Control Proyecto de Ley · Código de Justicia Militar, Decreto Ley N° 3 y Decreto Ley N° 3.538 y otras

1 Santiago, ocho de mayo de dos mil siete.

VISTOS:

Con fecha 28 de marzo de 2006, Carlos Marín Salas,

abogado, en representación de Juan Venegas Navarro,

solicita se declare inaplicable el inciso tercero del

artículo 96 del Código de Minería, en el juicio sumario

rol Nº 1555-2005, caratulado “Sociedad Legal Minera San

Armando Uno de Sierra Gorda con Venegas Navarro, Juan”,

que se tramita ante el Segundo Juzgado de Letras Civil de

Antofagasta. En dicho proceso Hagop Kazazian Parseghian,

en representación de la Sociedad Legal Minera San Armando

Uno de Sierra Gorda, solicita se declare prescrita la

acción de nulidad prevista en el N°7 del artículo 95 del

mismo Código, respecto de la concesión de las

pertenencias de propiedad de su representada, denominadas

“San Armando 1”, “San Armando 2”, “San Armando 3”, “San

Armando 4” y “San Armando 20”, del grupo “San Armando 1

al 40”, que data de 1956, superpuestas a la pertenencia

“Carmen”, constituida el año 1902, cuyo titular es el

demandado, requirente en estos autos de inaplicabilidad,

Juan Venegas Navarro, ordenando, asimismo, la cancelación

de las inscripciones de esta última en el Conservador de

Minas de Antofagasta, en virtud de lo dispuesto en el

inciso tercero del artículo 96 del Código citado, cuyo

tenor literal es el siguiente:

“Cumplida la prescripción, la concesión queda saneada de

todo vicio y además se entiende que la sentencia y su

inscripción han producido siempre los efectos que, para

cada una de éstas, señala el artículo 91. La sentencia

que, en los casos de los números 6° y 7° del artículo

anterior, declare la prescripción de la acción de nulidad 2

a que dichos números se refieren, también declarará

extinguida la pertenencia afectada por la

superposición.”

Sostiene el requirente que el precepto legal

impugnado es inconstitucional por infracción de lo

establecido en los artículos 6º; 7º; 19, N°24, incisos

primero, segundo, tercero, séptimo, octavo y noveno, y

Nº26; 63, N°1; 66, inciso segundo; 92 y 93, todos de la

Carta Fundamental.

El núcleo de la fundamentación con que el actor

respalda su pretensión consiste en presuntos vicios de

forma que atribuye al precepto cuestionado, que sustenta,

en síntesis, en que este Tribunal Constitucional señaló,

en sentencia de 6 de septiembre de 1983, en los autos rol

Nº 17, que las causales de extinción del dominio de una

concesión minera eran materias propias de ley orgánica

constitucional. Razona que, de tal manera, no obstante

resultar inconstitucional que el Código de Minería, una

ley común, regule causales de extinción de concesiones

mineras, el legislador aprobó la norma impugnada como

propia de ley común.

Concluye de lo anterior que si la disposición se

hubiere aprobado como norma de ley orgánica

constitucional, esta Magistratura, al ejercer el control

preventivo de constitucionalidad, seguramente la habría

considerado inconstitucional por violar no sólo el

artículo 19, Nº 24, inciso tercero, de la Carta, sino que

también lo dispuesto en su artículo 19, Nº 26, pues se

trataría de una ley complementaria o regulatoria de una

garantía establecida en la Constitución y que, sin

embargo, afectaría la esencia del derecho garantizado, al 3

permitir su extinción al margen del procedimiento

expropiatorio.

Se refiere, también, a la disposición segunda

transitoria de la Constitución, señalando que ésta regula

problemas de aplicación temporal de las leyes en materia

minera, asegurando que ella no modifica ni puede

modificar una disposición permanente, pues, al expresar

que “en lo tocante a su extinción, prevalecerán las

disposiciones de dicho nuevo Código de Minería”, ha de

entenderse que éste debe guardar armonía con lo dispuesto

en el artículo 19 Nº 24, inciso séptimo, de la Carta

Fundamental, esto es, que las causales de extinción deben

establecerse mediante ley orgánica constitucional y

respetar los derechos fundamentales. Afirmar lo

contrario, sostiene, significa aseverar que existen

concesiones mineras de primera y de segunda clase. Las de

primera categoría serían las constituidas luego de entrar

en vigencia la Constitución y cuyas causales de extinción

sólo podrían ser establecidas por ley orgánica

constitucional. Las de segunda categoría serían las

concesiones constituidas con anterioridad a la vigencia

de la Constitución, cuyas causales de extinción podrían

ser determinadas por una ley común. Asegura que se

trataría de un distingo arbitrario, injusto e

injustificado.

Agrega que, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso

séptimo del artículo 19, Nº 24, de la Constitución, una

ley de carácter orgánico constitucional debía establecer

las causales de extinción de las concesiones mineras,

exigencia que se cumplió con la dictación de la Ley Nº

18.097, de 1982, Orgánica Constitucional sobre 4

Concesiones Mineras, la que en su artículo 18 señaló

tales causales, entre las que no se contempló la

contenida en la disposición impugnada. Si la Constitución

exige que sólo esa ley orgánica constitucional debiera

establecer las causales de extinción de las concesiones

mineras, concluye, toda otra causal no contemplada en

ella, por ese solo hecho, adolece de ilegitimidad por

inconstitucionalidad.

De la manera indicada, afirma, al establecer el

inciso tercero del artículo 96 del Código de Minería que

la sentencia judicial que en los casos de nulidad de una

concesión minera por superposición, según los Nºs. 6º y

7º del artículo 95 del Código, declare la prescripción

extintiva de la acción de nulidad a que esos numerales se

refieren, debe también declarar extinguida la pertenencia

afectada por la superposición, creó una nueva causal de

extinción del dominio de concesiones mineras válidamente

constituidas, mediante una ley de rango distinto al

exigido por la Carta Fundamental, incurriendo en un vicio

en la formación del precepto legal impugnado.

En un segundo orden de alegaciones, el actor

sostiene que de los razonamientos ya reseñados se

producen “consecuencias sustantivas” de la

inconstitucionalidad formal del cuestionado artículo 96,

inciso tercero, del Código de Minería, aludiendo a

diversos otros vicios que el requerimiento atribuye al

precepto impugnado, que consisten en cuestionamientos

sustanciales o de fondo, los cuales organiza y desarrolla

bajo los acápites que se sintetizan a continuación:

a) Se afecta la esencia del dominio sobre la concesión

minera, pues la norma impugnada, al sanear la concesión 5

superpuesta, está aceptando la existencia de una

situación expresamente prohibida por la Constitución y la

ley orgánica constitucional respectiva. Razona en este

punto sobre la exclusividad del dominio sobre la

concesión minera y la prohibición de constituir

concesiones mineras superpuestas a otras, concluyendo que

el precepto cuestionado, al sanear la superposición de

concesiones mineras, vulnera no sólo los artículos 19,

N°24, inciso séptimo, 60 (63), N°1; 63 (66), inciso

segundo, de la Constitución, sino también los artículos

6º y 7º de la misma Carta Fundamental, al haberse dictado

en contravención a la Ley Orgánica Constitucional sobre

Concesiones Mineras. Finalmente, sostiene que consagra

una privación de explotar con exclusividad, lo que

constituye una facultad esencial y el núcleo o esencia

del derecho de dominio sobre la concesión, que no puede

ser afectado en virtud del N°26 del artículo 19 de la

Carta Suprema;

b) Establece una causal de extinción no autorizada por la

Constitución, vicio que hace residir en que el inciso

tercero del artículo 96 del Código de Minería tipifica o

crea una nueva causal de extinción del dominio, en

circunstancias –afirma- que la única ley autorizada por

la Constitución era y es la Ley Orgánica Constitucional

sobre Concesiones Mineras. De esta manera, el precepto

legal impugnado vulneraría sustantivamente la

Constitución en sus artículos 19, N°24, inciso séptimo;

63, N°1, y 66, inciso segundo, porque excede el campo de

la ley simple o común e invade dominios de la ley

orgánica constitucional, a lo que se añade el

incumplimiento del artículo 93, N°1, configurándose un 6

vicio de nulidad constitucional en virtud de lo dispuesto

en el artículo 7º de la Ley Suprema;

c) No es posible privar del dominio sin expropiación.

Razona en este punto el requirente que para modificar el

estatuto vigente de las concesiones mineras, como lo

sería el resultado de la aplicación de la norma

impugnada, la Constitución exige sujetarse única y

exclusivamente a lo que establezca la Ley Orgánica

Constitucional sobre Concesiones Mineras o proceder a la

expropiación, y

d) Procede la declaración de inaplicabilidad por

inconstitucionalidad, en atención a que el Tribunal

Constitucional no se ha pronunciado sobre la

constitucionalidad de la norma impugnada sino únicamente

sobre su rango normativo, por lo que no existe ninguna

restricción constitucional para hacerlo ahora.

Concluye el requirente solicitando la declaración de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso

tercero del artículo 96 del Código de Minería en la

gestión judicial ya individualizada, por ser contrario a

los artículos 6º; 7º; 19, N°24, incisos primero, segundo,

tercero, séptimo, octavo y noveno, y N°26; 63, N°1, y 66,

inciso segundo, de la Constitución Política.

Con fecha 5 de abril de 2006, la Primera Sala de

este Tribunal resolvió no admitir a tramitación el

requerimiento por defectos en su argumentación y citas

constitucionales, sin perjuicio de la facultad del

requirente para enmendar su requerimiento, de conformidad

con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 41 de

la Ley N°17.997, Orgánica Constitucional de este

Tribunal.

7 El actor, mediante escrito de 13 de abril del mismo

año, formuló una presentación destinada a subsanar los

defectos del requerimiento, precisando que la garantía

del derecho de propiedad ampara a la concesión minera por

ser ésta un derecho real, esto es, un bien incorporal, de

acuerdo al inciso primero del N°24 del artículo 19 de la

Carta Política, sin perjuicio de lo cual dicha garantía

ha sido reforzada en el inciso noveno de la misma norma,

al hacer expresa esta garantía respecto de las

concesiones mineras. Sin embargo, agrega, el inciso

séptimo de la citada disposición autoriza a la ley, que

ha de tener el rango de orgánica constitucional, para

determinar, entre otras, las causales de simple extinción

del dominio sobre la concesión, idea que fue confirmada

por el Tribunal Constitucional en su sentencia de seis de

septiembre de 1983. Añade que, no obstante lo indicado,

el precepto cuestionado fue promulgado como ley simple,

omitiéndose el control de constitucionalidad que, de

haberse aprobado con rango de ley orgánica, habría

ejercido esta Magistratura, en cuyo caso, en su opinión,

este Tribunal también la habría tachado de

inconstitucional por infracción del inciso tercero del

N°24 y del N°26 del artículo 19 de la Ley Fundamental,

por regular una garantía constitucional afectándola en su

esencia, al permitir su extinción al margen del

procedimiento expropiatorio, más aun respecto de los

títulos mineros anteriores, toda vez que el inciso

séptimo del N°24 del citado artículo 19 establece que las

causales de caducidad o de simple extinción del dominio

deben estar establecidas al momento de otorgarse la

concesión.

8 Hace hincapié, asimismo, en que para esa parte

requirente la causal patente de inconstitucionalidad es

de tipo formal, al ser norma de ley común, no obstante

que la Constitución exige una ley orgánica constitucional

y que este Tribunal, en fallo de seis de septiembre de

1983, así lo había declarado, en circunstancias que, de

haberse ejercido control sustantivo de constitucionalidad

como ley orgánica constitucional, “seguramente habría

motivado discusión en cuanto a su constitucionalidad por

aplicación de los artículos 19, N°24, incisos 1, 3, 7 in

fine, 9 y 19 N°26”.

El 19 de abril de 2006, se tuvo por subsanados los

defectos del requerimiento y se solicitó al Segundo

Juzgado de Letras de Antofagasta remitir copias

autorizadas de ciertas piezas del proceso materia de

estos autos.

Con fecha 7 de junio del mismo año, la Primera Sala

del Tribunal declaró admisible la acción interpuesta por

estimar que en la especie se daba cumplimiento a los

requisitos exigidos por el artículo 93, inciso décimo

primero, de la Constitución.

Con fecha 13 de julio de 2006, haciendo uso del

traslado que se le confirió, el abogado Carlos Claussen

Calvo, en representación de la requerida, Sociedad Legal

Minera San Armando Uno de Sierra Gorda, formula

observaciones al requerimiento, consignando, en primer

término, lo que llama observaciones generales previas

sobre el recurso de inaplicabilidad interpuesto, que

destina a sostener que el precepto impugnado es sólo la

última parte del inciso tercero del artículo 96 del

Código de Minería; que el actor ha alegado únicamente 9

inconstitucionalidad de forma y no de fondo, y propone

una interpretación acerca del quórum necesario para el

pronunciamiento de esta Magistratura.

Entra a continuación a exponer argumentaciones

orientadas a desvirtuar los fundamentos de la acción, las

cuales, en lo sustancial, en su primera parte están

destinadas a demostrar que el precepto legal impugnado no

habría infringido, en su formación, los artículos 63, Nº

1, 66, inciso segundo, ni el artículo 19, Nº 24, inciso

séptimo, de la Constitución, por las razones que se

resumen a continuación:

a) Conforme lo ordenaba expresamente la disposición

vigésima primera transitoria, letra b), de la

Constitución, durante el período que indicaba, no fue

aplicable el artículo 66, inciso segundo, de la

Constitución Política;

b) Reserva legal es el expreso mandato que la

Constitución ha dado acerca de la categoría de la ley

llamada a regular ciertos contenidos referidos a las

concesiones mineras, que no debe ser otra que la ley

orgánica constitucional. En su virtud, las materias que

en conformidad a la Constitución deben tener tal carácter

no pueden, legítimamente, estar contenidas en leyes de

otro rango. La norma que establece dicha “reserva legal”

está dada por el inciso séptimo del número 24 del

artículo 19 de la Constitución Política de la República.

La determinación de la extensión de la exigencia de Ley

Orgánica Constitucional contenida en dicha norma no ha

sido pacífica ni en la doctrina ni en la jurisprudencia.

Así, entonces, la disposición constitucional ha debido

ser objeto de interpretación y, en primer lugar, por la 10

Junta de Gobierno, quien efectivamente consideró que la

norma impugnada en estos autos debía tener carácter sólo

de ley común;

c) Respecto de las concesiones mineras en vigor al

momento de entrar en vigencia la actual Constitución,

la disposición segunda transitoria estableció un régimen

legal especial aplicable a ellas, en virtud del cual

sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción –por

cualquier causa que ésta sea- se regirían no ya por la

Ley Orgánica Constitucional señalada en el inciso 7° del

numeral 24 del artículo 19 permanente, sino por el

nuevo Código de Minería que se dictaría

posteriormente.

Esta disposición sería, sostiene el requerido,

categórica en entregar el mandato transitorio al Código

de Minería en cuanto a regular -a más de la forma,

condiciones y efectos de tales concesiones mineras

vigentes a ese momento- “lo tocante a su extinción”.

Refuerza este razonamiento destacando que el artículo 1°

transitorio de la Ley Orgánica Constitucional sobre

Concesiones Mineras reproduce la norma fundamental

transitoria citada.

Sostiene a continuación que la concesión minera del

requirente se encontraba en vigor al momento de entrar en

vigencia la Constitución, al igual que la de la

requerida, de manera tal que, a su respecto, la causal de

extinción por declaración de prescripción de la acción de

nulidad establecida en el artículo 96, inciso tercero,

así como cualquier otra, no ha estado ni está sometida a

la “reserva legal” que establece el artículo 19, Nº 24,

inciso séptimo, de la Constitución, rigiéndose no por la 11

Ley Orgánica Constitucional, sino por el nuevo Código de

Minería que tiene carácter de ley común;

d) Sólo deben ser materia de ley orgánica

constitucional, de acuerdo con el inciso séptimo del

número 24 del artículo 19 de la Constitución, las

causales de caducidad y de extinción del dominio de la

concesión relativas al régimen de amparo, siendo todas

las demás causales de extinción, entre las que se

encuentra la del artículo 96 del Código de Minería,

materia de ley común, por las siguientes razones: i) Las

leyes orgánicas constitucionales y las de quórum

calificado constituyen la excepción, pues sólo las hay

respecto de las materias que la propia Constitución les

encomienda expresamente. Por lo tanto, la regla general

es la simple ley; ii) La Constitución Política, en su

artículo 19, Nº 24, inciso séptimo, ha distinguido entre

la caducidad y la simple extinción del dominio, puesto

que la primera conlleva la extinción de la concesión y la

segunda la transferencia de ella a un tercero. Estas

situaciones tienen lugar, precisamente, cuando se

desampara una concesión minera y llega el momento del

remate, en el cual si no hay postores se produce la

caducidad, y si los hay, la transferencia de la concesión

al mejor postor. Se tiene, así, o caducidad de la

concesión o, bien, extinción del dominio del propietario

moroso sobre ella y transferencia de la misma al

rematante, ambas situaciones referidas exclusivamente al

amparo. El inciso séptimo del número 24 del artículo 19

de la Constitución se refiere inequívocamente al régimen

de amparo, pues es indiscutible que el único sujeto de la

frase respectiva es, precisamente, el “régimen de 12

amparo”, el cual comprende “caducidad” y “simple

extinción del dominio” sobre la concesión; iii) Por otra

parte, cuando el inciso octavo del número 24 de ese mismo

artículo 19 dispone que “será de competencia exclusiva de

los tribunales ordinarios de justicia declarar la

extinción de tales concesiones”, no lo hace en relación

con el amparo, puesto que éste ya lo dejó tratado en el

inciso séptimo, y iv) El Código de Minería, dictado en

conformidad al mandato de la disposición segunda

transitoria de la Constitución, constituye una regla

especial que debe prevalecer sobre la norma general

contenida en el inciso séptimo del numeral 24 citado.

Dicho cuerpo legal debió necesariamente tener carácter de

ley común, en conformidad a lo que dispone el artículo

63, Nº 3, de la Constitución;

e) El criterio que este Tribunal Constitucional sostuvo

en la sentencia de 6 de septiembre de 1983, contrarió el

criterio previo manifestado en la sentencia de 22 de

diciembre de 1981. Para fundar esta afirmación indica que

el Tribunal Constitucional reconoció la competencia de la

ley común (Código de Minería) para establecer una causal

de “caducidad” de los derechos emanados de concesiones

mineras, negándosela a la Ley Orgánica Constitucional, en

referencia al Rol Nº 10, sobre la Ley Orgánica

Constitucional de Concesiones Mineras, y

f) La jurisprudencia de la Corte Suprema ratifica la

opinión de que la causal de extinción de la concesión

minera por prescripción de la acción de nulidad es

materia de ley común.

La segunda parte de las observaciones del requerido

se destina a rebatir los vicios de inconstitucionalidad 13

de fondo atribuidos por la actora al precepto legal

impugnado, aduciendo para ello, en síntesis, lo

siguiente:

El artículo 96, inciso tercero, del Código de

Minería no constituye una causal de privación del dominio

sobre las concesiones mineras que vulnere el derecho de

dominio en su esencia, pues la extinción de la

pertenencia que dicho precepto ordena declarar al juez

que previamente ha resuelto la extinción de la acción de

nulidad que competía al titular de la concesión minera

subpuesta, no es sino la aplicación en materia minera de

la necesidad de sanear situaciones que originalmente han

nacido viciadas pero que, supuesto el cumplimiento de

algunos requisitos, es necesario superar en aras del bien

jurídico superior, esto es, la estabilidad de los

derechos. Dicha causal de extinción del dominio no puede

entenderse si no se tiene en cuenta que el artículo que

le precede contempla las causales de nulidad de una

concesión minera y que, luego, el inciso primero del

artículo 96 preceptúa que las acciones de nulidad

establecidas en los N°s. 1º a 7º del artículo anterior se

extinguen por prescripción en el plazo de cuatro años,

contados desde la publicación del extracto de la

sentencia constitutiva de la concesión. Las causales de

los números 6º y 7º, por su lado, se refieren a las

concesiones superpuestas. Así, la extinción cuestionada

lleva consigo legítimamente la privación del dominio

sobre la concesión y, por ende, la del derecho exclusivo

a explorar y explotar, porque dicha posibilidad de

extinción de la concesión se entiende incorporada al

título de la concesión por efecto del ejercicio que dicho 14

Código hizo de la facultad que la disposición segunda

transitoria de la Constitución le había delegado en ese

sentido.

Al producirse superposición de concesiones mineras,

lo que en derecho ocurre es, en estricto rigor, el

otorgamiento por parte de la autoridad estatal de dos

derechos (reales administrativos) de aprovechamiento

sobre una misma cosa de dominio estatal, que no deja por

ello de ser de dominio público, debiendo resolverse la

validez de uno u otro con arreglo a las normas civiles

que rigen la materia, cuales son, en primer lugar, el

artículo 1.683 del Código Civil, que trata el

“saneamiento” de la acción de nulidad de un acto o

contrato, que permite declarar la concesión superpuesta

purgada del vicio de que adolece, cual es afectar otro

derecho previo sobre el mismo bien, y considerarla

inatacable por ese motivo, norma que es reiterada en la

primera parte del inciso tercero del artículo 96 del

Código de Minería.

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.498

del Código Civil – reiterado por el legislador minero en

el artículo 93 del Código del ramo- se gana por

prescripción el derecho real administrativo de

aprovechamiento emanado de la concesión minera

superpuesta a otra, al no estar expresamente exceptuado

de la norma general.

A consecuencia de no haber ejercido el titular de la

concesión subpuesta su derecho a solicitar la nulidad de

la superpuesta, se extingue definitivamente aquélla por

aplicación de lo expresamente ordenado en el artículo

2.517 del Código Civil. Ejerciéndose los derechos 15

concedidos por la autoridad respecto de un mismo bien, el

segundo concesionario ha entrado en posesión del mismo

bien, en perjuicio del primero, quien pudo impetrar la

nulidad de la concesión superpuesta, pero no lo hizo por

indolencia.

Indica, por último, que la causal de extinción de la

concesión minera cuyo titular no ha ejercido

oportunamente la acción de nulidad por superposición, no

contraría norma civil alguna relativa al dominio y a la

pérdida de éste por prescripción, sino que simplemente lo

aplica y explicita al fenómeno propio del ámbito minero,

cual es la superposición de concesiones mineras; y, por

lo mismo, tampoco contraría el derecho de propiedad que

el titular de la concesión minera tiene sobre ésta.

La Constitución no ha establecido a la

“expropiación” como única causal de extinción del dominio

de los titulares de concesiones mineras, siendo la causal

del artículo 96, inciso tercero, del Código del ramo,

concordante con el régimen constitucional del dominio.

Mientras tanto, las causales de caducidad o extinción del

derecho del titular que operan como resultado de una

condición que está contenida en el propio título que ha

dado origen al derecho, no requerían, para establecerlas,

texto alguno de la Carta que no fuera el inciso segundo

del Nº 24 del artículo 19.

Añade que es el bien común el que inspira el

establecimiento de un régimen de propiedad que revista

características que proporcionen seguridad a su

beneficiario, tal como por razones de bien común puede

contemplarse la posibilidad de perder el beneficio en 16

razón de no haberse ajustado al marco fijado en el

estatuto de su otorgamiento.

Concluye el requerido expresando que la prescripción

opera exclusivamente como causal de término de la acción

de nulidad reconocida en favor del beneficiario de la

pertenencia anterior cuando otra posterior ha ocupado, en

todo o parte, la superficie a que se refiere su

derecho. El simple vencimiento de los cuatro años que

tiene para interponer la acción de nulidad no acarrea el

término de su dominio sobre la concesión, pues la causal

de pérdida del derecho de la concesión se origina

cuando el juez, en la sentencia, declara haberse

producido tal prescripción y, consecuentemente,

extinguido la pertenencia afectada por la superposición,

de manera que el derecho del concesionario posterior no

proviene de la extinción de la acción de nulidad, sino de

la decisión de la magistratura que ha reconocido la

pertenencia en su favor, consolidando en favor del

beneficiario de la concesión posterior el derecho de que

ya gozaba.

Por resolución de fecha diez de noviembre de 2006,

la Primera Sala del Tribunal decretó la suspensión del

proceso que constituye la gestión pendiente materia de

estos autos, rol 1555-2005, del Segundo Juzgado de Letras

de Antofagasta.

Con fecha veinticuatro de noviembre de 2006, se

ordenó tener como parte coadyuvante en el presente

proceso a la Sociedad Química y Minera de Chile S. A.

El veintiocho del mismo mes y año, se trajeron los

autos en relación y se oyeron los alegatos de los

abogados de las partes, y 17

CONSIDERANDO:

I. Sobre la controversia planteada en estos autos y la

competencia de este Tribunal Constitucional para

decidirla.

PRIMERO: Que, como se ha señalado en la parte expositiva

de esta sentencia, en estos autos Carlos Marín Salas, en

representación de Juan Venegas Navarro, solicita que esta

Magistratura declare inaplicable el inciso tercero del

artículo 96 del Código de Minería, en el juicio sumario

rol Nº 1555-2005, caratulado “Sociedad Legal Minera San

Armando Uno de Sierra Gorda con Venegas Navarro, Juan”,

que se tramita ante el Segundo Juzgado de Letras Civil de

Antofagasta. En dicho proceso Hagop Kazazian Parseghian,

en representación de la Sociedad Legal Minera San Armando

Uno de Sierra Gorda, pretende que se declare prescrita la

acción de nulidad prevista en el N°7 del artículo 95 del

Código de Minería, respecto de la concesión de las

pertenencias de propiedad de su representada, denominadas

“San Armando 1”, “San Armando 2”, “San Armando 3”, “San

Armando 4” y “San Armando 20”, del grupo “San Armando 1

al 40”, constituidas en 1956, superpuestas a la

pertenencia “Carmen”, constituida en 1902, cuyo titular

es el demandado del juicio y requirente en estos autos de

inaplicabilidad, Juan Venegas Navarro, declarando la

extinción y ordenando la cancelación de las inscripciones

de esta pertenencia en el Conservador de Minas de

Antofagasta, en virtud de lo dispuesto en el inciso

tercero del artículo 96 del Código citado;

SEGUNDO: Que el artículo 95 del Código de Minería

enumera taxativamente las causales de nulidad de una

concesión minera consultando, en su N°7, la de haberse 18

constituido la pertenencia abarcando terreno ya

comprendido por otra pertenencia, esto es,

superponiéndose a una pertenencia anterior que, por

tanto, queda afectada por la superposición;

TERCERO: Que, a su turno, el artículo 96 del aludido

cuerpo legal dispone, en su inciso primero, que la

señalada acción de nulidad se extingue por prescripción

en el plazo de cuatro años y, en su inciso tercero, añade

que cumplida la prescripción, la concesión queda saneada

de vicios y ordena que la sentencia que declare la

prescripción de la acción de nulidad también declare

extinguida la pertenencia afectada por la superposición;

CUARTO: Que, específicamente, el precepto legal cuya

inaplicabilidad se solicita en el presente proceso es el

inciso tercero del artículo 96 del Código de Minería,

cuyo texto, que por su importancia se reitera, expresa:

“Cumplida la prescripción, la concesión queda saneada de

todo vicio y además se entiende que la sentencia y su

inscripción han producido siempre los efectos que, para

cada una de éstas, señala el artículo 91. La sentencia

que, en los casos de los números 6° y 7° del artículo

anterior, declare la prescripción de la acción de nulidad

a que dichos números se refieren, también declarará

extinguida la pertenencia afectada por la

superposición.”;

QUINTO: Que el citado precepto legal se encuentra

actualmente vigente y su aplicación puede resultar

decisiva en el juicio sumario rol Nº 1555-2005,

caratulado “Sociedad Legal Minera San Armando Uno de

Sierra Gorda con Venegas Navarro, Juan”, tramitado ante

el Segundo Juzgado de Letras Civil de Antofagasta, en el 19

cual se solicita que por aplicación del precepto

impugnado y como su natural efecto, se declare extinguida

la pertenencia minera “Carmen”, cuyo titular es el

requirente, Juan Venegas Navarro;

SEXTO: Que el artículo 93, inciso primero, Nº 6, de la

Constitución Política de la República otorga a este

Tribunal Constitucional competencia para “resolver, por

la mayoría de sus miembros en ejercicio, la

inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en

cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario

o especial, resulte contraria a la Constitución”.

La misma norma constitucional precisa, en su inciso

décimo primero, que, en este caso, “la cuestión podrá ser

planteada por cualquiera de las partes o por el juez que

conoce del asunto” y agrega que “corresponderá a

cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin

ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre

que verifique la existencia de una gestión pendiente ante

el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del

precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la

resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada

razonablemente y se cumplan los demás requisitos que

establezca la ley”;

SEPTIMO: Que de lo razonado en los considerandos

precedentes debe concluirse que esta Magistratura es

competente para resolver la controversia de

constitucionalidad suscitada que, como ha quedado

explicado, consiste en decidir si la norma impugnada

puede o no ser aplicable en un proceso que trata de una

superposición minera ocurrida en el año 1956 sobre una

pertenencia constituida en 1902;

20 OCTAVO: Que para una más adecuada comprensión del

alcance de la competencia de este Tribunal

Constitucional, antes de entrar al análisis de la

cuestión debatida, se formularán algunas precisiones

sobre tres órdenes de materias que se vinculan entre sí y

que incidirán en la resolución que se adopte, a saber: a)

naturaleza y características de la actual acción de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad; b) aplicación

al ejercicio de la jurisdicción, por parte de este

Tribunal, de reglas generales y principios orgánicos

vinculados a la competencia, particularmente en relación

con lo que la doctrina denomina la “competencia

específica”, construcción necesaria para la

interpretación y aplicación de las normas orgánicas, y c)

el principio de exclusión de toda consideración sobre el

mérito u oportunidad de la norma impugnada;

NOVENO: Que, respecto del primer punto anunciado, la

sentencia de este Tribunal, de diecisiete de noviembre de

2006 (rol Nº 546, Capítulo I), se refirió extensamente a

la naturaleza de la actual acción de inaplicabilidad y

sus diferencias con la similar prevista en la Carta

Fundamental con anterioridad a la reforma del año 2005,

destacando especialmente la constatación de que de la

simple comparación del texto de la norma actual con el

antiguo artículo 80 de la Carta Fundamental, que

entregaba esta facultad a la Corte Suprema, se desprende

que mientras antes se trataba de una confrontación

directa entre la norma legal y la disposición

constitucional, ahora se está en presencia de una

situación diferente, por cuanto lo que podrá ser

declarado inconstitucional, por motivos de forma o de 21

fondo, es la aplicación del precepto legal impugnado a un

caso concreto, lo que relativiza el examen abstracto de

constitucionalidad, marcando así una clara diferencia con

la regulación prevista por el texto constitucional

anterior.

Lo dicho deja de manifiesto que las características

y circunstancias del caso concreto de que se trate, han

adquirido en la actualidad una relevancia mayor de la que

debía atribuírseles antes del 2005 pues, ahora, la

decisión jurisdiccional de esta Magistratura ha de recaer

en la conformidad o contrariedad con la Constitución que

la aplicación del precepto impugnado pueda tener en cada

caso concreto sub lite, lo que no implica,

necesariamente, una contradicción abstracta y universal

con la preceptiva constitucional.

De esta manera, el que en un caso determinado se

declare un precepto legal inaplicable por

inconstitucional, no significa que siempre y en cualquier

caso procederá igual declaración.

Similares reflexiones formuló la sentencia de ocho

de agosto de 2006 (rol Nº 478).

Sin perjuicio de las características ya referidas en

la jurisprudencia anterior de este Tribunal acerca de la

acción de inaplicabilidad, conviene añadir en esta

ocasión otra, cual es el efecto exclusivamente negativo

de la declaración de inaplicabilidad, que se traduce en

que, declarado por esta Magistratura que un precepto

legal preciso es inaplicable en la gestión respectiva,

queda prohibido al tribunal ordinario o especial que

conoce de ella aplicarlo. Sin embargo, en caso de

desecharse por este Tribunal Constitucional la acción de 22

inaplicabilidad intentada, el juez de la instancia

recupera en plenitud su facultad para determinar la norma

que aplicará a la resolución del conflicto del que

conoce, sin que necesariamente deba ella ser la misma

cuya constitucionalidad fue cuestionada sin éxito;

DECIMO: Que, en cuanto al segundo punto, en

concordancia con los principios orgánicos vinculados a la

competencia aplicables al proceso constitucional, puede

citarse lo aseverado por el profesor y actual Ministro de

este Tribunal, Juan Colombo Campbell, en su obra “El

Debido Proceso Constitucional” (Cuadernos del Tribunal

Constitucional, N°32, de 2006), en cuanto consigna, entre

ellos, el de la “competencia específica”, respecto de la

cual señala: “Se define como la facultad que tiene el

tribunal para conocer de las materias que conforman un

proceso determinado. Es la singularización al caso

concreto. El tribunal asume competencia específica para

conocer el proceso y resolver el conflicto que en él se

ventila y de su ejercicio surgirá el efecto de cosa

juzgada, y la ultra y extra petita cuando el tribunal la

extralimite”.

Añade que la competencia específica que obliga al

Tribunal a conocer lo que se le pide y resolver solamente

lo debatido, constituye un principio informador básico y

una garantía para los sujetos del proceso.

Sobre esta materia, el mismo autor, en su conocida obra

“La Competencia” (Ed. Jurídica, 2a edición, 2004), en la

que analiza extensamente dicha institución, había sintetizado

el significado e importancia de precisar en cada proceso la

competencia específica del tribunal, señalando que “El

juez no puede andar buscando conflictos para decidir”, 23

afirmación que resulta muy exactamente aplicable a esta

Magistratura Constitucional;

UNDECIMO: Que, con relación a la última de las materias

planteadas en el considerando octavo, se recordará, como

este Tribunal lo ha declarado reiteradamente (sentencias

recaídas en los roles Nºs. 325 y 465, entre otras), que

su competencia limita en el mérito de la norma en que

supuestamente incide el vicio de inconstitucionalidad,

pues esta Magistratura, al velar por la aplicación

efectiva del principio de supremacía constitucional,

debe, igualmente, cumplir con los principios establecidos

por la Constitución en sus artículos 6º y 7º.

La Carta Fundamental establece órganos legislativos,

administrativos y jurisdiccionales, y cuando estos

últimos controlan la constitucionalidad de los actos de

los primeros no pueden invadir su campo propio, por lo

tanto, les está vedado entrar a calificar el mérito,

oportunidad o conveniencia de la norma impugnada;

DUODECIMO:Que, formuladas las reflexiones precedentes, se

entrará a identificar las pretensiones de las partes y

los argumentos en que ellas se fundamentan, a fin de

resolver el conflicto sub lite;

II. Constitucionalidad de forma del inciso tercero

del artículo 96 del Código de Minería.

DECIMO TERCERO:Que del examen del contexto de las

alegaciones del requirente se desprende, con nitidez,

que, en lo sustancial, las mismas pretenden obtener la

declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad

de forma del precepto legal impugnado, sin perjuicio de

atribuirle, además, consecuencias sustantivas que

configurarían vicios de fondo, como más adelante se 24

resolverá. Se procederá, en consecuencia, como ha sido la

práctica invariable de este Tribunal, a analizar

primeramente los presuntos vicios formales, por ser la

fórmula que más se aviene con la razón, pues, de estar

viciado en su formación, el precepto legal impugnado no

será tal y deberá acogerse el requerimiento, por lo que

carecerá de toda utilidad analizar, además, las

inconstitucionalidades de fondo de que pudo adolecer;

DECIMO CUARTO: Que el vicio de forma que se imputa al

precepto impugnado se hace residir en que, de acuerdo con

el inciso séptimo del número 24 del artículo 19 de la

Constitución, sólo una ley orgánica constitucional puede

establecer causales de extinción de las concesiones

mineras en general -como las contempladas en el artículo

18 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones

Mineras-, por lo que toda y cualquier otra causal de

extinción que se instituya en una ley simple, por ese

solo hecho, adolecería de inconstitucionalidad formal,

por infracción de los artículos 6º, 7º, 19, N°24, inciso

séptimo, 63, N°1, 66, inciso segundo, 92 y 93 de la

Constitución;

DECIMO QUINTO: Que las normas constitucionales

presuntamente infringidas son del siguiente tenor:

“Artículo 6º.- Los órganos del Estado deben someter su

acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme

a ella, y garantizar el orden institucional de la

República.

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a

los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda

persona, institución o grupo.

25 La infracción de esta norma generará las

responsabilidades y sanciones que determine la ley.”.

“Artículo 7º.- Los órganos del Estado actúan válidamente

previa investidura regular de sus integrantes, dentro de

su competencia y en la forma que prescriba la ley.

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de

personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de

circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos

que los que expresamente se les hayan conferido en virtud

de la Constitución o las leyes.

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y

originará las responsabilidades y sanciones que la ley

señale.”.

“Artículo 19. La Constitución asegura a todas las

personas:

N°24, inciso séptimo:

“Corresponde a la ley determinar qué sustancias de

aquellas a que se refiere el inciso precedente,

exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden

ser objeto de concesiones de exploración o de

explotación. Dichas concesiones se constituirán siempre

por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán

los derechos e impondrán las obligaciones que la ley

exprese, la que tendrá el carácter de orgánica

constitucional. La concesión minera obliga al dueño a

desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el

interés público que justifica su otorgamiento. Su régimen

de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa

o indirectamente a obtener el cumplimiento de esa

obligación y contemplará causales de caducidad para el

caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio 26

sobre la concesión. En todo caso dichas causales y sus

efectos deben estar establecidos al momento de otorgarse

la concesión.”.

“Artículo 63.- Sólo son materias de ley:

1) Las que en virtud de la Constitución deben ser objeto

de leyes orgánicas constitucionales;”.

Artículo 66, inciso segundo:

“Las normas legales a las cuales la Constitución confiere

el carácter de ley orgánica constitucional requerirán,

para su aprobación, modificación o derogación, de las

cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en

ejercicio.”.

Los artículos 92 y 93 de la Constitución, por su parte,

se refieren a la organización y atribuciones de este

Tribunal Constitucional y resulta innecesario

transcribirlos;

DECIMO SEXTO: Que el fundamento basal de la tesis que

sostiene el requerimiento radica en que, por sentencia de

esta Magistratura de 6 de septiembre de 1983, recaída en

los autos rol Nº 17, se habría decidido que todas y

cualquiera causal de extinción del dominio de una

concesión minera es materia propia de ley orgánica

constitucional, de lo que el requirente concluye que

resulta inconstitucional que el Código de Minería

estableciera nuevas causales de extinción de concesiones

mineras no previstas en la respectiva ley orgánica

constitucional.

Argumenta que, no obstante lo expuesto, el

legislador aprobó el inciso tercero del artículo 96 del

Código de Minería como ley común, lo que obvió el control

preventivo de rigor por parte de esta Magistratura.

27 A lo anterior añade como argumento que el inciso

segundo de la disposición segunda transitoria de la

Constitución no pudo modificar las normas permanentes de

ésta y que, al aludir al nuevo Código de Minería, el

Constituyente partió de la base de que éste se ajustaría

a la Carta Suprema;

DECIMO SEPTIMO:Que, como se señaló en la parte

expositiva, la requerida sostiene en lo medular de sus

argumentaciones que sólo deben ser materia de ley

orgánica constitucional, de acuerdo con el inciso séptimo

del número 24 del artículo 19 de la Constitución, las

causales de caducidad y de extinción del dominio de la

concesión relativas al régimen de amparo, siendo todas

las demás causales de extinción materia de ley común,

añadiendo que, respecto de las concesiones mineras en

vigor al momento de entrar en vigencia la actual

Constitución, la disposición segunda transitoria

estableció un régimen legal especial aplicable a ellas,

en virtud del cual su extinción –por cualquier causa que

ésta sea- se regiría por el nuevo Código de Minería que

se dictaría posteriormente;

DECIMO OCTAVO: Que, atendido que la sustancia de los

vicios de forma que se imputan al precepto impugnado

descansa en la interpretación que se atribuye al alcance

de las normas constitucionales que regulan el régimen de

la minería y, muy especialmente, en las consecuencias que

la requirente extrae de la sentencia de este Tribunal, de

fecha 6 de septiembre de 1983, se hace imperativo

analizar ambas materias en lo que resulta pertinente a la

decisión del asunto sub lite;

28 II. A. Estatutos constitucionales aplicables a la

propiedad minera anterior y posterior a la

Constitución de 1980 y sus leyes

complementarias.

DECIMO NOVENO: Que, como se señaló en el razonamiento

precedente, para resolver la cuestión planteada en estos

autos resulta conveniente efectuar un examen de conjunto

del texto de las normas constitucionales que regulan

actualmente la propiedad minera, esto es, de los incisos

sexto al décimo del N°24 del artículo 19 y de las

disposiciones transitorias segunda y tercera de la Carta

Fundamental de 1980, cuyo texto, por su trascendencia en

este análisis, se transcribe a continuación:

a) Artículo 19, N°24, incisos sexto al décimo:

“El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo,

inalienable e imprescriptible de todas las minas,

comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas

metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e

hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con

excepción de las arcillas superficiales, no obstante la

propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los

terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los

predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones

y limitaciones que la ley señale para facilitar la

exploración, la explotación y el beneficio de dichas

minas.

“Corresponde a la ley determinar qué sustancias de

aquellas a que se refiere el inciso precedente,

exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden

ser objeto de concesiones de exploración o de

explotación. Dichas concesiones se constituirán siempre 29

por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán

los derechos e impondrán las obligaciones que la ley

exprese, la que tendrá el carácter de orgánica

constitucional. La concesión minera obliga al dueño a

desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el

interés público que justifica su otorgamiento. Su régimen

de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa

o indirectamente a obtener el cumplimiento de esa

obligación y contemplará causales de caducidad para el

caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio

sobre la concesión. En todo caso dichas causales y sus

efectos deben estar establecidos al momento de otorgarse

la concesión.

“Será de competencia exclusiva de los tribunales

ordinarios de justicia declarar la extinción de tales

concesiones. Las controversias que se produzcan respecto

de la caducidad o extinción del dominio sobre la

concesión serán resueltas por ellos; y en caso de

caducidad, el afectado podrá requerir de la justicia la

declaración de subsistencia de su derecho.

“El dominio del titular sobre su concesión minera

está protegido por la garantía constitucional de que

trata este número.

“La exploración, la explotación o el beneficio de

los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles

de concesión, podrán ejecutarse directamente por el

Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones

administrativas o de contratos especiales de operación,

con los requisitos y bajo las condiciones que el

Presidente de la República fije, para cada caso, por

decreto supremo. Esta norma se aplicará también a los 30

yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas

marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los

situados, en todo o en parte, en zonas que, conforme a la

ley, se determinen como de importancia para la seguridad

nacional. El Presidente de la República podrá poner

término, en cualquier tiempo, sin expresión de causa y

con la indemnización que corresponda, a las concesiones

administrativas o a los contratos de operación relativos

a explotaciones ubicadas en zonas declaradas de

importancia para la seguridad nacional.”.

b) Disposiciones segunda y tercera transitorias:

“SEGUNDA.- Mientras se dicta el nuevo Código de Minería,

que deberá regular, entre otras materias, la forma,

condiciones y efectos de las concesiones mineras a que se

refieren los incisos séptimo al décimo del número 24º del

artículo 19 de esta Constitución Política, los titulares

de derechos mineros seguirán regidos por la legislación

que estuviere en vigor al momento en que entre en

vigencia esta Constitución, en calidad de

concesionarios.

Los derechos mineros a que se refiere el inciso

anterior subsistirán bajo el imperio del nuevo Código,

pero en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su

extinción, prevalecerán las disposiciones de dicho nuevo

Código de Minería. Este nuevo Código deberá otorgar plazo

a los concesionarios para cumplir los nuevos requisitos

que se establezcan para merecer amparo legal.

En el lapso que medie entre el momento en que se

ponga en vigencia esta Constitución y aquél en que entre

en vigor el nuevo Código de Minería, la constitución de

derechos mineros con el carácter de concesión señalado en 31

los incisos séptimo al décimo del número 24º del artículo

19 de esta Constitución, continuará regida por la

legislación actual, al igual que las concesiones mismas

que se otorguen.”.

“TERCERA.- La gran minería del cobre y las empresas

consideradas como tal, nacionalizadas en virtud de lo

prescrito en la disposición 17a. transitoria de la

Constitución Política de 1925, continuarán rigiéndose por

las normas constitucionales vigentes a la fecha de

promulgación de esta Constitución.”;

VIGESIMO: Que fluye de la lectura de los preceptos

transcritos que, al establecer las normas que regirían

los derechos mineros, el Constituyente realizó una clara

distinción entre aquellos derechos que ya existían,

amparados por el antiguo estatuto minero, y los que se

constituirían en el futuro, bajo la vigencia del nuevo

régimen de concesiones.

En efecto, junto con crear un nuevo régimen

constitucional de la propiedad minera, debía hacerse

cargo de la situación de las empresas mineras

nacionalizadas en la década de 1970, que gozaban de un

estatuto constitucional especial, y de los derechos

mineros constituidos con anterioridad a la dictación de

la nueva Carta Fundamental y su legislación

complementaria, pues el estatuto legal que las regulaba

no resultaría integralmente compatible con el nuevo

régimen de propiedad minera;

VIGESIMO PRIMERO: Que, en lo relativo al nuevo régimen de

propiedad minera, en sentencia de 9 de noviembre de 1981 (rol Nº

5), esta Magistratura su preocupó de describirlo, señalando

que él “está contenido en cinco incisos del N° 24 del 32

artículo 19 de la Constitución Política. El inciso sexto

sienta la tesis general de que el dominio de las minas le

corresponde al Estado, pero considerando que la Nación

tiene también interés en que éstas se descubran y

exploten, pues ello significa prosperidad y trabajo en

beneficio del país, en los incisos siguientes se otorga a

los particulares el derecho de explorar y explotar

mediante concesiones las sustancias fósiles que se

declaren concesibles y se establece que el dominio del

titular sobre su concesión minera queda protegido por la

garantía constitucional de que trata el N° 24 ya citado.

Ciertas sustancias, por razones de bien común, se

reservan en el propio texto constitucional desde luego al

Estado para que las explote por sí mismo. Todos estos

preceptos, de tanta trascendencia, están trabados entre

sí, de tal manera que resulta evidente que la remisión a

una ley orgánica constitucional contenida en el inciso

séptimo, en la intención del constituyente, ha de

comprenderla a todos.”;

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, con relación a los derechos

mineros constituidos con anterioridad, el Constituyente

reguló su estatuto en las disposiciones transitorias

segunda y tercera;

VIGESIMO TERCERO: Que, conforme lo dispuso la

disposición transitoria tercera de la Constitución de

1980, las empresas mineras nacionalizadas en virtud de lo

prescrito en la disposición decimoséptima transitoria de

la Constitución Política de 1925, continuarían rigiéndose

por las normas constitucionales vigentes a la fecha de

promulgación de la nueva Constitución;

33 VIGESIMO CUARTO: Que los demás derechos mineros

existentes fueron regulados por la disposición segunda

transitoria, que destina a ellos la segunda parte de su

inciso primero y su inciso segundo.

Para mayor claridad se transcribirán las señaladas

partes de dicha disposición transitoria:

a) “Mientras se dicta el nuevo Código de Minería que

deberá regular, entre otras materias, la forma,

condiciones y efectos de las concesiones mineras a que se

refieren los incisos séptimo al décimo, del número 24,

del artículo 19 de esta Constitución Política, los

titulares de derechos mineros seguirán regidos por la

legislación que estuviere en vigor al momento en que

entre en vigencia esta Constitución, en calidad de

concesionarios”.

b) “Los derechos mineros a que se refiere el inciso

anterior subsistirán bajo el imperio del nuevo Código,

pero en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su

extinción, prevalecerán las disposiciones de dicho nuevo

Código de Minería. Este nuevo Código deberá otorgar plazo

a los concesionarios para cumplir los nuevos requisitos

que se establezcan para merecer amparo legal.”.

Se dispuso, así, que los derechos mineros existentes

con anterioridad a la Constitución y al nuevo Código de

Minería serían conservados por sus titulares en calidad

de concesionarios y subsistirían bajo el imperio de la

nueva legislación, pero en cuanto a sus goces y cargas, y

en lo tocante a su extinción, deberían estarse a lo que

estableciera el nuevo Código de Minería;

VIGESIMO QUINTO: Que de las normas constitucionales

examinadas en los considerandos precedentes queda de 34

manifiesto que la Carta Fundamental facultó al nuevo

Código de Minería para regular lo tocante a la extinción

de los derechos mineros que existían con anterioridad a

su dictación;

VIGESIMO SEXTO:Que esta voluntad del Constituyente se

expresó con claridad al establecer el inciso segundo de

la disposición segunda transitoria de la Constitución,

según el cual si bien los derechos mineros anteriores a

la nueva legislación subsistirían bajo el imperio de

ella, en cuanto a sus goces y cargas, y en lo tocante a

su extinción, prevalecerían las disposiciones del nuevo

Código de Minería;

VIGESIMO SEPTIMO: Que, como es sabido, el inciso

segundo de la disposición segunda transitoria, que

configura una excepción al principio general de que la

ley rige sólo para el futuro y no tiene efecto

retroactivo, por lo que no puede afectar derechos

adquiridos con anterioridad a ella, encuentra su

precedente inmediato en lo establecido por la decimosexta

disposición transitoria de la Carta de 1925, que fuera

introducida en 1971, por la Ley N°17.450, sobre

nacionalización de la gran minería del cobre, que

modificó el régimen de propiedad minera en general,

siendo su precedente remoto lo establecido en el artículo

12 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, de

1861;

VIGESIMO OCTAVO: Que si bien, a diferencia de la

tercera disposición transitoria, la segunda no figuraba

en los proyectos de la Comisión de Estudios y del Consejo

de Estado, pues fue introducida con posterioridad por la

Junta de Gobierno, careciéndose de antecedentes oficiales 35

sobre su tramitación que puedan estimarse como la

historia fidedigna de su establecimiento, lo cierto es

que constituye un elemento ilustrativo que la Comisión de

Estudios considerara contemplar una norma similar a la

actual.

En efecto, según consta en las Actas de la Comisión

de Estudios de la Nueva Constitución, en su sesión 182a,

celebrada el 14 de enero de 1976, ésta debatió la idea de

contemplar una norma transitoria que facultara a la ley

para que, por una vez, pudiese establecer causales de

extinción del dominio sobre las concesiones mineras ya

existentes.

En dicha ocasión se discutió una proposición de la

Mesa, según explicó el Presidente, señor Ortúzar, para

“agregar un artículo transitorio, o un inciso en el

artículo transitorio que se establecerá, tendiente a

evitar que, en virtud del precepto aprobado (se refería

al actual inciso séptimo del N°24 del artículo 19) el

régimen de la propiedad minera quede, por decirlo así,

congelado; teniendo presente que el legislador estaría

impedido para establecer, en el futuro, nuevas causales

de extinción o de caducidad del derecho.” (Pág.5).

En definitiva el tema se dejó pendiente, por estimar

la Comisión que era prematuro redactar esta norma

transitoria, acordándose, en cambio, dejar consignada una

advertencia en el sentido de que quedaba “pendiente una

disposición transitoria que eventualmente permita

establecer causales de pérdida o de caducidad del

derecho” “relativas a las modificaciones del amparo de la

propiedad minera ya constituida”, o simplemente “de la

propiedad minera ya constituida” (Pág.11);

36 VIGESIMO NOVENO: Que aunque, como se dijo, no existe

una historia fidedigna del establecimiento de la

disposición segunda transitoria de la Constitución, rola

a fojas doscientos treinta y tres de estos autos un

informe del profesor Carlos Hoffmann Contreras,

acompañado por la requerida y no controvertido por la

actora, que constituye un valioso elemento de convicción

sobre la intención que pudo tener el Constituyente al

establecer la norma transitoria en cuestión pues, según

señala el profesor Hoffmann, le correspondió, junto al

fallecido profesor Carlos Ruiz Bourgeois, redactar, en

1980, la referida disposición y otras normas para la

nueva Constitución.

Señala el profesor Hoffmann:

“... el alcance y la intención que la referida

Disposición Transitoria Segunda en cuestión tuvo, para

quienes la redactamos y para el Poder Legislativo de la

época, por cuya instrucción la preparamos, fue

doble.

“Por un lado, que la Disposición regulara la

situación de las antiguas concesiones mineras (esto es,

las constituidas con anterioridad a la Constitución que

debía dictarse, que fue la de 1.980), que pasarían a

regirse por un régimen legal completamente diferente.

“Por otro lado, que la Disposición se extendiera

también, sin excepción, a todas las causales de extinción

que pudieran afectar a dichas pertenencias antiguas,

cualesquiera fueran su origen, naturaleza y

alcances.”;

TRIGESIMO:Que, como puede apreciarse sin dificultad, el

antecedente consignado en el considerando precedente 37

resulta concordante con una correcta interpretación de la

disposición transitoria en cuestión, específicamente con

la última parte de su inciso primero y su inciso segundo,

que son los que están en juego, pues de ellos se

desprende con claridad que su sentido fue, precisamente,

obtener las finalidades señaladas, encomendando al nuevo

Código de Minería, es decir, a una ley simple que no es

otra que la Ley N° 18.248, que aprobó el Código de

Minería de 1983, regular las antiguas concesiones mineras

en lo relativo a sus goces y cargas, así como en lo

tocante a su extinción, entendida ésta en sentido

amplio;

TRIGESIMO PRIMERO: Que esta interpretación es también la

que le dio esta Magistratura a la disposición transitoria

segunda de la Constitución, en su sentencia de veintidós

de diciembre de 1981 (rol Nº10), al ejercer el control

preventivo de constitucionalidad de la Ley N° 18.097,

Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras.

En efecto, cabe recordar que formaba parte del

referido proyecto de ley su artículo primero

transitorio, que señala que “las concesiones mineras

vigentes a la fecha de entrada en vigor del nuevo Código

de Minería subsistirán bajo el imperio de éste. Pero, en

cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su

extinción, prevalecerán las disposiciones de dicho

Código”, el cual fue declarado constitucional por dicha

sentencia.

También contenía el proyecto lo que es su actual

artículo 3° transitorio, que es del siguiente tenor:

“Artículo 3° Transitorio. Los titulares de

pertenencias sobre rocas, arenas y demás materiales 38

aplicables directamente a la construcción constituidas

para otra determinada aplicación industrial o de

ornamentación, vigentes a la fecha de publicación del

nuevo Código de Minería, continuarán en posesión de sus

derechos en calidad de concesionarios de explotación,

bajo las reglas y condiciones que respecto de estas

concesiones mineras señala esta ley y el nuevo Código.

Caducada o extinguida la concesión, estas sustancias

volverán a ser del dueño del suelo.

Si tales pertenencias fueren del dueño del suelo,

caducarán de inmediato por el solo ministerio de la ley".

Pues bien, respecto de este precepto la aludida

sentencia declaró lo siguiente:

“3°. Que este Tribunal no se pronuncia sobre el

artículo tercero transitorio del proyecto, porque, de

acuerdo al texto expreso del inciso segundo de la

disposición segunda transitoria de la Constitución, la

materia de que trata no es propia de ley orgánica

constitucional, sino del Código de Minería;”;

TRIGESIMO SEGUNDO: Que de lo razonado en los

considerandos precedentes se deduce con nitidez, en

primer término, que la disposición segunda transitoria de

la Constitución habilitó al Código de Minería de 1983

para establecer causales de extinción de las concesiones

mineras constituidas con anterioridad a la Constitución

de 1980 y al referido Código, y en segundo lugar, que

dichas causales de extinción pudieron referirse tanto al

desamparo como a otros motivos calificados por el

legislador;

TRIGÉSIMO TERCERO: Que, como se verá a continuación, no

existe contradicción alguna entre la sentencia a que nos 39

estamos refiriendo con la de seis de septiembre de 1983,

sino que, muy por el contrario, existe entre ellas una

perfecta concordancia y armonía;

II.B. Sobre la sentencia de esta Magistratura de seis

de septiembre de 1983, recaída en el proceso

rol Nº17.

TRIGESIMO CUARTO: Que, como se ha señalado, la

sustancia de los vicios de forma que se atribuyen al

precepto impugnado en estos autos descansa en la

interpretación que el requirente hace de la sentencia de

este Tribunal, de fecha 6 de septiembre de 1983. Ello

hace imperativo consignar aquí algunas precisiones sobre

la aludida resolución jurisdiccional;

TRIGESIMO QUINTO: Que, como consta en el expediente

correspondiente al proceso en el que se dictó la

sentencia en examen, mediante oficios 6583/205 y

6583/206, ambos de 24 de agosto de 1983, la Junta de

Gobierno interpuso requerimiento en virtud de lo

establecido en el entonces N°2 del artículo 82 de la

Constitución, con el objeto de que esta Magistratura

resolviera una cuestión de constitucionalidad suscitada

durante la tramitación del proyecto de Nuevo Código de

Minería, a raíz de diferencias surgidas entre uno de sus

integrantes, el señor Benavides, y los restantes

miembros de ese Órgano Legislativo, en orden a si el

artículo 96 y otros, del Código de Minería, debían

aprobarse con carácter de ley orgánica constitucional o

de ley común;

TRIGESIMO SEXTO: Que, según expresaba el requerimiento

de la Junta de Gobierno, la tesis sustentada por el

integrante señor Benavides sostenía “que el artículo 96 40

del Nuevo Código de Minería en relación con los N°s. 6, 7

y 8 de su artículo 95, inciso segundo de su artículo 65 y

artículo 108, tienen el rango o carácter de ley orgánica

constitucional por invadir materias propias de ella. .

.”, argumentando que, respecto de las causales de simple

extinción del dominio de las concesiones mineras “sólo

puede estarse a aquéllas que taxativamente establece la

ley N° 18.097, Orgánica Constitucional sobre Concesiones

Mineras”, y fundando tal criterio en el inciso séptimo

del N°24 del artículo 19 de la Constitución.

Concluía esta tesis, tras desarrollar otras

argumentaciones, que “el Código de Minería está añadiendo

una causal de simple extinción a las contempladas en el

artículo 18 de la Ley Orgánica Constitucional

respectiva”, precisando, a continuación, que “si bien es

cierto que existe una disposición transitoria relativa al

Código de Minería, que habla de las causales de

extinción, estas son para regular los derechos de los

concesionarios existentes frente a la dictación del Nuevo

Código de Minería, es decir, está regulando situaciones

de excepción que se producirán al entrar en vigencia el

Nuevo Código.”;

TRIGESIMO SEPTIMO: Que de los antecedentes anotados se

desprende con nitidez que la tesis minoritaria del

nombrado integrante de la Junta de Gobierno claramente

estaba construida sobre la base de que, mediante la norma

impugnada, el proyecto de Código de Minería estaba

agregando una nueva causal de extinción que sería

aplicable a las concesiones mineras que se constituirían

al amparo de la nueva legislación, no obstante que éstas

ya habían sido establecidas en el artículo 18 de la 41

respectiva ley orgánica constitucional, por lo que el

precepto impugnado debía ser del mismo rango orgánico

constitucional, pues la norma transitoria pertinente se

refería únicamente a “los derechos de los concesionarios

existentes”, excluyendo, en consecuencia, a las nuevas

concesiones;

TRIGESIMO OCTAVO: Que, por su parte, los restantes

integrantes de la Junta de Gobierno sostenían que las

normas impugnadas eran enteramente compatibles con la

Constitución, fundando su posición, en lo sustancial, en

la primera parte del inciso primero de la disposición

segunda transitoria, el cual, precisaban, “no se está

refiriendo a las (concesiones) ya otorgadas en

conformidad con la legislación anterior sino, como

expresamente esa disposición constitucional lo señala. . . a

las concesiones que se otorguen de conformidad a dicho

nuevo Código de Minería”. Concluían de ello que, en

cuanto la norma aludida faculta al Código de Minería para

regular, entre otras materias, la forma, condiciones y

efectos de las concesiones mineras a que se refieren los

incisos séptimo al décimo del N°24 del artículo 19 de la

Constitución de 1980, de su texto “se infiere fácilmente

que es, precisamente, ese Código el cuerpo legal llamado

a reglamentar todo lo relativo a los efectos de las

concesiones, los que no pueden consistir en otra cosa que

en la eficacia o nulidad de ellas.”. Por último sostenían

que “el cometido de las normas permanentes de la

Constitución que encargan a la Ley Orgánica

Constitucional sobre Concesiones Mineras fijar causales

de caducidad o de simple extinción del dominio, está

referido sólo al régimen de amparo.”;

42 TRIGESIMO NOVENO: Que, por su parte, el Presidente de

la República de la época, en sus observaciones al

requerimiento, formuladas en su calidad de órgano

constitucional interesado, junto con concordar con la

tesis de la mayoría de la Junta de Gobierno sostuvo,

entre otros razonamientos, que: “Con arreglo al claro

lenguaje que usó el constituyente, en este caso son

materia de Ley Orgánica Constitucional únicamente la

caducidad de la concesión y la simple extinción del

dominio sobre ella, en ambos eventos referidas sólo al

régimen de amparo; y no lo es, en cambio, la extinción de

la concesión misma.”;

Al concluir sus observaciones el Presidente de la

República añadía lo siguiente:

“A mayor abundamiento, lo expuesto precedentemente

en orden a que las causales de extinción de la concesión

misma son materia del Nuevo Código de Minería y no

exclusivamente de la Ley Orgánica Constitucional

respectiva, está plenamente corroborado por lo dispuesto

en el artículo 2° transitorio de la Constitución

Política.

“Cabe advertir, desde luego, que el inciso primero

se refiere entre otros aspectos, a las materias que el

nuevo Código de Minería deberá regular, mencionando entre

ellas, los “efectos” de las concesiones mineras.

“Precisando lo anterior, y teniendo en cuenta que

entre los efectos de las concesiones se encuentra tanto

su eficacia como su falta de eficacia (es decir, su

nulidad), queda comprobado que es justamente el nuevo

Código el ordenamiento competente para reglar la

institución de la nulidad de la concesión y, por ende, el 43

saneamiento de esa nulidad por la vía de la prescripción

extintiva de la correspondiente acción de nulidad.”;

CUADRAGESIMO: Que, como se aprecia tanto del texto del

requerimiento como de las observaciones del Presidente de

la República, las respectivas tesis: de la mayoría de la

Junta de Gobierno, de uno de sus integrantes y del

Presidente de la República razonan, todas ellas, sobre la

base de que la causal de extinción de las concesiones

mineras que establecería el precepto legal impugnado en

estos autos, esto es, el inciso tercero del artículo 96

del Código de Minería, se aplicaría a las concesiones que

se otorgarían en conformidad al inciso séptimo del N°24

del artículo 19 de la Constitución, y no se referían a

los derechos mineros existentes con anterioridad.

Asimismo, demuestran que tanto la mayoría de la Junta de

Gobierno como el Presidente de la República invocan

solamente el inciso primero de la disposición segunda

transitoria de la Carta Suprema, que en su primera parte

se refiere a las señaladas concesiones, y lo hacen

únicamente para sostener que, al facultar al nuevo Código

de Minería para regular, entre otras materias, “la forma,

condiciones y efectos de las concesiones mineras a que se

refieren los incisos séptimo al décimo del número 24º del

artículo 19 de esta Constitución Política”, lo autorizaba

para establecer, mediante una ley simple, una nueva

causal de extinción de las concesiones mineras que se

constituirían, sosteniendo que ésta sería sólo parte de

los efectos que ellas podrían tener;

CUADRAGESIMO PRIMERO: Que tanto en 1983 como en la

actualidad, tratándose de conflictos de

constitucionalidad como el de que se trataba, la 44

competencia específica de este Tribunal para resolver la

controversia suscitada entre los órganos constitucionales

legitimados es determinada por las posiciones consignadas

en el respectivo requerimiento y en las observaciones que

se formulan a éste, debiendo limitar esta Magistratura su

pronunciamiento, tal como se explicara en el considerando

décimo, a conocer lo que se le pide y resolver solamente

lo debatido;

CUADRAGESIMO SEGUNDO: Que la lectura de la sentencia

de este Tribunal, de seis de septiembre de 1983, permite

apreciar que, con estricta sujeción a la competencia

específica que configuraba el conflicto, éste fue

resuelto decidiéndose únicamente las cuestiones

propuestas por los órganos constitucionales interesados,

sin que exista en ella pronunciamiento alguno relativo a

derechos mineros existentes con anterioridad a la

Constitución y a la nueva legislación minera, limitándose

la decisión a aquellos que se constituirían en virtud del

inciso séptimo del N°24 del artículo 19 de la

Constitución, sobre los que recaía específicamente la

controversia constitucional.

En efecto, entre sus razonamientos la sentencia

citada señaló:

“Que del precepto transcrito (inciso séptimo del N°24 del

artículo 19 de la Constitución) se desprende con nitidez,

que son materias propias de ley orgánica constitucional

tanto las causales de caducidad por incumplimiento del

régimen de amparo como las de simple extinción del

dominio sobre la concesión” (considerando 1°).

“Si la intención del Constituyente hubiera sido

restringir sólo al incumplimiento de las obligaciones 45

derivadas del régimen de amparo tanto las causales de

caducidad como las de simple extinción del dominio sobre

la concesión, la locución "para el caso de

incumplimiento" que emplea el precepto en estudio habría

sido consignada al final de la frase para comprenderlas a

ambas y no después de "causales de caducidad" como de

hecho ocurre” (considerando 1°).

“. . . si es la ley 18.097 -Ley Orgánica

Constitucional sobre Concesiones Mineras- la que, por

mandato constitucional, determina las sustancias que

pueden ser objeto de concesiones de explotación o de

exploración y regula, entre otras materias, la duración

de las concesiones, los derechos y las obligaciones que

puedan ejercer o deban soportar sus titulares, su régimen

de amparo y las causales de caducidad para el caso de

incumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho

régimen, es de toda evidencia que también debe ser la

misma categoría de ley la que determine las causales de

extinción del dominio sobre las concesiones mineras”

(considerando 3º).

“Que, por otra parte, no es obstáculo a la

conclusión a que se arriba en los considerandos

precedentes lo que establece la disposición segunda

transitoria de la Constitución Política, en cuanto

encomienda al Código de Minería -ley ordinaria- regular,

entre otras materias, los efectos de las concesiones

mineras, por constituir éstos, en estricto derecho, una

materia distinta de las causales de extinción del dominio

sobre las concesiones, pues, mientras los efectos se

relacionan con los derechos y obligaciones que engendra

la concesión una vez otorgada, las causales de extinción 46

están constituidas por los actos o hechos jurídicos que,

precisamente, ponen fin al dominio mismo sobre la

concesión minera” (considerando 4°).

“Que, por consiguiente, el artículo 96 del proyecto

de ley de que se trata, en relación con los números 6, 7

y 8 del artículo 95 del mismo proyecto, regula una

materia propia de ley orgánica constitucional, toda vez

que establece una nueva causal de extinción del dominio

sobre las concesiones mineras. . .” (considerando 5°).

“En otras palabras, la nueva causal de extinción del

dominio sobre las concesiones mineras de explotación,

está constituida por la prescripción de la acción de

nulidad.” (considerando 5°);

CUADRAGESIMO TERCERO: Que, como queda demostrado, la

controversia que este Tribunal Constitucional resolvió

mediante sentencia de seis de septiembre de 1983 no

guarda relación con el asunto materia del presente

proceso constitucional, el cual versa específicamente

sobre derechos mineros anteriores a la Constitución de

1980 y a la legislación minera de 1983, como lo es la

pertenencia “Carmen”, que data de 1902, y cuya extinción

se discute en la gestión pendiente del Segundo Juzgado de

Letras Civil de Antofagasta, en el cual, precisamente, se

solicita se declare inaplicable la norma cuestionada, lo

que constituye la materia sub lite;

CUADRAGESIMO CUARTO:Que lo razonado hasta ahora resulta

bastante para que este Tribunal deseche el requerimiento,

en lo que se refiere a la inconstitucionalidad de forma.

En consecuencia, se desestimarán las presuntas

infracciones de los artículos 6º; 7º; 19, N°24, inciso

séptimo; 63, N°1; 66, inciso segundo; 92 y 93 de la Carta 47

Fundamental, que la actora atribuye al artículo 96,

inciso tercero, del Código de Minería, y así se

declarará;

III. Constitucionalidad de fondo del inciso tercero del

artículo 96 del Código de Minería.

CUADRAGESIMO QUINTO:Que, como se señala en la parte

expositiva de esta sentencia, el requirente deduce de las

inconstitucionalidades consideradas en el capítulo

precedente, lo que denomina “consecuencias sustantivas”,

las cuales hace consistir en cuestionamientos de fondo

respecto de la constitucionalidad del inciso tercero del

artículo 96 del Código de Minería;

CUADRAGESIMO SEXTO: Que, aunque con lo expuesto

precedentemente los fundamentos de las aludidas

inconstitucionalidades sustantivas se desvanecen o, a lo

menos, se debilitan, atendido el carácter consecuencial

que el requerimiento les atribuye, esta Magistratura

estima conveniente reflexionar sobre ellas, a fin de que

no quede este punto sin decidirse en esta sentencia;

CUADRAGESIMO SEPTIMO: Que, en este entendido, el

requirente plantea “consecuencias sustantivas” de la

inconstitucionalidad formal aducida en el requerimiento y

que inciden, en definitiva, en la impugnación que se hace

al citado inciso tercero del artículo 96 del Código de

Minería por infringir los incisos primero, segundo,

tercero, octavo y noveno del numeral 24 y el numeral 26

del artículo 19 de la Carta Fundamental;

CUADRAGESIMO OCTAVO:Que las normas constitucionales que

se pretenden infringidas son del siguiente tenor:

“Artículo 19. La Constitución asegura a todas las

personas:

48 Inciso primero

“El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre

toda clase de bienes corporales o incorporales.”

Inciso segundo

“Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la

propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las

limitaciones y obligaciones que deriven de su función

social. Esta comprende cuanto exijan los intereses

generales de la Nación, la seguridad nacional, la

utilidad y la salubridad públicas y la conservación del

patrimonio ambiental.”

Inciso tercero

“Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su

propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los

atributos o facultades esenciales del dominio, sino en

virtud de ley general o especial que autorice la

expropiación por causa de utilidad pública o de interés

nacional, calificada por el legislador. El expropiado

podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio

ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a

indemnización por el daño patrimonial efectivamente

causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia

dictada conforme a derecho por dichos tribunales.”.

Inciso octavo

“Será de competencia exclusiva de los tribunales

ordinarios de justicia declarar la extinción de tales

concesiones. Las controversias que se produzcan respecto

de la caducidad o extinción del dominio sobre la

concesión serán resueltas por ellos; y en caso de

caducidad, el afectado podrá requerir de la justicia la

declaración de subsistencia de su derecho.”.

49 Inciso noveno

“El dominio del titular sobre su concesión minera está

protegido por la garantía constitucional de que trata

este número.”.

Numeral 26

“N°26º.- La seguridad de que los preceptos legales que

por mandato de la Constitución regulen o complementen las

garantías que ésta establece o que las limiten en los

casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los

derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos

o requisitos que impidan su libre ejercicio.”;

CUADRAGESIMO NOVENO:Que, para fundamentar en esta parte

la pretensión, sostiene el requirente, en síntesis, que

con la aplicación del precepto legal cuestionado se

afecta la esencia del dominio sobre la concesión minera,

pues la norma impugnada, al sanear la concesión

superpuesta, está aceptando la existencia de una

situación expresamente prohibida por la Constitución y la

ley orgánica constitucional respectiva. Razona en este

punto sobre la exclusividad del dominio sobre la

concesión minera y la prohibición de constituir

concesiones mineras superpuestas a otras, concluyendo que

mediante la aplicación del precepto legal cuestionado, al

sanear la superposición de concesiones mineras, se puede

llegar a privar del dominio a un concesionario, sin

indemnización ni pago. Finalmente sostiene que consagra

una privación de explotar con exclusividad, lo que

constituye una facultad esencial y el núcleo o esencia

del derecho de dominio sobre la concesión, que no puede

ser afectado en virtud del claro tenor del N°26 del

artículo 19 de la Carta Suprema.

50 Un segundo argumento lo hace consistir en que se

establece una causal de extinción no autorizada por la

Constitución, vicio que hace residir en que el inciso

tercero del artículo 96 del Código de Minería tipifica o

crea una nueva causal de extinción del dominio, en

circunstancias –afirma- que la única ley autorizada por

la Constitución era y es la Ley Orgánica Constitucional

sobre Concesiones Mineras, aludiendo al inciso tercero

del N°24 del artículo 19 de la Constitución, en cuanto a

que nadie puede ser privado de su propiedad sin

expropiación.

En cuanto a que no es posible privar del dominio sin

expropiación, razona el requirente que, para modificar el

estatuto vigente de las concesiones mineras, como lo

sería el resultado de la aplicación de la norma

impugnada, la Constitución exige sujetarse única y

exclusivamente a lo que establezca la Ley Orgánica

Constitucional sobre Concesiones Mineras o proceder a la

expropiación.

Finalmente, en el Capítulo III del requerimiento,

denominado “Conclusiones”, afirma, a modo de síntesis del

vicio sustancial impugnado, lo siguiente:

“3.- El artículo 96, inciso tercero, del Código de

Minería está viciado ab initio de inconstitucionalidad,

al pretender sanear una situación irregular, como lo es

la aceptación o reconocimiento de una concesión minera

que se ha constituido superponiéndose a otra concesión,

cuyo titular tiene propiedad sobre ésta.

Además, configúrase dicha inconstitucionalidad al

establecer este precepto legal una nueva causal de

extinción sobre el dominio de esta última concesión, no 51

estando autorizado para ello por la Constitución,

lesionando en su esencia a este derecho, con la privación

o despojo del mismo al margen de lo exigido por la Carta

Fundamental.”;

QUINCUAGESIMO: Que, en su escrito aclaratorio del

requerimiento, que rola a fojas 37 y siguientes, precisa

la requirente que si bien la garantía del derecho de

propiedad, que impide la privación de ésta, del bien

sobre el que recae o de alguno de sus atributos

esenciales si no media ley expropiatoria, es aplicable en

principio a la propiedad minera, pues se trata de un

derecho real y, por tanto, de un bien incorporal,

protegido por la garantía del inciso primero del N°19 del

artículo 24 de la Constitución, reforzado en su inciso

noveno, no es menos cierto que el inciso séptimo de la

misma disposición autoriza a la ley, que debe ser

orgánica constitucional, para establecer causales de

simple extinción del dominio sobre la concesión.

Sostiene a continuación: “Entonces, lo que se trata

de dar a entender en el recurso de autos, es que siendo

el Art. 96, inciso 3° del Código de Minería, impugnado en

su constitucionalidad, una norma que extingue el dominio

de la concesión minera, en primer lugar y conforme al

fallo del propio tribunal constitucional ya citado y que

fue motivado por una cuestión de constitucionalidad,

debió haber sido materia de ley orgánica constitucional;

sin embargo, es una norma con rango de ley común y por

tal razón no fue objeto de un control de

constitucionalidad previo a que habría de haberse

sometido si el legislador, respetando el fallo del 52

Tribunal Constitucional, la hubiese elevado al rango de

norma orgánica constitucional”.

Luego de precisar que “la causal patente de

inconstitucionalidad” del precepto impugnado “es del tipo

formal”, concluye que, en su opinión, si la norma

impugnada hubiese sido ley orgánica constitucional, en el

control respectivo “seguramente” también se habría

cuestionado que infringía no sólo los incisos primero,

tercero y séptimo in fine del N°24 del artículo 19 sino,

también, el N°26 del mismo artículo;

QUINCUAGESIMO PRIMERO: Que el requerido, como se dijo

en la parte expositiva, sostiene, en síntesis, que el

artículo 96, inciso tercero, del Código de Minería no

constituye una causal de privación del dominio sobre las

concesiones mineras que vulnere el derecho de dominio en

su esencia, pues la extinción de la pertenencia que

dicho precepto ordena declarar al juez que previamente ha

resuelto la extinción de la acción de nulidad que

competía al titular de la concesión minera subpuesta, no

es sino la aplicación en materia minera de la necesidad

de sanear situaciones que originalmente han nacido

viciadas pero que, supuesto el cumplimiento de algunos

requisitos, es necesario superar en aras del bien

jurídico superior, esto es, la estabilidad de los

derechos. Añade que dicha causal de extinción del

dominio no puede entenderse aisladamente de las causales

de nulidad de una concesión minera y de extinción por

prescripción de las acciones de nulidad. De esta manera,

sostiene, la extinción cuestionada lleva consigo

legítimamente la privación del dominio sobre la concesión

porque dicha posibilidad de extinción de la concesión se 53

entiende incorporada al título de la misma por efecto del

ejercicio que dicho Código hizo de la facultad que la

disposición segunda transitoria de la Constitución

delegó en el legislador en ese sentido.

Sostiene, en suma, que la causal de extinción de la

concesión minera, cuyo titular no ha ejercido

oportunamente la acción de nulidad por superposición, no

contraría norma civil alguna relativa al dominio y a la

pérdida de éste por prescripción, sino que simplemente lo

aplica y explicita al fenómeno propio del ámbito minero,

cual es la superposición de concesiones mineras; y, por

lo mismo, tampoco contraría el derecho de propiedad que

el titular de la concesión minera tiene sobre ésta.

Por otra parte, precisa que la Constitución no ha

establecido a la “expropiación” como única causal de

extinción del dominio de los titulares de concesiones

mineras, siendo la causal impugnada concordante con el

régimen constitucional del dominio. Mientras tanto, las

causales de caducidad o extinción del derecho del titular

que operan como resultado de una condición contenida en

el propio título que ha dado origen al derecho, no

requerían, para establecerlas, texto alguno de la Carta

que no fuera el inciso segundo del Nº 24 del artículo

19. También resulta conveniente reiterar que el

requerido expresa que es el bien común el que inspira el

establecimiento de un régimen de propiedad que revista

características que proporcionen seguridad a su

beneficiario, tal como, por razones de bien común, puede

contemplarse la posibilidad de perder el beneficio en 54

razón de no haberse ajustado al marco fijado en el

estatuto de su otorgamiento.

Concluye expresando que la prescripción opera

exclusivamente como causal de término de la acción de

nulidad reconocida en favor del beneficiario de la

pertenencia anterior cuando otra posterior ha ocupado, en

todo o parte, la superficie a que se refiere su derecho.

El simple vencimiento de los cuatro años que tiene para

interponer la acción de nulidad no acarrea el término de

su dominio sobre la concesión, pues la causal de pérdida

del derecho de la concesión se origina sólo cuando el

juez, en la sentencia, declara haberse producido tal

prescripción y, consecuentemente, extinguida la

pertenencia afectada por la superposición. De esta manera

el derecho del concesionario posterior no proviene de la

extinción de la acción de nulidad sino de la decisión de

la magistratura que ha reconocido la pertenencia en su

favor, consolidando en el beneficiario de la concesión

posterior el derecho de que ya gozaba, argumentos que

esta Magistratura tendrá especialmente en cuenta al

resolver;

QUINCUAGESIMO SEGUNDO: Que para la resolución de este

capítulo de cuestionamientos es útil recordar parte del

debate sostenido en la Comisión de Estudio de la Nueva

Constitución, a propósito del derecho de propiedad, que

resulta especialmente pertinente considerar en el caso de

la propiedad minera, pues se alude a lo relativo a su

caducidad y extinción;

QUINCUAGESIMO TERCERO: Que en su sesión 155a, celebrada

el 2 de octubre de 1975, en que la Comisión de Estudio

prosigue el análisis de la garantía del derecho de 55

propiedad y se analiza el concepto de “esencia del

derecho” (garantía que, como se sabe, se extendió en

definitiva a la totalidad de los derechos

constitucionales consignándola en el Nº26 del artículo 19

de la Constitución, ya invocado), el señor EVANS afirma

que el contenido de la esencia del derecho de propiedad

“consiste en que no se puede ser privado de la sustancia

del mismo sino en las situaciones que la Constitución

menciona, o sea, en la expropiación o en el caso de las

sentencias. Todo ello referido al estatuto que rige el

beneficio patrimonial correspondiente”.

Añade a continuación : “La calidad de perpetuidad no

significa, entonces, que se conciban únicamente derechos

perpetuos, sino que nadie puede ser privado de su derecho

durante toda la vigencia del beneficio que se le otorga,

dentro del estatuto que lo rige, sino en virtud de

expropiación o sentencia. A su juicio el problema no

existe porque basta y sobra que se respete el estatuto

del beneficio. Si este estatuto del beneficio patrimonial

establece, en las bases en virtud de las cuales

determinado derecho fue concedido, o según las cuales

llegó al patrimonio de la persona a la que se va a

privar, una causal que le ponga término en el tiempo, a

eso se referirá la esencia del beneficio: no se puede ser

privado de la sustancia del mismo durante toda la

vigencia que corresponda a tal beneficio. La perpetuidad

es un factor relativo y se refiere a que,

caprichosamente, no se puede poner término a un derecho

sino en virtud del estatuto que lo consagra, o si acaso

el estatuto no lo permite, en virtud de una expropiación, 56

de una sentencia o de las causales que el constituyente

establezca.”.

Al término de la sesión citada, el Presidente de la

Sub-comisión de Derecho de Propiedad, señor JOSÉ MARÍA

EYZAGUIRRE, concluye “que se puede considerar el estatuto

jurídico, de manera que cada derecho de propiedad estaría

establecido en función del estatuto que el propietario

tenía en el momento de adquirirlo. Cada propietario o

grupo de propietarios tendrá su propio estatuto y éste

será el estatuto que deberá mantenerse. Posteriormente

podrá modificarse ese estatuto, pero sin afectar al

derecho adquirido. Cree que no es eso lo que se ha

querido significar. Al decir “el derecho de propiedad

adquirido”, se ha pensado que la persona que adquiere el

señorío que significa el derecho de propiedad incorpora a

su patrimonio, conjuntamente con el bien objeto del

derecho un concepto jurídico, que es el que la

Constitución está protegiendo, y ese concepto involucra

que leyes posteriores no pueden atacar al derecho, a ese

derecho que fue adquirido, no conforme a los accidentes o

circunstancias que existían al momento en que se

adquirió, sino al derecho de propiedad como debe ser

concebido. Si se analiza la evolución jurídica, no se

puede pensar que ha habido un derecho de propiedad en

1830, otro derecho de propiedad en 1900, otro derecho de

propiedad en 1925, y que, según eso, quien conserva un

título más antiguo, tiene más derechos que otro. No cree

que sea ésta la forma de establecer la garantía. Lo que

la garantía sí debe establecer es la imposibilidad de que

las leyes futuras desconozcan ese derecho que ya fue

adquirido. Ahora, evidentemente, esto no comprende los 57

derechos que se adquieran o las formas de propiedad que

de aquí nazcan de acuerdo con un estatuto distinto y que

las personas incorporen a su propiedad con ese estatuto,

que puede llevar involucrados algunos elementos

limitantes. Por cierto, eso debe considerarse, y el

derecho de propiedad que se tenga estará en función del

respectivo estatuto, como la propiedad minera, por

ejemplo, que caduca. Todo el mundo sabe, cuando adquiere

una propiedad minera, que si no paga la patente, caduca

su derecho, y nadie podría sostener que la ley que

estableció las patentes sea inconstitucional o que la

resolución del juez que declara extinguida la propiedad

minera vaya a violar el derecho de propiedad.”;

QUINCUAGESIMO CUARTO: Que, en el caso sub lite, la

propiedad del titular de la pertenencia “Carmen” se

encuentra protegida por las disposiciones

constitucionales que se dicen infringidas. Por cierto

que, como bien incorporal, está amparada por la garantía

que asegura el inciso primero del N°24 del artículo 19 de

la Constitución, como también es cierto que el

concesionario no podría ser privado de su dominio sobre

la concesión, o de sus atributos o facultades esenciales,

sin mediar expropiación. Es efectivo, también, que debe

ser un tribunal ordinario, en este caso el Segundo

Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, el que

declare la eventual extinción de esa concesión y, por

último, tampoco está en duda que la ley no puede afectar

dicho derecho en su esencia;

QUINCUAGESIMO QUINTO: Que, sin embargo, y sin

perjuicio de la aludida protección, ha quedado demostrado

con lo reflexionado en esta sentencia que ha sido la 58

Constitución misma, en la disposición segunda

transitoria, la que ha determinado, mediante una norma

excepcional, especial y precisa, que el régimen o

estatuto que rige las concesiones mineras existentes con

anterioridad al Código de Minería de 1983, “en cuanto a

sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción”, sería

establecido por el señalado Código. Ha sido así la

Constitución y no la ley la que ha admitido que las

concesiones anteriores al Código de Minería de 1983 se

extingan por las causales que dicho Código establece,

consagrando, de esa manera, como se ha dicho, una

excepción de rango constitucional al principio general

que señala que una nueva ley no puede afectar los

derechos adquiridos de acuerdo a un régimen jurídico

anterior, lo que tiene directa incidencia en la solución

de este conflicto constitucional.

Por lo demás, la causal cuestionada no es la única

que consagró el Código de Minería autorizado por la

disposición transitoria tantas veces citada, toda vez que

más elocuente resulta la establecida en el artículo 6°

Transitorio de dicho cuerpo legal, que en forma genérica

declara extinguidas, por el solo ministerio de la ley,

las pertenencias que, al término de los procedimientos

que señala, no queden inscritas en el Registro Nacional

de Concesiones Mineras;

QUINCUAGESIMO SEXTO:Que, de la manera indicada, en virtud

de la disposición transitoria segunda de la Carta

Fundamental, los titulares de derechos mineros que

existían con anterioridad al establecimiento de la nueva

legislación, conservaron sus derechos en calidad de

concesionarios, pero regidos en lo sucesivo por un nuevo 59

estatuto constitucional, que por efecto de la citada

disposición transitoria se incorporó en sus

respectivos títulos, los cuales quedaron sujetos, “en

cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su

extinción”, a las normas que establecería el nuevo Código

de Minería;

QUINCUAGESIMO SEPTIMO: Que de lo razonado

precedentemente no cabe sino concluir que el estatuto o

régimen jurídico que ampara el derecho de propiedad sobre

la pertenencia minera “Carmen”, objeto de la gestión en

la que recae esta litis, contempla la posibilidad de que,

cumplidos los presupuestos que señala el Código de

Minería, pueda ser declarada extinguida por la misma

sentencia judicial que declare prescrita la acción de

nulidad que tuvo su propietario para defenderla contra

una pertenencia posterior que abarcó terreno ya

comprendido por la suya, la cual, mientras estuvo

pendiente el plazo de cuatro años de prescripción de la

acción y hasta que se dicte la correspondiente sentencia,

ha adolecido de nulidad;

QUINCUAGESIMO OCTAVO: Que el Código de Minería de

1983, al incorporar en dicho régimen jurídico el precepto

legal cuestionado, el cual debe examinarse en el contexto

de los artículos 95 y 96 del citado Código, no procedió

caprichosa o arbitrariamente, pues lo hizo en aplicación

de lo establecido en el inciso segundo del N°24 del

artículo 19 de la Constitución, por estimarlo necesario

para el debido cumplimiento de la función social de la

propiedad minera, ya que como esta Magistratura tuviera

ocasión de señalarlo en la antes citada sentencia de

nueve de noviembre de 1981 (rol Nº5), nuestro régimen de 60

propiedad minera está construido sobre “la tesis general

de que el dominio de las minas le corresponde al Estado,

pero considerando que la Nación tiene también interés en

que éstas se descubran y exploten, pues ello significa

prosperidad y trabajo en beneficio del país”;

QUINCUAGESIMO NOVENO: Que, sin perjuicio de que la

señalada disposición transitoria, ni indirectamente,

exigió que las causales de extinción de las concesiones

que se establecieran requiriesen expropiación, debe

clarificarse que la extinción del dominio por extinción

de la pertenencia minera que se produce por efecto del

precepto legal impugnado, no guarda relación alguna con

la institución de la expropiación por causa de utilidad

pública o de interés nacional a que alude el inciso

tercero del N°24 del artículo 19 de la Constitución,

pues, en el caso de autos y de acuerdo al precepto

cuestionado, la sentencia judicial que, hipotéticamente,

declarara la prescripción de la acción de nulidad por

superposición, declararía también extinguida la concesión

sobre la pertenencia “Carmen”, con lo que necesariamente

se extinguirá el dominio de su actual titular sobre ella,

pero por falta de objeto y no por causa de

expropiación.

Además, conviene recalcar que el dominio sobre la

pertenencia “Carmen” es otro y completamente distinto del

de las pertenencias superpuestas, denominadas “San

Armando 1”, “San Armando 2”, “San Armando 3”, “San

Armando 4” y “San Armando 20”, del grupo “San Armando 1

al 40”.

Lo expuesto conduce a concluir que no existe

semejanza alguna entre la expropiación, que sí es una 61

causal de privación del dominio, con la extinción de la

pertenencia minera contemplada en el precepto legal

impugnado, que no es una causal de privación del dominio

como pretende el actor.

En síntesis, debe concluirse que estamos en

presencia de una causal de extinción de la concesión

minera incorporada en el título respectivo, por haberlo

establecido así expresamente la disposición segunda

transitoria de la Constitución, lo que se diferencia

nítidamente de la institución de la expropiación;

SEXAGESIMO: Que de todo lo razonado debe concluirse

que el inciso tercero del artículo 96 del Código de

Minería fue establecido por el legislador en virtud de la

habilitación expresa que contempla la disposición

segunda transitoria de la Constitución de 1980, por lo

que pudo incorporarse válidamente, como ley común u

ordinaria, al ordenamiento jurídico, y en tal calidad,

establecer una causal de extinción de los derechos

mineros anteriores al citado Código de Minería.

También se concluye que la norma cuestionada no

configura propiamente una causal de privación del dominio

sin expropiación, sino una causal de extinción de la

concesión incorporada en el estatuto propio de los

derechos mineros anteriores a la vigencia del citado

Código de 1983, establecida por el Legislador en el

contexto del interés público en que la riqueza minera sea

efectivamente explotada, lo que justifica el otorgamiento

y, en la especie, el reconocimiento de la vigencia de las

concesiones sobre las que se estructura el estatuto

jurídico de los derechos mineros sobre las sustancias

concesibles;

62 SEXAGESIMO PRIMERO: Que, corolario de lo razonado en los

considerandos anteriores es que, formando parte del

estatuto que rige los derechos mineros existentes con

anterioridad al Código de Minería de 1983, la posibilidad

de extinguirse dichas pertenencias mineras cumplidas que

sean las condiciones que prevé el inciso tercero del

artículo 96 impugnado, este Tribunal está en condiciones

de afirmar que dicho precepto legal guarda debida armonía

con la Carta Fundamental y, en consecuencia, no vulnera

las disposiciones constitucionales invocadas por el

requirente, lo que producirá, como su natural efecto, el

rechazo del requerimiento;

SEXAGESIMO SEGUNDO: Que atendido lo que se señalara en el

considerando undécimo de esta sentencia, no se

considerarán los argumentos de las partes que razonan

sobre el mérito, conveniencia, oportunidad o razones

políticas del precepto legal impugnado;

SEXAGESIMO TERCERO: Que por estas consideraciones y

atendido el mérito de autos, esta Magistratura concluye

que la aplicación del inciso tercero del artículo 96 del

Código de Minería en el juicio sumario rol Nº 1555-2005,

caratulado “Sociedad Legal Minera San Armando Uno de

Sierra Gorda con Venegas Navarro, Juan”, que se tramita

ante el Segundo Juzgado de Letras Civil de Antofagasta,

como norma decisoria litis, no resulta contraria a la

Constitución, y

VISTO lo dispuesto en los artículos 6º; 7º; 19, Nos. 24 y

26; 63, N°1; 66, inciso segundo; 92; 93 y Disposición

Transitoria Segunda de la Constitución Política de la

República y en las normas pertinentes de la Ley N°17.997, 63

Orgánica Constitucional de este Tribunal

Constitucional,

SE DECLARA:

Que se rechaza el requerimiento deducido a fojas uno.

Déjase sin efecto la suspensión del procedimiento decretada

en estos autos. Ofíciese.

Redactó la sentencia el Ministro señor Marcelo Venegas

Palacios.

Notifíquese por carta certificada, regístrese y

archívese.

ROL Nº 473-06-INA.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional

integrado por su Presidente subrogante don Juan Colombo

Campbell, y los Ministros señores Raúl Bertelsen Repetto,

Mario Fernández Baeza, Jorge Correa Sutil, Marcelo

Venegas Palacios, señora Marisol Peña Torres, Enrique

Navarro Beltrán y Francisco Fernández Fredes.

Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional don

Rafael Larrain Cruz.