Inaplicabilidad de Precepto Legal

1 Santiago, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Con fecha 2 de mayo de 2017, Inversiones Gioanin Limitada, representada legalmente por Rodrigo Figueroa Villalobos, ha requerido la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del D.L. N° 776 de 1925, o de sus artículos 3° inciso primero, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° io° y 11°, para que surta efectos en los autos ejecutivos sobre realización de prenda, caratulados "Banco Bice con Moletto Hermanos S.A. Manufactoras Textiles", sustanciado ante el 11° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol C-4o31-2017.

Preceptos legales cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos legales impugnados dispone, en su parte ennegrecida:

"nombre reservado. 776.- Santiago, ig de diciembre de 2325.- El Vice-Presidente de la República, de acuerdo con su Consejo de Ministros, dicta el siguiente

DECRETO LE!:

-

Artículo 1.o El acreedor de una obligación caucionada con prenda, podrá pedir, vencido el crédito principal a que acceda que dicha prenda sea realizada con arreglo al procedimiento establecida en la presente leí.

Se comprenden en las disposiciones de esta leí toda clase de garantías sobre bienes muebles que se entreguen a un acreedor, sea bajo la forma de una venta condicional, de un pacto de retroventa o de otra manera; sin que valga estipulación alguna en contrario.

Tampoco podrá estipularse así a la fecha del contrato principal como en ningún momento posterior, que el acreedor tenga la facultad de disponer de la prenda, de apropiársela o de realizarla en otra forma que la prescrita en esta lei.

Art. 2.0 Para ejercer el derecho a que se refiere el primer inciso del artículo anterior, el acreedor deberá hacer valer un título que tenga fuerza ejecutiva, de acuerdo con los artículos 456 a 453 del Código de Procedimiento Civil, en la cual conste así la obligación principal como la constitución de la prenda.

Si la prenda se hubiere constituido por contrato separado de la obligación principal, ambos títulos deberán tener el carácter de ejecutivos.

Art. 3.o El Tribunal, procediendo de acuerdo con lo prescrito en los artículos 463 y 464 del Código antes citado decretará o denegará la realización de la prenda. Si la decretare, en la misma resolución ordenará citar al acreedor y deudor y al dueño de la prenda si ésta perteneciere a otro que el deudor principal a un comparendo que se verificará en la audiencia del quinto día hábil después de la 2

última notificación, con el objeto de designar la persona que deberá realizar la prenda y acordar la forma de su realización.

La notificación al deudor y al dueño de la prenda deberá hacerse personalmente; pero si no fueren habidos, se procederá en conformidad al artículo 47 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando el deudor o el dueño de la prenda hubieren sido notificados personalmente o con arreglo al artículo 47 para otra jestion anterior a la citación al comparendo, se citará a éste y a los demás trámites de esta lei, en conformidad a los artículos 51 a 56 del mismo Código. La designación del domicilio, exijida por el artículo 52, deberá hacerse en tal caso por el deudor o el dueño de la prenda, dentro de los dos días subsiguientes a la notificación, o en su primera jestion si alguna hiciere ántes de vencido este plazo.

Art. 4.o El comparendo decretado conforme al artículo anterior, se efectuará guardando las reglas determinadas en los artículos 416, 417 y 418 del Código de Procedimiento Civil.

En caso de que corresponda al Tribunal hacer la designación de la persona que deba realizar la prenda, ella recaerá en un martillero público o en un corredor de comercio, según la naturaleza de la prenda; guardando por lo demás, lo prescrito en los incisos segundo y tercero del artículo 504 del mismo Código.

Art. 5.0 Salvo acuerdos de las partes tomado en el comparendo respectivo, la prenda se realizará en la forma siguiente:

Si se trata de acciones de sociedades, efectos de comercio o títulos de créditos públicos o particulares, la realización se hará en remate en rueda de Bolsa autorizada, si existiere en el departamento o la provincia de asiento del Tribunal, sin mínimum para las posturas y avisándose el remate en los términos del artículo 511 del Código de Procedimiento Civil.

Si no existiere Bolsa autorizada, el juez señalará el lugar en que deba efectuarse el remate.

Si la prenda consistiere en bienes susceptibles de venderse en martillo, la realización se hará en el lugar en que ellos se encuentren o en la casa del martillo del encargado, también su mínimum para las posturas y prévia la publicación de avisos prescrita en el artículo 511 ántes citado.

Art. 6.o Dentro de segundo día desde la realización de la prenda, el encargado de ella rendirá cuenta al tribunal de su resultado y consignará en una institución de crédito o en arcas fiscales, a la órden del mismo tribunal, el producto total de la realización, sin que pueda retener en su poder suma alguna, ni a pretesto de gastos ni de honorarios o comisiones.

La cuenta se pondrá en conocimiento de las partes interesadas y se tendrá por aprobada si no fuere objetada dentro del tercero día. Si se formularen objeciones, se tramitarán y resolverán como incidente; y la misma resolución que se pronuncie aprobando las cuentas, fijará la remuneración del encargado de la realización, teniendo en consideración la responsabilidad y trabajo que le hubiere impuesto.

No tendrá derecho a remuneración el que se hubiere hecho responsable de dolo o culpa grave, sin perjuicio de sus demás responsabilidades legales.

Los gastos de la realización y honorarios del encargado, gozarán de preferencia para su pago sobre el crédito mismo garantido con la prenda.

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Art. 7.o Mientras no se haya verificado el remate, puede el deudor o el dueño de la prenda rescatar ésta, consignando una cantidad suficiente para responder al pago de la deuda y las costas causadas.

Art. 8.o El acreedor conservará sobre el producto líquido, de la realización de la prenda, o sobre la suma consignada según el artículo anterior, los mismos derechos que tenia sobre la prenda, miéntras no se estinga legalmente la obligación caucionada con ella.

Art. 9.o Aprobada la cuenta a que se refiere el artículo 6.o hecha la consignación a que se refiere el artículo 7.o el acreedor pedirá que se le haga el pago de su obligación principal y el tribunal lo ordenará si dicha obligación apareciere líquida y actualmente exijible.

Esta orden del tribunal se notificará personalmente o por cédula al deudor y se llevará a efecto si éste no deduce oposición dentro del término fatal de cuatro dias.

La oposición solo podrá fundarse en algunas de las excepciones enumeradas en el artículo 486 del Código de Procedimiento Civil, con esclusión de la número 4y deberá ajustarse a lo prescrito en el artículo 487 del mismo.

Serán aplicables en seguida las disposiciones de los artículos 488 a soo, con excepción del 494 del mismo Código.

Art. lo. Si el deudor no formulare oportunamente oposición al pago, o si la oposición fuere rechazada en definitiva, se procederá a la liquidación del crédito y tasacion de las costas en la forma ordinaria.

Si la oposición del deudor fuere acojida, el acreedor quedará responsable, además de las costas causadas, de todo perjuicio que haya ocasionado al deudor, o al dueño de la prenda en su caso la realización de ella.

Esta acción prescribirá en el plazo de cuatro años, contados desde que haya quedado ejecutoriada la sentencia absolutita del deudor; y se hará efectiva conforme al procedimiento sumario, ya ante el mismo juez que haya pronunciado la sentencia en primera instancia o ante el que corresponda conforme a las reglas jenerales a eleccion del favorecido con ella.

Art. 11. Todas las apelaciones que se interpusieren por cualquiera de las partes en el procedimiento rejido por esta lei, se concederán en el efecto devolutivo; y los recursos de casacion que se dedujeren no suspenderán el cumplimiento de las sentencias.

Art. 12. Si la prenda consistiere en un crédito por suma de dinero, el acreedor prendario deberá cobrarlo a su vencimiento conforme a las reglas jenerales del Derecho, entendiéndose representante legal del dueño del crédito para este efecto. Las cantidades que perciba las aplicará, sin sujeción a las formalidades de los artículos anteriores, al pago de su propio crédito, si éste fuera de igual naturaleza y en seguida rendirá cuenta a su deudor.

Serán aplicables en seguida las reglas del título XIII, libro III del Código de Procedimiento Civil.

4 Art. 23. Serán competentes para conocer en primera instancia de los juicios y jestiones a que diere lugar esta lei, solamente los jueces letradas de Mayor Cuantía, sin atención al fuero de las partes ni al valor de la cosa empeñada

Art. 14. No será aplicable esta lei a las prendas cuya realización se rae por otras leyes especiales.

Art. 15. La presente leí rejirá desde su publicación en el Diario Oficial.

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno. - nombre reservado. - Oscar Fenner.'.

Síntesis de la gestión pendiente

La parte requirente, Inversiones Gioanin Limitada, requiere de inaplicabilidad de diversos preceptos contenidos en el Decreto Ley 776, de 1925, en relación a un juicio ejecutivo sobre realización de prenda que actualmente se ventila ante el 1.1° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.

Refiere que Banco Bice dio inicio en marzo de 2017 a este procedimiento de realización prendaria contra la sociedad Moletto Hermanos S.A. Manufacturas Textiles, en su calidad de deudora garantizada y, en su contra como propietaria de diversos instrumentos financieros. La causa se encontraría actualmente en tramitación ordinaria.

Conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

Expone la actora que la aplicación de la preceptiva contenida en el decreto ley impugnado produce contravenciones a la Carta Fundamental, dada su aplicación en dicha gestión pendiente. En particular, enuncia vulneraciones a lo establecido en el artículo 19, numerales 2 °; 3°, inciso quinto; y, 24.

Debido proceso legal. Sostiene que esencial a este elemento es la bilateralidad de la audiencia, cuestión que no se cumpliría en la especie, toda vez que es sólo al deudor directo a quien se le concede audiencia para deducir oposición al pago y una vez que se ha llevado a efecto la realización de la prenda. El dueño de la prenda no puede deducir oposición alguna al pago. Así, conforme los preceptos que reprocha, no puede ejercer una adecuada defensa y producir prueba alguna, posibilitándose que el tribunal dicte y ejecute la sentencia que permitirá al acreedor el ejercicio forzado del derecho de venta, sin traslado de ningún tipo para el dueño de los bienes pignorados.

El Decreto Ley 776, de esta forma, permite al Tribunal decretar la realización de la prenda, esto es, dictar y ejecutar la sentencia, permitiendo al acreedor el 1I

5 ejercicio forzado del derecho de venta, sin audiencia de ninguna naturaleza para el deudor o dueño de la prenda, conculcando el derecho al debido proceso.

Igualdad ante la ley. Expone la requirente que ha sido emplazada como propietaria y constituyente de los bienes prendados, para su realización, en un procedimiento que contiene reglas procesales que le impedirán oponerse a ello, pese a no tener la calidad de deudor, Conforme fluye de los artículos 9° y lo° del decreto ley N° 776, la oposición una vez realizada la prenda sólo está reservada al deudor, a quien se le debe notificar la resolución que indica el artículo 9°, inciso primero. Así, surgiría una diferencia arbitraria en relación a las facultades que el constituyente de prenda ostenta bajo la Ley N° 20.190, cuyo articulado permite que éste sea oído, oponga excepciones, resolviendo el tribunal con citación del deudor prendario y del constituyente.

Derecho de propiedad, a fojas 11. El procedimiento en ciernes busca realizar diversos bienes prendarios sin que su dueño pueda defender su posesión en modo alguno, ya que la preceptiva impugnada no lo permite. Por las razones expuestas, solicita sea acogida la acción deducida a fojas 1.

Admisión a trámite, admisibilidad y observaciones de fondo al requerimiento El requerimiento se acogió a trámite a través de resolución de la Segunda Sala de este Tribunal Constitucional, de fecha lo de mayo de 2017, a fojas 26, decretándose la suspensión del procedimiento en la gestión pendiente en que incide. Posteriormente, fue declarado admisible respecto de diversos preceptos contenidos en el Decreto Ley N° 776, de 1925, el día 6 de junio de 2017, resolución rolante a fojas 76.

Conferidos los traslados sobre el fondo a los órganos constitucionales interesados y a las demás partes de la gestión pendiente, fue evacuada la presentación que se indica a continuación.

Observaciones de Banco Bice

A fojas 135, con fecha 20 de junio de 2017, Banco Bice insta por el rechazo del libelo de fojas 1.

Comenta que las vulneraciones a la Constitución alegadas por el actor deben ser del todo desestimadas. Comienza su presentación haciéndose cargo de la denuncia que se formula en torno al debido proceso. Expone que dentro de las normas contenidas en el Decreto Ley 776 existen diversas disposiciones que protegen al deudor y/o al dueño de la prenda, en una sistemática que mandata la constitución de la prenda en título ejecutivo, pudiendo el tribunal, analizando la solicitud de realización de la prenda, decretar o denegar la misma. Unido a ello, el decreto ley cuyo cuerpo normativo se impugna, establece que mientras no se haya 6

verificado el remate, el deudor o dueño de la prenda puede rescatarla, consignando cantidad suficiente para responder al pago y sus costas.

También, pueden oponerse diecisiete excepciones, de forma y fondo, pudiendo recurrirse de apelación y casación en forma y fondo por éstas. Una vez recibida la causa a prueba, ésta se rinde sin limitaciones. Así se tiene que el legislador protegió los derechos del deudor y del dueño de la prenda en las diversas etapas procesales en que se deben ir cumpliendo en el proceso de enajenación de prendas, que es expedito, breve y especial.

A su turno, en relación a la denuncia situada en el artículo 19, numeral 2°, argumenta que la igualdad ante la ley no consiste en Asimilar procedimientos especiales de ejecución de garantías, puesto que dependiendo del contexto social, económico y político, el legislador puede establecer particulares reglas para incorporar en uno u otro procedimiento sin que ello signifique, siguiendo la jurisprudencia de esta Magistratura, una vulneración a la Carta Fundamental.

Finalmente, la contravención que se alega en torno al artículo 19, numeral 24° constitucional, también debe ser desvirtuada. Refiere que desde el momento mismo en que una persona constituye una prenda, de cualquier especie que ésta sea, debe tener pleno y cabal conocimiento de la circunstancia de verse expuesto a la pérdida del dominio sobre la especie prendada en caso de que no se pagare la obligación garantizada con la prenda, a través del ejercicio de la ejecución forzada del bien prendado por parte del acreedor prendario, conclusión a la que también se llega interpretando los artículos 2397 del Código Civil, 814 del Código de Procedimiento Civil, 1° del Decreto Ley N° 776 y, 29 de la Ley de Prenda sin Desplazamiento.

Por lo anterior sostiene que el procedimiento de enajenación de prendas del Decreto Ley N° 776, de 1925, se encuentra ajustado plenamente al debido proceso, garantizándose en su articulado la tutela judicial efectiva, así como el derecho a un justo y racional procedimiento, no existiendo arbitrariedades en su normativa.

Por estas consideraciones, solicita el rechazo de la acción deducida a fojas 1, con costas.

Vista de la causa y acuerdo

Con fecha 24 de octubre de 2017 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y concurriendo a alegar por la parte requirente, el abogado don Rodrigo Figueroa Villalobos y, por Banco Bice, el abogado don Fernando Laiz Retamal, adoptándose acuerdo en Sesión de Pleno de la misma fecha.

CONSIDERANDO, 11

7 000203 1/19-1

1. Cuestiones previas

PRIMERO: Que, como cuestión previa, cabe manifestar que este Tribunal ya ha señalado anteriormente que "U] tiene competencia para conocer y resolver requerimiento de inaplicabilidad, aun tratándose de un precepto legal promulgado con anterioridad a la Constitución de 1980 y que posiblemente sea incompatible con ella.

En la institucionalidad chilena, el concepto de control concentrado de constitucionalidad radicado en el Tribunal Constitucional es categórico. Y así, por lo demás, ha sido resuelto por esta sede incluso respecto de leyes preconstitucionales" (STC Rol 2701, c.1°). Asimismo, ha dispuesto que "La discrepancia entre preceptos de distinta jerarquía -una ley y la Constitución- constituye una cuestión de supremacía constitucional que debe ser resuelta por esta Magistratura" (STC roles 2701, c.1°; 943 c.8°; en línea con lo señalado en roles 943, c.8°; 472, c. 7°; y 499, c. 7°) y que el precepto legal impugnado debe estar "vigente, con independencia de si dicha vigencia se produjo antes o después que la de la Carta Fundamental, agregándose que esta interpretación "resulta ser la única que se concilia con el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 6°, inciso primero, de nuestro Código Político" (STC roles 2701 c.1°; 472, c. 7'; y 499, c. 7°). En clave doctrinaria, este Tribunal Constitucional es "el único órgano jurisdiccional llamado a pronunciarse sobre la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un precepto legal" (STC roles 2701, c.i° y 597, c. 11°). Consiguientemente, esta Magistratura está facultada para resolver tanto la constitucionalidad de preceptos legales anteriores a la Constitución vigente, que devinieron posteriormente incompatibles con ésta por inconstitucionalidad sobrevenida, como de disposiciones legales posteriores a dicha Carta (en este sentido, STC roles 472, c.7°; 991, c.5°; y 2912, C.16 ° y 17°, entre

otros). El caso de la especie se sitúa en la primera hipótesis;

SEGUNDO: Que, según consta en el requerimiento de inaplicabilidad, la prenda sobre cuya realización versa la gestión pendiente en que inciden estos autos consiste en una serie de valores al portador —bonos y debentures- garantía que, conforme al consentimiento del requirente y del requerido en estos autos, expresado en contratos celebrados al efecto, fue constituida como prenda especial en los términos de la Ley N°4.287 sobre Prenda de Valores Mobiliarios. Al respecto, cabe manifestar que el artículo 6° de dicha norma dispone (en términos mucho más exigentes que el impugnado D.L.776) que "14encida alguna de las obligaciones garantizadas con prenda de los valores a que se refieren los artículos anteriores, podrá la empresa bancaria, después de una simple notificación judicial al deudor y transcurridos siete días, desde la fecha de dicha notificación, proceder a la enajenación de la prenda sin más intervención de la justicia ordinaria que la expresada y sin sujeción a los trámites establecidos por el Código de Procedimiento Civil y por el decreto-ley número 776, de 19 de Diciembre de 1925, ni a las reglas del artículo 2397 del Código Civil" (el destacado es nuestro). Mientras tanto, el artículo 14 del D.L. 776, sobre el cual versa el requerimiento de fojas 1, indica que "Enlo será aplicable esta leí a las prendas cuya realización se rige por otras leyes especiales", tales 8

como la referida Ley N°4.287. No obstando el tenor de dichas disposiciones, el 11° Juzgado Civil de Santiago decretó la realización de la aludida prenda en los términos de este último D.L. (fs.g8). Dicha circunstancia no ha sido impugnada por el requirente;

TERCERO: Que, en lo relativo al estado de tramitación de la gestión pendiente, cabe manifestar que, mediante escrito de 17 de abril de 2017, la parte requirente interpuso incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento en los términos del artículo 8o del Código de Procedimiento Civil, el que se encuentra pendiente de resolución. En el mismo escrito, solicitó la corrección del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 84 del mismo texto legal, alegando que la demanda de la ejecutante "14 resulta improcedente, habida consideración de que se ha producido la derogación del D.L. N°776", por ser contrario a una norma posterior, la Constitución de 1980. El 11° Juzgado Civil de Santiago no dio a lugar a esta última petición y no consta que el requirente haya interpuesto recurso alguno al respecto.

II. Preceptos legales que se impugnan

CUARTO: Que, las norma cuya inaplicabilidad por inconstitucionalidad pide el requirente se declare, es el D.L. N° 776, de 19 de diciembre de 1925, sobre Realización de Prenda o, en subsidio, sus artículos 3° inciso primero, 2°, 3°, 4 °, 5°, 6°, 8°, 9° lo° y 11°. Ello, como se ha indicado en la parte expositiva de este fallo, dado que a su parecer dichas normas contienen disposiciones que al ser aplicadas a la gestión pendiente de realización de prenda resultan contrarias a la Carta Fundamental y, por tanto, deben ser declaradas inaplicables por inconstitucionales (fs.1).

Esta Magistratura declaró admisible el requerimiento sólo en lo que respecta a los aludidos artículos (fs.77);

III. Disposiciones impugnadas y las reglas del debido proceso

QUINTO: Que, primeramente, el libelo de inaplicabilidad indica que las disposiciones impugnadas vulneran la garantía constitucional del debido proceso, establecida en el artículo 19 N°3, inciso quinto, de la Carta Fundamental. Sostiene que, en especial, su aplicación pugna con la bilateralidad de la audiencia, que indica es un elemento de la esencia de la mencionada garantía. Ambos derechos, agrega, se encuentran también establecidos por el artículo 8° del Pacto de nombre reservado;

SEXTO: Que, en concreto el requirente alega que al disponer el artículo 3° del D.L. 776 que una vez decretada la realización de la prenda, el tribunal "ordenará citar al acreedor y deudor y al dueño de la prenda si ésta perteneciere a otro que el 11

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deudor principal a un comparendo que se verificará en la audiencia del quinto día hábil después de la última notificación, con el objeto de designar la persona que deberá realizar la prenda y acordar la forma de su realización", estaría vulnerando el derecho, tanto del deudor directo como del constituyente de la prenda, a ser oído, "sin que estos puedan oponer excepciones, rendir pruebas de ninguna clase, ni efectuar peticiones o deducir objeciones" (fs.8). La misma idea, agrega, se desprende de los artículos 4° y 5°, que reglan el mencionado comparendo y forma de realización de la prenda, sin conferir derecho alguno de defensa (fs.12 y 13). Por su parte, en los artículos 6°, 8° y 9° se le concede audiencia únicamente al deudor directo y sólo una vez que ya se ha realizado la prenda, en forma absolutamente tardía, de manera tal que la oposición no puede impedir la pérdida del dominio del bien prendado. Más aún, dichas normas disponen que la oposición al pago sólo puede ser efectuada por el deudor, quedando así el constituyente dueño del bien prendado, en este caso el requirente, imposibilitado de oponer excepciones (fs.7). A todo lo anterior, señala el requirente, debe agregarle que el artículo ii° dispone que "[t]odas las apelaciones que se interpusieren por cualquiera de las partes en procedimiento regido por [el D.L.

N°766] se concederán en el sólo efecto devolutivo; y los recursos de casación que se dedujeran no suspenderán el cumplimiento de las sentencias". Así, ni siquiera los recursos procesales que se interpongan contemplan la posibilidad de obtener la suspensión del procedimiento de realización de la prenda (fs.8). En definitiva, concluye que los preceptos reprochados dejan al constituyente de la prenda en la indefensión, permitiendo que el tribunal dicte y ejecute la sentencia que permitirá al acreedor el ejercicio forzado del derecho de venta, sin traslado de ningún tipo para el dueño de los bienes pignorados, lo que en el caso sub-lite significa una vulneración a su derecho al debido proceso;

SÉPTIMO: Que, en primer término cabe confrontar los preceptos reprochados con los criterios de cumplimiento del debido proceso en el contexto que se examina. Al respecto, esta Magistratura ha sostenido que, si bien "un procedimiento de ejecución no está exento del cumplimiento de las reglas del debido proceso [...] es natural que las garantías de racionalidad sean menos densas, se reduzcan los plazos, pruebas, se incrementen las presunciones, etcétera. Todo lo anterior incluso es exigido desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Es así como el legislador puede desarrollar procedimientos en el marco del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (artículo 14.3, literal c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y que tengan a la vista la naturaleza de los intereses en juego"(STC Rol 2701, c.14°).

Por otra parte, "los procedimientos ejecutivos se pueden dar en un contexto de única instancia y sin necesidad de propiciar impugnaciones latas. Justamente, el sentido de este tipo de procedimientos es alejarse de modalidades de amplia discusión e impugnación. Sin embargo, aun en las circunstancias plenamente ejecutivas, la intervención de la justicia, mediante un "recurso sencillo y rápido" (artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos), debe contener un sentido finalista y constitucional en relación al procedimiento. Es así como la Corte Interamericana, 10

juzgando la efectividad de los recursos, ha sostenido que "para que tal recurso efectivo exista, no basta con que esté previsto por la Constitución 'o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios." (...) Así, el proceso debe tender a la materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea de dicho pronunciamiento (Caso Corte Suprema de Justicia vs.

Ecuador, de 21 de agosto de 2014)" (STC Rol 2701, c.14°);

OCTAVO; Que, lo señalado en el considerando anterior en relación con la mayor flexibilidad tolerada en los procedimientos ejecutivos se ve especialmente reflejado en aquéllos relativos a prendas especiales. A modo de ejemplo se puede citar el artículo 3o de la Ley N° 20.19o, que derogó la antigua regulación de la prenda sin desplazamiento, y el propio D.L. N°776. Incluso, existen otros casos aún menos exigentes, como la ya referida Ley N°4.287 sobre prenda de valores mobiliarios a favor de los bancos, bajo cuya normativa fue constituida la prenda sobre la cual incide la gestión pendiente en estos autos constitucionales, que pareciera incluso no requerir la acción judicial para la realización de la prenda (materia que ya ha sido abordada por esta Magistratura con anterioridad en la ya mencionada sentencia Rol 2701, c.15°.

De las normas citadas, también se puede concluir que en este tipo de procedimientos normalmente se dispone que la realización de la prenda sea llevada a cabo antes que las partes interesadas puedan oponerse a ello, lo que no parece extraño, habida consideración que el acreedor cuenta con un título ejecutivo;

NOVENO: Que, si bien esta Magistratura admite entonces que la bilateralidad o contradicción puede tener diferentes intensidades (STC roles N° 1200, 1239, 1994, 2053, entre otras) y que no necesariamente debe ubicarse en un

momento determinado del proceso, es necesario destacar que no puede llegarse al exceso de que el procedimiento en cuestión no contemple ninguna oportunidad de oposición, al extremo que de existir controversia acerca de la existencia o validez de las obligaciones o de la garantía, ello no pueda revisarse judicialmente (STC Rol 2701, c.17°);

DÉCIMO: Que, al respecto, esta Magistratura ha indicado cuáles son algunos de los elementos esenciales del debido proceso, en el contexto de un procedimiento de la naturaleza en examen. Entre ellos, la ejecución debe ordenarse en base a un título ejecutivo; el procedimiento debe prever un debido emplazamiento, aunque sea bajo notificación judicial simple y en plazo corto; también debe asegurar el derecho a la defensa, que se traduce en la posibilidad de impugnar la naturaleza ejecutiva del título, la condición indubitada del mismo y el cumplimiento de los requisitos formales y sustantivos que permiten sostener un relativo equilibrio 11

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procesal en las posiciones del acreedor y deudor, respectivamente. (STC Rol 2703.

c.17 ° );

DECIMOPRIMERO: Que, de lo anterior se colige que, bajo el procedimiento del D.L. N°776, el deudor principal y el constituyente de la prenda, si fuere otra persona en -el caso en examen el requirente- no se encuentran en la situación de indefensión que se reclama. Por el contrario, el aludido decreto con fuerza de ley cumple con todos los criterios ya indicados, a saber: primero, para ejercer el derecho de prenda el acreedor debe hacer valer un título ejecutivo, lo que debe ser examinado por el tribunal competente (artículos 2° y 3°); segundo, en mérito del dicho título, el tribunal puede decretar o denegar la realización de la prenda. Si la decreta, deberá citar al acreedor, deudor y al dueño de la prenda a una audiencia, con el objeto de designar a la persona que realizará la prenda (artículo 3°); y, tercero, no se impide el ejercicio del derecho a la defensa. En este sentido, este Tribunal estima que la lectura del tenor literal de las disposiciones impugnadas del D.L.

N°776 no lleva a la interpretación, única e irrefutable, que el derecho a la defensa del deudor principal o del constituyente está vedado, ni menos como que les está prohibido cuestionar procesalmente, en esta temprana etapa, la resolución que decreta la realización de la prenda antes que la subasta se lleve a cabo, ya sea para impugnar la naturaleza ejecutiva del título o la condición indubitada del mismo. Por el contrario, no hay nada en dichas normas que prohíba que ellos puedan deducir en contra de dicha resolución los recursos que en general la ley franquea. Si bien, conforme al decreto ley en comentario dichos recursos no son capaces de suspender el procedimiento y con ello la realización de la prenda, nada impide que los interesados puedan obtener dicha suspensión por la vía incidental, en los términos del artículo 87 del Código de Procedimiento Civil, en la medida que éste sea de previo y especial pronunciamiento.

Lo anterior, es reforzado por el artículo u° del D.L. N°776, que dispone que "[Codas las apelaciones que se interpusieren U] y los recursos de casación que se dedujeren [...]". De haber querido el legislador privar totalmente al deudor principal y al constituyente prendario de su derecho a reclamar contra la resolución que decreta la realización de la prenda antes de la subasta, habría indicado derechamente "contra las resoluciones dictadas conforme al procedimiento establecido en este decreto, sólo procederán los recursos de...". Prueba de lo anterior, es el hecho que en la gestión pendiente que se tramita en el 11° Juzgado Civil de Santiago, consta que el requirente promovió incidente de nulidad por falta de emplazamiento e incidente de corrección de procedimiento, acogiéndose a tramitación el primero y denegándose el segundo;

DECIMOSEGUNDO: Que, tampoco aparece que el artículo 4° del D.L. 776 necesariamente prive al deudor principal y al constituyente de su derecho a defensa. La norma indica que el comparendo para designar la persona que deberá realizar la prenda y la forma de su realización, deberán sujetarse a los artículos 414 (43.6), 415 (417) y (418) —este último sin equivalente en la numeración actual- del 12

Código de Procedimiento Civil que, por el contrario, otorgan a ambos concernidos expresamente resguardos suficientes al efecto. En el mismo sentido, el artículo 5° establece una regla cuya aplicabilidad opera sólo en subsidio del acuerdo de las partes en la ejecución, vale decir, acreedor, deudor, constituyente. Luego, una vez ocurrida la subasta, el artículo 6° otorga "a las partes interesadas" —las ya mencionadas- derecho a objetar, dentro de tercero día de notificada, la cuenta rendida por el encargado de realizar la prenda, objeción que se tramitará como que tramitará como incidente;

DECIMOTERCERO: Que, por su parte, el artículo 9°, dispone en su inciso segundo que la resolución del tribunal ordenando el pago de la obligación principal se notificará personalmente o por cédula al deudor, quién podrá oponerse a ella haciendo valer las excepciones enumeradas en el artículo 486 (464) del Código de Procedimiento Civil, con exclusión del número 4, e intertanjo, suspende el pago de la obligación principal hasta que el incidente se resuelva. Nótese que, esta norma se refiere al cumplimiento de la deuda principal mediante las sumas obtenidas con el remate de la prenda, que ya ha salido del patrimonio del constituyente, es decir, la garantía ya se hizo efectiva. Luego, al margen del derecho que pueda eventualmente tener el constituyente para repetir contra el deudor principal por su pérdida, a estas alturas, el único que podría estar interesado en oponerse al pago de la obligación principal es el deudor, no el constituyente que ya perdió el dominio del bien prendado. Relevante es destacar que, no obstante lo señalado, si bien el artículo 9 sólo menciona al deudor, ello no impide que, como es lógico, una vez notificada la resolución por el estado diario, el constituyente pueda impugnarla dentro de los plazos legales, de así estimarlo conveniente;

DECIMOCUARTO: Que, incidentalmente, el artículo lo° dispone que si la oposición del deudor es acogida, el acreedor será responsable de las costas procesales y de todo perjuicio que hubiera ocasionado al deudor principal o aun al dueño de la prenda, en su caso, la realización de ella, lo que parece razonable considerando que su patrimonio se habría visto afectado;

DECIMOQUINTO: Que, como se desprende de esta interpretación, en el procedimiento especial de realización de prenda establecido en el D.L.776, al constituyente del bien pignorado no le está vedado el derecho a oponerse a la ejecución como señala el requirente. En consecuencia, no se aprecia que exista conflicto de constitucionalidad entre las normas reprochadas y la garantía constitucional del debido proceso o la alegada bilateralidad de la audiencia. Todo en la medida que la declaración que se solicita sólo es procedente cuando el precepto legal de que se trata, debidamente interpretado, produzca un resultado contrario a la constitución, cuyo no sería el caso, en cuanto la hermenéutica desarrollada permite una solución legal que se aparta de la Carta Fundamental (véase STC roles 2024, c.12°; 2921, c.22°; y 3028, c.22°);

DECIMOSEXTO: Que, por ende, el tipo de controversia caracterizado en el razonamiento precedente es de aquellos que, según el criterio sostenido por la 13

jurisprudencia de este Tribunal, así como por la de los tribunales superiores de justicia, corresponde dilucidar a los jueces del fondo, por tratarse de un conflicto de mera legalidad, que debe resolverse de conformidad a las normas pertinentes a la vigencia de las leyes contenidas en el Código Civil. De modo que, no le corresponde a esta Magistratura expedirse acerca de un conflicto de aplicación de normas legales cuya resolución ha de hacerse por los tribunales competentes de acuerdo a las preceptivas pertinentes de ese rango normativo.

IV. Disposiciones impugnadas y las la garantía de la igualdad ante la ley

DECIMOSÉPTIMO: Que, a su vez, la parte requirente expone que los preceptos reprochados vulneran la garantía de la igualdad ante la ley (fs.l.o y u., y 174 a 178), contemplada en el artículo 1g, N°2 de la Constitución Política, en virtud de los fundamentos expresados en la parte expositiva de este fallo. En concreto, como posteriormente indica en su escrito de fojas 173, la parte requirente alega que el perjuicio al pignorante no deudor consiste en que éste no puede defenderse en forma alguna deduciendo excepciones y oponiéndose a la realización previa de la prenda, estándole vedado incluso interponer los recursos que establece el Código de Procedimiento Civil, lo que constituiría un trato desigual con el trato otorgado al constituyente no deudor por la ley N°20.19o, sobre prenda sin desplazamiento;

DECIMOCTAVO: Que, como lo ha expresado reiteradamente esta Magistratura, la igualdad ante la ley "consiste en que las normas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes. No se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo. La jurisprudencia reseñada agrega que "la garantía jurídica de la igualdad supone la diferenciación razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición; pues no se impide que la legislación contemple en forma distinta situaciones diferentes, siempre que la discriminación no sea arbitraria ni responda a un propósito de hostilidad contra determinada persona o grupo de personas, o importe indebido favor o privilegio personal o de grupo", es más, sobre el particular, esta Magistratura ha precisado que debe "quedar suficientemente claro que el legislador, en ejercicio de sus potestades, puede establecer regímenes especiales, diferenciados y desiguales, siempre que ello no revista el carácter de arbitrario" (STC Roles 2983, cc.2°y 3°; y 811, c.18°, entre otros);

DECIMONOVENO: Que, este Tribunal ha expresado además, que este principio garantiza la protección constitucional de la igualdad "en la ley", prohibiendo que el legislador, en uso de sus potestades normativas, o cualquier otro órgano del Estado, establezca diferencias entre las personas y respecto de situaciones o finalidades que tengan una motivación, utilicen medios o bien produzcan un resultado de carácter arbitrario, pues el constituyente no prohibió toda desigualdad ante la ley, sino que se inclinó por establecer como límite la 14

arbitrariedad, prohibiendo toda discriminación arbitraria. Así las cosas, la igualdad ante la ley no es un derecho absoluto y está sujeto a la posibilidad de diferenciaciones razonables y objetivas entre quienes no se encuentran en una misma condición (STC, roles 1469, cc.12° a 15 °; 986, c.30°; 2702, c.6 °; 2830, c.20% 2955, c.5°; 2664, c.23°; 2983, c.3°, inter alía);

VIGESIMO: Que, en la especie, no aparece de las normas reprochadas que el legislador discrimine arbitrariamente al constituyente de la prenda en el D.L.776 en relación con aquel que se encuentra bajo los términos de la ley N°20.190. Si bien, el trato dado a los constituyentes en uno y otro caso podría ser catalogado como ligeramente distinto, también es cierto que éstos no están en idéntica condición ya que ésta última ley se refiere al contrato de prenda sin desplazamiento. En este sentido, como ya se expresó, la igualdad ante la ley no importa que el legislador, en ejercicio de sus potestades le esté prohibido establecer regímenes especiales, como a modo de ejemplo sería el D.L. N°776 y otros procedimientos especiales de realización de la prenda. Incluso, cabe señalar que otros procedimientos especiales de realización de prenda, como por ejemplo el establecido en la Ley 4.287, bajo la cual fue constituida la prenda sobre la cual versa la gestión pendiente en autos, y sobre la cual esta Magistratura ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse (STC Rol 2701), establece condiciones aún menos favorables que el D.L. N°776 para el constituyente no deudor;

VIGESIMOPRIMERO: Que, además, como ya se ha concluido en el acápite anterior relativo a la garantía del debido proceso, tampoco iparece ser efectivo que al requirente le haya estado vedado defenderse o interponer los recursos que establece el Código de Procedimiento Civil con el fin de recuperar el bien pignorado, en caso que ello procediere. El decreto ley N°776 no prohíbe en ninguna parte su derecho a oponerse a la realización de la prenda, ya sea mediante la interposición de recursos procesales o por la vía incidental;

VIGESIMOSEGUNDO: Que, por las razones expuestas, no resulta efectivo que en la especie las normas impugnadas vulneren el derecho a la igualdad ante la ley.

V. Disposiciones impugnadas y el derecho de propiedad

VIGESIMOTERCERO: Que, por último, la requirente indica que las normas reprochadas contravienen la Garantía Constitucional establecida en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política, que asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, en este caso, sobre el derecho de propiedad que tiene Inversiones Gioanin Limitada, respecto de los bonos y debentures prendados, los cuales se pretende realizar sin que su dueño pueda defender su posesión en modo alguno, ya que el procedimiento contenido en dicho decreto ley no lo permite (fs.6);

1 .1

VIGESIMOCUARTO: Que, la prenda es un contrato, entre otros, unilateral y accesorio. Es un contrato porque supone un acuerdo de voluntades entre el acreedor prendario y quien la constituye, ya sea el deudor o, conforme lo establece el artículo 2388 del Código Civil, un tercero cualquiera que le hace el servicio de empeñar un bien propio en garantía de una deuda suya. Es unilateral porque de éste sólo nacen obligaciones para una de las partes contratantes; el acreedor prendario resulta obligado a restituir la cosa cuando su crédito ha sido satisfecho (nombre reservado

nombre reservado, Manual de Derecho Civil, De las fuentes de las obligaciones, Tomo II, décima edición actualizada, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1997, pp.113-n4).

A su vez, es además un contrato gratuito cuando la prenda es constituida por un tercero, por mera liberalidad, sin que medie recompensa (nombre reservado

nombre reservado, Las Obligaciones, Tomo I, Sexta Edición Actualizada, Legal Publishing- Thomson Reuters, Santiago, 2014, p.87), de aquellos que tienen por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra todo el gravamen (artículo 1440 del Código Civil);

VIGESIMOQUINTO: Que, en tal escenario, el contrato de prenda se nos presenta como una limitación voluntaria al dominio; un principio de enajenación, en cuya virtud, como expresión de la autonomía de la voluntad del individuo, el constituyente consiente que en caso de no ser pagada la obligación principal garantizada, el bien pignorado será realizado por el acreedor prendario. Así, el riesgo de perder la cosa, que es aceptado contractualmente por el constituyente, parece ser de la esencia del mismo;

VIGESIMOSEXTO: Que, a la luz de lo relacionado, no se vislumbra la alegada vulneración al derecho de propiedad. A su vez, con respecto a la reclamada imposibilidad procesal del constituyente de defender su posesión, como ya se ha hecho referencia en los acápites anteriores, ésta no parece ser tal. A mayor abundamiento, de acuerdo con el artículo 7° del decreto ley N°776 y conforme a la regla general establecida en el artículo 2399 del Código Civil, si el deudor o el constituyente desearen rescatar el bien dado en prenda, podrán hacerlo en todo momento, mientras no se haya verificado el remate, consignando una cantidad suficiente para responder al pago de la deuda y las costas causadas;

VIGESIMOSÉPTIMO: Así, tampoco aparece que en el caso concreto las normas reprochadas del decreto ley N°776 vulneren el derecho consignado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental. Todas estas consideraciones justificarían el rechazo de la presente acción de inaplicabilidad.

SE RESUELVE:

I. QUE, SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A FOJAS z.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE.

16 III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE, POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLASUIBLE PARA LITIGAR.

DISIDENCIA

Pronunciada con el voto en contra del Ministro señor Cristián Letelier Aguilar, quien disintiendo de la mayoría, estuvo por acoger el requerimiento, por los siguientes fundamentos:

Que, las disposiciones legales impugnadas son anteriores a la vigencia de la actual Constitución, y fueron dictadas en un contexto jurídico constitucional muy distinto al imperante en el país, dado que actualmente los derechos fundamentales de las personas se encuentran protegidos de forma rigurosa, donde la expansión del paradigma de dichos derechos constituye una de las características de la arquitectura institucional en vigor;

2°. Que, en la situación antes descrita, el texto constitucional en su artículo 19, numeral 3° inciso sexto consagra la garantía del debido proceso que, desde la perspectiva del demandado o ejecutado, como ocurre en el caso concreto, exige que el proceso cumpla con determinadas exigencias elementales que haga que el ejercicio del derecho a defensa, sea una palmaria realidad y no una mera ilusión, de manera que la parte pasiva en el juicio no quede en un estado de indefensión.

El debido proceso ha sido entendido por esta Magistratura como "la imperiosa necesidad de que el procedimiento cumpla con determinadas exigencias, con el propósito que el accionar del demandante, en este caso, no se torne ilusorio, y por tanto, en un estado de indefensión, y en este aspecto, el legislador al cumplir el mandato que la Constitución le otorga al consagrar un sistema procesal debe considerar los distintos elementos que garanticen un proceso racional y justo, en los términos que el numeral 3°, del artículo 19 constitucional establece" (STC Rol N°3100 voto disidente c.l.o);

3°. Que, uno de los requisitos básicos del debido proceso, lo constituye la bilateralidad de la audiencia, principio de derecho procesal que presenta una faz positiva compuesta por la relación entre el juez y las partes, mediante la cual se asegura que los actos en el proceso otorguen a los intervinientes el derecho a intervenir, sea originándolos o bien contestándolos oportunamente, y otra faz negativa, en que la parte puede intentar la nulidad procesal, si ha existido vulneración de derechos por no ser informada, en la oportunidad procesal pertinente, de algún hecho o acto ocurrido dentro del proceso;

4°. Que, la doctrina expresa que, el referido principio, tiene por propósito la igualdad entre las partes, de manera que ante el juez, ellas son iguales respecto a la pretensión del demandante y la defensa del demandado. Ello se denomina 17

"igualdad procesal". En este sentido, la Carta Fundamental al asegurar a todas las personas un procedimiento racional y justo, asume tal igualdad en términos de comprender que "las personas llegan al proceso y se someten a la incertidumbre que éste plantea, a las consecuencias de la sentencia, con la única exigencia de que el mismo se desarrolle con total transparencia, que haya una verdadera contradicción, que se permita la igualdad de partes, con pleno ejercicio de la defensa, que se de un equilibrio frente a ese poder del Estado, y que de ese sujeto pre-ordenado —El Juez- se obtenga la imparcialidad absoluta."(De la Constitución al Proceso, nombre reservado nombre reservado, nombre reservado, Ed. Leyer, año 2002, p.2o4);

5 ° . Que, las normas jurídicas censuradas en el requerimiento de autos, atendido que -como se ha dicho supra- se originaron en un modelo constitucional muy distinto al vigente, donde se establecen reglas muy favorables al acreedor prendario, pasando por alto el derecho del ejecutado a oponer excepciones, rendir pruebas, pudiendo sólo oponerse al pago una vez ejecutada la prenda, no se avienen con el constitucionalismo contemporáneo, particularmente con la institución del debido proceso;

6°. Que, ya en el año 1939 las disposiciones procesales del Decreto Ley N°776, de 1925 eran criticadas por el abogado Francisco Bulnes Sanfuentes dado que ellas "niegan al deudor el derecho de oponer excepciones antes de la subasta de la prenda. Sólo una vez realizada ésta, puede el deudor oponerse al pago y, si su oposición es acogida, debe el acreedor indemnizarle por los gastos y perjuicios causados con la realización." (Diversas Formas del Contrato de Prenda en nuestra Legislación, Santiago, 1939, p.136);

7°. Que, el análisis pormenorizado de cada uno de los artículos contenidos en el citado decreto ley, y que han sido censurados por la parte requirente en esta sede constitucional, dan cuenta de la nula posibilidad que tiene el ejecutado de oponer excepciones y esgrimir defensas. A modo ejemplar, el artículo 3° objetado, decreta la realización de la prenda sin audiencia de la parte ejecutada, de modo que la deja sin posibilidad de defensa alguna; lo mismo ocurre en las demás disposiciones en relación con el concepto que el debido proceso encuentra en la Constitución;

8°. Que, el test de constitucionalidad que se debe efectuar al conjunto de normas jurídicas objetadas, deja en evidencia manifiesta la absoluta contradicción que presenta respecto del inciso sexto del numeral 3°, del artículo 19 constitucional, en cuanto las reglas que lo contienen son impropias para dar por establecido un procedimiento racional y justo. Precisamente, son el antónimo de ello;

9° Que, en el caso concreto el Banco Bice, en su calidad de acreedor prendario, solicita al juez de letras en lo civil competente, ordene la citación al deudor y al dueño de las cosas dadas en prenda, con el sólo objeto de designar la persona que deba realizar las cosas empeñadas y acordar la forma de la misma, petición a la cual se le da lugar (fs. 93 y 98), en fiel cumplimiento al conjunto de disposiciones legales impugnadas en estos autos constitucionales, procedimiento 18

que impide una defensa al dueño de las cosas pignoradas, en términos que satisfaga los estándares exigidos por la Carta Fundamental vigente;

3.0° Que, en consecuencia, las disposiciones legales censuradas resultan contrarias a la Constitución de manera sustancial, considerando que contiene reglas que no respetan el debido proceso, particularmente el derecho a defensa a que debe tener lugar el demandado en todo proceso racional y justo. En atención a ello es que, este juez constitucional está por acoger el requerimiento en todas sus partes, y declarar que los artículos 2°,3°,4°,50,6°,8°,9°4o° y n° del Decreto Ley N° 776, de 1925 son inaplicables en los autos rol C-4o31-2o17, caratulados "Banco Bice con Moletto Hermanos S.A." seguidos ante el n° Juzgado Civil de Santiago, por resultar contrarios a la Constitución.

Redactó la sentencia el Ministro señor Domingo Hernández Emparanza y la disidencia, el Ministro señor Cristián Letelier Aguilar.

Comuníquese, notifíquese y regístrese.

Rol N° 347o-17-INA.

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L144 Sra. nombre reservado

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Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente, Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, y por sus Ministros señora Marisol Peña Torres, señores Carlos Carmona Santander, Gbnzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza y Juan José Romero Guzmán, señora María Luisa Brahm Barril y señores Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y José Ignacio Vásquez Márquez.

Se certifica que la Ministra señora Marisol Peña Torres y el Ministro señor Carlos Carmona Santander concurren al acuerdo y fallo, pero no firman por haber cesado en el ejercicio de sus cargos. A su turno, los Ministros señores Domingo Hernández Emparanza y Juan José Romero Guzmán concurren al acuerdo y fallo, pero no firman por encontrarse en comisión de servicio institucional y con permiso, respectivamente.

Autoriza la Secretaria (s) del Tribunal Constitucional, señora Mónica Sánchez Abarca.

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