Inaplicabilidad de Precepto Legal

000066

Santiago, diez de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Con fecha 16 de enero de 2019, nombre reservado, ha requerido la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso segundo del artículo 48, letra d), de la Ley N2 19.947, Ley de Matrimonio Civil, en los autos RIT C-54-2018, caratulados “nombre reservado con nombre reservado”, sobre nulidad de matrimonio, seguidos ante el Juzgado de Letras y Garantía de Purén, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Temuco, por recurso de apelación, bajo el Rol N* 388-2018 (Familia).

Precepto legal cuya aplicación se impugna

El texto del precepto legal inpugnado dispone:

“Ley N* 19.947, de Matrimonio Civil

(...

Artículo 48.- La acción de nulidad de matrimonio no prescribe por — tiempo, salvo las siguientes excepciones:

(...)

-d) Cuando la causal invocada sea ld existencia de un vínculo matrimonial no disuelto, la acción podrá intentarse dentro del año siguiente al fallecimiento de uno de los cónyuges, y -

(...).”.

Síntesis de la gestión pendiente y conflicto constitucional planteado

El actor expone que dedujo demanda ante la justicia de familia. Indicó allí que, en julio de 1981 contrajo matrimonio con doña nombre reservado en Pisac, Cusco, República del Perú, ante las autoridades civiles y eclesiásticas, naciendo tres hijos de dicha unión. En 1992, indica que decidió trasladarse a Chile con el fin de trabajar, decisión que luego también tomó su cónyuge e hijos.

Agrega que, con el fin de conseguir residencia indefinida en Chile, la señora nombre reservado contrajo matrimonio con el demandado, señor nombre reservado, en abril de 1995, situación ignorada por el requirente, dado que viajaba reiteradamente dentro y fuera del país.

Añade. que su cónyuge, la señora nombre reservado, jamás mantuvo relación matrimonial ni “afectio maritatis” con-el demandado señor nombre reservado, con quien apenas,se conocieron para hacer el trámite de casarse a fin de que ella pudiera quedarse en Chile.. Expuso en su demanda que esta situación le consta puesto que siempre sus hijos vivieron junto a él y su cónyuge.

La señora nombre reservado falleció en marzo de 2017, en Perú: Luego, una vez que llegó a Chile nombre reservado nombre reservado, hija de la recién fallecida señora nombre reservado, comenzó a realizar los trámites de posesión efectiva. Emitiéndose el certificado respectivo por el Servicio de Registro Civil e Identificación, donde constató que la señora nombre reservado estaba casada con el reguirente, y también con el demandado, señor nombre reservado.

Por ello, señaló en su demanda que el matrimonio entre la señora nombre reservado Y el señor nombre reservado no -existió como tal, pues no se cumplieron los réqu¡sitos de existencia para que la unión pudiese ser calificada como matrimonio. En particulá_r, no se prestó consentimiento, puesto que la señora nombre reservado lo hizo para contraer matr¡monio, sino que sólo para obtener residencia en Chile.

Se solicitó la dec|arac¡on de inexistencia del vmculo, y en subsidio, su nu||dad en tanto . haberse casado el demandado señor nombre reservado con una persona que mantenía impedimento para contraer matrimonio, dado que se encontraba previamente casada con él, el requirente de inaplicabilidad.

La sentenciadora, en su fallo, estimó que la acción había sido deducida excediéndose el plazo para ejercerla, declarando que matrimonio entre la citada señora nombre reservado y el señor nombre reservado terminó por la muerte de ella.

A la decisión de la justicia de familia recurrióde apelación para ante la Corte de Apelaciones de Temuco, instancia ante la cual se encuentra suspendida. .

Dicha decisión, expone el requirente, fue adoptada aplicando una norma que para el caso concreta vulnera la Constitución. Se transgrede el debido proceso, en tanto se le deja sin derecho a accionar, vulnerándose también su derecho de propiedad sobre los bienes de la causante, al tener que compartir su calidad de cónyuge con el demandado señor nombre reservado.

Refiere que la vulneración al debido proceso se enmarca en ciertas cuestiones básicas: todo sujeto procesal debe tener derecho a la acción. La norma niega el ejercicio de la acción, ya que si se cuenta el año desde el fallecimiento de la cónyuge y no desde el conocimiento que tuvo de que ella se encontraba casada con posterioridad, nunca pudo tener derecho a una acción de nulidad del matrimonio.

Unido a lo anterior, refiere transgresión al artículo 19, N” 24 de la Constitución.

Indica que la aplicación textual de la norma hace que sea partícipe junto con el demandado señor nombre reservado en la sucesión hereditaria de los bienes quedados al fallecimiento de su cónyuge. Ello hace que sus derechos se vean disminuidos, siendo casi imposible el ejercer la facultad de disposición, debiendo negociar con un tercero 000067 que no es parte de la familia ni de sus conocidos, y con quien no existió ninguna conexión.

Admisión a trámite, admisibilidad y observaciones de fondo al requerimiento

El requerimiento se acogió a trámite a través de resolución de la Segunda Sala de este Tribunal Constitucional, de fecha 25 de enero de 2019, (fojas 19).

Posteriormente, fue declarado admisible el 13 de marzo del mismo año (fojas 23).

Conferidos los traslados sobre el fondo a los órganos constitucionales interesados, así como a las partes de la gestión pendiente, no fueron evacuadas presentaciones.

Vista de la causa y acuerdo

Con fecha 5 de septiembre de 2019 se verificó la vista de la causa, oyéndose relación pública, concurriendo a alegar por la requirente el abogado don Benjamín Negrete Cristi. En Sesión de Pleno de igual fecha se adoptó acuerdo de rigor.

CONSIDERANDO:

l.- CONFLICTO CONSTITUCIONAL

PRIMERO: Que la actora señala que el plazo de prescripción de la acción de nulidad de matrimonio por vínculo matrimonial no disuelto, que prevé el artículo 48, letra d) de la Ley N*19.947, al iniciar el computo desde el fallecimiento de uno de los conyugue y no desde el conocimiento por parte del conyugue sobreviniente, afectan sustancialmente las garantías constitucionales del debido proceso señaladas en el artículo 19, N*3, constitucional, atendido el impediménto de ejercer la acción, dado de que se trata de una prescripción especial de corto tiempo. Igualmente, se afectaría el derecho de propiedad del artículo 19, N*24 de la Constitución, en cuanto su derecho a la propiedad relativa a la sucesión hereditaria de los bienes de su conyugue difunta, deberá compartirlo con otra persona que, en el caso concreto, se refiere al matrimonio celebrado entre la occisa Ve| señor nombre reservado;

Il.- HISTORIA DE LA LEY SEGUNDO: Que la Ley N*10.271, de 2 de abril de 1952, extendió la vigencia de la acción de nulidad por bigamia hasta un año después del fallecimiento de uno de los cónyuges, por:lo que-en su artículo 4* modifica el artículo 34 de la Ley de Matrimonio Civil, agregando al final del inciso primero las siguientes palabras: “salvo que lá causal invocada sea la existencia de un vínculo matrimonial no disuelto, casoen el cual la acción podrá intentarse dentro del año siguiente al fallecimiento de uno de los cónyuges”. - '

Esta misma norma se redacta de modo similar en el artículo 48, letra d) de la Ley N*19.947. Con ello introduce una nueva excepción en materia de prescripción de la acción de nulidad de matrimonio, la que por regla general no prescribe por tiempo sino con el fallecimiento de los cónyuges, extendiéndola hasta un año después de tal fallecimiento para el evento en que la causal de nulidad invocada sea la ex¡stenc¡a de un vínculo matrimonial no disuelto;

TERCERO: Que cabe señalar que la referida Ley N*10.271, modificó el Código Civil e introdujo numerosas reformas en materia de matrimonio; filiación, guardas, sucesiones, derecho de los hijos naturales y otros. Así, en filiación hizo cambios mejorando la situación de los hijos naturales, con lo que pasa a cobrar relevancia la investigación de la maternidad y de lá paternidad pues, autorizó la investigación para obtener la calidad de hijo natural, pero en forma muy limitada, y no llega a otorgarles los mismos derechos que a los hijos legítimos; permitió el reconocimiento voluntario en el acta de nacimiento; introdujo a los hijos naturales como herederos forzosos;

reconoció a éstos el derecho a recibir asignaciones testamentarias con cargo a la cuarta de mejoras; modificó los derechos de los hijos Aadqptivos>en_lavsuce5iyó¡r1_ intestada del adoptante, igualando sus derechos a los de un hijo natural; incrementó las atribuciones de la mujer en la administración de los b|enes soc¡ales, I|m¡tando Ios exorbitantes. poderes que tema el marido para admm¡strar los b|enes soc¡ales, haciendo necesario el consentimiento previo y expreso de la mu1er para d|sponer de los bienes que conforman el haber soc¡al requisito fundamental para que el acto o contrato que celebre el marido no adolezca de nu||dad se pos¡b¡l¡to el pacto de separación de bienes en el acto de celebración del matrimonio; creó el patrimonio reservado del artículo 150; modificó las reglas de la porción conyugal para mejorar la situación del cónyuge sobreviviente, así como también para mejorar técnicamente la institución en aspectos que habían dado lugar a debates; incorporó el matrimonio por poder; aumentó a los catorce años de edad para hacer al padre asignatario que del cuidado de los hijos varones.

En la reforma introducida por el artículo 4%, que extiende la vigencia de la acción de nulidad hasta un año después del fallecimiento de uno de los cónyuges, para el caso del vicio por vínculo matrimonial no disuelto, cabe expresar que ésta obedece a que la estrictez de la regla general, en virtud de la cual la acción de nulidad se extingue con el fallecimiento de alguno de los cónyuges, había dado origen a múltiples dificultades en los casos de bigamia, que provocaban que en la práctica ambos matrimonios debían surtir efectos, porque ninguno de ellos había sido declarado nulo con arreglo a la ley, y ya no era posible hacer la declaración de nulidad por no haber un lapso de tiempo de gracia con posterioridad al deceso;

000068 Noiio ¡coho CUARTO: Que, en el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, en lo que respecta a esta reforma: “En la ley de matrimonio civil se ha modificado la norma del artículo 34, que impide alegar la nulidad, muerto uno de los cónyuges, para el caso en que la acción se funde en la existencia de un vínculo matrimonial no disuelto. Como lo dice el Mensaje, esta reforma tiene por objeto procurar la solución, en cuanto sea posible, del caso de una persona que, al fallecer, estaba ligada por dos o más vínculos matrimoniales;

QUINTO: Que en este contexto, el legislador tuvo como fundamento esencial el evitar en el artículo 48, letra d) de la Ley de Matrimonio Civil, mediante el establecimiento de una prescripción especial de corto tiempo situaciones de incerteza jurídica, en el sentido de prever en base a la razonabilidad de la norma si se verificaba _ una diferencia en ella en relación a otros plazos de prescripción, teniendo como suficiente justificación si estamos en presencia de una arbitrariedad, para lo cual esta Magistratura en el caso concreto, ha de examinar los parámetros que consideró el Parlamento para su establecimiento a fin de establecer si son suficientes y coherentes con la regulación establecida, además de legítimos;

I1.- DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA SOBRE LA NORMA CUESTIONADA

SEXTO: Que la doctrina ha dicho que la prescripción de la acción de nulidad, por regla general, es imprescriptible y mientas vivan ambos cónyuges la acción no está sujeta a plazo, e$(tinguiéndose sólo por la muerte de uno de los cónyuges, bues no tiene sentido declarar inválido un matrimonio que en todo caso ya se ha disuelto; sin embargo, esta regla contiene varias excepciones, así se invoca el impedimento del vínculo. matrimonial no disuelto para evitar la subsistencia de dos matrimonios civilmente vigentes, se permite el ejercicio la acción con posterioridad a la muerte uno de los cónyuges, pero dentro del año a contar de su fallecimiento;

SEPTIMO: Que, en lo referente al vínculo matrimonial no disuelto, como impedimento dirimente absoluto para contraer matrimonio, el profesor nombre reservado

nombre reservado, señaló que es un impedimento de carácter universal contemplado en casi todas las legislaciones, con escasas excepciones correspondientes a países islámicos que aceptan la poligamia (Egipto, Argelia, Marruecos, Túñnez). También se contemplaba en la ley anterior, sin embargo, hay una gran diferencia: que en la nueva ley puede alegar la nulidad el cónyuge del primer matrimonio y sus herederos, lo que no estaba dicho antes. El cumplimiento de este impedimento no sólo tiene la sanción civil de nulidad del segundo matrimonio, sino también una penal, pues se configura el delito de bigamia (nombre reservado, “Derecho de Familia, Quinta Edición actualizada con la nueva Ley de Matrimonio Civil y la Ley de Tr|bunales de Familia, Tomo l; Ed. Jurídica de Chile, pags. 38-89);

OCTAVO Que respecto a la excepc¡on a la regla general que la acción de nulidad sólo pueda intentarse en vida de los cónyuges, contenida en la letra d) del artículo 48 de la Ley Nº19.947, precisa que ésta tuvo por objeto permítir que en el caso de bigamia, fallecido uno de los cónyuges se pudiera1 demandar la nulidád para evitar que los dos matrimonios quedaren consolidados produciéndose dos líneas de descendencia matrimonial, dos sociedades conyugales, etc., lo que habría ocurrido de no establecerse la excepción;

NOVENO: Que por su parte la Corte Suprema ha dicho: “Que la acción de nulidad de matrimonio prop|a del derecho de familia, escapa a la pretens¡on particular de los involucrados en benef|c¡o del interés social compromet¡do, presentando singularidades en cuanto á las causales, titularidad o legitimación procesal a'las acciones, al saneamiento y a los plazos de prescripción. Se ha discutido también la posibilidad de aplicar la prohibicíón del artículo 1638 del Código Civil, que impide alegar la nulidad a quien ha contraído sabiendo o debiendo saber el vicio que afecta al acto o contrato, en este caso al matrimonio, concluyéndose mayoritariamente por la doctrina la inprocedencia de aplicar la sanción por prevalecer el interés público envuelto en la materia”. (Corte Suprema, Casación Fondo, ingreso N*6539-2011, c.6).

Lo que -denota lo antes expresado es que en materia de acción de nulidad de matrimonio existe un interés diferente al patrimonial, si ello tiene un sello social, que es recogido con las singularidades del caso, entre ellas, el plazo de prescripción de corto lapso;

DECIMO: Que, por otro lado, el mismo tribunal ha establecido diversos requisitos, expresando: “La nulidad matrimonial es de derecho estricto y, por lo tanto, sus causales requieren texto expreso de ley, la |nterpretac¡on debe ser. restr|ct|va y no procede la analogla como regla auxiliar de la hermenéutica Iegal As¡m|smo, no existe un motwo genérico de nulldad como sucede en el derecho comun -ártículos 1681 y 1682 del “Código Civil - sino que pará impetrar una atción de esta riaturaleza se requiere de la existencia de alguna de las causales señaladas por el legislador.

Tampoco existe nulidad ipso i¡ure, por lo que el matrimonio será válido y producirá sus efectos, entretanto no sea declarado nulo por sentencia ejecutoriada, conforme se establece del artículo 42, N*3 de la Ley de Matrimonio Civil” (SCS, ROL N*6539-2011, c.6).

Que en un mismo sentido la sentencia de la C. Suprema N* de ingreso 1459- 10, en su motivo 6, dejó de manera clara que la norma del artículo 48 letra d) de la Ley N*19.947, constituye un precepto cuya finalidad es resguardar intereses socio- familiares, produciendo sus efectos mientras no sea declarada su invalidez mediante resolución judicial;

1V.- GARANTÍAS INVOCADAS EN LA PRETENSIÓN CONSTITUCIONAL

DECIMOPRIMERO: Que, por definición, el derecho al debido proceso debe entenderse como aquel que franquea el acceso a la jurisdicción, permite que el proceso se desarrolle con todas las garantías esenciales, racionales y justas que contribuyan a un procedimiento equitativo y no arbitrario. “El TC lo define sosteniendo que “el procedimiento legal debe ser racional y justo. Racional para configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para orientarlo a un sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso”

(STC Rol N* 1838-10, considerando 10%”.

Que esta Magistratura se ha referido en diversas oportunidades al contenido de la garantía constitucional de un racional y justo procedimiento establecido por el legislador, contenida hoy en el artículo 19, N* 3”, inciso sexto, de la Carta Fundamental, a cuyo efecto ha señalado que “si bien la Constitución no enumeró ella misma los elementos que configuran un procedimiento racional y justo, cometido que “ corresponde efectuar al legislador teniendo en consideración la índole de los diversos procesos, se cumplirá satisfactoriamente con la exigencia constitucional en la medida en que el procedimiento formulado permita a toda parte o persona interesada el conocimiento de la acción o cargos que se le imputen, contar con medios adecuados de defensa que le permitan oportuna y eficazmente formular sus pretensiones y alegaciones, discutir las de sus contradictores, presentar pruebas e impugnar las que otros presenten e interponer recursos, como elementos principales;” (STC 2628-14);

DECIMOSEGUNDO: Que es del caso particular de autos configurar la concurrencia de infracción al debido proceso invocada por la actora, sustentada en el libelo de fojas 1, en el guarismo 4 del Capítulo II en: “vulnera gravemente las normas del debido pfoceso consagradas en el artículo 19, N*3, de la Constitución Política de la República de Chile, puesto que si el plazo se cuenta del fallecimiento del cónyuge y no desde el conocimiento del vicio que conllevá la nulidad (casarse teniendo un vínculo matrimonial no disuelto)”. Y agrega a continuación en el numeral 6* que el vicio aducido en el caso particular y concreto es la aplicación de la norma que establece la prescripción de corto plazo.

Que tal argumentación resulta insuficiente para afectar los parámetros constitucionales que determina el artículo 19, N*3, dado que todo lo razonado por la requirente son materias más propias del juez de fondo y dice expresa relación por el Instituto de la prescripción y el matrimonio, y de ninguna manera afectan la garantía de un justo y racional procedimiento que enuncia el numeral 6* del artículo 19, N*3, constitucional;

DECIMOTERCERO: “Que, respecto de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, esta Magistratura ha afirmado que “el derecho .de las personas a acceder libremente a un tribunal de justicia para la protec¿ión de sus derechos, también conocido en la doctrina moderna como derecho a la tutela judicial efectiva, es uno de los derechos aseguradosk por el N* 3* del artículo 19 de la Cóñstitución, pués[aunque no esté designado exprésamente en su texto escrito, carecería de sentido que la Carta Fundamental se hubiere esmerado en asegurar la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a la defensa jurídica, el derecho a ser juzgado por el juez natural, el derecho a un justo y racional procedimiento, si no partiera de la base de la existencia de un derecho anterior a todos los demás y que es presupuesto básico para su vigencia, esto es;'el derécho de toda persona a ser juzgada, a presentarse ante el juez, a ocurrir al juez sin estórbos, gabelas o condiciones que se lo dificulten, retarden' o 'mpidan árbitraria 0 ilegítimamente.” (STC roles N“s 1356, 1391 y 1418, entre ctrás); -

DECIMOCUARTO: Que no se ve como pudiera afectarse la garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, tomando en consideración que en el guarismo 22 del líbelo de la actora, se peticiona una apárenté vulneración”ál ejercicio de la acción y, c'onsecuénciaimente, afectación al debido proceso;'al decidir el órgaño jurisdiccional de fondo aplicar el plazo de un año contado del faliecimiento y no desde que tomó conocimiento de él por parte de la peticionaria, todas circunstancias fácticas que ameritan más bien un elemento probatorio de hechos, materia que esta Magistratura no se encuentra facultada para conocer aquellos casos que no están expresamente señalados como conflictos constitucionales al tenor del artículo 93 de la Carta 'Magna, que explicita de módo taxativo. El resto de los conflictos, los conocen otros órganos jurisdiccionales.

En este sentido, el principio de inexcusabilidad no atribdye competencias. Por una parte, porque éste exige que se reclamen asuntos de competencia del Tr'íb“un_ál Constitucional (artículo 3*, Ley Orgánica del Tribunal Constitúciónal): Por la otra, porque las competencias del Tribunal Constitucional las da el ºolfdenamientó jurídico.

Más, si sus atr¡buc¡ones son de derecho estricto (STC roles 464/06 591/2007 1216/08 1284/2009) - -

DECIMOQUINTO Que, igualmente, “El N* 24* de| art|culo 19 de Ia Const¡tuc¡on reconoce el derecho de propiedad, pero no establece un tipo de propiedad determinado. La Constitución no reconoce una única propiedad sino la propiedad "en sus diversas especies". No hay, por tanto, una sola propiedad, sino tantas como el legislador configure. De hecho, el propio constituyente se refiere a algunas de ellas:

la minera (artículo 19, No 249), la que recae en los derechos de agua (artículo 19, No 249), la intelectual y artística (artículo 19, No 259), la que recae sobre los bienes que deben pertenecer a la Nación toda (artículo 19, No 232%)”. STC 2912-15, c.28)

“Que, como ya se indicó, quien está llamado a definir el estatuto de cada propiedad es el legislador. La Constitución señala que "sólo la ley puede (...)". Se establece aquí un caso de reserva de ley. Ello implica una exclusión en la definición sustantiva de otras fuentes subordinadas del derecho, como el reglamento, la, resolución, la ordenanza, normas que pueden colaborar con el legislador únicamente en la pormenorización o desarrollo de la ejecución de lo establecido en la ley. Dicha reserva abarca lo que define el estatuto de una propiedad. Estos aspectos son tres:

"el modo de adquirir la propiedad", el modo "de usar, gozar y disponer de ella" y "las 000070

limitaciones y obligaciones que deriven de su función social". Es decir, comprende la adquisición, las facultades que tiene su titular y las restricciones que pueda padecer cada propiedad;” (STC 2912-15, c. 55);

DECIMOSEXTO: Que en ese sentido, no puede prosperar la presente acción, tomando en consideración que el presupuesto fáctico relativo a la garantía invocada se encuentra en referencia a una afectación del derecho de propiedad (guarismo 25 de fojas 9 y 10) del requerimiento, puesto que el caso concreto se sustenta en una eventualidad de participación en una sucesión hereditaria de los bienes quedados al fallecimiento de la occisa ya citada, teniendo que compartir la herencia quedada a su deceso con sus hijos y con el demandado en los autos de mérito, de forma tal que sus derechos se verían disminuidos. Tales aseveraciones no resultan pertinentes, en la medida en que el actor constitucional es partícipe de una sucesión que debe entrar en liquidación y posterior partición, donde la eventualidad es el factor más relevante, pues ello sólo acaecerá una vez que tal operación se encuentre finiquitada y afinada, de tal forma que la indeterminación de la comunidad no faculta al demandante de estos autos constitucionales para invocar dicha pretensión de naturaleza constitucional, ni menos, existe constancia que tenga algún gravamen o perjuicio que pudiere afectarle, por lo tanto se trata de meras eventualidades e hipótesis las que aduce el requirente;

V.- ASPECTO DE FORMA

DECIMOSEPTIMO: Que la Constitución no regula si un asunto es prescriptible o.no prescriptible. En la actualidad, es el legislador quien establece que por regla general exista prescripción; por lo tanto, la imprescriptibilidad requiere mención en regla expresa. Pero podría una ley, considerando distintos factores, considerar que determinadas situaciones no prescriben, por lo tanto, establecer una prescripción de corto o de largo tiempo es una decisión soberana del legislador, que no cabe a esta Magistratura revisar;

DECIMOCTAVO: Que no resulta suficiente el alegato inicial de una presunta inconstitucionalidad para este órgano, para que se dé por constituido el conflicto de constitucionalidad. Sólo si adquiere convicción que estamos frente a un genuino y real conflicto de constitucionalidad, cuando el cuestionamiento tenga rango constitucional y se encuentren vulneradas garantías o atribuciones que el constituyente califica como vulneradas.

En tal sentido: “la dogmática jurídica, en este caso la dogmática constitucional se opone a la inseguridad que genera el lenguaje jurídico, ella construye criterios racionales integrados a una teoría para la resolución de casos dudosos, La seguridad que ofrece la dogmáticano es una seguridad Iiteral$ino racional” (Alberto Calsamiglia, Introducción a la ciencia jurídica. Barcelona: Ariel, 1988, p.140);

Vi.- OTROS ELEMENTOS A PONDERAR

DECIMONOVENO: Que la argumentación que se desarrolla por la actora al formular el requerimiento dice relación básicamente con la contradicción genérica de la norma que impugna con la Constitución, lo que es propio de la declaración de inconstitucionalidad, pero no de la acción de inaplicabilidad como actualmente $e configura en la Carta Fundamental; (Rol 967 c.17). Las alegaciones del reguirente dicen más bien relación con que un plazo de prescripción de la 'acción de nulidad de matrimonio por vínculo matrimonial no disuelto, al computarsé desdeel fallecimiento de uno de los cónyuges y no desde que el cónyuge tomó conocimiento de la situación, afectan sú derecho al debido proceso, toda vez que se ve im“p'édidb de ejercer dicha acción, lo. cual resulta agravado al tratarse de una prescripción especial de corto tiempo, de un año (artículo .19, N"3, de la CPR). Argumenta, adémás, que también se ve afectado su derecho a la propiedad toda vez que la sucesión hereditaria de los bienes de su cónyuge difunta deberá compartirla con otra persona, en este caso quien fuera demandado de la nulidad de matrimonio (artículo 19, N*24);

VIGESIMO: Que, igualmente, la interpretación constitucional —institucional— se configura como un pilar necesario para replantear el quehacer de la jurisdicción constitucional, en la medida que constituye un órgano tutelar de derechos fundamentales y garantías del orden constitucional.

En ese sentido los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre distintos derechos fundamentales han permitido configurar los presupuestos de control constitucional en el área del derecho civil (incluyendo el derecho de familia).

En a|gunás oportunidades ha actuado en calidad de obiter dictum, y otras en calidad de ratio desidendi, con miras a la resolución de causas en materia de protección del derecho a la vida, derecho a las personas, protección de la familia, etcétera.

Sin embargo, a pesar del rol desempeñado por esta Magistratura al respecto no es posible que, en el actual modelo del Estado Constitucional, pueda intervenir sin afectar a instituciones civiles, sin haber — tal como se ha razonado — suficiente mérito y fundamento jurídico para deducir que se han afectado las garantías constitucionales invocadas por la actora;

VII.- CONCLUSIÓN VIGESIMOPRIMERO: Que atendido lo expuesto, no cabe más que desechar el requerimiento deducido por el abogado Benjamín Negrete Cristi, en representación de don nombre reservado.

10 Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N* 6”%, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

L QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A FOJAS 1.

OFÍCIESE.

1. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN AUTOS, OFICIÁNDOSE A TAL EFECTO.

H QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.

DISIDENCIA

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo García Pino, José Ignacio Vásquez Márquez y Miguel Ángel Fernández González, quienes estuvieron por acoger el requerimiento deducido, por las siguientes razones:

ANTECEDENTES GENERALES

1*%. Que el presente requerimiento de inaplicabilidad es interpuesto por don nombre reservado, ciudadano de nacionalidad peruana, quien llegó a Chile buscando oportunidades laborales, allá por el año 1992. En este contexto, el requirente expone que, a la data de llegada al país, se encontraba casado con doña nombre reservado, también de nacionalidad peruana y con quien contrajo el vínculo matrimonial en la ciudad de Pisac, Cusco, el año 1981. Añade que producto de la indicada relación nacieron tres hijos.

2%. Que los antecedentes de hecho antes reseñados resultan de particular relevancia para analizar la controversia sometida a decisión de esta Magistratura. Por lo pronto, tenemos establecida la existencia de un vínculo matrimonial celebrado por el requirente, el cual tendría una cantidad importante de años. Tal como expone el mismo requirente, este vínculo sirvió de base a la construcción de una familia, la cual

11 perduró con la relación y convivencia de los cónyuges, hasta el fallecimiento de la señora nombre reservado, ocurrido el año 2017. - -

3”. Que, en este contexto, el señor nombre reservado indica que, a propóéito del fallecimiento de su esposa y los trámites tendientes a obtener la posesión efect¡va, para así acceder a los derechos hereditarios correspondlentes se enteró de la existencia de un segundo vínculo matrimoniaf de la fallecida, celebrado esta vez con un ciudadano chileno, el que se habría verificado el año 1995. EI requirente expone como teona para este ségundo matrimonio, la necesidad de regular|zar su s¡tuac¡on como mm|grante en Chile que tenía Ia fallecida, quier -para acompañar a su conyuge or|gmal y requirente de |napl|cab¡hdad en esta causa- había |ngresado al país 1unto a sus hijos el año 1994. -

4”. Que, siendo de este modo, estamos frente a un conjunto de circunstancias de hecho (matrimonio entre ciudadanos extranjeros que luego viajañ a Chile con la intención de radicarse en el país; supuesta necesidad de la esposa del requirente de poder obtener las autorizaciones legales pertinentes. para residir de modo permanente en el pa.ís; existencia de un segundo matrimonio, del cual no habrían nacido hijos ni existen antecedentes que permitan advertir una convivencia efectiva entre los contrayentes de este segundo vínculo) que permiten entender o aceptar como plausible al menos, la posibilidad: efectiva de que el requirente no hubiese tenido jamás noticia de este segundo matrimonio, salvo al momento de tramitar los derechos hereditarios que en su concepto le correspondían a| fa||ec¡m¡ento de su cónyuge.

5”%.. Que, de más: está decir que no es deber de esta Magistratura analizar.la veracidad de los hechos descritos por el requirente; ni:tampoco resolver la controversia de fondo que subyace al presente requerimiento de inaplicabilidad. Sin duda que tal labor compete a la judicatura de la instancia. Pero lo que sí compete a este Tribunal Constitucional es analizar si mediante la aplicación de un precepto legal, a un caso concreto, se afectan las garantías constitucionales del requirente. Desde esta óptica, corresponde verificar si la aplicación del artículo 48 letra d) de la Ley N* 19.947, de Matrimonio Civil, al caso y en las circunstancias descritas, configura una vulneración a la garantía de un debido proceso, como fundamentalmente esgrime el requirente.

EL MATRIMONIO EN LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL Y LEGAL

6”. Que el artículo 1* de la Ley N* 19.947, replicando el principio contenido en el inciso segundo del artículo 1* constitucional dispone que “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad”, para luego agregar que “El matrimonio es la base principal de la familia”. De este modo, queda en evidencia la trascendencia que tiene el matrimonio dentro del orden constitucional toda vez que es principalmente a partir

12 de esta institución que se construye la familia y, desde esta última se estructura la sociedad.

7”. Que es en atención a este mismo criterio que el artículo 3* de la mencionada Ley N* 19.947 es explícito en instar al juez que conozca de las controversias relativas a materias de familia, a cuidar el interés superior de los hijos y del cónyuge más débil, así como procurar la preservación de la vida en común. Y respecto de las acciones vinculadas a la nulidad del matrimonio, también es clara la norma al señalar que al resolver éstas, el juez deberá conciliar el ejercicio de esta con los derechos y deberes provenientes de las relaciones de filiación y con:la subsistencia de una vida familiar compatible con la ruptura o la vida separada de los cónyuges (énfasis agregado).

8”. Que se advierte claramente como la legislación en materia matrimonial, recogiendo el mandato constitucional del artículo 1%, promueve el respeto y preservación del matrimonio, pero no únicamente entendido este como la relación de convivencia actual y vigente entre los cónyuges, sino que también -y en lo que nos interesa- en la observancia y respeto a los efectos que del matrimonio y de las relaciones de familia que a partir de este se construyen, surgen a la vida jurídica. Y en tal sentido, las consecuencias patrimoniales que del matrimonio derivan, no están excluidas de ese principio inspirador de la legislación.

9”. Que lo anteriormente indicado se vincula directamente _conl lo que en doctrina se ha denominado “principio de matrimonialidad”, el cual deriva de la disposición contenida en el artículo 1* de la Ley N* 19.947 y la consagración del matrimonio como base principal de la familia, cuestión que a su vez encuentra su córrelato en la Carta Fundamental, tal como indicamos previamente. En efecto, tal como sefñala nombre reservado, el principio de matrimonialidad es un principio general de nuestra Iegislat¡ón civil en materia de familia, que consagra una opción valorativa preferente y favorable hacia la unión matrimonial como la forma jurídica y social de fundar y organizar una familia (nombre reservado y nombre reservado

(Coords.), Estudios de Derecho Civil II. Actas de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Olmué, 2006, Lexis Nexis, Santiago, 2007, pp. 151-160.).

10%. Que, dentro de la lógica de este principio de matrimonialidad, el mencionado autor agrega que los beneficios civiles derivados del matrimonio son tangibles y se justifican por este favor. matrimonii que ordena el principio de matrimonialidad. Siendo de este modo, resulta incuestionable el interés de proteger la institución del matrimonio y las consecuencias que de este surgen. Por tanto, no resulta una cuestión baladí el determinar la efectividad de un determinado vínculo matrimonial, cuando a partir de este se derivan consecuencias de diversa índole (entre ellas económicas), con repercusión directa en la familia, la que a partir de ese vínculo matrimonial ha surgido a la vida del derecho.

13 11”. Que, siguiendo la opinión de tal autor, aceptada la existencia de este principio al que hemos hecho mención, debemos concordar en que este principio de matrimonialidad se expresa en la valoración positiva de la estabilidad de .

convivencia matrimonial, pero además debemos concordar en que el matrimonio es entendido no solo como un contrato de prestaciones recíprocas, sinó como un acuerdo que requiere un consentimiento calificado y que produce una unión, en los términos que consagra el artículo 102 del Código Civil. (Op. Cit). Por tanto, atendida las particularidades del matrimonio, no basta con entender -que estamos frente un simple vinculo contraciual, sino que se requiere de un reconocimiento y consideración a la convivencia efectiva y comunidad de vida que supone, el matrimonio.

12”. Que siendo así, en aquellos casos en que la convivencia de los cónyuges no sea posible -tal como ocurre en la especie- ello no obsta a que se deba propender a favorecer :que los efectos'de ese matrimonio, alcancen efectivamente a quienes formaron parte de ese vínculo y a los descendientes del mismo, esto es a aquellos que constituyen la familia que se construyó al alero del matrimonio. Y es precisamente este el contexto en el cual el requirente plantea la problemática sometida a decisión de esta Magistratura. En definitiva, que ocurre con las consecuencias económicas del matrimonio celebrado por el requirente, frente aun segundo vínculo matrlmonlal celebrado por su cónyuge y de| cua| no tuvo not|c¡as oportunamente.

DELA APLICACION DEL PRECEPTO LEGAL CUESTIONADO ALCASO CONCRETO

13º Que e| requ¡rente cuest¡ona la aplicación de| artlculo 48 Ietra d) de la Ley N* 19.947, que a propósito de la imprescriptibilidad de la acción de nulidad matrimonial consigna: “Cuando la causal invocada sea la existencia de un vínculo matrimonial no disuelto, la acción podrá intentarse dentro del año siguiente al fallecimiento de uno de los cónyuges”. Como se advierte, este precepto legal constituye una excepción a la regla general en materia de prescripción de la acción de nulidad matrimonial. Es precisamente porque se entiende que esta será susceptible de ser ejercida siempre, en la medida que los cónyuges estén con vida.

14”. Que la excepción antes reseñada tiene sentido y parece razonable en el entendido que la regla general será que la nulidad tenga consecuencias para la vida en conjunto, mientras los cónyuges se encuentren vivos. Cuando ello no ocurre, esa posibilidad también desaparece y pudiera parecer inoficioso pretender la nulidad del vínculo matrimonial. Sin embargo, ello omite considerar una posibilidad como la que se advierte en la especie, como es el relativo a las consecuencias económicas que resultan del vínculo matrimonial, y la imposibilidad de cuestionar un segundo vínculo matrimonial del cual no se tuvo noticias hasta el momento de pretender hacer valer

14 los derechos hereditarios surgidos como consecuencia de la muerte de uno de los cónyuges.

15”. Que no parece suficiente el esgrimir como argumento, la existencia de un plazo de prescripción de un año para hacer valer la acción de nulidad, pues como se advierte en el caso concreto, las circunstancias en que ocurrieron los hechos para el requirente de autos, no permiten sostener indubitadamente que este tuvo o debió tener los antecedentes necesarios como para conocer la situación que involucraba a su cónyuge fallecida y por ende, asumir las consecuencias patrimoniales derivadas de ello.

16”. Que, incluso no compartiendo el criterio antes indicado, el hecho objetivo es que la norma cuestionada en esta oportunidad restringe a través de un plazo de prescripción de corto tiempo, la posibilidad de que un Tribunal de la República pueda evaluar la concurrencia de alguna causal de nulidad matrimonial concreta, como es la existencia de un vínculo matrimonial no disuelto.

17”. Que el derecho a un justo y racional procedimiento contenido en el artículo 19 N* 3 inciso sexto de nuestra Constitución, se traduce conjuntamente con el derecho a la acción y la legalidad del juzgamiento, en el logro de la tutela judicial efectiva. (STC Rol 1130-08 c. 6). Pues bien, la imposibilidad de poder reclamar la acción de nulidad matrimonial por el solo hecho de que el requirente no se haya enterado oportunamente de la existencia de un segundo vínculo matrimonial y como consecuencia de ello, ver afectados sus derechos y los de su familia, los que cederán inevitablemente en favor de un segundo vínculo respecto del cual no existirían antecedentes que den a entender la existencia de una comunidad de vida efectiva como la que supone la vida en matrimonio, constituye una afectación a las garantíás constitucionales del requirente y su familia, que esta Magistratura no puede desconocer.

18”. Que en definitiva no se trata de valorar favorablemente los argumentos del requirente en desmedro del “segundo cónyuge” y demandado de nulidad, sino que se trata de permitir la posibilidad de que sea un Tribunal de Justicia, el que, conociendo de los antecedentes del caso, pueda resolverlo del modo que corresponda, siempre de conformidad a derecho y reconociendo las particularidades, ya latamente explicadas, del contrato de matrimonio. Resolver el presente requerimiento de un modo diverso, supondría dejar en desamparo los derechos del requirente y su familia, los que por un hecho que puede resultar absolutamente ajeno a la voluntad del afectado -como es el transcurso del tiempo y el desconocimiento de un acto privado como es la celebración de un matrimonio- quede privado de los derechos que legítimamente le hubiesen correspondido de haber sabido oportunamente ese hecho.

19”. Quede este modo, la aplicación del artículo 48 letra d) de la Ley N* 19.947 al caso concreto vulnera la garantía de un debido proceso, y de acceso a la tutela

15 judicial efectiva desde que, por su aplicación, priva al reguirente de la posibilidad de alegar en juicio la existencia de una causal de nulidad objetiva -como es la existencia de un vínculo matrimonial no disuelto- y como consecuencia se ve privado -sin posibilidad de discusión alguna- de los derechos surgidos como consecuencia del fallecimiento de su cónyuge.

20”. Que, por tanto, al afectarse la garantía constituciona! del artículo 19 N* 3 de la Carta Fundamental, al impedirse el ejercicio de la acción respectiva, dejando en la indefensión “al requirente como consecuencia de'la aplicación de lá norma requerida de ináplicabilidad, en opínión de “estos” disidentes, el presente requerimiento de inaplicabilidad, debió ser acogido, sin que.resulte pertinente adentrarse a analizar una supuesta afectación a la garantía del derecho de propiedad contenida en el numeral 24 del artículo 19 constitucional, al que también alude suscintamente el requerimiento, por cuanto la existencia de este derecho, queda indefectiblemente supeditado a la posibilidad de acreditar en juicio el derecho hereditario 1que en teoría le asistiría al requirente, siendo esta posibilidad la que resulta vedada por la aplicación del precepto legal cónfenidó en el artículo 4481d) de la Ley N* 19.947. - — ' '

PREVENCIÓN

El Ministro señor Gonzalo García Pino concurre a acoger el requerimiento conforme a las siguientes consideraciones:

1%. En primer lugar, concurre y comparte los argumentos expresados en los considerados 1* al 5", y 15* y 16 de la disidencia.

2”. Uno de los ejes que tiene la disidencia para acoger sería la existencia de un modo de cautelar la protección de la familia mediante el “principio de matrimonialidad”. No siendo relevante esta cuestión en el caso concreto, tampoco parece necesario compartirlo en teoría. Este asunto ha tenido una antigua reflexión de la que fui parte y que se refleja en el modo en que se concibe la posición del matrimonio dentro de la Constitución. Para ello, reproduciré la parte pertinente del voto concurrente al rechazo en la Causa Rol 1881/2011.

A.- EL MATRIMONIO FRENTE A LA CONSTITUCIÓN

3%. Corresponde, entonces, en primer lugar, examinar lo establecido en nuestra Constitución.

16 g0nn 74 cuho )

Al respecto, debe señalarse que la Constitución no se refiere al matrimonio: no lo define ni fija sus características. Incluso cuando se intentó consagrar su indisolubilidad en el seno de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución (Sesión N* 191, de 18 de marzo de 1976), luego de un amplio debate se decidió dejar fuera del texto constitucional el tema. Tampoco se pronuncia la Constitución sobre si los contrayentes deben ser sólo un hombre y una mujer, como sí lo hacen otras constituciones de Sudamérica, tales como la de Bolivia (artículo 63), Paraguay (artículo 49), Ecuador (artículo 67), Colombia (artículo 42)

y Venezuela (artículo 67).

Marca una diferencia con las constituciones de otros países como Alemania (artículo 6.1) o Brasil (artículo 226), pues nuestra Constitución no vincula el matrimonio con la protección de la familia. Tampoco la Constitución reserva a contrayentes heterosexuales el matrimonio, como sí lo hacen otras Constituciones de Sudamérica, según se ha ejemplificado” (STC 1881, c. 5* del voto concurrente de los Ministros señores Francisco Fernández Fredes, Carlos Carmona Santander, José Antonio Viera-Gallo Quesney y Gonzalo García Pino).

4%. “Por otra parte, la noción de matrimonio en nuestro ordenamiento jurídico ha ido evolucionando con el tiempo.

En efecto, bajo la Constitución de 1980, es posible apreciar importantes modificaciones a la regulación legal del matrimonio y sus efectos. Ya en 1989, mediante la Ley N* 18.802, se terminó con la autoridad del marido sobre: la persona de la mujer y se le dio aún más intervención a ésta en la administración de los bienes de la sociedad conyugal, permitiéndosele trabajar sin.pedir autorización del marido; en 1994, mediante la Ley N* 19.335, se redefinieron los derechos y deberes entre los cónyuges y se permitió pactar el régimen de participación en los gananciales como alternativa a la sociedad conyugal; en 1998, mediante la Ley N* 19.585, se consagró la igualdad jurídica entre todo tipo de hijos, con indebendencia del matrimonio de sus padres, y en lo relativo a los derechos y deberes respecto de los hijos, se afirmó el interés superior del niño como principio rector; en 1999, mediante la Ley N* 19.611, se consagró la igualdad constitucional entre hombre y mujer; en 2004, con la Ley N2 19.947, de Matrimonio Civil, se permitió y reguló el divorcio vincular, se cambiaron las causales de nulidad del matrimonio y se reguló la separación; en 2008, mediante la Ley N£ 20:286, se eliminó la mediación obligatoria y se simplificó la conciliación en los procedimientos para pedir el divorcio o la separación.

Todo lo anterior demuestra los importantes cambios experimentados por el Derecho de Familia, procurando relaciones más igualitarias entre los cónyuges, en lo referente al régimen de bienes, a los derechos de todos los* hijós, al reconocimiento de la disolubilidad del vínculo, ya sea por culpa, por mutuo acuerdo o' por voluntad de uno de los cónyuges, según lo establece la Ley N*

17 19.947, de 17 de mayo de 2004. Lo mismo se concluye al analizar la legislación relativa a la adopción, los alimentos y los bienes familiares y el 'establecimiento de los Tribunales de Familia, entre otras materias.

La evolución también se observa a nivel constitucional. Así, la Constitución de 1823 señalaba que la calidad de ciudadano estaba reservada para todó chileno natural o legal que habiendo cumplido veintiún años, o cantra¡do matr¡manlo tenga alguno de ciertos requisitos (artículo 11). Asimismo; lá Constitución de 1828 exigía como requisito pára ser electo diputadó el estar ¿asado ó haber cumplido veinticinco años (artículo 28). Además, las constituciones de 1822 (artículo 4*), 1823 (artículo 6*), 1828 (artículo 6*) y 1833 (artículd 6*) exigían como requisito para obtener la nacionalidad chilena por naturalización, el estar casado.

Todas estas referencias desaparecieron en las constituciones de 1925 y de 1980 (STC 1881, c. 6* del voto concurrente de los Ministros señores Francisco Fernández Fredes, Carlos Carmona Santander, José Anton|o Viera-Gallo Quesney y Gonzalo Garc¡a Pino). -

5%. “Como se ha dicho anteriormente, nuestra Carta Fundamental no vincula el matrimonio con la protección de la familia. La propia Léy de Matrimonio Civil, en el inciso primero de su artículo 12, señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El matrimonio es la base principal de la familia. Al indicarse que el matrimonio es la base principal de la familia, se reconocé a contrario sensu- que no es la única, como queda claro de la h|stor|a del establecrmlento de esa d|$p0$lClon Todo matrimonio da origen a una fam|||a pero no todas las fam|llas tienen su origen en un matr|mon|o" (STC 1881 c7 de| voto concurrente de los Ministros señores Francisco Fernández Fredes, Carlos Carmona Santander, José Antonio Viera-Gallo Quesney y Gonzalo García Pino).

6”. “Si bien nuestra Constitución no consagra en forma explícita el derecho fundamental a contraer matrimonio, sí lo hacen los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos vigentes en Chile. El artículo 23.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe: Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familía si tienen edad para ello . El artículo 17.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por su parte, señala: Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención. Lo mismo ocurre en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 16 señala que los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el

18 matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.

Al interpretar tales instrumentos debe tenerse presente, en primer lugar, que en ellos se reconoce el derecho tanto a hombres como a mujeres y se señala que la regulación de cada Estado no puede ser discriminatoria. En ninguno de ellos se señala que el matrimonio sólo se reconozca a hombres con mujeres o viceversa, aun cuando una interpretación originalista niegue tal diversidad.

En segundo lugar, que la determinación de estos derechos se debe regular por las leyes internas de cada país, estando en la esfera del legislador establecer las reglas de capacidad, consentimiento, demás requisitos, forma de celebración y efectos del matrimonio.

En tercer término, que, para desarrollar tal legislación, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos obligan al reconocimiento de un estándar que los Estados no pueden ignorar al adoptar regulaciones sobre la materia. En tal sentido, ha de tenerse presente que los derechos reconocidos en tales instrumentos deben interpretarse conforme al principio pro homine y pro libertatis y, en ningún caso, en forma que signifique una limitación a ampliaciones de los mismos derechos que los Estados puedan establecer” (STC 1881, c. 8* del voto concurrente de los Ministros señores Francisco Fernández Fredes, Carlos Carmona Santander, José Antonio Viera-Gallo Quesney y Gonzalo García Pino).

7%. “Consecuente con dichos tratados, el legislador ha concebido. al matrimonio como un derecho subjetivo esencial. Es así como el artículo 2* de la Ley N* 19.947 dispone que la facultad de contraer matrimonio es un derecho esencial inherente a la persona humana, si se tiene edad para ello. Las disposiciones de esta ley establecen los requisitos para asegurar el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. En tal sentido, es indudable que todos tienen derecho de contraer o no matrimonio. (STC 1881, c. 9” del voto concurrente de los Ministros señores Francisco Fernández Fredes, Carlos Carmona Santander, José Antonio Viera-Gallo Quesney y Gonzalo García Pino).

8%. “Al estar regulado en la ley, el matrimonio adquiere el rango y la fuerza de este tipo de normas. Ello implica, por de pronto, que una ley puede modificarlo. Las leyes, de acuerdo al artículo 63 de nuestra Constitución, se aprueban, modifican o derogan por otras leyes.

Enseguida, esto implica que no podemos constitucionalizar lo establecido en preceptos legales. El Tribunal Constitucional interpreta la Constitución, pero no la crea. No puede darles rango constitucional a normas dictadas por el Poder Legislativo, no por el poder constituyente. La Constitución establece su propio mecanismo de incorporación de normas a su texto. Dicho mecañismo debe ser acatado por todos los órganos del Estado, incluido el Tribunal Constitucional, quien también debe someter su acción a la Constitución (STC Rol 1284/2009).

19 Asimismo, como se ha sostenido en esta sentencia, no podemos desnaturalizar el recurso de inaplicabilidad. El Tribunal “no resuelve uná inaplicabilidad en base a una norma legal; el precepto legal es el objeto de 'su examen, pero no su referente. Las leyes que examina no pueden ser, a la vez, hnorma examinada y norma examinante. En este recurso se enjuicia una -norma legal en su confrontación con la Constitución, no con una ley (STC Rol 1284/2009).

Tampoco podemos darle un valor absoluto a una norma legal, 'en circunstáncias due puede haber otras que apunten en un sentido distintó o contradictorio. No existe una opción del constituyente por érigir un modelo determinado de unión heterosexual. Si el constituyente se mantienée 'neutral frente a las preferencias del legislador al momento de definir el matrimonio, esta Magistratura no puede cerrar esa opción. Si el matrimonio 'hoy es entre un hombre y una mujer, no es porque lo diga o lo establezca la Constitución, sino la ley.

Finalmente, no podemos igualar un contepto' constitucional con uno legal.

Éllo puede rigidizar lo que el constituyente dejó abierto a la configuración legislativa, impidiendo su adaptación en el tiempo” (STC 1881, c. 10* del voto concurrente de los Ministros señores Francisco Fernández Fredes, Carlos Carmona Santander, José Antonio Viera-Gallo Quesney y Gonzalo García Pino).

9”. esta misma |nterpretac¡on se expresa en varias mociones que buscan consagrar en la Carta Fundamental que el matnmon¡o es sólo pos¡ble entre'un hombreé y una mu1er En uña de ellas, iniciada por los actuales Ministros Andrés Chadwick y Pablo Longue¡ra (boletín N” 7656-07), se expresa que el constituyente originarió'estimo (sic) innecesario expresar que el matrimonio siempre será el saporfe esencial de la familia y que éste sólo puede ser celebrado entre un hombre y una mujer. En otra moción, iniciada por los Senadores Chahuán, Horvath y Prokurica, se sostiene que nuestra Constitución debe incluir, en forma explícita, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer.

Con ello se reconoce expresamente que en la actualidad dicha restricción para contraer matrimonio no está en la Constitución, sino en la ley” (STC 1881, c.

11* del voto concurrente de los Ministros señores Francisco Fernández Fredes, Carlos Carmona Santander, José Antonio Viera-Gallo Quesney y Gonzalo García Pino).

10”%. “Luego, conforme al artículo 63, N*s 3 y 20, de la Constitución, compete al legislador determinar la regulación del matrimonio, sus requisitos, formalidades y efectos, respetando los derechos fundamentales y sin establecer diferencias arbitrarias. Se trata de una materia de codificación en el ámbito civil que estatuye una de las bases esenciales del Derecho de Familia, cuyas normas, junto con regular relaciones entre personas en el ámbito de la vida privada, tienen una dimensión de orden público que las diferencias del resto del Derecho Civil.

20 (STC 1881, c. 12" del voto concurrente de los Ministros señores Francisco Fernández Fredes, Carlos Carmona Santander, José Antonio Viera-Gallo Quesney y Gonzalo García Pino).

11* “Por último, no puede estimarse que nuestra Constitución consagre una garantía institucional sobre el matrimonio, pues, como se ha dicho, la Constitución no contiene una norma constitucional sobre el matrimonio con determinados contenidos y porque no protege un modelo determinado de familia en desmedro de otros.

La garantía institucional se invoca para preservar la inmutabilidad de un estatuto jurídico o la inalterabilidad de aspectos esenciales de aquél.

Sin embargo, cabe señalar, en primer lugar, que en nuestro ordenamiento jurídico el matrimonio tiene un estatuto jurídico complejo que está sustentado sobre derechos fundamentales de las personas que, en nuestro derecho, fueron configurados otorgándole un amplio espacio de determinación al legislador.

En segundo lugar, en un contexto como el actual, se ha entendido que las garantías institucionales son aquellas que la Constitución otorga a una organización o institución, para resguardarla limitando la injerencia del poder legislativo (Baño nombre reservado, nombre reservado nombre reservado, La distinción entre el derecho fundamental y la garantía institucional en la Constitución española, Revista Española de Derecho Constitucional N* 24 (septiembre-diciembre), 1988, p. 155 y ss.), lo que no ocurre en este caso.

Frente a ello, cabe señalar “siguiendo a Peter Haberle- que /a familia y el matrimonio necesitan también de muchos otros derechos fundamentales.

Bastaría .recordar, en particular, la propiedad. y el derecho sucesorio como garantías de la base material de ambas. Familia y matrimonio son, por otra parte, instrumentos de realización y de protección de la personalidad, a la cual dan una dirección y un sostén más allá de la seguridad. (Haberle, Peter, La libertad fundamental en el Estado Constitucional, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1997, p. 65).

Por ello, nos encontramos frente a la idea de que la protección de los elementos nucleares de una institución como el matrimonio, no se puede lograr sino a través de cautelar el contenido esencial de los derechos de sus integrantes.

Por tanto, el legislador, en su regulación del matrimonio, si afectare derechos fundamentales, en tal caso, más que vulnerar una garantía institucional, faltaría al deber de respetar el contenido esencial de esos derechos, al tenor de lo dispuesto por el artículo 19 N* 26 de la Constitución.” (STC 1881, c. 13* del voto concurrente de los Ministros señores Francisco Fernández Fredes, Carlos Carmona Santander, José Antonio Viera-Gallo Quesney y Gonzalo García Pino).

21 B.- LA NULIDAD MATRIMONIAL

12* La Ley de Matrimonio Civil de 1884 establecía, en su artículo 34, que la acción de nulidad matrimonial solo podía intentarse en vida de los cónyuges, incluso cuando la causal invocada era la de un vínculo matrimonial no disuelto. A su turno, su artículo 35 prescribía que la acción de nulidad matrimonialno 'pre'scribía en el tiérnpo, salvo las excepciones que señalaba. Con posterioridad, la Ley N* 10.271, de 1952, introdujo modificacionesá la Ley de Matrimonio Civil, estableciendo'que en el tásó de qué la causal de nulidad invocada fuera la de un vírículo matrimoñial ño disuelto;

el plazo |iíará interponer la acción vencía el año siguiente al fallecimiento de uno de los cónyuges. Según Ramos, esta modificación “tuvo por objeto permitir que, en el caso de bigamia, fallecido uno de los cónyuges, se pudiera demandar la nulidad, para evitar que los dos matrimonios quedaren consolidados, produciéndose dos líneas de descendencia matrimonial, dos sociedades conyugales, etc., lo que habría ocurrido de no establecerse está excepción” (nombre reservado (2010). Derecho de Familia. Tomo I. 72 ed., Editorial Jurídica de Chile, Santiago, p. 90)

13*. La Ley N* 19.947, de 2004, mantuvo el tratamiento respecto a la causa de nulidad matrimonial basada en un vínculo matrimonial no disuelto. En cambio, extendió de un año a tres años el plazo para interponer la acción de nulidad si lá causal invocada es la de falta de consentimiento. " 1' — D

14º Historia de la Ley Nº 19.947. En la historia de| establec¡m¡ento de Ia Ley N* 19.947 consta que ex¡st¡a consenso entre los parlamentanos en cuanto a que la acción de nu|¡dad no deb|a estar sujeta a plazo, debido a Ia naturaleza m|sma de| matrimonio, pero que, en algunos casos, por razones de segur|dad Jurldlca, aquello no era conveniente.

C- LA PRESCRIPCIÓN ES UN ASUNTO DE LEGALIDAD

15%. En general, existe una larga tradición de esta Magistratura en orden a considerar las cuestiones relativas a prescripción como materias propias de legalidad.

En tal sentido, a título ejemplar, “...el Tribunal es de la opinión que no cabe cuestionar la existencia de una prescripción especial desde el punto de vista constitucional (STC Rol N* 1298/2010, c. 60”).

De partida, cabe señalar que la Constitución entrega a la ley definir si un asunto es o no prescriptible. Ahora, el establecimiento de la prescripción por el legislador tiene distintas justificantes (...) La prescripción busca dar estabilidad, certeza y seguridad jurídica. La prescripción es “una institución fundada en el interés social por sobre el interés individual. Hay en ella una confrontación de valores que la ley debe resolver. Tanto la prescripción adquisitiva como la prescripción extintiva tienden a un mismo objeto, cual es consolidar situaciones de hecho, transformándolas en situaciones de derecho. En otras palabras, la apariencia social se convierte, por

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obra de la ley y del tiempo, en realidad jurídica” (nombre reservado; De las posesiones inútiles en la legislación chilena; Edit. Jurídica, Santiago, 1994, pág. 11)” (STC 2912, c.

38”).

16”. El Tribunal Constitucional también ha señalado que “la prescripción es una institución ampliamente regulada en nuestro ordenamiento jurídico. Se trata de una institución común a nuestro sistema, toda vez que se encuentra tanto en el ámbito de las normas de derecho público como de derecho privado. Las personas, por la ficción jurídica de conocimiento de la ley o por un conocimiento efectivo, saben de sus efectos. En tal sentido, pueden proyectar sus actuaciones con base en ella; saben a qué atenerse; tienen un grado de predictibilidad por las consecuencias de sus acciones y omisiones. Tratándose de las normas del Código Civil, éstas existen desde 1855, con muy pocas modificaciones” (STC 2912, c. 39").

17”. En este orden de ideas, hay quienes han planteado la conveniencia de ampliar el plazo de prescripción de la acción de nulidad en caso de bigamia. Así, Rodríguez ha expresado que “El problema podría evitarse si se extiende a tres o cinco años el límite de un año desde el faliecimiento de cualquiera de los presuntos cónyuges para pedir la nulidad del matrimonio por vínculo matrimonial no disuelto.

La ley N* 19.947 amplió a tres años el plazo para pedir la nulidad por los vicios de error o fuerza (artículo 48, letra b) de la ley N* 19.947), plazo que bajo la vigencia de la Ley de matrimonio civil de 1884 era de un afño; pero no hizo lo mismo con el plazo para pedir la nulidad por bigamia después de la muerte de uno de los cónyuges. Otra alternativa es que la acción por esta causa sea imprescriptible, como de hecho lo es durante la vida de ambos cónyuges” (nombre reservado, nombre reservado (06.06.2012). Corte Suprema rechaza nulidad de matrimonio por bigamia. El Mercurio Legal).

D.- LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA ACCIÓN

18”. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, en el caso concreto, el conflicto reside en si el requirente tuvo conocimiento oportuno del hecho que motiva la acción de nulidad para poder interponer dentro del plazo de prescripción, conocido por todos, dicha acción.

Según se lee de la sentencia del juez de familia, de 12 de octubre de 2018, que consta afs. 38 y ss., este rechaza la acción de nulidad porque “la acción se ha deducido excediéndose el plazo que tenía el cónyuge anterior para solicitarla, pues la presente demanda fue interpuesta el 11 de junio del 2018 y notificada el 26 del mismo mes y año, siendo indiferente la época en que tomó conocimiento el actor de la existencia del segundo matrimonio ya que la norma así no lo contempla” (sentencia de 12 de octubre de 2018, c. 8”, fs. 39 vuelta).

19”. De acuerdo a lo expresado por el requirente, él solo tuvo conocimiento del segundo matrimonio con la posesión efectiva. Asimismo, según los antecedentes

23 que obran en el proceso, la posesión efectiva data de 2018, en circunstancia que la cónyuge falleció en marzo de 2017. Desde este punto de vista, el derecho a la acción del requirente resulta vulnerado, por cuanto, con independencia.del momento en que tomó conocimiento del vicio de nulidad, esta materia no podrá ser discutida en el fondo por los tribunales. Sin embargo, esta conclusión está supeditada a la diligencia que haya empleado el requirente, así como en que no se afecte derechos de terceros interesados. Bajo este criterio no es susceptible de estimar la inconstitucionalidad per se sino que en-el marco-de auténticas imposibilidades de actuación.

20% En tal sentido, entendemos que nos encontramos frente a una consideración excepcional del caso concreto, atendida la particular excepcionalidad de la situación migratoria, a la obligación de someterse a la ley y a su presunción de conocida, pero en un contexto que puede llevar a impedírselo en la práctica, como suele ser el laberinto que para un extranjero representa el orden jurídico de otro país.

En esta línea, el derecho a la acción pudo haber agotado su tiempo real en un conjunto de trámites que le impiden acceder a la defensa de sus intereses.

Redactó la sentencia el Ministro señor Nelson Pozo Silva; la disidencia, el Ministro señor José Ignacio Vásquez Márquez; y la prevención, el Ministro señor Gonzalo García Pino.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N* 5962-19-INA.

Sr nombre reservado¡ca ? N

24 Sí. Vásquez

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidenta, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y por sus Ministros señores Iván Aróstica Maldonado, Qonza|o nombre reservado, Domingo Hernández Emparanza, nombre reservado nombre reservado

nombre reservado, Nelson Pozo Silva y José Ignacio Vásquez Márquez, señora nombre reservado

nombre reservado, y señor Miguel Ángel Fernández González.

Se certifica que el Ministro señor Domingo Hernández Emparanza concurre al acuerdo y fallo, pero no fir or enc se haciendo uso de feriado legal.

Autoriza la x5<ec taria, de NTcibunal Constitucional, señora nombre reservado

nombre reservado. X a

25