Inaplicabilidad de Precepto Legal (Art. 93 N° 6 - STC)

Santiago, veintidós de octubre de dos mil diecinueve.

A fojas 140, como se pide. Remitase copia autorizada de esta sentencia.

VISTOS

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a fojas 2, en auto motivado de fecha 19 de junio de 2013, el Cuatro Juzgado de Garantía de Santiago promueve contienda de competencia entre dicha judicatura y el Servicio de Registro Civil e Identificación;

SEGUNDO: Que, a fojas 67, se ordenó dar cuenta a la Segunda Sala de la contienda de competencia promovida, la que fue declarada admisible en resolución de 25 de junio de 2019, a fojas 68, confiriendo traslado por diez días al Servicio de Registro Civil e Identificación y disponiendo la suspensión del procedimiento seguido ante el anotado Juzgado de Garantía;

TERCERO: Que, A fojas 73, con fecha 5 de julio de 2019, se hace parte en los autos el Servicio de Registro Civil e Identificación, solicitando que la contienda promovida sea resuelta en los términos que se indicarán infra;

CUARTO: Que, traídos los autos en relación por resolución de fecha 17 de julio de 2019, a fojas 86, se efectuó la vista de la causa en audiencia celebrada ante la Segunda Sala del Tribunal Constitucional el día 23 de julio del año en curso, oyéndose la relación pública y los alegatos por el Servicio de Registro Civil e Identificación de la abogada doña Mariso! nombre reservado y por la parte de don nombre reservado, del abogado don Julio Álvarez Silva, adoptándose acuerdo de rigor en Sesión de Sala de 29 de julio de 2019, conforme certificación del relator de la causa.

A fojas 139 se certificó circunstancia de encontrarse la causa en estado de sentencia.

I. LA CONTIENDA DE COMPETENCIA PROMOVIDA QUINTO: Que tal como ha sido enunciado precedentemente, ha sido accionada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago contienda de competencia ante este Tribunal Constitucional, a efectos de que dirima “quien tiene la facultad de decidir en este caso concreto la eliminación prontuarial definitiva del prontuario penal respecto del imputado don nombre reservado, regulada en el inciso tercero del artículo 38 de la ley 18216" (fojas 4).

Dicha solicitud es contextualizada a través del auto motivado remitido.

Expone el Tribunal que promueve la contienda que, a solicitud de la defensa del condenado nombre reservado nombre reservado, ordenó en mayo de 2019 al Servicio de Registro Civil e Identificación eliminar definitivamente para todos los efectos legales y administrativos sus antecedentes prontuariales, debido a haberse cumplido la pena sustitutiva, oficiando al anotado servicio, en atención a lo dispuesto en el artículo 38, inciso tercero, de la Ley N* 18.216.

Añade que dicho servicio señaló al Tribunal que éste realizaba una interpretación errada de la norma, en tanto ésta sólo permite la omisión de antecedentes penales. Agregó el ente administrativo que las causales de eliminación se encuentran expresamente indicadas en los artículos 8% y 9% del Decreto Supremo N” 64, de 1960, del Ministerio de Justicia, causales que el Servicio de Registro Civil e Identificación se encuentra obligado a respetar.

Agrega el Tribunal promotor que la defensa solicitó, en virtud de lo informado, apercibir al Director del Servicio a cumplir con lo ordenado bajo apercibimiento de arresto.

De esta forma, indica que en la causa que conoce un juez se ha atribuido la facultad de disponer de la eliminación de anotación del prontuario penal, por resolución no recurrida, atendido, expone, el tenor literal del artículo 38 de la Ley N?

18.216, mientras que por otro lado el Servicio de Registro Civil e identificación se ha atribuido derechamente la misma facultad, al referir que se ve imposibilitado de acceder a lo que requiere el Tribunal, con lo que se estaría arrogando la facultad de definir si resulta procedente la eliminación de los antecedentes prontuariales en forma definitiva, en tanto el Servicio aludido indicaría que lo ordenado por la judicatura penal es sólo una solicitud, rechazada en definitiva.

Existiría, anota el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, un conflicto de jurisdicción, en que el Tribunal se arroga la facultad de disponer la eliminación de antecedentes y, por otro lado, la autoridad administrativa indica que a ésta le corresponde ponderar los antecedentes para definir si procede o no la eliminación solicitada.

Expone que dicho conílicto surge de lo poco clara de la norma contenida en el artículo 38, inciso tercero, de la Ley N? 18.216, que permitiría justificar un apremio a la autoridad administrativa para cumplir lo ordenado por el Tribunal o, de estimarse que el Servicio de Registro Civil está en lo cierto en su interpretación, generaría un apremio injustificado, surgiendo los recursos administrativos y extraordinarios para la resolución definitiva del asunto;

SEXTO: Que, confiriéndose traslado al Servicio de Registro Civil e Identificación, éste lo evacúa a fojas 73. Comienza su presentación haciendo referencia a la normativa aplicable en referencia a la omisión o eliminación de antecedentes prontuariales, citando el Decreto N* 64, de 1960, del Ministerio de Justicia, en sus artículos 8% y 9”, y la Ley N* 18.216, en su artículo 38, norma cuya interpretación originaría la contienda de competencia de autos.

Hace presente que el objetivo de dicha ley es evitar que quienes delinquen por primera vez y que cumplan con determinados requisitos, se “contaminen” con el contacto con delincuentes habituales y que, una vez cumplida su pena, se omita su anotación prontuarial de sus antecedentes penales para efectos de facilitar su reinserción en la sociedad y en el mundo laboral.

Añade que lo anterior se tiene del artículo 38 de la Ley N? 18.216, pilar legal en que se apoya el Servicio de registro Civil e Identificación para fundamentar la práctica del beneficio de omisión de antecedentes penales en los prontuarios de personas condenadas en virtud de una sentencia firme y ejecutoriada, dictada por la judicatura penal ordinaria y que cumpla con los presupuestos de la ley.

Refiere que, siguiendo lo dispuesto en las reglas de interpretación de la ley de los artículos 19 y siguientes del Código Civil, si bien el artículo 38 de la Ley N* 18.216 utiliza la expresión “eliminación definitiva”, debe entenderse referida a la “omisión de antecedentes penales”, en tanto de atenerse a su sentido literal, se rompería la armonía que existe entre la norma en cuestión y todo el articulado de la ley, introduciendo una nueva forma de eliminar antecedentes penales, contrario a la lógica de los artículos 8* y 9* del Decreto N? 64.

Lo anterior, expone, se agrega en la interpretación llevada a cabo por la Contraloría General de la República, cuyos dictámenes están obligados a cumplir los organismos de la Administración del Estado, como el Servicio de Registro Civil e Identificación. Por ello, expone a fojas 78, el conflicto que se presenta en esta causa, en realidad, trata de una contienda de competencia de dos poderes autónomos, la Contraloría General de la República y los Tribunales de Justicia. Así pide a este Tribunal sea resuelto;

SÉPTIMO: Que, de acuerdo con los antecedentes que obran en el expediente constitucional, con fecha 21 de marzo de 2016, el Tercer Tribunal de Juicio Orai en lo Penal de Santiago condenó a don nombre reservado a la pena de dos años de presidio menor en su grado medio, por delito de giro doloso de cheques, como autor en grado de desarrollo consumado. Conforme se lee de lo resolutivo de la sentencia de estilo, a fojas 54, se sustituyó la pena corporal por remisión condicional.

Recurrida de nulidad la sentencia para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, ésta dictó fallo con fecha 5 de mayo de 2016, rechazando dicho arbitrio. A fojas 55 rola el cómplase de estilo, dictado por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, como Tribunal de ejecución.

OCTAVO: Que, luego, a fojas 30 se lee resolución de 9 de mayo de 2016 (rectificada), en que consta carácter de ejecutoriada de la sentencia condenatoria dictada, y citación al condenado “para que se presente el día 30 de mayo de 2016 ante el Centro de Reinserción Social de Los Andes a efectos de dar inicio al cumplimiento de la pena sustitutiva de remisión condicional por el plazo de DOS AÑOS.”. Dicho periodo de observación fue cumplido y debidamente informado por Gendarmería de Chile a través de ordinario de 31 de mayo de 2018, rolante a fojas 26. En éste consta que “con fecha 30.05.2018, penado dio cumplimiento al periodo de control de RC, impuesto por sentencia y en conformidad a lo señalado en Art. 5* de la Ley N* 18.216.”.

Respecto del aludido ordinario, el Cuatro Juzgado de Garantía de Santiago, el día 4 de junio de 2018 proveyó lo siguiente, luego de tenerlo por recibido: “fe]n conformidad con lo dispuesto en los artículos 3" y 5% del Decreto Ley N* 645 de 1925, sobre Registro General de Condenas, oficiese al Servicio (sic) Registro Civil e Identificación, informando el cumplimiento de la condena" (fojas 25). A esta resolución la defensa del sentenciado solicitó ordenar al aludido ente administrativo se dispusiera la eliminación de la anotación prontuarial del respectivo extracto de filiación y antecedentes, en tanto se habría dado cumplimiento al periodo de observación (fojas 17), lo que traería como consecuencia ya no la omisión, sino que la eliminación.

La anotada solicitud del sentenciado fue acogida por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, con fecha 17 de mayo de 2019. Se lee a fojas 16 que “en conformidad con lo dispuesto en los artículos 3" y 5? del Decreto Ley N* 645 de 1925, se informó al Registro General de Condenas, (por lo que) se reúnen los requisitos establecidos por el artículo 38 de la ley 18216, para omitir dicha anotación del certificado de antecedentes, motivo por el cual se accede a lo solicitado por el abogado Julio Álvarez Silva, en representación de don nombre reservado.” Repuesta esta resolución por la defensa con apelación en subsidio, la resolución fue modificada el día 23 de mayo de 2019. Se tiene a fojas 10 que se resolvió lo siguiente: “/pJor encontrarse integramente cumplida la pena sustitutiva impuesta a nombre reservado, (...) y reunirse los requísitos del artículo 38 inciso 3 de la ley 18.216, se ordena al Registro Civil e Identificación eliminar definitivamente, para todos los efectos legales y administrativos tales antecedentes prontuaríales.*;

NOVENO: Que, a fojas 6 rola oficio del Servicio de Registro Civil e Identificación, de 28 de mayo de 2019, dirigido al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y que resulta esencial para la resolución de estos autos. El indicado servicio hizo presente al Tribunal que ha promovido la contienda que “si bien el artículo N* 29 inciso 2%, como repite el artículo N? 38 de la ley N* 18.216 contemplan en su texto el concepto de eliminación definitiva, éste debe entenderse referido siempre al beneficio de omisión de antecedentes penales.” (fojas 7). Concluye su presentación el Servicio aludido que “conforme a los antecedentes indicados este Servicio se encuentra imposibilitado de acceder al beneficio de eliminación de antecedentes solicitada por el Tribunal de SS. indicando que las causales de eliminación se encuentran expresamente indicadas en el artículo 8 y g del decreto supremo N" 64 de 1960 del ministerio de Justicia “Sobre Prontuarios Penales y Certificados de Antecedentes” que este Servicio se encuentra obligado de respetar" (destacado de esta sentencia).

En dicho contexto es promovida contienda de competencia por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, atendido lo que fuera informado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, el que le señalara -expresamente- la imposibilidad —

de cumplir con una resolución judicial que ordenó eliminar los antecedentes penales de una persona.

lI. NO HAY CONTIENDA DE COMPETENCIA

DÉCIMO: Que, conforme lo establece el artículo 93, inciso primero, numeral 12, de la Constitución Política, es atribución del Tribunal Constitucional, "resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia, que no correspondan al Senado”, disposición que se complementa con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura, que dispone que, en caso aludido precedentemente, "son órganos legitimados las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia involucrados en la contienda de competencia”, agregando luego que "[e]! órgano o autoridad que se atribuya competencia o falta de ella, sobre un asunto determinado, deberá presentar su petición por escrito al Tribunal. En ella deberá indicar con precisión la contienda producida, los hechos y los fundamentos de derecho que le sirven de sustento.”;

DECIMOPRIMERO: Que, esta Magistratura ha entendido que una contienda de competencia es la "disputa que se promueve entre dos autoridades o tribunales en razón de que ambos consideran que tienen o carecen de atribuciones suficientes para resolver un determinado asunto”, definición formulada por el tratadista don nombre reservado y que fuera asentada en las STC Roles N*%s 3089, c. 13 4127, C. 3%; 4593, C. 12%; Y 4594, C. 129, entre otras (nombre reservado, nombre reservado, Tratado de Derecho Constitucional, t. IIl, Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1963, P-137);

DECIMOSEGUNDO: Que, así, este Tribunal ha sido llamado a tutelar la distribución de competencias dispuesta por la Constitución entre los órganos, corrigiendo tanto las extralimitaciones como la negativa de aquéllos a ejercer las funciones que la Carta Fundamental les ha encomendado (STC Rol 1320, c. 16).

Ejerciendo la facultad que le ha otorgado la Constitución en el artículo 93, inciso primero, N* 12, esta Magistratura ha delimitado su ejercicio. Se constata una contienda de competencia positiva o conflicto de funciones, en la eventualidad de que se remita una disputa en torno a la atribución de un juez o autoridad administrativa para el conocimiento de un mismo y determinado asunto (así, STC Rol 1531, c. 4). Por el contrario, se tiene una contienda negativa si, al momento de resolver el asunto promovido, una de las partes ha decidido proseguir el conocimiento del asunto (por todas, STC Rol 2642, cC. 4* y 5)

DECIMOTERCERO: Que, este Tribunal ha resuelto que no puede verificarse una contienda de competencia si un órgano realiza con su actuar u omisión un errado ejercicio de sus competencias, sino que sólo cuando ello pasa a lesionar la titularidad en las competencias de otro (STC Rol 1531, c. 6*). El ejercicio de esta potestad busca, constatándose una contienda de funciones, destrabar la contienda producida y posibilitar a los órganos implicados que lleven a efecto sus funciones en el campo propio de sus facultades (STC Rol 2934, C. 6.

Lo anterior es lo que no sucede en la especie. No existe contienda de competencia que resolver. Se constata, por el contrario, de los antecedentes remitidos por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, la negativa de un ente administrativo a cumplir una resolución judicial expedida por un Tribunal de la República que ha ejercido jurisdicción en el ámbito de su competencia, en fase de ejecución de una sentencia que, a juicio del anotado Tribunal, se tuvo del todo cumplida y ameritaría, luego, la realización de un determinado acto administrativo;

DECIMOCUARTO: Que, el artículo 1% de la Ley N* 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, define a éste como un “servicio público, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia.”. Entre sus funciones el legislador le mandata mantener, en el artículo 4”, un "“Registro General de Condenas”, registro vinculado con la problemática expuesta precedentemente.

Por tanto, de acuerdo con lo que norma el artículo 28 de la Ley N? 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue Fijado por el D.F.L. N? 2, de 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Servicio de Registro Civil e Identificación es un servicio público, ente de naturaleza administrativa encargado de satisfacer una necesidad colectiva, de manera regular y continua, sometido a la dependencia o supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su Director, en la nomenclatura del artículo 31 del cuerpo orgánico constitucional recién anotado, es un Jefe de Servicio;

DECIMOQUINTO: Que, de acuerdo con lo que informa el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el Servicio de Registro Civil e Identificación, conforme ordinario de mayo de 2019, se niega a hacer cumplir la resolución judicial que dispuso la eliminación de antecedentes prontuariales del registro que dicho servicio está obligado a llevar. Dicha negativa no es una negativa a hacer cumplir, por ejemplo, una determinada resolución de un ente administrativo diverso, caso en que surge una contienda de competencia entre servicios públicos. El Servicio de Registro Civil e Identificación se niega a “hacer ejecutar lo juzgado”, facultad que la Constitución en su artículo 76 ha reservado de forma exclusiva y excluyente a los “tribunales establecidos por la ley”;

DECIMOSEXTO: Que, huelga decirlo, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago es un Tribunal de la República llamado a ejercer jurisdicción en el ámbito de sus competencias (artículo 5%, inciso segundo, en relación con los artículos 14, literal f) y 16, del Código Orgánico de Tribunales). Es una judicatura que, en los términos de la Constitución, conoce, resuelve y hace ejecutar lo juzgado, guiada por el principio de inexcusabilidad y con potestad de imperio.

Es clara la Constitución a dicho efecto en los incisos tercero y cuarto del referido artículo 76:

“Para hacer ejecutar sus resoluciones, y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial, podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Los demás tribunales lo harán en la forma que la ley determine.

La autoridad requerida deberá cumplir sin más único trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, n la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar.”.

DECIMOSÉPTIMO: Que, la Constitución hoy vigente innovó en este apartado. La Carta de 1925, así como la de 1833 se limitaban a consagrar sólo los dos momentos previos de la jurisdicción, esto es, conocer y juzgar. La primera señalaba en el artículo 80 que "[!]a facultad de juzgar las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley.”, fórmula idéntica a lo antes regulado en la segunda, en su artículo 108. Este tratamiento histórico es fruto de su tiempo. Tradicionalmente se concibió la jurisdicción como la potestad de que se hallan investidos los jueces para administrar justicia y por ello, durante muchos años, se le definió sólo como la facultad de decidir el asunto sometido a su - Conocimiento, sin atender al imperativo de hacer cumplir por vía forzosa lo resuelto en derecho (nombre reservado. “Relaciones entre la jurisdicción ; constitucional y jurisdicción ordinaria”. En Cuadernos del Tribunal Constitucional, N* ¿6, 2002, p 18).

El actual artículo 76 es una cláusula general de jurisdicción que recae en todo Tribunal de justicia establecido por ley, salvo que sea la propia Constitución la que se reserve una materia a un Tribunal, como sucede con el Tribunal Constitucional (Bordalií, Andrés. “Organización judicial en el derecho chileno: un poder fragmentado”. En Revista Chilena de Derecho, vol. 36, N”, pp. 215-244, P. 217);

DECIMOCTAVO: Que, este reconocimiento constitucional recoge los momentos de la jurisdicción, esenciales para cumplir el rol de poder-deber que ejercen los tribunales para resolver los conflictos de intereses de relevancia jurídica que se suscitan en el territorio de la República. Es la potestad jurisdicciona! la que permite a los tribunales tanto conocer como juzgar y compeler al cumplimiento forzoso de lo resuelto, excluyendo, en el ámbito de la resolución de los conflictos sometidos a su poder, cualquier injerencia de autoridad alguna, nacional o internacional. Por ello, la jurisdicción no es sino atributo y ejercicio de la soberanía;

sólo puede ser ejercida por las autoridades llamadas a tal efecto por la Constitución y es indelegable (STC Rol 472). Y está radicada sólo en los Tribunales de Justicia. No únicamente en el Poder Judicial, sino que en todos los Tribunales llamados a ejercer jurisdicción;

DECIMONOVENO: Que, la jurisdicción se ejerce a través de actos jurisdiccionales llamados resoluciones judiciales. El legislador ha definido diversas nomenclaturas, a vía ejemplar, en el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, pero, en todos los casos, a través de éstas se materializan los distintos momentos jurisdiccionales del proceso. Producen, según sea el caso, acción o excepción de cosa juzgada, sirviendo la primera para hacer cumplir efectivamente lo resuelto por un Tribunal (nombre reservado, op. cit., p. 35);

VIGÉSIMO: Que, se señaló anteriormente que la facultad de hacer ejecutar lo juzgado recoge una nueva conceptualización de la jurisdicción que difiere de la comprensión que regía bajo las Cartas de 1925 y 1833, en que se concebía a dicho poder-deber sólo como de administración de justicia. Mas, como bien apunta el autor en comento, "feje nada servirían las decisiones generales y obligatorias de los jueces si ellas pudiesen ser burladas. Por ello es que de la jurisdicción emana esta tercera facultad, que entrega al juez una serie de medios tendientes al cumplimiento material de lo ya teóricamente declarado en la sentencia. Su fundamento está en obtener que las resoluciones judiciales no sean meramente teóricas, no queden en el papel, sino que tengan la fuerza suficiente para tomar vida en el campo del derecho.

Nada se lograría con una sentencia favorable, sí posteriormente alguien nos impidiese cumplirla; por esta razón, las legislaciones y la doctrina, desde antiguo, han otorgado esta facultad a los tribunales de justicia para que así su magna función pueda ser cumplida íntegra y totalmente. Hoy se considera que el imperio es un atributo de los tribunales.” (nombre reservado, op. cit., p. 39).

VIGESIMOPRIMERO: Que, en la causa penal remitida, ya en fase de ejecución, se ha pronunciado una resolución judicial, acto emanado de un Tribunal de la República ejerciendo jurisdicción en el ámbito de su competencia y que, desde el mandato de los incisos tercero y cuarto del artículo 76 de la Constitución, debe ser cumplida, no pudiendo ser revisados sus fundamentos, mérito, conveniencia ni oportunidad, sea que se haga desconociéndola directamente o por la vía de revisar la interpretación legal llevada por el sentenciador del fondo. Ni esta Magistratura ni autoridad alguna, so pena de exceder la competencia otorgada por la misma Carta Fundamental, puede revisar lo decidido por los Tribunales de Justicia con efecto de cosa juzgada y menos hacer renacer el proceso que generó la anotada resolución.

Ello genera que no exista contienda de competencia que deba ser resuelta por este Tribunal y así ha de ser declarado.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 7%, 83 y 93, inciso primero, N* 12* e, inciso decimoséptimo, de la Constitución Política, SE RESUELVE:

l QUE NO EXISTE CONTIENDA DE COMPETENCIA QUE DEBA SER RESUELTA POR ESTE TRIBUNAL, EN LOS TÉRMINOS EN QUE HA SIDO PROMOVIDA POR EL CUARTO JUZGADO DE GARANTÍA DE SANTIAGO. OFÍCIESE.

li. QUE SE ALZA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE.

Comuníquese al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Notifíquese al Servicio de Registro Civil e Identificación y a la Contraloría General de la República, oficiándose a tal efecto.

Redactaron la sentencia la señora y los señores Ministros que la suscriben.

Rol N* 6850-19-CCO.

SRA. nombre reservado/Á”

75 Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta, Ministra señora María Luisa Brahm Barril y los Ministros señores Gonzalo García Pi Cr istián Letelier Aguilar, nombre reservado nombre reservado nombre reservado y nombre reservado. rx'l'ax Autoriza la Secretarid del Tribu XI Coh—s:c&1cíonal, señora nombre reservado

nombre reservado. S X

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