Inaplicabilidad de Precepto Legal

Santiago, trece de junio de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Introducción

A fojas 1, mediante oficio de y de abril de 2018, Nel Greeven Bobadilla, Jueza Titular del Juzgado de Familia de Pudahuel, ha requerido a esta Magistratura un pronunciamiento respecto a la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de tos artículos 102 A a 102 M de la Ley N* 19.968, que crea los Tribunales de Familia, para que surta efectos en la causa RIT l-10-2018, RUC 18-2-RUT reservado, sustanciada ante dicho tribunal.

Preceptos impugnados Los preceptos legales impugnados de inaplicabilidad disponen:

Artículo 102 A.- Las faltas contenidas en la legislación vigente que sean cometidas por adolescentes, constituirán contravenciones de carácter administrativo para todos los efectos legales y su juzgamiento se sujetará al procedimiento regulado en este Párrafo.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior únicamente las faltas tipificadas en los artículos 494, Ns. 1, 4, 5, y 19, este último en lo que dice relación con el artículo 477; en el artículo 494 bis, en el artículo 495, NO 21 y en el artículo 496, Ns. 5 y 26, todos del Código Penal, y aquellas contempladas en la ley N* 20,000 o en los cuerpos normativos que la sustituyan, cometidas por adolescentes mayores de 16 años, cuyo conocimiento estará sujeto a lo preceptuado por la ley que regula la responsabilidad penal de los adolescentes.

Artículo 102 B.- Será aplicable al proceso contravencional lo dispuesto en los Párrafos 1%, 20 y 39 del Título 11 de esta ley, en lo que no sea incompatible con lo dispuesto en el presente Título y con la naturaleza infraccional de las faltas a juzgar.

Artículo 102 C.- Será competente para el conocimiento de los asuntos a que se refiere el inciso primero del artículo 102 A el tribunal del lugar en que se hubiere ejecutado el hecho. Tratándose de los asuntos a que se refiere el numeral g del artículo 8%, será competente el tribunal del domicilio del menor, sin perjuicio de la potestad cautelar que pudiere corresponder al tribunal que inicialmente conozca del asunto en razón del lugar donde se cometió el hecho.

Artículo 102 D.- El procedimiento podrá iniciarse con el solo mérito del parte policial que dé cuenta de la denuncia interpuesta por un particular o de la falta flagrante en que se haya sorprendido a un adolescente. En ambos casos la policía procederá a citar al adolescente para que concurra a primera audiencia ante el tribunal, lo que deberá quedar consignado en el parte respectivo.

Los particulares también podrán formular la denuncia directamente al tribunal,

Artículo 102 E.- De la realización de la primera audiencia a que deba comparecer el imputado deberá notificarse también a sus padres o a la persona que lo tenga bajo su cuidado, y al denunciante o al afectado, según corresponda.

Todos quienes sean citados deberán concurrir a la audiencia con sus medios de prueba

Artículo 102 F.- Si el adolescente no concurriere a la primera citación, el tribunal podrá ordenar que sea conducido a su presencia por medio de la fuerza pública. En este caso se procurará que la detención se practique en el tiempo más próximo posible al horario de audiencias del tribunal.

Artículo 102 G.- El adolescente tendrá derecho a guardar silencio,

Artículo 102 H.- Al inicio de la audiencia, el juez explicará al adolescente sus derechos y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, lo interrogará sobre la veracidad de los hechos imputados por el requerimiento. En caso de que el adolescente reconozca los hechos, el juez dictará sentencia de inmediato, la que no será susceptible de recurso alguno.

En la sentencia se podrá imponer la sanción de amonestación si ésta resulta proporcionada a la gravedad de tos hechos y a la edad del adolescente para responsabilizarlo por la contravención, a menos que mediare reiteración, en cuyo caso deberá imponerse alguna de las restantes sanciones previstas en el artículo 102 J.

Artículo 102 1.- Si el adolescente negare los hechos o guardare silencio, se realizará el juzgamiento de inmediato, procediéndose a vír a los comparecientes y a recibir la prueba, tras lo cual se preguntará al adolescente sí tiene algo que agregar. Con su declaración o sin ella, el juez pronunciará sentencia de absolución o condena.

Artículo 102 J.- El juez podrá imponer al adolescente Únicamente alguna de las siguientes sanciones contravencionales:

a) Amonestación;

b) Reparación material del daño;

c) Petición de disculpas al ofendido o afectado;

d) Multa de hasta 2 Unidades Tributarias Mensuales;

e) Servicios en beneficio de la comunidad, de ejecución instantánea o por un máximo de tres horas, y

$) Prohibición temporal de asistir a determinados espectáculos, hasta por tres meses.

El tribunal podrá aplicar conjuntamente más de una de las sanciones contempladas en este artículo, lo que deberá fundamentarse en la sentencia.

Artículo 102 K.- Las sentencias definitivas dictadas en procesos por infracciones cometidas por adolescentes serán inapelables,

Artículo 102 L.- A solicitud de parte, el juez podrá sustituir una sanción por otra durante el cumplimiento de la misma.

Artículo 102 M.- En caso de incumplimiento de la sanción impuesta, el tribunal remitirá los antecedentes al Ministerio Público para los efectos previstos en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil,

Antecedentes y conflicto constitucional

La gestión judicial en que incide el requerimiento, se sustancia ante el antedicho juzgado y versa sobre infracción a la ley penal por parte de la adolescente de 16 años de iniciales A.J.J.M., con motivo de manejar vehículo motorizado sin licencia de conducir y producir daños en accidente de tránsito.

Los artículos impugnados se sitúan en el Párrafo 40 del Título IV de la Ley N* 19.968, que crea los Tribunales de Familia, y regulan el “Procedimiento Contravencional ante los Tribunales de Familia”, al cual debe someterse el asunto por la jueza requirente.

ODO qa

Postula la Magistrado que los artículos 102 A a 102 M, en cuanto regulan la competencia, sustanciación y sanciones infraccionales aplicables a niños y adolescentes, son vulneratorios del artículo 19, N%s 2 y 3 de la Constitución, así como del artículo 5? de la Carta Fundamental, en vinculación con los artículos 40 de la Convención de los Derechos del Niño, y 8%, g*, 10 y 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Manifiesta que esta preceptiva legal, en cuanto regula el procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad del adolescente que ha cometido una falta, conculca sus derechos a la libertad personal, a ser tenido como inocente, al juez natural, a defensa en juicio, a ser juzgado con las mismas garantías que un adulto sometido al sistema penal y, en definitiva, infringe los principios de igualdad ante la ley, proporcionalidad y debido proceso.

Así, analizando los artículos cuestionados, indica que atentan a la Carta Fundamental y los tratados internacionales referidos, en los siguientes términos:

- El artículo 102 F, en cuanto dispone que si el adolescente no concurre a la primera citación podrá ser detenido y conducido al Tribunal por la fuerza pública; siendo que las sanción contravencional máxima de que puede ser acreedor es la prestación de servicios comunitarios, y que el procedimiento infraccional para adultos en la Ley de Juzgados de Policía Local veda la posibilidad de detención, apareciendo así de manifiesto como desproporcionado el precepto en cuestión.

- El artículo 102 E, respecto de la primera audiencia, denomina al adolescente como imputado, siendo que no nos encontramos frente a responsabilidad penal; al tiempo que ninguno de los artículos en cuestión obliga a la designación de un defensor para el adolescente, lo que sí opera en materia de responsabilidad penal para adultos y adolescentes, generándose así en este caso un procedimiento más gravoso, desprotegido y desigual. El mismo artículo 102 E, obliga al juez a notificar a los padres, pero no dispone el deber de aquellos de comparecer, lo que también afecta los derechos del adolescente, máxime en este caso concreto en que la madre es dueña del auto y posee anotaciones por manejar si licencia, siendo entonces su comparecencia necesaria para esclarecer los hechos y proteger las garantías de la adolescente.

- Si bien el artículo 102 G contempla el derecho a guardar silencio, luego el artículo 102 F obliga al juez a interrogar al adolescente sobre la veracidad de los hechos imputados. Esto, estima la Magistrado requirente, deviene en la figura de "juez y parte”, siendo el juez el ente persecutor y luego quien condena, lo cual es contrario a la Ley Suprema.

- El artículo 102 l, en caso de negativa de los hechos, o guardar silencio, dispone que el juzgamiento se realizará de inmediato, pronunciándose la sentencia con o sin declaración del adolescente; conculcando su derecho a conocer los cargos en forma previa para poder ofrecer y rendir prueba en contrario oportunamente, vedándose así su derecho a defensa.

- En cuanto a las sanciones, el artículo 102 J, no establece baremos para su aplicación, dejándolas a la mera discreción del juez y permitiendo aplicar conjuntamente más de una, lo que no se ajusta al principio de legalidad, y vulnera la igualdad ante la ley si se hace el parangón con la Ley N* 20.084, sobre Responsabilidad Penal Adolescente, que sí define las sanciones y determina a que caso aplica cada una; impidiendo la discrecionalidad judicial.

- En cuanto a los recursos, asimismo, estos se restringen gravemente en la ley. Asi, el artículo 102 F preceptúa que si se reconocen los hechos se dicta sentencia de inmediato, la que no es susceptible de recursos. Y el artículo 102 K, dispone que las sentencias dentro del procedimiento contravencional serán inapelables, vulnerando el derecho al recurso garantizado en la Constitución y los Tratados.

- Finalmente, en caso de incumplimiento de la sanción impuesta, el artículo 102 M señala que se configura delito de desacato, lo que es asimismo desproporcionado y contrario a lo principios que rigen la aplicación de sanciones por faltas a menores de edad.

Tramitación y observaciones al requerimiento.

La Primera Sala de esta Magistratura admitió a trámite y declaró admisible el requerimiento, y ordenó la suspensión del procedimiento en la gestión sublite.

Luego, conferidos a las partes los traslados sobre el fondo, se hizo parte en representación de la adolescente la curadora ad litem doña nombre reservado, formulando observaciones dentro de plazo, en términos de estimar asimismo que los preceptos legales cuestionados son contrarios a la Carta Fundamental;

manifestando la infracción de los artículos 1%, incisos primero y cuarto; 52, inciso segundo, en relación con la Convención de Derechos del Niño y el nombre reservado; y del articulo 19 N* 1, respecto al derecho a la integridad psíquica; NO 2, en cuanto al derecho a la igualdad ante la ley, y N* 3, en lo tocante a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.

Expresa la curadora ad litem que la preceptiva impugnada es contraria a la dignidad, igualdad y libertad personal, así como a la garantía de reserva legal y a las obligaciones del Estado de dar protección a los niños y adolescentes. Así:

- Tratarlos como imputados, siendo que están exentos de responsabilidad penal, es más gravoso que lo aceptado por la Constitución y los Tratados, además de estigmatizador.

- Ordenar su detención si no concurren a la primera citación, tratándolos de modo más riguroso que a los adultos, a quienes sólo se los tiene como rebeldes, es también desproporcionado y afecta la integridad psíquica del adolescente.

- Atribuirles responsabilidad si reconocen los hechos también afecta sus derechos y no discierne como corresponde la capacidad cognitiva del menor de edad frente al adulto, siendo desproporcionados e inidóneos los medios y fines de la ley, así como vulneratorios de la presunción de inocencia.

- El procedimiento en general, es contrario al derecho a una investigación y procedimiento racionales y justos; al derecho a defensa letrada, y a 09019 5 É ¿ol pol, Col

rendir prueba en juicio, así como al derecho al juez natural, independiente e imparcial.

- Las sanciones dispuestas son también contrarias al principio de legalidad y tipicidad

- En fin, la improcedencia de recursos también vulnera el debido proceso.

- Lo expuesto redunda, además, en que la preceptiva de los artículos 102 Á a 102 M, en general, desatiende el principio de prevención especial que opera respecto de los menores, así como el de protección del interés superior del niño, por lo que se concluye su inconstitucionalidad y se solicita que el requerimiento de inaplicabilidad de autos se acogido.

A mayor abundamiento, se alude a la sentencia de este Tribunal Constitucional recaída en autos Rol N* 3119, en que se acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad deducido por la misma Magistrado respecto de idéntica preceptiva legal, consignando que la argumentación de dicho fallo es igualmente aplicable en la especie, y que incluso sobre dicha misma argumentación, procedería acoger el presente requerimiento respecto del resto de las normas no declaradas inaplicables en aquella oportunidad.

Vista de la causa y acuerdo

Por resolución de 24 de julio de 2018, se ordenó traer los autos en relación, y en audiencia de Pleno del día 27 de diciembre de 2018 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y el alegato de la abogada curadora ad litem (certificado a fojas 191).

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que, ha comparecido ante esta Magistratura, la juez titular del Juzgado de Familia de Pudahuel, doña Nel Greeven Bobadilla, requiriendo un pronunciamiento acerca de la inaplicabilidad de los artículos 102 A a M, de la Ley N*19.968, en la causa RIT |-10-2018, RUC 18-2-RUT reservado seguida por infracción de ley, ante ese tribunal, por considerarlos contrarios a los artículos 5?, inciso segundo y 19, N“2 y N9 constitucional;

SEGUNDO. Que, para este caso concreto, es necesario tener presente que el artículo 16 de la Ley N*19.968 establece, “Interés superior del niño, niña o adolescente y derecho a ser oído. Esta ley tiene por objetivo garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías.

El interés superior del niño, niña o adolescente, y su derecho a ser oído, son principios rectores que el juez de familia debe tener siempre como consideración principal en la resolución del asunto sometido a su conocimiento.

Para los efectos de esta ley, se considera niño o niña a todo ser humano que no ha cumplido los catorce años y, adolescente, desde los catorce años hasta que cumpla los dieciocho años de edad.”

TERCERO. Que, junto con lo anterior, se deberá tener en consideración la Ley N*20.084, que “Establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal” especialmente lo dispuesto en el articulo 2%, en cuanto señala, "Interés superior del adolescente. En todas las actuaciones judiciales o administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los adolescentes infractores de la ley penal, se deberá tener en consideración el interés superior del adolescente, que se expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos.”

"En la aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.”;

EL TRIBUNAL YA HA CONOCIDO DE LA NORMA IMPUGNADA EN REQUERIMIENTOS SIMILARES

CUARTO. Que, no es la primera vez que esta Magistratura se ha pronunciado sobre este conjunto de disposiciones del procedimiento contravencional ante los tribunales de familia, normas que han sido impugnadas previamente, al efecto, en sentencias roles N%s 2743-14; 2791-15 y 3119-16, se han acogido parcialmente los requerimientos, por ende, sus alegaciones -similares a las formuladas en estos autos constitucionales- fueron acogidas, por lo que al no variar

las circunstancias ni argumentaciones, se mantendrá la doctrina de las referidas sentencias;

CASO CONCRETO

QUINTO. Que, en el caso concreto, el Juzgado de Familia de Pudahuel conoce de una denuncia respecto de un menor de edad por conducir un vehículo motorizado sin haber obtenido licencia de conducir, participando en un accidente de tránsito, al chocar un vehículo estacionado y provocando daños en éste, todo lo cual ocurrió en la comuna de Pudahuel. De los antecedentes que obran en el expediente consta que la situación fue excepcional, al ser la propietaria del vehículo -conducido por la adolescente- madre de esta, quien se limitó a estacionarlo por imposibilidad de hacerlo la madre, momento en que causó los daños al otro vehículo.

Con ocasión de lo anteriormente expuesto es que procede la aplicación del procedimiento contravencional ante los Tribunales de Familia contemplado en los artículos 102 A y siguientes de la Ley N%19.968 que "Crea los Tribunales de Familia”

y es, justamente esta normativa la que ha sido requerida de pronunciamiento de inaplicabilidad por parte de este Tribunal, en especial los artículos 102 A a M;

ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES IMPUGNADAS SEXTO. Que, la parte requirente impugnó las siguientes disposiciones:

artículos 102 A; 102 B; 102 C; 102 D; 102 E; 102 F; 102 G; 102 H; 102 |; 102 J; 102 K;

102 L y 102 M. Para resolver el conflicto de constitucionalidad planteado es necesario examinar cada uno de los preceptos legales objetados por la requirente.

Cabe destacar que de estos se rechazarán los siguientes: artículos 102 A; 102 B; 102 €; 102 D; 102 F, 102 G; 102 L y 102 M a los que más adelante nos referiremos;

Inaplicabilidad del Articulo 102 E

SÉPTIMO. Que, el artículo 102 E señala, "De la realización de la primera audiencia a que deba comparecer el imputado deberá notificarse también a sus padres.

o a la persona que lo tenga bajo su cuidado, y al denunciante o al afectado, según corresponda. Todos quienes sean citados deberán concurrir a la audiencia con sus medios de prueba.”;

OCTAVO. Que, en este sentido, la requirente realiza dos observaciones del precepto referido, la primera en cuanto a que se habla de imputado "en circunstancias de que se trata de una adolescente al cual el Código Penal en su artículo 10 N%2 declara exento de responsabilidad penal y que el número 3 letra a de la Convención sobre los Derechos del Niño indica que el estado debe efectuar 'El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir leyes penales” y la segunda observación referida a la omisión de la obligación de designación de un defensor al niño, niña o adolescente “lo que es de rigor en el procedimiento penal para adultos e incluso para adolescentes que son sometidos a responsabilidad penal adolescente” agregando que no solo vulnera el debido proceso sino “la igualdad ante la ley entre personas adultas y personas niños, niñas y adolescentes (...) en circunstancias que siendo una menor de edad exento de responsabilidad, su trato debe ser menos gravoso y más protegido, en el sentido de un cumplimiento más estricto del debido proceso a su respecto” (fojas 11 y 12);

NOVENO. Que, tal como se ha considerado en ocasiones anteriores - sentencias roles N*2743, 2791, 3319- la voz imputado denota “para el adolescente que tenga obligación de comparecer ante el tribunal de familia, un término impropio que emplea nuestra legislación procesal penal para referirse al interviniente que es sindicado por el Ministerio Público o por el querellante particular como eventual responsable de un delito” para posteriormente agregar que, "Constituyendo la voz “imputado”, en la norma analizada, una palabra ajena a la connotación que ella tiene, según se ha manifestado y considerando que precisamente la disposición legal se encuentra inserta en el procedimiento contravencional ante los tribunales de familia”, Además, al tratar al adolescente como imputado tiene “una connotación delictiva ineludible, que conlleva al ejercicio de derechos y obligaciones propias de quien está en esa situación procesal” (STC Rol N%3119 c.13).

Por tal motivo, este Tribunal Constitucional declarará inaplicable el precepto legal en esta parte, al tener efectos contrarios a la Constitución, más precisamente a su artículo 1% que señala “que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y al artículo 19, N* 1, en cuanto asegura a todas las personas el derecho a la integridad psíquica; aunque estas normas constitucionales no son invocadas por el requerimiento judicial, esta Magistratura, en mérito a lo dispuesto en el artículo 88 de su Ley Orgánica Constitucional, se encuentra facultada para fundamentar la inconstitucionalidad de una norma en causales distintas a aquellas que han sido invocadas por alguna de las partes en su solicitud de inaplicabilidad.

También se ha considerado en las sentencias previamente citadas que, se vulneran ciertas normas internacionales como lo son la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, las Reglas de Tokio, las Directrices de Riad, las que en definitiva entienden por niño a toda persona que no ha cumplido dieciocho años de edad.

De esta manera, la voz “imputado” contraría la naturaleza y esencia de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, la cual vino en nuestro país a dar cumplimiento a lo ordenado en la Convención de los Derechos del Niño, cuyo fin era promover el establecimiento de procedimientos, autoridades e instituciones específicas para el juzgamiento de los niños a los que se les impute una infracción de ley penal, por lo que corresponde que los menores que estén exentos sean puestos a disposición del tribunal competente en asuntos de familia...“(Corte Suprema, roles 5440-2007, 5441-2007 Y 5972-2009) (STC Roles N%s 2743 C. 13; 3119 C.12 );

DÉCIMO. Que, por lo anterior, tratar al adolescente de “imputado” implica

una infracción al trato y cuidado que debe tener, por lo que resulta contrario a la Constitución;

Inaplicabilidad del Artículo 102 H

DÉCIMO PRIMERO. Que, el artículo 102 H establece, “Al inicio de la audiencia, el juez explicará al adolescente sus derechos y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, lo interrogará sobre la veracidad de los hechos imputados por el requerimiento. En caso de que el adolescente reconozca los hechos, el juez dictará sentencia de inmediato, la que no será susceptible de recurso alguno.

En la sentencia se podrá imponer la sanción de amonestación si ésta resulta proporcionada a la gravedad de los hechos y a la edad del adolescente para responsabilizarlo por la contravención, a menos que mediare reiteración, en cuyo caso deberá imponerse alguna de las restantes sanciones previstas en el artículo 102 J. MA

DÉCIMO SEGUNDO. Que, la parte requirente ha expresado al respecto que el precepto impugnado "torna al juez “juez y parte” por cuanto lo transforma en organismo persecutor, defensor y juzgador, lo que está vedado por el artículo 83 de la Constitución Política de ta República (...) y atenta contra lo dispuesto en el artículo 8 N2 letra g y N% de la Convención Americana de Derechos Humanos de rango constitucional acorde al artículo 5% de la Constitución Política, por lo que se vulnera ésta” (fojas 12);

DÉCIMO TERCERO. Que, tal como lo ha expresado esta Magistratura en sentencias anteriores, “(...) la Constitución Política de la República asegura a todas las personas el derecho a Un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, el cual debe contemplar, entre otras garantías, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y el análisis de la evidencia rendida en la sentencia correspondiente y la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores. En esto consiste el debido proceso, mediante el cual se genera un medio idóneo para que toda persona sea con justicia juzgada y eventualmente absuelta o sancionada, principio constitucional que se debe aplicar con mayor rigurosidad tratándose de adolescentes que se encuentran en una etapa de la vida de formación y educación de su personalidad;” (STC Rol N*2743 c.24).

Agrega la misma sentencia “Que en todo proceso la prueba es un derecho de la persona, sea parte, interviniente o solicitante, en este caso el adolescente, con el propósito de desvirtuar los hechos que se le atribuyen, como un elemento esencial del racional y justo procedimiento, por lo que no contemplar una etapa probatoria dentro del proceso resulta contrario a un procedimiento de la naturaleza que establece la Carta Fundamental y, en consecuencia, es también contrario al debido proceso en los términos garantizados por la Constitución Política;” (STC Rol N%2743 C.25).

Expresa además “Que el debido proceso contempla, entre sus elementos constitutivos, el derecho al recurso, el cual consiste en la facultad de solicitar a un tribunal superior que revise lo resuelto por el inferior; el racional y justo procedimiento necesariamente debe contemplar la revisión de las decisiones judiciales: “impedir la revisión de los hechos es generar respuestas jurisdiccionales sujetas a errores que no garantizan la debida imparcialidad del juzgador, al no estar sujeto a control, examen o revisión de lo resuelto.”. (Derecho al Recurso, autor nombre reservado, Ed. Jurídicas de Santiago, año 2015, p.

54);" (STC Rol N*%2743 c.26).

Para finalizar expresando que "la dictación inmediata de sentencia e impedir la interposición de todo recurso contra la sentencia dictada en la causa, hace que la disposición tenga, indudablemente, efectos contrarios a la Carta Fundamental. (...)" (STC Rol N*2743 27);

Inaplicabilidad del Artículo 102 1

DÉCIMO CUARTO. Que, el articulo 102 | “Si el adolescente negare los hechos o guardare silencio, se realizará el juzgamiento de inmediato, procediéndose a oír a los comparecientes y a recibir la prueba, tras lo cual se preguntará al adolescente si tiene algo que agregar. Con su declaración o sin ella, el juez pronunciará sentencia de absolución o condena.”

DÉCIMO QUINTO. Que, la requirente expresó en el libelo respecto de la audiencia inmediata contemplada en el artículo 102 | que “es imposible que aporte 10

prueba de descargo y torna ilusorio el derecho a defensa. Lo que atenta contra el artículo 19 N93 de la Constitución y artículo 8 N%2 letras b y c de la Convención Americana de Derechos Humanos de rango constitucional acorde al artículo 5? de la Constitución Política, por lo que se vulnera está dando lugar a lo que el Tribunal Constitucional ha llamado prisa de gestión” (fojas 13)

DÉCIMO SEXTO. Que, se ha estimado en las sentencias anteriores que el artículo 102 | regula una situación contraria al artículo 102 H, "en el sentido de que el adolescente no reconoce los hechos o bien ejerce el derecho que le confiere el artículo 102 G de la misma ley, en orden a guardar silencio. En uno y otro caso, el precepto legal en forma imperativa obliga al juez al juzgamiento inmediato del hecho y la eventual responsabilidad del adolescente en él, lo que en la práctica impide la posibilidad de que el adolescente pueda desvirtuarlo rindiendo prueba al respecto, Por consiguiente, el juez, ante la actitud del adolescente en orden a negar el hecho o guardar silencio, debe dictar sentencia de inmediato en la causa por mandato de esta disposición legal; (STC Rol N*2791 c.29);

DÉCIMO SÉPTIMO. Que, esta disposición, en aquella expresión que se consignará en la parte resolutiva, resulta contraria a la Constitución, en cuanto el juzgamiento de inmediato, hace que pugne con un procedimiento racional y justo, en los términos que establece el artículo 19, N9 constitucional, norma jurídica que en su parte pertinente ha sido impugnado en pronunciamientos anteriores por este Tribunal, atendiendo a lo que la doctrina denomina "prisa de gestión”, en cuanto se establece un procedimiento que tramitado en forma rápida no respeta con la debida atención los derechos y garantias esenciales de las partes en el juicio;

Inaplicabilidad del Artículo 102 J

DÉCIMO OCTAVO. Que, el artículo 102 J establece, “El juez podrá imponer al adolescente únicamente alguna de las siguientes sanciones contravencionales:

a) Amonestación;

b) Reparación material del daño;

c) Petición de disculpas al ofendido o afectado;

d) Multa de hasta 2 Unidades Tributarias Mensuales;

e) Servicios en beneficio de la comunidad, de ejecución instantánea o por un máximo de tres horas, y

$) Prohibición temporal de asistir a determinados espectáculos, hasta por tres meses.

El tribunal podrá aplicar conjuntamente más de una de las sanciones contempladas en este artículo, lo que deberá fundamentarse en la sentencia. %;

DÉCIMO NOVENO. Que, la parte requirente expresa en relación al artículo 102 J que “aunque en el artículo 102 J habla de sanciones se trata de penas, ya que son —en parte- las mismas que se establecen en la ley N%20.08% y no se establece la gradualidad ni determina a qué caso se aplica cada sanción, salvo las reglas del artículo 102 H, tampoco se define cada sanción, como si lo hace la ley N%20.084. La ley de familia no estableció remisión a la ley N%20.084, de lo que se sigue que queda al criterio de cada juez qué sanción aplicar a cada caso, vulnerando la igualdad ante la ley. Peor que eso, la ley establece sanciones sin tipificar las conductas ni se establece remisión al Código Penal ni a ningún otro cuerpo especifico de leyes penales, contando solo el juez con una referencia general a las faltas contenidas en la legislación vigente" en el artículo 102 A, lo que atenta contra la garantía establecida en el artículo 19 N% inciso final de la Carta Magna chilena” (fojas 13);

VIGÉSIMO. Que, como se ha expresado por las sentencias referidas, “No se establece por la disposición legal una gradualidad en la aplicación de dichas sanciones, entregando total libertad al juez de familia para aplicar unas u otras o más de una, lo que hace que se vulnere el principio de proporcionalidad al no existir reglas suficientemente precisas para evitar la discrecionalidad en su aplicación por parte del juez.”.

“La regulación legal debe ser razonable, no arbitraria, sirviendo como referencia del juicio de razonabilidad la concurrencia del principio de proporcionalidad, determinado por la relación coherente entre los medios utilizados y los fines legítimos perseguidos (STC Rol N*541 c.15)” (STC Rol N%2791 c.33);

Inaplicabilidad del artículo 102 K

VIGÉSIMO PRIMERO. Que, por último, el artículo 102 K establece, “Las sentencias definitivas dictadas en procesos por infracciones cometidas por adolescentes serán inapelables.”

VIGÉSIMO SEGUNDO, Que, la parte requirente en el libelo expresa que "se restringe el derecho a recurrir de la sentencia” (fojas 13).

Por otra parte, esta disposición legal objetada impide el recurso de apelación en las sentencias definitivas, negando así, el derecho al recurso, “constituyendo tal derecho una garantía fundamental que permite a la parte afectada la posibilidad de que un tribunal superior revise conforme a derecho la sentencia que lo afecta; en este procedimiento contravencional no se permite aquello, con lo cual se impide al adolescente una tutela judicial efectiva de sus derechos, produciéndose una desprotección a éste y creando un vacio de control, lo que pugna con la garantía del racional y justo procedimiento, garantía establecida en el artículo 19, N%3, de la Carta Fundamental” (STC Roles N* s 2743; 3119);

NORMAS IMPUGNADAS QUE SERÁN RECHAZADAS

VIGÉSIMO TERCERO. Que, por otro lado, los artículos 102 A; 102 B; 102 C;

102 D; 102 F, 102 G¡ 102 L y 102 M serán desestimados por este Tribunal, por los argumentos expuestos en los siguientes considerandos;

VIGÉSIMO CUARTO. Que, el artículo 102 F establece “Si el adolescente no concurriere a la primera citación, el tribunal podrá ordenar que sea conducido a su presencia por medio de la fuerza pública. En este caso se procurará que la detención se practique en el tiempo más posible al horario de audiencias del tribunal.”;

VIGÉSIMO QUINTO. Oue, la parte requirente expresó que el artículo 102 F ordena ta detención del adolescente “en circunstancias que la máxima pena que 12

arriesga es ejecución de servicios en beneficio de la comunidad de ejecución instantánea o de máximo de tres horas, según lo dispuesto en el artículo 102 J. De esta manera, si se decreta su detención por no haber comparecido a esta audiencia podría estar privado de libertad varias horas e incluso una noche, en circunstancias que nunca podría imponérsele como pena y un adulto en iguales circunstancias no sería objeto de detención, dado que la ley N*18.287 sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, solo establece como sanción para la incomparecencia que el procedimiento se siga en rebeldía y su artículo 6% veda expresamente la posibilidad de detención, incluso en caso de flagrancia, con las excepciones que la misma ley señala, entre las cuales no se encuentra el caso de la adolescente.” (fojas 212);

VIGÉSIMO SEXTO. Que, esta norma jurídica constituye una regla de acatamiento de una orden judicial que, en general deben cumplir todas las personas, con el objeto de preservar el estado de derecho; que junto con ello, esta Magistratura expresa que la disposición legal se debe entender también como una garantía para el adolescente, en el sentido que el juez de familia resguardará tanto las garantías constitucionales del adolescente, como la situación fáctica que pudiere afectarle, Es por ello que no se produce un efecto contrario a la Constitución.

Agregan la sentencias previas de este Tribunal que “aunque la ley use la voz detención, se está refiriendo al arresto por parte de la fuerza pública, de un adolescente rebelde a concurrir a la citación que se le ha hecho por parte del Tribunal de Familía, arresto que tiene el solo objeto de ponerlo a disposición del Juez de Familia,” (STC Rol N*2743 C.17);

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, por otro lado, la parte requirente no se hace cargo en desarrollar en el libelo cómo la aplicación de los artículos 102 A; 102 B; 102 C; 102 D; 102 G; 102 L y 102 M producían en el caso concreto efectos contrarios a la Constitución, ni cuáles serían las normas constitucionales vulneradas, limitándose a transcribir los referidos artículos o breves referencias de ellos, siendo insuficiente.

Por tal motivo es que esta Magistratura no entrará a conocer de ellas.

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N? 62, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, OE

13 VUDTIOS pi prnl uo

SE RESUELVE:

1) QUE SE ACOGE EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO, EN CUANTO SE DECLARAN INAPLICABLES EN LA CAUSA RIT I-10-2018, RUC 18-2-RUT reservado, SUSTANCIADA ANTE JUZGADO DE FAMILIA DE PUDAHUEL, LAS SIGUIENTES NORMAS DE LA LEY N* 19.968, QUE CREA LOS TRIBUNALES DE FAMILIA:

A.- ENEL ARTÍCULO 202 E, LA VOZ “IMPUTADO”;

B.- ENLOS ARTÍCULOS 102 H Y 102.1, LA EXPRESIÓN "DE INMEDIATO”;

C.- EN LOS ARTÍCULOS 202 H Y 102 K, LAS ORACIONES "LA QUE NO SERÁ SUSCEPTIBLE DE RECURSO ALGUNO" Y “SERÁN INAPELABLES”;

D.- EN EL ARTÍCULO ao2 J, EL PÁRRAFO "EL TRIBUNAL PODRÁ APLICAR CONJUNTAMENTE MÁS DE UNA DE LAS SANCIONES CONTEMPLADAS EN ESTE ARTÍCULO, LO QUE DEBERÁ FUNDAMENTARSE EN LA SENTENCIA”.

2) QUE, RESPECTO DE LOS DEMÁS PRECEPTO IMPUGNADOS, SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE FOJAS 1.

3) QUE SE DEJA SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA. OFÍCIESE AL EFECTO.

PREVENCIONES

Los Ministros señor Iván Aróstica Maldonado, señora María Luisa Brahm Barril y señor Cristián Letelier Aguilar previenen que dado que las inaplicabilidades se resuelven sobre la base de normas contrarias a la Constitución Política, las inconstitucionalidades no pueden fundarse en infracciones a tratados internacionales, razón por la cual no suscriben el considerando noveno, parte tercera y cuarta.

El Ministro señor Juan José Romero Guzmán previene que estuvo por declarar la inaplicabilidad de aquellas disposiciones de la Ley N* 19.968 que impiden la procedencia del recurso de apelación, esto es, el artículo 102 H, inciso primero, Última frase (*, la que no será susceptible de recurso alguno”) y el artículo 102 K ("Las sentencias definitivas dictadas en procesos por infracciones cometidas por adolescentes serán inapelables. ”). Los fundamentos de este voto son aquellos expresados en la prevención de este Ministro, en conjunto con la Ministra Peña, en la STC 3119.

La Ministra señora María Pía Silva Gallinato previene que concurre a la sentencia, pero estuvo por declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad Únicamente respecto de la voz "mputado”, contenida en el artículo 102 E, y la 14

expresión "de inmediato”, contenida en los artículos 102 H y 102 |; por lo que no suscribe lo expuesto en los considerandos decimoprimero, decimosegundo (salvo su párrafo final), y decimoctavo a vigesimosegundo del fallo que precede.

DISIDENCIA

Acordada la sentencia con el voto en contra del Ministro señor Domingo Hernández Emparanza, quien estuvo por desestimar en su integridad el requerimiento, por los fundamentos siguientes:

19) Que la requirente no argumenta en absoluto sobre los literales A), B), C), D) G), L) y M) del artículo 102 de la Ley N” 19.968 — en lo sucesivo, “la ley” - limitándose a citarlos como contrarios a la Constitución. Esta simple mención no proporciona suficiente evidencia para demostrar que su aplicación concreta podría resultar contraria a la Carta Fundamental ni cumple con la carga mínima de fundar razonablemente la impugnación, como lo exigen tanto aquélla — en su artículo 93, inciso 11% - cuanto la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, particularmente en su artículo 84.6%, que puede obrar como factor de improcedencia, independiente de ser admisible la acción, en el pronunciamiento de fondo, como por lo demás lo ha manifestado uniformemente esta Magistratura.

En este punto, coincidimos con la opinión de mayoría, como asi también en el rechazo de la impugnación al artículo 102 F);

2%) Que en orden al resto delas disposiciones legales reprochadas, cabe expresar que el planteamiento global formulado descansa básicamente en una crítica de lege ferenda de prácticamente la totalidad de las normas que integran el párrafo 4? del Título IV de la ley, rotulado “Procedimiento Contravencional ante los Tribunales de Familia”, que consta de 14 literales, solo uno de los cuales, signado 102 N), no fue objeto de la acción impetrada.

Adolece, como se indicará pormenorizadamente, de un carácter abstracto y conjetural, incursionando solo en la crítica del sistema procedimental diseñado por el legislador, pero sin un examen riguroso de la forma en que el vicio denunciado produce en el caso un efecto contrario a la Constitución, según se verá en el análisis particular de los preceptos especificamente reclamados;

3?) Que, sin perjuicio de ello, en todo su desarrollo, el tribunal que conoce de la cuestión pendiente y legitimado para actuar ante esta Magistratura, hace frente a múltiples opciones procesales que se abren en el procedimiento especial que reprocha. Prácticamente todas ellas se formulan en forma condicional y para el caso que concurra algún presupuesto que no se ha dado, pero que podría presentarse. Así, se evalúa como inaplicable el artículo que faculta al tribunal para ordenar que el adolescente implicado sea conducido a la presencia judicial por medio de la fuerza pública, pero ello podrá ocurrir o no.

Se impugna la opción de que el adolescente reconozca los hechos y que el juez entonces tenga que sentenciar el caso de inmediato. Pero en seguida, también se 1)

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ataca la posibilidad de que ello no suceda y que el adolescente negare los hechos, que es una especificidad distinta, lo que torna susbsidiaria la alegación. Se pone en el caso que el juez — la requirente misma — aplique varias sanciones conjuntas, lo que sería inconstitucional, olvidando que si no está obligada a hacerlo, basta con que aplique una sola sanción, lo que sí sería conforme con la Constitución. En el extremo de la cadena conjetural, recrimina la constitucionalidad de la norma que declara inapelable la sentencia definitiva en el procedimiento contravencional diseñado por el legislador en la especie. Lo que importa un juicio prospectivo respecto del perjuicio o agravio que su sentencia producirá a todo evento a la adolescente cuyos derechos estarían en riesgo, lo que por supuesto está en su propia mano evitar.

Esta Magistratura Constitucional no es la llamada a conocer de las posibilidades que un juez tome las decisiones más agraviantes para las partes y erigirse en un asegurador de riesgos procesales eventuales a que podrían conducir las erróneas decisiones judiciales, a pretexto de que la mera potencialidad de que se materialicen, obliga a su intervención.

b SOBRE LA INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 102 E)

47) Que el artículo 102 E) dispone que la realización de la primera audiencia a que deba comparecer el imputado deberá notificarse también a sus padres o a la persona que lo tenga bajo su cuidado y al denunciante o al afectado, según corresponda, Parece a la señora jueza requirente que el uso de la acepción “imputado” sería inconstitucional porque “se trata de una adolescente al cual(sic)

el Código Penal en su artículo 10, N* 2 declara exento de responsabilidad penal y que el número 3 letra a) de la Convención sobre los Derechos del Niño indica que el Estado debe efectuar “El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales”.

Ambas premisas son, sin embargo, erróneas. No es efectivo, desde luego, que el artículo 10.2 del Código Penal exima de responsabilidad a los adolescentes.

Por el contrario, prescribe expresamente que "[L]a responsabilidad de los menores de dieciocho años y mayores de catorce se regulará por lo dispuesto en la ley de responsabilidad penal juvenil”. La referencia, por tanto, debe entenderse hecha al texto original de dicho código, en su texto anterior a la modificación introducida por la letra a) del artículo 60 de la Ley N* 20.084 (7.12.205), sobre “Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracción a la Ley Penal”, que es precisamente la ley que introdujo en la Ley N” 19.968 un nuevo párrafo 4? en su Título Il, a continuación del artículo 102, donde se contienen las reglas procedimentales objeto del presente requerimiento.

La Ley 20.084, a su turno, reguló la "responsabilidad penal de los adolescentes por los delitos que cometan” (artículo 19, inciso 1%), asumiendo que, para los efectos de la ley, son adolescentes "quienes al momento en que se hubiere dado principio de ejecución al delito sean mayores de catorce y menores de 16

dieciocho años”. Este es el caso de la adolescente de 17 años (como consta de su certificado de nacimiento, de fs. 38), involucrada en los hechos de que conoce la jueza requirente;

5%) Que también es errónea la segunda premisa antes referida. El artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño no expresa lo que apunta el requerimiento.

Ninguna de sus normas excluye completamente la responsabilidad penal de los adolescentes. Es más, el precepto aludido como artículo 3", letra a), que es en realidad el artículo 40.3.a), obliga a los Estados partes de la Convención a tomar las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes , procedimientos e instituciones especificas para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales y en particular, además del establecimiento de una edad mínima — obligación que el ordenamiento nacional cumple, según lo ya visto — establece de medidas de trato especial para esos niños infractores.

6”) Que útil es rememorar que la adolescente “imputada” ha sido objeto de una denuncia por presenta conducción de un automóvil sin licencia de conducir, la que fue remitida al Juzgado de Familia de Pudahuel por el 1er Juzgado de Policía Local de esa comuna, como consta a fojas 36. La Única resolución dictada por el Juzgado de Familia de Pudahuel, recibidos esos antecedentes, fue “Autos” (fs. 39), que antecedió a la resolución por la cual la titular de ese tribunal remitió el presente requerimiento a esta Magistratura (fs. 2). No se ha realizado aun, por tanto, la primera audiencia que ordena realizar la ley en los artículos 102 E y siguientes.

El único antecedente de que se dispone en torno a la imputación formulada a la menor es, entonces, la constancia de su comparecencia ante el juez de Policía Local que conocía de la denuncia practicada por Carabineros dando cuenta de la infracción de tránsito en que cupo intervención a la menor concernida.

La denuncia incide en una infracción de tránsito, sancionable con multa en la Ley N? 18.290 pero que, por afectar a una adolescente, no podría ser sancionada sino con algunas de las medidas tratadas en el artículo 102 J de la ley, en relación con el artículo 102 A.

Se desprende de esta relación que la condición de “imputada” de la adolescente involucrada, lejos de representar una condición o calidad infamante o estigmatizadora, se ajusta perfectamente a la inculpación que se le formula y no constituye, per se, una afectación de ningún derecho fundamental. Por el contrario, se inserta a cabalidad en el sistema de protección internacional de los derechos de los niños y adolescentes y no contraviene el debido proceso ni ninguna de las normas constitucionales o internacionales que se dice conculcadas

Este capítulo de reproche ha debido ser, consecuencialmente, desestimado a criterio de este disidente.

1) SOBRE LA INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 102 H)

7) Que el domicilio reservado% manifiesta que el juez, al inicio de la primera audiencia, el juez explicará al adolescente sus derechos y, sin perjuicio de su derecho a guardar silencio. Lo interrogará sobre la veracidad de los hechos imputados por el requerimiento y, caso de que el adolescente reconozca los hechos, “dictará sentencia de inmediato, la que no será susceptible de recurso alguno”, acápite que es materia del cuestionamiento alegado.

El acápite reprochado guarda gran similitud con el inciso final del artículo 395 del Código Procesal Penal, que se pone en el caso que el imputado, en el procedimiento simplificado seguido en su contra, “admitiere su responsabilidad en el hecho”, caso en el cual "el tribunal dictará sentencia inmediatamente”.

La inmediatez de la decisión se justifica ampliamente también en el caso de la ley que nos ocupa. Aunque se trata de una situación hipotética, porque la audiencia correspondiente no se ha realizado, tiene sentido disponer la expedición inmediata de la sentencia, si no hay necesidad de prueba, en el entendido que la menor involucrada, amén de tener una representante legal — su madre, que concurrió a la comparecencia verificada ante el Juez de Policía Local de Pudahuel (fs. 69) — y una curadora ad litem ad hoc que ha sostenido esta acción constitucional, debe ser protegida en su interés superior en todas las actuaciones ante la jurisdicción de familia, variable que la requirente conoce muy bien.

El principio de inmediación, que debe ser respetado, permitirá al juez formar correctamente su convicción (artículo 12 de la ley), con observancia, además, de la regla de actuación de oficio, que lo fuerza a adoptar todas las medidas necesarias para llevar a término el proceso “con la mayor celeridad” (artículo 13).

Por último, en la sentencia el juez "podrá imponer la sanción de amonestación sí ésta resulta proporcionada a la gravedad de los hechos y a la edad del adolescente para responsabilizarlo por la contravención”, a menos que mediare reiteración, de lo que no hay constancia alguna en autos. Si constatamos que la amonestación es la sanción mínima, sobre lo cual volveremos, es del todo razonable y consistente con el derecho de defensa que no se otorgue recurso alguno contra una sanción mínima que, reconocidos los hechos, no podría rebajarse en una instancia recursal.

La infracción de los preceptos constitucionales aparentemente vulnerados, tampoco se divisa en este contexto.

11) SOBRE LA INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 102 1)

89) Que, siempre en su estrategia de buscar un pronunciamiento sobre la casi totalidad de las situaciones cubiertas en el artículo 102, la requirente promueve una suposición que es inversa a la del literal anterior. Que el adolescente (teórico)

"negare los hechos o guardare silencio”, en vez de reconocerlos. En tal supuesto, sería contrario a la Constitución que se realice "el juzgamiento de inmediato, procediéndose a oír a los comparecientes y a recibir la prueba, tras lo cual se preguntará al adolescente si tiene algo que agregar”, para finalmente, con su declaración o sin ella, pronunciar el juez "sentencia de absolución o condena”.

18 El vicio de constitucionalidad, en este caso, consistiría en que no mediaría “intimación anterior de Jos cargos”, de lo que se seguiría que "es imposible que aporte prueba de descargo y torna ilusorio el derecho de defensa”, atentando “contra el artículo 19 N? 3 de la Constitución y artículo 8, N* 2, letras b) y c) dela Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que se vulnera ésta dando lugar a que el Tribunal Constitucional ha llamado prisa de gestión”.

Es obvio que la primera parte de la argumentación debe ser desestimada, El precepto es explícito en orden a que el tribunal es obligado a recibir la prueba que se ofrezca, lo que no deja al adolescente en la indefensión. Tampoco puede ser violatorio de derechos constitucionales la posibilidad abierta al juez especializado de absolver. La crítica se concentraria, pues, en la inmediatez de la decisión.

Parece sin embargo que la señora jueza requirente no ha tenido en consideración que es la propia Convención de Derechos del Niño, citada textualmente en esa parte, la que en su artículo 40.b.ii) proscribe que "la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico ...”. Es este tratado internacional, apreciado como vinculante en el razonamiento de la actora constitucional, el que prescribe la causa debe ser *dirimida” — fallada — con celeridad. No puede haber en ello contradicción constitucional alguna.

IV) SOBRE LA INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 102 J)

97) Que esta prescripción, cuya inaplicabilidad también se acoge, permite al juez imponer una serie de "sanciones contravencionales”, que van desde amonestación a prohibición temporal de asistir a determinados espectáculos, hasta por tres meses. En su inciso final, faculta además al tribunal para aplicar conjuntamente más de una de estas sanciones, lo que deberá fundamentarse en la sentencia.

Disentimos de la inaplicabilidad declarada. La proporcionalidad de la sanción está debidamente garantizada en el inciso segundo del artículo 102 H, que habilita al sentenciador para “imponer la sanción de amonestación si ésta resulta proporcionada a la gravedad de los hechos y a la edad del adolescente ...a menos que mediare reiteración, en cuyo caso deberá aplicarse alguna de las restantes sanciones previstas en el artículo 102 J”. La opción de superponer sanciones es facultativa para el juez, y solo en el evento de reiteración. Este mandato no lo conmina a aplicar sanciones desproporcionadas, sino todo lo contrario: lo habilita para aplicar la mínima, si resultare proporcionada.

No advierte por consiguiente este disidente contraposición alguna entre este precepto y las garantías constitucionales que se dan por violentadas.

19 V) SOBRE LA INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 102 K)

10%) Que, finalmente, la requisitoria ataca la disposición citada en el epígrafe, en cuanto prescribe que las sentencias definitivas "serán inapelables”.

La prohibición de apelar no significa, sin embargo, que tal resolución no sea susceptible de enmienda por la vía de otros recursos. Por lo pronto, el artículo 67, NOs 6 y 7 de la ley, indica expresamente que procederá en su contra el recurso de casación en la forma, de los artículos 766 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, con las modificaciones que se señala. Aquel precepto es aplicable por remisión explícita del artículo 102 B), que hace aplicable al procedimiento contravencional lo dispuesto en los párrafos 1", 2* y 3? del Título III, en lo que no sea incompatible con lo dispuesto en este procedimiento especial y con la naturaleza infraccional de las faltas a juzgar.

Pero igualmente la sentencia definitiva será recurrible a través del recurso de casación en el fondo, tratándose de una sentencia definitiva inapelable, de acuerdo a las reglas generales, en virtud del reenvío genérico que a sus normas hace el artículo 3? del mismo Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 767 de esta recopilación procedimental,

Y finalmente, si la requirente en su sentencia cometiere una falta o abuso graves, la Corte Suprema podrá corregirlos, en uso de su potestad disciplinaria, de oficio, por medio de la queja o el recurso de queja, al tenor de lo que estatuyen los artículos 545 del Código Orgánico de Tribunales y 82, inciso 2? de la Carta Fundamental.

117) Que, en definitiva, el derecho al recurso no se encuentra proscrito por el legislador en la prescripción examinada. Se encuentra restringido, en los términos descritos, atendida la naturaleza y características de un procedimiento especial, desarrollado ante una jurisdicción altamente especializada, pero sin transgredir el principio de igualdad de armas entre los litigantes, en la medida que la proscripción de apelar se aplica a todos ellos por igual, en tanto los recursos extraordinarios previstos, pueden ser utilizados por el perdidoso sea que la sentencia sea de absolución o condena.

Demás está apuntar, por otra parte, que este esquema recursivo es perfectamente analogable al diseñado por el legislador procesal penal en el código del ramo. Allí igualmente se declaran inapelables las resoluciones dictadas por un tribunal oral en lo penal (articulo 364), implementándose un recurso de nulidad (artículos 372 y siguientes) — asimilable a la casación - como mecanismo de revisión general para ante órganos jerárquicamente superiores y excluyendo la apelación como en general incompatible con el nuevo sistema.

Estas razones son suficientes para concluir que tampoco este precepto es contario a la Constitución, ni aun al tratado internacional que se cita, como parámetro de constitucionalidad;

129) Que, por todas estas consideraciones, este Ministro es de opinión que la inaplicabilidad promovida ha debido ser íntegramente desestimada.

20 Redactó la sentencia el Ministro señor Cristián Letelier Aguilar; las prevenciones, los Ministros que la suscriben, y la disidencia, el Ministro señor Domingo Hernández Emparanza.

Comuniquese, notifíquese, registrese y archívese.

Rol N* 4572-18-INA.

5 r. Aróstica 7

2» Ye do

Sra. nombre reservado.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente, Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, y por sus Ministros señores Gonzalo Garcia Pino, Domingo Hernández Emparanza, Juan José Romero Guzmán, señora María Luisa Brahm Barril, señores Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva, José Ignacio Vásquez Márquez, señora María Pía Silva Gallinato, y señor Miguel Ángel Fernández González.

Se certifica que el Ministro señor Nelson Pozo Silva concurrió al acuerdo y Ta ac

fallo, pero no firma por encontrarse h o de su feriado legal.

Autoriza la "Secretaria de cibunal nstitucional, señora María Angélica Barriga Meza.