Inaplicabilidad de Precepto Legal

Santiago, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Con fecha 31 de mayo de 2018, nombre reservado, jubilado, domiciliado en domicilio reservado, Santiago, ha requerido la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 45, en lo referente a la mención "Los jueces de letras de mayor cuantía, conocerán", su numeral 2°, en cuanto señala "En primera instancia", y en la frase "De las causas criminales por crimen o simple delito"; y del artículo 561, inciso segundo, todos del Código Orgánico de Tribunales vigentes a octubre de 1973, en el proceso penal seguido ante el Ministro en Visita Extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Temuco, nombre reservado, bajo el Rol N° 63.534 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Angol, por el delito de homicidio calificado de nombre reservado y nombre reservado.

Preceptos legales cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos impugnados dispone:

"Código Orgánico de Tribunales

(...)

Art. 45. Los jueces de letras de mayor cuantía conocerán:

2 ° En primera instancia:

(..)

b) De las causas criminales por crimen o simple delito, salvo de aquellas cuyo conocimiento corresponde a los jueces de letras de menor cuantía;

(.. •)

Art. 562. Las Cortes deberán expresar en cada caso en que decreten visitas extraordinarias el objeto u objetos determinados de ella y podrán autorizar, además, al ministro visitador para que ejerza en el juzgado en que se practique dicha visita las atribuciones disciplinarias que confiere este Código a los visitadores.

Las facultades del ministro en visita en los casos a que se refiere el artículo anterior, serán las de un juez de primera instancia, y contra las resoluciones que dictare en los procesos a que hubiere lugar en dichos casos, podrán deducirse los recursos legales como si se dictaren por el juez visitado.".

1 Síntesis de la gestión pendiente

Expone el requirente que acciona en el contexto de una causa que se sustancia en la ciudad de Angol, en que ha sido procesado bajo las normas del Código de Procedimiento Penal, como autor de los homicidios calificados cometidos en las personas de nombre reservado y nombre reservado, ocurridos en octubre de 1973, cuya investigación es instruida por el Ministro en Visita Extraordinaria don nombre reservado.

Conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del tribunal

Refiere el actor que dicho instructor, al dictar sentencia, lo hará en mérito de las atribuciones legales que le son conferidas por los artículos 45 y 561 del Código Orgánico de Tribunales. Dicha normativa genera en la gestión pendiente, argumenta a fojas lo, un conflicto constitucional dada su eventual aplicación desde dos apartados: la igualdad ante la ley prevista en el artículo 19, numeral 2° de la Constitución y, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, en conformidad con el artículo 19, N° 3, inciso sexto, de la Carta Fundamental, en razón de infringirse el debido proceso legal, el que contempla como requisito ineludible la existencia de un juez imparcial.

Comenta que en el caso concreto está siendo juzgado por un juez adjudicador que no satisface el estándar de un juez imparcial. Conforme la normativa que rige el sistema inquisitivo, el juez primero es investigador y acusador y luego se transforma en juez. Así, enuncia a fojas 12, éste primero priva de libertad, incomunica y procesa, luego acusa, permitiendo o rechazando recepcionar pruebas para, finalmente, él mismo, dirimir el conflicto.

En la gestión pendiente, las normas cuestionadas en esta sede constitucional conforman un estatuto legal orgánico que, al otorgar competencia al Ministro en Visita Extraordinaria para actuar en primera instancia, han entregado un marco normativo a un juez que no es imparcial, por lo que la sentencia que éste puede llegar a dictar no puede considerarse como la consecuencia jurídica de un proceso, siguiendo la nomenclatura constitucional, "legalmente tramitado".

Agrega que la reforma procesal penal de 2000, que introdujo los principios de oralidad e inmediación en nuestro sistema, guarda relación con la Disposición Octava Transitoria de la Constitución, pero ésta sólo puede estar orgánica y funcionalmente referida a las funciones del Ministerio Público, cuestión interpretativa coherente con lo dispuesto en el artículo u del Código Procesal Penal.

Por ello, las normas procesales relativas a la oralidad, al Ministerio Público, tribunales de garantía y de juicio oral no son posibles de aplicar por el impedimento constitucional y legal, pero sólo resta entender que los derechos y garantías que la nueva normativa otorga, son plenamente vigentes a casos como el seguido en la

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gestión pendiente, lo que consta también en los Tratados sobre Derechos Humanos ratificados por Chile, vigentes desde 1989 y autoejecutables, conforme fuera razonado por esta Magistratura en la STC Rol N° 2991.

Añade que las normas cuestionadas, al autorizar que un ministro de Corte de Apelaciones actúe como Ministro en Visita Extraordinaria para investigar, acusar y fallar una causa penal bajo las normas del sistema inquisitivo, contravienen la igualdad ante la ley, cuya medida de análisis se centra en la razonabilidad de la preceptiva. Una de sus manifestaciones debe vincularse con el principio general de humanidad, basado en la dignidad y el respeto a la persona.

Así, mientras que en el sistema inquisitivo la persona es objeto de la investigación, en el sistema acusatorio ésta es sujeto de derechos. El desconocimiento de los derechos en el antiguo sistema por una interpretación restrictiva constituye en el caso concreto, agrega, un trato discriminatorio y caprichoso respecto de justiciables que permanecen sometidos por la ley a un sistema hoy no aplicable para la mayoría de los ciudadanos.

Se trata de una desigualdad carente de razones que la justifiquen, puesto que el derecho al debido proceso legal impone que todas las personas tengan el derecho a un tribunal imparcial y no sólo quienes sean regidos bajo la normativa del Código Procesal Penal hoy vigente. A dicho efecto, a fojas 22 y 23 formula un paralelo entre el articulado del cuerpo criminal adjetivo de 1906 y el hoy vigente, evidenciándose así, añade, los dos escenarios legales en que se evidencia la afectación a sus derechos fundamentales, dado que el sistema inquisitivo le priva arbitrariamente de sus garantías más esenciales, agraviando sin razón alguna su persona y dignidad.

Dada la reforma constitucional que introdujo el artículo 5°, inciso segundo, a la Constitución, en 1989, se permeó el contenido del debido proceso con un cúmulo de derechos y garantías, como el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial. En la gestión pendiente, agrega el actor a fojas 36 al finalizar su libelo, ello no se cumple, pudiendo dictarse una sentencia sin legitimidad en la aplicación del ius puniendi en un Estado Democrático de Derecho.

Por ello solicita sea acogida la presentación de fojas 1.

Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Primera Sala con fecha 11 de junio de 2018, a fojas 42. A su turno, en resolución de fecha 27 de junio del mismo año, a fojas 103, se declaró admisible.

Conforme consta en autos, se hicieron parte en los autos la Unidad- Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la partes querellantes de la Agrupación de nombre reservado.

3 Traslado de los querellantes en la gestión pendiente

Solicitan el total rechazo del libelo. Comentan que el requirente no especifica la forma clara y precisa en que las normas cuestionadas contravienen la Constitución Política dada su aplicación en la gestión pendiente. En la especie se formula un requerimiento abstracto, que tiene por finalidad cuestionar la globalidad del sistema procesal penal regido bajo el Código de Procedimiento Penal y no de un determinado precepto de cara a su contraste con la Carta Fundamental. La parte querellante Agrupación de nombre reservado comenta a fojas 193, que en el caso concreto no se han manifestado qué actuaciones o resoluciones han sido carentes de imparcialidad, no haciéndose cargo, tampoco, de las formas procesales que el procedimiento en sí le otorga para el resguardo de sus derechos al reo.

Así, refieren que es cuestionada sólo la figura del juez instructor sino que de todo el sistema procesal penal vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos investigados. La acción de autos, más bien, está dirigida a la instrumentalización de esta acción constitucional para dilatar el proceso penal de la gestión pendiente en que se investigan los delitos de homicidio calificado cometidos en contra de un joven de 22 años y de un menor de edad de 14 años, teniendo presente, además, que esta Magistratura ya ha declarado la constitucionalidad del sistema procesal penal antiguo.

A lo anterior, agregan que el Código Orgánico de Tribunales autoriza en la normativa referida a la jurisdicción disciplinaria, decretar visitas extraordinarias por medio de sus ministros en los juzgados de su jurisdicción cuando el mejor servicio judicial así lo exigiere.

Refieren que, además, dicha facultad de la Corte Suprema emana de lo que la propia Constitución a ésta otorga, en tanto que, al prescribir en su artículo 81 que la Corte Suprema tiene la facultad correctiva, direccional y económica de todos los tribunales de la nación, las que dicen relación con la dirección de órganos que integran el Poder Judicial, la adopción de medidas para que los funcionarios judiciales cumplan con las normas legales que regulan su conducta y, finalmente, con la vigilancia de la administración de justicia, facultad esta última en que la Corte Suprema actúa como máximo órgano judicial.

Comentan que, por ello, el requerimiento de autos no impugna sólo los dos artículos ya reseñados, sino que, también, las facultades que la Constitución otorga a la Corte Suprema y las reglas de competencia de los tribunales de justicia, enmarcadas en el principio de inexcusabilidad y de radicación, por lo que debe ser rechazado en todas sus partes..

Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 28 de agosto de 2018 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos por la parte requirente, del abogado don Jorge Montero Mujica; por la parte querellante Unidad-Programa de Derechos

4 )

Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, del abogado don Javier Contreras Olivares; por la parte querellante de nombre reservado

nombre reservado y nombre reservado, del abogado don Francisco Jara Bustos; y por la parte querellante Agrupación de nombre reservado, de la abogada doña Alejandra Corvalán Belbig, adoptándose acuerdo con fecha 27 de septiembre del mismo año, conforme fue certificado por el relator de la causa.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los artículos 45 N° 2 ° y 561, inciso segundo, del Código Orgánico de Tribunales, vigentes a la fecha de los hechos investigados en la gestión pendiente, confieren —el primero de ellos- competencia al juez de letras de mayor cuantía para conocer, en primer instancia, entre otros asuntos, de las causas criminales por crimen o simple delito de que no conozcan los jueces de menor cuantía, y establecen —el segundo- que las facultades del Ministro en Visita, en los casos que refería el artículo 560, serán las de un juez de primera instancia, agregando que contra sus resoluciones podrán deducirse los recursos legales como si se dictaren por el juez visitado;

SEGUNDO: Que el requerimiento de fs. 1 cuestiona estas dos disposiciones porque vulnerarían el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, en el entendido que "(...) en el proceso inquisitivo chileno de 1906, el juez cumple el rol de investigador, acusador y, por último, sentenciador de las causas que interviene y, por ende, es el sostenedor de la acción penal pública en el juicio (...).

(...) Es decir, postula tempranamente en su mente y en sus resoluciones una tesis que implementará con sus medios y su conciencia. No es posible, en ese escenario, la imparcialidad en el juzgamiento" (fs. 3 y 4 de estos autos constitucionales);

TERCERO: Que, sin embargo, al examinar el requerimiento, en cuanto a la manera como dicha aplicación provocaría que los dos preceptos legales impugnados resulten contrarios a la Constitución en este caso, se advierte que no puede prosperar porque -como esta Magistratura ha resuelto reiteradamente- es menester que se exponga circunstanciadamente la explicación de la forma en que se produce la contradicción entre las normas legales objetadas, sustentada adecuada y lógicamente, y lo dispuesto en los preceptos constitucionales que se invocan como vulnerados (entre otras, STC Roles Nos 482, 494, 1.665, 1.708, 1.839, 2.017, 2.050, 2.072, 2.088, 2.549, 2.622, 2.630, 2.807), de manera tal que el requerimiento carecerá de fundamento plausible si no indica, de modo meridianamente claro y para el caso concreto, el modo en que aquellas normas colisionan con la Carta Fundamental;

CUARTO: Que, efectivamente, en el caso de autos, el requirente formula un cuestionamiento en abstracto a la competencia conferida por los artículos 45 N° 2° y 561, inciso segundo, a los jueces de letras de mayor cuantía y a los Ministros en

5 Visita para conocer de causas criminales por crimen o simple delito, a raíz que, conforme al Código de Procedimiento Penal, esos Magistrados se encontraban atribuidos tanto de las facultades de investigación como de juzgamiento, por lo que carecerían de la imparcialidad requerida, sin demostrar o, al menos, sostener argumentativamente, cómo esa competencia lesiona, en este caso concreto, el principio de imparcialidad, para demostrar que la aplicación de ambos preceptos legales redundará en que el Ministro en Visita Extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Temuco -que se encuentra sustanciando la causa Rol No 63.534 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Angol- terminará actuando sin la imparcialidad que cabe requerir, en la gestión pendiente;

QUINTO: Que, efectivamente, si bien el requerimiento discurre latamente acerca de la pretendida parcialidad del Ministro en Visita, fundada en las dos normas legales objetadas, afirma que ello sería lesivo de la igualdad ante la ley porque "(...) todas las personas tienen el derecho a un tribunal imparcial (...)" ( fs. 22 de estos autos), y también resultaría contrario al artículo 19 N° 3°, ya que las garantía del debido proceso penal "(...) son incompartibles con los artículos 45 y 561 inciso 2° del C.O.T., en cuanto el juez inquisidor, investiga y dicta sentencia, hecho irreconciliable en el debido proceso y por ello corresponde que se repute como inconstitucional por esta acción de inaplicabilidad" (fs. 28 de estos autos).

Queda así en evidencia la objeción abstracta que se formula por el requerimiento, más cuando se "(...). Pretende que el juez sea obligado a respetar la igualdad jurídica, el debido proceso legal y el derecho a defensa, a través de que, en definitiva, US. Excma. declare que el señor ministro en visita extraordinaria no podrá ampararse en forma alguna -durante este juicio- en los artículos 45 y 561 inciso 2° del Código Orgánico de Tribunales para dictar sentencia porque la aplicación de esa ley procesal causaría o produciría necesariamente el efecto inconstitucional descrito y que se torna inadmisible e intolerable en un estado democrático de derecho" (fs. lo de estos autos);

SEXTO: Que las alegaciones extractadas confirman que el requerimiento plantea un cuestionamiento a la decisión legislativa de atribuir competencia al juez del crimen o al Ministro en Visita para conocer, en primer instancia de causas criminales por crimen o simple delito, sin fundamentar adecuadamente cómo esas normas del Código Orgánico de Tribunales, en la acción en concreto de dicho juez sustanciador en la gestión pendiente, resultan —o, al menos, pueden resultar- contrarias a sus derechos fundamentales, especialmente afectando las facultades y garantías procesales del requirente, más cuando el mismo artículo 561 inciso segundo, cuya inaplicabilidad se pide, le confiere el derecho a deducir los recursos legales contra las resoluciones que adopte aquel Ministro en Visita, como si se dictaran por el juez visitado;

SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, decidir al contrario de lo que se viene razonando importaría no sólo eludir una exigencia básica de todo requerimiento de inaplicabilidad, sino que importaría, en este caso, efectuar una

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evaluación del sistema de enjuiciamiento vigente bajo el antiguo Código de Procedimiento Penal, en este caso, en relación con algunas de las normas que determinan la competencia de los jueces del crimen, en circunstancias que, como ya lo ha explicado esta Magistratura, "(...) en el ordenamiento jurídico chileno han coexistidos dos sistemas procesales penales. Uno, consagrado en el Código Procesal Penal, cuerpo legal que entró a regir progresivamente en las distintas regiones del país a partir del año 2000, y aplicable sólo a los hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia El otro sistema, es aquél establecido en el Código de Procedimiento Penal que rigió desde el 1° de Marzo de 1907 y hasta la vigencia del nuevo procedimiento penal (...), pero continuando su aplicación en los procesos incoados conforme a su enjuiciamiento y respecto de las acciones acaecidas con anterioridad a las fechas indicadas en el precepto legal transcrito (...)" (Rol N° 3.482, c.

1°).

De tal manera que, como se razonó en dicho pronunciamiento, conforme a la vigencia gradual, todos los hechos, en el orden penal, que sucedieron hasta antes de la respectiva vigencia del nuevo proceso penal en cada región del país "(...) son de competencia de los juzgados del crimen y se ajustan a las normas procesales consagradas en el Código de Procedimiento Penal" (Rol N° 3.482, c. 1').

Más todavía si, conforme a la disposición Octava Transitoria de la Constitución, se "(...) admite que procesos determinados continúen su tramitación conforme al Código de Procedimiento Penal, con lo cual se permite constitucionalmente, durante un período establecido, ambos sistemas procesales, esto es, el antiguo y el nuevo. En relación con ello, se hizo necesario que el legislador permitiera el funcionamiento de los juzgados del crimen, en los términos que las diversas leyes dictadas al efecto establecieron.

Conforme a lo anterior, nuestra Constitución no prevé un modelo procesal penal, pero si autoriza el funcionamiento de los dos sistemas reseñados, uno inquisitivo y otro acusatorio, en los términos explicados" (Rol N° 3.482, c. 2°);

OCTAVO: Que, en consecuencia, no se ha señalado, con la precisión que cabe exigir, la manera como, en el caso concreto, los artículos 45 N° 2°, en la frase impugnada, y 01, inciso segundo, del Código Orgánico de Tribunales vulneran el principio de imparcialidad invocado por el requirente, reduciéndose a plantear, en abstracto y en forma genérica, cómo esa preceptiva del antiguo procedimiento penal pugnaría con él;

NOVENO: Que, finalmente, cabe dejar constancia que este rechazo formal de improcedencia, sin analizar el fondo del requerimiento, que pudo haber sido objeto de inadmisibilidad por parte de la Sala respectiva, es el resultado de un examen que compete realizar al Pleno de este Tribunal, como ya lo ha razonado con anterioridad, por ejemplo, en los Roles No s 2.693, 2.881 y 3.146.

7 Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO PRINCIPAL DE FOJAS 1, EN TODAS SUS PARTES.

OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN AUTOS.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.

PREVENCIÓN

Los Ministros señores Iván Aróstica Maldonado (Presidente) y José Ignacio Vásquez Márquez previenen que concurren a la sentencia de autos, sin compartir sus considerandos 7°, 8° y 9°.

Redactó la sentencia el Ministro señor Miguel Ángel Fernández González; la prevención, sus autores.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 48o7 18 INA - -

S

8 SR. nombre reservado

nombre reservado por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente, Ministro señor Iván Aróstica Maldonado y los Ministros señores Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza y Juan José Romero Guzmán, señora María Luisa Brahm Barril, señores Cristián Letelier Aguilar y José Ignacio Vásquez Márquez, señora María Pía Silva Gallinato y señor Miguel Ángel Fernández González.

Autoriza la Secretaria (S) del Tribunal Constitucional, señora Mónica Sánchez Abarca.

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