ejecutada haya presentado un incidente de nulidad de lo obrado, siendo rechazado dicho incidente por el tribunal, de conformidad al artículo 187, en relación al artículo 158, ambos del CPC, la parte ejecutada puede interponer de forma oportuna y eficaz en contra de la referida resolución un recurso de apelación” (fs. 8), mientras tanto que el precepto impugnado le niega esa posibilidad, reclamando que “no existen razones objetivas por las que, en el presente caso, solo por tratarse de un procedimiento especial, no exista la posibilidad de interponer un recurso de apelación”.

Alega también que la norma legal infringe su derecho al recurso, como componente del derecho a un racional y justo procedimiento contemplado en el artículo 19 N° 3 inciso 6° constitucional. Aduce al efecto que, al no existir la posibilidad de interponer un recurso ordinario ante un tribunal superior en contra de la resolución que rechazó el incidente de nulidad de lo obrado que había presentado, se “limita perniciosamente en grado de privación la posibilidad de la parte agraviada de un examen más amplio y eficaz ante un tribunal superior, de manera tal que el juicio se transforma, en los hechos, en un proceso de única instancia cuestión que claramente agrede la garantía fundamental del debido proceso” (fs.13), considerando además que “no existe una justificación racional para que el derecho a la defensa sea sacrificado en favor de la celeridad del proceso” (fs. 14).

II. PRESUPUESTOS FÁCTICOS

2°. La gestión judicial que da origen a la acción de inaplicabilidad sometida a la decisión de esta Magistratura Constitucional, tiene su origen en una solicitud de liquidación forzosa en contra de Comercializadora Hacienda Curacaví Ltda. y presentado ante el Juzgado de Letras de Casablanca (autos concursales Rol C-2023- 2019).

En la audiencia inicial de 6 de enero de 2020, la requirente se opuso a la solicitud interponiendo las excepciones del art. 464 N° 7 (falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva) y N° 17 (prescripción de la deuda o sólo de la acción ejecutiva) del Código de Procedimiento Civil y ofreció rendir prueba. El juez recibió a prueba las excepciones, fijándose como puntos a probar aquellos contenidos en el acta respectiva, tuvo como ofrecida la prueba tanto por la solicitante como por la sociedad requirente y citó a las partes a audiencia de prueba para el día 13 de enero de 2020.

Durante el desarrollo de la audiencia de prueba, la sociedad requirente presentó un incidente de nulidad de todo lo obrado, esgrimiendo que lo formulaba entonces porque sólo al día siguiente de la audiencia inicial pudo tener acceso al contenido del acta de la continuación de ella para revisar los antecedentes que obraban en el proceso y recién entonces advirtió que existían una serie de vicios que ameritaban que se declarara la nulidad solicitada, en especial el haber omitido el tribunal pronunciarse sobre la admisibilidad y pertinencia de las pruebas ofrecidas por las partes. El tribunal rechazó el incidente, atendido tanto que de los antecedentes del proceso y las alegaciones de las partes constaba que el demandante acompañó los títulos ejecutivos fundantes de su presentación, como que en la audiencia inicial la demandada no impugnó la resolución que se pronunció acerca de la admisibilidad o procedencia de la prueba ofrecida.

La requirente presentó en contra de tal resolución recurso de reposición, apelando en subsidio. Mediante resolución de 23 de enero de 2020 el tribunal rechazó la reposición reiterando los argumentos de la resolución recurrida; señalando que no era un vicio reparable con la nulidad la supuesta falta de información al abogado de la demanda presentada en contra de la requirente, desde que éste concurrió a la audiencia inicial y ejerció su derecho a oponerse a la demanda de liquidación forzosa;

y, en fin, que ninguna de las partes impugnó la admisibilidad o procedencia de las pruebas ofrecidas en la audiencia inicial, sin que, por lo tanto, la demandada ejerciera en tiempo y forma, rechazando luego conceder la apelación por ser improcedente conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 4 de la ley N° 20.720, que constituye el precepto legal impugnado en estos autos constitucionales (fs. 39 a 42).

Al impugnar tal resolución la requirente interpuso recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, constituyendo ésta la gestión judicial pendiente de resolución.

III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL

3°. Antes de analizar la constitucionalidad de la norma reprochada en el caso concreto, debe tenerse en cuenta que el requerimiento se dirige en contra de una regla integrante del procedimiento concursal de liquidación forzosa por incumplimiento de obligaciones impagas, por lo que resulta pertinente, primeramente, exponer acerca de la naturaleza jurídica de tal procedimiento.

4°. El régimen de este procedimiento se rige actualmente por las normas de la ley N° 20.720, de 10 de noviembre de 2014, sobre Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas -que en el número 20 de su art. 347 derogó el Libro IV del Código de Comercio sobre Quiebras, que contenía el sistema concursal hasta entonces vigente-, y también por las normas del Código de Procedimiento Civil, al constituir dicho procedimiento un instituto procesal de derecho común, por lo que le es aplicable el artículo 1° del comentado Código, que establece que “las disposiciones de este Código rigen el procedimiento de las contiendas civiles entre partes y de los actos de jurisdicción no contenciosa, cuyo conocimiento corresponda a los tribunales de justicia”.

5°. El nuevo sistema concursal vino a sustituir el contemplado en el Libro IV sobre Quiebras del Código de Comercio, que había recibido numerosas críticas, incluso por organismos internacionales, como las de la OCDE, del cual Chile forma parte. Así en informe de 2011, titulado “Mejores Políticas para el desarrollo:

Perspectivas OCDE sobre Chile” señalaba al respecto: “De acuerdo con la edición de 2011 de Doing Business, indicadores del Banco Mundial, el procedimiento de quiebra en Chile es más extenso y costoso que en la mayoría de los demás países de la OCDE. Se tarda 4.5 años y cuesta 15% de la propiedad cerrar un negocio, en comparación con 1.7 años y 9.1% del promedio nacional de los países de la OCDE. Los procedimientos prolongados y los altos costos de quiebra disuaden a los empresarios de correr riesgos al aumentar el costo de los fracasos (White, 2005)”.

6°. En relación a la historia del establecimiento de la ley N° 20.720, resulta útil recordar que el Mensaje, de 15 de mayo de 2012, que acompañó al articulado propuesto por el Presidente de la República, expresa que “uno de los aspectos de mayor trascendencia que informa nuestra economía es la garantía constitucional de libertad para desarrollar actividades económicas con pleno respeto a las normas que las regulan, de conformidad a lo prevenido en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República.

(…) Que el Gobierno no sólo respeta la libertad económica, sino que quiere fomentar el emprendimiento como motor de la economía nacional, y como un aporte a la mayor realización de las personas, para lo cual debe hacerse cargo de las empresas que en algún momento dejan de ser viables, (…) permitiendo a los acreedores recuperar todo o parte de sus acreencias. (…)

En suma, los motores que impulsan la reforma concursal que se somete a vuestro conocimiento son permitir el pronto y oportuno salvamento de empresas viables; la ordenada y expedita liquidación de aquellas que no gocen de tal viabilidad y, finalmente, la necesidad de entregar a Chile un marco normativo concursal acorde a los tiempos de hoy, con pleno respeto a los estándares internacionales actualmente vigentes”.

7°. El procedimiento concursal de liquidación contemplado en la ley actual es un proceso judicial o jurisdiccional, por lo que “queda entregado a la Administración de Justicia Ordinaria o Poder Judicial y en tal sentido se rige supletoriamente por las normas que ordenan y organizan el actuar de los tribunales ordinarios de justicia. Es un proceso contencioso porque en él se ventilan conflictos jurídicos concretos o hipotéticos entre dos o más sujetos. La controversia en el juicio de quiebra se plantea entre el deudor y la “masa de acreedores”, por un lado y, por el otro, entre los acreedores mismos, que disputarán por empequeñecer el pasivo del fallido en vistas a mejorar sus posibilidades de cobro en el activo falencial” (nombre reservado, “Derecho Concursal del Procedimiento Concursal de Liquidación Ley N° 20.720”, cuarta edición actualizada, Ed. Jurídica de Chile, 2015, pp. 196-197). Asimismo, se trata de un proceso ejecutivo “que se planifica en cumplimiento material del derecho y, en el caso particular de las ejecuciones patrimoniales, en el cumplimiento forzado o compulsivo de una obligación impaga; en estos procesos se busca la realización concreta de la manifestación de voluntad legal” (nombre reservado, o. cit., p. 199).

Según lo que dispone tanto el artículo 2° de la ley N° 20.720, en su numeral 17°, como la doctrina, el procedimiento concursal de liquidación forzosa nace con la demanda deducida por cualquier acreedor en contra del deudor, conforme a lo dispuesto en el Párrafo 1 del Título 1 del Capítulo IV de la mencionada ley, pues “no basta con que exista el estado patrimonial crítico que configura la causa del procedimiento concursal de liquidación forzosa, sino que es necesario que este estado jurídico sea declarado por una resolución de los tribunales de justicia, a petición de cualquier acreedor, que invoque y justifique la existencia de alguna de las causales o hechos reveladores de cesación de pagos previstos en la materia. Es a partir de la resolución de liquidación que se originan los efectos jurídicos que el procedimiento trae aparejados” (nombre reservado, “Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas. Derecho Concursal”, séptima edición actualizada, Ed. Jurídica de Chile, 2015, p. 157).

8°. Es posible entonces afirmar que el régimen de procedimiento concursal de liquidación, y especialmente el de liquidación forzosa, forma parte de un instituto procesal amparado por la Constitución en el numeral 21 de su artículo 19, que asegura a todas las personas el derecho al desarrollo de cualquier actividad económica y cuya regulación está encomendada al legislador. La principal dificultad normativa de tal procedimiento consiste en otorgar garantías efectivas que permitan materializar el contenido constitucional de ese derecho fundamental, lo cual supone que la ley concursal debe orientarse a solucionar los problemas de insolvencia de las empresas que no gocen de viabilidad económica estableciendo para ello un procedimiento expedito y eficaz que salvaguarde tanto los derechos de los acreedores como los del deudor.

IV. DERECHO AL RECURSO Y DEBIDO PROCESO

9°. Cabe anotar que el conflicto de constitucionalidad se centra especialmente en dilucidar si la aplicación del precepto impugnado, en la resolución de la gestión pendiente, importa una vulneración al derecho al recurso y con ello al derecho a un procedimiento racional y justo consagrado en el artículo 19 N° 3 inciso sexto de la Carta Fundamental, de lo cual derivaría una discriminación arbitraria respecto de la requirente porque, al litigar ésta en un procedimiento de liquidación forzosa regido por la ley N° 20.720, se encuentra impedida de interponer un recurso ordinario ante un tribunal superior para reclamar en contra de la resolución que no dio lugar al incidente de nulidad de lo obrado.

10°. En cuanto al derecho al recurso como elemento integrante del debido proceso, este Tribunal ha sostenido que “ni en la dogmática jurídica ni en los textos positivos -nacionales, internacionales y comparados- existe un elenco taxativo de los componentes formalmente definidos como requisitos del debido proceso, aplicables a todo posible contencioso judicial, cualquiera sea su naturaleza, como numerus clausus. Más bien, se ha tendido a exigir elementos mínimos, con variaciones en ciertos componentes según la naturaleza específica del proceso de que se trate.” (STC Rol N° 2723, c. 7°).

Con todo ha precisado que “El derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la Constitución asegura a todas las personas, debe contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada asesoría y defensa con abogados, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores.” (STC Roles N°s 478, c. 14°; 576 cc.

41° a 43°; 1307, cc. 20° a 22°; 2111, c. 22°; 2133, c. 17° y 2657, c. 11°, entre otras). (Énfasis agregado).

11°. Asimismo, esta Magistratura ha puntualizado que el reconocimiento del “derecho al recurso”, como requisito del debido proceso, admite una serie de matices y precisiones. Así, de los antecedentes de la historia fidedigna de la Constitución vigente se hizo ver que, “como regla general”, se reconoce la facultad para interponer recursos, lo que de suyo implica la evidente constitucionalidad de algunas hipótesis en que tales recursos no van a ser admisibles o, simplemente, no existirán (STC Rol N° 2723, c. 10°).

En tal sentido, la ausencia de recursos puede ser constitucionalmente compensada por la jerarquía, integración, composición e inmediación del tribunal que conoce del asunto. Incluso más, cuando se reconoce legalmente el derecho al recurso, en el contexto señalado, menos existirá una exigencia constitucional respecto al tipo de recurso. Por lo mismo, “la exigencia constitucional del derecho al recurso como componente del debido proceso, depende de múltiples circunstancias sistémicas y de contexto procesal, o incluso concretas, y no configura un requisito de validez del juicio per se.” (STC Rol N° 2723, c. 11°).

Lo anterior ocurre especialmente cuando lo que se trata de impugnar no son sentencias definitivas o resoluciones que no ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, sino las restantes resoluciones que se dictan a lo largo del procedimiento.

12°. Lo trascendente es que, para ajustarse a las exigencias constitucionales, el legislador debe asegurar que quienes sometidos a juicio gocen de las garantías efectivas de un procedimiento racional y justo, a fin de que no se encuentren en una situación de indefensión frente a una eventual arbitrariedad en que pueda incurrir el juez.

V. SOBRE LA IGUALDAD ANTE LA LEY

13°. Entrando ahora a examinar los cuestionamientos que plantea el requerimiento respecto del precepto legal impugnado, cabe tener presente que, en primer lugar, sostiene que éste vulnera la garantía de igualdad ante la ley por establecer una distinción de trato que no tiene justificación objetiva y razonable entre quienes son parte ejecutadas en un juicio ejecutivo ordinario y quienes están siendo juzgados de acuerdo al procedimiento contemplado en la ley N° 20.720, al imponer una limitación a la interposición del recurso de apelación que no existe en el procedimiento general de cobro ejecutivo.

14°. Ahora bien, como ha reiterado numerosa jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, la existencia de un tratamiento distinto para una cierta categoría de personas no es suficiente para concluir que ello es contrario a la Carta Fundamental, “pues ésta no prohíbe establecer diferencias, sino que hacerlo arbitrariamente; esto es, careciendo de fundamento razonable que pueda justificarlas” (STC 977 c. 10º, entre otras sentencias).

Por lo anterior, la autonomía de que goza el legislador para configurar los procedimientos le autoriza tratar en forma diversa situaciones que, objetiva y razonablemente, son disímiles, esto es, que por su propia naturaleza o por el tipo de interés comprometido, exijan, como sucede en el caso concreto, una tramitación rápida y eficaz, siempre que con ello respete las exigencias de un racional y justo procedimiento.

15°. Pues bien, ante los cuestionamientos de la requirente referidos a que el N° 2 del artículo 4 de la ley N° 20.720 infringe el derecho a la igualdad ante la ley, cabe afirmar que existen razones objetivas y racionales para que el legislador haya establecido reglas especiales aplicables al deudor sometido a un proceso de liquidación forzosa y que llevan a limitar la posibilidad de que interpongan recursos en él, apartándose de las normas comunes a que se sujeta el deudor en los juicios ejecutivos que regula el Código de Procedimiento Civil.

16°. Al analizar las diferencias que llevan a distinguir en ese sentido uno y otro procedimiento, cabe notar que mientras en las ejecuciones individuales se busca proteger exclusivamente los intereses del acreedor -lo cual se traduce en el hecho de que puede embargar tal o cual bien y tramitar el procedimiento de apremio de forma más o menos rápida, según sus intereses personales-, en el procedimiento concursal está comprometido el interés del deudor, el de los acreedores -que tienen por objeto lograr un acuerdo patrimonial o liquidar en forma ordenada, respetando la prelación de créditos- y el del Estado, a quien le interesa el adecuado uso del crédito en la actividad económica.

Dada esta fundamental diferencia, ante la insolvencia de un sujeto, “debe emplearse una defensa colectiva, porque ese estado patrimonial atenta contra los intereses de la masa, de los acreedores y de la sociedad toda” y, por ello, “siendo diversos los bienes jurídicamente comprometidos en uno y otro caso, son también diferentes las defensas que el derecho ofrece para cada evento” (Sandoval, ob. cit., p. 24).

A lo anterior ha de agregarse, como explica el profesor nombre reservado, que el derecho concursal tiene por finalidad abordar la insolvencia de los deudores, esto es una “iliquidez crónica e irremontable descrita como una asincronía entre las fechas de vencimiento de las obligaciones y el activo circulante del deudor”. De ahí surge la protección al principio par condictio creditorum, que busca resguardar las normas de prelación de créditos siendo así “la única forma posible de resguardar las normas de la prelación de créditos ilusoria entregada a múltiples ejecuciones individuales” (ob. cit., p. 56).

Teniendo presente entonces los bienes jurídicos comprometidos y las particularidades de uno y otro proceso al no encontrarse en una misma situación el insolvente que el demandado en un juicio ejecutivo, no existe, por lo tanto, una desigualdad de trato en la norma legal cuestionada que lleve a la vulneración del artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental.

17°. Por otra parte, la igualdad ante la ley no sólo se traduce en la interdicción de la arbitrariedad (artículo 19 N° 2, inciso segundo, de la Constitución) sino que asegura también la generalidad y abstracción, características de este tipo de normas (artículo 19 N° 2, inciso primero, de la Constitución). Así, “la importancia de la generalidad de una norma en materia procesal radica en el hecho de que se aplica a ambas partes del juicio, quienes se encuentran en la misma situación para interponer las impugnaciones, asegurándose de ese modo un principio primordial del procedimiento civil: la bilateralidad de la audiencia” (STC Rol N° 2034, considerando 14° del voto disidente).

Como ha dicho este Tribunal -en sentencia recaída también en un requerimiento de inaplicabilidad que cuestionaba algunas normas de la ley N° 20.720- si el examen de una eventual desigualdad de trato y, por ende, de un atropello al principio de igualdad ante la ley, obliga a determinar cuál es el universo de aquellos que deben ser tratados como iguales, “cabe desechar la argumentación planteada por el actor, pues el trato igual debe darse entre aquellos que se encuentren regidos por leyes especiales en cuanto a la tramitación de un procedimiento y no entre estos últimos y los afectos a los procedimientos ordinarios” (STC N° 7290, c. 23°). Es decir, como la igualdad debe darse entre ambas partes en el juicio, tampoco puede concluirse que exista infracción a la igualdad ante la ley si tanto al demandante como al demandado les afecta la limitación a que se refiere la norma cuestionada en relación a la procedencia de los recursos que se señala y, en especial, del de apelación a que se refiere el N° 2 de su art. 4°.

VI. SOBRE LA INFRACCIÓN AL DEBIDO PROCESO POR APLICACIÓN DEL PRECEPTO IMPUGNADO

18°. El requirente alega asimismo que el artículo 4° N° 2 de la ley, al disponer que las resoluciones judiciales que se pronuncien en el procedimiento concursal sólo serán susceptibles de apelación en los casos que la ley señale expresamente, restringe “perniciosamente en grado de privación la posibilidad de la parte agraviada de un examen más amplio y eficaz ante un tribunal superior de manera tal que el juicio se transforma, en los hechos, en un proceso de única instancia cuestión que claramente agrede la garantía fundamental del debido proceso” (fs.13). Señala asimismo al efecto que “la vulneración del derecho a defensa en este caso resulta desproporcionado toda vez que atendida la naturaleza jurídica de la resolución que resolvió el incidente de nulidad de lo obrado planteado por la requirente según se ha dicho (sentencia interlocutoria) sólo hacía procedente en su contra el recurso de apelación, no obstante lo cual, atendido lo restrictivo del sistema recursivo contemplado en la norma cuya declaración de inconstitucionalidad se solicita, el recurso de apelación resulta improcedente y en consecuencia no proceden otros derechos, medidas o recursos ante un tribunal superior”(fs. 14).

19°. Sucede que el diseño de un régimen recursivo es parte del ámbito de la autonomía del legislador, el que puede establecer los recursos con libertad siempre que no transgreda las garantías constitucionales.

Por ello el legislador es libre de establecer un sistema de recursos, en cuanto a su estructura, forma y límites, fundado en ciertos y determinados principios sobre los que descansa una ley de acuerdo a la naturaleza de la controversia de que se trate y para dar protección a determinados bienes jurídicos.

20°. Como reconoce la propia requirente (fs. 13), uno de tales principios fundamentales sobre los que descansa la ley N° 20.720 es el de celeridad.

Así al revisar la historia de la ley, explicando la necesidad de disminuir la duración de los procedimientos, se puede constatar que el mensaje presidencial hace mención al problema de demora excesiva que tenían los procesos en el sistema concursal entonces vigente: “En comparación a países de la región, Chile presenta un panorama desolador. Así́, respecto de la duración del procedimiento, Colombia muestra un promedio de 1,3 años, mientras que Uruguay entrega 2,1 años y Bolivia, 1,8 años. Nosotros, en cambio, mostramos un triste promedio de 4,5 años. Si ampliamos la comparación a países que, al igual que Chile pertenecen a la OCDE, las diferencias se acentúan dramáticamente:

Japón, Canadá́ y Dinamarca presentan procedimientos con duraciones que van de los 6 a 9 meses, mientras que otros como Hungría, Estonia y Polonia exhiben procesos que duran entre 2 a 3 años, tiempos que aún siguen siendo más reducidos que los existentes en Chile.”

Profundizando en el tema, en sesión de la Comisión de Economía del Senado el ministro de Economía recalcó la necesidad de establecer límites de tiempo a los procedimientos, explicando al efecto que, en la elaboración del proyecto de ley, “se hicieron una serie de simulaciones, acortando los distintos plazos. Es fundamental ser riguroso y respetar los tiempos, porque el sentido de la oportunidad es fundamental, toda vez que nos vemos enfrentados a una emergencia empresarial, y lo que se busca es priorizar la reorganización de la empresa. Adelantó que el proyecto plantea en esta, así como en otras materias, cambios radicales, que permitirán rebajar el promedio de 4,5 años hasta estándares internacionales”.

Cabe tener en cuenta también en este punto que, al informar sobre el proyecto, la Corte Suprema, refiriéndose específicamente al tratamiento del recurso de apelación, señaló: “Como puede apreciarse, tanto la regla general del artículo 4°, como en los diversos casos en que expresamente el legislador contempló el recurso de apelación, aparece la regla en que se le otorga preferencia al recurso para ser agregado a la tabla, así como también para su pronunciamiento y fallo. Lo anterior, por el carácter expedito que tiene o debería tener un procedimiento concursal” (oficio Nº59-2012).

También resulta pertinente revisar el Informe de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en el cual se deja constancia que don nombre reservado

nombre reservado expresó que “el nuevo sistema se ofrece como un mecanismo en que prima el principio formativo de la celeridad procesal, pues si se debe optar por la desaparición de la actividad de la empresa, ha de privilegiarse que ello ocurra en el menor tiempo posible, advirtiendo que las dilaciones, como por ejemplo, los incidentes o recursos dilatorios, y las obstrucciones de los acreedores silentes, deterioran aún más el valor del activo y, en consecuencia, la factibilidad del pago del pasivo. Para estos efectos, si bien se hace girar las decisiones de la forma de liquidación en la votación de los acreedores, ella es auxiliada por las propuestas efectuadas por el liquidador, tomando especialmente en cuenta los plazos taxativamente designados por la legislación para redistribuir los bienes a usos de mayor valor.”

(p.1151).

21°. Aludiendo al principio de celeridad, nombre reservado y nombre reservado

citan a nombre reservado (Varios autores (2009): “Leyes desde 1992. Vigencia expresa y Sentencias de Constitucionalidad, Bogotá, Casa Editorial), quien indica que tal postulado “se presenta en forma diseminada a lo largo del proceso, por medio de normas impeditivas y sancionadora a la dilación innecesaria, así como a través de mecanismos que permiten el avance del proceso con prescindencia de la actividad de las partes. El hecho trascendente e indiscutible es que una justicia tardía no es justicia”. A tal principio se une el de la economía procesal, que también permea el procedimiento de liquidación forzosa como dicen nombre reservado, quienes, tomando asimismo la obra de Bermúdez transcriben la definición que ésta da acerca de tal postulado, señalando que se orienta a “conseguir los resultados del proceso (el establecimiento de la verdad como medio para lograr la realización del derecho sustancial), con el empleo del mínimo de actividad procesal” (Procedimientos concursales. Ley de insolvencia y reemprendimiento. Ley Nº 20.720, Thomson Reuters, 2015, p. 45).

Tales principios los tuvo presente la Corte Suprema en sentencia 31.591-2018, al explicar que “dentro de las innovaciones desarrolladas en esta ley especial se encuentra la manera en que se ha regulado su sistema recursivo, lo que indudablemente denota que el espíritu del legislador fue el de simplificar el procedimiento y restringir el ejercicio de los recursos que contempla el Código de Procedimiento Civil, limitándolos sólo a los casos en que expresamente consagre tal derecho”(c. 7°); “Que con la finalidad recién expresada corresponde señalar, en primer lugar, que la Ley N° 20.720 es una ley especial y contiene una serie de reglas procesales que difieren de las normas generales en materia de derecho procesal civil, las que deben ser analizadas conforme a sus antecedentes lógicos y sistemáticos, debiendo considerarse, en lo que por ahora incumbe analizar, que la particular naturaleza y finalidad de los distintos procedimientos concursales que la ley somete al conocimiento del órgano jurisdiccional requieren una tramitación rápida y eficaz. Ahora bien, dentro de las innovaciones desarrolladas en esta ley especial se encuentra la manera en que se ha regulado su sistema recursivo, lo que indudablemente denota que el espíritu del legislador fue el de simplificar el procedimiento y restringir el ejercicio de los recursos que contempla el Código de Procedimiento Civil, limitándolos sólo a los casos en que expresamente consagre tal derecho” (c. 8°).

22°. En base a los mismos principios de celeridad y de economía procesal, la regulación del recurso de apelación lleva a que éste goce de preferencia para su inclusión en la tabla y para su vista y fallo, como lo indica el propio artículo 4º numeral 2º de la ley N° 20.720 impugnado.

La celeridad se manifiesta asimismo en una serie de otros preceptos contenidos en el mismo cuerpo legal, como es el referido a los incidentes, ya que, como dispone su artículo 5°, estos solo pueden promoverse respecto de aquellas materias en que se admiten expresamente y no suspenderán el procedimiento concursal, salvo que la misma ley establezca lo contrario; también en ella se funda el artículo 129 inciso final, en cuanto indica que contra la resolución de liquidación procede únicamente el recurso de apelación, el que se concederá en el solo efecto devolutivo y gozará de su preferencia para su agregación extraordinaria a la tabla y para su vista y fallo, estableciendo además que contra la sentencia de segunda instancia no procederá recurso alguno, sea ordinario o extraordinario; el artículo 7°, relacionado con la fatalidad de los plazos establecidos por la ley; las reglas que se relacionadas con la celebración de audiencias verbales, como son la inicial, la de prueba y la de fallo, etc.

23°. Explicados ya los fundamentos de bien colectivo que tuvo en vista el legislador al momento de regular el sistema concursal como consecuencia de la naturaleza que éste reviste, resultando, por lo tanto, razonable que el legislador haya establecido reglas que propendan a que el procedimiento judicial de liquidación forzosa sea ágil, oportuno y eficiente, cabe desechar la impugnación que la sociedad requirente formula en contra del numeral 2 del artículo 4° de la ley N° 20.720 por vulnerar el derecho a ser juzgado de acuerdo a un racional y justo procedimiento reconocido en el numeral 3 del artículo 19 de la Constitución.

En efecto, no merece reproche alguno de constitucionalidad que la regla establezca que las resoluciones judiciales que se pronuncien en el procedimiento concursal de liquidación establecido en la ley sólo serán susceptibles de, entre otros recursos, el de apelación, el cual “procederá contra las resoluciones que esta ley señale expresamente y deberá interponerse dentro del plazo de cinco días contado desde la notificación de aquélla”, y señale además que “en el caso de resoluciones susceptibles de recurrirse de reposición y de apelación, la segunda deberá interponerse en subsidio de la primera, de acuerdo a las reglas generales”. El precepto reconoce el derecho al recurso, ajustándose así a las bases de un debido proceso legal, y sólo lo limita respecto de determinadas resoluciones en la medida que a través de esa vía se dilate en forma innecesaria y perjudicial un procedimiento para dar una adecuada y oportuna solución a la controversia judicial.

24°. No existe, por lo demás, un derecho a obtener la revisión judicial por un tribunal superior de todas y cada una de las resoluciones que se dicten en un procedimiento judicial, por lo que los reproches que se formulan en contra del precepto están dirigidos en contra del mérito de la obra del legislador.

25°. Por último, cabe recordar que el control de constitucionalidad que ejerce esta Magistratura cuando conoce de requerimientos de inaplicabilidad es de carácter concreto, lo cual la obliga a analizar la ley para confrontarla con la Constitución, pero con el solo objeto de determinar si su aplicación en relación a la situación de hecho concreta de que se trata produce un efecto constitucional.

26°. Pues bien, al revisar las aristas del caso concreto sobre el que recae la gestión judicial pendiente, se constata que el requerimiento de autos carece de fundamento plausible.

En efecto, en la audiencia inicial la requirente se opuso a la liquidación interponiendo las excepciones de los números 7 y 17 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, según la facultan los art. 120 N° 2 letra d) y 121 de la ley. El tribunal dio por opuestas tales excepciones y éstas se recibieron a prueba, fijándose como puntos de prueba los siguientes hechos: “1.- Efectividad de faltar alguno de los requisitos lo condiciones para que el título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente o sea con relación al demandado. Hechos que lo acrediten. 2.- Efectividad de encontrarse prescrita la acción ejecutiva. Hechos que lo acrediten”. Concedida luego la palabra por el juez a las partes, ninguna de ellas dedujo recurso en contra de la interlocutoria de prueba, y luego de ofrecida la prueba, el juez citó a las partes a la audiencia de prueba, en la que ésta se rendirá.

Al interponer incidente de nulidad de lo obrado en la señalada audiencia de prueba, el tribunal lo rechaza al no advertir errores en el procedimiento susceptibles de corrección, entre otros motivos, porque la requirente no ejerció oportunamente su derecho a reponer acerca de la admisibilidad y pertinencia de la prueba rendida, en circunstancias que ello debió haberlo formulado verbalmente en la audiencia inicial, según lo que dispone el art. 125 de la ley. Además, desechó tanto la alegación de que el abogado no había sido informado de la demanda -ya que éste concurrió a la audiencia inicial- como la de que no se habían acompañado los títulos ejecutivos fundantes, en circunstancias que ello había sucedido.

Presentado un recurso de reposición con apelación en subsidio, en éste se reiteran, en uno y otro recurso, los mismos argumentos que se hicieron valer en el incidente respecto de los vicios que ya habían sido rechazados. Ello llevó al tribunal a rechazar la reposición por los mismos motivos que tuvo en vista al desechar el incidente de nulidad, haciendo ver que la sociedad demandada no ejerció en tiempo y forma en la audiencia inicial los recursos previstos por la ley.

26°. Conforme a los antecedentes de la gestión pendiente que se acaban de resumir, queda en evidencia que la sociedad requirente ha insistido en reclamar respecto de los mismos vicios que ya fueron rechazados por el tribunal.

Habiendo precluido ya su derecho, no puede aprovecharse de su propia conducta para hacer revivir ante los tribunales nuevamente una discusión que ya está zanjada, esgrimiendo que no se le permite acceder a la revisión de la resolución que impugna por un tribunal superior como consecuencia de la aplicación de la norma que tacha. De ahí que los reproches que formula la sociedad requirente en contra de la aplicación de la norma sean de carácter meramente abstracto, dirigiéndose más bien en contra de una resolución judicial, constituyendo, por lo tanto, el problema que pretende que resuelva esta Magistratura un problema de mera legalidad y no de constitucionalidad que le competa resolver.

27°. Por todo lo anteriormente expuesto, se desecha el requerimiento de autos.

Redactó el voto por acoger, el Ministro señor JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ y el voto por rechazar, la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 8305-20-INA

SRA. nombre reservado

nombre reservado por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidenta, Ministra señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL, por sus Ministros señores IVÁN ARÓSTICA MALDONADO, GONZALO GARCÍA PINO, JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN, CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, NELSON POZO SILVA y JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ, señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, y señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y RODRIGO PICA FLORES.

Firma la señora Presidenta del Tribunal, y se certifica que los demás señora y señores Ministros concurren al acuerdo y fallo, pero no firman por no encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las medidas dispuestas ante la emergencia sanitaria existente en el país.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga Meza.

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