Inaplicabilidad de la expresión “material”, contenida en la letra d), del artículo 5°, inciso primero de la Ley N° 19.983

REPÚBLICA DE CHILE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ____________ Sentencia

Rol 8210-2020

[2 de julio de 2020]

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REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LA EXPRESIÓN “MATERIAL”, CONTENIDA EN LA LETRA D), DEL ARTÍCULO 5°, INCISO PRIMERO DE LA LEY N° 19.983

RENDIC HERMANOS S. A.

EN LA CAUSA ROL N° C-27422-2019, SEGUIDA ANTE EL VIGÉSIMO PRIMERO JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE SANTIAGO, ACTUALMENTE EN CONOCIMIENTO DE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO, POR RECURSO DE APELACIÓN, BAJO EL ROL N° 609- 2020

VISTOS:

Con fecha 17 de enero de 2020, RENDIC Hermanos S.A. ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la expresión “material”, contenida en la letra d), del artículo 5°, inciso primero, de la Ley N° 19.983, en la causa Rol N° C-27422-2019, seguida ante el Vigésimo primer Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, actualmente en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de apelación, bajo el Rol N° 609-2020.

Preceptos legales cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos impugnados dispone:

“Ley 19.983, regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura

1 (…)

Art. 5.- La misma copia referida en el artículo anterior tendrá mérito ejecutivo para su cobro, si cumple los siguientes requisitos:

… d) Que, puesta en conocimiento del obligado a su pago mediante notificación judicial, aquél no alegare en el mismo acto, o dentro de tercero día, la falsificación material de la factura o guía o guías de despacho respectivas, o del recibo a que se refiere el literal precedente, o que, efectuada dicha alegación, ella fuera rechazada por resolución judicial. La impugnación se tramitará como incidente y, en contra de la resolución que la deniegue, procederá el recurso de apelación en el solo efecto devolutivo (...)”.

Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

Señala la requirente ser parte en recurso de apelación que se sustancia ante la Corte de Apelaciones de Santiago, originado en los autos caratulados “Comercial de Valores Factoring SpA con Rendic Hermanos S.A.”, tramitados ante el 21° Juzgado Civil de Santiago.

Refiere cuestionar mediante aquel recurso la resolución pronunciada por el 21° Juzgado Civil de Santiago que rechazó la impugnación por ella deducida en contra de la gestión preparatoria de notificación de copias de facturas cedidas a Coval Factoring S.p.A., en adelante “Coval”, correspondientes a: (i) la Factura N° 810, de fecha 28 de diciembre de 2018, cuyo monto es de $57.952.506 pesos y (ii) la Factura N° 950, de fecha 18 de abril de 2019, cuyo monto es de $26.594.879 pesos.

En dicha gestión preparatoria Coval ha sostenido que:

a. La empresa Obras Civiles R y R Limitada le prestó diversos servicios a Rendic Hermanos S.A., por los cuales habría emitido ciertas facturas que fueron cedidas a Coval.

Las facturas en cuestión se encuentran debidamente recepcionadas, cumpliendo con todos los requisitos que establece el artículo 5° de la Ley N° 19.983.

b. Las facturas en cuestión se encuentran irrevocablemente aceptadas, en los términos del artículo 3° de la Ley N° 19.983.

A su vez, la requirente se ha opuesto al procedimiento de notificación de copia de facturas cedidas, por las siguientes razones:

a. Las facturas son falsas. La operación de compraventa es inexistente, toda vez que no se condice con la orden de compra. Las facturas fueron cedidas al poco tiempo de haber sido emitidas, y, posteriormente, una de ellas fue anulada mediante la emisión de una nota de crédito.

2 b. Las facturas son electrónicas, razón por la cual, su cesión es nula al haberse realizado solo minutos después de haber sido emitidas, sin haber esperado el transcurso del plazo de 8 días que establece la ley para la validez de la cesión, por lo cual, carecen de mérito ejecutivo.

Afirma que, pese a lo expuesto, se rechazó el incidente planteado, por lo cual presentó recurso de apelación, pendiente de resolución ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Sostiene así que en autos se sigue una gestión preparatoria de la vía ejecutiva por facturas que son ideológicamente falsas. No obstante, se ve imposibilitado para impugnar la falsedad ideológica de aquellas, generándose las siguientes contravenciones constitucionales:

i. Infracción al artículo 19 N° 2 de la Constitución. Para que el ejercicio de un derecho fundamental pueda ser limitado se requiere que la restricción sea idónea, necesaria y proporcional a fines constitucionalmente admisibles, no cumpliéndose en la especie aquello y resultando absolutamente atentatorio contra la igualdad ante la ley que los tenedores de facturas materialmente falsas pueden ver truncadas sus intenciones a partir de la oposición expresamente contemplada por la ley al efecto.

ii. Infracción al artículo 19 N° 3 de la Constitución. La aplicación del precepto cuestionado obstaculiza las posibilidades de defensa de la requirente, limitando la igualdad de armas en el proceso al no poder alegar el vicio del que adolecen las facturas en cuestión ni aportar pruebas al respecto.

iii. Infracción al artículo 19 N° 21 de la Constitución El precepto legal atacado vulnera su derecho a desarrollar actividades económicas lícitas, en cuanto supone afectar en lo esencial las atribuciones de quien la desarrolla desde el momento que, en los hechos, el pago de una factura ideológicamente falsa pasa a ser resultado de una imposición carente de causa.

iv. Infracción al artículo 19 N° 24 de la Constitución. Por último, señala que el precepto legal atacado vulnera su derecho de propiedad, al agregar un pasivo en el patrimonio de la empresa por servicios inexistentes. En la especie, ella posibilita configurar un título ejecutivo en su contra, en base a hechos falsos.

Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Primera Sala, con fecha 29 de enero de 2020, a fojas 82. Fue declarado admisible por resolución de la misma Sala el día 6 de marzo de 2020, a fojas 270, confiriéndose traslados de estilo.

3 A fojas 277, con fecha 25 de marzo de 2020, evacúa traslado Comercial de Valores Factoring SpA, solicitando el rechazo del requerimiento.

Destaca al efecto la STC Rol N° 5831-18, en la cual equivalente cuestionamiento fue desestimado por unanimidad por esta Magistratura, reconociéndose así la legitimidad del fin perseguido por el legislador mediante la norma en cuestión.

En la especie, por lo demás, el requirente ha podido defenderse. Pudo oponer la excepción que busca se le conceda mediante el presente requerimiento, en relación con la falta de entrega de las mercaderías. Sin embargo, no lo hizo y no corresponde que en esta sede se le conceda una ventaja procesal que pudo emplear y no ocupó cuando debía hacerlo.

Añade que la alegación de la requirente sobre la irregularidad en la cesión de las facturas es improcedente en sede constitucional, pues no es materia sobre la cual se ha concedido competencia a esta Magistratura para pronunciarse. Y, también, pues en la especie, ambas facturas fueron cedidas y uno de los efectos jurídicos de la cesión entre el deudor cedido y el cesionario, es que el primero no puede oponer las excepciones personales que tuviera contra el cedente.

Sostiene que las facturas referidas han sido irrevocablemente aceptadas y que, desde una perspectiva comercial, no existen las facturas ideológicamente falsas.

Por último, niega la existencia de infracciones constitucionales pues no se ha explicado suficientemente la afectación a las garantías que estima violentadas.

Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 30 de abril de 2020 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública, y los alegatos, por la parte requirente, del abogado don Germán Concha Zavala, y por Comercial Valores Factoring SpA, del abogado don Julio Pallavicini Magnere.

Se adoptó acuerdo en Sesión de 5 de mayo de 2020, conforme fue certificado por el relator de la causa.

I.- ANTECEDENTES DEL CASO CONCRETO.

PRIMERO. Rendic Hermanos S.A. es una sociedad comercial que, como parte de su giro, se encuentra la mantención de establecimientos para la venta de alimentos. Para el desarrollo de su actividad económica requiere de una serie de servicios que son proveídos por terceros. Dentro de ellos, la sociedad Obras Civiles R y R Limitada emitió facturas electrónicas a la primera por distintos conceptos.

Dentro del plazo de 8 días contemplado en la Ley Nº 19.883 para aceptar o rechazar el contenido de un documento, Rendic Hermanos S.A. procedió a “acusar recibo de las mercaderías” a través de una operación vía web en la página del Servicio de Impuestos Internos.

4 Obras Civiles R y R Limitada celebró un contrato de factoring con la sociedad Comercial de Valores Factoring SpA, a quien cedió dos facturas emitidas a Rendic Hermanos S.A. y que, como ya se indicó, cuentan con expreso acuse de recibo por parte de esta última.

En este contexto, con fecha 6 de septiembre de 2019, Comercial de Valores Factoring SpA interpuso una acción para la notificación judicial de cobro de las facturas con el objeto de preparar la vía ejecutiva contra la sociedad anónima deudora.

Con fecha 20 de noviembre de 2019 Rendic Hermanos S.A. opuso excepciones a la notificación de la factura, basándose en tres argumentos. El primero es la inexistencia de una operación de compraventa que motive la emisión de las facturas, lo que significa que (i) las facturas son material e ideológicamente falsas, ya que replican facturas ya emitidas anteriormente por Obras Civiles R y R Limitada y que fueron pagadas oportunamente, (ii) al ser inexistente la obligación, su cesión es nula según las normas de la Ley de Factoring por no cumplir con los requisitos para su cesión; y, por tanto, (iii) el procedimiento de cobro no es aplicable. El segundo es que al no existir compraventa la Ley de Factoring no prohíbe este tipo de oposiciones a las facturas y, por consiguiente, éstas deben acogerse. Y, el tercero, es que de aplicar el procedimiento establecido en la Ley de Factoring a este caso particular, se estaría amparando el fraude, las conductas negligentes y el aprovechamiento de dolo ajeno.

El día 30 de diciembre de 2019, el Tribunal rechazó la oposición presentada por Rendic Hermanos S.A., ante lo cual dicha parte interpuso un recurso de apelación contra dicha resolución ante la Corte de Apelaciones de Santiago, siendo dicho recurso la gestión pendiente sobre la cual recae la presente acción de inaplicabilidad.

II.- PRECEPTO LEGAL CUYA INAPLICABILIDAD SE SOLICITA.

SEGUNDO. Rendic Hermanos S.A. requiere la inaplicabilidad por inconstitucionalidad la expresión “material” contenida en el artículo 5 letra d) de la Ley 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura. Este precepto legal dispone lo siguiente:

“Artículo 5º.- La misma copia referida en el artículo anterior tendrá mérito ejecutivo para su cobro, si cumple los siguientes requisitos: (…) d) Que, puesta en conocimiento del obligado a su pago mediante notificación judicial, aquél no alegare en el mismo acto, o dentro de tercero día, la falsificación material de la factura o guía o guías de despacho respectivas, o del recibo a que se refiere el literal precedente, o que, efectuada dicha alegación, ella fuera rechazada por resolución judicial. La impugnación se tramitará como incidente y, en contra de la resolución que la deniegue, procederá el recurso de apelación en el solo efecto devolutivo (...)”.

III.- FUNDAMENTACIÓN DEL REQUERIMIENTO.

5 TERCERO. Para la parte requirente, la alusión a la hipótesis de falsificación material de las facturas como causal de oposición excluiría la posibilidad de alegar la falsedad ideológica, la cual asimila a la hipótesis de falta de entrega de mercaderías o falta de prestación de los servicios indicados en la factura.

Así, el requirente plantea que la aplicación del precepto impugnado produciría cuatro vulneraciones constitucionales; esto es, a los artículos 19, Nº 2º, inciso segundo, Nº 3º, inciso sexto, Nº 21º y Nº 24º de la Constitución.

CUARTO. En cuanto al primer derecho constitucional, la requirente alega que la ley otorga un privilegio injustificado a la empresa de factoring, permitiendo el cobro de facturas ideológicamente falsas sin problema alguno, por el solo hecho que dicha falsedad es ideológica y no material.

A su vez, en lo referente a la vulneración del debido proceso (o racionalidad y justicia procedimental de acuerdo con el tenor de la Constitución), la requirente sostiene que la aplicación de la disposición legal impugnada lo priva, sin base ni justificación suficiente, del derecho a la defensa que resulta justo y pertinente. No se logra comprender por qué se permite impugnar la falsedad de la factura que se presenta a cobro, pero solo respecto a su falsedad material.

Enseguida, el requirente alega la vulneración de su derecho a desarrollar cualquiera actividad económica, al limitar su derecho a definir qué facturas corresponden ser pagadas, y cuáles no. Esto debe incluir la facultad de negarse a pagar facturas ideológicamente falsas, sin causa para su pago.

Por último, la requirente agrega que se infringe su derecho de propiedad debido a que el precepto permitiría disponer de manera arbitraria de su patrimonio, obligándola a soportar económicamente una factura ideológicamente falsa. De esta forma, supone convertir todo el proceso de cobro de factura en algo imposible de evitar, lo que constituye un compromiso patrimonial que afecta el derecho de propiedad privada en su esencia.

IV.- LA APLICACIÓN DEL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO NO VIOLA LA CONSTITUCIÓN.

QUINTO. En el desarrollo de las argumentaciones para rechazar el presente requerimiento seguiremos, fundamentalmente, lo indicado en la STC 5831, único fallo previo sobre exactamente la misma norma aquí impugnada y que, cabe subrayar, fue desestimada por la unanimidad de este Tribunal. de la Ley Nº 19.983. Asimismo, y de forma similar a la situación concreta evaluada en la referida sentencia, el requirente receptor de las facturas otorgó en forma expresa el “acuso de recibo” en tiempo y forma.

SEXTO. Dando por sentado la legitimidad del fin perseguido por el legislador, tal como invariable y unánimemente lo ha señalado esta Magistratura, el requirente pone en

6 duda la razonabilidad o proporcionalidad del sistema, defecto que se vería reflejado en una vulneración a la proscripción de la arbitrariedad exigida tanto en el inciso segundo del numeral 2º del artículo 19, como en el inciso sexto del numeral 3º del mismo artículo de la Constitución, como también en infracciones a su derecho a desarrollar cualquiera actividad económica y derecho de propiedad.

Por lo mismo, de la misma manera que se declaró por este Tribunal en la sentencia rol 5831, resulta necesario profundizar sobre la razonable justificación de la inclusión de una norma como la impugnada en la operación general del sistema de cobro de facturas en nuestro país. Así, pues, se reiterará que el precepto legal impugnado cumple una función legítima y razonable en un procedimiento global de cobro, no consagrando diferencias arbitrarias ni dejando en la indefensión a quien se encuentre en una posición como la del requirente de autos. Finalmente, y más allá de que no constituye el argumento central del requerimiento, este Tribunal descartará, también, la existencia de una pretendida violación a su derecho a desarrollar cualquiera actividad económica y al derecho de propiedad.

SÉPTIMO. El propósito de la ley Nº 19.983 fue compatibilizar la naturaleza de la factura como documento formal que detalla operaciones comerciales entre partes con la necesidad de que este documento se convierta en un título de amplia circulación y facilidad para su cobro, permitiendo, así, el acceso de las PYMES a mayores fuentes de financiamiento a través de la factorización de las mismas.

Pero, apartándose de la letra del proyecto original, el artículo 5° de la Ley Nº 19.983 permitió al deudor alegar la falta de entrega o de prestación del servicio, en la gestión preparatoria de notificación de factura. En efecto, dicha disposición otorgaba mérito ejecutivo a la copia cedible de una factura si -entre otros requisitos- habiéndose puesto en conocimiento del obligado a su pago por medio de notificación judicial, éste no alegare en el mismo acto o dentro de tercero día la falsificación material de la factura o la falta de entrega de la mercadería o la prestación del servicio, o bien, alegado ese hecho, hubiese sido rechazado por el tribunal.1

El efecto en la práctica de la regla anterior del mismo constituyó un mecanismo usual para que los deudores dificultaran el cobro de las facturas. En efecto, pese a que se trataba de una alegación que debía conocerse conforme al procedimiento incidental, su tramitación podía extenderse por años, durante los cuales el deudor podía retrasar el pago, generando un costo financiero al acreedor; y/o transferir sus bienes para evadir el cumplimiento de la sentencia que se dictare en el juicio ejecutivo posterior, puesto que, durante la tramitación del incidente de impugnación, no se podía decretar embargo.

1Los otros requisitos establecidos por la Ley Nº 19.983, en su versión original, son los siguientes: (a) que no haya sido reclamada en conformidad al artículo 3º; (b) que su pago sea actualmente exigible; y (c) que en ella conste el recibo de mercaderías entregadas o del servicio prestado.

7 Estos problemas, los cuales no pudieron ser resueltos satisfactoriamente por vía jurisprudencial, encontraron solución con la Ley Nº 20.695, la que, entre otras medidas, eliminó la posibilidad de alegar la falta de entrega o de prestación de servicios en la gestión preparatoria de notificación de factura. Esta modificación legal fue adoptada en un contexto en que la emisión de facturas electrónicas pasó a ser obligatorio, lo cual brindaba mayores niveles de seguridad que la existente cuando el proceso se realizaba físicamente. En definitiva, la Ley Nº 20.956 al no permitir la alegación de falsedad ideológica en la gestión preparatoria de notificación2, generó mayor celeridad y seguridad en el cobro de la factura, minimizando la probabilidad de dilación de los juicios y de evasión de los efectos de la sentencia por parte de deudores a través de la transferencia de sus bienes. Esto, como era de esperar, permitió disminuir el riesgo que asume el cesionario de la factura y, como consecuencia, un mayor acceso -por su menor costo- al financiamiento de empresas con menores grados de liquidez, lo que ocurre especialmente con las PYMES.

En definitiva, la norma legal impugnada tuvo su origen en una modificación legislativa debidamente razonada y con respaldo empírico derivado de la experiencia resultante de la aplicación del marco jurídico previo. En otras palabras, se trató de una modificación legislativa idónea o útil para la consecución del objetivo buscado. Lo igualmente importante, tal como se explicará a continuación, es que este objetivo se logró sin dejar en la indefensión al deudor receptor de las facturas. Y lo que resultó ser cierto desde una óptica general, lo es más aún si se atiende al caso concreto, en el cual se constata la pretensión del requirente de hacer caso omiso a los efectos derivados de sus propios actos positivos.

OCTAVO. Desde una perspectiva global, la ausencia de indefensión se comprueba por las posibilidades que tiene el deudor receptor de la factura de reclamar la factura dentro de los 8 días, por falta de entrega de producto o servicios parcial o total, o reclamar del contenido de la misma (situación equivalente a la falsedad ideológica). Cabe mencionar, también (aunque para casos distintos a la hipótesis bajo análisis) otras dos instancias de defensa: la posibilidad de impugnar la factura por falsedad “material”

durante la gestión preparatoria, y la de interponer alguna de las excepciones contempladas en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, amplio catálogo contemplado para los juicios ejecutivos de aplicación ordinaria. Lo anterior, sin perjuicio

2 Entendemos que se hace referencia al término “falsificación ideológica” (no contemplado en la legislación que regula las facturas) a la noción tributaria del mismo. Circular Nº 93, de 19 de diciembre de 2001, del SII (que actualiza instrucciones sobre procedimientos que deben observarse en caso de detectarse documentos que no dan derecho a crédito fiscal) explica que una factura falsa es aquella que falte a la verdad o realidad de los datos contenidos en ella. Dicha falsedad puede ser material, esto es, que altere el sentido del documento mismo en su materialidad, o ideológica, es decir, que deje constancia de cosas falsas o mentirosas, siendo las formas usadas aparentemente reales o auténticas. Como ejemplos de falsedad señala: indicar un nombre, domicilio, RUT o actividad económica inexistente o adulterado del emisor o del receptor de la factura, el registrar una operación inexistente o falsear los montos de ellas, falsear los timbres del Servicio.

8 de la responsabilidad penal que, de acuerdo con la calificación de fraude que plantea el requirente en su acción, puedan constituir los hechos descritos en la gestión pendiente.

NOVENO. A su vez, desde una óptica más específica de acuerdo con los antecedentes de este caso concreto, la ausencia de indefensión se comprueba, además, por el hecho de que la requirente Rendic Hermanos S.A. otorgó acuse expreso de recibo respecto de cada una de las facturas en cuestión. Es decir, la requirente pudo evitar toda esta controversia si es que en el legítimo ejercicio de sus derechos y de la forma establecida en la ley, hubiere reclamado la factura, cosa que no hizo. Y, “[c]omo es sabido, no es tarea de esta Magistratura corregir en sede de inaplicabilidad, la falta de diligencia que pudiera haber tenido el solicitante o una de las partes en la gestión o juicio pendiente, para hacer valer los derechos que le confiere la ley” (STC 4123, c. 7º).

DÉCIMO. En forma adicional a alegaciones referidas al artículo 19, Nº 2º y Nº 3º de la Constitución, la requirente invoca la vulneración de sus artículos 19, Nº 21º y Nº 24º.

Respecto a la infracción al derecho a desarrollar cualquiera actividad económica, el requirente señala que dicha garantía constitucional se vulnera al limitarse su derecho a definir qué facturas corresponden ser pagadas, y cuáles no. Esto, según ella, debe incluir la facultad de negarse a pagar facturas ideológicamente falsas, sin causa para su pago. En cuanto a la vulneración al derecho de propiedad, Rendic Hermanos S.A. señala que la aplicación del precepto impugnado significaría disponer de manera arbitraria de su patrimonio, obligándola a soportar económicamente una factura ideológicamente falsa.

De esta forma, supone convertir todo el proceso de cobro de factura en algo imposible de evitar, lo que constituye un compromiso patrimonial que afecta el derecho de propiedad privada en su esencia.

UNDÉCIMO. Las dos últimas infracciones constitucionales alegadas tienen un carácter accesorio respecto de las dos primeras. Esto significa que la fundamentación en que se apoya depende del éxito de la argumentación desplegada con ocasión de los artículos 19, Nº 2º y Nº 3º de la Carta Fundamental.

En las consideraciones desarrolladas previamente se ha confirmado la razonabilidad de la regulación legal pertinente, la cual debe ser respetada por quien desarrolle una actividad económica, de acuerdo con lo mandatado en la frase final del artículo 19, Nº 21º, inciso primero, de la Constitución.

Y, en lo concerniente a la lesión patrimonial alegada, repetiremos que, de existir, ésta no se produciría por la aplicación de la norma impugnada, sino por la aceptación de las facturas por parte de la requirente. En otras palabras, no estaríamos en presencia de afectación ilegítima alguna, ya que se basa en un acto lícito y consentido por la misma requirente.

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución

9 Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

I. QUE, SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO PRINCIPAL, DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS AL REQUIRENTE POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.

Redactó la sentencia el Ministro señor JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 8210-20-INA

SRA. nombre reservado por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidenta, Ministra señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL, y por sus Ministros señores IVÁN ARÓSTICA MALDONADO, GONZALO GARCÍA PINO, JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN, CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, NELSON POZO SILVA, JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ, señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, y señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y RODRIGO PICA FLORES.

Firma la señora Presidenta del Tribunal, y se certifica que los demás señora y señores Ministros concurren al acuerdo y fallo, pero no firman por no encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las medidas dispuestas ante la emergencia sanitaria existente en el país.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga Meza.

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