Inaplicabilidad de Precepto Legal · Diputados

4H to ont. pela, tutio)

Santiago, ocho de abril de dos mil dos.

VISTOS:

Con fecha 4 de marzo de 2002, fue formulado a

este Tribunal un requerimiento por treinta y cinco señores

diputados, que representan más de la cuarta parte de esa

Corporación, en conformidad al artículo 82, N* 2%, de la

Constitución Política de la República, con el objeto de que

se declare la inconstitucionalidad del Estatuto de nombre reservado de

la Corte Penal nombre reservado, adoptado en dicha ciudad el

17 de julio de 1998, contenido en el Acta Final de la

Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las

Naciones Unidas sobre el Establecimiento de una Corte Penal

nombre reservado, y “sus rectificaciones posteriores. Se

solicita se declare la inconstitucionalidad total del

mencionado Estatuto, por violar las disposiciones

constitucionales a que se hace referencia en el cuerpo y

conclusión del requerimiento.

La nómina de los señores diputados requirentes es

18 ] la siguiente: nombre reservado

nombre reservado nombre reservado, nombre reservado

nombre reservado nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado

nombre reservado-Salamanca nombre reservado, nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado

nombre reservado-Huidobro nombre reservado, nombre reservado

nombre reservado nombre reservado, nombre reservado .Masferrer nombre reservado, nombre reservado

29 nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado

30 29

30 nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado

nombre reservado nombre reservado, nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado

nombre reservado y nombre reservado.

En la ¡introducción del requerimiento, que se

refiere al control de constitucionalidad de los tratados

internacionales y a la competencia del Tribunal

Constitucional, los requirentes señalan que la Constitución

no establece para los tratados internacionales expresamente

el control preventivo obligatorio de constitucionalidad,

pero que, sin perjuicio de lo anterior, la mayoría del

Tribunal Constitucional, añaden los requirentes, ha

sostenido que si un tratado incluye normas propias de ley

orgánica constitucional debe ser sometido a control de

constitucionalidad. En la doctrina, sostienen, hay cierto

acuerdo en cuanto a la necesidad de este control.

Indican que el Tribunal Constitucional ha dejado

en Claro que no hay una mayoría única de aprobación de las

normas de un tratado si éste contempla disposiciones de

distinta naturaleza de aquellas consagradas en el artículo

63 de la Carta Fundamental. Ellas han de aprobarse con la

mayoría Correspondiente al carácter que tengan, sin

perjuicio, según los requirentes, de que el tratado ha de

sancionarse o rechazarse como un todo.

Los tratados deben someterse a la Constitución

Política no sólo en cuanto al procedimiento de aprobación y

ratificación, sino que también en lo que dice relación con

su contenido. Si alguno de sus preceptos es contrario a la

Carta Fundamental, antes de su aprobación, debe procederse

a la modificación de esta última.

29 30

UE uote t, £ ha ¿tinneo

Señalan que, al no estar establecido

explícitamente el control preventivo obligatorio de

constitucionalidad de los tratados internacionales en la

Constitución Política, vienen en presentar el presente

requerimiento.

Definiendo el concepto de soberanía, los

requirentes indican que el Constituyente se refiere a la

Nación como un continuo histórico de personas que, por su

naturaleza, trasciende las generaciones, siendo la Nación

la depositaria de la soberanía, en tanto, el pueblo o las

autoridades constitucionales no son sujetos de ella, ya

que solamente la ejercen.

El poder de que dispone la autoridad ha de estar

al servicio de las personas que constituyen la Nación. Esto

es lo que señala, a juicio de los requirentes, el artículo

5%, inciso segundo, de la Constitución.

Agregan que en virtud de su propia soberanía el

Estado puede darse la organización que estime conveniente,

que esencialmente son las potestades que dan gobierno a la

Nación: dictar las leyes, aplicarlas y conocer las

contiendas que se susciten, resolverlas y hacer ejecutar lo

juzgado. Esta última es la denominada potestad

Jurisdiccional.

El ejercicio de las potestades inherentes a la

soberanía no sólo está permitido por la Constitución, sino

que exigido por ella.

Exponen que en el ejercicio de la soberanía se

pueden celebrar acuerdos, pero que éstos no pueden

significar la renuncia de potestades esenciales como es la

de administrar justicia, sobre todo en materia penal.

29 30

Los requirentes exponen que, en atención a las

graves violaciones a la justicia, a los atropellos a la

dignidad humana y a los abusos del poder político durante

el siglo XX, los gobiernos de un conjunto de Estados, entre

ellos el nuestro, han considerado conveniente la creación

de una Corte Penal nombre reservado para conocer de delitos

especialmente indignos que por su gravedad no pueden dejar

indiferente a nadie.

Se establece en el Estatuto, agregan, que la

competencia de la Corte es complementaria de aquella que es

propia de los tribunales nacionales, pero en realidad,

sostienen, es un tribunal que se sobrepone a éstos,

pudiendo por sí y ante sí ordenar las investigaciones que

él decida.

Por otra parte, plantean que las atribuciones de

la Corte están gravemente limitadas por las facultades del

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el cual puede

requerir a la Corte que suspenda la ¡investigación O

enjuiciamiento que halla iniciado, petición que puede

renovarse.

De esta manera, exponen los requirentes, el

atropello a la soberanía nacional es doble, en primer

término por las atribuciones que se otorgan a la propia

Corte y, luego, por el derecho a veto que se asigna al

Consejo de Seguridad.

Reiteran que no se niegan a aprobar tratados que

impliquen transferencia de competencias co limitaciones

parciales de la soberanía, pero destacan que se requiere en

tal sentido previamente de una autorización constitucional

que no está contemplada en nuestra Carta Fundamental.

29 30

A talca plila y per,

Se indica que en el artículo 1% del Estatuto de

nombre reservado se crea una Corte de carácter complementario de las

jurisdicciones nacionales; sin embargo, su competencia se

superpone a la de los tribunales nacionales, pudiendo ser

paralela e incluso contradictoria con ella, de manera que

puede calificarse como sustitutiva de la competencia de los

tribunales de justicia de nuestro país.

Después de citar varias disposiciones del

Estatuto indican los requirentes que la Corte entra a

disponer, en nuestro territorio, del Estatuto de un órgano

del Estado, sin que ni su creación ni su acción estén

reguladas por la ley.

Seguidamente se detallan los preceptos

constitucionales violados por el Estatuto de la Corte Penal

nombre reservado, indicando los requirentes que esta Corte

pasa, de hecho, a ser un órgano del Estado que la

Constitución no contempla, con jurisdicción penal directa

sobre las personas de chilenos y chilenas. Se desprende, de

lo anterior, que vulnera el artículo 5%, inciso primero, de

la Carta Fundamental, que establece que la soberanía se

ejerce por las autoridades contempladas en la propia

Constitución, carácter que naturalmente no tiene dicha

Corte Penal nombre reservado.

Destacan, que ejerce un poder al interior del

Estado de Chile sin respetar ninguna norma de nuestro

propio ordenamiento jurídico puesto que queda sujeta a su

propio Estatuto. Pasa a llevar, en consecuencia, los

artículos 6%, inciso primero, y 7%, incisos primero y

segundo, de la Carta Fundamental.

Agregan que la situación es tanto más grave

29 30

cuanto que por decisión unilateral de la propia Corte, los

órganos del Estado de Chile establecidos en la Constitución

y en la ley pueden encontrarse impedidos de cumplir con sus

deberes y de ejercer la soberanía nacional, de acuerdo a lo

que dispone el propio artículo 5%, inciso primero, de la

Constitución, todo lo cual equivale a reconocer una

soberanía extraña y superior a la del propio Estado.

Indican que la aprobación del nombre reservado significa

una enajenación indebida de la soberanía nacional y, en

consecuencia, una violación a lo dispuesto en los artículos

5%, inciso primero; 6%, inciso primero; y 7%, incisos

primero y segundo, de la Constitución.

Exponen que la Corte es inconstitucional porque

su Creación se propone por medio de un tratado

internacional y no de una ley según lo dispone el artículo

73 de nuestra Constitución.

Un tratado internacional dista mucho de ser una

ley. Entre otras diferencias, destacan que el Congreso

Nacional sólo le cabe aprobarlo o no; que respecto de él no

caben indicaciones ni tampoco la formación de comisiones

mixtas de diputados y senadores para resolver las

discrepancias entre ambas Cámaras; y, que no es susceptible

de derogación por una ley posterior, por cuanto ha de

AN

ponérsele término de acuerdo a las disposiciones del mismo

tratado. |

De este modo, para crear una Corte Penal

nombre reservado es necesario modificar la Constitución

Política señalando que un tribunal puede ser establecido

por la ley o por un tratado internacional.

Resulta evidente, en consecuencia, que el nombre reservado

' 1 1 1

y TEO

477 (eat, lo pelila y pete)

es inconstitucional al intentar establecer un tribunal cuya

creación es competencia exclusiva de la ley.

En relación a que la Corte es inconstitucional

porque carece de la independencia exigida por el artículo

73, inciso primero, de la Constitución, señalan que ese

precepto constitucional consagra uno de los aspectos

esenciales del principio de separación de poderes: la

independencia del Poder Judicial. Sin embargo, el Estatuto

de la Corte dispone que el Consejo de Seguridad de Naciones

Unidas puede paralizar la investigación o enjuiciamiento

que la Corte haya iniciado, lo que contraviene al

principio de independencia de los tribunales que consagra

el artículo 73 de la Carta Fundamental.

Indican además, que es inconstitucional porque la

Corte puede excusarse de ejercer su autoridad,

transgrediendo así lo dispuesto en el artículo 73, inciso

segundo, de la Constitución.

Señalan que, como se ha indicado, el Consejo de Seguridad puede solicitar a la Corte la suspensión de la

investigación o del enjuiciamiento.

Además, sostienen que la Corte Penal

nombre reservado ¡infringe la Constitución, porque para el

nombramiento de sus jueces las reglas básicas no están

comprendidas en ella, indicando al respecto que la

Constitución establece en su artículo 75 las normas básicas

a que debe ajustarse el nombramiento de los jueces de las

diversas clases de tribunales a que se refiere.

Sin embargo, las normas para el nombramiento de

los jueces de la Corte están comprendidas en su propio

Estatuto, en el artículo 36, bajo el epígrafe “Condiciones

que han de reunir los magistrados, candidaturas y elección

2818 y ARAN

de los magistrados”,

El Estatuto de la Corte es, en consecuencia,

contrario y violatorio, no sólo de los artículos 76 y

siguientes de la Constitución, sino que de todo el Capítulo

VI de ella.

Se ¡indica además que el nombre reservado viola el

principio de legalidad que, especialmente en materia penal,

establece la Constitución, constituyéndose, la Corte Penal

nombre reservado en una verdadera comisión especial en

contradicción con lo dispuesto en el artículo 19, N* 3%, de

la Constitución, como antes igualmente lo han indicado.

Se reitera que hay claras diferencias entre una

ley y un tratado y que resulta evidente que si han de

establecerse nuevos tipos penales, éstos han de consagrarse

por ley.

El artículo 5%, N”* 2%, del Estatuto dispone que

la Corte sancionará el crimen de agresión, el cual no se

encuentra definido. De este modo, plantean los requirentes,

el nombre reservado viola el artículo 19, N?* 3%, inciso octavo, de

la Constitución, al establecer penas para una conducta no

descrita en la ley.

La Corte Penal nombre reservado ha de conocer de 4

crímenes muy importantes: “genocidio, crímenes de lesa

humanidad, guerra y agresión.

Respecto de los 3 primeros, los artículos 6%, “7?

y 8% del Estatuto de la Corte contemplan una gran cantidad

de conductas específicas que los constituyen: 5, 11 y 50

respectivamente. De modo que, en definitiva, el Estatuto

constituye un verdadero código penal.

498 (taabumianios pulida y noo)

De acuerdo con el artículo 60, N* 3%, de la

Constitución, un código de ese carácter sólo puede ser

aprobado por ley.

En relación a la especial violación del principio

nullum crimen sine lege, se indica al respecto que el

Estatuto de la Corte lo consagra expresamente. Sin embargo,

se hace referencia a principios generales de derecho que no

se explicitan y que aun pueden ser contradictorios entre sí

-pues derivan de los sistemas Jurídicos del mundo-, o a

fuentes distintas a la estricta letra de la ley como

derecho aplicable en materia penal, lo que transgrede el

artículo 19, N% 3%, incisos séptimo y octavo, de la

Constitución.

Respecto a la inconstitucionalidad de otras

disposiciones del Estatuto, los requirentes exponen, en

primer lugar, el indulto y la amnistía.

Si sólo a través de una ley pueden disponerse

amnistías o indultos generales, sólo a través de una ley

pueden dejarse sin efecto, lo que constituye una

manifestación de voluntad de un Estado en orden a no llevar

adelante una investigación co un enjuiciamiento. Sin

embargo, sostienen, una ley de esta naturaleza puede

dejarse sin efecto por simple voluntad de la Corte, si

considera que los hechos cubiertos por la amnistía o

indulto general son de su competencia.

Agregan también, que, igualmente, la Corte puede

dejar sin efecto una decisión del Presidente de la

República concediendo un indulto particular.

En relación a las funciones y atribuciones del

Fiscal de la Corte Penal nombre reservado, señalan los

29 30

requirentes, que contraviene lo dispuesto en el artículo 80

A de la Constitución Política, que entrega, en territorio

chileno, la investigación de los hechos constitutivos de

delitos en forma exclusiva al Ministerio Público.

Añaden que no obstante, es la misma Corte la que

resuelve en forma del todo independiente y autónoma cuando

le corresponde a su Fiscal iniciar las investigaciones que

estime pertinentes pasando así por sobre las atribuciones

de la Fiscalía Nacional.

Señalan la grave falta al debido proceso, en la

relativización de la cosa Jjuzgada, indicando que el

artículo 20, del Estatuto, consagra el principio de la

“autoridad de cosa juzgada”.

Sería la propia Corte la que decide en forma

autónoma acerca de la validez de las circunstancias antes

indicadas en los casos que se presenten. Y dependiendo de

su decisión, puede quedar sin efecto la autoridad de cosa

juzgada de sentencias dictadas por "tribunales nacionales,

incluyendo a la propia Corte Suprema.

Indican los requirentes, que el desmantelamiento

de las inmunidades establecidas en la Constitución, es otra

de las inconstitucionalidades del nombre reservado.

El Estatuto al establecer la no vigencia de las

inmunidades de las autoridades propias de un Estado, viene

a constituir un evidente atropello a los preceptos de la

Constitución Política.

Al ser estas las únicas excepciones que consagra,

indican que el Estatuto viola el derecho constitucional de

chilenos y chilenas de no encontrarse obligados a declarar

bajo juramento en contra de sus ascendientes,

29 30

+79 (ecatocio to nrlenta 4 pee)

descendientes, cónyuges y demás personas que, según los

casos y circunstancias, establezca la ley, que se contempla

en el artículo 19, N* 7, letra f) de la Constitución,

vulnerándose así este precepto.

Concluyen los requirentes expresando que las

inconstitucionalidades que contiene el Estatuto de la Corte

afectan al menos a las siguientes disposiciones

constitucionales: Artículos 5%, inciso primero; 6%; 7%; 109,

N* 32 N* 7%; 58; 60, N* 3) y N* 16); 73; 74; 75; 767 717;

y

78; 79; 80 A; 81; y 90.

Por esta razón solicitan que se declare contrario

a la Constitución el Estatuto de nombre reservado de la Corte Penal

nombre reservado y sus rectificaciones posteriores.

Con fecha 19 de marzo se acogió a tramitación el

requerimiento y con esa misma fecha se puso en conocimiento

del Presidente de la República, del Senado y de la Cámara

de Diputados, como órganos constitucionales interesados.

Con fecha 25 de marzo de 2002, el Presidente de

la República formula las siguientes observaciones al

requerimiento.

Expone, respecto del Estatuto de la Corte Penal

nombre reservado, que es consecuencia de una larga evolución,

especialmente después del término de la Segunda Guerra

Mundial, para establecer una jurisdicción penal

internacional con competencia para conocer de crímenes

internacionales, y el nombre reservado puede considerarse la

culminación de ese proceso. En él los Estados Partes

expresan su voluntad de crear una instancia Jurisdiccional

internacional que termine con la impunidad, pero que seéa al

mismo tiempo de carácter preventivo, con el propósito de

29 30

evitar la comisión de nuevos crímenes ygravísimos que

afecten a la comunidad internacional.

La Corte Penal nombre reservado es la institución

adecuada para lograr la finalidad de protección de la

persona humana, sin reemplazar la jurisdicción penal

interna de los Estados Partes, sino actuando bajo el

principio de complementariedad, puesto que la

responsabilidad primera corresponde antes que a nadie a los

propios Estados.

Las características principales de la Corte son

las siguientes: es un tribunal; constituye un aparato

judicial completo; es un tribunal penal internacional; ha

sido creado de acuerdo a las reglas del derecho

internacional; es un tribunal autónomo; está dotado de

personalidad jurídica internacional; goza de privilegios e

inmunidades; tiene vocación permanente y ejerce

jurisdicción sobre personas y no Estados. En este último

sentido, destaca que son únicamente las personas naturales

quienes pueden ser objeto de investigación, procesamiento y

condena por la Corte Penal nombre reservado.

El Presidente señala que el requerimiento parte

del supuesto erróneo que la jurisdicción de la Corte es la

misma que corresponde y que es propia de las jurisdicciones

penales internas de los Estados. La Corte no está llamada a

complementar la acción de los tribunales nacionales en el

ejercicio de su jurisdicción nacional, sino que ella viene

a complementar el ejercicio por parte de los Estados

miembros de una jurisdicción universal o internacional.

Analizando el alcance del principio de

complementariedad, señala que el Estatuto de nombre reservado

29 30

BOltuataito det

y otorga competencia a las jurisdicciones estatales

respecto de los delitos O crímenes sujetos a la

jurisdicción universal y que están comprendidos en la

órbita de atribuciones de la Corte.

Con la creación de la Corte la jurisdicción

universal sobre los crímenes comprendidos en el nombre reservado,

quedará depositada en un sistema internacional unitario en

el cual se integran, bajo el principio de la

complementariedad, las jurisdicciones penales nacionales y

la propia Corte.

De ello se siguen dos consecuencias para los

Estados Partes: por un lado, la atribución de competencia

para que una jurisdicción penal ¡interna pueda juzgar

preferentemente Y de modo exclusivo, los crímenes

internacionales sancionados en el Estatuto. Del otro, el

deber que asume cada Estado de perseguir dichos crímenes

internacionales conforme a las normas del nombre reservado, lo que

explica y legitima la intervención de la Corte en los

supuestos que dicha obligación no sea efectivamente

satisfecha por el respectivo Estado.

Hace presente que Chile ha suscrito numerosas

convenciones que, basándose en el principio de la

jurisdicción universal, le facultan u obligan a ejercer su

jurisdicción ¡penal respecto de crímenes ¡internacionales

fundamentales.

En relación al principio de complementariedad en

el nombre reservado de Roma, señala que ello quiere decir que la

Corte sólo actuará en aquellos casos en que los sistemas

nacionales sean incapaces de llevar adelante sus

obligaciones con la justicia de una manera efectiva.

29 30

En síntesis, destaca que el concepto de

complementariedad que acoge el Estatuto supone una

competencia compartida entre las jurisdicciones estatales y

la Corte Penal nombre reservado. Una y otra competencia emanan

directamente de la ratificación del nombre reservado y ambas

jurisdicciones son complementarias para la satisfacción de

un deber ¡internacional colectivo y común a todos los

Estados.

No obstante, el nombre reservado opta por conferir

preferencia a los Estados que en la forma que indica estén

en condiciones de ejercer su Jurisdicción penal interna

para la sanción de los crímenes de que se trata. Ello es lo

que explica que el Estatuto declare que la jurisdicción de

la Corte es complementaria de las jurisdicciones penales

nacionales y no a la inversa.

No se obliga a un Estado a ceder parte de su

jurisdicción nacional, como equivocadamente sostienen los

requirentes, porque la actividad complementaria de la Corte

Penal nombre reservado viene a perfeccionar o a completar el

ejercicio de la jurisdicción universal que se reconoce a

las jurisdicciones estatales y para el que se les otorga

competencia.

Señala el Presidente que la facultad de juzgar

crímenes internacionales fundamentales no es parte de la

jurisdicción interna o estatal por lo que no puede, en caso

alguno, significar ¡una transferencia co cesión de la

soberanía nacional o de la denominada soberanía

jurisdiccional.

La aprobación y ratificación del nombre reservado

por Chile cumple el mandato constitucional consagrado en el

29 30

artículo 1% de la Constitución en el sentido de que el

Estado está al servicio de la persona humana y se encuentra

dentro de las limitaciones impuestas por el artículo 5% de

la Carta Fundamental.

Agrega el Ejecutivo que la aprobación del nombre reservado

constituye un legitimo ejercicio de la soberanía permitido

por la Constitución.

Por otra parte, la jurisdicción y competencia que

se atribuye a la Corte no forman parte de la soberanía

nacional.

La potestad de perseguir la responsabilidad penal

internacional, en la medida que excede el marco de un

Estado individual, no forma parte del contenido de la

soberanía nacional interna, por lo que la creación de una

jurisdicción penal internacional no constituye, ni podría

constituir, una transferencia de la soberanía

jurisdiccional, pues ésta sólo comprende la facultad de

conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en asuntos que

correspondan al ámbito del respectivo Estado.

Por este motivo, el conferir competencia a la

Corte para efectuar tal juzgamiento en forma

complementaria, no implica una renuncia a potestades

esenciales del Estado chileno, porque no estamos en

presencia de potestades que éste posea. De modo que, lejos

de haber una cesión o renuncia de soberanía jurisdiccional,

lo que hay en el nombre reservado es una ampliación de la

competencia de los tribunales nacionales para conocer y

sancionar los delitos ¡internacionales a que ésta se

refiere.

A su vez, la jurisdicción y competencia que se

29 30

otorgan .aa la Corte nacen, no por transferencia de

potestades propias de la soberanía nacional de los Estados

Partes, sino por medio de una directa atribución que éstos

efectúan, en virtud de su capacidad como sujetos de derecho

internacional, mediante un acto que es propio de la

soberanía externa de cada uno de ellos.

La aprobación del Estatuto de nombre reservado se ciñe al

ordenamiento constitucional, y en este sentido destaca que

la Constitución entrega al Presidente la facultad de

conducir las relaciones internacionales, y negociar,

celebrar y ratificar los Tratados que estime convenientes

para los intereses del país, y al Congreso, la de aprobar o

rechazar los Tratados que el Presidente de la República le

presente.

De lo expuesto, concluye el Presidente que no es

necesaria una reforma constitucional previa para aprobar y

ratificar el nombre reservado y que, por el contrario, ello

se encuentra permitido desde ya por la Constitución de

1980.

El Presidente señala que la Corte es un tribunal

internacional al cual sólo se le atribuye competencia en

virtud del nombre reservado para perseguir la

responsabilidad penal internacional por crímenes

internacionales fundamentales y, en ese sentido, se le

faculta para actuar dentro de nuestro territorio, por lo

que resulta ¡improcedente hacerle aplicables las normas

contenidas en el Capítulo VI de la Constitución por cuanto

éstas dicen relación sólo con los tribunales nacionales, de

los cuales la Corte no formará parte.

Dentro de la estructura y organización de

29 30

482 (aturia tos obta ¿des

nuestros tribunales, la Corte podría ser asimilada a un

tribunal especial no integrante del Poder Judicial.

Indica que la Corte es un tribunal independiente

e imparcial, ya que la existencia de tales características

constituye uno de los elementos esenciales para estar en

presencia de un racional y justo procedimiento.

El Estatuto de Roma, protege la independencia de

los magistrados estableciendo una serie de normas que

aseguran dicha libertad, incluso después de haber cesado en

el cargo.

La Corte es un órgano autónomo dotado de plena

independencia funcional. No depende de ningún organismo

nacional o internacional, ni menos aún de Naciones Unidas.

La intervención del Consejo de Seguridad en el

procedimiento, lejos de afectar su independencia funcional,

constituye un mecanismo de control necesario y de

coordinación.

La creación de la Corte se inserta en el complejo

sistema internacional de protección del derecho humanitario

y de los derechos humanos, donde la actuación de organismos

como Naciones Unidas ha sido esencial.

La facultad que le otorga el nombre reservado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para solicitar la

suspensión del procedimiento se encuentra plenamente

justificada. La existencia de dos bienes jurídicos de alta

trascendencia como son la necesidad, por una parte, de que

delitos tan graves sean sancionados y, por otra, el

mantenimiento de la paz y la seguridad, deben conciliarse

adecuadamente.

El fundamento de la atribución en análisis

29 30

radica, entonces, en la necesidad de evitar que la acción

de la Corte pueda afectar la conducción política o los

procesos de mediación y de pacificación que esté llevando a

cabo el Consejo.

En síntesis, la intervención que pueda hacer el

Consejo de Seguridad en el procedimiento de la Corte Penal

nombre reservado, en nada obsta a su independencia puesto que

tiene suficientes resguardos.

Indica seguidamente que los miembros de la Corte

son responsables por el ejercicio de sus atribuciones,

afirmando que el Estatuto se ha preocupado por establecer

un completo régimen de responsabilidad, a fin de velar por

el adecuado desempeño y cumplimiento de las atribuciones

que le son propias.

EXpresa que no se afecta la superintendencia de

la Corte Suprema, ya que la Jurisdicción de la Corte tiene

por objeto hacer efectiva la responsabilidad penal

internacional.

Respecto de los requisitos básicos para el

nombramiento y la determinación de la responsabilidad de

sus miembros, a que se refieren los requirentes, dicen

relación con la organización y funcionamiento de nuestros

tribunales nacionales, entre los cuales no se comprende la

Corte Penal nombre reservado.

El Presidente expone que el Estatuto de nombre reservado

reconoce los principios generales del derecho penal, ya que

la Corte se enmarca dentro del ámbito del derecho penal

internacional, que tiene por finalidad asignar y sancionar

la responsabilidad del individuo en aquellos casos en que

se ha cometido un crimen internacional.

29 30

A ta,

De esta Manera, el Estatuto establece

especialmente, según señala el Presidente, los siguientes

principios: non bis in idem (artículo 20); nullum crimen

sine lege (artículo 22); nulla poena sine lege (artículo

23); irretroactividad de la ley penal (artículos 11 y 24);

responsabilidad penal individual (artículo 25); exclusión

de los menores de 18 años de la competencia de la Corte

(artículo 26); improcedencia de la excusa del cargo oficial

y de las inmunidades (artículo 27); responsabilidad de los

jefes y otros superiores (artículo 28); imprescriptibilidad

(artículo 29); intencionalidad oO dolo (artículo 30);

circunstancias eximentes de responsabilidad penal (artículos 31 y 32); límites a la obediencia debida (artículo 33); presunción de inocencia (artículo 66).

En relación a la violación del principio nullum

crimen, nulla poena sine lege, según expone el Presidente,

se establece un orden de prelación en cuanto a ola

legislación aplicable por la Corte a los casos concretos

sometidos a su jurisdicción, lo que supone habilitarla,

bajo ciertas circunstancias, para invocar fuentes

normativas que se encuentren más allá de los márgenes

formales del propio Estatuto.

Hace presente que la secuencia lógica que

contiene el Estatuto en materia de interpretación y

aplicación jurídica encuentra importantes similitudes tanto

en las normas internacionales que regulan la interpretación

de los tratados, como asimismo en nuestro propio

ordenamiento jurídico.

El Presidente indica que no hay

inconstitucionalidad con el delito de agresión y su falta

29 30

de tipicidad, porque se detalla todo un procedimiento para

el establecimiento futuro de su definición, resguardando

las diversas posiciones sobre el tema.

Respecto de la amnistía y el indulto, luego de

analizar estos conceptos, como también la situación de

estas instituciones en los principales instrumentos del

derecho internacional de los derechos humanos, el

Presidente plantea que la aprobación del Estatuto de nombre reservado

es incompatible con la dictación de amnistías o indultos

respecto de los crímenes de su competencia, lo cual se

encuentra perfectamente ajustado a la Constitución

Política, puesto que así como el Estado puede otorgar una

amistía o un indulto general, como resulta igualmente

legitimo que en una expresión de su propia soberanía,

renuncie a esa posibilidad tratándose de crímenes

internacionales, lo cual en ningún caso implica una cesión

de la soberanía.

Dicha renuncia constituye un acto de ejercicio

legítimo de la soberanía a través de los procedimientos que

la propia Constitución contempla y que le otorgan potestad

tanto al Congreso como al Presidente para concluir

tratados, sin excluir ninguna materia como susceptible de

ser regulada por ellos.

Además, es concordante con lo que dispone el

artículo 5%, inciso segundo, de la Constitución, en cuanto

establece como limitación al ejercicio de la soberanía el

respetar los derechos esenciales propios de la persona

humana.

El Ejecutivo plantea que la Constitución y la ley

orgánica constitucional correspondiente le otorgan al

29 30

48 (tbuciot exhemda, y cui.)

Ministerio Público las funciones de dirección exclusiva de

la investigación en materia penal; ejercicio de la acción

penal pública en la forma prevista por la ley; dar

protección a las víctimas y a los testigos; e impartir

órdenes directas a las fuerzas de orden y seguridad durante

la investigación.

El Estatuto de nombre reservado entrega al Fiscal de la Corte

funciones y atribuciones que tienen por objeto corroborar

la información sobre crímenes de competencia de la Corte y

funciones y atribuciones que dicen relación con la

investigación misma a fin de establecer la veracidad de los

hechos.

Señala al respecto qué debe entenderse bajo el

principio de complementariedad, por el cual los Estados

Partes tendrán preferencia para investigar y enjuiciar los

crímenes sometidos .a la jurisdicción de la Corte,

aplicándose el deber de cooperación lo que implica que la

Corte ha de contar con la ayuda de los Estados Partes.

De este modo, la cooperación entre los Estados y

la Corte se hace sobre la base de respetar, en lo esencial,

los sistemas nacionales; además, actúa a través de ellos.

Luego de analizar detenidamente la cosa juzgada

aparente, la ¡inexistencia y el fraude procesal, el

Presidente señala que el derecho interno chileno contempla

causales de excepción similares a las del Estatuto de la

Corte.

Respecto de las inmunidades, el Presidente señala

que el nombre reservado circunscribe este tema haciendo aplicación

del principio de igualdad jurídica, que consagra la regla

general de que los preceptos del Estatuto son aplicables

29 30

por igual a todas las personas, sin distinción que se base

en el cargo oficial que un individuo detenta, y además,

prevé que las inmunidades y normas de procedimiento

especiales que conlleve un determinado cargo oficial, sea

con arreglo al derecho interno o internacional, no obstan

para que la Corte ejerza sus atribuciones sobre el

individuo que lo detenta.

El fundamento de la disposición tiene por objeto

resguardar los principios de igualdad ante la ley y ante la

justicia y de responsabilidad de las autoridades, también

garantizados por la Constitución de 1980.

Se recuerda que en virtud del principio de

complementariedad, son los sistemas penales nacionales los

llamados prioritariamente a sancionar los delitos previstos

en el nombre reservado, razón por la cual no se presenta

inconveniente para que se invoquen en cada Estado los

fueros procesales que establece su propia legislación.

Expone el Jefe del Estado que, en materia de

autoincriminación, el nombre reservado respeta la situación del

inculpado en los términos previstos por el ordenamiento

Jurídico chileno que se encuentra absolutamente garantizada

por las disposiciones del Estatuto de Roma.

Respecto de la situación de los ascendientes,

descendientes y cónyuge del inculpado, tampoco se verifica

infracción constitucional alguna, puesto que para obtener

tal comparecencia, la Corte debe recabar necesariamente la

asistencia de los Estados Partes.

Concluye el Presidente de la República

solicitando tener por informado el requerimiento de autos y

en su sentencia declarar la plena concordancia del Estatuto

29 30

485 (actual mb pios)

de nombre reservado con la Constitución chilena.

Con fecha 26 de marzo se ordenó traer los autos

en relación.

a

Con fecha 28 de marzo el Tribunal prorrogó el

plazo de diez días que tiene para resolver este

requerimiento.

CONSIDERANDO:

1%. Que, treinta y cinco señores

diputados, que representan más de la cuarta parte de los

diputados en ejercicio de la respectiva Corporación, han

requerido a este Tribunal para que declare “la

inconstitucionalidad del Estatuto de nombre reservado de la Corte Penal

nombre reservado, adoptado en dicha ciudad el 17 de julio de

1998, contenido en el Acta Final de la Conferencia

Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas

sobre el Establecimiento de una Corte Penal nombre reservado,

y sus rectificaciones posteriores, en su totalidad, por

violar diversas disposiciones constitucionales” que son

señaladas expresamente en el cuerpo del requerimiento;

2%. Que, el nombre reservado que contiene el

Estatuto de nombre reservado y su rectificación, fue firmado por el

Gobierno de Chile el 11 de septiembre de 1998 y por

iniciativa del Presidente de la República fue enviado a la

Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo de acuerdo

con el artículo 50, N* 1, de la Constitución Política que

establece lo siguiente:

“Artículo 50. Son atribuciones exclusivas del

Congreso:

1 Aprobar o desechar los tratados internacionales que

le presentare el Presidente de la República antes de su

29 30

ratificación. La aprobación de un tratado se someterá a los

trámites de una ley.”;

3%. Que, conforme lo indicado, la

tramitación del nombre reservado tuvo su origen en la Cámara de

Diputados donde fue aprobado por 67 votos a favor y 35 en

contra, sin abstenciones;

4%, Que, el nombre reservado sometido a control

de este Tribunal fue aprobado por la Cámara de Diputados

con el quórum de ley orgánica constitucional;

5%, Que, la materia sometida a la

decisión de esta Magistratura, es la constitucionalidad de

la iniciativa que contiene el proyecto de Acuerdo destinado

a dar su aprobación al nombre reservado que establece la

Corte Penal nombre reservado y el contenido de su Estatuto;

I. Contenido del Estatuto de nombre reservado de la Corte Penal

nombre reservado.

6%. Que, para una mejor decisión del

asunto, que se debe resolver, es necesario señalar los

aspectos fundamentales del Estatuto de la Corte Penal

nombre reservado;

79. Que, el artículo 34 indica la

composición de la Corte Penal, y en el artículo 36, se

señalan las normas básicas relativas a los magistrados:

“Artículo 34

Órganos de la Corte

La Corte estará compuesta de los órganos siguientes:

a) La Presidencia;

b) Una Sección de Apelaciones, una Sección de Primera

Instancia y una Sección de Cuestiones Preliminares;

c) La Fiscalía;

29 30

d) La Secretaría.”;

8%, Que, el artículo 36 señala las

normas básicas relativas a los magistrados:

“Artículo 36

Condiciones que han de reunir los magistrados, candidaturas

y elección de los magistrados

1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2, la Corte

estará compuesta de 18 magistrados.

2. a) La Presidencia, actuando en nombre de la Corte, podrá

proponer que aumente el número de magistrados indicado en

el párrafo 1 y señalará las razones por las cuales

considera necesario y apropiado ese aumento. El Secretario

distribuirá prontamente la propuesta a todos los Estados

Partes;

b) La propuesta será examinada en una sesión de la Asamblea

de los Estados Partes que habrá de convocarse de

conformidad con el artículo 112. La propuesta, que deberá

ser aprobada en la sesión por una mayoría de dos tercios de

los Estados Partes, entrará en vigor en la fecha en que

decida la Asamblea;

c) i) Una vez que se haya aprobado una propuesta para

aumentar el número de magistrados con arreglo al apartado

b), la elección de los nuevos magistrados se llevará a cabo

en el siguiente período de sesiones de la Asamblea de los

Estados Partes, de conformidad con los párrafos 3 a 8 del

presente artículo y con el párrafo 2 del artículo 37;

li) Una vez que se haya aprobado y haya entrado en vigor

una propuesta para aumentar el número de magistrados con

arreglo a los apartados b) y c) i), la Presidencia podrá en

cualquier momento, si el volumen de trabajo de la Corte lo

29 30

justifica, proponer que se reduzca el número de

magistrados, siempre que ese número no sea inferior al

indicado en el párrafo 1. La propuesta será examinada de

conformidad con el procedimiento establecido en los

apartados a) y b). De ser aprobada, el número de

magistrados se reducirá ¡progresivamente a medida que

expiren los mandatos y hasta que se llegue al número

debido.

3. a) Los magistrados serán elegidos entre personas de alta

consideración moral, imparcialidad e integridad que reúnan

las condiciones requeridas para el ejercicio de las más

altas funciones judiciales en sus respectivos países;

b) Los candidatos a magistrados deberán tener:

i) Reconocida competencia en derecho y procedimiento

penales y la necesaria experiencia en causas penales en

calidad de magistrado, fiscal, abogado u otra función

similar; o

1i) Reconocida competencia en materias pertinentes de

derecho internacional, tales como el derecho internacional

humanitario y las normas de derechos humanos, así como gran

experiencia en funciones jurídicas profesionales que tengan

relación con la labor judicial de la Corte;

c) Los candidatos a magistrado deberán tener un excelente

conocimiento y dominio de por lo menos uno de los idiomas

de trabajo de la Corte.

4. a) Cualquier Estado Parte en el presente Estatuto podrá

proponer candidatos en las elecciones para magistrado de la

Corte mediante:

i) El procedimiento previsto para proponer candidatos a los

más altos cargos judiciales del país; o

Rig AN

A 18 A

pS

lili) El procedimiento previsto en el Estatuto de la Corte

nombre reservado de Justicia para proponer candidatos a esa

Corte.

Las propuestas deberán ir acompañadas de una exposición

detallada acerca del grado en que el candidato cumple los

requisitos enunciados en el párrafo 3;

b) Un Estado Parte podrá proponer un candidato que no tenga

necesariamente su nacionalidad, pero que en todo caso sea

nacional de un Estado Parte;

c) La Asamblea de los Estados Partes podrá decidir que se

establezca un comité asesor para las candidaturas. En ese

caso, la Asamblea de los Estados Partes determinará la

composición y el mandato del comité.

5. A los efectos de la elección se harán dos listas de

candidatos:

La lista A, con los nombres de los candidatos que reúnan

los requisitos enunciados en el apartado b) i) del párrafo

3 y

La lista B, con los nombres de los candidatos que reúnan

los requisitos enunciados en el apartado b) ii) del párrafo

3. El candidato que reúna los requisitos requeridos para ambas

listas podrá elegir en cuál desea figurar. En la primera

elección de miembros de la Corte, por lo menos nueve

magistrados serán elegidos entre los candidatos de la lista

A y por lo menos cinco serán elegidos entre los de la lista

B. Las elecciones subsiguientes se organizarán de manera

que se mantenga en la Corte una proporción equivalente de

magistrados de ambas listas.

6. a) Los magistrados serán elegidos por votación secreta

29 30

en una sesión de la Asamblea de los Estados Partes

18 SAS

convocada con ese fin con arreglo al artículo 112. Con

sujeción a lo dispuesto en el párrafo 7, serán elegidos los

18 candidatos que obtengan el mayor número de votos y una

mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y

votantes;

b) En el caso de que en la primera votación no resulte

elegido un número suficiente de magistrados, se procederá a

nuevas votaciones de conformidad con los procedimientos

establecidos en el apartado a) hasta cubrir los puestos

restantes.

7. No podrá haber dos magistrados que sean nacionales del

mismo Estado. Toda persona que, para ser elegida

magistrado, pudiera ser considerada nacional de más de un

Estado, será considerada nacional del Estado donde ejerza

habitualmente sus derechos civiles y políticos.

8. a) Al seleccionar a los magistrados, los Estados Partes

tendrán en cuenta la necesidad de que en la composición de

la Corte haya:

i) Representación de los principales sistemas jurídicos del

mundo;

li) Distribución geográfica equitativa; y

iii) Representación equilibrada de magistrados mujeres y

hombres;

b) Los Estados Partes tendrán también en Cuenta la

necesidad de que haya en la Corte magistrados que sean

juristas especializados en temas concretos que incluyan,

entre otros, la violencia contra las mujeres o los niños.

9. a) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado b), los

magistrados serán elegidos por un mandato de nueve años y,

29 30

483 tuobiciuto chema yb)

con sujeción al apartado c) y al párrafo 2 del artículo 37,

no podrán ser reelegidos;

b) En la primera elección, un tercio de los magistrados

elegidos será seleccionado por sorteo para desempeñar un

mandato de tres años, un tercio de los magistrados será

seleccionado por sorteo para desempeñar un mandato de seis

años y el resto desempeñará un mandato de nueve años;

c) Un magistrado seleccionado para desempeñar un mandato de

tres años de conformidad con el apartado b) podrá ser

reelegido por un mandato completo.

10. No obstante lo dispuesto en el párrafo 9, un magistrado

asignado a una Sala de Primera Instancia o una Sala de

Apelaciones de conformidad con el artículo 39 seguirá en

funciones a fin de llevar a término el juicio o la

apelación de los que haya comenzado a conocer en esa

Sala.”;

9%, Que, la competencia de esta Corte Penal nombre reservado está indicada en el artículo 5% del Estatuto:

“Artículo 5

Crímenes de la competencia de la Corte

1. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes

más graves de trascendencia para la comunidad internacional

en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad

con el presente Estatuto, respecto de los siguientes

crímenes:

a) El crimen de genocidio;

b) Los crímenes de lesa humanidad;

c) Los crímenes de guerra;

d) El crimen de agresión.

29 30

2. La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de

agresión una vez que se apruebe una disposición de

conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el

crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará.

Esa disposición será compatible con las disposiciones

pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas.”;

102. Que, por el artículo 13 del

Estatuto se establece cuando la Corte podrá ejercer su

competencia respecto de los crímenes a que se refiere el

artículo 5%, transcrito en el considerando anterior de esta

sentencia:

“Artículo 13

Ejercicio de la competencia

La Corte podrá ejercer su competencia respecto de

cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5

de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto

sÍ:

a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el

artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido

uno o varios de esos crímenes;

b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo

dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones

Unidas, remite al Fiscal una situación en que parezca

haberse cometido uno o varios de esos crímenes; o

c) El Fiscal ha iniciado una investigación respecto de un

crimen de ese tipo de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 15.7“,

Lo anterior es sin perjuicio de las facultades de

la Corte para actuar de oficio, conforme al artículo 109,

párrafo 1;

29 30

119%, Que, el artículo 16 del Estatuto

indica cuando se podrá suspender la investigación o el

enjuiciamiento:

“Artículo 16

Suspensión de la investigación o el enjuiciamiento

En caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con

una resolución aprobada con arreglo a lo dispuesto en el

Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, pida a la

Corte que suspenda por un plazo de doce meses la

investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado, la

Corte procederá a esa suspensión; la petición podrá ser

renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas

condiciones.”;

12%. Que, además, el nombre reservado no admite

reservas, como lo señala el artículo 120:

“Artículo 120

Reservas

No se admitirán reservas al presente Estatuto.” ;

13%. Que, la Corte Penal nombre reservado

es un tribunal permanente y ejercerá su Jurisdicción sobre

personas naturales, en conformidad al artículo 1% del

Estatuto:

“Artículo 1

La Corte

Se instituye por el presente una Corte Penal nombre reservado

("la Corte"). lLa Corte será una institución permanente,

estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre

personas respecto de los crímenes más graves de

trascendencia internacional de conformidad con el presente

Estatuto y tendrá carácter complementario de las

29 30

jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el

funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones

del presente Estatuto.”;

14%. Que, la facultad de ejercer la

jurisdicción penal sobre personas naturales se reitera y

explicita en el artículo 25 de dicho Estatuto:

“Artículo 25

Responsabilidad penal individual

1. De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendrá

competencia respecto de las personas naturales.

2. Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte

será responsable individualmente y podrá ser penado de

conformidad con el presente Estatuto.

3. De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente

responsable y podrá ser penado por la comisión de un crimen

de la competencia de la Corte quien:

a) Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto

de otro, sea éste o no penalmente responsable;

b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya

sea consumado o en grado de tentativa;

c) Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen,

sea cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la

comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso

suministrando los medios para su comisión;

d) Contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa

de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan

una finalidad común. La contribución deberá ser intencional

y se hará:

i) Con el propósito de llevar a cabo la actividad oO

propósito delictivo del grupo, cuando una u otro entrañe la

+30 (AA ento, )

comisión de un crimen de la competencia de la Corte; o

li) A sabiendas de que el grupo tiene la intención de

cometer el crimen;

e) Respecto del crimen de genocidio, haga una instigación

directa y pública a que se cometa;

f) Intente cometer ese crimen mediante actos que supongan

un paso importante para su ejecución, aunque el crimen no

se consume debido a circunstancias ajenas a su voluntad.

Sin embargo, quien desista de la comisión del crimen oO

impida de otra forma que se consuma no podrá ser penado de

conformidad con el presente Estatuto por la tentativa si

renunciare íntegra y voluntariamente al propósito

delictivo.

4. Nada de lo dispuesto en el presente Estatuto respecto de

la responsabilidad penal de las personas naturales afectará

a la responsabilidad del Estado conforme al derecho

internacional.” ;

15%. Que, su jurisdicción solamente es

penal, y de acuerdo al artículo 1, sería, además,

complementaria de las jurisdicciones nacionales. Por las

características especiales que presenta, este Tribunal se

referirá a ella en acápite aparte;

II. Objetivo y características del nombre reservado.

16%. Que, del contenido del nombre reservado

aparece que su objetivo es crear un órgano con jurisdicción

penal permanente de carácter ¡internacional destinado a

hacer efectivas las responsabilidades penales individuales

de los autores de determinados y graves delitos contra la

humanidad.

Cabe destacar a este respecto que la Corte Penal

29 30

nombre reservado estará facultada para ejercer su jurisdicción

sobre personas respecto de los crímenes más graves de

trascendencia ¡internacional y tendría, de acuerdo a su

Estatuto, carácter complementario respecto de las

jurisdicciones penales nacionales;

17%. Que, el objetivo señalado aparece

con claridad en el Preámbulo del Estatuto sometido a

conocimiento de este Tribunal: "“Destacando que la Corte

Penal nombre reservado establecida en virtud del presente

Estatuto será complementaria de las jurisdicciones penales

nacionales”, lo que corrobora el artículo 1% del mismo

nombre reservado, ya transcrito en este fallo;

18%. Que, de lo expuesto se desprenden

con nitidez las siguientes características de la Corte

Penal nombre reservado, a saber:

- Será un tribunal preestablecido y permanente;

Ejercerá su jurisdicción sobre personas naturales;

- Su competencia será exclusivamente penal y sobre los

crímenes de trascendencia internacional señalados en el

artículo 5% del Estatuto, antes transcrito;

- Su estatuto contiene los presupuestos orgánicos y

funcionales para su desempeño

A lo anterior, cabe agregar, que la Corte Penal

nombre reservado tendrá "facultad de imperio” para hacer

ejecutar sus resoluciones, de conformidad con las

disposiciones de la Parte Décima de su Estatuto

Como característica final podemos señalar que la

Corte Penal nombre reservado tendrá la personalidad jurídica

que indica el artículo 4* del Estatuto;

III. Naturaleza jurídica de la jurisdicción de la Corte

(9 (onclicilo, rro y 00)

Penal nombre reservado.

19%. Que, la naturaleza jurídica de la

jurisdicción de la Corte Penal nombre reservado, de acuerdo al

Preámbulo del Estatuto y al artículo 1%, transcritos en los

considerandos 13% y 17%, es penal y complementaria de las jurisdicciones nacionales, pero, a juicio de los requirentes, aparece más bien como paralela O

contradictoria a ellas;

20%. Que, un estudio del nombre reservado por el

que se establece la Corte Penal nombre reservado nos lleva a

la conclusión que dicho Estatuto no definió el significado

del carácter complementario de la jurisdicción que se crea;

21%. Que, el escrito de observaciones

del Presidente de la República, refiriéndose al carácter

complementario de la Corte Penal nombre reservado, dice:

*Una de las principales dificultades que presenta

esta tarea, que aparentemente no pudo ser sorteada por los

requirentes, es que el Estatuto se limita a consagrar el

principio de complementariedad y a regular las normas que

lo concretizan, omitiendo una definición del mismo.” ;

22%. Que, Junto con reconocer que la

complementariedad no ha sido definida, el Presidente de la

República, utilizando elementos literales, históricos y

sistemáticos busca desentrañar este concepto para llegar a

la conclusión que “el nombre reservado optó por conferir preferencia

a los Estados que, en virtud del principio de la

nacionalidad o de la territorialidad, estén en condiciones

de ejercer su jurisdicción penal interna para la sanción de

dichos crímenes. Ello y no otra cosa, es lo que explica que

el Estatuto declare que la jurisdicción de la C.P.lI. es

29 30

complementaria a las jurisdicciones penales nacionales, y

no al revés.”";

23%. Que, estas observaciones se apartan

de la verdadera naturaleza jurídica de la jurisdicción de

la Corte Penal nombre reservado, porque, si bien es cierto que

por el carácter complementario que se le atribuye se ha

querido disminuir el efecto de las atribuciones que se le

otorgan a este Tribunal, no es menos cierto que del examen

de distintas disposiciones del Estatuto resulta clara la

debilidad de esta característica y afirmación.

Del análisis de diversas normas del Estatuto

aparece más bien que la naturaleza jurídica de la

jurisdicción que ejerce la Corte Penal nombre reservado es de

carácter correctiva y sustitutiva O supletoria, en

determinados casos, de las jurisdicciones nacionales;

24%. Que, de un estudio de lo sustantivo

o esencial de las disposiciones del Estatuto que se

transcriben a continuación, resulta evidente que la Corte

puede corregir lo resuelto por los tribunales nacionales de

los Estados Partes, pudiendo, en consecuencia, decidir en

contra de lo obrado por ellos y, en determinadas

situaciones, de ausencia real o formal de dichos tribunales

nacionales, sustituirlos. -

Ello aparece claro de las normas que se refieren

a las cuestiones de admisibilidad, según lo expresan los

siguientes numerales del artículo 17:

“Artículo 17

Cuestiones de admisibilidad

1. La Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo del

preámbulo y el artículo 1, resolverá la inadmisibilidad de

EALTY EA 29

30 492 (Uli Lo more=la y de)

un asunto cuando:

a) El asunto sea objeto de una investigación O

enjuiciamiento en el Estado que tiene jurisdicción sobre él

salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la

investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente

hacerlo;

b) El asunto haya sido objeto de investigación por el

Estado que tenga jurisdicción sobre él y éste haya decidido

no incoar acción penal contra la persona de que se trate,

salvo que la decisión haya obedecido a que no esté

dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda

realmente hacerlo;

c) La persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por

la conducta a que se refiere la denuncia, y la Corte no

«|pueda incoar el juicio con arreglo a lo dispuesto en el

párrafo 3 del artículo 20;

Co...)

2. A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en

un asunto determinado, la Corte examinará, teniendo en

cuenta los principios de un proceso con las debidas

garantías reconocidos por el derecho internacional, si se

da una o varias de las siguientes circunstancias, según el

caso!

a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la

decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de

sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad

penal por crímenes de la competencia de la Corte, según lo

dispuesto en el artículo 5;

b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio

que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la

29 30

intención de hacer comparecer a la persona de que se trate

ante la justicia;

c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado

de manera independiente o imparcial y haya sido o esté

siendo sustanciado de forma en que, dadas las

circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer

comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.

3. A fin de determinar la incapacidad para investigar oO

enjuiciar en un asunto determinado, la Corte examinará si

el Estado, debido al colapso total o sustancial de su

administración nacional de justicia o al hecho de que

carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no

dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no

está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el

juicio.”;

25%. Que, si se examinan los artículos

transcritos, es evidente que por el artículo 17, párrafo 1,

a), b) y Cc), y párrafo 2, a), b) y C), la Corte Penal

nombre reservado puede corregir lo resuelto por los tribunales

nacionales y, además, por el mismo artículo, párrafo 3,

puede sustituir supletoriamente la jurisdicción nacional,

en los casos que en dicho precepto se expresan;

26%. Que, debe precisarse, también, que

conforme al artículo 19, párrafo 1, y artículo 57, párrafo

2, letra a), del nombre reservado, quién resuelve sobre la

admisibilidad de la jurisdicción de la Corte es la Sala de

Cuestiones Preliminares, de conformidad con las normas del

Estatuto;

27%. Que, lo anterior, es sin perjuicio

de la apelación que puede deducirse ante la Sala de

29 30

Apelación de la misma Corte, de acuerdo a los artículos 19

y 82, párrafo 1, letra a);

28%. Que, de un examen exhaustivo del

Estatuto de la Corte Penal nombre reservado, es evidente que

es la propia Corte la que resuelve sobre su competencia

para conocer de las materias entregadas a su conocimiento

Y; como aparece con claridad de las disposiciones

transcritas e indicadas del Estatuto de Roma, la Corte

Penal nombre reservado ejerce su jurisdicción en algunas

materias de su competencia corrigiendo o sustituyendo la de

los Estados Partes;

29%. Que, de las normas citadas y de lo

considerado precedentemente, se concluye que la

jurisdicción de la Corte que se crea, no necesariamente

complementa a aquella de los tribunales de los Estados

Partes, sino que, por el contrario, puede en ciertos casos,

previstos expresamente por el Estatuto, llegar a revisar

resoluciones ejecutoriadas dictadas por tribunales

nacionales de los Estados y sustituirlas;

30%. Que, a mayor abundamiento, y en

relación con la jurisdicción correctiva, la concordancia de

las normas citadas permite concluir que la Corte Penal

nombre reservado actuará cuando los sistemas Judiciales

estatales, competentes, básicamente en razón del principio

clásico de territorialidad, no pudieran o no quisieran

hacerlo o, incluso, cuando los procedimientos seguidos no

sean considerados genuinos;

31%. Que, de todo lo expuesto se

desprende que el Estatuto de la Corte Penal nombre reservado,

al establecer una Jurisdicción que puede ser correctiva y

29 30

sustitutiva de las nacionales, más que complementar a

éstas, está prorrogando a una jurisdicción nueva, no

contemplada en nuestro ordenamiento constitucional, la

facultad de abrir procesos penales por delitos cometidos en

Chile, lo que importa, por ende, una transferencia de

soberanía que, por no estar autorizada en nuestra Carta

Política, vulnera en su esencia el artículo 5%, inciso

primero, de la Constitución, como luego se verá;

IV. La Corte Penal nombre reservado es un Tribunal

supranacional.

32%. Que, la Corte Penal nombre reservado

tiene características que permiten calificarla como un

tribunal supranacional, en razón de las disposiciones del

Estatuto transcritas anteriormente en este fallo aparece en

forma ¡indubitable la diferencia entre ambos tipos de

tribunales.

La Corte Penal nombre reservado se distingue por ser

un tribunal “permanente” que ejerce su jurisdicción sobre

personas naturales y, en ciertos casos, por sobre las

jurisdicciones penales nacionales a que se encuentran

sometidas esas personas que sean procesadas por los delitos

que contempla el Estatuto de la Corte;

33%. Que, los tribunales internacionales

establecidos en tratados ratificados por Chile, como por

ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de

San VJosé de Costa Rica, y el Estatuto de la Corte

nombre reservado de Justicia de la Haya, no tienen una

supervigilancia correctiva O sustitutiva de las

resoluciones de los tribunales nacionales.

Como bien dice la profesora nombre reservado en el

<R18B y,

29 30

Informe en Derecho y exposición ante la Cámara de Diputados

y sustentándose fundamentalmente en el artículo 17 del

Estatuto, antes transcrito:

“a) La presunta idea de la acción de la Corte

como complementaria a la de los tribunales chilenos se

pierde del todo, ya que se superpone totalmente a la

actividad de éstos, y aún más, el juzgamiento que ellos

puedan hacer previamente de un asunto, no tendrá más mérito

que el que en criterio de la Corte éste tenga.

b) De esta forma, la Corte se transforma en una

instancia de supervigilancia respecto de los tribunales de

justicia chilenos, incluida la Corte Suprema, ya que tiene

la facultad de examinar sus intenciones y motivaciones al

juzgar, cosa que le está expresamente prohibida de hacer

tanto al Presidente de la República como al Congreso

Nacional de acuerdo al artículo 73 de la Carta. De esta

forma, en la materia, la Corte será más soberana que la

totalidad de los poderes públicos del país.”;

V. La soberanía nacional y la Corte Penal nombre reservado.

34%. Que, los requirentes sostienen en

su presentación que la Corte Penal nombre reservado tiene

facultades jurisdiccionales que “se sobreponen a las

resoluciones de los tribunales nacionales de los Estados

Partes;

35%. Que, la naturaleza Jurídica de la

jurisdicción de la Corte Penal nombre reservado atentaría por

ello contra el principio de “soberanía nacional”

establecido en el artículo 5%, del Capítulo 1, de nuestra

Constitución Política.

Dice este artículo:

29 30

“Artículo 5%. La soberanía reside esencialmente

en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a

través del plebiscito y de elecciones periódicas y,

también, por las autoridades que esta Constitución

establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno

puede atribuirse su ejercicio.

El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación

el respeto a los derechos esenciales que emanan de la

naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado

respetar y promover tales derechos, garantizados por esta

Constitución, así como por los tratados internacionales

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.” ;

36%. Que, la disposición transcrita

tiene su origen en la Constitución de 1925, que en su

artículo 2% decía: “La soberanía reside en la Nación, la

cual delega su ejercicio en las autoridades que esta

Constitución establece.” ;

37%. Que, la Constitución de 1980 al

establecer el principio de la soberanía nacional, ha

aclarado sustancialmente el concepto en relación a la

Constitución anterior, por las siguientes razones:

a) Porque hizo una clara distinción entre el titular de la

soberanía y quien la ejerce (Comisión de Estudio de la

Nueva Constitución, Sesiones N*s. 413 y siguientes).

El titular es la Nación y su ejercicio corresponde al

pueblo que la realiza a través del plebiscito y de

elecciones periódicas Y corresponde además a las

autoridades que la propia Constitución establece.

Cabe destacar que el Constituyente utilizó el vocablo

“esta Constitución” al referirse a la posibilidad que las

A

e do o Bi

29 30

autoridades ejerzan soberanía de lo que se desprende con

claridad que sólo éstas, además del pueblo, son las únicas

que pueden ejercerla válidamente.

b) Se diferencia también la Constitución actual de la

Constitución de 1925, porque establece expresamente un

límite al ejercicio de la soberanía, cual es, el respeto a

los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.

Adopta así el texto actual una concepción que significa que

la gran garantía de los derechos es la Constitución, pues

establece expresamente un límite al ejercicio de la

soberanía;

38%. Que, la soberanía se ha entendido

como el Poder del Estado, o en forma más precisa, como una

cualidad de dicho Poder: no admite a otro ni por encima de

él ni en concurrencia con él;

39%. Que, el concepto de soberanía ha

evolucionado con los tiempos de manera que hoy se reconoce

que limitan su ejercicio los derechos esenciales que emanan

de la naturaleza humana, como lo dice expresamente nuestra

Carta Fundamental;

40%. Que, el Constituyente ha sido claro

al referirse a la soberanía. Ha señalado con precisión

quien es su titular -—la Nación, o sea, aquella agrupación

de personas, unidas por vínculos materiales y espirituales,

que los hace tener conciencia de poseer caracteres comunes

que les permite diferenciarse de otros grupos nacionales, y

en que los individuos manifiestan y demuestran tener la

voluntad de conservar esos lazos de unidad. Se comprenden

en este concepto, las generaciones pasadas, presentes y

futuras.

29 30

Ha indicado, también, quien ejercita la

A RN

soberanía: el pueblo y las autoridades que la Constitución

establece y ha adoptado una posición acorde con los tiempos

actuales, al señalar que cuando se ejercita existe un

límite que es el respeto a los derechos esenciales que

emanan de la naturaleza humana;

41%. Que, las únicas autoridades que

pueden ejercitar soberanía son las que la Constitución

establece, entre las que destaca el Presidente de la

República, el Congreso Nacional y los Tribunales de la

Nación.

Las funciones y atribuciones que la Constitución

entrega a estas autoridades constituye la forma en que la

soberanía se manifiesta y se hace realidad;

42%. Que, entre las distintas funciones

públicas, entregadas por la Constitución a las autoridades

que ella establece, está la función jurisdiccional que

viene a ser un aspecto de cómo se ejercita la soberanía

nacional;

43%. Que, este Tribunal Constitucional

ha invocado, y lo hace una vez más, el concepto de

jurisdicción en los siguientes términos: el poder-deber que

tienen los tribunales para conocer y resolver, por medio

del proceso y con efecto de cosa juzgada, los conflictos de

intereses de relevancia jurídica que se promuevan en el

orden temporal, dentro del territorio de la República y en

cuya solución les corresponda intervenir (nombre reservado,

nombre reservado, “La Jurisdicción en el Derecho Chileno”, Ed. Jurídica

de Chile, 1991, pág. 41);

44%. Que, nuestra Constitución Política

caracteriza la jurisdicción como una función pública

emanada de la soberanía, lo que resulta de aplicar los

artículos 5%, 6% y 7% de la Constitución, y entrega su

ejercicio en forma privativa y excluyente a los tribunales

establecidos por ella o la ley, que son “las autoridades que esta Constitución establece”. Así se desprende nítidamente de las disposiciones constitucionales

contempladas en los artículos 73, “74, y de los Capítulos

VII y Vill, que establecen al Tribunal Constitucional y a

la Justicia Electoral, respectivamente.

Debe señalarse que, cuando la Constitución habla

de “la facultad de conocer”; “la pronta y cumplida

administración de justicia”; “Son atribuciones del Tribunal

Constitucional”; “El Tribunal conocerá y resolverá”, son

todas manifestaciones del ejercicio de la función

jurisdiccional Oo jurisdicción de que se encuentran

envestidos los tribunales de la República;

45%, Que, como la función jurisdiccional

es expresión del ejercicio de la soberanía, sólo la pueden

cumplir las autoridades que la Constitución establece. El

mandato de su artículo 5%, inciso primero, no admite dudas

sobre el particular, sea que las autoridades

jurisdiccionales a que alude se encuentren dentro o fuera

del “Poder Judicial”. De esta manera, a la Corte Penal

nombre reservado el nombre reservado, precisamente, le otorga

jurisdicción para eventualmente conocer de conflictos

ocurridos dentro del territorio de la República, y que

deberían ser de competencia de algún tribunal nacional.

Este específico reconocimiento de potestad jurisdiccional

para ser ejercida por una autoridad no establecida por

29 30

nuestra Carta, entra en frontal colisión con la norma

recordada, por lo que hace evidente su inconciliabilidad;

46%. Que, los artículos 73 y 19, N* 3,

de la Carta Fundamental, consagran expresamente a la

jurisdicción en el sistema constitucional nacional

La potestad jurisdiccional le permite a los

tribunales conocer, resolver y hacer cumplir lo juzgado,

excluyendo en el área de los conflictos sometidos a su

poder cualquier injerencia de autoridad alguna, nacional o

internacional, como se desprende del artículo 73 de la

Constitución, en cuanto expresa “Ni el Presidente de la

República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer

funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar

los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer

revivir procesos fenecidos”.

El deber se consagra en el inciso segundo del

artículo 73, de la Carta Fundamental, que contiene la

llamada regla de la inexcusabilidad, y que dice: “Reclamada

su intervención en forma legal y en negocios de su

competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad,

ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto

sometido a su decisión”. -

Siendo así, en la medida que se incluyan

disposiciones de un tratado que complementen O

eventualmente corrijan la situación antes descrita, deberán

necesariamente incorporarse a nuestro sistema jurídico a

través de una reforma a la Constitución;

47. Que, cabe destacar el último

artículo mencionado, que en su inciso primero, dice:

“Artículo 79. La Corte Suprema tiene la

R1B VARAS

superintendencia directiva, Correccional y económica de

todos los tribunales de la nación. Se exceptúan de esta

norma el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador

de Elecciones, los tribunales electorales regionales y los

tribunales militares de tiempo de guerra.”;

48, Que, conforme con la norma

transcrita y a su claro tenor literal, la Corte Penal

nombre reservado debiera ser uno de los tribunales exceptuados

de la superintendencia de la Corte Suprema, lo que hace

necesaria la adecuación de la referida disposición

constitucional;

49%. Que, la jurisdicción contemplada en

los artículos 73 y 19, N”* 3, de la Constitución, como ya se

ha expresado, le corresponde ejercerla a los tribunales

establecidos por la ley, lo cual confirma la aplicación del

principio de la territorialidad de la jurisdicción.

Así se establece en el texto de los artículos 74

y 19, N* 3, El primero expresa que: “Una ley orgánica

constitucional determinará la organización y atribuciones

de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y

cumplida administración de justicia en todo el territorio

de la República.”

Por su parte los artículos 6, 7% y 19, N” 3, en

concordancia con el artículo 5%, inciso primero, expresan

que la jurisdicción como ejercicio de soberanía se ejecuta

por “las autoridades que esta Constitución establece”.

Recordemos que los tribunales, incluyendo a esta

Magistratura, como órganos del Estado, deben someter su

acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a

ella, y que éstos solo actúan validamente dentro de su

29 30

competencia y en la forma que prescribe la ley;

502. Que, de las disposiciones

invocadas, debe concluirse que todo conflicto en cuya

solución exista un interés público comprometido queda

necesariamente sometido al conocimiento y decisión de los

tribunales establecidos por la ley chilena.

Por el contrario, si estamos en presencia de

derechos disponibles, podrá prorrogarse la competencia

entre tribunales nacionales e incluso, como se ha hecho, a

tribunales internacionales o de otros países.

Las materias cuyo Conocimiento se entrega a la

Corte Penal nombre reservado, por su naturaleza, son

improrrogables por lo cual, para que Chile reconozca la

jurisdicción de tribunales supranacionales deberá

incorporar una nueva preceptiva constitucional a su sistema

interno;

51%, Que, el poder de un Estado para

ejercer jurisdicción sobre los crímenes cometidos en su

territorio es un atributo esencial de la soberanía -

Hillier, T., Sourcebook on Public International Law, 1998,

p. 254-. Sólo podrá hablarse de un Estado soberano cuando

se está ante una “afirmación de poder de la supremacía

dentro de un determinado territorio concretamente traducido

en el ejercicio de las competencias soberanas: legislación,

jurisdicción Y administración” -Canotilho, “Derecho

Constitucional y Teoría de la Constitución”, 1999, p. 1218.

También — Evans, en The transformation of democracy?

Globalisation and territorial democracy, ed McGren, 1997,

Pp. 122, “The fundamental principle of international

relations Ís sovereignty, which includes domestic

A

A y td

29 30

juridictions” (El principio fundamental de las relaciones

internacionales es la soberanía, lo que incluye las

jurisdicciones nacionales).

El Tribunal creado por el Estatuto, en la

categoría a la que se deba adecuar, no se encuentra directa

o indirectamente previsto O admitido por el texto

constitucional y la esfera jurisdiccional que le es

atribuida verá reducir, correlativamente, la dimensión de

soberanía constitucional deferida a los tribunales. Con el

Estatuto, la competencia soberana que es una jurisdicción

constituida resultará necesariamente disminuida, por la

transferencia para el Tribunal de una de sus atribuciones.

No es admisible que la ley o el nombre reservado, sin

previa credencial constitucional, reduzca la esfera de

“competencia soberana”, constitucionalmente conformada, de

órganos expresamente representados como “autoridades que la

Constitución establece.” (se deja constancia que en lo

expuesto en este considerando se sigue la Propuesta de

Resolución N?* 41/V111I, de la Comisión de Asuntos

Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías a la

Asamblea de la República de Portugal, de 6 de diciembre de

2000);

52%. Que, cuando el Constituyente quiso

delegar el ejercicio de una de las funciones por las que se

manifiesta la soberanía, lo dijo expresamente, como es en

el caso de la delegación de la función legislativa en el

Presidente de la República, autorizada por el artículo 6l,

de la Ley Fundamental:

“Artículo 61. El Presidente de la República podrá

solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar

29 30

disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no

superior a un año sobre materias que correspondan al

dominio de la ley.

Esta autorización no podrá extenderse a la

nacionalidad, la ciudadanía, las elecciones ni al

plebiscito, como tampoco a materias comprendidas en las

garantías constitucionales o que deban ser objeto de leyes

orgánicas constitucionales o de quórum calificado.

La autorización no podrá comprender facultades que

afecten a la organización, atribuciones y régimen de los

funcionarios del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del

Tribunal Constitucional ni de la Contraloría General de la

República.

La ley que otorgue la referida autorización señalará

las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y

podrá establecer O determinar las limitaciones,

restricciones y formalidades que se estimen convenientes.

A la Contraloría General de la República corresponderá

tomar razón de estos decretos con fuerza de ley, debiendo

rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la

autorización referida.

Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en

cuanto a su publicación, vigencia y efectos, a las mismas

normas que rigen para la ley”.

Cabe destacar que el Constituyente al permitir la

delegación legislativa, reguló en forma cuidadosa y precisa

todos los aspectos de ella y tan extraordinaria la

consideró que le estableció expresamente un plazo;

53%. Que, si bien el concepto de

soberanía ha evolucionado y no es absoluto como se le

29 30

499 (ect et Za muere

concibió en el siglo XVIII, y prueba de ello es que la

propia Constitución le ha señalado un límite -los derechos

esenciales que emanan de la naturaleza humana-, no es dable

pretender que las funciones por las que se manifiesta el

Poder del Estado puedan ser renunciadas, ya sea a través de

una delegación o cesión no autorizada por el Constituyente;

54%. Que, en las observaciones del

Presidente de la República, se sostiene que “La

jurisdicción y competencia a la C.P.l. nacen, no por

transferencia de ¡potestades propias de la soberanía

nacional de los Estados parte, sino por medio de una

directa atribución que éstos efectúan, en virtud de su

capacidad como sujetos de derecho internacional, mediante

un acto que es propio de la soberanía externa de Cada uno

p— de ellos.” (pág. 60);

55%, Que, esta observación incurre en la

imprecisión de dividir la soberanía, una interna y otra

externa, sin considerar su esencia que es la cualidad del

Poder del Estado y que, en consecuencia, es única;

56%. Que, desde otra perspectiva, el

Presidente de la República, en su respuesta, ha entrado a

distinguir entre jurisdicción interna y jurisdicción

externa O internacional de los tribunales chilenos,

sosteniendo que la prohibición de delegar la soberanía

jurisdiccional sólo alcanza a la primera. Si bien es lícito

hacer la distinción, toda vez que nuestro ordenamiento

permite a los Órganos nacionales extender su ámbito

jurisdiccional a conflictos ocurridos fuera de la

República, el doble alcance que puede tener dicha función

soberana no permite concluir que sólo respecto de la

29 30

interna se encuentra vedada su delegación. La jurisdicción

es una, única y -salvo para fines meramente didácticos-,

conceptualmente indivisible, de manera que el distingo

propuesto, a más de artificioso, no permite arribar a la

conclusión que una sea delegable y la otra no lo sea. No se

divisa otra forma de permitir la propuesta delegación, que

una específica reforma constitucional;

57%. Que, corolario de lo expuesto en

los considerandos precedentes contenidos en los Capítulos

I11, IV y V de esta sentencia, fuerza es concluir que los

artículos 1%; 17, párrafo 1 -letras a), b) y C)-, párrafos

2 y 3; 19, párrafo 1 y 6; 57, párrafo 2, letra a); 61,

párrafo 7; y, 82, párrafo 1, letra a), del nombre reservado que

contiene el Estatuto de Roma, materia de estos autos,

vulnera en su esencia el artículo 5%, inciso primero, de la

Constitución, en concordancia con los artículos 6%, 7% y 73

a 79, de la misma;

58%. Que, en síntesis, el incorporar a

un tribunal de justicia con competencia para resolver

conflictos actualmente sometidos a la jurisdicción chilena,

e incluirlo entre las “autoridades que esta Constitución

establece”, en concordancia con el artículo 74, ya citado,

debe necesariamente ser autorizado por el Constituyente.

En consecuencia, para que la Corte Penal

nombre reservado sea un tribunal establecido para juzgar

delitos cometidos en Chile, debe incorporarse al sistema

interno mediante una adecuación constitucional;

VI. La jerarquía de los tratados.

59%, Que, por la reforma constitucional

de 1989, se modificó el artículo 5% de la Constitución

ZRIB Uy (ap 29

30 300 (Quini Za)

Política, agregando un inciso segundo. Esta disposición

dice:

“El ejercicio de la soberanía reconoce como

limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan

de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado

respetar y promover tales derechos, garantizados por esta

Constitución, así como por Zlos tratados internacionales

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”;

60%. Que, como consecuencia de esta

reforma se ha suscitado una controversia respecto a la

interpretación que debe darse al inciso segundo del

artículo 5%, de la Constitución.

La nueva redacción ha llevado a algunos a

pretender que los tratados sobre derechos humanos tendrían

rango constitucional, de manera que podrían modificar

disposiciones de la Carta Fundamental.

Dada la estrecha relación entre este tema y el

que se analiza en esta Causa, se hace necesario dilucidar

esta controversia, máxime cuando en la fundamentación de

las observaciones formuladas por el Presidente de la

República subyace la idea que el derecho internacional

convencional sobre derechos humanos prevalece sobre la

Constitución;

61%. Que, con anterioridad a la reforma

de 1989, había opinión unánime en el sentido que los

tratados internacionales estaban sujetos al principio de

supremacía constitucional;

62%. Que, en este aspecto, es relevante

recordar que, aunque aparezca obvio, la norma

constitucional reformada no consagró que los tratados

29 30

internacionales sobre derechos esenciales tuvieran una

<t.1B y,

jerarquía igual o superior a la Ley Fundamental;

63%. Que, la historia fidedigna de la

norma corrobora el aserto anterior.

En el Informe de la Comisión Conjunta de la Junta

de Gobierno, de 12 de junio de 1989, se dejó expresa

constancia que:

“En virtud de este número se agrega una oración

final al inciso segundo del artículo 5% de la Constitución,

que dice: “Es deber de los Órganos del Estado respetar y

promover tales derechos, garantizados por esta

Constitución, así como por los tratados internacionales

ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.

Esta disposición reafirma el concepto de que el

Estado está al servicio de la persona humana y que, por

tanto, el ejercicio de la soberanía no puede vulnerar los

derechos esenciales que emanan de su naturaleza. A la

autoridad le corresponde, también, la promoción de los

derechos humanos, los que, emanando de la naturaleza de la

persona, no son establecidos por la Constitución, sino que

ésta se limita a reconocerlos y a describirlos, pudiendo

las leyes y los tratados desarrollarlos sin afectar su

esencia.

En relación con los tratados a que se refiere

esta norma, Cabe señalar que su vigencia no obsta a la

procedencia del recurso de inaplicabilidad por

inconstitucionalidad conforme a las reglas generales.”

Lo anterior nos permite afirmar que no estuvo en

la mente del Constituyente que los tratados no quedaran

sujetos a la supremacía de la Constitución ni menos que su

jerarquía permitiera enmendar normas de la Ley Fundamental,

ya que si así no fuere carece de toda explicación lógica y

jurídica que se hubiere afirmado que era procedente el

recurso de inaplicabilidad de una norma de un tratado por

ser contraria a la Constitución, habida consideración que

dicho recurso reconoce como causa inmediata, precisamente,

la prevalencia de la Constitución sobre la ley o el

tratado.

Comentando este Informe, el profesor Raúl

Bertelsen, en su trabajo “Rango Jurídico de los Tratados

Internacionales en el Derecho Chileno” (Revista Chilena de

Derecho, Vol. 23, N*s. 2 y 3, Tomo I, pág. 219), dice:

“¿Cabe, entonces, alguna duda que las normas de los

tratados internacionales sobre derechos humanos están

subordinadas a la Constitución si pueden ser contrastadas

con los preceptos de ésta para ser declaradas inaplicables?

Nada se innovó en 1989, por consiguiente, en la solución

tradicional chilena sobre la superioridad de las normas

constitucionales sobre las de los tratados

internacionales.” :;

64%. Que, con anterioridad a la reforma

de 1989 este Tribunal, en sentencia de 21 de diciembre de

1987, Rol N”* 46, señaló expresamente que las normas

constitucionales, en el orden interno, prevalecen sobre las

disposiciones contenidas en tratados internacionales;

65%. Que, este criterio fue confirmado

en acuerdo de la Comisión de Constitución, Legislación,

Justicia y Reglamento del Senado, sobre Reforma a la

Constitución Política de la República de 1980, de noviembre

de 2001, en el que se hizo expresa mención al contenido del

29 30

Rol N* 46, antes citado, y expresó:

“En relación a la propuesta referida a tratados

que modifiquen materias reguladas por la Constitución, se

acordó, sin embargo, dejar constancia que la Comisión

confirma el criterio ya definido en un informe evacuado en

el año 1963, en el cual, respondiendo a una consulta de la

Sala (Boletín N* S 139-10), señaló, coincidiendo con lo

sostenido por el Tribunal Constitucional en sentencia de

fecha 21 de diciembre de 1987, que no procede enmendar la

Constitución por la vía de un tratado internacional.”

(págs. 349 y 350);

66%. Que, para la interpretación de la

reforma constitucional en análisis, tiene gran importancia

esta afirmación de la Comisión, pues para determinar el

sentido del artículo 5%, inciso segundo, utiliza el mismo

criterio de un informe del año 1963, y deja constancia, en

esta forma, que la Constitución prevalece sobre los

tratados que se refieran a derechos humanos;

67%, Que, con posterioridad a la reforma

de 1989, este propio Tribunal en sentencia de 4 de agosto

del año 2000, Rol N* 309, señaló que "si un tratado

internacional contiene normas propias de ley orgánica

constitucional, el acuerdo del Congreso para su aprobación

o rechazo exige el quórum establecido por la Constitución

para esa clase de leyes” (considerando 17%).

Si las distintas materias del tratado deben

respetar los quórums de aprobación o rechazo que indica el

artículo 63 de la Constitución Política, resulta que es

indudable la absoluta sujeción de los tratados

internacionales a la Carta Política;

rito

3 29

30 507 (quimicto ole )

68%, Que, sobre el particular, el profesor Lautaro Ríos, señala: “Ninguna constitución contempla el logro automático de la jerarquía

constitucional mediante un simple proceso semántico como el

que se pretende hacer con la oración agregada al inc. 2?

del art. 5% de nuestra Carta, que tiene -—manifiestamente-

otro alcance, como ya vimos. La desmesurada pretensión de

identificar el rango de los tratados internacionales sobre

DD. HH. con la suprema jerarquía normativa de la

Constitución, choca abruptamente con el sistema mixto de

control de constitucionalidad de la ley, tanto preventivo

como represivo, entregados al Tribunal Constitucional y a

la Corte Suprema, según el caso, los que no serían

operables si los tratados sobre DD. HH. tuvieran rango

constitucional per se.

Dicha pretensión también atenta contra el

delicado mecanismo de reforma de la Carta Fundamental,

contenido en un capítulo especial, el Capítulo XIV, y que

se cCaracteriza por su notable rigidez, especialmente

tratándose de la reforma del capítulo relativo a los

derechos y deberes constitucionales, cuya estabilidad y

preservación el constituyente aseguró exigiendo un quórum

reforzado de las dos terceras partes de los diputados y

senadores en ejercicio.

Tanto este quórum especial como los trámites

propios de una ley y de reforma quedarían reemplazados por

el quórum y los trámites de una ley ordinaria que, además,

tendría el efecto de reformar la Constitución si

aceptáramos el rango constitucional de los tratados sobre

DD. HH. y su eventual carácter modificatorio de la

29 30

Constitución.

Una interpretación semejante, para ser armónica

con el resto de la preceptiva constitucional, debiera

haberse plasmado en un texto diferente y debiera haber

venido acompañada de la modificación de los arts. 80, 82,

N* 2, y del Capítulo XIV de la Constitución.” (“Jerarquía

Normativa de los Tratados Internacionales sobre Derechos

Humanos”, en Gaceta Jurídica N* 215, 1998, pág 13);

69%. Que, sostener que los tratados

internacionales. sobre derechos humanos puedan modificar la

Constitución, conduce .a que pierdan eficacia las

disposiciones que permiten el control previo de

constitucionalidad de los tratados (artículo 82, N* 2, de

la Constitución) y el control a posteriori (artículo 80, de

la Constitución) ¿pues que sentido tendrían estos controles

si las normas del tratado sobre derechos humanos tuvieren

el mismo rango jerárquico que la Constitución?:;

702. Que, igualmente quedaría sin

sentido, parcialmente, el Capítulo XIV de la Ley

Fundamental sobre Reforma de la Constitución, si por la vía

de los tratados internacionales sobre derechos humanos se

pudiera enmendar su texto. Llegaríamos al absurdo que

mediante el quórum simple podría modificarse la Carta

Política que exige el quórum de tres quintos o de dos

tercios de los miembros en ejercicio de cada Cámara, según

sea la materia que se reforma;

71%, Que, el sentido que debe darse a la

frase agregada al artículo 5% de la Constitución, es que el

Constituyente quiere dar énfasis a las derechos

fundamentales, señalando que es deber para los órganos del

Ze,1B y, AD Mi o

10 11

29 30

503 (Guimiemts, -

Estado, respetarlos y promoverlos, no sólo los derechos

asegurados en la Constitución, sino que también los

contenidos en tratados internacionales ratificados por

Chile y que se encuentren vigentes;

72%. Que, si aplicamos el criterio de

interpretación de unidad Y coherencia del texto

constitucional, es evidente que el artículo 5%, inciso

segundo, de la Ley Fundamental, no puede analizarse

aisladamente y debe armonizarse con las siguientes

disposiciones constitucionales, lo que nos lleva a hacer

primar las normas fundamentales sobre las de los tratados

internacionales sobre derechos humanos vigentes y

ratificados por Chile;

73%, Que, las disposiciones

constitucionales que llevan a la conclusión anterior son

las siguientes:

El artículo 6%, inciso primero, que consagra el

principio de supremacía constitucional:

“Artículo 6%. Los órganos del Estado deben someter su

acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a

ella.”

El artículo 82, N* 2, que autoriza el control previo

de constitucionalidad de los tratados internacionales,

cuando así lo solicitaren:

“Artículo 82. Son atribuciones del Tribunal

Constitucional:

2%) Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad

que se susciten durante la tramitación de los proyectos de

ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos

a la aprobación del Congreso;”

29 30

El artículo 80, que autoriza el control de

constitucionalidad de determinados preceptos legales, entre

los que deben considerarse los tratados internacionales:

vArtículo 80. La Corte Suprema, de oficio o a petición

de parte, en las materias de que conozca, o que le fueren

sometidas en recurso interpuesto en cualquier gestión que

se siga ante otro tribunal, podrá declarar inaplicable para

esos casos particulares todo precepto legal contrario a la

Constitución. Este recurso podrá deducirse en cualquier

estado de la gestión, pudiendo ordenar la Corte la

suspensión del procedimiento.”

El Capítulo XIV, que señala un procedimiento especial

para la reforma constitucional;

74%, Que, en suma, por lo expuesto y

analizadas las normas constitucionales pertinentes con un

criterio armónico, sistemático y coherente, no es posible

sostener que un tratado que verse sobre derechos esenciales

que emanan de la naturaleza humana enmiende la Constitución

en lo que sea contraria a ella o tenga igual jerarquía. De

este modo, si dicho tratado contiene normas contrarias a la

Carta Fundamental, sólo podrá, válidamente, incorporarse al

ordenamiento jurídico interno, previa reforma

constitucional;

75%, Que, por último, sobre el

particular, cabe destacar lo señalado por el profesor y

tratadista nombre reservado nombre reservado nombre reservado, en su obra “nombre reservado de

Derecho Constitucional”, en que expresó: “En la Comisión

Ortúzar sostuvimos que *.. dentro del ordenamiento jurídico

chileno los tratados constituyen una jerarquía de normas

que están por debajo de la Constitución, pero antes de la

<RIB Up

> paro

24 25

ley común y de todas las demás normas jurídicas que se

dicten dentro del Estado, de manera, entonces, que debe

prevalecer, en el derecho interno, todo el contenido de los

tratados que regularmente se hayan tramitado y siempre que

tal contenido esté dentro de los preceptos

constitucionales”. Basándonos en esta convicción formulamos

la siguiente proposición de norma, que en definitiva no fue

incorporada al anteproyecto: “Los tratados regularmente

aprobados, ratificados y ¡promulgados, prevalecen en el

derecho interno en cuanto sean aplicables y su contenido no

se oponga a los preceptos de esta Constitución.” En seguida

sostuvimos: “que en esta forma queda consagrada la

jerarquía normativa de los tratados, que es inferior a la

de la Carta Fundamental, pero superior a cualquiera otra

norma jurídica, y considera que, en realidad, respecto de

las demás normas jurídicas el tratado no las deroga ni las

modifica, sino que las supera, las hace inaplicables, las

deja sin efecto, las hace caducas, no genéricamente, en

todo su contenido, sino que nada más en función de su

aplicación, en todo cuanto se oponga a sus disposiciones”

(sesión 47*, pags. 14 y 15).

Las afirmaciones anteriores conservan, a mi

juicio, pleno valor, incluso respecto de los tratados sobre

los derechos humanos esenciales. Revisten estos, en efecto,

na fuerza jurídica superior a la de la ley, sin dejar de

éstar comprendidos, desde el punto de vista formal, en el

nivel de ésta, en virtud de que, de acuerdo con la Carta

Fundamental, toda normativa sobre derechos de los

qobernados pertenece a la órbita legislativa. Así, pues,

qun cuando, por su propia índole, los preceptos contenidos

29 30

en los tratados que consideramos recaigan, según ya se ha

anotado, en asuntos de la más diversa naturaleza, Cuando

ellos inciden en lo que se pudiera llamar el “estatuto de

la libertad” consagrado por la Constitución, quedan siempre

evidentemente situados en la categoría formal de la ley y,

ello advirtiendo, una vez más, la circunstancia de que les

acompaña mayor fuerza Jurídica al compararlos con la que

reviste la ley interna común. En síntesis, si tratados y

leyes integran formalmente el mismo rango o jerarquía

normativa, en la aplicación de ambas preceptivas a un caso

concreto tendrá primacía la del tratado sobre el precepto

legal.” (nombre reservado. “nombre reservado de Derecho

Constitucional, Tomo IV. La Constitución de 1980. Bases de

la Institucionalidad. Nacionalidad y Ciudadanía. Justicia

Electoral.” Ed. Jurídica de Chile, 1997, pág. 124);

VII. Otras Inconstitucionalidades.

76%. Que, los requirentes sostienen que,

además de la inconstitucionalidad analizada en los

capítulos precedentes, otras disposiciones del Estatuto son

contrarias a la Constitución Política de la República, por

lo que el nombre reservado, de acuerdo al artículo 50 de la Carta,

antes transcrito, no podría aprobarse, pues no cabe su

modificación o enmienda por el Congreso Nacional.

El rechazo de una disposición del nombre reservado implica

la desaprobación de su totalidad frente a nuestro sistema

constitucional, ya que el Congreso no puede modificar ni

hacer reservas;

77. Que, si bien los requirentes

formularon otras inconstitucionalidades, este Tribunal, en

esta oportunidad, sólo examinará las siguientes:

1) En relación con indultos y amnistiías.

El Estatuto de la Corte Penal nombre reservado señala:

“Artículo 17

Cuestiones de admisibilidad

1. La Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo del

preámbulo y el artículo 1, resolverá la inadmisibilidad de

un asunto cuando:

a) El asunto sea objeto de una investigación 0

enjuiciamiento en el Estado que tiene jurisdicción

sobre él salvo que éste no esté dispuesto a llevar a

cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda

realmente hacerlo.”

Por su parte, el artículo 110 dispone:

“Artículo 110

Examen de una reducción de la pena

1. El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso

antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte.

2. Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se

pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.

3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes

de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua,

la Corte revisará la pena para determinar si ésta puede

reducirse. La revisión no se llevará a cabo antes de

cumplidos esos plazos.

4. Al proceder a la revisión examen con arreglo al párrafo

3, la Corte podrá reducir la pena si considera que

concurren uno o más de los siguientes factores:

a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de

manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus

investigaciones y enjuiciamientos;

29 30

b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la

RIB O AN

ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros

casos, en particular ayudando a ésta en la localización de

los bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes

de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio

de las víctimas; O

c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento

y Prueba que permitan determinar un cambio en las

circunstancias suficientemente claro e importante como para

justificar la reducción de la pena.

5. La Corte, si en su revisión inicial con arreglo al

párrafo 3, determina que no procede reducir la pena,

volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con

arreglo a los criterios indicados en las Reglas de

Procedimiento y Prueba.”;

78%, Que, la Constitución indica

expresamente cuál es la autoridad que puede otorgar los

beneficios del indulto y la amnistía. Al efecto cabe tener

en consideración lo dispuesto por los artículos 32, N* 16 y

60, N”* 16, de la Carta Política.

“Artículo 32. Son atribuciones especiales del

Presidente de la República:

16% Otorgar ¡indultos particulares en los casos y

formas que determine la ley. El indulto será improcedente

en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el

respectivo proceso. Los funcionarios acusados por la Cámara

de Diputados y condenados por el Senado, sólo pueden ser

indultados por el Congreso;”

“Artículo 60. Sólo son materias de ley:

16) Las que concedan indultos generales y amnistías y

506/ Quai o fe A

las que fijen las normas generales con arreglo a las cuales

debe ejercerse la facultad del Presidente de la República

para conceder indultos particulares y pensiones de gracia;

Las leyes que concedan indultos generales y amnistía

requerirán siempre de quórum calificado. No obstante, este

quórum será de las dos terceras partes de los diputados y

senadores en ejercicio cuando se trate de delitos

contemplados en el artículo 9.*”;

79%, Que, los artículos del Estatuto de

nombre reservado transcritos en el considerando 77%, son incompatibles

con las normas constitucionales anteriormente citadas, toda

vez que, de una comparación de los textos transcritos

resulta que el Estatuto infringe claras normas

constitucionales, pues, en esencia, coarta las atribuciones

del Presidente de la República para dictar indultos

particulares, e igualmente priva al órgano legislativo de

su facultad de dictar leyes sobre indultos generales y

amnistías, en relación con los ilícitos contemplados en el

artículo 5% del Estatuto de la Corte Penal nombre reservado.

Este quebrantamiento constitucional se produce en

razón que la Corte Penal nombre reservado podría desconocer en

sus sentencias indultos o amnistías previamente concedidas

por las autoridades nacionales competentes;

80%. Que, la «sentencia del Consejo

Constitucional Francés que declaró que para ratificar la

Convención sobre el Estatuto de la Corte Penal

nombre reservado era necesaria una revisión constitucional,

tuvo en especial consideración que, de acuerdo con el

Estatuto, una causa podía ser sometida válidamente ante la

Corte Penal nombre reservado por la sola circunstancia de la

29 30

aplicación de la ley de amnistía, lo que obligaría a

Francia a entregar a una persona por hechos que estarían

cubiertos por dicha amnistía. En estas circunstancias, se

estimó que se estaría atentando contra las condiciones

esenciales del ejercicio de la soberanía nacional;

81%. Que, el mismo argumento es dable

utilizar tratándose de la aprobación del nombre reservado

por nuestro país, pues los artículos del Estatuto antes

señalados violan claras disposiciones constitucionales y,

en Consecuencia, atentan contra el ejercicio de la

soberanía nacional por el órgano colegislador y por el

Presidente de la República, conculcando el artículo 5”,

inciso primero, de nuestra Ley Fundamental;

2) Fuero parlamentario y prerrogativas de los jueces.

82%, Que, el Estatuto, en el artículo

217, señala:

“Artículo 27

Improcedencia del cargo oficial

1. El presente Estatuto será aplicable por igual a todos

sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En

particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de

Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento,

representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún

caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per

se motivo para reducir la pena.

2. Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales

que conlleve el cargo oficial de una persona, con arreglo

al derecho interno o al derecho internacional, no obstarán

para que la Corte ejerza su competencia sobre ella.”;

RO PA

83%, Que, el artículo 58 de la

4R1B UR 509 (quita pte)

Constitución Política establece, con el doble objetivo de

asegurar la independencia del Congreso y una mayor libertad

de acción a sus miembros, ciertos beneficios, como son la

inviolabilidad y el fuero parlamentario;

84%. Que, el fuero parlamentario está

consagrado en el artículo 58, inciso segundo, de la

Constitución, que dice:

“Ningún diputado o senador, desde el día de su

elección o designación, o desde el de su incorporación,

según el caso, puede ser procesado oO privado de su

libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal

de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no

autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a

formación de causa. De esta resolución podrá apelarse para ht

ante la Corte Suprema.”;

85%, Que, los magistrados de los

tribunales superiores de justicia, los fiscales y los

jueces letrados gozan también de una prerrogativa en

materia penal, que se encuentra indicada en el artículo 78

de la Constitución:

“Artículo 78. Los magistrados de los tribunales

superiores de justicia, los fiscales judiciales y los

jueces letrados que integran el Poder Judicial, no podrán

ser aprehendidos sin orden del tribunal competente, salvo

el caso de crimen o simple delito flagrante y sólo para

ponerlos inmediatamente a disposición del tribunal que debe

conocer del asunto en conformidad a la ley.”;

86%. Que, de acuerdo al artículo 81,

inciso cuarto, de la Constitución Política, de igual

prerrogativa gozan los Ministros del Tribunal

29 30

Constitucional, al hacérseles aplicables las disposiciones

del artículo 78 de la misma Carta. Lo propio ocurre con el

Fiscal Nacional, los fiscales regionales y los fiscales

adjuntos, a quienes por disposición del artículo 80 H,

también les rige el citado artículo 78;

87%. Que, las normas constitucionales

transcritas en los considerandos anteriores deben

confrontarse con el artículo 27 del Estatuto de Roma;

88%. Que, de la sola lectura de ellas,

aparece con nitidez que el fuero parlamentario y las

prerrogativas penales de los magistrados de los tribunales

superiores de justicia, los fiscales judiciales y los

jueces que integran el Poder Judicial y de los Ministros

del Tribunal Constitucional, el Fiscal Nacional, los

fiscales regionales y los fiscales adjuntos quedan sin

efecto porque el Estatuto hace desaparecer este sistema, ya

que prevé un procesamiento directo ante la Corte, lo que

resulta incompatible con las disposiciones constitucionales

precedentemente citadas;

3) Función y atribuciones del Fiscal de la Corte Penal

nombre reservado.

89%. Que, algunas normas del nombre reservado, Como por ejemplo su artículo 54, párrafo 2, en

relación con el artículo 99, párrafo 4, del mismo cuerpo

normativo, otorgan al Fiscal de la Corte Penal

nombre reservado determinadas facultades, entre otras, las de

investigar en el territorio del Estado Parte, reunir y

examinar pruebas, hacer comparecer e ¡interrogar a las

personas objeto de investigación, las víctimas y los

testigos.

Su

29 30

508(quisicta elo)

Estas normas infringen derechamente el artículo

80 A de la Constitución, la que encarga en forma exclusiva

y excluyente al Ministerio Público la dirección de la

investigación de los hechos constitutivos de delito;

VIII. Consideraciones finales.

90%. Que, siguiendo el criterio expuesto

por este Tribunal, en sentencia dictada el 28 de julio de

1998, Rol N* 276, considerando 18%, si se declara la

inconstitucionalidad de determinadas normas de una ley -en

este caso de un tratado-, corresponde declarar la

inconstitucionalidad de todos aquellos cuerpos normativos

ya que éstos, sin las normas excluidas, no pueden subsistir

por sí solos. Allí se dijo y se ha reiterado con

posterioridad por esta Magistratura “Que declarado por el

Tribunal que un determinado artículo de un proyecto es

inconstitucional, igualmente lo son aquellas normas del

mismo que se encuentren tan ligadas con aquél, que por si

solas carezcan de sentido, se tornen inoperantes o, dada la

íntima conexión entre sí, se pueda presumir razonablemente

que los órganos colegisladores no las hubieran aprobado.” ;

91%. Que las innovaciones introducidas

por el Estatuto de la Corte Penal nombre reservado en el

ordenamiento jurídico mundial son de tal entidad, que son

varios los países, que previa a su aprobación y

ratificación han debido reformar sus Constituciones como

único medio de superar las incompatibilidades que surgen

entre dicho Estatuto y estas últimas. A vía de ejemplo,

cabe recordar, entre otros, los siguientes:

- En Francia, el Consejo Constitucional, órgano

constitucional en que se inspiró la Carta Fundamental de

29 30

1980 para consagrar nuestro Tribunal Constitucional, por

decisión N* 98-408 DC, de 22 de enero de 1999, resolvió la

necesidad de reformar la Constitución para aprobar el

Estatuto de nombre reservado por la incompatibilidad que existía entre

determinados aspectos de dicho Estatuto y la Carta Política

Francesa. Por ello es que fue necesario dictar la Ley

Constitucional N* 99-568, de 8 de julio de 1999, por la

cual se incorporó en el Título VI de la Constitución, un

artículo 53-2, redactado en los términos siguientes: "La

República puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal

nombre reservado en las condiciones previstas por el nombre reservado

firmado el 18 de julio de 1998”,

- Por su parte, el Gobierno de Portugal presentó a la

Asamblea de la República la propuesta de Resolución N”

41/VIII “teniendo como fin la aprobación, para

ratificación, del Estatuto de nombre reservado del Tribunal Penal

nombre reservado ..”. En dicha propuesta se contiene el parecer

de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos,

Libertades y Garantías de esa Asamblea. Es interesante, por

la similitud con el caso chileno, transcribir lo expuesto

por dicha Comisión en su párrafo primero del punto 2, que

expresa:

“Aunque la Constitución de la República Portuguesa se puede

describir como una Constitución “amiga del derecho

internacional” (nombre reservado), no lo es hasta el punto de

reconocer, como otras (Holanda y Austria) la supra

constitucionalidad del derecho internacional convencional.”

En vista de la conclusión de dicho “parecer”, de proponer

una reforma constitucional para superar las

incompatibilidades entre el nombre reservado y la Constitución, la

<RIB IM 509 (guivicto emusos)

Asamblea de la República aprobó con fecha 4 de octubre de

2001, modificar la Carta Fundamental, dictándose la Ley

Constitucional respectiva el 12 de diciembre de 2001, la

cual incorporó, en su artículo 7%, un nuevo número 7, que

dispone: “Portugal puede, teniendo en vista la realización

de una Justicia internacional que promueva el respeto de

los derechos de la persona humana y de los pueblos, aceptar

la jurisdicción del Tribunal Penal nombre reservado, en las

condiciones de complementariedad Y demás términos

establecidos en el Estatuto de Roma.”

- Luxemburgo modificó el artículo 118 de su Constitución

para aprobar el Estatuto de la Corte Penal nombre reservado,

por Ley de 8 de agosto de 2000, estableciendo que “Las

disposiciones de la Constitución no serán obstáculo para

aprobar el estatuto de la Corte Penal nombre reservado .. y a

la ejecución de las obligaciones establecidas bajo las

condiciones previstas por este Estatuto”.

- En fin, Irlanda enmendó su Carta Fundamental, mediante la

Vigésima Tercera Enmienda de la Constitución, que entró en

vigencia el 27 de marzo de 2002, adicionando a su artículo

29, una disposición que prescribe: "El Estado puede

ratificar el Estatuto de nombre reservado de la Corte Penal

nombre reservado suscrito en nombre reservado el 17 de julio de 1998,”

-= Varios otros países no necesitaron modificar sus

Constituciones para aprobar la Corte Penal nombre reservado,

pues sus textos autorizaban expresamente la transferencia

de soberanía en estas materias, pudiendo señalarse, a vía

de ejemplo, las de Argentina, Austria, Holanda e Italia;

92%. Que, este criterio que implica que

una jurisdicción supranacional como la Corte Penal

29 30

nombre reservado no pueda integrarse al ordenamiento jurídico

nacional, frente a los claros términos de nuestra

Constitución, y sin entrar al mérito del nombre reservado, no

significa que frente a los crímenes atroces que presenció

la humanidad en el siglo XX, se acepte la impunidad. Por el

contrario, el mundo ve hoy la necesidad de enjuiciar y

sancionar en su caso, esos delitos, pero una jurisdicción

de carácter supranacional debe insertarse dentro del

sistema constitucional nacional procediendo previamente a

modificar el texto de la Constitución;

93%. Que, si se aceptara bajo el texto

actual de la Ley Fundamental Chilena, la Corte Penal

nombre reservado, ello implicaría una violación a normas de

rango constitucional y no se debe olvidar que hoy se acepta

universalmente Que la gran garantía de los derechos

fundamentales es la Constitución -—concepción garantista de

la Constitución-, de manera que la violación de la Carta

Política viene a significar en último término, la

desprotección de los derechos;

94%. Que, si bien es efectivo que esta

nueva concepción de la Constitución, ha dado origen al

Estado Constitucional de Derecho y al reconocimiento de su

fuerza normativa, no es menos cierto que en sus orígenes

históricos estaban las bases de estos principios, como tan

brillantemente lo expuso el juez nombre reservado, en la sentencia

de Marbury versus Madison “o la Constitución es una ley

superior y suprema, inalterable por medios ordinarios; o se

encuentra al mismo nivel que las leyes y, como cualquiera

de ellas, puede reformarse o dejarse sin efecto siempre que

al legislativo le plazca.

510 Quicionta alias)

Si es cierta la primera alternativa, entonces una

ley contraria a la Constitución no es ley; si en cambio es

verdad la segunda, entonces las Constituciones escritas son

absurdos intentos del pueblo para limitar un poder

ilimitable por su naturaleza”.

VISTOS, los artículos 5%, 6%, 7%, 32, N?

16, 60, N* 16, 58, 73, 74, 75, 76, 17, 78, 79, 80, 80 A y

H, 81, inciso cuarto, y 82, de la Constitución Política de

la República, y lo prescrito en los artículos 38 a 45 de la

Ley N* 17,997, Orgánica Constitucional de este Tribunal

Constitucional,

SE RESUELVE: Se acoge la petición de

inconstitucionalidad planteada en el requerimiento de fojas

1 y se declara que el nombre reservado que contiene el Estatuto de

nombre reservado de la Corte Penal nombre reservado, materia de estos

autos, para su aprobación por el Congreso Nacional y su

posterior ratificación por el Presidente de la República,

requiere de reforma constitucional previa.

Se previene que el Presidente, don nombre reservado y el Ministro señor Juan Agustín Figueroa Yávar,

no comparten el considerando 89% de esta sentencia.

Se previene que el Ministro señor Juan Agustín Figueroa Yávar no acepta lo expresado en los considerandos

59% a 73%, ambos inclusive, ya que nadie ha cuestionado la

admisibilidad del requerimiento en cuanto a la potestad de

este Tribunal de revisar la constitucionalidad del nombre reservado

en examen. Ahora, la supremacía de la Constitución sobre

esta última fuente, es una cuestión que surge cuando el

aludido compromiso internacional se incorpora a nuestro

derecho interno, para dilucidar -en tal evento y momento-

29 30

su efecto sobre las normas constitucionales. Dicha cuestión

es enteramente ajena a la situación sub-lite, por lo que no

resulta útil todo aquel desarrollo argumental.

Igualmente, el Ministro señor Figueroa previene que,

como lo han reconocido los requirentes, el nombre reservado

significa un importante avance del Derecho nombre reservado

Humanitario. La concepción que es ahora el hombre, en

cualquier lugar del mundo en que se encuentre, quien debe

ser objeto de específica protección por el Derecho

nombre reservado Humanitario, aun contra Oo sin la voluntad del

Estado que ejerza soberanía sobre él, hace particularmente

necesarias la existencia de estas jurisdicciones. Además,

esta visión superior hará posible el castigo de aquellos

que cometan horrendos crímenes, a los que se refiere el

instrumento internacional analizado, lo que podrá producir

un muy beneficioso efecto disuasivo y ejemplarizador. Pero,

en la necesidad de preservar nuestra Carta Fundamental, es

fuerza concluir que la adopción de esta laudable normativa,

sólo será posible mediante una reforma de aquella.

Se hace constar, frente a esta última prevención del

Ministro señor Juan Agustín Figueroa, que el Presidente,

don nombre reservado, y los Ministros señor Eugenio Valenzuela Somarriva, señora Luz Bulnes Aldunate y señor

Hernán Alvarez García, estiman que los términos de ella se

encuentran enteramente comprendidos en el considerando 922

de esta sentencia.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor

Marcos Libedinsky, quien fue de opinión de rechazar la

petición de inconstitucionalidad formulada en el

requerimiento de fs. 1 y de declarar que el nombre reservado que

<RIB IN 29

30 511 JuimitaÍ pue)

contiene el Estatuto de nombre reservado de la Corte Penal

nombre reservado no requiere de reforma constitucional previa

para su eventual aprobación por el Congreso Nacional y

posterior ratificación por el Presidente de la República,

en mérito de los siguientes fundamentos:

Primero.- Que si bien es efectivo, según se expresa en

el considerando Y91%* del fallo que antecede, que varios

países han optado por reformar sus Constituciones en forma

previa a la aprobación y ratificación del Estatuto de nombre reservado

de la Corte Penal nombre reservado, no es menos cierto que

aparentes obstáculos constitucionales pueden ser salvados

acudiendo a enfoques ¡interpretativos que, estableciendo

límites armoniosos y justos, permitan concluir que existe

plena compatibilidad entre el Estatuto de la mencionada

Corte y las Constituciones de países que se encuentran en

trámite de ratificación del nombre reservado como es el caso de

Chile;

Segundo.- Que tratándose en el presente caso de un

simple voto en contra, que no altera la decisión del

Tribunal, quien lo emite se limitará a dejar constancia de

sus discrepancias en los aspectos que estime de mayor

relevancia constitucional, considerando innecesario abarcar

todos y cada uno de los puntos comprendidos en el

requerimiento de fs. 1;

Tercero.- Que de conformidad con el Estatuto de nombre reservado

la Corte nombre reservado será una institución permanente,

facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas

respecto de los crímenes más graves de trascendencia

internacional y tendrá Carácter complementario de las

jurisdicciones penales nacionales (artículo 1). Los

29 30

crímenes de la competencia de la Corte están enumerados en

el artículo 5 del Estatuto y el carácter de su jurisdicción

complementaria deriva, fundamentalmente, de las cuestiones

de admisibilidad a que se alude en el artículo 17,

encontrándose estas dos últimas disposiciones transcritas

en la sentencia que antecede;

Cuarto.- Que en el presente voto se estima adecuada la

utilización de la palabra "complementaria" por cuanto ella

evidencia que el propósito de la Corte no es sustituir a

las jurisdicciones nacionales sino sólo intervenir cuando

estas últimas no puedan o no quieran ejercer su obligación

de investigar o juzgar a los presuntos responsables de los

delitos contemplados en el Estatuto. A mayor abundamiento,

por la importancia que reviste este principio de la

complementariedad para desestimar las objeciones referentes

a una supuesta "enajenación ¡indebida de la soberanía

nacional", con violación de los artículos 5%, inciso 1%;

6%, inciso 1% y 7%, incisos 1% y 2% de la Constitución

Política, Y otros puntos de supuestas

inconstitucionalidades que ¡invocan los requirentes, se

transcribirá a continuación, en lo pertinente, el Mensaje

del Presidente de la República con que se iniciaron los

trámites legislativos destinados a obtener la aprobación

del Estatuto de Roma;

Quinto.- "El principio de complementariedad. El

funcionamiento de la Corte está basado en el denominado

principio de complementariedad. Dicho principio se

encuentra expresamente mencionado en el párrafo 10 del

Preámbulo y en el artículo 1 del Estatuto. En diversas

disposiciones es posible ver implícitamente recogido este

á AS ES a

R1B A 29

30 5 12 (Quinictis due)

mismo principio.

Este principio determina, en definitiva, las

relaciones de la Corte con los sistemas judiciales

nacionales. De acuerdo con aquél, este Tribunal está

llamado a complementar los referidos sistemas nacionales en

los casos en que ellos no puedan funcionar en un

determinado momento, como consecuencia de situaciones de

disturbios internos graves, o bien en aquellos casos en que

funcionando, no estén en condiciones de administrar una

justicia imparcial e independiente.

La Corte, en consecuencia, no “sustituye a los

tribunales nacionales ni se convierte en una instancia de

apelación de sus resoluciones. Tanto es así, que el

párrafo 6 del antes mencionado Preámbulo, señala que "es

deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra

los responsables de crímenes internacionales". De allí que,

no obstante el establecimiento de la Corte, serán los

sistemas penales nacionales los llamados prioritariamente a

conocer y sancionar las conductas constitutivas de delitos

de competencia de los mismos.

Por consiguiente, en la medida en que el sistema

judicial de un Estado se atenga a las normas

internacionales y sancione real y efectivamente a los

autores de los delitos dentro de su competencia, ésta no

debería inmiscuirse en el funcionamiento de esos tribunales

nacionales ni cuestionar sus procedimientos. Para ese

Estado, la creación del referido Tribunal nombre reservado,

no debería implicar ningún tipo de efecto en el

funcionamiento de sus propios tribunales, salvo tratándose

de solicitudes de asistencia que les pueda dirigir la

29 30

Corte.

La Corte debe declarar si un caso sometido ante ella

es o no admisible, atendiendo a una serie de factores,

entre los cuales puede mencionarse el criterio de la

complementariedad. Así, deberá manifestar ¡inadmisible un

caso ante ella si éste está siendo investigado o juzgado

por un "Estado que tiene jurisdicción sobre él. Igual

declaración deberá formular cuando el caso haya sido

investigado por un Estado con jurisdicción y ese Estado

hubiere decidido no enjuiciar a la persona O personas

acusadas, a menos que esta decisión sea el resultado de una

falta de real voluntad o de capacidad para enjuiciar.

Si por otra parte, la persona acusada hubiere sido

enjuiciada en relación con la materia que es objeto de la

demanda y el procedimiento ante la Corte no resulta

procedente, en razón del principio "non bis in idem",

deberá declarar el caso inadmisible. Sobre este particular,

cabe señalar que no siempre que haya habido un juicio

previo a nivel de un Estado, la Corte deberá inhibirse de

conocer nuevamente. En efecto, tal como lo dispone el

Artículo 20.3, ésta no enjuiciará a nadie que haya sido

encausado por otro tribunal, a menos que el proceso en ese

otro tribunal: a) Obedeciere al propósito de sustraer al

acusado de su responsabilidad por crímenes de la

competencia de la Corte, o b) No hubiere sido instruido en

forma independiente o imparcial, de conformidad con las

debidas garantías procesales reconocidas por el derecho

internacional, o lo hubiere sido de alguna manera que en

las circunstancias del caso, fuere ¡incompatible con la

intención de someter a la persona a la acción de la

ALT /

10 11

justicia.

La admisibilidad o la jurisdicción de la Corte pueden

ser cuestionadas, ya sea por el acusado o por la persona a

que se ha requerido a comparecer ante ésta, de acuerdo con

el Artículo 58. Igualmente, puede hacer esta impugnación el

Estado que tiene jurisdicción, señalando que está

investigando o juzgando o lo ha investigado o procesado. En

los procedimientos sobre jurisdicción o admisibilidad,

también pueden formular observaciones aquellos que pueden

someter un caso ante la Corte, como son los Estados o el

Consejo de Seguridad";

Sexto.- Que, por lo expuesto, debe concluirse que el

principio de la complementariedad consagrado en el Estatuto

de nombre reservado configura una garantía de la primacía de nuestro

sistema Jurisdiccional, que sólo posibilitará la actuación

de la Corte Penal nombre reservado en aquellas situaciones en

que este sistema no haya actuado o lo haya hecho sólo de un

modo ficticio o simulado. No se afecta, en consecuencia, el

principio básico de la soberanía del Estado chileno en

orden a que sus tribunales, de modo primario, conozcan las

causas civiles y criminales que se promuevan dentro del

territorio de la República, las juzguen y hagan ejecutar lo

juzgado. En efecto, ya en el párrafo décimo del preámbulo

del Estatuto se destaca que la Corte Penal nombre reservado

"será complementaria de las jurisdicciones nacionales",

afirmación que se repite en su artículo 1, ya transcrito en

el fundamento tercero de este voto.

El mismo preámbulo, en su párrafo sexto, recuerda "que

es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal

contra los responsables de crímenes internacionales" y, en

29 30

su párrafo cuarto afirma "que los crímenes más graves de

trascendencia ¡para la comunidad internacional en su

conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay

que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la

cooperación internacional para asegurar que sean

efectivamente sometidos a la acción de la justicia".

Todo lo anterior contribuye a corroborar lo ya

manifestado en el sentido de que la Corte Penal

nombre reservado intervendrá sólo de modo subsidiario, cuando

los Estado no lo hagan, incumpliendo la obligación de

castigar, a través de sus respectivos tribunales, los

crímenes enumerados en el artículo 5 y tipificados en los

artículos 6 a 8 del Estatuto.

Séptimo.- Que resguardan, asimismo, la intervención

preferente de los tribunales nacionales los artículos 17 a

19 que vedan, en principio, el ejercicio de la jurisdicción

por la Corte cuando ésta ya hubiese sido puesta en

movimiento por aquéllos. Los mencionados preceptos

establecen la obligación de la Corte de cerciorarse de ser

competente en todas las causas que le sean sometidas,

pudiendo de oficio declarar su incompetencia o

inadmisibilidad (artículo 19.1), la que deberá resolver

teniendo en cuenta: "el décimo párrafo del preámbulo y el

artículo 1" (artículo 17.1) esto es, su calidad de

complementaria de las jurisdicciones nacionales. Cabe

observar que este mismo artículo 17 establece una suerte de

presunción de inadmisibilidad o incompetencia, que se

desvirtúa sólo cuando concurren las circunstancias

enunciadas en su N* 2 bajo las letras a), b) y oc).

Obviamente, y de acuerdo al principio procesal que otorga

Y 29

30 atribuciones a todo tribunal para decidir acerca de su

propia competencia, será la propia Corte la que decidirá al

respecto, en una resolución que puede ser objeto de impugnaciones.

Octavo.- Que, ahora bien, nuestra Constitución

Política no se colocó en el supuesto de que los tribunales

de justicia nacionales no pudieran o no quisieran ejercer

su jurisdicción penal castigando los crímenes mas graves de

trascendencia para la comunidad internacional permitiendo,

de este modo, su impunidad. En estas condiciones, y donde

nada se ha dicho, no resulta posible investigar la voluntad

real del constituyente, sino que hay que buscar su voluntad

supuesta O ficta acudiendo, si es del caso, al contenido de

otros preceptos constitucionales.

Un tratadista ha explicado que "un Tribunal de Justicia constitucional, en su actuación, no sólo debe

ejecutar técnica jurídica, sino también tener en cuenta, en

los límites de los principios constitucionales, las

corrientes de opinión, las transformaciones y la evolución

sociales; y debe considerar la realidad social a fin de que

el texto de la Constitución no obstaculice los cambios

requeridos por el desarrollo y el progreso del país..". En

apoyo de esta opinión se recurre a dos citas: "la de

Panchaud, para quien un órgano de justicia constitucional

debe ser, en el cumplimiento de su misión, lo bastante

flexible para atender a la evolución del país y lo

suficientemente firme para mantener los principios

esenciales". También cita al jurista norteamericano Beck,

que expresa que "la interpretación verdadera de la

Constitución se logra cuando se considera a ésta, no como

29 30

el ancla que mantiene quieto el barco, sino como las velas

que impulsan su navegación". (Segundo Linares nombre reservado.

nombre reservado de Interpretación Constitucional. Abeledo-Perrot.

Pg. 510);

Noveno.- Que, como es sabido, el inciso 2? del

artículo 5% de la Constitución Política establece que: "El

ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el

respeto a los derechos esenciales que emanan de la

naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado

respetar y promover tales derechos, garantizados por esta

Constitución, así como por los tratados internacionales

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes."

¿Frente al tenor categórico de esta cláusula podría el

intérprete sostener que son contrarias a la Constitución

disposiciones contenidas en el nombre reservado que

posibilitan la intervención de una Corte Penal

nombre reservado que permita el castigo efectivo de quienes

han atropellado "derechos esenciales que emanan de la

naturaleza humana"? ¿En otras palabras, es concebible que

la Constitución, por una parte, imponga a todos los órganos

del Estado el deber de respetar y promover los derechos

esenciales que emanan de la naturaleza humana y, por otro

lado, ella misma considere que mecanismos dirigidos,

inequívocamente, a cumplir su mandato y obtener el respeto

que ella exige, sean declarados inconstitucionales?

Décimo.- Que, por otra parte, para desestimar

pretendidas inconstitucionalidades . alegadas en el

requerimiento fundadas en que la Corte Penal nombre reservado

se establecería por "tratado" y no por "ley", como lo exige

el artículo 73 de la Constitución Política; y que

2 01R-7;

29 30

SR

igualmente por ley, y en este caso orgánica constitucional,

debe determinarse la organización y atribuciones de los

tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida

administración de Justicia en todo el territorio de la

República, así como las Calidades que deben tener los

jueces; Y, finalmente, que la mencionada Corte se

encontraría sustraída a la superintendencia directiva,

correccional y económica de la Corte Suprema, con

infracción a lo dispuesto en el artículo 79 de la Carta

Fundamental, basta considerar lo expuesto en el fundamento

75% del fallo que antecede y tener en cuenta, además, que

las disposiciones contenidas en el capítulo VI, artículos

73 al 80 de la Constitución Política, forman parte del

Derecho Público Interno pero no del Derecho nombre reservado.

Esas reglas están dirigidas a tribunales chilenos, pero no

puede pretenderse que se hagan extensivas también a

tribunales extranjeros o Internacionales;

Undécimo.- Que por lo demás cabe precisar que, como lo

señala un conocido tratadista, "el requisito de legalidad

como base de la jurisdicción se cumple cabalmente siempre

que de modo explícito la letra de un precepto de rango y

jerarquía legal señale, en términos expresos y directos,

cuál es el órgano llamado a desempeñar la función de

carácter judicial que le encomiende".

"Por lo dicho, la única autoridad que puede crear

tribunales con Carácter permanente es la ley. Ningún tipo

de normas de derecho de jJerargquía inferior (reglamentos,

decretos, etc.) pueden dar origen a tribunales" (nombre reservado

nombre reservado nombre reservado. nombre reservado de Derecho Constitucional. Tomo

VIII. Pg. 64).

29 30

Según puede advertirse lo que se encuentra vedado es

la creación de tribunales por norma de "rango y jerarquía"

inferior a la legal. Pues bien, sin necesidad de adentrarse

en el debatido problema acerca de cuál es el rango y

jerarquía que corresponde a los Tratados Internacionales en

nuestro derecho interno, en particular, los que versan

sobre derechos humanos, toda vez que existen opiniones que

les asignan un rango supraconstitucional, o constitucional,

o inferior a la Constitución pero superior a las leyes y a

otras disposiciones de derecho interno, lo cierto es que

ningún autor que se haya preocupado de este punto asigna a

los tratados un rango o jerarquía inferior al de la ley.

Nos remitimos, nuevamente, a la cita contenida en el

considerando 75% de la sentencia que antecede.

Duodécimo.- Que, en último término, el autor de este

voto no comparte lo sostenido en la sentencia que precede,

en el sentido de que "el fuero parlamentario y las

prerrogativas penales de los jueces y de los Ministros del

Tribunal Constitucional, quedan sin efecto porque el

Estatuto hace desaparecer este sistema, ya que prevé una

responsabilidad directa ante la Corte, lo que sería

incompatible con las disposiciones constitucionales" (alude

a los artículos 58, inciso 2%; 78 y 81, inciso 4% de la

Constitución).

Al respecto es conveniente tener en consideración lo

que manifiesta nombre reservado en un trabajo titulado

"Cuestiones de alcance constitucional en la ratificación

del Estatuto de nombre reservado": "También podrían considerarse como

prerrogativas formales las inmunidades de que gozan

normalmente los parlamentarios durante su mandato, de modo

<R1B UN 29

30 516 (quiro, dieciots

que no pueden ser detenidos salvo en caso de flagrante

delito, ni inculpados o procesados sin la previa

autorización del Parlamento. Aunque el rigor en. la

confrontación de tales previsiones constitucionales con las

del Estatuto de nombre reservado es susceptible de matices

diferenciales en Cada Estado -y consiguientemente puede

conducir aa la adopción en cada uno de posiciones

diferentes-, pueden estimarse razonables determinados

argumentos para conciliar ambas normas, así: a) el carácter

funcional y no personal de las referidas inmunidades; b) su

fundamento histórico-institucional en la doctrina de la

división de poderes dentro del Estado nacional,

particularmente para prevenir ¡injerencias espurias del

Ejecutivo en el Legislativo; Cc) la limitación de su

observancia, pues, a las autoridades estatales y la falta

de justificación de su oponibilidad a un Tribunal

nombre reservado al que se han cedido competencias

jurisdiccionales, y d) si es posible levantar la inmunidad

mediante la concesión de la autorización parlamentaria en

realidad no existe confrontación radical con el Estatuto

de nombre reservado (sino que, en su caso, el cumplimiento de éste

exigiría tal concesión) .". "Un argumento de cierre respecto

del tema que venimos tratando consistiría en considerar que

la comisión de alguno de los crímenes que tipifica el

Estatuto -y no hay que olvidar que los tipifica para salvar

los bienes Jurídicos más elementales, que deben estar

asimismo tutelados por toda Constitución digna de tal

nombre- sin que existiera una reacción de los mecanismos

constitucionales del propio Estado para reprimirlos

supondría de hecho la quiebra o colapso del orden

constitucional, de todo el orden constitucional, inclusive

de las prerrogativas e inmunidades que establece con un

carácter funcional". (Internet www.iccnow.org.):

Decimotercero.- Que, en conclusión, por las razones

expresadas, el autor de este voto opina que el nombre reservado que

contiene el Estatuto de nombre reservado de la Corte Penal

nombre reservado no consigna disposiciones contrarias a

preceptos de la Constitución Política de la República.

Redactó la sentencia la Ministro señora Luz Bulnes Aldunate.

F Redactó la disidencia ql Mini o Marcos Libedinsky Tschorne.

Comuníquese, regístrese y fgrchívesel

Rol N%* 346.- |

<RIB ID Ó

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constituc

ional,

integrado por su Presidente don nombre reservado,

Y

Lo

los Ministros señor Eugenio Valenzuela Somarriva,

señora

Luz Bulnes Aldunate, señores Hernán Alvarez García,

Juan Agustín Figueroa Yávar y Marcos Libedinsky Tschorne.

Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional

, don

nombre reservado. A

1 Y

Santiago, 8 de abril de 2002.

OFICIO N* 1.731.-

EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:

Tengo Ñ honor de remitir a V. E. copia autorizada de la sentencia dictada el día de hoy, por este Tribunal, en lo antecedentes Rol N* 346, relativos al requerimiento prmuladd en contra del nombre reservado que créh la Corlte Penal nombre reservado.

Dios pharde alW. E.

JU: COL QMBO

nombre reservado LARBATN-ERUZ

Secretario

provea nat

AS. E.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DON RICARDO LAGOS ESCOBAR PRESENTE

Santiago, 8 de abril de 2002.

OFICIO N* 1.732.-

EXCELENTISIMA SEÑORA PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS:

Tengo el honor de remitir a V. E.

copia autorizada de Ja séntencia dictada por este

Tribunal, en los antecekdenteas Rol N* 346, relativos al

requerimiento formulado a contra del nombre reservado que crea lh Corfte Penal nombre reservado.

nombre reservado

Secretario AA A LA SEÑORA A PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS AN o DOÑA nombre reservado

nombre reservado

Santiago, 8 de abril de 2002.

OFICIO N* 1.733.-

EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL SENADO:

Tengo el honor de remitir a V. E, copia autorizada de la sentencia dictada por este Tribunal, en los antécedentes Rol N?* 346, relativos al Lo |

nombre reservado que creH la Cohltte Penal nombre reservado.

requerimiento formu en contra del nombre reservado

Á [5]

Dios apprde a

nombre reservado LARRAFN- nombre reservado

Secretario

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL SENADO

DON ANDRES ZALDIVAR LARRAIN PRESENTE

Santiago, 8 de abril de 2002.

OFICIO N* 1.734.-

SEÑORES DIPUTADOS:

Tengo el honor de remitir a USS.

copia autorizada de la sentencia dictada el día de hoy, por este Tribunal, en los antecedentes Rol N* 346, relativos al requerimiento formulado en contra del nombre reservado que crea la Corte Penal

nombre reservado.

Dios gupglrde a V$sS.

AN| ¡COLO Presidente

ro nombre reservado

Secretario

A LOS SEÑORES DIPUTADOS

GONZALO IBAÑEZ SANTA MARIA Y MAXIMIANO ERRAZURIZ EGUIGUREN | — /)

nombre reservado Ue,

Z34SM5 / 3 deal de 20072