Control Proyecto de Ley · Ley N° 18.168

1 Santiago, veintiséis de diciembre de dos mil seis.

VISTOS:

Con fecha 20 de julio de 2006, la Corte de

Apelaciones de Santiago por oficio N° 104-2006, en el

ingreso Corte N° 2097, rol de Primera Instancia N° 21892-

2 del Juzgado de Policía Local de Quilicura, caratulado

“Autopista Central S.A. con Servicio de Mecánica

Mantención Track S.A.”, ha requerido pronunciamiento de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la

disposición contemplada en el artículo 42, inciso

primero, del DFL N° 164, de 1991, Ley de Concesiones, en

cuanto dispone que el juez de la causa debe, además de

ordenar el pago de la suma adeudada, imponer el pago de

una indemnización compensatoria por un monto de cuarenta

veces el valor de aquella suma, con más reajustes e

intereses, o, en su defecto, a título también de

indemnización compensatoria, el pago de dos unidades

tributarias mensuales, debiendo siempre imponer el monto

que fuere mayor de entre los dos señalados.

El tribunal a quo dictó sentencia el 30 de

enero de 2006, dando lugar a lo pedido en cuanto a que la

demandada pague a la actora la suma por el peaje adeudado

más la indemnización compensatoria y las costas,

sentencia que fue apelada.

Previo al fallo de la Corte de Apelaciones,

ésta estimó necesario dilucidar si la norma decisoria del

asunto apelado –inciso primero del artículo 42 del DFL N°

164, de 1991, Ley de Concesiones-, es o no

constitucional, planteando, al efecto, la correspondiente

cuestión de inaplicabilidad.

2 En concepto de los jueces de segunda instancia,

la cuestión se suscita en relación al inciso primero de

la norma impugnada, específicamente en cuanto dispone que

el Juez de Policía Local, al ordenar el pago del peaje,

deberá imponer al condenado una indemnización

compensatoria a favor del concesionario, de un valor

equivalente a 40 veces el pago incumplido, más el

reajuste entre la fecha del incumplimiento y la del pago

efectivo; o bien, el valor equivalente a 2 unidades

tributarias mensuales, estando obligado a imponer la de

mayor valor.

La citada disposición aparece en pugna con las

normas constitucionales relativas a la propiedad –

artículo 19 N°s. 24 y 26-, en lo que se refiere a la

indemnización compensatoria, que se fija en un valor

único –cuyo monto resultante puede importar una

expropiación de facto-, sin que se considere la real

existencia de perjuicios.

Se trata de una indemnización que no se ajusta

a los cánones establecidos en la legislación que

configura el estatuto de la propiedad, pudiendo llegar a

constituir un enriquecimiento injusto, desde que no

responde a la existencia de un daño, especialmente si se

tiene presente que previamente se ha ordenado el pago de

la tarifa adeudada, con intereses y reajustes.

De igual forma, el precepto aparece también

vulnerando el contenido intrínseco fundamental que el

artículo 76 de la Constitución asigna a la jurisdicción,

cuando señala que la facultad de conocer y fallar las

causas civiles y criminales corresponde a los tribunales

establecidos en la ley, porque se dispone que esos 3

tribunales –Juzgados de Policía Local-, están obligados a

imponer la especial indemnización compensatoria, sin

poder establecer si hubo o no perjuicio que la

fundamente, ni determinar que su monto puede ser

rebajado. Este forzamiento al juez no corresponde al

sentido profundo del ejercicio de la jurisdicción.

La Primera Sala de esta Magistratura declaró

admisible con fecha 26 de julio de 2006 el requerimiento

deducido y se le dio el trámite posterior en el Pleno.

Con fecha 11 de octubre, la Sociedad

Concesionaria Autopista Central S.A. formula sus

observaciones al requerimiento deducido, señalando que al

amparo de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, del

contrato de concesión y del Convenio de Televía, suscrito

por Servicios de Mecánica Mantención Track S.A., se

procedió al cobro de los peajes adeudados por el usuario,

interponiendo querella infraccional y demanda civil, en

los términos que expresamente autoriza el artículo 42 de

la citada Ley de Concesiones. Así, Autopista Central sólo

ha ejercido los derechos que el orden legal y las

estipulaciones que la ligan, tanto con el Estado como con

la empresa Track, le reconocen.

El contenido de la norma impugnada presenta la

naturaleza jurídica de una sanción prestacional, aunque

la misma norma la denomine como una indemnización. El

artículo 42 de la Ley de Concesiones, con sujeción

estricta a los principios de reserva legal, tipicidad y

legalidad, establece una infracción que describe

circunstanciadamente la conducta que configura el

supuesto infraccional e indica una sanción de rango único

que habrá de imponérsele al sujeto que la jurisdicción 4

determine como responsable del hecho violatorio, por lo

que en caso alguno puede estimarse que en su naturaleza

jurídica se trate de una indemnización compensatoria.

Se señala en las observaciones que el Tribunal

Constitucional ya emitió pronunciamiento sobre la

disposición legal objetada, en el Rol N° 232, por la vía

del control preventivo obligatorio, declarándola

constitucional, por lo que no es posible modificar el

efecto de cosa juzgada constitucional que produjo la

sentencia dictada.

Expresa que la obligación impuesta en caso

alguno puede estimarse expropiatoria o contraria a la

garantía constitucional del derecho de propiedad, ya que

la sanción pecuniaria objetada, cuya fuente es la ley, no

se origina por acto de autoridad, sino que por una

conducta voluntaria y reiterada del infractor. De igual

modo, no se priva al afectado de ninguna facultad

esencial del dominio si reiteradamente transita por la

vía concesionada sin pagar las tarifas con pleno

conocimiento de su obligación y de la infracción en que

incurre.

Igualmente manifiesta que la infracción

tipificada y sanción establecida en la norma impugnada no

erosionan la facultad de los tribunales, señalada en el

artículo 76 de la Carta, ya que si los órganos

colegisladores configuran una infracción y establecen la

condena que deberá aplicarse a quien la jurisdicción

acredite responsable, no es posible transformar al

Tribunal Constitucional en instancia de revisión del

mérito de esa decisión legislativa.

5 A sus observaciones se ha acompañado un Informe

en Derecho de la profesora Luz Bulnes Aldunate.

Se han tenido presentes, también,

presentaciones de la Asociación de Concesionarios de

Obras de Infraestructura Pública, COPSA A.G., de la

Cámara Chilena de la Construcción A.G., además de tenerse

como parte en calidad de tercero coadyuvante al Ministro

de Obras Públicas, quien acompañó un Informe en Derecho

del Profesor Patricio Zapata Larraín.

Finalmente, se han traído los autos en

relación, y se han oído alegatos el día 16 de noviembre

de 2006.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que la I. Corte de Apelaciones de

Santiago, mediante auto motivado de 19 de julio de 2006,

de conformidad a lo previsto en el artículo 93 inciso

décimo primero de la Constitución Política de la

República, ha planteado cuestión de inaplicabilidad del

precepto contenido en el inciso primero del artículo 42

de la Ley de Concesiones, D.F.L. Nº 164, de 1991, cuyo

tenor se transcribirá:

“Cuando un usuario de una obra dada en concesión

incumpla el pago de su tarifa o peaje, el concesionario

tendrá derecho a cobrarla judicialmente. Será competente

para conocer de ella, de acuerdo al procedimiento

establecido en la Ley Nº 18.287, el Juez de Policía Local

del territorio en que se produjo el hecho, el cual

deberá, al ordenar dicho pago, imponer al condenado una

indemnización compensatoria a favor del concesionario, de

un valor equivalente a cuarenta veces el pago incumplido,

más el reajuste según el Índice de Precios al Consumidor 6

entre la fecha del incumplimiento y la del pago efectivo

o bien, el valor equivalente a dos unidades tributarias

mensuales, estando obligado a aplicar el mayor valor. En

la misma sentencia, se regularán las costas procesales y

personales, calculándolas con el valor total reajustado

de la tarifa e indemnizaciones indicadas”.

SEGUNDO. Que la disposición cuestionada fue

objeto de control preventivo de constitucionalidad, según

consta en sentencia rol Nº 236 de este Tribunal, de 11 de

julio de 1996, que al efecto dispuso en su parte

declarativa lo siguiente: “2º. Que las disposiciones

comprendidas en los artículos 35 –salvo su inciso

tercero-, 41 (actual 42) y 42, inciso final, contemplados

en los numerales 10 y 15 del artículo 1º del proyecto de

ley que modifica el Decreto con Fuerza de Ley Nº 164, de

1991, del Ministerio de Obras Públicas, en lo relativo al

régimen legal de las concesiones de obras públicas, y las

normas tributarias que le son aplicables, son

constitucionales”.

Dicha decisión se pronuncia acerca de la legitimidad

constitucional de la disposición observada, sobre la base

de un cotejo abstracto de dos normas jurídicas de diverso

rango; en tanto que la resolución del presente conflicto

–de carácter eminentemente jurisdiccional- versa sobre la

inaplicabilidad, en un caso particular, de un precepto

legal cuya aplicación en el mismo resulte contraria a la

Constitución.

Sin perjuicio de su mérito intrínseco y de los

efectos generales que provoca en el ordenamiento

jurídico, la declaración sobre conformidad constitucional

expedida en el control previo no produce cosa juzgada en 7

este proceso, porque tiene un objeto distinto y los

institutos en juego –compulsa obligatoria de

constitucionalidad e inaplicabilidad en gestión ante un

tribunal ordinario o especial- responden a finalidades

disímiles.

TERCERO. Que en el primer capítulo de reproche

constitucional estampado en el requerimiento, referido a

la violación del artículo 19 Nº 24 de la Constitución, se

alude a la eventual existencia de una expropiación de

facto, que soslaya la producción real de perjuicios

implicando la privación patrimonial de una de las partes

del contrato a favor de la otra en los términos de un

eventual enriquecimiento injusto.

CUARTO. Que la cuestión, en la forma propuesta

–que vincula el estatuto constitucional de la propiedad

con el derecho común-, conduce a sustentar los

razonamientos de este fallo considerando la relación

entre ambos órdenes normativos.

QUINTO. Que, no obstante los términos literales

en que está concebida la norma objetada, ella no

contempla propiamente una indemnización compensatoria -en

cuanto no se vincula exactamente a la reparación del

perjuicio efectivamente causado por el incumplimiento-,

sino que consagra una pena civil.

Así se desprende del mensaje del Presidente de la

República que inicia la tramitación del proyecto de ley

respectivo, cuya fundamentación –en lo que interesa-

consigna lo siguiente: “Se propone legislar sobre la

penalización civil del incumplimiento en el pago de las

tarifas que se incorporan en los contratos de concesión.

Su cumplimiento es esencial para que este sistema pueda 8

funcionar creíble y eficazmente. Por ello, se propone un

artículo nuevo destinado a cobrar tanto la tarifa o

peaje, junto a una elevada indemnización de daños y

perjuicios y de las costas que compensen efectivamente el

cobro judicial. Muchas de estas tarifas y peajes a

usuarios pueden carecer de un valor unitario que

justifique su cobro judicial, pero si llegase a

masificarse la práctica del no pago de las tarifas todo

el sistema de concesiones, con su importante aporte a la

solución del déficit de la infraestructura, se pondría en

serias dificultades”.

SEXTO. Que si bien la responsabilidad civil, en

principio, se identifica con la reparación de los

perjuicios causados por el incumplimiento de una

obligación, es posible que la indemnización no tenga como

único fundamento la existencia de daño, según lo consagra

nuestro Código Civil en sus artículos 1.542 y 1.543,

relativos a la cláusula penal.

Aún más, el concepto de pena civil está reconocido

en dichas disposiciones y en el artículo 1.535 del Código

Civil, en cuanto se da derecho “a exigir la pena en todos

los casos en que se hubiere estipulado”, se impide “pedir

a la vez la pena y la indemnización de perjuicios, a

menos de haberse estipulado así expresamente, y se define

a la “cláusula penal” como “aquélla en que una persona,

para asegurar el cumplimiento de una obligación, se

sujeta a una pena”. En la misma dirección, de penas

disociadas de la reparación exacta del daño, se

encuentran –entre otras- la sanción de la sustracción por

parte del heredero o legatario de efectos pertenecientes

a una sucesión, del ocultamiento o distracción por parte 9

de los cónyuges de bienes de la sociedad conyugal y del

despido injustificado de un trabajador.

En el derecho comparado, en Francia el juez civil

puede imponer al deudor que se niega a cumplir con sus

obligaciones judicialmente declaradas como exigibles, una

multa pecuniaria (astreinte) por cada día de retraso,

cuyo importe se paga al acreedor. En el derecho

anglosajón hay una larga tradición sobre los llamados

daños punitivos o ejemplares, cuya regulación excede al

daño causado al demandante y se asocia, fundamentalmente,

a la sanción de la conducta del demandado, con fines

disuasivos de las conductas impropias.

SEPTIMO. Que el requerimiento critica la norma

desde el punto de vista que “no se ajusta a los cánones

establecidos en la legislación que configura el estatuto

de la propiedad, pudiendo llegar a constituir un

enriquecimiento injusto, desde que no responde a la

existencia de un daño”.

El enriquecimiento sin causa no se encuentra

contemplado como una institución singular en el Código

Civil; pero hay figuras que se inspiran en él, tales como

las prestaciones mutuas, la accesión, la nulidad de actos

de un menor. Con todo, doctrinariamente y como regla

implícita en la legislación, constituye un requisito

indispensable de la acción in rem verso la carencia de

causa, esto es, de un antecedente jurídico que justifique

el beneficio y perjuicio que correlativamente se

producen.

En este caso, el texto legal expreso que ampara el

acrecimiento patrimonial del perjudicado es causa del

mismo y, por ende, descarta el injusto.

10 OCTAVO. Que las objeciones analizadas

anteriormente en el contexto de la legislación común,

carecen de fundamento para configurar la transgresión de

derechos constitucionales precisos y determinados, por

cuanto la Ley Fundamental no les confiere esa entidad a

las cuestiones patrimoniales que se denuncian como

inobservadas y tampoco el precepto impugnado aparece

vulnerando los derechos esenciales que emanan de la

naturaleza humana ni los valores de servicialidad y

promoción del bien común cuya ejecución se impone al

Estado.

NOVENO. Que el requerimiento sostiene que el

precepto impugnado puede implicar una expropiación de

facto, debiendo entenderse, por consiguiente, que la

misma se produce sin sujeción a las exigencias que

formula la Constitución.

Como se sabe, el artículo 19 Nº 24 de la

Constitución consagra los rasgos esenciales del derecho

dominical, atribuyéndole el rango de norma fundamental al

mandato que la regula, alguno de cuyos elementos se

encontraban anteriormente contemplados en la ley común.

La referida disposición asegura “el derecho de

propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de

bienes corporales e incorporales”; dispone que “sólo la

ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de

usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y

obligaciones que deriven de su función social”, y

prescribe que “nadie puede, en caso alguno, ser privado

de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de

los atributos o facultades esenciales del dominio, sino

en virtud de ley general o especial que autorice la 11

expropiación por causa de utilidad pública o de interés

nacional, calificada por el legislador”.

DECIMO. Que la expropiación está definida por

el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española

como “privar a una persona de la titularidad de un bien o

de un derecho, dándole a cambio indemnización”.

Un autor nacional la define diciendo que “es el acto

de autoridad por el cual se priva a una persona de un

bien de su dominio por decisión unilateral del Estado,

por razón de utilidad pública calificada por ley, con

sujeción a un procedimiento legalmente tramitado y previo

pago de una indemnización al expropiado” (Carlos Carmona

S., “Derecho Administrativo. Las intervenciones públicas

al dominio”. Apuntes de clases. Facultad de Derecho,

Universidad de Chile. Pág. 26).

García de Enterría, por su parte, señala que “la

expropiación supone un ataque y una sustracción positiva

de un contenido patrimonial de cuya integridad previa se

parte. La privación es un despojo. Privar de un derecho

supone un sacrificio no exigible, por no existir una

obligación previamente establecida. Por eso no es una

expropiación una ejecución forzosa satisfactiva de una

obligación”. (E. García de Enterría y T. R. Fernández.

Curso de Derecho Administrativo. Tomo II, pág. 220).

Finalmente, en doctrina se distingue el ejercicio de

la potestad expropiatoria, cuya consecuencia es la

expropiación, de la vía de hecho. En esta última hay un

apoderamiento puramente fáctico de bienes privados por la

administración, sin que medie declaración expresa ni

procedimiento expropiatorio alguno.

12 En síntesis, se puede señalar que la expropiación,

por definición, es un acto con caracteres de

unilateralidad por parte de la Administración, es decir,

uno que no viene precedido ni justificado en conducta

alguna del expropiado. Se expropia por utilidad pública o

por el interés general; no como consecuencia de alguna

obligación particular que pesa sobre el administrado, ni

como producto de alguna sanción que se pretenda imponer

al mismo.

DECIMO PRIMERO. Que, en la especie, claramente

no concurren los presupuestos de una expropiación

dispuesta en la forma prescrita por la Constitución, ni

menos concebida como un apoderamiento meramente fáctico

de bienes privados por parte de la Administración.

Al contrario, existe un contrato en cuya virtud una

de las partes se obliga con la otra a pagar por el uso de

un bien, sometiéndose en caso de incumplimiento al pago

de las multas previstas en la ley incorporada a la

convención. La sanción es impuesta por sentencia dentro

de un proceso judicial desarrollado según el

procedimiento previsto por la ley.

En definitiva, opera la garantía general del

patrimonio del deudor a sus obligaciones – usualmente

conocida como derecho de prenda general del acreedor -,

consultada en el artículo 2.465 del Código Civil, que

sujeta el patrimonio del deudor, con ciertas excepciones,

al cumplimiento íntegro, fiel y oportuno de sus

obligaciones.

DECIMO SEGUNDO. Que el artículo 19 Nº 7 g) de

la Constitución Política prohíbe imponer la pena de

confiscación de bienes, procediendo ocuparse de un 13

eventual reproche constitucional en tal sentido – surgido

durante la deliberación del asunto -, atendido el subido

monto de la sanción impuesta a una de las partes en

relación a la tarifa cuyo pago incumplió la misma.

En la discusión habida al respecto en la llamada

Comisión de Estudio de la Nueva Constitución (sesiones

114 y 115), se discurrió sobre la necesidad de prohibir

la imposición de penas infamantes, concluyéndose que la

evolución histórica de la legislación las había superado

en general, salvo en el ámbito patrimonial.

Consecuentemente, se estimó innecesaria una referencia al

carácter infamante de las penas, limitándose a estampar

esta categórica limitación al carácter de las sanciones

pecuniarias.

Confiscación es, según el Diccionario de la Real

Academia de la Lengua Española, “pena o sanción

consistente en la apropiación por el Estado de la

totalidad del patrimonio de un sujeto”. En doctrina, se

la considera como un apoderamiento de los bienes de una

persona –generalmente cuando ellos constituyen una

universalidad-, los que se traspasan desde el dominio

privado al del Estado, sin ley que justifique la

actuación ni proceso en que se ventilen los derechos del

afectado.

DECIMO TERCERO. Que, en la especie la

disminución patrimonial del obligado deriva de una

sentencia dictada en un proceso cuyo procedimiento regula

la ley, no compromete una universalidad de bienes y el

traspaso de éstos se produce desde un dominio privado a

otro.

14 Forzoso es concluir, entonces, que la sanción civil

derivada del precepto en examen no constituye la pena de

confiscación de bienes y, cuando más, incide en el

cumplimiento de una obligación establecida por la ley,

que deriva de la función social de la propiedad, referida

a su utilidad pública.

DECIMO CUARTO. Que la cuestión propuesta,

asimismo, estima vulnerado el artículo 19 Nº 26 de la

Constitución Política, que afirma: “La seguridad de que

los preceptos legales que por mandato de la Constitución

regulen o complementen las garantías que ésta establece o

que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no

podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer

condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre

ejercicio”.

Esta Magistratura ha asentado la doctrina

(sentencias roles Nº 226 y 280, entre otras) de que “para

limitar de forma constitucionalmente admisible un derecho

fundamental sin impedir su libre ejercicio, tales

limitaciones deben, primeramente, encontrarse señaladas

en forma precisa en la Carta Fundamental; en seguida,

debe respetarse el principio de igualdad, esto es, deben

imponerse de manera igual para todos los afectados;

además, deben establecerse con indudable determinación,

tanto en el momento que nacen, como en el que cesan y,

finalmente, deben estar establecidas con parámetros

incuestionables, esto es, razonables y justificados. El

derecho se hace impracticable cuando sus facultades no

pueden ejecutarse. El derecho se dificulta más allá de lo

razonable cuando las limitaciones se convierten en

intolerables para su titular. Finalmente, debe 15

averiguarse si el derecho ha sido despojado de su

necesaria protección o tutela adecuada a fin de que el

derecho no se transforme en una facultad indisponible

para su titular”.

DECIMO QUINTO. Que, si bien a la justicia

constitucional le está vedado calificar el mérito de la

decisión legislativa, el examen de constitucionalidad que

le incumbe le exige determinar la existencia de reglas

suficientemente precisas y específicas en el precepto que

limita el respectivo derecho constitucional, para evitar

excesiva discrecionalidad en su aplicación.

La regulación legal debe ser razonable, no

arbitraria, sirviendo como referencia del juicio de

razonabilidad la concurrencia del principio de

proporcionalidad, determinado por la relación coherente

entre los medios utilizados y los fines legítimos

perseguidos. La extensión de la limitación del derecho

cede frente a la licitud del objeto que se pretende

alcanzar, por razón de bien común.

DECIMO SEXTO. Que el fin lícito de la

limitación establecida en el precepto observado, consiste

en asegurar el adecuado funcionamiento del sistema

concesionado de infraestructura. Así se desprende del

mensaje de la Ley Nº 19.460, en cuanto consigna que

“muchas de estas tarifas y peajes a usuarios pueden

carecer de un valor unitario que justifique su cobro

judicial, pero si llegase a masificarse la práctica del

no pago de las tarifas todo el sistema de concesiones,

con su importante aporte a la solución del déficit de la

infraestructura, se pondría en serias dificultades”.

16 El alto valor de la multa en relación a la magnitud

del incumplimiento –sustento real de la crítica a la

norma- no constituye el parámetro de proporcionalidad en

el caso, por cuanto, como se ha dicho, el mismo se

determina con la adecuación del límite a la finalidad

lícita perseguida. La multa representa un elemento

disuasivo de la generalización de conductas que pongan en

riesgo el régimen de concesiones, afectando el interés

colectivo que su eficaz desenvolvimiento procura.

De lo razonado aparece, pues, que los derechos

constitucionales pertinentes no han sido impedidos en su

ejercicio ni entrabados en grado intolerable.

DECIMO SEPTIMO. Que, sin perjuicio de lo que

precedentemente se expone, es pertinente recordar que el

examen que debe practicarse, en esta sede, versa sobre

los efectos o resultados –contrarios o no a la

Constitución- que el precepto legal produce en la gestión

judicial pertinente.

Para descartar una vulneración del principio de

proporcionalidad en el caso de que se trata, esta

Magistratura no puede desatender la circunstancia de que

la sanción se impone por infracciones reiteradas de

obligaciones legales y que, asimismo, no se han

establecido elementos de los que surja necesariamente una

relación desequilibrada, en el contexto del sistema de

concesiones, entre los valores recaudados por la

concesionaria a título de multas y lo que deja de

percibir por concepto de no pago de tarifa.

DECIMO OCTAVO. Que, por último, el

requerimiento reprocha la trasgresión de la norma

contenida en el artículo 76 de la Constitución, que 17

radica en los tribunales establecidos por la ley la

facultad de conocer de las causas civiles y criminales,

de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado.

El fundamento de la infracción residiría en el

forzamiento al juez por la norma impugnada para fijar una

indemnización sin previa calificación de los perjuicios,

lo que impediría el pleno ejercicio de la jurisdicción.

DECIMO NOVENO. Que el sistema jurídico nacional

consagra fundamentalmente la jurisdicción de derecho,

reservando la invocación de la equidad, en general, a la

aplicación de la regla de la inexcusabilidad –a falta de

ley que resuelva el conflicto-, o a la decisión de las

materias que excepcionalmente determina la ley. En ambos

extremos, la extensión de las potestades de la

jurisdicción –determinadas por la ley-, no implica un

grado de discrecionalidad cierto y previamente estatuido,

que pugnaría con la seguridad o certeza que el derecho

procura asegurar.

Precisado anteriormente que la denominada

indemnización por la ley es esencialmente una pena civil,

impuesta como sanción del incumplimiento de una

obligación, no se advierten restricciones al ejercicio de

la jurisdicción en su fase de conocimiento, determinada

exclusivamente por la calificación de los supuestos de la

norma: existencia de la obligación y su incumplimiento.

La verificación del daño es ajena a la figura legal, en

este caso, y la resolución del asunto no la comprende.

Tampoco el tribunal está impedido de ponderar la

prueba, cuya producción está expresamente regulada en el

inciso segundo del artículo 42 de la Ley de Concesiones,

que dispone: “en el juzgamiento de estas infracciones 18

constituirán medios de prueba fotografías, videos y

cualquier otro medio técnico que el Ministerio de Obras

Públicas hubiere autorizado”.

En definitiva, el juez de la causa está en

condiciones de apreciar las pruebas, establecer la

concurrencia de los presupuestos de la acción y

exteriorizar, finalmente, su raciocinio en la

decisión formalizada en la sentencia. El ejercicio de

la jurisdicción no se ve, pues, impedido ni

limitado.

VIGÉSIMO. Que, por las motivaciones expuestas

precedentemente, no se hará lugar al requerimiento

interpuesto.

Y VISTOS lo dispuesto en los artículos 19 Nºs.

24 y 26, 76 y 93 de la Constitución Política de la

República y en la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional

del Tribunal Constitucional,

Se decide que la aplicación, en la gestión en que

incide este pronunciamiento, del precepto contenido en el

inciso primero del artículo 42 del D.F.L. Nº 164, de

1991, Ley de Concesiones, no resulta contraria a la

Constitución. Se deja sin efecto la suspensión

decretada.

Se previene que el Ministro señor Enrique

Navarro Beltrán, concurre al fallo y tiene especialmente

presente las siguientes motivaciones:

PRIMERO: Que para que sea procedente la acción

de inaplicabilidad es menester en primer lugar que

exista una gestión pendiente ante otro tribunal

ordinario o especial, lo que en este caso se da como

consecuencia de la tramitación del recurso de 19

apelación dirigido en contra de la sentencia dictada

por el Juzgado de Policía Local de Quilicura, ingresado

a la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Nº 2097-

2006.

SEGUNDO: Que, en segundo lugar, es necesario

que la petición de inaplicabilidad sea formulada por

alguna de las partes del juicio o por el juez,

situación esta última que ha motivado estos autos, tal

como consta en resolución motivada de fecha 19 de julio

de 2006.

TERCERO: Que, debe también invocarse un

precepto legal determinado, en la especie el

artículo 42, inciso 1º, del DFL 164, de 1991,

correspondiente a la Ley de Concesiones, modificado por

la ley 19.460. Este previniente tiene especialmente en

consideración que a esta Magistratura ya le

correspondió pronunciarse específicamente sobre el

carácter de ley orgánica constitucional del referido

precepto como igualmente su sujeción a la

Constitución Política de la República, tal como consta

en los autos rol Nº 236, de fecha 11 de junio de

1996.

CUARTO: Que, en cuarto lugar, debe fundarse la

contravención de la norma legal con la Carta Fundamental,

que en esta sede se formula en relación a los artículos

19 Nº 24 y 26 y 76.

QUINTO: Que adicionalmente es menester que la

aplicación del precepto legal resulte decisiva en la

decisión de un asunto, lo que en este caso

resulta evidente dado que se trata de la norma que 20

servirá de fundamento para la aplicación de la respectiva

sanción.

SEXTO: Que, como señala el artículo 93 Nº 6 de

la Constitución Política de la República de lo que se

trata en esta sede jurisdiccional es resolver la

inaplicabilidad de un precepto legal “cuya aplicación en

cualquier gestión que se siga ante un tribunal

ordinario o especial, resulte contraria a la

Constitución”. En otras palabras, como se ha encargado de

señalar esta Magistratura “en sede de inaplicabilidad, el

Tribunal está llamado a determinar si la aplicación del

precepto en la gestión específica resulta contraria a la

Constitución. Lo que el Tribunal debe practicar es un

examen concreto de si el precepto legal, invocado en una

gestión judicial pendiente y correctamente interpretado

producirá efectos o resultados contrarios a la

Constitución” (sentencia de 27 de julio de 2006, Rol 480,

considerando 27º).

SEPTIMO: Que el previniente estima, a mayor

abundamiento, que en el caso de autos no ha existido una

aplicación que resulte contraria a la Constitución

Política de la República, habida consideración de las

innumerables y reiteradas infracciones e incumplimientos

imputados a la demandada -y expresamente reconocidas- por

no pago de peaje y que motivaron la querella

infraccional y demanda, lo que además queda de

manifiesto en la circunstancia que el apoderado de la

demandada ni siquiera haya concurrido a alegar en

estrados ni hacer valer observaciones algunas por

escrito en el presente incidente de inaplicabilidad por 21

inconstitucionalidad.

Redactó la sentencia el Ministro señor Hernán Vodanovic

Schnake y la prevención su autor.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol Nº 541-2006.-

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente don José Luis Cea Egaña y los Ministros señores, Juan Colombo Campbell, Raúl Bertelsen Repetto, Hernán Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza, Jorge Correa Sutil, Marcelo Venegas Palacios, señora Marisol Peña Torres, Enrique Navarro Beltrán y Francisco Fernández Fredes. Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, don Rafael Larrain Cruz.