Inaplicabilidad de Precepto Legal · Código Penal

Santiago, cinco de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Requerimiento y tramitación

A fojas 1, con fecha 11 de abril de 2019, el Instituto de Desarrollo Agropecuario — (INDA P) deduce requerimiento de — inaplicabilidad “ por inconstitucionalidad re specto de los artículos 1%, inciso tercero, y 485, del Código del Trabajo, en los autos caratulados “nombre reservado con nombre reservado”, RIT T 63-2018, RUC 18-4-RUT reservado, sobre denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de C hillán.

El requerimient o fue admitido a tramitación y declarado admisible por resoluciones de la Primera Sala de esta Magistratura, ordenándose asimismo la suspensión en la tramit ación de la gestión sublite.

Conferidos los| traslados de fondo a las partes y a los órganos constitucionales intere sados, no fueron formuladas observaciones dentro de plazo legal.

Preceptos impugnados

Los preceptos legales ímpugnadós disponen:

Artículo 1.- Las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias.

Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración de Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Pader Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o epresentación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se enquentren sometidos por ley a un estatuto especial.

Con todo, los! trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regul dos en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.

Los trabajado íes que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o conse vadores se regirán por las normas de este código.

Artículo 485.- El procedimieryto contenido en este Párrafo se aplicará respecto de las cuestiones suscita as en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos Jfundamentales de los trab ajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 19, inciso primero, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral, 4% 5, en lo relativo a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, 6, inciso primero, 12", inciso primero, y 16%, en lo relativo a la libertad de trabajo, al derecho a su libre elección y a lo establecido en su inciso cuarto, cuando aquellos derechos resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador.

También se aplicará este procedimiento pa a conocer de los actos discriminatorios a que se refiere el artículo 2* de est: Código, con excepción de los contemplados en su inciso sexto.

Se entenderá que los derechos y garantías a vue se refieren los incisos anteriores resultan lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador limita el pleno ejercicio d aquéllas sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, sin respeto a su contenido esencial. En ¡gual sentido se entenderán las repres lias ejercidas en contra de trabajadores por el ejercicio de acciones judiciales, p r su participación en ellas como testigo o haber sido ofrecidos en tal calidad, bien como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo.

Interpuesta la acción de protección a que se r efiere el artículo 20 de la Constitución Política, en los casos que proceda, 10 se podrá efectuar una denuncia de conformidad a las normas de este Pá rrafo, que se refiera a los mismos hechos.

Antecedentes

Don nombre reservado, funcionario a contra ta, denunció en tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales y cobro de indemnización por daño moral, al INDAP.

El INDAP opuso excepción de incompetend la (rechazada en audiencia preparatoria) y contestó la demanda solicitando Su rechazo, encontrándose pendiente la sentencia del Juzgado de Letras del Traba O.

Confficto constitucional

la requirente sostiene que la aplicación a la ge stión judicial del artículo 1%, inciso tercero, del Código del Trabajo, que dispone sy aplicación supletoria en los aspectos no regulados por estatutos especiales y que n o fueren contrarios a éstos; y del artículo 485 del mismo Código, relativo al proced miento de tutela laboral por afectación de derechos fundamentales de los trabaj adores, importa infringir los principios de legalidad y juridicidad, y los límites de lá jurisdicción, dispuestos por los artículos 6* y 7% de la Constitución, al ser del todo improcedente aplicar supletoriamente el Código del Trabajo y el procedimiento de tutela laboral contenido en aquel, a funcionarios públicos de planta 0 a contrata, pues en estos casos nos encontramos frente a una relación estatU taria entre el funcionario y organismo que se rige por la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Vista de la causa

Traídos los autos en relación, en audiencia del día 12 de septiembre de 2019 se verificó la vista d e la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos certificados por el Re ator. Con la misma fecha quedó adoptado el acuerdo y la causa en estado de sen tencia (certificado a fojas 254).

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el Inst ituto de Desarrollo Agropecuario, viene siendo demandado en sede laboral al pagá de $30.000.000 a título de indemnizaciones, en favor de un funcionario, a quien se le habrían infringido sus derechos fundamentales por conductas de discrimin ación.

La especie no e nvuelve una cuestión de simple interpretación de la ley. No es discutido que a parti del año 2013 la Corte Suprema ha interpretado que la aplicación supletoria d el Código del Trabajo a los funcionarios públicos, a que alude el artículo 1%, inciso te rcero, permite a éstos accionar ante los juzgados del fuero laboral para el resguardo de sus derechos fundamentales, al no existir -dice esa Corte- un recurso jurisdiccional análogo en los estatutos administrativos en vigor;

SEGUNDO: VQue, e sto admitido, sin embargo, produce una aplicación inconstitucional del cit, ado artículo 19, inciso tercero, toda vez que de una norma de ley común como est e, no puede derivarse una nueva competencia para los tribunales integrantes del Poder Judicial, comoquiera que a este propósito la Constitución exige una expresa ley orgánica constitucional, en su artículo 77.

Es más, dado q ye la tutela laboral contemplada en el Código del Trabajo es conducente a la adjudi ación de cuantiosas indemnizaciones en favor del sedicente trabajador afectado, s gún el artículo 495 del mismo y tal como se ha dado en el presente caso, ello r sulta inconstitucional, habida cuenta que esta normativa laboral no ha tenido -a estos específicos efectos- su origen en una ley de iniciativa exclusiva del Presiden e de la República, tal como lo exige el artículo 65, inciso cuarto, N? z, de la C| arta Fundamental, cuando se trata de establecer nuevos “beneficios al personal de la Administración Pública”;

TERCERO: Que, asimil smo, los artículos 1%, inciso tercero, y 485 del Código del Trabajo, en cuanto apl ican la acción de tutela laboral a los funcionarios públicos, tienden a desvirtuar y rácticamente el estatuto constitucional y legal que, por imperativo del artículo 38, inciso primero, de la Carta Fundamental, rige ín integrum a dichos servidores está tales.

En este concret » Caso: revisar actos respecto de un funcionario, confo rme a unos criterios laborales propios del sector privado, por unos tribunales especiales, sólo en este último án nbito, implica desconocer el concepto de juez natural y la regulación integral de la carrera funcionaria que el s usodicho artículo 38, inciso primero, constitucional, reenvía a la Ley orgánica const! tucional N? 18.575.

Á lo que corresponde agregar que dicha norma tiva contempla mecanismos precisos de protección para los derechos funcionarios. L os artículos 160 de la Ley N* 18.834, estatuto administrativo general, y 156 de a Ley N* 18.883, estatuto administrativo municipal, franquean la posibilidad de reclamo ante la Contraloría General de la República, la que -Últimamente- por R esolución N? 168, de 16 de enero de 2019, ha creado a este específico fin la Unida d de Protección de Derechos Funcionarios;

CUARTO: Que, lo anterior es sin desmedro de las acciones constitucionales de protección y de nulidad de derecho público, que contemplan los artículos 20 y 38, inciso segundo, de la Constitución, y que pueden ser incoados por ese personal de la Administración del Estado ante los tribunales ordinario 5 del Poder Judicial.

Es así que el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución, ha previsto que “Cualquier persona que sea lesionada en sus derec hos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidade S, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley”;

QUINTO: Que, sobre la base de los antecedentes que reporta el génesis de la LRC N* 18.825, que enmendó dicha disposición, así omo de la doctrina y la jurisprudencia uniformes, es la ley quien debe definir c Vál es ese tribunal, aunque si esa ley no se dicta, corresponde a los tribunales ord| inarios del Poder Judicial el conocimiento de tales asuntos (STC Rol N* 176, cor siderando 6%). “La práctica legislativa y la jurisprudencia constitucional, ratifican este parecer, de que la ley debe establecer en cada caso qué tribunal es competenhte para revisar la juridicidad de los actos de la autoridad, puesto que la falta de defí iníción legislativa expresa en tal sentido obliga volver al régimen común, que recup era su imperio: los tribunales ordinarios del Poder Judicial”, se agregó a lo anterior, ratificado luego por STC Rol N? 2926 (considerando 6”). En esta inteligencia han f rocedido las STC roles N”s.

429-04 (Ley N* 19.995, artículo 55 inciso 39); 1836-10 ( ey 20.473, artículo único, N* 3); N9s. 378-03 (respecto al Tribunal de Contratación P' blica estatuido por la Ley N* 18.886); 1243-08 (atingente a los Tribunales Tributarios y Aduaneros creados por la Ley N? 20.322); 1911-11 (respecto a los Tribunales del Trabajo), y 2180-12 (acerca de los Tribunales Ambientales establecidos por la Ley N* 0.600).

En resumen: es la Constitución la que suple c alquier vacio en materia de reclamos contra actos administrativos. Si no hay nor ma expresa que atribuya la materia a un tribunal especial, ello compete a juzga os de letras a que alude el artículo 5%, inciso segundo, del Código Orgánico. Ni aun en circunstancias extraordinarias otros tribunales podrían asumir es te rol. Entendiéndose por extraordinarias las no previstas en la ley;

SEXTO: Que, de igual modo está disponible la acción de discriminación arbitraria contenida en la Ley N%20.609, cuyo propósito es permitir al juez dejar sin efecto los actos discriminatorios y, eventualmente, aplicar una multa al infractor.

Lo antedicho desvirtúa que los funcionarios públicos se encuentren en una situación de indefensión y desigualdad, respecto de los trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo.

Como se puede observar, no cabe sino ratificar en esta oportunidad los criterios que informaron las STC Roles N”s. 2926, 3853 y 3892, de esta Magistratura, para acoger el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad planteado respecto de los artículos 19, inciso tercero, y 485 del Código del Trabajo;

Y TENIENDO PRESENTE, igualmente, los artículos 6* y 7* de la Constitución y demás pertinentes de la Ley N* 17.997 Orgánica Constitucional de este Tribunal,

SE RESUELVE:

1) QUE SE ACOGE EL REQUERIMIENTO DE FOJAS 1, DEDUCIDO POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, DECLARÁNDOSE QUE LOS ARTÍCULOS 1"%, INCISO TERCERO, 485 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, RESULTAN CONTRARIOS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA Y, POR TANTO, INAPLICABLES EN LOS AUTOS CARATULADOS “nombre reservado CON nombre reservado”, RIT T-63-2018, RUC 18-4-RUT reservado, SOBRE DENUNCIA DE TUTELA LABORAL POR VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, SEGUIDOS ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE CHILLÁN.

2) QUE SE DEJA SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE AL EFECTO.

DISIDENCIAS

Acordada la sentencia con el voto en contra de los Ministros señores Gonzalo García Pino y Nelson Pozo Silva, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento deducido a fojas 1, por las siguientes razones:

l.- CONSIDERACIONES GENERALES.

1.- Que la gestión pendiente se sustenta en un procedimiento sobre denuncia de vulneración de Derechos Fundamentales, inicialmente con relación laboral vigente y luego ampliada la demanda con ocasión del término de la relación laboral, interpuesta en contra del Instituto de Desarrollo Agropecuario, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, caratulada “nombre reservado con nombre reservado”, RIT T-63-2018. La denuncia se funda en que la requirente y denunciada laboral, habría realizado a ctos que han afectado su derecho a no ser discriminada por motivos políticos, a si b integridad física y psíquica, y a su garantía de inmunidad o indemnidad. En su cont estación la requirente opuso excepción de incompetencia absoluta del tribunal, la cual fue rechazada por el tribunal de primer grado en audiencia preparatori a, encontrándose la causa pendiente de audiencia de juicio;

2.- Que, el objeto a dilucidar en el confilid to constitucional traido al conocimiento de este órgano jurisdiccional “es materiá propia de interpretación de la normativa laboral, uno de los principios fundamenta es del derecho del trabajo es la protección, y una de sus manifestaciones con retas es el principio “pro operario”, que en el ámbito judicial está referido a a facultad de los jueces de interpretar la norma según el criterio pro operarid , Esto es, al exístir varias interpretaciones posibles se debe seguir la más favo able al trabajador conocido también como, el principio in dubio pro operario” (Cort e Suprema, Rol N%16.584-15 C, 4”) (en idéntico sentido, Corte de Apelaciones de Temuco Rol N*%285-17, Corte Suprema Roles: 24.388-14, cc.2 al 8, de g de julio de 29 15 y Rol N%2.918-16, cc. 6 y 7, de 5 de julio de 2017);

3.- Que esta Magistratura ha constatado y aprobado la vigencia de múltiples acciones procesales de carácter tutelar, establec das expresamente por la Constitución y las leyes, incluso aptas para ser ejercida 5 por empleados públicos, en cuanto titulares de derechos fundamentales. En cambio, no ha existido pronunciamiento en estadio de control preventivo de constitucionalidad, respecto de ninguna ley que le haya conferido competencia a ld s tribunales del trabajo para conocer de acciones de tutela laboral promovida por funcionario público, ya que dicha vía simplemente jurisprudencial, se refrendó a partir de sentencias de unificación de jurisprudencia a contar del año 2014, dándose una interpretación uniforme y constante por la Cuarta Sala del Tribunal Supremo, de forma tal que este órgano constitucional no puede resolver acerca de una hipotética aplicación inconstitucional de las normas cuestionadas, por trata rse de un tema que escapa a su ámbito de competencia;

Il.- DILEMA CONSTITUCIONAL.

4-- Que el conflicto de constitucionalidad dedud ido por la actora se funda en si, es o resulta inconstitucional la interpretación que se ha dado, de los artículos 1, inciso tercero, y 485, ambos del Código del Traba jo, en la medida que hace procedente la aplicación del procedimiento laboral de aplicación general y las normas del procedimiento de tutela laboral para traba jadores del sector púb ico, y como consecuencia, las demás normas laborales, n 0 reguladas por el Estatuto aplicable a dichos funcionarios como la aplicación de la normativa sobre protección de derechos fundamentales, sea durante la vigencia o al término de la re ación laboral, vulnerando con ello los principios de juridicidad y supremacía constitucional establecidos en la Carta Fundamental;

.- PRETENSIÓN DE LA REQUIRENTE.

5.- Se asevera por la requirente (Fs. 5) que “resulta evidente que la aplicación de los preceptos que ppr este acto de impugnan han recibido una aplicación errada, pues a través de una interpretación extensiva han resultado aplicadas por los tribunales de justicia a una situación que resulta del todo ajena a una relación laboral, como es la relación estatutaria que se da en el ámbito de la Administración del Estado y sus funcionarios”. Concluyendo la actora constitucional que la aplicación del inciso 39, del artículo primero, en relación al artículo 485, ambos del Código del Trabajo, realizada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, “vulnera los artículos 6? y 79 de la Constitución Política de la República.”. (Fs. 11);

lV.- PRECEDENTES DE TRIBUNALES SUPERIORES Y DE ESTA MAGISTRATURA.

6.- Que sobre a materia objeto de este requerimiento, la Excma. Corte Suprema acogiendo re curso de Unificación de Jurisprudencia interpuesto por una demandante, señala d ue el procedimiento de tutela laboral es aplicable a los funcionarios públicosy el fallo analiza tanto el artículo 1* del Código del Trabajo, en especial, los casos en d que de acuerdo a su inciso 3 sus normas son aplicables a los funcionarios públicos, indicando en su decisión que no existe en el Estatuto Administrativo un pro edimiento jurisdiccional para conocer y resolver denuncias de vulneración de der chos fundamentales que afecten a los funcionarios en el ámbito de la relación d trabajo y que las normas de procedimiento de tutela no son contrarias al del referido Estatuto, concluyen que el Juzgado de Letras del Trabajo es competente para cohocer de la demanda de tutela respectiva.

En definitiva, la Corte Suprema ha dicho, en síntesis, que “el procedimiento de tutela laboral tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores frente a cuestiones suscitadas en la relación laboral”, agregando que los derechos fundamentales están reconocidos por la Constitución Política que es jerárquicamente spperior tanto al Código del Trabajo como al Estatuto Administrativo”, por lo que la delimitación del inciso segundo del artículo 1 del Código del Trabajo np surgiría cuando se trata de la protección de derechos fundamentales. En consecuencia, “la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan recurrir al procedimiento de tutela labora! en ningún caso importa per se aplicación de las normas sustantivas del Código del Trabajo”, sino la aplicación de un procedimiento, es decir un recurso judicial, que no es asimilable al control que realiza la Contraloría. (Rol N%10.972-13, Corte Suprema). En idéntico sentido, se ha pronunciado en las causas roles Nos. 24.388-14, N%56.491-15 y N%52.918-16;

7-- Que, reforzando lo anterior, el Tribunal Superior de justicia ha seña lado que “el procedimientd de tutela laboral se aplica respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas de dicho ámbito, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, entendiéndose por tales los indicados en el artículo 485 del Código del Trabajo.

Al respecto, debe reafirmarse que los derechos fundamentales están reconocidos a toda persona por la Constitución Política de la República, que es jerárquicamente superior tanto al Código del Trabajo como al Estatuto Administrativo y demás normativa específica relativa a la administración pública, de modo que no parece coherente con el ordenamiento jurídico excluir a trabajadores que se desempeñan en un determinado sector de la protección específica que otorga la acción de tutela contemplada por el artículo 485 del Código del Trabajo. Pues bien, tal procedimiento se aplica por disposición normativa “a cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales”, debiendo recordarse que la relación funcionaria es también una de carácter laboral. En efecto, el inciso 3%, del artículo 1%, del Código del Trabajo denomina en términos genéricos “trabajadores” a los funcionarios públicos, no siendo sostenible la distinción que, al respecto, pretenden los sentenciadores en cuanto se referiría al estatuto especial de trabajadores sujetos a las normas privadas que mantiene la administración, desde que la simple lectura de dicha norma no permite arribar a dicha conclusión.”. Agregando que “Tal interpretación es coherente con el Estatuto Administrativo, que, en sU artículo 17, expresamente proscribe toda discriminación que tenga por objeto “anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo”, y al no establecer un procedimiento específico para ello, es claro que ingresa dentro del Ambito de aplicación del de tutela laboral, precisamente porque sólo se trata del procedimiento que corresponde aplicar.” (Corte Suprema, Rol N?52.918-2016, c. 6);

8.- Que el juicio antes expuesto, reafirma la opción de que tanto la acción de tutela laboral es una vía idónea para la aplicación de las normas sustantivas del Código del Trabajo, apta para su uso por los funcionatios de la Administración del Estado, como el caso específico de la gestión pendiente, se trata de un tema de “interpretación legal” que debe ser resuelto en sede competente de los Tribunales de justicia, más aun si el legislador les ha otorgado una acción acotada en conformidad al artículo 483, del Código del Trabajo, cuya naturaleza es “excepcionalísima”, y cuyo objetivo es unificar la jurisprudencia en materia de derecho objeto del juicio de fondo, sobre el cual existen distintas interpretaciones.

9.- Que, en forma reiterada esta Magistratura en los roles Nos. 794-07; 2292- 13; 2784-14 y 2926-15 c.15, ha señalado que las potestades del Tribunal Constitucional y los tribunales de fondo o de mérito deslinda su ámbito, dando un sentido de separar la inconstitucionalidad que resulta de cumplir la ley, cuestión que compete al Tribunal Constitucional por la vía de una acción de inaplicabilidad, en manifiesta discordancia de la inconstitucionalidad que deriva de infringir la ley, asunto que atañe enmendar a los tribunales de fondo, más aun teniendo presente que la norma del artículo 1, inciso tercero del Código del Trabajo implica un conflicto de exegesis legal, tomando en consideración que la jurisprudencia Judicial ha consolidado en los últimos años una interpretación uniforme en el sentido que se ha expuesto en los precedentes judiciales más arriba señalados de la Corte Suprema, y no siendo esta vía — la inaplicabilidad del artículo 93, N“, constitucional — para| resolver un tema de competencia determinada por la Excma. Corte Suprema, en ejercicio del legítimo derecho que le otorga la Constitución y la ley para resolver criterios de unificación de su propia jurisprudencia;

10.- Que esta Magistratura ha señalado “que la protección constitucional del trabajo a que se refieré el artículo 19, N*%16, de nuestra Carta Fundamental, “no se limita sólo a garantizar la libertad de elección y de contratación laboral, sino que, al incluir la garantía constitucional el reconocimiento expreso de la libertad de trabajo y su protección, la Constitución extiende la protección al trabajo mismo, en atención al compromiso inseparable de respeto a la dignidad del trabajador en la forma en efectúa su labor y a la ineludible función social que cumple el trabajo” (STC roles Nos. 2086-12, 2110-12, 2114-12, 2182-12, 2197-12);

[...] Que lo que la Constitución protege es “un trabajo de calidad, con condiciones justas y favorables de trabajo o de la actividad lícita desempeñada” (nombre reservado

nombre reservado: “Derecho al trabajo: Trabajo con contenido y fines”, en Derechos económicos, sociales! y culturales en el orden constitucional chileno, Ed.

Librotecnia, Santiago, 2012, p.127). El trabajo que debe protegerse es el “trabajo digno” y el “trabajo dedente”. El trabajo digno, según lo ha señalado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, es aquel que respeta los derechos fundamentales de la persona humana, así como los derechos de los trabajadores en lo relativo a condiciones de seguridad laboral y remuneración. También ofrecer una renta que permite a los trabajadores vivir y asegurar la vida de sus familias. Estos derechos fundamentales también incluyen el respeto a la integridad|física y mental del trabajador en el ejercicio de su empleo.

Por su parte, el trabajo decente es aquel trabajo productivo para hombres y mujeres en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana (nombre reservado

nombre reservado: “Derecho al ttrabajo: Trabajo con contenido y fines”, en Derechos económicos, sociales y culturales en el orden constitucional chileno, Editorial Librotecnia, Santiago, 2012, p.131);” (Prevención de STC 2470, c. 9% y 12);

V.- FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DEL RECHAZO.

11.- Que se ha entendido por juridicidad la “tendencia o criterio favorable al predominio de las soluciones fundadas en derecho para todos los asuntos políticos y sociales. El vocablo es muy importante, pues preconiza el imperio del derecho sobre el uso de la fuerza o la arbitrariedad. En un Estado de derecho es imprescindible la juridicidad en todos los actos, medidas o decisiones que emitan o adopten los gobernantes en ejercicios o a consecuencia de su actividad específica”

(Emilio 10

nombre reservado, Diccionario de Derecho público, — Administrativo- Constitucional-Fiscal, Ed., Astrea, Buenos Aires, 1981, p . 452).

Esta Magistratura, en sentencia rol N*%790-07, e n su motivo 48 señaló: “Que el aludido principio, conocido tradicionalmente bajo el nombre de “principio de clausura del derecho público”, supone que el ejercicid de las competencias de las autoridades públicas se realice de conformidad con lo d ispuesto en la Constitución y las leyes, de forma que se disminuya el riesgo de la € extralimitación de funciones.

Desde este punto de vista, cabe hablar, más pr piamente, de principio de juridicidad, en la medida que asegura el sometimient: b integral de las autoridades públicas al imperio del ordenamiento jurídico en su con junto”.

Que, a su vez, el motivo 49 de la sentencia r cién reseñada (STC 790-07)

explica: “Que, sobre la base de la aludida precisión y teniendo presentes los razonamientos precedentes de esta sentencia, debe desestimarse una infracción al artículo 7%, inciso segundo, de la Constitución, por | aplicación de los preceptos legales impugnados al juicio ordinario de reliquidación de pensiones que se tramita ante el 7% Juzgado Civil de Santiago, Rol N? 18.828- 06. En efecto, ha quedado demostrado que el legislador, en la especie, no vulr eró precepto constitucional alguno, ajustando, por el contrario, el ejercicio de sus competencias propias a lo exigido por la Carta Fundamental”;

12.- Que, siendo la Constitución la superior del ordenamiento norma jurídico, aquella que regula la producción normativa y las fuentes del Derecho, la Carta Fundamental en su artículo 6, inciso primero, afirma que “los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a | as normas dictadas conforme a ellas”. De esta manera se reafirma el principio de su premacia constitucional. “En el fondo se trata de que en un Estado republicano, democrático, se respete al órgano legislativo , al que le corresponde en ca da momento histórico, ir actualizando la idea de derecho conforme a la volun tad del cuerpo político de la sociedad, como asimismo se debe tratar de concreta r el principio de la seguridad jurídica, que se puede ver afectado por la asimila ción de las normas legales vigentes, lo que implica una cierta confianza en el leg slador y su interpretación de los principios constitucionales, como también la p fresunción, siempre que sea razonablemente posible de que entre varias inter pretaciones de una ley, el legislador se ha inclinado por aquella que posibilita a conservación de la norma dentro de los límites constitucionales” (Derecho co nstitucional, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, Tomo l, Editoria | Jurídica de Chile, 1994, pp.

131-132);

13.- Que, en el caso concreto, resulta poco idór heo invocar los principios de juridicidad y supremacía constitucional para inaplid ar normas laborales, como acaece en la especie, teniendo en consideración q be como la Constitución no distingue, la función jurisdiccional del Estado, en q e estos la deben desarrollar dinámicamente a través de un proceso que deb encontrarse previamente establecido por ley. De esta forma, el conjunto de ac tos procesales que desarrolle 11

el órgano en concret b es el desenvolvimiento de las potestades que se le han atribuido y la realizació n de la finalidad que se le ha encomendado, de forma tal que los tribunales de just cia, y en especial el Poder Judicial se encuentra sujeto al principio de juridicida d, en el desarrollo de toda actividad jurisdiccional. Resulta pertinente recoger lo razonado por la 42 Sala de la Excma. Corte Suprema en reiterados fallos, ha dicho que su competencia para conocer estas materias, lo cual no puede ser desconocido sino es mediante la vía de una contienda de competencia y no (utilizando como pretende la actora el recurso de inaplicabilidad por ingonstitucionalidad consagrado en el artículo 93, N“%, de la Constitución Política;

VI.- CONCLUSIONES LÓGICAS: RECHAZO.

14.- Que en rel ación a la lógica de los argumentos aducidos, cabe señalar que los estándares de medición o criterio de corrección de estos se asocian con su coherencia y que los raciocinios en general que se requieren resulten aptos para la resolución del conflicto constitucional deducido en el caso concreto;

15.- Que las p emisas al adoptar un argumento jurídico que sirva como referencia para la activ dad práctica de los juristas debe ir acompañado de un efecto que produzca concitar el ánimo deseado en el interlocutor. El criterio de corrección para identificar un by en argumento jurídico está asociado a la definición del concepto o dilema con| stitucional controvertido. La segunda premisa, es que exista un criterio, compartido , para distinguir entre ejemplos de un buen argumento y de un mal argumento jur ídico. Esto es, que exista un criterio de corrección para la argumentación jurídica;

16.- Que las re las del pensamiento jurídico-constitucional nos llevan a que las estructuras argumentales estén referidas a una' conceptualización suficientemente precisa de su naturaleza y objetivo; que las propiedades o las variables estén comprendidas en un amplio tipo y espectro de soluciones jurisdiccionales y que el concepto que se tenga sea susceptible de racionalizar en propiedades o en varia les el tema jurídico acotado de que se trata (interpretar la ley laboral);

17.- Que resulta de poca pertinencia la acción de inaplicabilidad consagrada en el artículo 93, N“%, d onstitucional, para solucionar el caso concreto deducido en estos autos, puesto q ve en materia de jurisdicción y competencia el Tribunal Constitucional no pue e ser convocado a dirimir una contienda eminentemente jurisdiccional, y las co secuencia que derivan de una línea jurisprudencial que no favorece las expectati as de una de las partes, puesto que una acción de tal naturaleza implica por tanto una indebida intromisión en la esfera de atribuciones de los tribunales del ol rden laboral, sustituyéndose esta sede constitucional a la instancia jurisdiccional ante la cual se encuentra radicado con arreglo a la ley el conocimiento y juzgam ento del asunto;

12 18.- Que, además, no podemos desconocer, que el fenómeno de las garantías constitucionales y su aplicación a todas las disciplinas jurídicas se ha denominado constitucionalización del derecho y tigne su fundamento jurídico positivo en el inciso 2%, del artículo 5%, de la Constitución Política de la República que establece que: “Es deber de los órganos del Estado (inclusive del Poder Judicial)

respetar y promover los derechos, garantizados por este Constitución...”, más aunsi se trata de aplicación de tratados internacionales ratifidados por Chile;

19.- Que atendido lo expresado precedentemen te, sólo cabe concluir que la condición en que se encuentre el funcionario en relación a los entes públicos o Estado es también, en lo esencial, una relación de trabajador a empleador; siendo los funcionarios ciudadanos y trabajadores, no existie hdo ninguna razón de orden científico y jurídico para negar a los funcionarios púb licos el reconocimiento y la protección de los derechos fundamentales que ot orga la Constitución y los mecanismos o vías legales para su ejercicio en sede urisdiccional, por lo cual no cabe más que inferir, que debe operar con la misma fuerza la protección de tales derechos para ambos trabajadores, sean estos dependi entes públicos o privados, de manera que en virtud de los tratados internacionale vigentes en la materia, no resulta pertinente invocar los artículos 38 ni 76 de la Cal rta Fundamental, puesto que la aplicación del “principio de la primacía de la re, alidad” se sobrepone en el ámbito laboral; en el evento de negarse la acción de tutela laboral, indefectiblemente se produce una indefensión del trab ajador en el caso sub judice;

20.- Que en mérito de lo expuesto y las cons ideraciones señaladas, estos disidentes están por rechazar la acción de inaplicabilida dinterpuesta a fojas 1 y ss.

Acordada la sentencia con el voto en contra el Ministro señor Domingo Hernández Emparanza, quien estuvo por rechazar 2l requerimiento deducido a fojas 1, exclusivamente por las siguientes razones:

1. Que según se lee en el petitorio del requerimiento, se solicita a esta Magistratura Constitucional se desestime por inconstitucional “la interpretación extensiva del inciso tercero artículo 1*% y del artículo 485 (...) del Código del Trabajo” que ha permitido a los tribunales laborales irrogarse la “facultad de conocer sobre acciones de tutela laboral deducida por funcionarios o ex Jfuncionarios públicos 'a contrata” en contra de Servicios Públicos”, ya que ésta resulta contraria a los artículos 6% y 7* de la Constitución Política de la República (numerales 1 y 2 de fojas 11);

2", Que viene al caso consignar que, según consta a fojas 146 de estos autos, la demandada en el procedimiento seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán dedujo ante ese tribunal excepción de incompetencia absoluta, solicitando que éste declare “la incompetencia absoluta de los Juzgados de Letras del Trabajo 13

para conocer de las acciones intentadas en autos” (fs.150). Tal excepción ya ha sido resuelta, siendo rechazada y, en consecuencia, estimándose el tribunal laboral competente para seguir conociendo de la materia. Ello, según consta en el acta de audiencia remitida en |os antecedentes por el Juzgado Laboral de Chillán, llevada a cabo el 28 de enero de 2019 (fs. 172), circunstancia que no es mencionada en el fallo de mayoría;

3*%. Que, en definitiva, no existe una cuestión pendiente de competencia, ya que ha sido resuelta por el tribunal ante el cual se encuentra radicado el conocimiento del asunto, de acuerdo con la regla del artículo 111 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie por remisión del artículo 432 del código laboral. Por lo que es ésta y no otra la gestión pendiente, que manifiestamente no puede ser decidida o modificada por esta instancia constitucional, sin invadir el obvio ámbito de la jurigdicción laboral.

En este contexto, el Tribunal Constitucional no puede ser convocado a dirimir una contienda eminentemente jurisdiccional dado que la línea jurisprudencial seguida por el sentenciador no favorece las expectativas de esa parte, especialmente cuando es obvio y manifiesto que ella ya ha sido resuelta en la instancia procesal correspondiente;

4”. Que, a mayor abundamiento, la cuestión de constitucionalidad versa sobre un conflicto normativo que se produce entre dos líneas de interpretación que han sido permanentemente controvertidas ante la jurisdicción laboral, en torno al alcance de los preceptos legales cuya inaplicabilidad se postula. Pues bien, como se ha resuelto, no compete a esta Tribunal involucrarse en "asuntos que impliquen definir la eventual contradicción entre dos preceptos legales. Ese es un asunto de legalidad porque implica definir cuál es la norma que debe ser aplicada preferentemente en la solución de un conflicto cometido a la jurisdicción. Para ello, es necesario convocar a criterios de interpretación legales, que resuelvan la antinomia entre normas de igual rango. Para las controversias legales, existen otras instancias jurisdiccionales y otros procedimientos”

(STC Rol N? 1.284,, C. 49).

También se ha señalado que "la determinación de qué norma legal debe prevalecer en una determinada gestión judicial es una decisión que no incumbe a esta Magistratura sino que a los jueces del fondo” (Rol N? 2.372, c. 5). No es de su esfera competencial "resolver acerca de la eventual aplicación incorrecta o abusiva de un determinado precepto egal que pudiere efectuar un tribunal, lo que corresponderá Corregir, en su caso, a través de los recursos que contemplan las leyes de procedimiento” (Rol N* 416, C. 19).

En la misma tesitura di curren múltiples pronunciamientos de esta Magistratura (v.

gr. Roles N"s 1454; 1832 ; 2072; 2359j etc.);

5%. Que estas d Isquisiciones son, a juicio de este disidente, las adecuadas para entender que este requerimiento de inaplicabilidad debió ser rech azado.

14 Redactó la sentencia el Ministro señor Iván | Aróstica Maldonado, y las disidencias, los Ministros señores Nelson Pozo Silva y Domingo Hernández Emparanza, respectivamente.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archivese.

Rol N* 6436-19-INA.

Sra, Brahm

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¡/*XK/ | Sr nombre reservado

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Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidenta, Ministra señora María Luisa Brahm Barril y por sus Ministros señores Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza, Juan José Romero Guzmán, Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva, José Ignacio Vásquez Márquez y Miguel Ángel Fernández González.

Se certifica que el Ministro señor Domingo Hernández Emparanza, concurrió al acuerdo y fallo, peró“náºma r enc¿%trarse L con feriado legal.

Autoriza la Secketaria t de! Tribunal Censtitucio nal, señora nombre reservado

nombre reservado. xx x X