Requerimiento de inaplicabilidad deducido por inversiones errazuriz ltda. respecto de los articulos 250 del Codigo de Procedimiento Civil y 215, 217, 218 inciso 2º, 219 y 221 inciso 1º del Codigo de Tribunales

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD DEDUCIDO POR INVERSIONES ERRAZURIZ LTDA. RESPECTO DE LOS ARTICULOS 250 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y 215, 217, 218 INCISO 2º, 219 Y 221 INCISO 1º DEL CODIGO DE TRIBUNALES.

Santiago, a cuatro de julio de dos mil seis.

VISTOS:

1º. Con fecha 13 de abril de 2006 INVERSIONES

ERRAZURIZ LIMITADA solicita se declare inaplicable, en la

causa caratulada “nombre reservado and Trust Company

con Inversiones Errázuriz Limitada y otros”, Exequátur,

Rol Nº 2349-2005, de la Corte Suprema, los siguientes

preceptos legales por estimarlos inconstitucionales:

a) el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil; y

b) los artículos 215, 217, 218 inciso segundo, 219 y 221

inciso primero, todos del Código Orgánico de

Tribunales.

2º. En primer lugar, se solicita la

declaración de inaplicabilidad del artículo 250 del

Código de Procedimiento Civil, conforme al cual el

tribunal, si lo estima necesario, está facultado para

abrir un término de prueba antes de resolver, en la forma

y por el tiempo que establece el Código en materia de

incidentes. Dicho precepto legal, en opinión de la

requirente, contravendría el artículo 19 Nº 3 inciso

quinto de la Constitución Política de la República, que

establece la garantía del debido proceso, entre cuyos

principios formativos se encontraría el de la libre

aportación de la prueba, situación que no estaría

prevista en el referido precepto legal que se impugna.

Adicionalmente, estima, se infringiría el derecho

esencial a la defensa jurídica que reconoce y resguarda el inciso segundo del artículo 19 Nº 3 de la Constitución

Política de la República. Por último, consigna la

requirente, el referido artículo 250 del Código de

Procedimiento Civil vulneraría el artículo 5º inciso

segundo de la Constitución Política de la República, que

impone a los órganos del Estado el deber de respetar y

promover no sólo los derechos garantizados por la

Constitución Política sino también por los Tratados

Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren

vigentes, citando al efecto el artículo 8 del Pacto de

San nombre reservado Rica, que reconocería el derecho de la

defensa de interrogar a los testigos presentes en el

tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o

peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre

los hechos; garantías mínimas del debido proceso,

concluye, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos

ha indicado que no sólo se aplican en materia penal sino

que también en el ámbito civil, laboral o fiscal. En su

presentación afirma que el “derecho a la prueba”, como lo

habría expresado la doctrina, se traduciría en aquel que

le asiste a las partes para producir toda la prueba

relevante que esté en su posesión, obtener aquella que

esté en posesión de otras partes o de terceros y, por

último, que toda esa prueba sea debidamente considerada

por el tribunal, acreditándose así las aseveraciones

fácticas que sirven de base a las diversas pretensiones y

defensas de los actores de un juicio.

3º. El segundo reproche de

inconstitucionalidad se dirige en contra de los artículos

215, 217, 218 inciso segundo, 219 y 221 inciso primero

del Código Orgánico de Tribunales, que contemplan la institución de los abogados integrantes, específicamente,

de la Corte Suprema. En este contexto, el artículo 215 se

refiere a la falta o inhabilidad en los tribunales

superiores de algunos de sus miembros; el artículo 217

indica que en tal evento procede a llamar a integrar a

los abogados que se designen anualmente con este objeto,

en el orden que allí se señala; y el artículo 218 inciso

segundo, por su parte, prescribe que la Corte Suprema no

podrá funcionar con mayoría de abogados integrantes,

tanto en su funcionamiento ordinario como extraordinario.

A su vez, el artículo 219 establece que para tales

efectos, el Presidente de la República designará 12

abogados para la Corte Suprema, por un período de 3 años;

y, por último, el artículo 221 preceptúa que los abogados

integrantes percibirán una remuneración mensual

equivalente a una treintava parte de la remuneración

mensual asignada al cargo de los ministros del respectivo

tribunal por cada audiencia que concurran.

4º. Los referidos preceptos legales

contravendrían en opinión de la requirente diversas

normas constitucionales, entre las cuales cita el

artículo 78 inciso segundo, conforme al cual la Corte Suprema se compondría sólo de 21 Ministros, no

contemplando a los abogados integrantes. Del mismo modo,

invoca, la infracción al artículo 77 de la Carta

Fundamental, conforme al cual una ley orgánica

constitucional determinará la organización y atribuciones

de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y

cumplida administración de justicia, limitando -señala-

únicamente la integración de los tribunales a ministros y

jueces letrados, no refiriéndose a los abogados integrantes, quienes ni siquiera serían susceptibles de

ser acusados constitucionalmente. Por último, concluye la

requirente, al integrar estos abogados el tribunal

superior, lo transformaría en una comisión especial de

aquellas que se encuentran prohibidas por el artículo 19

Nº 3 inciso cuarto de la Constitución Política de la

República.

5º. Como consecuencia de todo lo señalado, se

solicita la declaración de inaplicabilidad en la gestión

judicial referida de los siguientes preceptos legales:

a) El artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, por

infringir lo dispuesto en los artículos 5 inciso segundo

y 19 Nº 3 incisos segundo y quinto de la Constitución

Política de la República; y

b) Los artículos 215, 217, 218 inciso segundo, 219 y 221

inciso primero, del Código Orgánico de Tribunales, por

infringir lo establecido en los artículos 76 inciso

primero, 77 inciso primero, 78 incisos segundo y tercero

y 19 Nº 3 inciso cuarto, todos de la Constitución

Política de la República.

6º. Con fecha 20 de abril de 2006, el

requerimiento fue declarado admisible, y el 10 de mayo,

el nombre reservado AND TRUST COMPANY, respondiendo,

solicita el rechazo del requerimiento de inaplicabilidad

haciendo presente diversas observaciones.

En primer lugar, se sostiene, que los recurrentes

dedujeron el recurso de inaplicabilidad ante la negativa

de la Corte Suprema de abrir término probatorio en la

causa de exequátur, rol Nº 2349-2005, caratulado “nombre reservado con Inversiones Errázuriz y otras”. En otras

palabras, afirma, se le estaría pidiendo al Tribunal Constitucional que revise una decisión de la Corte Suprema, convirtiéndolo en una suerte de tribunal de

apelación de las decisiones de aquélla, desnaturalizando

así el recurso de inaplicabilidad.

Agrega que, de acuerdo al principio de deferencia

razonada o presunción de constitucionalidad de la ley, el

Tribunal Constitucional debe tratar de compatibilizar la

norma constitucional con la norma legal impugnada, si

ello es posible. En este caso, la interpretación no

conflictuada de las normas debe preferirse a la sostenida

por los recurrentes. Del mismo modo, consigna, debe

tenerse presente que el Tribunal Constitucional en cuanto

fiel protector de la Constitución debe respetar los

equilibrios institucionales consagrados en la Carta

Fundamental.

7º. En relación a la impugnación del artículo

250 del Código de Procedimiento Civil, se detiene la

recurrida en analizar desde un punto de vista doctrinario

y jurisprudencial, la naturaleza jurídica del

procedimiento de exequátur. Del mismo modo se consignan

ciertos hechos referidos a las motivaciones que habría

tenido la Corte para rechazar la apertura de un término

probatorio, de conformidad con el artículo 250 del Código

de Procedimiento Civil.

8º. Por otra parte, se afirma que el artículo

250 del Código de Procedimiento Civil no es una norma de

derecho sustantivo que vaya a servir para solucionar el

asunto litigioso. Por el contrario, señala, se refiere

sólo a una norma de carácter adjetivo o procesal. A mayor

abundamiento, expresa, que el recurso de inaplicabilidad

está diseñado para impedir la aplicación de un precepto legal al caso en cuestión y no para corregir la

aplicación pasada de una norma por parte de un tribunal

competente.

9º. Adicionalmente, plantea que la requirente

efectúa una interpretación errónea del artículo 250 del

Código de Procedimiento Civil, habida consideración a que

de acuerdo a dicha disposición y a las demás que regulan

este tipo de materias, los términos probatorios sólo se

abren si existe necesidad de los mismos, esto es, si

existen hechos o puntos sustanciales, pertinentes y

controvertidos. Así las cosas, puntualiza, el referido

precepto legal no podría ser estimado “per se”

inconstitucional y su correcta aplicación no se

encontraría protegida por el recurso de

inaplicabilidad.

10º. En cuanto a los antecedentes del artículo

19 Nº 3 se enfatiza por el recurrido que la Comisión de

Estudio de la Nueva Constitución omitió intencionalmente

una enumeración de las garantías que supone el debido

proceso, dada la naturaleza esencialmente flexible de

dicho proceso; lo que también ha sido destacada por

ciertos autores nacionales que cita al efecto. De este

modo, concluye, que el concepto de debido proceso depende

del contexto en que se lo intente aplicar, de forma que

la naturaleza y fines del procedimiento de exequátur

hacen que la apertura de un término probatorio sea

excepcional.

11º. Respecto de los abogados integrantes,

responde afirmando que los preceptos legales que la

regulan y que están contenidos en los artículos 215, 217,

218 inciso segundo, 219 y 221 inciso primero del Código Orgánico de Tribunales no resultan incompatibles con el

artículo 78 de la Constitución Política de la República,

dado que esta regla debe ser contextualizada con las

demás normas relativas al Poder Judicial, en particular

con el artículo 76 de la Carta Fundamental, conforme al

cual las funciones jurisdiccionales están radicadas en

los tribunales establecidos por la ley, entre las cuales

precisamente se encuentran las normas de integración

contenidas en el Código Orgánico de Tribunales. Hace

presente la recurrida que los referidos abogados sólo

integran brevemente y, para ciertas funciones, la Corte Suprema.

12º. Adicionalmente, se consigna, el artículo

77 de la Constitución Política al determinar que es

materia de ley orgánica constitucional la relativa a la

organización y atribuciones de los tribunales que fueren

necesarios para la pronta y cumplida administración de

justicia, precisamente faculta al establecimiento de

estos abogados integrantes de modo que sin los mismos no

podría garantizarse una administración de justicia pronta

y cumplida. Así las cosas, se afirma, mal podría

calificarse que la conformación de las salas con

asistencia de abogados integrantes pudiera ser calificada

como una comisión especial, dado que se encuentra

establecida precisamente por el legislador, presentando

las características de permanencia y antelación,

otorgando posibilidades de impugnación y recusación de

los mismos.

13º. Por último, las normas sobre abogados

integrantes al tener rango de ley orgánica constitucional

han sido objeto de control preventivo por parte del Tribunal Constitucional, no habiendo sido declaradas como

contrarias a la Constitución Política de la República,

como consta de los fallos roles números 6, 25 y 351; a lo

que debe agregarse, concluye, que el propio Tribunal

Constitucional también contempla dicha institución,

incluso hasta la presente fecha.

14º. Se trajeron los autos en relación

escuchando las alegaciones de los abogados de las dos

partes, con fecha seis de junio de dos mil seis.

CONSIDERANDO:

I INAPLICABILIDAD DE PRECEPTOS LEGALES

PRIMERO: Que el artículo 93 Nº 6 de la

Constitución Política de la República dispone que es

atribución del Tribunal Constitucional “resolver, por la

mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad

de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión

que se siga ante un tribunal ordinario o especial,

resulte contraria a la Constitución”;

SEGUNDO: Que la misma norma constitucional

expresa en su inciso décimo primero que, en este caso,

“la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las

partes o por el juez que conoce del asunto” y agrega que

“corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal

declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la

cuestión siempre que verifique la existencia de una

gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial,

que la aplicación del precepto legal impugnado pueda

resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la

impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los

demás requisitos que establezca la ley”;

TERCERO: Que de este modo, para que sea

declarada admisible la acción de inaplicabilidad es

necesario que concurran los siguientes requisitos: a) que

se indique la existencia de una gestión pendiente ante

un tribunal ordinario o especial; b) que la aplicación

del precepto legal en cuestión pueda resultar decisivo en

la resolución de un asunto; c) que la impugnación esté

fundada razonablemente; y d) que se cumplan los demás

requisitos legales;

CUARTO: Que como se ha señalado en la

parte expositiva, en el caso de autos se solicita la

inaplicabilidad en la gestión judicial de exequátur que

se sigue ante la Corte Suprema de los siguientes

preceptos legales:

a) Del artículo 250 del Código de Procedimiento Civil,

que regula el término probatorio en el exequátur, por

estimar la requirente que infringiría lo dispuesto en los

artículos 5 inciso segundo y 19 Nº 3 incisos segundo y

quinto de la Constitución Política de la República, que

consagra la garantía del debido proceso; y

b) De los artículos 215, 217, 218 inciso segundo, 219 y

221 inciso primero, del Código Orgánico de Tribunales,

que reglamentan la institución de los abogados

integrantes de la Corte Suprema, por considerar la

solicitante que contravendría lo establecido en los

artículos 76 inciso primero, 77 inciso primero, 78

incisos segundo y tercero y 19 Nº 3 inciso cuarto, todos

de la Constitución Política de la República.

II. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 250 DEL CODIGO DE

PROCEDIMIENTO CIVIL, REFERIDO A LA APERTURA DEL TERMINO

PROBATORIO QUINTO: Que el artículo 250 del Código de

Procedimiento Civil, ubicado en el título XIX del Libro

I, correspondiente a la ejecución de las resoluciones

pronunciadas por tribunal extranjero, señala que “si el

Tribunal lo estima necesario, podrá abrir un término de

prueba antes de resolver, en la forma y por el tiempo que

este Código establece para los incidentes”;

SEXTO: Que las normas constitucionales que se

estiman infringidas por la requirente son los artículos 5

inciso segundo y 19 Nº 3 incisos segundo y quinto de la

misma. El artículo 5 inciso segundo indica que “el

ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el

respeto a los derechos esenciales que emanan de la

naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado

respetar y promover tales derechos, garantizados por esta

Constitución, así como por los tratados internacionales

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Por

su parte, el artículo 19 Nº 3 en su inciso segundo ordena

que “Toda persona tiene derecho a defensa en la forma que

la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá

impedir, restringir o perturbar la debida intervención

del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los

integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad

Pública, este derecho se regirá, en lo concerniente a lo

administrativo y disciplinario, por las normas

pertinentes de sus respectivos estatutos”. Por su lado,

el inciso quinto del mismo artículo 19 Nº 3 señala que

“toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe

fundarse en un proceso previo legalmente tramitado.

Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación

racionales y justos”;

SEPTIMO: Que del tenor del requerimiento se

desprende que el principal reproche de

inconstitucionalidad se dirige respecto del inciso quinto

del artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la

República. Ahora bien, para analizar el sentido y alcance

de la referida disposición constitucional resulta

necesario transcribir parte de la discusión que se

produjo al interior de la Comisión de Estudio de la Nueva

Constitución. En tal sentido, cabe recordar que en la

sesión Nº 101, de 9 de enero de 1975, expuso

especialmente sobre la materia el profesor nombre reservado

P., quien se explayó sobre los elementos que conforman lo

que en la tradición anglosajona se ha denominado “due

process of law”, esto es, el debido proceso legal, y que

se remonta desde tiempos de la Carta Magna. Así señaló

textualmente el académico: “¿Cuáles son estos principios

que vienen desde tiempos inmemoriales? (…) primero,

noticia al demandado del procedimiento que lo afecta. Es

decir, lo que en Chile se denomina notificación.

Enseguida, razonable plazo para comparecer y exponer sus

derechos por sí o por testigos. A continuación,

presentación de éstos y de cuantos medios de prueba

disponen en apoyo de su defensa. O sea, lo que en nuestro

país se llama emplazamiento. Para aquellos es importante

sobre todo la posibilidad de aportar la prueba, y que el

tribunal la reciba en forma legal. Pero esto debe ser

racional. Lo que importa a los americanos principalmente

es fijar principios racionales, que se dé noticia en

forma racional (...) En seguida, un tribunal constituido de tal manera que se de una seguridad razonable de

honestidad e imparcialidad (...) Después tribunales con

jurisdicción, competencia adecuada (...)”. Por su parte,

en la sesión 103ª, celebrada el 16 de enero de 1975, el

profesor nombre reservado cuestionó la redacción flexible o

abierta de la norma en comento, señalando al efecto que,

“Le parece más lógico que en lugar de hacer una simple

mención, como garantía del proceso, a la racionalidad y a

la justicia, que son términos precisamente susceptibles

de ser manejados con diversos criterios, se definiera la

descripción de qué se entiende sustancialmente por

proceso racional o justo”. Como consecuencia de lo

anterior procuró “sintetizar lo que significa un proceso

que sea respetable en el orden humano, y le pareció que

ello no se satisface sólo con las menciones doctrinarias

de la racionalidad y la justicia, sino que es un proceso

en el cual se le permita oportunamente a la persona

afectada conocer la acción y reaccionar frente a ella

realizando la defensa y produciendo la prueba”. Ante lo

expresado por el señor nombre reservado, el Señor nombre reservado

argumentó que, “le parece bastante delicado que la

Constitución entre a señalar, como exigencia para el

juzgamiento -porque así se interpretará-, el oportuno

conocimiento de la acción, la adecuada defensa y, aun, la

producción de la prueba”. Sobre este último aspecto

precisó que “la producción de la prueba es, también, un

hecho relativo, porque no siempre la hay dentro de un

proceso”. En tanto, el señor nombre reservado manifestó que “es muy

difícil señalar en el texto constitucional cuáles son las

garantías reales de un debido proceso, porque es un

convencido de que ellas dependen de la naturaleza del procedimiento y de todo el contenido de los mecanismos de

notificación, defensa, producción, examen y objeción de

la prueba y los recursos dependen, en gran medida, de la

índole del proceso, del asunto de que se trata, e

insiste, de la naturaleza del procedimiento que para este

último haya establecido la ley”. Más adelante, en la

misma sesión, el señor nombre reservado expresa que “de la historia

de las palabras ‘racional y justo’ se desprende ya una

conclusión: que la Comisión Constituyente estima que el

procedimiento no es racional ni es justo si no se

establece entre otras cosas, y sin que ello constituya

una limitación, el oportuno conocimiento de la acción por

parte del demandado; una defensa racional y adecuada, y

la posibilidad de producir las pruebas cuando sea

conducente, porque puede haber un proceso de derecho

puro, donde no haya ninguna prueba que rendir”.

Concluyendo sobre el punto que “Evidentemente que una de

las ramas en las cuales se debe progresar en este país,

es en el procedimiento judicial, lo que permitirá,

además, a los tribunales ir enriqueciendo el concepto de

racional y justo a través de la jurisprudencia”. Sin

embargo, en relación al contenido específico de la

garantía, el señor nombre reservado planteó su preferencia por “los

conceptos genéricos de ‘racional y justo’ encargándole y

obligándole al legislador a establecer siempre

procedimientos que den garantía de racionalidad y

justicia, que el de establecer normas demasiado

precisas”. A su turno, el señor nombre reservado

contrargumentó señalando que, “se podría llegar a un

acuerdo si se dispone que la sentencia debe fundarse en

un procedimiento previo, racional y justo, señalado en la ley, que permita, por lo menos oportuno conocimiento de

la acción, adecuada defensa y producción de la prueba”.

Finalmente, como consecuencia del debate, el señor

nombre reservado “declara aprobada la indicación del señor nombre reservado,

con la reserva del señor nombre reservado en el sentido de

que es partidario de expresar como requisitos del debido

proceso los elementos que ha señalado en el curso del

debate”, ante lo cual el señor nombre reservado “propone que junto

con la aprobación de texto que ha tenido la mayoría,

quede constancia en actas, a título meramente ejemplar, y

sin que ello constituya limitación de ninguna especie, de

que son garantías de un racional y justo proceso las

señaladas en el curso del debate”.

De lo dicho se desprende, en primer lugar, que se

estimó conveniente otorgar un mandato al legislador para

establecer siempre las garantías de un proceso racional y

justo, en lugar de señalar con precisión en el propio

texto constitucional cuáles serían los presupuestos

mínimos del debido proceso, sin perjuicio de dejar

constancia que algunos de dichos elementos decían

relación con el oportuno conocimiento de la acción y

debido emplazamiento, bilateralidad de la audiencia,

aportación de pruebas pertinentes y derecho a impugnar lo

resuelto por un tribunal, imparcial e idóneo y

establecido con anterioridad por el legislador;

OCTAVO: Que de este modo, como se ha encargado

de señalar este Tribunal, “lo que la disposición

prescribe es que una vez establecido por el legislador

un proceso legal éste debe cumplir además con las

cualidades de racional y justo” (Rol Nº 198, 4 de enero

de 1995).

Precisamente respecto del alcance de esta

disposición, la Corte Suprema ha señalado que “según

nuestro léxico, el vocablo ‘racional’ significa

‘arreglado a la razón’ y ‘razón’ equivale a ‘justicia’, a

su vez ‘justo’ significa ‘que obra según justicia y

razón’, y ‘justicia’ es ‘derecho, razón, equidad’. Estos

conceptos son, ciertamente, muy genéricos y se prestan

para entenderlos con variado criterio. No obstante, la

comisión constituyente que elaboró la norma prefirió

referirse al ‘racional y justo procedimiento’ en vez de

enumerar cuáles son las garantías reales del debido

proceso, obviando así la dificultad de tipificar

específicamente los elementos que lo componen y el riesgo

de omitir algunos. Con todo, acordó dejar constancia en

actas, para la historia fidedigna del establecimiento de

la disposición, que sus miembros coincidían en que eran

garantías mínimas de un racional y justo proceso permitir

oportuno conocimiento de la acción, adecuada defensa y

producción de la prueba que correspondiere” (13 de abril

de 1984, Gaceta Jurídica 46, 1984, página 58);

NOVENO: Que la doctrina nacional también se ha

referido al sentido y alcance de la disposición. Así,

nombre reservado ha señalado como elementos de un “racional

y justo procedimiento”, entre otros: “notificación y

audiencia del afectado, pudiendo procederse en su

rebeldía si no comparece una vez notificado; presentación

de las pruebas, recepción de ellas y su examen; sentencia

dictada en un plazo razonable; y posibilidad de revisión

de lo fallado por una instancia superior igualmente

imparcial y objetiva” (nombre reservado, Los

Derechos Constitucionales, Tomo II, tercera edición, 2004, p. 144). En palabras de Verdugo, “como estos

conceptos son, ciertamente, muy genéricos y se prestan

para entenderlo con variado criterio, la Comisión de

Estudio que elaboró la norma prefirió referirse al

‘racional y justo procedimiento’ en vez de enumerar

cuáles son las garantías reales del debido proceso,

obviando así la dificultad de tipificar específicamente

los elementos que lo componen y el riesgo de omitir

algunos. Con todo acordó dejar constancia en actas, para

la historia fidedigna de la disposición, que sus miembros

coincidían en que eran garantías mínimas de un racional y

justo proceso permitir oportuno conocimiento de la

acción, adecuada defensa y producción de la prueba que

correspondiere” (nombre reservado. y otros, Derecho

Constitucional, Tomo I, 1994, p. 217). Del mismo modo,

tratadistas extranjeros han señalado que “el derecho al

‘debido proceso legal’ (due process of law) que en último

término, significa el derecho de toda persona a un

proceso justo y equitativo, derecho que encierra dentro

de sí un amplio conjunto de garantías que se traducen en

otros tantos derechos del justiciable que, en esencia,

son los siguientes: 1. El derecho a un juez imparcial; 2.

El derecho a ser informado de la acusación formulada; 3.

El derecho a la defensa y asistencia del Letrado; 4. El

derecho a un proceso público; 5. El derecho a un proceso

sin dilaciones indebidas; 6. El derecho a utilizar los

medios de prueba pertinentes para su defensa; y 7. El

derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse

culpable”. (nombre reservado, El Derecho a la

Jurisdicción y las Garantías del Debido Proceso en el

Ordenamiento Constitucional Español, en Revista Ius et Praxis Nº 5, Editorial Universidad de Talca, 1999, página

90);

DECIMO: Que, por otra parte, existe

jurisprudencia uniforme en cuanto al alcance de la

procedencia de la prueba, en tanto sea precisamente

pertinente. Así, en materia penal, la Corte Suprema ha

señalado que “en torno a los aspectos que abarca el

derecho del debido proceso, no hay discrepancias en

aceptar que a lo menos lo constituyen el derecho de ser

oído, de presentar pruebas para demostrar las

pretensiones de los intervinientes y de recurrir contra

toda sentencia que estime agraviante a sus derechos. De

esta manera, el derecho de probar los aspectos de hecho

de las cuestiones en discusión es consustancial a la

racionalidad y justicia de todo procedimiento y, por

consiguiente, nadie puede arbitraria o ilegalmente privar

a uno de los litigantes de la facultad de presentar y

obtener la posibilidad de demostrar sus pretensiones. En

el proceso penal resulta evidente que el derecho a la

prueba le asiste a toda parte en esa controversia, a

menos que se declare su impertinencia por causa legal”.

(Corte Suprema, autos Rol Nº 3.666-05, de 14 de

septiembre de 2005). Reiterando dicha doctrina el mismo

tribunal ha expresado que “respecto de la exigencia de

carácter legislativo, conviene tener presente que la

Comisión Constituyente acordó dejar constancia en actas,

para la historia fidedigna de la disposición, que sus

miembros coincidían en que eran garantías mínimas de un

racional y justo proceso, permitir el oportuno

conocimiento de la acción, adecuada defensa y producción

de la prueba que correspondiere. Conforme a la doctrina nacional, el derecho a un proceso previo, legalmente

tramitado, racional y justo, que la Constitución Política

de la República asegura a todas las personas, debe

contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los

actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el

oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el

emplazamiento, adecuada asesoría y defensa con abogados,

la producción libre de pruebas conforme a la ley, el

examen y objeción de la evidencia rendida, la

bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer

recursos para revisar las sentencias dictadas por

tribunales inferiores, el pronunciamiento de los fallos

dentro de los plazos legales previstos y la

fundamentación de ellos en el régimen jurídico vigente o,

en su defecto, en los principios generales del derecho y

equidad natural” (Corte Suprema, autos Rol Nº 3.643-00,

de 5 de diciembre de 2001);

DECIMO PRIMERO: Que como ha señalado la

doctrina de los ius publicistas, al analizar el derecho a

utilizar los medios de prueba pertinente para su defensa,

“no estamos ante un derecho que faculte para exigir la

admisión judicial de cualesquiera pruebas que las partes

puedan proponer, sino tan sólo para la recepción y

práctica de las que sean pertinentes, correspondiendo el

juicio sobre la ‘pertenencia’ de las pruebas al juzgador

ordinario (STC 40/1986, de 1 de abril). Quiere ello

decirnos que el derecho a las pruebas no es, en ningún

caso, un derecho a llevar a cabo una actividad probatoria

ilimitada. De este modo, se puede llegar a la conclusión

de que el derecho que nos ocupa consiste en que las

pruebas pertinentes propuestas sean admitidas y practicadas por el Juez o Tribunal, lo que no implica la

pérdida de la potestad judicial no sólo para declarar la

impertinencia de la prueba, sino para valorarla

críticamente” (nombre reservado, El sistema

constitucional español, página 291). Así las cosas, puede

afirmarse, que “no existe, pues, un derecho incondicional

a que se practique toda prueba que sea solicitada: lo que

existe es un derecho a que se practiquen las pruebas

pertinentes, complementado con otro a que la decisión

judicial que deniegue, por impertinente, la prueba

solicitada sea motivada y razonable” (nombre reservado

nombre reservado y otros. Derecho Constitucional, El ordenamiento

constitucional, Derechos y deberes de los ciudadanos,

página 346). Precisamente en concordancia con lo anterior

se ha sostenido que “no es inconstitucional el rechazo de

pruebas ineficaces o no conducentes” (nombre reservado

nombre reservado, Derecho Constitucional, página 459). En otras

palabras, “La o las pruebas que las partes en el proceso

tienen derecho a proponer y a que se practiquen son las

pruebas ‘pertinentes’. Se pueden proponer todas las

pruebas que se quiera, pero el derecho se extiende única

y exclusivamente a las pertinentes, siendo preciso, en

consecuencia, un juicio de pertinencia para decidir qué

prueba en singular o qué pruebas en plural han sido

legítimamente propuestas y deben ser practicadas y qué

pruebas han sido propuestas de manera impertinente cuya

práctica debe ser rechazada”. De este modo, “el juicio de

pertinencia le corresponde al órgano judicial, que

dispone para ello de ‘un amplio poder de valoración’ (STC

51/1985, FJ 9.) y de una ‘libertad razonable’, pues el

derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes ‘no obliga a que todo juez deba admitir todos los medios de

prueba que cada parte entienda pertinentes a su defensa,

sino los que el juzgador valore libre y razonablemente

como tales’ (STC 36/1983, FJ 3.1). Libertad

razonablemente motivada es, pues, el canon mensurador del

juicio de pertinencia. (…) El justiciable no tiene

derecho, pues, a la práctica de la prueba. Tiene derecho

a proponer y a que sobre la prueba propuesta se pronuncie

el órgano judicial bien admitiéndola, bien rechazándola

de manera motivada” (nombre reservado, Curso de Derecho

Constitucional, páginas 509 y 510);

DECIMO SEGUNDO: Que de todo lo señalado puede

concluirse que la aplicación en la gestión pendiente, en

la que recae la solicitud de autos, de la disposición

contenida en el artículo 250 del Código de Procedimiento

Civil, que establece que en el procedimiento de exequátur

el tribunal -si lo estima necesario- puede abrir un

término probatorio, guarda perfecta armonía con el

artículo 19 Nº 3 inciso quinto de la Constitución

Política de la República, desde el momento que el

referido precepto legal establece garantías de un

procedimiento y una investigación racionales y justos. En

efecto, en el marco del procedimiento de exequátur, el

tribunal estará siempre facultado para abrir un término

de prueba, en los términos y forma que establece el

Código de Procedimiento Civil para los incidentes. El

juez, de este modo, se pronunciará sobre la petición de

apertura de un término probatorio formulado por una de

las partes, en tanto existan hechos o puntos

sustanciales, pertinentes y controvertidos y tomando

necesariamente en consideración la naturaleza específica de los hechos y de la acción impetrada, de modo que la

referida disposición legal cumple el mandato

constitucional de garantizar un procedimiento y una

investigación racional y justa;

DECIMO TERCERO: Que necesariamente como

consecuencia de lo anterior la aplicación en la aludida

gestión de la referida norma legal tampoco contraviene el

inciso segundo del artículo 19 Nº 3 de la Constitución

Política de la República, que consagra “el derecho a la

defensa jurídica en la forma que la ley señale” y el que

“ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir

o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere

sido requerida”. De lo ya señalado puede comprobarse que

en modo alguno la norma legal cuestionada por la

requirente puede significar la imposibilidad de defensa o

la circunstancia que se afecte la adecuada intervención

del letrado. Este último siempre podrá hacer valer sus

alegaciones ante el tribunal que conoce específicamente

de la disputa y, en su caso, ante el superior jerárquico.

Sin embargo, no cabe utilizar la vía de la

inaplicabilidad como un medio que persiga enmendar lo ya

resuelto por un tribunal en un caso concreto y que se ha

materializado a través de una resolución judicial que ha

dado aplicación a un precepto legal que se enmarca en la

normativa constitucional;

DECIMO CUARTO: Que, del mismo modo, corolario

de lo reflexionado en los considerandos precedentes, es

que la aplicación del artículo 250 del Código de

Procedimiento Civil en la gestión de exequátur en la que

recae la solicitud de autos, no resulta contraria a lo

establecido en el inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental, toda vez que los requirentes hacen

residir este reproche precisamente como una consecuencia

de su pretendida contradicción con la garantía del debido

proceso. En tal sentido, cabe tener presente que el

artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos señala que “toda persona tiene derecho, en

condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y

con justicia por un tribunal independiente e imparcial,

para la determinación de sus derechos y obligaciones o

para el examen de cualquier acusación contra ella en

materia penal”. Por su lado, el Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos, publicado en el Diario

Oficial el 29 de abril de 1989, reconoce en su artículo

14 a toda persona el “derecho a ser oída públicamente y

con las debidas garantías por un Tribunal competente,

independiente e imparcial, establecido por la Ley, en la

substanciación de cualquier acusación de carácter penal

formulada contra ella o para la determinación de sus

derechos u obligaciones de carácter civil. Entre las

garantías que se otorga a todo acusado de un delito,

menciona este pacto el “disponer de tiempo y de los

medios adecuados para la preparación de su defensa” y el

“interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y

a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y

que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que

los testigos de cargo”. A lo que debe agregarse, la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, publicada en

el Diario Oficial de 5 de enero de 1991, que en su

artículo 8 también cautela el “derecho a ser oído, con

las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por

un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la

sustanciación de cualquier acusación penal formulada

contra ella, o para la determinación de sus derechos y

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de

cualquier otro carácter. En tal sentido, se reconoce el

“derecho de la defensa de interrogar a los testigos

presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia,

como testigos o peritos, de otras personas que puedan

arrojar luz sobre los hechos”. Como se ha señalado,

obviamente toda prueba deberá ser aportada en la forma

prevista en la ley y tomando en consideración su

“pertinencia”, lo que deberá ponderar el juez del

caso;

DECIMO QUINTO: Que, luego de las

consideraciones anteriores, cabe señalar en otro orden de

materias que el precepto legal que se cuestiona por la

requirente resulta similar al de otras disposiciones

contenidas en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto,

la norma general aplicable al juicio ordinario civil de

mayor cuantía, contenida en el artículo 318 del Código de

Procedimiento Civil, expresa que “Concluidos los

trámites que deben preceder a la prueba, ya se proceda

con la contestación expresa del demandado o en su

rebeldía, el tribunal examinará por sí mismo los autos y

si estima que hay o puede haber controversia sobre algún

hecho substancial y pertinente en el juicio, recibirá la

causa a prueba y fijará en la misma resolución los hechos

substanciales controvertidos sobre los cuales debe

recaer”. Por su lado, en materia de incidentes, el

artículo 89 del mismo Código de Procedimiento Civil

expresa que “Si se promueve un incidente, se concederán tres días para responder y vencido este plazo, haya o no

contestado la parte contraria, resolverá el tribunal la

cuestión, si a su juicio, no hay necesidad de prueba. No

obstante, el tribunal podrá resolver de plano aquellas

peticiones cuyo fallo se pueda fundar en hechos que

consten del proceso, o sean de pública notoriedad, lo que

el tribunal consignará en su resolución”; complementando

el artículo 90 precisa que “Si es necesaria la prueba, se

abrirá un término de ocho días para que dentro de él se

rinda y se justifiquen también las tachas, si hay lugar a

ellas”. A su vez, tratándose de segunda instancia, el

artículo 207 del mismo Código indica que “salvo lo

dispuesto en el inciso final del artículo 310 y en los

artículos 348 y 385, no se admitirá prueba alguna”. A su

turno, en el juicio ejecutivo, el artículo 466 del Código

de Procedimiento Civil señala que “Si las estima

inadmisibles, o si no considera necesario rendir prueba

para resolver, dictará desde luego sentencia definitiva.

En caso contrario, recibirá a causa a prueba”. Por

último, en cuerpos legales específicos también se utiliza

un lenguaje similar. Así, por ejemplo, en el

procedimiento laboral, el artículo 442 del Código del

Trabajo expresa que “Contestada que sea la demanda, de no

interponerse reconvención o excepciones dilatorias, o

evacuado el traslado conferido, de haberse interpuesto

éstas, o vencido el término legal para ello sin haberlas

contestado, el tribunal recibirá de inmediato la causa a

prueba y fijará los puntos sobre los cuales ésta deberá

recaer. De no haber hechos substanciales, pertinentes y

controvertidos, citará a las partes a oír sentencia (…)”.

Finalmente, en la propia ley orgánica constitucional del Tribunal Constitucional se expresa, en su artículo 57, al

regularse la tramitación de causas referidas a

inhabilidades e incompatibilidades de los ministros y

parlamentarios, que “si el Tribunal estima que es

necesario recibir la causa a prueba, dictará una

resolución fijando los hechos sobre los cuales debe

recaer”;

DECIMO SEXTO: Que, para confirmar lo

anteriormente expuesto, también parece relevante

referirse brevemente a la naturaleza jurídica del

exequátur como procedimiento establecido por el

legislador para el cumplimiento en nuestro país de

sentencias emanadas de tribunales extranjeros, lo que a

su vez permite dar luces acerca de la etapa probatoria

que, de acuerdo al artículo 250 del Código de

Procedimiento Civil, eventualmente podría abrirse. A

este respecto, son ilustrativas las definiciones que

sobre el exequátur han dado ciertos autores. Así, Sentís

Melendo señala que “este procedimiento, también llamado

de ‘deliberación’, surge de la necesidad de determinar si

la resolución foránea satisface o no ciertos requisitos

que el ordenamiento jurídico del país en que ha de

cumplirse exige para poder considerar al fallo igual a

una sentencia nacional, dándole pleno valor, poseyendo

dicha diligencia un carácter meramente formal y no de

fondo” (Sentís Melendo, Santiago. “La sentencia

extranjera”, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1958,

Buenos Aires, página 133). El mismo autor utiliza la

expresión ‘deliberación’ tal como es usada en Italia

(Deliberazione) y Alemania (Deliberations klage), lo que

equivale, según consigna, a decir ‘degustación’, indicando el examen superficial y formal con el que se

pretende tener un convencimiento que surja de la

observación prima face de la sentencia extranjera. Ir más

allá, a una investigación de fondo, no sería un juicio de

deliberación, sino de mérito. A su vez, Albónico señala

que el exequátur es “El visto bueno o pase dado a la

sentencia extranjera que tiene por objeto darle fuerza

ejecutiva que le falta” (nombre reservado.

Manual de Derecho Internacional Privado, Tomo II,

Editorial Jurídica, 1950, página 229). En tal sentido,

Vico puntualiza que “El exequátur es el acto que

recayendo sobre la propia sentencia extranjera, inviste a

ésta, tal como ha sido dictada, de los mismos efectos que

tienen las sentencias de los jueces nacionales sin

necesidad de entrar a la revisión de juicio” (Vico,

Carlos. Curso de Derecho Internacional Privado, compilado

por nombre reservado). Finalmente, nombre reservado

precisa que “El exequátur, llamado también juicio de

reconocimiento o procedimiento de deliberación, no es

otra cosa que ese trámite que inviste a la

sentencia extranjera de los mismos efectos que la

sentencia nacional, cuando ella cumple con ciertos

requisitos superficiales, sin que mediante él deba

entrarse a la revisión del juicio seguido en el

extranjero. La sentencia extranjera no es examinada

en su fondo; jamás se resuelve la materia ya sometida a

litigio ante la jurisdicción extraña (…) El exequátur es,

por consiguiente, un procedimiento autónomo,

independiente del juicio anterior, en que se revisa

solamente si la sentencia extranjera cumple o no con

determinados requisitos” (Tratado de Derecho Internacional Privado. Editorial Jurídica de Chile. 2ª

Edición, 1989);

DECIMO SEPTIMO: Que, por otra parte, como se

ha consignado en relación al alcance del término

probatorio establecido en el artículo 250 del Código

de Procedimiento Civil y cuya constitucionalidad se

cuestiona, éste “sólo puede tener por objeto permitir que

las partes rindan la prueba suficiente para acreditar la

existencia de las circunstancias señaladas por el

artículo 245 del Código de Procedimiento Civil,

siempre que el tribunal lo estime necesario o se niegue

la concurrencia de dichos requisitos, por cualquiera de

los interesados” (Corte Suprema, prevención de los

abogados integrantes señores Darío Benavente G. y Julio Chaná C., 27 de agosto de 1958, Revista de Derecho y

Jurisprudencia Nº 55, 1958, 2ª. parte, sec. 1ª., p.

223);

DECIMO OCTAVO: Que de lo dicho hasta aquí, se

desprende que el exequátur no constituye una nueva

instancia del juicio llevado a cabo en el país de donde

procede la sentencia que se quiere hacer cumplir en

territorio nacional, sino simplemente un procedimiento de

reconocimiento de dicho fallo por parte de la

jurisdicción nacional. En consecuencia, los extremos

fácticos y substanciales de la litis ya han quedado

fijados por la sentencia extranjera, de acuerdo a la

prueba rendida en el respectivo juicio, por lo que la

Corte Suprema no debe entrar a conocer sobre dicha

materia, sino sólo sobre la concurrencia de los

requisitos formales señalados en el artículo 245 del

Código de Procedimiento Civil. De esta manera, la prueba en el exequátur puede versar sobre el cumplimiento de

estos requisitos, en tanto no se encuentren

debidamente acreditados en la sentencia extranjera. Dicho

en otras palabras, sólo cuando existan hechos o

puntos pertinentes, substanciales y controvertidos en

relación con el cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 245 del Código de Procedimiento Civil, la Corte Suprema podrá abrir un término probatorio a su respecto,

en los términos que indica el artículo 250 del mismo

Código;

DECIMO NOVENO: Que, por último, cabe tener

presente que la citada norma legal que se cuestiona por

el requirente se encuentra ubicada en el Libro I, Titulo

XIX, Párrafo 2º del citado Código de Procedimiento Civil,

a propósito de la ejecución de las resoluciones dictadas

por tribunales extranjeros. Sus artículos 242 a 246,

contienen los presupuestos habilitantes que deben

concurrir, para que la Corte Suprema, mediante el

exequátur, pueda validar sentencias emanadas de

tribunales extranjeros para ser cumplidas en el país,

requisito indispensable derivado del soberano principio

de la jurisdicción. A su turno, los artículos 247 a 250

establecen el procedimiento para tramitar la petición

indicada precedentemente, y el último de los citados,

faculta a la Corte Suprema para abrir un término de

prueba, antes de resolver, el que de decretarse, se

sustanciaría de acuerdo a las reglas de los incidentes.

Tal como se ha venido señalando, el citado artículo 250

del Código de Procedimiento Civil contiene una norma de

carácter procedimental, que da eficacia al principio de

la prueba en el debido proceso y que, en este caso, es facultativo, en términos que la necesidad de su apertura

debe estar referida al proceso de exequátur y no a aquel

en que incide la sentencia cuyo cumplimiento se solicita;

de modo que el tribunal nacional no puede, naturalmente,

inmiscuirse, a través de la prueba, en lo actuado por la

jurisdicción extranjera, sino que debe limitarse a

ordenarla y ponderarla para decidir si autoriza o no el

cumplimiento de la sentencia. Ahora bien, tal como se ha

consignado en los considerandos anteriores, el artículo

250 del Código de Procedimiento Civil cumple el mandato

legal a que alude el artículo 19 Nº 3 de la Constitución

Política de la República en relación a las garantías del

debido proceso. En consecuencia, si se declarase la

inaplicabilidad para este caso concreto, su único efecto

se traduciría en que el tribunal competente para resolver

la petición de exequátur, no podría aplicar el referido

artículo 250 y, por lo tanto, debería más bien sentenciar

sujetándose únicamente a lo dispuesto en el artículo 248

inciso segundo, que expresa que: “Con la contestación de

la parte o en su rebeldía, y con previa audiencia del

Ministerio Público, el tribunal declarará si debe o no

dar cumplimiento a la resolución”; sustrayéndole así a la

Corte Suprema la facultad de abrir un término de prueba,

como natural efecto de la sentencia de inaplicabilidad de

la citada disposición;

VIGESIMO: Que todo lo señalado lleva a concluir

que la aplicación de la norma contenida en el artículo

250 del Código de Procedimiento Civil, que, en el marco

del procedimiento de exequátur, faculta al tribunal para

que -si lo estima necesario- se pueda abrir un término

de prueba, no vulnera los incisos segundo y quinto del artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la

República ni tampoco el inciso segundo del artículo 5º de

la Carta Fundamental, puesto que no contiene en modo

alguno una prohibición a aportar pruebas, sino una

posibilidad que deberá otorgar el tribunal de acuerdo a

su pertinencia y tomando en consideración la naturaleza

del asunto controvertido.

III. INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTICULOS 215, 217, 218

INCISO SEGUNDO, 219 Y 221 INCISO PRIMERO DEL CODIGO

ORGANICO DE TRIBUNALES, REFERIDOS A LOS ABOGADOS

INTEGRANTES

VIGESIMO PRIMERO: Que se solicita también la

declaración de inaplicabilidad de los artículos 215, 217,

218 inciso segundo, 219 y 221 inciso primero, todos del

Código Orgánico de Tribunales por estimarse por la

requirente que infringen diversas disposiciones

constitucionales, en particular, los artículos 19 Nº 3

inciso cuarto, 76 inciso primero, 77 inciso primero y

78, incisos segundo y tercero de la Carta

Fundamental;

VIGESIMO SEGUNDO: Que, en primer lugar, el

artículo 215 del Código Orgánico de Tribunales indica que

“Si por falta o inhabilidad de algunos de sus miembros

quedare una Corte de Apelaciones o cualquiera de sus

salas sin el número de jueces necesarios para el

conocimiento y resolución de las causas que les

estuvieren sometidas, se integrarán con los miembros no

inhabilitados del mismo tribunal, con sus fiscales y con

los abogados que se designen anualmente con este objeto.

El llamamiento de los integrantes se hará en el orden

indicado y los abogados se llamarán por el orden de su designación en la lista de su nombramiento. Las salas de

las Cortes de Apelaciones no podrán funcionar con mayoría

de abogados integrantes, tanto en su funcionamiento

ordinario como en el extraordinario. La integración de

las salas de la Corte de Santiago se hará preferentemente

con los miembros de aquellas que se compongan de cuatro,

según el orden de antigüedad”. El artículo 217, por su

parte, señala que “Si la Corte Suprema o alguna de sus

salas se hallare en el caso previsto en el artículo 215

se llamará a integrar a los miembros no inhabilitados de

la misma Corte Suprema, al fiscal del tribunal o a los

abogados que se designen anualmente con ese objeto. El

llamamiento de los integrantes se hará en el orden

indicado, pero los abogados serán llamados guardando

entre sí el orden a que se refieren los incisos

siguientes. Cada vez que se regulen por auto acordado las

materias que conocerá cada una de las salas en el

funcionamiento ordinario o extraordinario y cada vez que

se produzcan nombramientos de abogados integrantes, la

Corte, atendiendo las especialidades de aquéllos,

determinará la o las salas a que ellos se integrarán de

preferencia. El llamamiento de los abogados asignados

preferentemente a una misma sala se hará respetando el

orden de su designación en la lista de su nombramiento.

Igual orden se respetará para llamar a los demás abogados

integrantes cuando no sea posible hacerlo con los que

hubieren sido asignados preferentemente a la sala de que

se trate”. El artículo 218 ordena que “En los casos en

que no pudiere funcionar la Corte Suprema por inhabilidad

de la mayoría o de la totalidad de sus miembros, será

integrada por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, llamados por su orden de antigüedad. Las salas

de la Corte Suprema no podrán funcionar con mayoría de

abogados integrantes tanto en su funcionamiento ordinario

como extraordinario”. El artículo 219, en la parte que

resulta aplicable a la Corte Suprema y que precisamente

objeta la recurrente indica que: “Para los efectos de lo

dispuesto en los artículos 215 y 217 de este Código, el

Presidente de la República designará doce abogados para

la Corte Suprema (…) La designación de los abogados

integrantes de las Cortes de Apelaciones se hará en el

mes de enero de cada año. Los abogados designados para la

Corte Suprema lo serán por un período de tres años,

efectuándose el nombramiento en el mes de enero, en que

comienza el trienio respectivo (…) Las ternas para

abogados integrantes de la Corte Suprema serán formadas

tomando los nombres de una lista que, en el mes de

diciembre en que termina el trienio respectivo, formará

la misma Corte. En esta lista deberán figurar cuarenta y

cinco abogados, con residencia en la ciudad de Santiago,

que reúnan las condiciones requeridas para ejercer los

cargos de ministro, con excepción del límite de edad

establecido en el artículo 77 de la Constitución Política

de la República, y que hayan destacado en la actividad

profesional o universitaria (…) Las ternas para abogados

integrantes de la Corte Suprema sólo podrán incluir

abogados que, además de cumplir con los requisitos

indicados en los números 1º y 2º del artículo 254, tengan

no menos de quince años de ejercicio profesional o que

hayan pertenecido a la primera o segunda categoría del

Escalafón Primario del Poder Judicial y siempre que, de

haber estado en la segunda categoría, hubiesen figurado durante los últimos cinco años en la lista de méritos (…)

Si por cualquier causa alguno de los abogados designados

por la Corte Suprema no pudiere continuar en las

funciones, el Presidente de la República podrá nombrar en

su reemplazo por el resto del período a uno de los

componentes de las ternas que formó la Corte Suprema en

su oportunidad, o requerir de dicho tribunal la formación

de una nueva terna, en conformidad con lo previsto en los

incisos anteriores. En las ternas no se podrán repetir

nombres”. Finalmente, el artículo 221 inciso primero

prescribe que “Los abogados que fueren llamados a

integrar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones,

percibirán una remuneración equivalente a una treintava

parte de la remuneración mensual asignada al cargo de

los ministros del respectivo tribunal, por cada audiencia

a que concurran”;

VIGESIMO TERCERO: Que dichos preceptos legales

se estiman por la requirente como contrarios a los

artículos 76 inciso primero, 77 inciso primero, 78

incisos segundo y tercero y 19 Nº 3 inciso cuarto todos

de la Constitución Política de la República. El artículo

76, en su inciso primero, relativo a la jurisdicción,

señala que “la facultad de conocer de las causas civiles

y criminales, de resolver y de hacer ejecutar lo juzgado,

pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos

por la ley. Ni el Presidente de la República ni el

Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones

judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los

fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer

revivir procesos fenecidos”. A su vez, el artículo 77

inciso primero indica que “Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones

de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y

cumplida administración de justicia en todo el territorio

de la República. La misma ley señalará las calidades que

respectivamente deban tener los jueces y el número de

años que deban haber ejercido la profesión de abogado las

personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces

letrados”. Por su lado, el artículo 78 prescribe en sus

incisos segundo y tercero: “La Corte Suprema se compondrá

de veintiún ministros. Los Ministros y los Fiscales

Judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el

Presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de

cinco personas que, en cada caso, propondrá la misma

Corte, y con acuerdo del Senado. Este adoptará los

respectivos acuerdos por los dos tercios de sus miembros

en ejercicio, en sesión especialmente convocada al

efecto. Si el Senado no aprobare la proposición del

Presidente de la República, la Corte Suprema deberá

completar la quina proponiendo un nuevo nombre en

sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento

hasta que se apruebe un nombramiento”. Finalmente, el

artículo 19 Nº 3 en su inciso cuarto señala que “Nadie

puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el

tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido

por ésta con anterioridad a la perpetración del

hecho”;

VIGESIMO CUARTO: Que si bien es cierto, como lo

señala la requirente, que el mensaje de la Ley Nº 19.541

estableció como uno de sus objetivos avanzar en la

profesionalización, independencia e imparcialidad del

Poder Judicial y, en este sentido, contemplaba la idea de suprimir los abogados integrantes en la Corte Suprema, no

es menos cierto que para hacerla efectiva el mismo

mensaje hacía alusión a un proyecto de ley

complementario a la reforma constitucional para

introducir los cambios pertinentes en el Código Orgánico

de Tribunales. En efecto, dicho mensaje expresaba que

“junto a la supresión en la Corte Suprema de los abogados

integrantes y la ampliación consecuencial del número de

sus Ministros, conforme se postula en la reforma legal

complementaria a la presente reforma constitucional,

permitirá que la Corte Suprema, en el desarrollo de su

jurisprudencia, siga recibiendo el efectivo y valioso

aporte de destacados juristas y profesores de derecho que

hoy integran ese Alto Tribunal en condición de abogados

integrantes, y que como tal destacan en el desarrollo

progresivo del derecho”. Otra alusión a la reforma legal

complementaria a la enmienda constitucional se plantea en

el mensaje en los siguientes términos: “Esta reforma

constitucional es jurídicamente indispensable, en virtud

del propósito de este Gobierno, compartido por amplios

sectores políticos y de la opinión pública, de modificar

el Código Orgánico de Tribunales para suprimir la

institución de los abogados de la Corte Suprema; de

manera que si no se elimina la referencia a éstos en el

texto constitucional, la mentada modificación a la ley

orgánica sobre organización y atribuciones de los

tribunales de justicia, tornaría inoperante en el tiempo

lo dispuesto en la oración final del inciso segundo del

artículo 81 de la Carta Fundamental”. La reforma

constitucional de 1997 entonces no pretendió eliminar por

sí misma a los abogados integrantes, sino que ello, en su caso, fuera implementado en los términos que aprobare al

efecto el legislador en otro proyecto de ley, que se

tramitaba paralelamente;

VIGESIMO QUINTO: Que, en efecto, como se

desprende de la historia fidedigna de dicha reforma

constitucional, la existencia y el rol de los abogados

integrantes de la Corte Suprema, y que están consagrados

en los artículos 219 y 217 del Código Orgánico de

Tribunales, debe ser “materia del proyecto de ley

complementario de la presente reforma constitucional, que

se tramita aparte”.(Informe de la Comisión de

Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento del H.

Senado, 13 de agosto de 1997, en Historia de la Ley Nº

19.541, página 25). Confirmando lo anterior uno de los

Honorables senadores señaló, en su oportunidad, que

“Consecuente con la idea de eliminar los abogados

integrantes de la Corte Suprema -que, como dije, no es

materia propia de una reforma constitucional-, se

introdujo una modificación a la Carta Fundamental en el

sentido de eliminar la condición, para integrar el

Tribunal Constitucional, de ser abogado integrante de la

Corte Suprema por tres años consecutivos, a lo menos. Es

la única referencia de esta reforma constitucional a los

abogados integrantes” (Senador Miguel Otero L, en sesión

Nº 28, 27 de agosto de 1997, en Historia de la Ley

19.541, página 53);

VIGESIMO SEXTO: Que de lo señalado se puede

colegir que la modificación constitucional no prohibió ni

eliminó por sí misma los abogados integrantes en la Corte Suprema, estimándose que ello era de competencia

exclusiva del legislador y, por lo mismo, paralelamente se inició la tramitación de una reforma del Código

Orgánico de Tribunales sobre la materia, la que en

definitiva no prosperó. En efecto, por acuerdo de comité

del H. Senado y ratificado por la Sala, con fecha 3 de

junio de 1998, se ordenó primeramente suspender su

tramitación y, en definitiva, su archivo, con fecha 8 de

mayo de 2002 (Boletín Nº 2059-07);

VIGESIMO SEPTIMO: Tan evidente es lo anterior

que, con posterioridad, por moción parlamentaria de cinco

diputados, de fecha 4 de junio de 2002, haciéndola suya

el Ejecutivo por indicación sustitutiva de 8 de junio de

2005, se inicia proyecto de reforma legal, que

actualmente se encuentra en segundo trámite

constitucional, y que precisamente tiene por objetivo

“reformular la reglamentación de la institución de los

abogados integrantes con la finalidad de garantizar y

mejorar los grados de independencia, imparcialidad y

responsabilidad de la función judicial de quienes ejercen

como tales ante los Tribunales Superiores de Justicia”.

(Boletín Nº 2950-07);

VIGESIMO OCTAVO: Que, en efecto, además del

texto del proyecto de ley propiamente tal, de las actas

de su tramitación se deduce en forma clara y concluyente

la actual vigencia de los abogados integrantes en

nuestros Tribunales Superiores de Justicia; para lo cual

es conveniente reproducir parte de la discusión

parlamentaria. Así, el diputado Pérez “Hizo presente que,

a su juicio, lo ideal sería eliminar la institución de

los abogados integrantes pues la función jurisdiccional

debe ser ejercida por los jueces, miembros permanentes

del Poder Judicial. Sin embargo, consciente que ello necesita la presentación de una iniciativa legal por

parte del Presidente de la República que no se visualiza

por el momento, se hace necesario modificar la normativa

actual, de tal manera que se permita ejercer esta función

pública en forma más transparente” (Informe de la

Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la

Cámara de Diputados). Por su parte, el Ministro Bates

consignó que “se trata de un tema que fue objeto de un

amplio debate al interior de la Mesa de Trabajo aludida

la que, finalmente, optó por proponer la mantención de la

institución de los abogados integrantes, pero con las

modificaciones estructurales que a continuación se

enuncian (…)”. A su turno, el diputado Burgos señaló que

“la institución de los abogados integrantes debiera

tender a desaparecer. El ideal en un estado de derecho,

es que quienes se dedican a aplicar justicia en los

tribunales colegiados, deben ser personas dedicadas a

tiempo completo y no esta institución de reemplazo, muy

sui géneris del estado de derecho chileno. Tengo

entendido que, en general, es bastante poco común

encontrar en el derecho comparado instituciones

parecidas. Sin embargo, una transición o cambio radical

en ese sentido, en el corto plazo, no sería posible

debido a su alto costo, porque la institución es de

antigua data y muy arraigada en nuestros tribunales”.

(Discusión general en primer trámite constitucional ante

Cámara de Diputados). Con posterioridad, el senador

Prokurica afirmó que “Sabemos que si los jueces se

encuentran recargados de trabajo, lo que corresponde

hacer -y ésta es una cuestión de debate permanente- es

aumentar su número, y no que exista esta institución de los abogados integrantes. Porque, no obstante los límites

que se establecen en el proyecto, siempre habrá personas

ajenas al Poder Judicial -algunas pueden ser muy

honorables; otras, no- que, de cualquier forma, tienen

alguna relación, directa o indirecta (a través de

terceros) que puede influir sobre la justicia en un

sentido u otro. Por lo tanto, pienso que la iniciativa,

que mejora la actual situación de los abogados

integrantes -por lo que me ha tocado estudiar, se trata

de una institución muy antigua en Chile, pero no por ello

buena- debiera ser un paso para que, sobre la base de un

compromiso, al estilo del contraído por la señora

Presidenta electa cuando era candidata y a lo que se

refirió el Senador señor Naranjo hace algunos minutos,

pudiéramos terminar alguna vez con aquella institución y

tener jueces que se dediquen sólo a su trabajo y no

abogados integrantes que pertenecen a una oficina que

lleva juicios que a ellos mismos les corresponde

resolver”. (Discusión particular en segundo trámite

constitucional ante el Senado);

VIGESIMO NOVENO: Que, sin perjuicio de todo lo

señalado, podría sostenerse que una lectura detenida del

establecimiento de la norma contenida en el artículo 78

de la Constitución Política de la República, reformada en

1997, pudiera revelar la no existencia de una voluntad

unívoca por parte del constituyente derivado. En efecto,

también en la discusión del referido proyecto de reforma

constitucional es posible encontrar la opinión de algunos

parlamentarios que entendían ciertas consecuencias

diversas que se producirían con motivo de la aprobación

de la normativa constitucional. Así, por ejemplo, el H.

diputado Sergio Elgueta señaló que, “Después de todos los

antecedentes expuestos surgió este imprescindible acuerdo

político para reformar la Corte Suprema en diversos

aspectos: elevar de 17 a 21 el número de ministros,

introducir en su composición a cinco abogados extraños al

Poder Judicial, suprimiéndose los abogados integrantes”.

En el mismo sentido, se manifestó el H. senador Beltrán Urenda al consignar que, “Implícitamente se eliminan los

abogados integrantes - sin analizar los efectos que ello

tendrá en el funcionamiento de la Corte Suprema y de la

Corte de Apelaciones de Santiago – para los cuales sí se

respeta el período para el que fueron nombrados. Pero

nada se hace respecto de los abogados integrantes de las

Cortes de Apelaciones”;

TRIGÉSIMO: Que sin embargo, la tarea principal

del intérprete es ciertamente la de fijar el sentido y

alcance de las disposiciones constitucionales

concibiéndolas como elementos que forman parte de un

sistema armónico y coherente. Como consta de autos y de

las alegaciones verbales efectuadas por la requirente, la

acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad se ha

fundado especialmente en el tenor y en la historia de la

reforma al inciso segundo del artículo 78 de la

Constitución Política de la República, en cuanto dispuso

que “La Corte Suprema se compondrá de veintiún

ministros”. A juicio de la requirente esta disposición

prohibiría el que otras personas distintas a los veintiún

ministros compongan la Corte Suprema y tomen parte en sus

decisiones. Este modo de interpretar la norma precitada

resulta lógicamente incongruente con lo que dispone la

propia Carta Fundamental en el inciso décimo del mismo precepto, en cuanto éste ciertamente admite el

nombramiento de ministros de Corte suplentes. En

consecuencia, si el propio texto constitucional contempla

que ministros suplentes, que no forman parte de sus

veintiún ministros titulares integren la Corte Suprema,

debe descartarse la interpretación planteada por la

requirente en el sentido de entender que el inciso

segundo prohíbe la integración del Máximo Tribunal por

quienes no forman parte de sus veintiún ministros. De

este modo, la Constitución Política de la República no

prohíbe que la Corte Suprema se integre por quienes no

sean sus veintiún ministros titulares;

TRIGESIMO PRIMERO: Que, en consecuencia, aún

cuando no se estimare unívoca la intención o espíritu de

quienes concurrieron a aprobar un mismo texto

constitucional, cobra mayor fuerza la interpretación

literal y lógica del inciso segundo del artículo 78; la

que, como se ha señalado, no puede interpretarse, como

pretende la requirente, en el sentido de excluir la

posibilidad de que la Corte Suprema se integre con jueces

distintos a sus titulares, habiéndose entregado a la ley,

por parte de la Constitución, el determinar el mecanismo

de integración en caso de ausencia temporal de

éstos;

TRIGESIMO SEGUNDO: Que, de este modo, el

artículo 78 de la Constitución Política de la República,

a propósito de establecer los preceptos a los cuales la

ley debe ajustarse para el nombramiento de los jueces,

se limita a señalar que la Corte Suprema se compondrá de

veintiún ministros. No consagra ni excluye un sistema de

suplencia temporal de los miembros del tribunal;

simplemente no lo regula en forma expresa. Por lo demás,

una conclusión contraria conduciría al absurdo de

entender que el órgano jurisdiccional alteraría su

naturaleza o se vería impedido de funcionar por la

ocurrencia de sucesos que pudieran producir la reducción

transitoria del número de miembros, como es la muerte,

renuncia o enfermedad de algunos de ellos. No cabe,

entonces, confundir el tribunal con las personas que lo

integran. De este modo, una cuestión es que la Corte Suprema se componga de veintiún ministros y otra muy

distinta es que los mismos no puedan ser objeto de

suplencia temporal. La subrogación, integración y

suplencia son instituciones de antigua data, que se

aplican en todo el ordenamiento jurídico administrativo y

cuya finalidad es proveer la continuidad del servicio

prestado a través del ejercicio de la función pública.

Quien subroga o suple actúa en vez del titular y no

agrega otro miembro al órgano de que se trata. La

titularidad del cargo dice relación con su propiedad; la

suplencia y subrogancia, sin embargo, se refieren al

cumplimiento de la función cuando los titulares se

encuentran impedidos de desempeñarla por ciertas causas.

Los mecanismos de subrogación y suplencia no inciden en

la existencia del cargo: éste permanece aunque se

encuentre vacante. Por lo demás, una interpretación

favorable a la supresión de mecanismos de suplencia de

los jueces supremos conduciría a la paradojal conclusión

de que la Constitución Política no asegura el

funcionamiento de las instituciones que reconoce como

vitales para el cumplimiento de los fines del Estado. Las

modalidades de ejercicio de la función pública pueden ser reguladas por la Constitución o, si ésta nada prescribe,

por la ley. Ello es aun más valedero cuando se utiliza el

mecanismo de la suplencia, que por su naturaleza es

eminentemente circunstancial y transitorio. Por lo demás,

en todas las instituciones se aplica la subrogación o

suplencia, sin significar que ello aumente el número de

cargos donde la misma opera;

TRIGESIMO TERCERO: Que de lo dicho de desprende

que el constituyente dejó en claro su voluntad en orden a

que fuera el legislador quien suprimiera o regulara la

institución de los abogados integrantes, materia que

precisamente se encuentra en actual discusión por parte

de los colegisladores. Esta forma de integración de larga

data en nuestra historia institucional, que se remonta al

Reglamento de Administración de Justicia de 1824, tiene

además precedentes en el propio derecho comparado. Así,

en España es conocida como “magistrados suplentes” y

“jueces sustitutos”, siendo regulada por la ley orgánica

del Poder Judicial. En Argentina, por su parte, se les

denomina “conjueces”, existiendo normativa tanto a nivel

federal como provincial. Finalmente, en Francia, de

acuerdo al Código de Organización Judicial, en las Cortes

de Apelaciones y Tribunales de Gran Instancia, pueden ser

llamados los abogados colegiados y a falta de éstos los

procuradores del número, de modo de suplir a los

consejeros o ministros, permitiendo así el funcionamiento

de la sala de la Corte o Tribunal;

TRIGESIMO CUARTO: Que de esta forma la

aplicación de los preceptos legales que se impugnan en la

respectiva gestión no infringe las normas

constitucionales que se invocan. En efecto, en primer lugar, no se vulnera el artículo 76, que señala que la

jurisdicción (esto es la facultad de conocer, juzgar y de

hacer ejecutar lo juzgado) pertenece a los tribunales

establecidos por la ley; puesto que el tribunal

competente en la materia es la Corte Suprema, a través de

una de sus salas, cuya composición es de cinco ministros

y a falta de éstos se integrará en la forma prevista al

efecto por la ley. Por lo mismo, tampoco se infringe el

inciso primero del artículo 77 de la Constitución

Política, que precisamente faculta a una ley orgánica la

organización y atribución de los tribunales para la

pronta y cumplida administración de justicia, cuya

naturaleza tiene los preceptos legales que se impugnan,

que específicamente autorizan la integración de abogados,

en los casos y forma allí señalados. Idéntico

razonamiento puede señalarse respecto del artículo 78,

incisos segundo y tercero, que indican que la Corte Suprema se compondrá de veintiún miembros, habida

consideración que los abogados integrantes sólo suplen a

los ministros, en caso de falta o inhabilidad de los

mismos, y exclusivamente para la vista de las causas, por

lo que no forman parte del máximo tribunal. Incluso más,

como ya se ha consignado, esta misma norma prevé la

posibilidad de que existan ministros suplentes. Así pues,

la Corte Suprema siempre estará conformada por veintiún

miembros, independiente de la integración ocasional con

fiscales o abogados o, en su caso, con ministros

subrogantes o suplentes;

TRIGESIMO QUINTO: Que, por último, en lo que

dice relación con la pretensión de que al integrarse con

abogados la Corte Suprema se transformaría en una comisión especial, es del caso señalar que siendo la

Corte Suprema un tribunal establecido por la propia

Constitución y habiéndose instituido por la ley que se

integre por abogados integrantes, no se visualiza de qué

manera podría entenderse, entonces, que los preceptos

legales cuestionados podrían resultar contrarios a la

norma constitucional transcrita. De esta forma, la

normativa legal que se impugna por la requirente tampoco

importa el establecimiento de una comisión especial de

aquellas que prohíbe el inciso cuarto del artículo 19 Nº

3 de la Constitución Política, dado que el tribunal que

ha señalado la ley para conocer de las materias de

exequátur es precisamente la Corte Suprema, a través de

una de sus salas, por lo que mal podría ser calificado

como un órgano de aquellos que sin estar establecido en

la ley asumen de hecho el carácter de tal;

TRIGÉSIMO SEXTO: Que de este modo, los abogados

integrantes forman parte de un tribunal pre establecido,

careciendo -en todo caso- competencia este Tribunal

Constitucional para pronunciarse sobre el estatuto

jurídico que resulta aplicable a los mismos. En efecto,

este Tribunal no ha sido llamado a pronunciarse acerca de

la constitucionalidad de las reglas específicas que

garantizan la adecuada independencia e imparcialidad de

quienes, siendo ajenos a la carrera judicial, integran la

Corte Suprema de Justicia. Requerido este Tribunal a

decidir en conformidad a lo dispuesto en el numeral 3º

del artículo 19, acerca de la constitucionalidad de la

existencia misma de los abogados integrantes, la

conclusión no puede ser otra que en ningún caso la

integración de la Corte Suprema de Justicia por abogados ajenos a la carrera judicial la transforman, por ese solo

hecho, en una comisión especial en los términos señalados

en el inciso cuarto del precepto constitucional

aludido;

TRIGESIMO SEPTIMO: Que adicionalmente también

debe tenerse presente que varias de las disposiciones que

se impugnan fueron revisadas por este tribunal sin

efectuarse reproche de inconstitucionalidad. En efecto,

el artículo 215 inciso tercero del Código Orgánico de

Tribunales, incorporado por el artículo 2º de la Ley Nº

19.810, de 11 de junio de 2002, en virtud del cual se

establece que las salas de las Cortes de Apelaciones no

pueden funcionar con mayoría de abogados integrantes, fue

sometido a control y declarado constitucional por

sentencia de 7 de mayo de 2002, Rol Nº 351. Dicho

precepto es concordante por lo demás con el artículo 218

inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales,

introducido por el artículo 1º Nº 12 de la Ley Nº 19.374,

de 18 de febrero de 1995, que señala similar norma

respecto de la Corte Suprema. A su turno, el artículo 219

también ha sido objeto de control constitucional. Así,

respecto de los incisos primero y cuarto, introducidos

por el artículo 10 Nº 1 letras a) y b) de la Ley Nº

19.531, de 5 de noviembre de 1997, que modifica el número

de abogados integrantes de varias Cortes de Apelaciones y

las listas de abogados de las cuales se eligen a los

mismos, ambos fueron declarados constitucionales, por

sentencia de 28 de octubre de 1997, Rol Nº 264. El inciso

sexto, introducido por el artículo 1º Nº 13 de la Ley Nº

19.374, referido a los requisitos que deben cumplir las

personas nominadas en las listas para ser abogados integrantes, también fue declarado constitucional, por

sentencia de 1º de febrero de 1995, Rol Nº 205.

Finalmente, el artículo 221, introducido por letra b)

artículo 68 Ley Nº 18.510, que establece el derecho a

remuneración de los abogados integrantes, fue declarado

propia de ley común en sentencia de 21 abril de 1986, Rol

Nº 36;

TRIGESIMO OCTAVO: Que no sólo no se ha abrogado

la institución de los abogados integrantes, sino que a

mayor abundamiento, es del caso señalar que en el actual

texto constitucional pervive dicha integración en los

tribunales superiores. En efecto, el artículo 19 Nº 7

letra e) de la Constitución señala lo que sigue: “La

apelación de la resolución que se pronuncia sobre la

libertad del imputado por los delitos a que se refiere el

artículo 9º, será conocida por el tribunal superior que

corresponda, integrado exclusivamente por miembros

titulares”. La norma precitada interpretada a contrario

sensu, importa que en el conocimiento y pronunciamiento

del recurso de apelación jamás podrán intervenir

ministros distintos de los titulares, tales como los

suplentes, subrogantes o los abogados integrantes, en su

caso. Por su parte, el artículo 96 de la Constitución

Política, en su inciso segundo, indica que los

tribunales electorales regionales estarán constituidos

“por un ministro de la Corte de Apelaciones

respectiva, elegido por ésta, y por dos miembros

designados por el Tribunal Calificador de Elecciones de

entre personas que hayan ejercido la profesión de abogado

o desempeñado la función de ministro o abogado integrante de Corte de Apelaciones por un plazo no inferior a tres

años.”;

TRIGESIMO NOVENO: Que de todo lo dicho debe

concluirse que la aplicación en la gestión de los

preceptos legales invocados por la requirente, esto es,

los artículos 215, 217, 218 inciso segundo, 219 y 221

inciso primero, todos del Código Orgánico de Tribunales,

y en los cuales se regula la institución de los abogados

integrantes de la Corte Suprema, no se encuentra en

contradicción con lo dispuesto en los artículos 19 Nº 3

inciso cuarto, 76 inciso primero, 77 inciso primero y 78,

incisos segundo y tercero de la Constitución Política de

la República, desde el momento que el tribunal pre

establecido para conocer del exequátur es siempre la

Corte Suprema, a través de una de sus salas, que

eventualmente puede estar conformada por abogados

integrantes.

Y VISTO, lo prescrito en los artículos 5º, 6º,

7º, 19 Nº 2 y 3, 76, 77, 78, 93 Nº 6 de la

Constitución Política de la República y 30 y 31 de la Ley

Nº 17.977, Orgánica Constitucional del Tribunal

Constitucional.

SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD

DEDUCIDO A FOJAS UNO.

Se previene que el Ministro Señor Marcos Libedinsky Tschorne concurre al rechazo del presente

requerimiento de inaplicabilidad teniendo únicamente

presente las siguientes declaraciones:

1) En lo referente a la pretendida

inconstitucionalidad del artículo 250 del Código de

Procedimiento Civil, ella no podría prosperar, simplemente, en razón de que al deducirse el

presente recurso de inaplicabilidad el citado precepto ya

había recibido aplicación en la gestión o trámite de

exequátur ingreso Nº 2349-2005 de la Excma. Corte Suprema.

En efecto, consta de los aludidos autos que la

actual recurrente “Inversiones Errázuriz Limitada”

solicitó que el exequátur fuera recibido a prueba,

trámite procesal rechazado en tres ocasiones por el

mencionado tribunal y, sólo con posterioridad a esas

negativas, se recurrió de inaplicabilidad ante esta

Magistratura a fin de que se declarara la

inconstitucionalidad del artículo 250 del Código de

Procedimiento Civil, disposición legal que faculta al

tribunal, si lo estima necesario, para abrir un término

de prueba antes de resolver sobre la petición de

exequátur. En consecuencia, el precepto cuya

constitucionalidad se cuestiona fue ya, en su

oportunidad, aplicado por el Excmo. Tribunal, al decidir

que no era necesario recibir la gestión a prueba. Ese

mismo Tribunal ha declarado que “debe descartarse la

inaplicabilidad cuando los preceptos impugnados o ya

recibieron la aplicación que se pretende eliminar,

consolidando situaciones preexistentes discutidas, o no

la recibirán en la decisión de la gestión, controversia o

conflicto pendiente que la genera”. (Corte Suprema, 28 de

junio de 1996. Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo

93, sec. 5ª. Pg. 161);

2) Ahora bien, en lo que concierne al otro

grupo de preceptos legales cuestionados de

inconstitucionalidad, esto es, los artículos 215, 217, 218 inciso segundo, 219 y 221 inciso primero del

Código Orgánico de Tribunales, todos referidos a los

abogados integrantes, para desestimar también el

recurso en este aspecto basta, en concepto del disidente,

considerar que él se plantea sobre una base hipotética o

eventual, esto es, que en la vista de la causa sobre

exequátur la Sala de la Excma. Corte Suprema, que deba

resolverlo se encuentre, efectivamente, compuesta por

abogados integrantes, situación incierta que otorga al

recurso un carácter más propio de una acción

declarativa de inconstitucionalidad que la de un recurso

de inaplicabilidad como el que se ha pretendido formular

en estos autos. En este sentido la Excma. Corte Suprema

ha expresado que “sólo corresponderá emitir

pronunciamiento sobre el fondo de la inaplicabilidad

planteada cuando las disposiciones legales objetadas de

inconstitucionales deban tener necesariamente

aplicación o estén precisamente destinadas a ser

consideradas para la decisión de la materia en la cual

incide el recurso.” (Corte Suprema. 28 de enero de 1992,

Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo 89, Sec. 5ª,

Pg. 18);

3) En conclusión, en las condiciones

precedentemente descritas, el previniente considera que

no resulta procedente entrar a conocer y

pronunciarse sobre lo que constituye, propiamente, el

mérito o fondo de constitucionalidad o

inconstitucionalidad, de los preceptos legales

impugnados en el presente recurso.

Se previene que los Ministros señores Raúl Bertelesen Repetto y Jorge Correa Sutil no comparten el párrafo final del considerando 19º de esta sentencia, que

comienza con la frase “En consecuencia . . .”.

Redactó la sentencia el Ministro señor Enrique Navarro Beltrán.

Redactaron las prevenciones sus autores.

Notifíquese por carta certificada

Rol Nº 481-2006.-

Se certifica que el Ministro señor Hernán Vodanovic Schnake, concurrió a la vista de la causa y al acuerdo del fallo, pero, no firma por encontrarse en comisión de servicio.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente don nombre reservado y los Ministros señores, Juan Colombo Campbell, Marcos Libedinsky Tschorne, nombre reservado, Hernán Vodanovic Schnake, nombre reservado, Jorge Correa Sutil, nombre reservado, señora nombre reservado

nombre reservado y Enrique Navarro Beltrán. Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, don Rafael Larrain Cruz.