Inaplicabilidad de Precepto Legal

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Santiago, treinta de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Con fecha 20 de diciembre de 2018, Exportadora BB Trading SpA ha requerido la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la expresión “material”, contenida en el artículo 5, letra d), de la Ley N* 19.983, que regula la transferencia y otorga merito ejecutivo a copia de la factura, en los autos ejecutivos, caratulados “Interfactor S.A. con Exportadora BB Trading SpA”, seguidos ante el Cuarto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, bajo el Rol C-26.263-2018.

Preceptos legales cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos impugnados dispone:

“Ley N* 19.983

“Artículo 5%. - La misma copia referida en el artículo anterior tendrá mérito

ejecutivo para su cobro, si cumple los siguientes requisitos:

(...)

d) Que, puesta en conocimiento del obligado a su pago mediante notificación judicial, aquél no alegare en el mismo acto, o dentro de tercero día, la falsificación material de la factura o guía o guías de despacho respectivas, o del recibo a que se refiere el literal precedente, o que, efectuada dicha alegación, ella fuera rechazada por resolución judicial. La impugnación se tramitará como incidente y, en contra de la resolución que la deniegue, procederá el recurso de apelación en el solo efecto devolutivo.

(...)

Síntesis de la gestión pendiente

El requirente afirma ser una sociedad comercial cuyo giro es la producción y exportación de frutas, que para el desarrollo de sus actividades requiere de una serie de servicios proveídos por terceros, dentro de los cuales se encuentra el traslado de frutas desde el lugar de producción y/o almacenamiento hasta los terminales de

carga para su posterior exportación.

Con fecha 21 de junio de 2018, Interfactor S.A. solicitó a Exportadora BB Trading SpA., vía correo electrónico, el pago de seis facturas que le fueron cedidas por un tercero, Comercial Agrícola RCD SpA., en el marco de un contrato de

factoring celebrado entre ambas, emitidas por servicios de transporte que Comercial Agrícola habría realizado para Exportadora BB Trading SpA.

Sostiene que tras realizar una indagación interna se determinó que Comercial Agrícola RCD SpA. nunca había sido proveedor de Exportadora BB Trading SpA. y que los servicios de transporte efectuados eran falsos e inexistentes, razón por la cual interpuso una querella criminal por el delito de Estafa, que se tramita actualmente ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Pese a la denuncia de falsedad de las facturas, señala que se inició en agosto de 2018 una gestión preparatoria de la vía ejecutiva de notificación judicial de cobro de facturas por Interfactor S.A. en su contra. En ella dedujo incidente de nulidad procesal; presentó recurso de reposición con apelación subsidiaria en contra de la resolución que dio curso a la Gestión; y dedujo oposición al cobro en razón de la falsedad ideológica de las facturas, basado en que los servicios de transporte son falsos y nunca se efectuaron.

Tanto la incidencia de nulidad, como los recursos fueron desestimados por el Tribunal sustanciador, confiriéndose traslado respecto a la oposición por falsedad ideológica deducida. Luego, con fecha 12 de octubre de 2018 se recibe a prueba la incidencia, fijáindose como hecho controvertido la efectividad de adolecer la factura de algún vicio que amerite su falsedad.

Presentado recurso de reposición en contra de tal sentencia interlocutoria que fijó los puntos de prueba por Interfactor S.A., esta fue modificada determinando como punto de prueba la efectividad de ser falsas materialmente las 6 facturas mencionadas.

Conflictos de constitucionalidad sometidos al conocimiento y resolución del tribunal

Sostiene que en autos se sigue una gestión preparatoria de la vía ejecutiva por facturas giradas en su contra por un tercero respecto del cual, sostiene, nunca tuvo relación contractual ni le prestó servicios. No obstante, se ve imposibilitado para impugnar la falsedad ideológica de las facturas giradas en favor de Interfactor S.A.

Así, en primer lugar, asegura que se produce una infracción al artículo 19 N* 2 de la Constitución. Para que el ejercicio de un derecho fundamental pueda ser limitado se requiere que la restricción sea idónea, necesaria y proporcional a fines constitucionalmente admisibles, no cumpliéndose en la especie aquello. La disposición cuestionada no cumple tal estándar en el caso concreto, en relación a posibilitar un mayor acceso al crédito por las pequeñas y medianas empresas, pues la imposibilidad de alegar falsedad ideológica de tales documentos no hace diferencia a la hora de acelerar el tráfico jurídico de las facturas. Ni así tampoco resulta proporcionada, en cuanto limita en demasía las posibles defensas jurídicas ante hechos graves e ilícitos.

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En segundo lugar, refiere que la aplicación del precepto cuestionado obstaculiza las posibilidades de defensa de la requirente, limitando la igualdad de armas en el proceso al no poder alegar el vicio del que adolecen las facturas en cuestión ni aportar pruebas al respecto, vulnerando el artículo 19 N* 3 del estatuto constitucional.

Por último, señala que el precepto legal atacado vulnera su derecho de propiedad, al agregar un pasivo en el patrimonio de la empresa por servicios inexistentes. En la especie, la disposición cuestionada posibilita a Interfactor S.A.

configurar un título ejecutivo en su contra en base a hechos falsos provenientes de una estafa.

Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Segunda Sala de esta Magistratura con fecha 26 de diciembre de 2018, a fojas 57. A su turno, en resolución de fecha 24 de enero de 2019, a fojas 99, se declaró admisible.

Conforme consta en autos, conferido traslado a las demás partes interesadas y a los órganos constitucionalmente interesados, fue evacuado traslado por Interfactor S.A., según consta a fojas 140, abogando por el rechazo del libelo de fojas 1, en virtud de las siguientes consideraciones:

Observaciones de Interfactor S.A.

Como consideración previa, señala que la requirente ha omitido dar cuenta de que todas las facturas fundantes de la gestión preparatoria seguida ante el Cuarto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, tienen acuse de recibo expreso de las mercaderías, otorgados precisamente por la requirente y que, en consecuencia, se encuentran irrevocablemente aceptadas. Sostiene así que alegar desconocimiento total de las facturas cedidas resulta meramente instrumental y vulneratorio de la

teoria de los actos propios.

Seguidamente, refiere que en la especie resultan inexistentes las infracciones constitucionales denunciadas. La gestión preparatoria de que se trata consiste simplemente en verificar los requisitos mínimos habilitantes para que una factura pueda convertirse en un título ejecutivo, sin perjuicio de entrar en la discusión de fondo una vez iniciado el juicio ejecutivo respectivo, en el cual el ejecutado podrá interponer todas las excepciones contempladas en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se encuentra suficientemente resguardado su derecho a defensa.

Añade que la falsedad ideológica alegada por el requirente es una alegación

improcedente en el contexto de la notificación judicial de facturas, y que el actor

yerra cuando señala que antes de las modificaciones introducidas a la Ley N? 19.983

se podía alegar la falsedad ideológica, pues siempre lo único que ha podido ser discutido en la gestión preparatoria es la falsificación material de la factura.

Expone que tampoco resulta vulnerado el 19 N? 24. La gestión pendiente se encuentra en una etapa preliminar donde deben verificarse condiciones mínimas habilitantes para que recién pueda otorgarse mérito ejecutivo a facturas. Sólo tras ello se podrá iniciar el juicio ejecutivo donde se determinará la existencia de la obligación de pago, por lo que el hecho de otorgar mérito ejecutivo a un documento no deriva en la existencia de pasivos que afecten patrimonialmente a una persona natural o jurídica.

Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 12 de septiembre de 2019 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos de la parte requirente, del abogado Alexander Aracena Aguilera, por 15 minutos, y de Interfactor S.A., del abogado José Joaquín Meza Maggi, por 15 minutos. Se adoptó acuerdo en igual fecha, según certificó el relator de la causa.

Y CONSIDERANDO:

L- ANTECEDENTES DEL CASO CONCRETO.

PRIMERO. Exportadora BB Trading SpA. es una sociedad comercial cuyo giro es la producción y exportación de frutas; para el desarrollo de su actividad económica requiere de una serie de servicios que son proveidos por terceros, entre éstos el traslado de frutas desde el lugar de producción y/o almacenamiento hasta los terminales de carga para su posterior exportación. Comercial Agrícola RCD SpA.

emitió facturas electrónicas a la primera por la prestación de servicios de transporte.

Luego, dentro del plazo de 8 días contemplado en la Ley N* 19.883 para aceptar o rechazar el contenido de un documento, Exportadora BB Trading SpA.

procedió a “acusar recibo de las mercaderías” a través de una operación vía web en la página del Servicio de Impuestos Internos!,

Con posterioridad, Comercial Agrícola RCD SpA. celebró un contrato de factoring con Interfactor S.A, a quien cedió 6 facturas emitidas a Exportadora BB

1 Esta operación virtual se efectúa accediendo al portal web mediante el ingreso de RUT y CLAVE, lo cual permite revisar los DTE (documento tributario electrónico) y efectuar algunas de las siguientes acciones: i) Acusar recibo de las mercaderías o servicios; ii) Aceptar contenido del documento; iii) Reclamar por el contenido del documento; iv) Reclamar por la falta parcial de mercaderías o servicios; y v) Reclamar por la falta total de mercaderías o servicios, doscientos movtn to y WO Trading SpA y que, como ya se indicó, cuentan con expreso acuse de recibo por parte de esta última.

En este contexto con fecha 21 de junio de 2018, Interfactor S.A. solicita a

Exportadora BB Trading SpA., vía correo electrónico, el pago de las facturas antes aludidas.

Exportadora BB Trading SpA. rechaza el cobro efectuado por la empresa de factoring. De acuerdo a lo expuesto por Exportadora BB Trading SpA., Comercial Agrícola RCD SpA. nunca habría sido proveedor y que los servicios de transporte supuestamente efectuados serían falsos e inexistentes, razón por la cual interpuso una querella criminal por el delito de Estafa, la que se tramita actualmente en el 4?

Juzgado de Garantía de Santiago con el RIT 0-6408-2018, y se encuentra en etapa de investigación.

Al mismo tiempo Interfactor S.A. inicia en contra Exportadora BB Trading SpA. la correspondiente Gestión Preparatoria de la Vía Ejecutiva, de “Notificación Judicial de Cobro de Facturas”, a fin de obtener el pago de las referidas facturas. La Gestión Preparatoria fue notificada el 27 de agosto de 2018.

El 28 de agosto de 2018 Exportadora BB Trading SpA. deduce incidente de nulidad procesal argumentando que no se habrían acompañado las guías de despacho respectivas, ni el acuse de recibo electrónico, como lo exige el artículo 5

letra c) de la Ley 19.983; en subsidio interpone recurso de reposición con apelación subsidiaria en contra de la resolución que dio curso a la Gestión; en subsidio de todo lo anterior deduce oposición al cobro en razón de la falsedad ideológica de las facturas, basado en que los servicios de transporte son falsos y nunca se efectuaron.

El 04 de octubre de 2018 el Tribunal rechaza el incidente de nulidad y el recurso de reposición con apelación subsidiaria; respecto a la oposición al cobro, confiere traslado, el cual es evacuado por Interfactor SpA. el 08 de octubre de 2018, quien la rechaza en razón de que la causal para oponerse al cobro de las facturas resulta improcedente, ya que es la falsedad material y no una “ideológica” la que correspondería interponer y, posteriormente, probar. Con fecha 12 de octubre de 2018 se recibe el incidente a prueba fijándose como hecho controvertido: “Efectividad de adolecer la factura de algún vicio que amerite su falsedad”. Interfactor S.A repone de la interlocutoria de prueba para efectos de limitarla sólo a los aspectos materiales de la falsedad. El Tribunal acoge la reposición y modifica el punto de prueba al siguiente:

“Efectividad de ser falsas materialmente las facturas N* 113, 123, 126, 133, 142 y 145”.

TL.- PRECEPTO LEGAL CUYA INAPLICABILIDAD SE SOLICITA.

SEGUNDO. Algunos meses después, Exportadora BB Trading SpA.

requiere la inaplicabilidad por inconstitucionalidad la expresión “material” contenida en el artículo 5 letra d) de la Ley 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura. Este precepto legal dispone lo siguiente:

“Artículo 5%.- La misma copia referida en el artículo anterior tendrá mérito ejecutivo para su cobro, si cumple los siguientes requisitos: (...) d) Que, puesta en conocimiento del obligado a su pago mediante notificación judicial, aquél no alegare en el mismo acto, o dentro de tercero día, la falsificación material de la factura o guía o guías de despacho respectivas, o del recibo a que se refiere el literal precedente, o que, efectuada dicha alegación, ella fuera rechazada por resolución judicial. La impugnación se tramitará como incidente y, en contra de la resolución que la

deniegue, procederá el recurso de apelación en el solo efecto devolutivo (....y”.

TIL- FUNDAMENTACIÓN DEL REQUERIMIENTO.

TERCERO. Para la parte requirente, la alusión a la hipótesis de falsificación material de las facturas como causal de oposición excluiría la posibilidad que -según ésta- existía antes de alegar la falsedad ideológica, la cual asimila a la hipótesis de falta de entrega de mercaderías o falta de prestación de los

servicios indicados en la factura.

Así, la requirente plantea que la aplicación del precepto impugnado produciría una triple violación constitucional, esto es, al artículo 19, N* 2%, inciso segundo y al artículo 19, N* 3*, inciso sexto, y al artículo 19, N* 242,

CUARTO. En cuanto al primer derecho constitucional, la requirente alega que la ley se sustenta en un propósito arbitrariamente discriminatorio al intentar favorecer la obtención de liquidez de las Pymes. Además de la inconstitucionalidad del fin o propósito, la requirente plantea que la eliminación de la alegación relativa a la falsedad ideológica de una factura -en el contexto de la gestión preparatoria de notificación judicial de facturas- no hace ninguna diferencia a la hora de acelerar el tráfico jurídico de las facturas y que, por lo tanto, el precepto legal estaría estableciendo una distinción arbitraria ya que se trataría de una medida inidónea e innecesaria para la consecución del fin buscado.

A su vez, en lo referente a la vulneración del debido proceso (o racionalidad y justicia procedimental de acuerdo al tenor de la Constitución), la requirente sostiene que la aplicación de la disposición legal impugnada le impide poder demostrar que, pese a ser facturas configuradas como materialmente verdaderas, su contenido es falso, con lo cual quedaría en indefensión por afectación a su derecho a la prueba.

Por último, la requirente agrega que se infringe su derecho de propiedad debido a que el precepto permitiría al requerido configurar un título ejecutivo falso, que es producto de una estafa, afectando con ello su patrimonio sin que pueda reclamar de esta circunstancia.

TV.- JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

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QUINTO. — Lo primero que es útil tener presente es que no existen pronunciamientos previos de inaplicabilidad sobre la letra d) del artículo 5% de la Ley 19.983.

Mediante STC 3202/2016 este Tribunal controló preventivamente la constitucionalidad de algunas disposiciones de la Ley N* 20.956, que establece un conjunto de medidas para impulsar la productividad, y modifica para dichos efectos diversos cuerpos legales -entre éstos, la Ley N? 19.983, incluido el artículo 5* letra d)-.

El precepto impugnado, sin embargo, no fue objeto de control por no referirse a una materia propia de ley orgánica constitucional,

Las únicas sentencias dictadas por esta Magistratura referidas a las facturas y su ejecución son las STCs 1564, 4123 y 5884. Ninguna de ellas, como ya hemos señalado, dicen relación con los aspectos reclamados en esta ocasión. Aun así, en ninguno de los fallos y votos contenidos en las sentencias mencionadas se pone en duda la validez constitucional del objetivo general consistente en hacer de la factura un documento fácilmente cedible, con aptitud para su cobro ejecutivo y, de esa manera, favorecer la liquidez de las Pymes.

Además, dado que lo constitucionalmente debatido tenía su origen en las consecuencias jurídicas de una conducta omisiva del destinatario de la factura, esto !

es, el no acusar recibo (o entregar la cuarta copia cedible de la factura), el comportamiento positivo de dejar constancia de la entrega efectiva de los bienes o servicios fue considerado como resguardo suficiente para el destinatario deudor. Así

lo desliza, incluso, la postura más propensa a acoger las acciones de inaplicabilidad:

“la constancia del recibo de la prestación del servicio - como se describe en los hechos del caso concreto - es de vital importancia, por la obligación legal que genera, tanto para la cesibilidad del crédito como para que tenga mérito ejecutivo y así lograr su cobro” (STC 4123, c. 16%). Esto último tiene especial importancia de acuerdo a lo que se señalará más adelante, ya que, a diferencia de las causas sobre la materia vistas por este Tribunal, en este caso el requirente receptor de las facturas otorgó en forma expresa el “acuso de recibo” en tiempo y forma.

V.- LA APLICACIÓN DEL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO NO VIOLA LA CONSTITUCIÓN.

SEXTO. Dando por sentado la legitimidad del fin perseguido por el legislador, tal como invariable y unánimemente lo ha señalado esta Magistratura, el requirente pone en duda la razonabilidad o proporcionalidad del sistema, defecto que se vería reflejado en una vulneración a la proscripción de la arbitrariedad | exigida tanto en el inciso segundo del numeral 2* del artículo 19, como en el inciso sexto del numeral 32 del mismo artículo de la Constitución. Por lo mismo, resulta necesario profundizar sobre la razonable justificación de la inclusión de una norma como la impugnada en la operación general del sistema de cobro de facturas en nuestro país. Así, pues, se concluirá que el precepto legal impugnado cumple una

función legítima y razonable en un procedimiento global de cobro, no consagrando diferencias arbitrarias ni dejando en la indefensión a quien se encuentre en una posición como la del requirente de autos. Finalmente, y más allá de que no constituye el argumento central del requerimiento, este Tribunal descartará, también, la existencia de una pretendida violación al derecho de propiedad.

SÉPTIMO. El propósito de la ley N* 19.983 fue compatibilizar la naturaleza de la factura como documento formal que detalla operaciones comerciales entre partes con la necesidad de que este documento se convierta en un título de amplia circulación y facilidad para su cobro, permitiendo, así, el acceso de las PYMES a mayores fuentes de financiamiento a través de la factorización de las mismas.

Pero, apartándose de la letra del proyecto original, el artículo 5” de la Ley N* 19.983 permitió al deudor alegar la falta de entrega o de prestación del servicio, en la gestión preparatoria de notificación de factura. En efecto, dicha disposición otorgaba mérito ejecutivo a la copia cedible de una factura si -entre otros requisitos- habiéndose puesto en conocimiento del obligado a su pago por medio de notificación judicial, éste no alegare en el mismo acto o dentro de tercero día la falsificación material de la factura o la falta de entrega de la mercadería o la prestación del servicio, o bien, alegado ese hecho, hubiese sido rechazado por el tribunaP.

El efecto en la práctica de la regla anterior del mismo constituyó un mecanismo usual para que los deudores dificultaran el cobro de las facturas. En efecto, pese a que se trataba de una alegación que debía conocerse conforme al procedimiento incidental, su tramitación podía extenderse por años, durante los cuales el deudor podía retrasar el pago, generando un costo financiero al acreedor;

y/o transferir sus bienes para evadir el cumplimiento de la sentencia que se dictare en el juicio ejecutivo posterior, puesto que, durante la tramitación del incidente de impugnación, no se podía decretar embargo.

Estos problemas, los cuales no pudieron ser resueltos satisfactoriamente por vía jurisprudencial, encontraron solución con la Ley N* 20.695, la que, entre otras medidas, eliminó la posibilidad de alegar la falta de entrega o de prestación de servicios en la gestión preparatoria de notificación de factura. Esta modificación legal fue adoptada en un contexto en que la emisión de facturas electrónicas pasó a ser obligatorio, lo cual brindaba mayores niveles de seguridad que la existente cuando el proceso se realizaba físicamente. En definitiva, la Ley N* 20.956 al no permitir la alegación de falsedad ideológica en la gestión preparatoria de

2 Los otros requisitos establecidos por la Ley N* 19.983, en su versión original, son los siguientes: (a) que no haya sido reclamada en conformidad al artículo 3, (b) que su pago sea actualmente exigible; y (c) que en ella conste el recibo de mercaderías entregadas o del servicio prestado.

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notificación”, generó mayor celeridad y seguridad en el cobro de la factura, minimizando la probabilidad de dilación de los juicios y de evasión de los efectos de la sentencia por parte de deudores a través de la transferencia de sus bienes. Esto, como era de esperar, permitió disminuir el riesgo que asume el cesionario de la factura y, como consecuencia, un mayor acceso -por su menor costo- al financiamiento de empresas con menores grados de liquidez, lo que ocurre especialmente con las PYMES.

En definitiva, la norma legal impugnada tuvo su origen en una modificación legislativa debidamente razonada y con respaldo empírico derivado de la experiencia resultante de la aplicación del marco jurídico previo. En otras palabras, se trató de una modificación legislativa idónea o útil para la consecución del objetivo buscado. Lo igualmente importante, tal como se explicará a continuación, es que este objetivo se logró sin dejar en la indefensión al deudor receptor de las facturas. Y lo que resultó ser cierto desde una óptica general, lo es más aún si se atiende al caso concreto, en el cual se constata la pretensión del requirente de hacer caso omiso a los efectos derivados de sus propios actos positivos.

OCTAVO. — Desde una perspectiva global, la ausencia de indefensión se comprueba por las posibilidades que tiene el deudor receptor de la factura de reclamar la factura dentro de los 8 días, por falta de entrega de producto o servicios parcial o total, o reclamar del contenido de la misma (situación equivalente a la falsedad ideológica). Cabe mencionar, también (aunque para casos distintos a la hipótesis bajo análisis) otras dos instancias de defensa: la posibilidad de impugnar la factura por falsedad “material” durante la gestión preparatoria, y la de interponer alguna de las excepciones contempladas en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, amplio catálogo contemplado para los juicios ejecutivos de aplicación ordinaria.

NOVENO. - A su vez, desde una óptica más específicas de acuerdo a los antecedentes de este caso concreto, la ausencia de indefensión se comprueba, además, por el hecho de que la requirente Exportadora BB Trading SPA. otorgó acuse expreso de recibo de las mercaderías respecto de cada una de las facturas en cuestión. Es decir, la requirente pudo evitar toda esta controversia si es que en el legítimo ejercicio de sus derechos y de la forma establecida en la ley, hubiere reclamado la factura, cosa que no hizo. Y, “[c]omo es sabido, no es tarea de esta Magistratura corregir en sede de inaplicabilidad, la falta de diligencia que pudiera haber

3 Entendemos que se hace referencia al término “falsificación ideológica” (no contemplado en la legislación que regula las facturas) a la noción tributaria del mismo. Circular N* 93, de 19 de diciembre de 2001, del SI (que actualiza instrucciones sobre procedimientos que deben observarse en caso de detectarse documentos que no dan derecho a crédito fiscal) explica que una factura falsa es aquella que falte a la verdad o realidad de los datos contenidos en eila. Dicha falsedad puede ser material, esto es, que altere el sentido del documento mismo en su materialidad, o ideológica, es decir, que deje constancia de cosas falsas o mentirosas, siendo las formas usadas aparentemente reales o auténticas. Como ejemplos de falsedad señala: indicar un nombre, domicilio, RUT o actividad económica inexistente o adulterado del emisor o del receptor de la factura, el registrar una operación inexistente o falsear los montos de ellas, falsear los timbres del Servicio.

tenido el solicitante o una de las partes en la gestión o juicio pendiente, para hacer valer los derechos que le confiere la ley” (STC 4123, e. 7%).

DÉCIMO. Finalmente, la requirente alega la infracción al derecho de propiedad aduciendo que la aplicación del precepto impugnado generaría un pasivo en contra de la Exportadora BB Trading SPA., lo que no es efectivo dada la etapa aún preliminar (gestión preparatoria) y, principalmente, debido a que la afectación patrimonial se sustentaría, de acuerdo a Jos antecedentes aportados, en un acto lícito

y consentido.

EN CONCLUSIÓN Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N* 6%, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

L QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO PRINCIPAL DE FOJAS 1, EN TODAS SUS PARTES.

OFÍCIESE.

IL ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN AUTOS.

II. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.

Redactó la sentencia el Ministro señor Juan José Romero Guzmán.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N? 5831-18-INA

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Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidenta, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y sus Ministros señores Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza, Juan José Romero Guzmán, Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva, José Ignacio Vásquez Márquez y señor Miguel Ángel Fernández González.

Se certifica que el Ministro señor Gonzalo García Pino concurre al acuerdo,

pero no suscribe por encontrarse hagiendo uso de feriado legal.

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Autoriza 18 Secre ria del Tribunal onstitucional, señora nombre reservado

nombre reservado. SD

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