Inaplicabilidad de Precepto Legal

Santiago, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Con fecha 7 de febrero de 2019, doña nombre reservado, ha requerido la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 15 y 16 del D.L. N* 2.695, en los autos caratulados “nombre reservado con nombre reservado”, Rol N* C-1000-2016, del Juzgado de Letras en lo Civil de San Javier, en actual conocimiento de la Corte Suprema, por sendos recursos de casación en la forma y en el fondo, bajo Rol N? 25070-2018.

Precepto legal cuya aplicación se impugna El texto del precepto legal impugnado dispone:

"D.L. N* 2.695

(...)

ARTICULO 15% La resolución del Servicio que acoja la solicitud se considerará como justo título. Una vez practicada su inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, el interesado adquirirá la calidad de poseedor regular del inmueble para todos los efectos legales, aunque existieren en favor de otras personas inscripciones que no hubieran sido materialmente canceladas.

Transcurridos dos años completos de posesión inscrita no interrumpida, contados desde la fecha de la inscripción, el interesado se hará dueño del inmueble por prescripción, la que no se suspenderá en caso alguno.

La resolución indicada en el inciso primero y la sentencía a que se refiere el artículo 25 de esta ley se subinscribirán al margen de la respectiva inscripción de dominio a la que afecte el saneamiento, si se tuviere conocimiento de ella.

ARTÍCULO 16% Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo precedente, expirado el plazo de dos años a que esa disposición se refiere, prescribirán las acciones emanadas de los derechos reales de dominio, usufructo, uso o habitación, servidumbres activas y el de hipotecas relativos al inmueble inscrito de acuerdo con la presente ley.

Las anteriores inscripciones de dominio sobre el inmueble, así como la de los otros derechos reales mencionados, las de los gravámenes y prohibiciones que lo afectaban, una vez transcurrido el citado plazo de dos años, se entenderán canceladas por el solo ministerio de la ley, sin que por ello recobren su vigencia las inscripciones que antecedían a las que se cancelan.

Con todo, si las hipotecas y gravámenes hubiesen sido constituidas por el mismo solicitante o por alguno de los antecesores cuya posesión legal o material se hubiera agregado a la suya, dichas hipotecas y gravámenes continuarán vigentes sobre el inmueble. Subsistirán igualmente, los embargos y prohibiciones decretados en contra del solicitante o de alguno de sus antecesores; pero ello no será obstáculo para practicar las inscripciones que correspondan.”.

De la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal Refiere que actualmente la Corte Suprema conoce de recursos de casación contra la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de Talca que rechazó, un recurso de casación y confirmó el fallo de primera instancia del Juzgado de Letras y Familia de San Javier, en la cual se acogió demanda reivindicatoria deducida por doña nombre reservado, reconociendo a la actora dominio sobre el inmueble reivindicado, que había comprado a una tercera persona, quien lo inscribió en el Registro de Propiedad a través del procedimiento previsto en el D.L.

N* 2.695.

Expone que tanto la demandante, como su tradente, han sido poseedores materiales del inmueble.

Por lo anterior alega infracción al artículo 19, N* 2 de la Constitución. El procedimiento establecido en el D.L. N* 2695 genera diferencias arbitrarias, puesto que establece diferencias injustificadas respecto del emplazamiento, en los plazos establecidos para ejercer los derechos, y la forma de adquisición y pérdida del derecho real de dominio. Argumenta que se plasma un estatuto paralelo de dominio, apartado del derecho común, dejando a quienes han adquirido el dominio previamente conforme al Código Civil y al sistema registral inmobiliario creado, en una situación diversa, desventajosa y perjudicial, en tanto se desconoce su derecho de propiedad preexistente.

Analizadas las normas de prescripción adquisitiva extraordinaria del Código Civil y las del D.L. 2.695, se aprecia que el lapso necesario para adquirir el dominio por medio de la prescripción es de diez años de posesión en el sistema común, mientras que en el sistema estatuido en el D.L, 2.695 actualmente bastan solo años de posesión inscrita. Esta diferencia de plazo sería una diferencia arbitraria, prohibida por la Constitución. No existe circunstancia objetiva alguna que guarde proporción con una disminución tan significativa en el plazo señalado.

Así, el procedimiento de saneamiento, en su aplicación concreta, es contrario a la Constitución, pues significaría resolver un conflicto entre dominio y una posesión material que jamás ha existido, de acuerdo con una utilización abusiva de los artículos 15 y 16 del D.L. 2.695, en desmedro de la requirente y otros copropietarios, y de sus antecesores, que adquirieron el dominio conforme el Código Civil y su sistema registral.

Agrega vulneración artículo 19, N* 3, inciso sexto, de la Carta Fundamental. El D.L. 2.695 no contempla un procedimiento que pueda ser calificado como racional y justo. No considera el debido emplazamiento de terceros afectados. La notificación por avisos no parece suficiente, menos si ello es excepcional en los procedimientos ordinarios en que se prioriza el emplazamiento personal de los afectados.

Contemplar un plazo de oposición tampoco es garantía de racionalidad y justicia, ya que el procedimiento administrativo no viene precedido de un intento de notificación personal. Los terceros afectados, como la actora, se encuentran en una situación de inferioridad y desigualdad respecto del procedimiento judicial aplicable a aquellas personas afectadas por la prescripción adquisitiva extraordinaria del Código Civil.

A lo anterior, también, agrega transgresión al artículo 19, N* 24, de la Constitución. No sólo se posibilitó a la requirente ser privada de su dominio, sino que, también, que ello ocurriera sin indemnización alguna, a través de un procedimiento administrativo del que no tuvo conocimiento, ni fue debidamente oída. Finalmente, refiere vulneración al artículo 19, N* 26. Se transgrede en su esencia el derecho de propiedad. Se posibilitó la privación del dominio sobre un inmueble inscrito a su nombre, sobre el cual además tenía la posesión material sin indemnización, sin ser oída.

Expone la actora que normas cuestionadas son decisivas porque, de no ser aplicadas, debió haberse revocado la decisión de primera instancia y rechazado la acción reivindicatoria deducida, de acuerdo con la normativa del Código Civil.

Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Primera Sala, el 20 de febrero de 2019, (fojas 96), disponiéndose la suspensión del procedimiento. A su turno, en resolución de 14 de marzo de 2019 se declaró admisible (fojas 115).

Conferidos los traslados sobre el fondo a los órganos constitucionales interesados, así como a las demás partes de la gestión pendiente, fue evacuada la presentación que se indica a continuación.

Observaciones de doña nombre reservado

Solicita el rechazo del requerimiento. Indica que es demandante en juicio ordinario de reivindicación de un bien raíz agrícola, en que se dictó sentencia acogiendo la demanda. Apelada y casada, ésta fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Talca. La sentencia que dio lugar a la demanda fue cumplida mediante desalojo con auxilio de fuerza pública, en enero de 2019, por lo cual el inmueble actualmente se encuentra en su poder.

Expone que la compraventa que la hizo dueña del predio tuvo como vendedora a doña nombre reservado, quien lo había adquirido, en mayor extensión, por regularización de su posesión conforme al Decreto Ley N* 2.695, según consta de Resolución Definitiva N* 246, de marzo de 2004, de la Secretaría Regional, VII Región, del Ministerio de Bienes Nacionales.

En virtud de ello, en mayo de 2004, el inmuebie fue inscrito en el Registro de Propiedad de 2004 del Conservador de Bienes Raíces de San Javier. Por ello, transcurrido un año de dicha inscripción, doña nombre reservado adquirió el dominio por prescripción, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 15 del Decreto Ley N? 2.695.

En tal situación, la Sra. nombre reservado, habiendo adquirido la calidad de legítima propietaria, estaba perfectamente habilitada para enajenarlo tal como lo hizo. Así, se extinguieron todos los derechos que cualquier tercero hubiere podido, eventualmente, tener sobre el predio, quedando amparado el dominio por el reconocimiento que consagra el Art. 16 del citado Decreto Ley. Ello ocurrió el 13 de mayo de 2005, fecha a partir de la cual, conforme a la ley vigente, nadie pudo cuestionar la propiedad de la Sra. nombre reservado quien, consecuencialmente, le vendió legítimamente en el año 2010, es decir, 5 años después.

Por lo expuesto, señala que doña nombre reservado

pasó a ser la única, total, exclusiva y absoluta propietaria del inmueble.

Argumenta que las diferencias que pudieren existir entre el Decreto Ley 2.695 y el Código Civil, no son suficientes para fundamentar una inaplicabilidad pór inconstitucionalidad, pues la procedencia de ésta requiere una discordancia entre uña norma legal y una disposición constitucional. El Decreto Ley 2.695 es un cuerpo legal dictado para regular situaciones especiales y para llenar una necesidad social, que el Iegisladof tuvo en consideración con fines específicos. Por el contrario, las normas del Código Civil constituyen legislación común para regir la situación de la generalidad social. Por ende, tampoco entre ambos cuerpos normativos existe colisión desde que sus objetivos son distintos y se aplican a situaciones diferentes.

Agrega que el derecho a la igualdad no puede considerarse afectado por el D.L. 2.695 debido a establecer plazos menores, desde que existen diversos plazosde prescripción, establecidos para operar en situaciones diversas. No corresponde al ciudadano común cuestionar la duración de los plazos de prescripción establecidos por el legislador argumentando desigualdad, puesto que son aplicables a todos quienes se encuentren en situación de impetrarla.

A su vez, la posición u opinión particular de cada cual, no es razón para reclamar una infracción constitucional. La infracción se produciría ante una diferencia arbitraria, es decir, antojadiza, sin razón suficiente. Tal condición no se da en la especie pues las normas del D.L. 2.695 y sus plazos de prescripción no son el resultado de un arbitrio o voluntad irracional, sino las necesarias para regular un sistema especial de constitución del dominio en cuanto a la consolidación de los derechos y necesario en cuanto a contribuir al desarrollo de la persona y desenvolvimiento del sistema económico.

Tampoco se afecta el derecho a un justo y racional procedimiento. A través del articulado del decreto ley cuestiona se consulta la posibilidad de que terceros que pudieren sentirse afectados tienen oportunidad para manifestar su oposición y defender sus intereses en sede administrativa y en sede judicial. Olvida la actora que dicho procedimiento establece garantías de no afectación a terceros, dado que exige presentación de antecedentes, contempla publicaciones, considera inspecciones administrativas, levantamiento de planos, todo lo cual minimiza la posibilidad de perjuicios.

La requirente ha sostenido que tenía el dominio, la posesión inscrita y la posesión material, señalando que así quedó reconocido en la sentencia dictada en el juicio reivindicatorio. Ello no es efectivo, teniendo presente que el reconocimiento de la posesión material que hace el sentenciador se refiere, exclusivamente, al período en que la demandada asumió la posesión del predio tal como fue denunciado en la demanda, lo cual ocurrió en los primeros días de enero de 2016. Su posesión material entre enero de 2016 y enero de 2019, es un hecho de la causa y fue, precisamente, el motivo del juicio, atendida la clandestinidad e ilegalidad de la conducta de la Sra.

nombre reservado.

Añade que no hay vulneración al derecho de propiedad. En efecto, el Decreto Ley citado tiene el rango de ley y, como tal, estableció un procedimiento para acreditar la posesión y dispuso un modo de adquirir el dominio, esto es, la prescripción. En consecuencia, teniendo su origen en una ley, el cumplimiento de los trámites administrativos y el transcurso de los plazos exigidos, posibilitan que el poseedor regular pase a ser propietario legítimo, con todos los atributos del dominio y con toda la protección constitucional.

El derecho de dominio adquirido mediante aplicación del decreto ley tiene un particular respaldo constitucional, pues está conceptualizado y regulado, con iniciales limitaciones y obligaciones, para cumplir una función social, como lo es la eliminación de situaciones de hecho, la consolidación de derechos y la circulación económica.

La prescripción concebida por el Decreto Ley 2.695, no solo se ajusta a lo dispuesto en el N* 24, del Art. 19, de la Constitución Política, sino que también sirve de mecanismo para materializar la garantía constitucional establecida en el N* 23, del Art. 19, de la misma que consagra “La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes”.

Finalmente, refiere que la aplicación del D.L. 2.695 no afecta en su esencia al derecho de propiedad, pues su finalidad no es desconocer ni menos violentar el derecho ajeno; sino, muy por el contrario, su finalidad es consolidar el dominio en manos de quien detenta un inmueble en virtud de una posesión material.

Considerar la prescripción como atentatoria de la esencia de un derecho, es manifestación de una visión parcial y negativa de la institución, pues en contraposición a aquello, el prescribiente adquiere un derecho logrando un incremento patrimonial por un medio legítimo, de conformidad a una ley dictada con sujeción a una facultad constitucional.

Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 5 de septiembre de 20139 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos, por la requirente, del abogado don Raúl Morales Vallejos y por doña nombre reservado, del abogado don Abel Bravo Bravo. Se adoptó acuerdo con esa fecha, conforme fue certificado por el relator de la causa.

CONSIDERANDO:

l.- CONFLICTO CONSTITUCIONAL

PRIMERO: Que lo controvertido es si el régimen de propiedad establecido en el D.L.N*%2.695, es vulneratorio del derecho de propiedad e igualdad previsto en la constitución, al establecer una forma de prescripción adquisitiva distinta a la regulada en el Código Civil. Se sustenta lo planteado en la opción del mecanismo de adquisición de la propiedad raíz atenta contra atributos esenciales del dominio, puesto que la privaría a esta, sin una justa compensación. Unido a lo anterior, se observa un dilema de constitucionalidad en relación con el plazo de prescripción, atendido su corto periodo, lo cual vulneraria el derecho de defensa del actor constitucional;

l.- CONSIDERACIONES GENERALES

SEGUNDO: Que el DL N*%2695, constituye un conjunto de normas de regularización de bienes raíces, como parte de la continuación de un proceso ya existente. Es así, que en el DFL N% DE 1968 del Ministerio de Agricultura, en el DFL N*7 del Ministerio de Agricultura, del año 1963 y en la Ley N*6383, de 9 de agosto de 1939, se estableció similares sistemas de regularización.

Hoy en día diversos procedimientos que apuntan al mismo objetivo, generando sistemas de saneamiento de títulos de propiedad operan tanto en inmuebles privados como en fiscales (STC ROL N*2980-16);

TERCERO: Que por su parte es susceptible de subsumir el DL N%2695 en el artículo 19, N*%23, de la Constitución, al permitir que el legislador pueda diseñar mecanismos que permitan difundir la propiedad, de modo que puedan acceder a ella quienes no la poseen.

Mediante el mecanismo diseñado en el Decreto Ley N%2.695, personas con posesión material de un inmueble, continua, exclusiva, sin violencia ni clandestinidad, por cinco años, a lo menos pueden obtener un justo título que, una vez inscrito, les permite obtener el inmueble en propiedad por prescripción de corto tiempo. El DL habla de “regularizar la situación del poseedor material que carece de títulos o los tiene imperfectos”, para que pueda participar en “planes de desarrollo y asistencia técnica”.

El Decreto Ley N?2.695, entonces, busca que una persona pueda acceder a la propiedad del bien que posee, y puede así, con ese bien, incorporarse “al proceso productivo nacional” (considerando 2*, Decreto Ley N*2.695). La norma procura que una persona obtenga, por el modo de adquirir denominado prescripción, un inmueble que se ha poseído durante cinco años. Con ello, materializa el derecho a la propiedad del artículo 19, N*%23 de la Constitución (STC Rol N”1298/2010);

CUARTO: Que el N?24, del artículo 19 de la Constitución reconoce el derecho de propiedad, pero no establece un tipo de propiedad determinado. La Constitución no reconoce una Única propiedad sino la propiedad “en sus diversas especies”. No hay, por tanto, una sola propiedad, sino tantas como el legislador configure. De hecho, el propio constituyente se refiere a alguna de ellas: la minera (artículo 19, N*245), la que recae en los derechos de agua (artículo 19, N*%24), la intelectual y artística (artículo 19, N%25), la que recae sobre los bienes que deben pertenecer a la Nación toda (art. 19, N*23”).

No existe, entonces, una propiedad general y propiedades especiales; existen sólo propiedades distintas, con estatutos propios. La Constitución garantiza el derecho de propiedad, cualquiera fuera éste. No hay en la Constitución un modelo a partir del cual se configuren las distintas propiedades. En este sentido, el constituyente se mantiene neutro frente a las preferencias constitutivas del legislador al momento de definir “el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social”.

No existe una legislación que haya sido erigida por el constituyente en modelo de todas las demás propiedades. Ello habría significado constitucionalizar una determinada legislación; rigidizar las definiciones del legislador; y abrir un debate sobre la protección de las propiedades constituidas a partir de un diseño propio, distinto a ese pretendido modelo común. Por lo demás, esta Magistratura ha declarado la inaplicabilidad de preceptos del Código Civil en varias oportunidades (por ejemplo, STC Roles Nos. 1340/2009, 1185/2009 y 943/2008). De ahí que, en este fallo, este Tribunal se aparte de lo resuelto en la STC Rol N*%707/2007.

Nada impide que el legislador construya los diversos estatutos de la propiedad otorgando a una propiedad el carácter de común o supletoria de otras.

Pero ésa es una opción del legislador, no del constituyente.

Dicho carácter común o supletorio explica que la propiedad definida en el Código Civil, especialmente, la que recae sobre inmuebles, se utilice para construir dogmáticamente el dominio. Pero ello no es más que una opción metodológica o pedagógica, inspirada en la tradición, en la potencia y prestigio de sus comentaristas, y en la abundante jurisprudencia en torno a ella; pero no es un mandato constitucional. Por ello, si el legislador se aparta de ella, no necesita justificar de modo particular esa regulación;

lll.- FACTORES FÁCTICOS QUE INCIDEN EN LA PRESENTE ACCIÓN CONSTITUCIONAL

QUINTO: Que de manera previa al análisis de las garantías constitucionales invocadas existen elementos de hecho que inciden en lo resolutivo del presente arbitrio constitucional:

a.- Que como lo asevera a fojas 2, la requirente nombre reservado, ella es dueña solamente de derechos, según expone, ascendentes a un cincuenta por ciento sobre un retaso de terreno denominado Lote B, en la Comuna de San Javier, Región del Maule.

b.- Que del mismo modo la actora no representa a la comunidad, sino que más bien es un tercero que se representa, exclusivamente, en relación a sus derechos invocados, los cuales son meros derechos personales y no derechos reales que le permitan alegar condición o calidad legitimada de titular de dominio, teniendo para ello presente, que el ser comunero de treinta y cinco cuadras de extensión o aproximadamente cuarenta y nueve hectáreas correspondientes al Lote B en el Sector Vaquería, de la Comuna de San Javier, lo estatuye como participe de una comunidad indivisa y, subsecuentemente, como un tercero que tiene derechos sobre una comunidad indeterminada.

C.- Que también consta de los antecedentes que tampoco existe precisión ni coincidencia en los deslindes impetrados por la requirente, más aun tomando en cuenta que podría tratarse de un predio distinto, sobre lo cual existe controversia jurídica pendiente.

d.- Que tampoco consta en autos que exista una relación entre la requirenté y la requerida, dado que al estar controvertida la posesión no resulta pertinente tener certeza sobre el dominio invocado por la actora de autos;

SEXTO: Que, también, resulta Útil ponderar en el análisis constitucional la controversia invocada por doña nombre reservado, en el sentido que se objeta la posesión de doña nombre reservado, desconociéndose de que se trate del mismo predio al existir una manifiesta diferencia en la superficie, ubicación y deslindes con lo aseverado por la solicitante doña nombre reservado en autos.

Que a mayor abundamiento, en los presupuestos fácticos se encuentra asentado que existió un juicio en el Juzgado de Letras de San Javier (Rol N*c-1000- 2016) de naturaleza reivindicatoria, en el cual se dictó sentencia que ordenó la entrega del predio a la oponente nombre reservado, fallo que fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Talca, que significó, dado su carácter ejecutorio, el desalojo el día 4 de enero del presente año. Junto a lo expuesto la citada nombre reservado, invoca inscripción de compra venta a su nombre desde el año 2010, y actos jurídicos posteriores como son la constitución de hipoteca sobre el predio en favor de la banca y la postulación a la Ley de Fomento al Riego, el cual fue obtenido con posterioridad.

Por estas razones, no resulta posible aceptar como premisas para esta acción de inaplicabilidad sobre los artículos 15 y 16 del DL N%2695, actos de posesión regular, ya que ello vulnera y entra en contradicción con la teoría de los actos propios, puesto que ello ahora aparece desconociendo mediante la presente acción hechos que previamente reconoció como válidos;

IV.- GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

SEPTIMO: Que, en efecto, por una parte, el artículo 15 se refiere a la forma de adquisición que establece el Decreto Ley N*2.695, cual es la prescripción, pues sólo “trascurrido dos años completos de posesión inscrita no interrumpida, contado desde la fecha de la inscripción, el interesado se hará dueño del inmueble por prescripción.” Dicha prescripción exige justo título y posesión, pues, conforme al art.

15, “la resolución del Servicio que acoja la solicitud se considerará como justo título.

Una vez practicada su inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raices, el interesado adquirirá la calidad de poseedor regular del inmueble para todos los efectos legales”.

El artículo 16 regula la disposición del bien, puesto que al expirar el plazo de dos años desde que se inscribe la resolución administrativa que constituye el justo 2 título, prescribirán las acciones emanadas de los derechos reales de dominio, 'f:usufructo, uso o habitación, servidumbre activas y el de hipotecas relativos al ? * inmueble inscrito”.

De esta manera, ambos artículos no hacen más que regular, en sus aspectos medulares, la forma de adquirir y las facultades que sobre el dominio se obtienen;

El DL tiene fundamento. Hay una inscripción, pero ésta es de papel, ya que el verdadero poseedor es otra persona. El poseedor material, a pesar de. que se comporta como señor y dueño del inmueble, no lo es. De ahí que la ley le brínde la posibilidad de regularizar su situación, es decir, que se le otorgue un justo título por la autoridad que reconozca su posesión efectiva del bien y pueda adquirir el dominio por prescripción.

Es así, como el sentido del Decreto Ley N*%>.695 no fue privar del dominio, sino más bien protegerlo. En la historia fidedigna de esta normativa se transcribe un informe del entonces Ministerio de Tierras y Colonización, que señala: “existe desde hace años una legislación que ha pretendido regularizar el dominio de gran cantidad de pequeñas propiedades agrícolas o urbanas, estableciendo normas de excepción con respecto al derecho común, pero dentro de la normativa constitucional”. Agrega que todos los antecedentes legales del DL en proyecto “no constituyen ninguna violación del derecho de propiedad puesto que su objetivo ha sido, precisamente, protegerlo, regularizando posesiones, muchas veces de origen inmemorial, que no se encuentran amparadas por las inscripciones conservatorias (..) En definitiva, entonces, lo que se pretende es estabilizar el derecho de dominio de los afectados y otórgales la garantía del mismo” (Historia de la ley; Biblioteca del Congreso; págs..

147 y 169);

OCTAVO: Que, asimismo, el mecanismo no es artificial, pues no se inventa una posesión. El título que se le otorga al peticionario sólo reconoce una situación posesoria prolongada, abierta pacífica, regularizándola jurídicamente. De ahí que el DL se preocupara de establecer que la existencia de posesión continua y exclusiva, sin violencia ni clandestinidad, durante cinco años, a lo menos (artículo 2), debe demostrarse claramente. Desde luego, el interesado debe acompañar una declaración jurada sobre esta posesión y sobre el conocimiento de otras inscripciones (artículo 5). Enseguida, se debe demostrar la posesión por hechos positivos, como plantaciones, cerramientos, corte de madera, construcciones (el artículo 4% del DL remite al artículo 925 del Código Civil en esta materia). A continuación, la Administración debe comprobar en terreno los hechos por personal técnico y elaborar informes antes de decidir (artículo 10). Y si maliciosamente se obtiene la calidad de poseedor regular, hay delito (artículo 9*). Con este diseño, el legislador busca consolidar una situación, pero con base en un respeto estricto de la realidad.

Además, no se utilizan mecanismos de derecho público sino de derecho privado: posesión, título, inscripción, prescripción. Y cuando el afectado reclama, no lo hace por la ilegalidad del acto expropiatorio, sino que a través de las acciones de dominio que correspondan.

A continuación, no hay una adquisición del dominio — que se extingue — por el Estado o sus organismos. Son sujetos privados quienes ganan y quienes pierden el dominio. En la expropiación, en cambio, el Estado priva a alguien de su dominio para incorporarlo a su patrimonio y ¡uego destinarlo a una finalidad pública, definida o no previamente en detalle. En el sistema del Decreto Ley N*2.695, nunca un organismo público toma posesión del bien afectado, ni ficta ni realmente.

Finalmente, cabe anotar que, mientras la expropiación se funda en la utilidad pública o el interés general, el desplazamiento patrimonial que se produce como efecto del DL se funda en el derecho a la propiedad (artículo 19, N%23”, constitucional) y no en torno ala utilidad pública;

NOVENO: Que un primer y segundo reproche que el requirente formula a los preceptos impugnados, es que afecta su garantía al debido proceso, establecida en el artículo 19, N%, inciso 5, de la Constitución, y a la igualdad ante la ley, contenida en el artículo 19, N9 2, de la Carta Fundamental. Señala que el procedimiento que contempla el DL no puede ser calificado de racional y justo, de acuerdo a los estándares constitucionales, ya que no contempla un emplazamiento adecuado, y los terceros afectados se encontrarían en una posición de notoria inferioridad y desigualdad respecto del procedimiento judicial aplicable.

Que lo primero que debemos señalar, es que el DL impugnado diseña un procedimiento que busca servir como una garantía para el eventual afectado con la cancelación de la inscripción; también se orienta a focalizar el mecanismo a favor de las personas que efectivamente lo necesiten.

10 Dicho procedimiento en una primera fase, que es administrativa; una segunda, que es judicial; y una tercera, que es el transcurso del tiempo. Por eso, “una vez practicada su inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, el interesado adquirirá la calidad de poseedor regular del inmueble para todos los efectos legales” (artículo 15);

DECIMO: Que no es posible cuestionar la afectación del artículo 19, N%3, inciso 5%, como hace la requirente, teniendo presente para ello que el mérito utilizado por el actor constitucional es la objeción de que la resolución administrativa que acogió la solicitud de regularización no resulte incuestionable y que la afectación que le genera una prescripción de corto plazo de un año, como también la cancelación de las inscripciones de dominio existentes, no garantizan la igual protección de la ley en sus derechos, todas circunstancias que se desvirtúan a partir de la existencia de un procedimiento que establece el Decreto Ley N*2.695, que tiene una fase administrativa, una fase judicial eventual (artículos 22, 24 y 25 del DL en cuestión) y una tercera fase que se produce después de ordenada la inscripción del inmueble en el Conservador por resolución administrativa o judicial, permitiendo que existan todas las garantías en la oposición y resguardos de sus derechos , mediante el ejercicio de acciones que el propio sistema le otorga a la afectada;

DECIMOPRIMERO: Que, sin perjuicio de lo anotado, en el sentido de que los preceptos impugnados están enmarcados en el artículo 19, N%23, de la Constitución, * debemos analizar el reproche efectuado en el requerimiento respecto a la afectación — del artículo 19, N*24”, de la Constitución.

Como ya se indicó, quien está llamado a definir el estatuto de cada propiedad es el legislador. La Constitución señala que “sólo la ley puede (...)”. Se establece aquí un caso de reserva de ley. Ello implica una exclusión en la definición sustantiva de otras fuentes subordinadas del derecho, como el reglamento, la resolución, la ordenanza, normas que pueden colaborar con el legislador únicamente en la pormenorización o desarrollo de la ejecución de lo establecido en la ley. Dicha reserva abarca lo que define el estatuto de una propiedad. Estos aspectos son tres:

“el modo de adquirir la propiedad”, el modo “de usar, gozar y disponer de ella” Yy “las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social”. Es decir, comprende la adquisición, las facultades que tienen su titular y las restricciones que pueda padecer cada profesional;

DECIMOSEGUNDO: Que llegado al aspecto central del conflicto constitucional planteado, este Tribunal sostiene que el Decreto Ley N%2.695 se encuadra de manera armónica con los elementos que diseña el artículo 19, N%24, de la Constitución, puesto que regula una de las varias propiedades que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Dicho carácter se configura en razón de que el legislador define, para ciertos inmuebles, una modalidad para su adquisición, establece una forma de disposición y señala sus limitaciones y obligaciones. Por tanto, los artículos 15 y 16 del referido DL, inpugnados en autos, están en armonía con el precepto constitucional anteriormente aludido.

11 Que no resulta tampoco pertinente invocar la garantía de propiedad en el caso de autos, dado que la afectación a que alude a fojas 26 la actora dice directa relación con el cuestionamiento del sistema de regulación de la pequeña propiedad raíz, la cual afectaría la pérdida de los atributos esenciales del dominio sin una justa compensación, situación que no se da en autos teniendo en consideración que no existe congruencia entre lo pedido en la acción deducida puesto que al ser controvertido el hecho de que se trate del mismo predio y que no corresponden los deslindes, configura per se una situación que pueda ser amparada bajo la garantía del derecho de propiedad, tal como se da cuenta en esta sentencia. Junto a lo anterior tampoco puede invocarse la afectación de los artículos 15 y 16 del DL N92695 al establecer el plazo de un año como prescripción de corto tiempo, ya que el sistema de regulación de la propiedad raíz ha generado un estatuto donde existen acciones y resguardos en favor del afectado, como también exige tener una titularidad del dominio y/o posesión, situación no dilucidada en los autos ante el juez de mérito;

DECIMOTERCERO: Que se menciona a fojas 32 del libelo de la peticionaria la garantía consagrada en el artículo 19, N*26, de la Carta Fundamental, en dos sentidos: que la requirente tenía la posesión material del inmueble privandosele sin indemnización alguna — sin ser oída—, y a través de un acto administrativo del que no tuvo noticia. Ante esas afirmaciones no cabe más que desecharlas en su aspecto fáctico, tomando en consideración que tal como se aseveró en los motivos quinto y sexto, la requerida nunca dejó de tener la posesión, la actora es un tercero que no representa a la comunidad y no existe constancia en el expediente constitucional de que la controversia verse sobre el mismo predio, razón por la cual no puede prosperar por dicho argumento la inaplicabilidad impetrada;

V.- CASO CONCRETO

DECIMOCUARTO: Que a partir del reproche incoado, no es posible inferir de manera directa, precisa y concluyente que los artículos 15 y 16 del DL 2.695 resulten contradictorios con las garantías constitucionales a los cuales se les ha vinculado en la acción de sus fojas 1 y siguientes. En efecto, no es posible concluir que efectivamente exista vínculo de causalidad entre los derechos constitucionales relativos a los artículos 19, Nos. 2, 24 y 26, constitucionales , y la situación fáctica sobre la cual pudieran incidir, teniendo presente para ello que la requerida doña nombre reservado, según consta en autos tiene dominio inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de San Javier, correspondiente al año 2010, a fojas 3.438 bajo el N*%2.221 del Registro de Propiedad, donde aparece especificado detalladamente la superficie, los deslindes y el plano registrado, como así mismo se suma a su título la inscripción de su antecesora doña nombre reservado

inscrita a fojas 3.182 bajo el N*2.193 del Registro de Propiedad correspondiente al año 2004 del Conservador de Bienes Raíces de San Javier;

12 DECIMOQUINTO: Que consta en los antecedentes que la citada nombre reservado acreditó que su modo de adquirir fue la prescripción, derivado de un título originario establecido en la ley, que es la resolución del Ministerio de Bienes Nacionales, sin necesidad de recurrir a los artículos 15 y 16 del Decreto Ley N%2.695, además, que la requirente doña nombre reservado, en relación a su condición de dueña del cincuenta por ciento de derechos sobre un retaso de terreno no dicen relación con el predio antes individualizado de la requerida, razón por la cual no tuvieron influencia decisiva en la acción reivindicatoria que sirvió como gestión de mérito o de fondo al presente requerimiento;

DECIMO SEXTO: Que cuando el derecho aparentemente es inequitativo, la certeza del derecho pudiera también considerarse una certeza de inequidad. De esta manera, si se quiere atribuir un contenido a la noción de certeza, ello debe establecerse a partir de la búsqueda respecto a la mejor posibilidad u opción por un valor, que en el caso concreto es la finalidad que ha establecido el legislador en el sistema de saneamiento del dominio de la pequeña propiedad raíz, cuya misión es resolver situaciones históricas de posesión irregular, tema que no es factible resolver por esta vía de la inaplicabilidad, atendido los presupuestos fácticos del caso singular que configuran un régimen de excepción para la regularización del derecho de dominio sobre inmuebles, acorde a lo previsto en el artículo 19, N%24, del texto constitucional; -

VI.- CONCLUSIONES

DECIMOSEPTIMO: Que en mérito de lo razonado y las consideraciones expuestas no cabe más que rechazar las pretensiones de la requirente de fojas 1.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos de la Constitución Política precedentemente citados, así como en las disposiciones pertinentes de la Ley Ne 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

l. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD DEDUCIDO A FOJAS 1.OFÍCIESE.

l. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE.

I. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.

13 PREVENCIÓN

Los Ministros señores Iván Aróstica Maldonado, Juan José Romero Guzmán, y José Ignacio Vásquez Márquez, previenen que concurren al rechazo - Únicamente- por lo expresado en los considerandos quinto y sexto de la presente sentencia, específicamente porque la requirente no ha logrado acreditar de qué manera, de acuerdo a la particular situación de su propiedad, el efecto de los preceptos normativos es inaplicable por inconstitucional.

Redactó la sentencia el Ministro señor Nelson Pozo Silva y la prevención, el Ministro señor nombre reservado.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archivese.

Rol N* 6106-19-INA

Sra.Brahm / N

Sr.Hernández

14 Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constítucior¿l, integrado por su Presidenta, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y por sus Ministros señores Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza, Juan José Romero Guzmán, Nelson Pozo Silva y José Ignacio Vásquez Márquez, señora María Pía Silí; allimato, ys£ñ nombre reservado.

N Autoriza la Secvst ia deNTribunah Constitucional, señora nombre reservado

nombre reservado. "

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