Inaplicabilidad de Precepto Legal

Santiago, cuatro de septiembre de dos mil dieciocho.

A fojas 534, a sus antecedentes VISTOS:

Con fecha de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, nombre reservado

nombre reservado en representación convencional de Congarantía S.A.G.R. ha solicitado la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso noveno, del artículo 12 de la Ley N*20.179, que establece un marco legal para la constitución y operación de sociedades de garantías recíprocas.

Preceptiva legal cuestionada.

La preceptiva legal cuya aplicación se impugna dispone:

“Artículo 12: La entidad podrá oponerse, dentro del plazo de cinco dias. Su oposición se tramitará como incidente y sólo será admisible cuando se funde en alguna de las siguientes excepciones: 1) Pago de deuda; 2) Prescripción; 3) No empecer el título al ejecutado. En ésta, no podrá discutirse la existencia de la obligación, y 4) Concesión de prórroga o esperas”.

Gestión pendiente.

La gestión judicial invocada como gestión pendiente es un recurso de casación en el fondo que deberá conocer la Excma. Corte Suprema, ingresado ante la lltma. Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha nueve de enero de dos mil diecisiete, bajo el rol N*%7371-2016, que incide en los autos caratulados “Servicio de Vivienda y Urbanización Región del Libertador Bernardo O'Higgins con Congarantia S.A.G.R.” del 16% Juzgado Civil de Santiago, Rol N*%19.465-2015.

Antecedentes de hecho.

La requirente señala que el proyecto de la Ley N*20.179 sometido a consideración del Congreso, entre los objetivos de este, eran: establecer nuevos instrumentos de fomento a la asociatividad empresarial cuya finalidad corresponda a la implementación de mecanismos concretos de apoyo a sus actividades en materia de financiamiento y garantía; autorizar el establecimiento de Sociedades de Garantía Recíproca entre empresarios de diversa naturaleza, a través de los cuales puedan administrar de manera más flexible las garantías con que cuentan para caucionar sus obligaciones; establecer un nuevo sistema de cauciones, que permita tanto a los empresarios accionistas de las Sociedades de Garantía Recíproca como a los acreedores de las mismas, mecanismos expeditos de constitución y de cobro, y adicionalmente, de división, transferencia y alzamiento o cancelación de las cauciones rendidas o recibidas; adicionalmente, establecer un nuevo instrumento de inversiones para aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con excedentes de recursos financieros, o que deseen colaborar con estas iniciativas.

Las Instituciones de Garantía Recíproca (en adelante IGR), pueden garantizar obligaciones de dar, hacer o no hacer en las cuales el beneficiario sea deudor principal y cuyo origen debe encontrarse dentro del giro de las actividades de éste.

Es tal que el Boletín legislativo N%.627-0320 determina que las obligaciones que afíance la IGR pueden provenir de: operaciones de crédito de dinero u otras modalidades de financiamiento, que los beneficiarios adquieran o realicen con Bancos y otras instituciones financieras u otras entidades públicas o privadas que dicha Superintendencia autorice; saldos de precio por compra de bienes o inmuebles; operaciones de leasing, cuando este importe un servicio de financiamiento; contratos o actos jurídicos mediante los cuales el beneficiario se comprometa al cumplimiento de obligaciones derivadas de los mismos; emisión de valores de oferta pública que efectúe el beneficiario, de conformidad con disposiciones respectivas de la Ley N*18.045 de nombre reservado; y actos y contratos, mediante los cuales el beneficiario transfiera créditos que posea contra terceros, adquiridos en el ejercicio de sus actividades empresariales, productivas, profesionales o comerciales y de los cuales deriven obligaciones subsidiarias o solidarias.

A grandes rasgos, la mecánica del funcionamiento de las IGR tiene la siguiente descripción: los socios o clientes de una IGR que desean obtener un crédito de una institución financiera otorgan a la primera una o más Garantías, las cuales se denominan Contragarantías, a cambio de las cuales reciben de la IGR un Certificado de Fianza, el cual constituye a la IGR en fiadora del crédito solicitado por el socio al banco o Institución financiera correspondiente. Los socios de una Sociedad de Garantía Recíproca podrán otorgar garantías a ésta (las “contragarantías”) con cargo a las cuales la sociedad afianzará las obligaciones de uno de sus beneficiarios, la Sociedad de Garantía Recíproca suscribirá con el accionista un "Contrato de Garantía Recíproca” y extenderá un “Certificado de Garantia”, que tendrá mérito ejecutivo para su cobro, Frente al incumplimiento del deudor, la Sociedad de Garantía Recíproca, en su calidad de fiadora, deberá asumir la deuda ante el acreedor respectivo. Además, deberá accionar en contra del referido deudor, con el fin de hacer efectivas las contragarantías que éste hubiere otorgado a la sociedad. La sociedad podrá por su parte afianzar diversas obligaciones del deudor y ante uno o varios acreedores, aun cuando el bien entregado en garantía sea uno. En otros términos, para efectos de caucionar las obligaciones de uno de sus socios la Sociedad deberá atender únicamente al valor del o los bienes que garantizan la fianza.

La Institución de Garantía Recíproca extinguirá su obligación para con el tercero acreedor en virtud de los siguientes modos de extinguir que la Ley N*%20.179 señala en su artículo 15: -"El pago de la obligación principal caucionada. - Modificación o novación de la obligación principal, sin intervención y consentimiento de la entidad. — Las cusas de extinción de las obligaciones en general y las obligaciones accesorias en particular”.

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Con SAGR, es una entidad que comenzó como una cooperativa de Garantía Recíproca que ha sido creada conforme lo dispone la ley N*20.179, y luego se transformó en Sociedad Anónima de Garantía Recíproca.

Al emitir el certificado de fianza o en este caso “Certificado de Garantia Técnica”, actúa como un verdadero fiador legal, con características especiales de no poder oponer beneficio de excusión o someterse a un cobro de naturaleza ejecutiva cuando el beneficio con su fianza no cumple con las obligaciones pactadas con el acreedor.

Antecedentes de derecho.

La parte requirente señala como infringidas las garantias constitucionales de igualdad ante la ley (art. 19, N*2), igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos (art. 19, N*%3), y derecho de propiedad (art. 19, N*24), fundando a grandes rasgos en las circunstancias que la restricción a las excepciones que pueden oponerse en un juicio ejecutivo, como el que establece la Ley N*%20.179 pugnan con el derecho a defensa, y no respetarian el estándar mínimo de racionalidad y justicia establecido por el constituyente.

Además, invoca que no existiría justificación razonable en la restricción de excepciones de la Ley N*20179, por lo cual se configuraria un trato desigual y discriminatorio que afectaría el derecho de defensa del demandado en un juicio de naturaleza ejecutiva (art. 19, N*3).

Por último, invoca el derecho de propiedad (art. 19, N“24), al restringirse las excepciones, generando una obligación pecuniaria que no podría ser asumida por la parte requirente, y que carecería de causa y oportunidad para su cobro, circunstancia adosada a que la obligación principal no existiría, no estaría vigente o se habria extinguido.

Por su lado, la requerida, en este caso el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, objeta los argumentos de la actora constitucional, de manera resumida en lo siguiente: En primer lugar, no existe vulneración de la igualdad ante la ley puesto que el constituyente estableció expresamente la posibilidad de diferenciar y dar un trato desigual, en la medida que sea proporcional, racional, justo y no arbitrario, circunstancia especifica que corresponde al estatuto regulatorio especial que fija el artículo 12 de la Ley N*%20.179, Cuya finalidad obedece a establecer presupuestos objetivos, proporcionados y necesarios para la consecución de los fines y misión de la norma.

En relación en concreto al procedimiento contemplado en el precepto observado, el establecer excepciones a la ejecución, resulta racional y justo y no produce indefensión el hecho que no se permita discutir la existencia de la obligación, en la medida que la finalidad de que la Institución de Garantía Recíproca (IGR), cumple con el rol del afianzamiento de obligaciones contraídas para con

terceros, las cuales se encuentran determinadas por instrumentos administrativos validos, no impugnados y que gozan de una presunción general de legalidad.

Por Último, en cuanto al derecho de propiedad la lógica de la norma cuestionada, consiste en el cobro de prestaciones que no afectan en modo alguno en relación con el incremento del patrimonio de la ejecutada, sino más bien corresponden a prestaciones incumplidas y que no puede hacerse cargo el ejecutante en esta sede de la subrogación en los derechos del acreedor, sino muy por el contrario, esa materia es propia del recurso de casación en el fondo, el cual constituye la gestión pendiente referida en estos autos al deducirse por la requirente en las excepciones de fondo que son la eficacia del título ejecutivo, la prescripción y el no empecerle el título respectivo.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Oue, traídos los autos en relación, y luego de verificarse la vista de la causa, se procedió a votar el acuerdo respectivo, obteniéndose el resultado U p U que a continuación se enuncia:

Los Ministros señor Iván Aróstica Maldonado (Presidente), señoras Marisol Peña Torres y María Luisa Brahm Barril y señores Cristián Letelier Aguilar y José Ignacio Vásquez, estuvieron por acoger la acción deducida a fojas 1.

Por su parte, los Ministros señores Carlos Carmona Santander, Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza, Juan José Romero Guzmán y Nelson Pozo Silva, estuvieron por rechazar el requerimiento de fojas 1;

SEGUNDO: Que, en esas condiciones, se ha producido empate de votos, con lo cual, atendido el quorum exigido por el artículo 93, inciso primero, N*6, de la Carta Fundamental para acoger un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y teniendo en cuenta, de la misma forma, que por mandato del literal g) del artículo 8? de la Ley N*17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, el voto del Presidente de esta Magistratura no dirime un empate, como el ocurrido en el caso sub-lite, y, no habiéndose alcanzado la mayoría para acoger el presente requerimiento de inaplicabilidad, éste deberá ser necesariamente desestimado;

TERCERO: Que los fundamentos de cada voto son los que se indican a continuación:

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1. VOTO POR RECHAZAR EL REQUERIMIENTO

Los Ministros señores Carlos Carmona Santander, Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza, Juan José Romero Guzmán y Nelson Pozo Silva estuvieron por rechazar el requerimiento, por las siguientes razones:

L- CONFLICTO DE CONSTITUCIONALIDAD.

2- Que el conflicto de constitucionalidad a dilucidar consiste en establecer la vulneración de la igualdad ante la ley, invocando para tal efecto el derecho a defensa y el respeto de un mínimo de racionalidad y justicia que establece el constituyente; la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, invocándose ausencia de justificación al restringir las excepciones la Ley N*20.179, por generar un trato desigual y discriminatorio y, por Último, la producción de una verdadera obligación pecuniaria que no puede ser asumida por la actora constitucional, por carecer esta de causa y oportunidad para el cobro, al no existir una obligación principal que la sustente;

M.- IGUALDAD ANTE LA LEY.

2- Que es doctrina asentada de este Tribunal sobre el principio de igualdad “que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes. No se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo. La igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición“(STC Rol N*%1254,C.469);

3- Oue esta Magistratura ha fallado que para efectos "de dilucidar si, en el conflicto que se ha planteado, se produce una infracción al derecho a la igualdad ante la ley, es necesario determinar, en primer lugar, si realmente estamos frente a una discriminación o diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar para, “luego, examinar si tal diferencia tiene el carácter de arbitraria importando una transgresión a la Carta Fundamental” (STC Rol N%1340 y en el mismo sentido, entre otras, STC Roles Nos. 790, 825, 829);

4 Que, además, en la presente causa no se infiere diferencia de trato respecto del requirente con otras personas o sujetos que se encuentren en una condición similar. Como ya se afirmó, toda sociedad o persona que se encuentre en la misma posición jurídica que la solicitante estará obligada, en principio, al pago de una deuda con el Fisco, y corresponderá previo inicio en sede administrativa de carácter jurisdiccional y completa a posteriori por los tribunales ordinarios desarrollar y finiquitar la ejecución;

5- Oue en el caso de autos la objeción de mérito se funda en que la requirente dedujo en contra del respectivo mandamiento de ejecución y embargo las excepciones de improcedencia de la demanda ejecutiva por no configurarse un título ejecutivo, esto es un título que tuviera merito ejecutivo, además, de invocar la

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prescripción y el no empecerle el título ejecutado, todos los cuales fueron rechazados con costas, en razón de lo previsto en el articulo 12 de la Ley N*29.179, precepto que dispone que en la fase de ejecución “no podrá discutirse la existencia de la obligación”.

En contra de lo resuelto por el tribunal de primer grado la ejecutada deduce recurso de apelación, el cual fue rechazado por la lltma. Corte de Apelaciones de Santiago. A su vez, contra dicho laudo de segunda instancia, la requirente interpuso recurso de casación en el fondo, elemento constitutivo de la gestión pendiente de autos;

6- Que la argumentación desplegada por la actora no atenta contra la garantía invocada debido a que el constituyente establece la posibilidad de diferenciar y de dar un trato desigual, siempre que éste sea proporcional, racional, justo y no arbitrario, sin perjuicio que los presupuestos objetivos, proporcionados y necesarios para la consecución de los fines propios de la ejecución no se vieren afectados;

IlI.- IGUAL PROTECCIÓN EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

7- Que la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, asegurada por el artículo 19, N%3?, inciso primero constitucional, no significa que todos los intervinientes en la persecución ... gocen de un estatuto igualitario en cada una de sus fases. El mismo articulo 19, N%3?, de la Carta Fundamental, identifica materias en que distintos intervinientes tienen garantias diferenciadas: derecho a defensa, derecho a la debida intervención de letrado, derecho a asesoramiento y defensa jurídica, derecho a no ser juzgado por comisiones especiales. Como se verá, la obligación del legislador de asegurar un procedimiento racional y justo y una investigación racional y justa no está asociada a la creación de un estatuto igualitario para todos quienes participan en la persecución y proceso (STC 2510 c.

1);

8- Que, adicionalmente, cabe tener presente que el procedimiento contemplado en la Ley N*20.179, que faculta la oposición de excepciones a la ejecución, cumple con los parámetros de racionalidad y justicia, no existiendo ni indefensión y estatuyendo no controvertir la existencia de la obligación misma, en tanto que la finalidad de las IGR son correspondientes con un sistema de afianzamiento de obligaciones contraídas con terceros, los cuales se encuentran determinados por instrumentos administrativos válidos, no controvertidos y en cuyo favor opera la presunción de legalidad;

9- Que en los autos de esta Magistratura STC N*3005-16, en su considerando 5” del voto de minoría se señaló: "Que, como ha sentenciado la Corte Suprema, en autos Rol N*6.362-05,*...el título ejecutivo es aquel documento que da cuenta de un derecho indubitable, a! cual la ley le atribuye la suficiencia necesaria para exigir el cumplimiento forzado de la obligación en él contenida. Dicho mérito ejecutivo lo es en atención al carácter de autenticidad que ellos revisten, por tal razón sólo la ley puede crear títulos ejecutivos y establecer sus requisitos; elementos que miran no sólo al interés personal de los contratantes, sino también al interés público que existe en reservar el procedimiento ejecutivo a aquellos asuntos en que se persiga el cumplimiento de obligaciones cuya existencia y exigibilidad se haya reconocido o declarado por algún medio legal.El título ejecutivo presenta una naturaleza análoga a la de una prueba privilegiada...(e)s por esto, que el legislador ha circunscrito las posibilidades de defensa de la persona contra quien se invoca”(c.6),

De esta forma el título que funda la gestión pendiente es un instrumento público que hace plena prueba, respecto de su fecha y del hecho de haberse otorgado y respecto a las partes — trabajador y empleador — de la existencia de una determinada obligación laboral, originada en el reconocimiento de ésta por parte del empleador, obligación que reúne los caracteres de liquida y actualmente exigible que autoriza su cobro compulsivo. Aún más, el juez del fondo ya se pronunció sobre la validez del título ejecutivo, de suerte tal que los preceptos impugnados de declararse inaplicables no surtirán los efectos pretendidos por la requirente”;

10- Que resulta innegable que el constituyente doto de autonomía al legislador para establecer procedimientos ejecutivos atendiendo la naturaleza del tipo de crédito, lo cual obedecía a la política legislativa a la cual se incorporaba al ordenamiento jurídico procedimientos diversos según el tipo de crédito de que se tratase, en tanto se estableciere una diferencia que responde a una motivación racional y no arbitraria;

11- Que siendo el legislador soberano para establecer las excepciones y su procedencia, en un sistema de numerus apertus, como se expresa en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil o numerus clausus, como lo ha establecido la reforma de los procedimientos laborales y de cobranza laboral (Ley N*20.087), atendiendo las necesidades propias de la naturaleza de los distintos procedimientos, sin más restricción del respeto a las garantías constitucionales, especialmente al derecho a un juzgamiento justo y equitativo. El motivo de esta determinación por parte del legislador era terminar con el problema de la lentitud en la tramitación de los procesos, como asimismo evitar el exceso de excepciones dilatorias impertinentes e innecesarias, cuya razón de ser era más bien propia del juicio ordinario declarativo;

12- Que el respeto del principio del debido proceso, no implica una enumeración lata, sino más bien implica respetar los principios de la bilateralidad de la audiencia, el principio de contradicción, el derecho a la acción y a formular defensas y de rendir y controvertir la prueba, de forma que atendida la naturaleza de la acción sobre la cual cae el cuestionamiento constitucional en autos, no resulta atingente invocarlo como vulneratorio de la garantía de la igual protección en el ejercicio de los derechos consagrada en el artículo 19, N3, de la Carta Fundamenta;

IV.-. DERECHO DE PROPIEDAD,

13- Oue, no puede estimarse infringida la garantía constitucional del derecho de propiedad alegada por la actora constitucional, pues, como lo ha señalado esta Magistratura, “de verse obligada dicha requirente a pagar una determinada suma de dinero, lo será por un incumplimiento de una obligación previamente establecida, coherente con la garantia del N*18, del artículo 19, de la Constitución, sumada a la inconcurrencia de una hipótesis de exención de las respectivas obligaciones, lo que no puede — como tampoco lo sería en el caso de un deudor común — juzgarse contrario a la garantía del N*24, del artículo 19, de la Constitución.

En definitiva, el cumplimiento forzado de una obligación con bienes del patrimonio del deudor, de concurrir sus presupuestos legales, no puede estimarse contrario a la garantía en comento.” (STC 3404 c. 36);

14- Que la referencia al precedente citado en el motivo anterior conforme a la lógica de funcionamiento de la Ley N%20.179, lo que en los hechos se configura no es una vulneración del derecho de propiedad de la ejecutada, sino más bien la pérdida de su opción de conseguir un resultado útil y beneficiosos para sus intereses, en relación con el incremento de su patrimonio, siendo en definitiva que lo que resulta ineficaz para esta es la subrogación en los derechos del acreedor, lo que en modo alguno puede ser de cargo del ejecutante;

15- Que tampoco puede invocarse esta garantía, teniendo en consideración que el elemento más vital para la limitación en la oposición a las excepciones en los procedimientos judiciales corresponde a que existe un título que tiene mérito ejecutivo y que es fruto de una convención entre la requirente y la parte requerida, sin perjuicio del ya citado argumento de que el constituyente dotó al legislador de autonomía para establecer procedimientos ejecutivos atendiendo al tipo de crédito;

16- Que correspondiendo al legislador establecer las excepciones y su procedencia, cualquiera sea el sistema, carece de consistencia y relevancia el argumento deducido por la actora constitucional, toda vez, que el derecho de propiedad invocado se funda exclusivamente en que la restricción de excepciones de la Ley N*20.179 genera una obligación pecuniaria que no podría ser asumida por la requirente, y que carecería de causa y oportunidad para su cobro, en tanto la obligación principal no existiría, no estaría vigente o se habría extinguido;

17- Que lo argumentado por la peticionaria de fojas 1 parte de una premisa errónea puesto que el constituyente ha dotado al legislador de autonomía no sólo para establecer los procedimientos ejecutivos diversos, sino que además para establecer las excepciones y su procedencia, sin importar el sistema o la materia sobre la cual inciden;

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V.- CASO CONCRETO. CUESTIONAMIENTO CONSTITUCIONAL

18- Que en definitiva el cuestionamiento constitucional aducido por la actora, de manera específica en la petición de fojas 16 se reduce a los parámetros de lo estipulado en los capítulos Il, III, IV y V de este pronunciamiento, lo cual implica la limitación en las excepciones del ejecutado, en virtud del inciso noveno del artículo 12 de la Ley N*20.179, lo cual tiene como efecto sólo una circunstancia de la naturaleza de la acción ejecutiva, ejercida sustentada en un equivalente a un verdadero título ejecutivo, dado el marco y esencia de la Institución de Garantía recíproca;

19- Que como ya se ha expresado el constituyente dotó al legislador de autonomía para establecer procedimientos ejecutivos diversos atendido el tipo de crédito (por ejemplo en los contratos de prenda con y sin desplazamiento), sin perjuicio que el legislador es soberano para establecer las excepciones y su procedencia, cualquiera sea el sistema procedimental;

20- Que en el mismo sentido que no cabe duda que en la historia de constitución del presente estatuto (Institución de Garantía reciproca, resulta pristino y determinante que la intensión del legislador se centró en superar la lentitud de algunos procedimientos de ejecución, limitando las excepciones al efecto;

21- Oue, junto a lo anterior, la limitación de las excepciones en el juicio ejecutivo consagrado en la Ley N*20.179, que establece un marco legal para la

Constitución y Operación de Sociedades de Garantías recíprocas se fundamentan en el carácter convencional emanado de esa reglamentación, puesto que su función es garantizadora de operaciones financieras, lo que permite concluir que no se vulneran las garantías constitucionales invocadas;

22- Que tampoco pudiere apelarse a una supuesta merma o afectación del derecho a la defensa, teniendo presente que la Constitución no asegura a todas las personas ejercer sus derecho sin ningún tipo de obstáculo, ni menos garantiza conducir sus defensas conforme a su saber y entender, pues esto significaría negar la existencia de sujeción a procedimientos y reglas procesales;

23- Que como lo ha dicho esta Magistratura de manera reiterada: “El derecho a la defensa está efectivamente garantizado por la Constitución Política de la República, pero debe ejercerse en conformidad a la ley. La Constitución Política de la República no prohibe reglas de ritualidad procesal; sólo les exige que permitan la defensa y garanticen racionalidad y justicia” (STC 2748-14,c.16% STC 2335-12, c.16% STC 977-07, €. 21%), no procede la invocación de tal garantía en el caso concreto de autos;

VI.- CONCLUSIONES.

24- Que por las razones expuestas, no resulta procedente acoger la acción deducida en autos al tenor del libelo que rola a fojas 1 a 17 inclusive de este expediente.

1, VOTO POR ACOGER EL REQUERIMIENTO

Los Ministros señor Iván Aróstica Maldonado (Presidente), señoras Marisol Peña Torres y María Luisa Brahm Barril y señores Cristián Letelier Aguilar y José Ignacio Vásquez, estuvieron por acoger el requerimiento, en virtud de las siguientes consideraciones:

CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD

19) Que, en la especie, se trata de que Congarantía S.A.G.R. extendió determinados Certificados de Fianza para garantizar las obligaciones contraídas por la Constructora e Inmobiliaria Porvenir S.A. con el Servicio de Vivienda y Urbanización Región de O'Higgins, a propósito de un contrato de ejecución de obras habitacionales.

Dicho Servicio de Vivienda y Urbanización pretende hacer efectivas tales garantías a través del juicio ejecutivo que al efecto prevé el artículo 12 de la Ley N* 20.179, ante “reiterados y graves incumplimientos por parte de la indicada constructora”, que movieron al señalado servicio público a “sancionar el termino unilateral del contrato” (Sentencia del 16” Juzgado Civil de Santiago, considerando 1%, en causa rol N* C-19.465-2015).

Congarantía S.A.G.R. —-a su vez- requiere la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso noveno del citado artículo 12, habida cuenta que, al limitar a tres las excepciones que en ese juicio ejecutivo especial puede oponer como garante, le impide interponer aquella que se asemejaría a la excepción contemplada en el N? 7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que el título -los Certificados de Fianza- tengan fuerza ejecutiva. Así lo han restringido el 16% Juzgado Civil de Santiago por sentencia de 27 de abril de 2016 (rol N* C-19.465- 2015) y la Corte de Apelaciones de Santiago por sentencia de 21 de diciembre de 2016 (rol C-7371-2016);

2?) Que, en su apoyo, la requirente sostiene que es el referido Servicio de Vivienda y Urbanización quien se encuentra en mora de cumplir sus obligaciones contractuales, tal como ha sido declarado -a raíz de una demanda iniciada por la empresa constructora afianzada- por sentencia del 2% Juzgado Civil de Rancagua, de 7 de abril de 2016 (rol C-2802-2013), confirmada por la Corte de Apelaciones de NS LS ETA o t [19] a 152 E = X /

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esa ciudad el 16 de enero de 2017 (rol 459-2016), y ratificada por la Corte Suprema en fallo del 16 de noviembre de 2017 (rol 7015-2017).

Circunstancia ésta, la inexistencia de un incumplimiento imputable a la empresa constructora, que el inciso noveno del artículo 12 de la Ley N* 20.179 le impide hacer valer a la requirente en aquel juicio ejecutivo, pues este precepto dispone que la oposición a la ejecución “solo” será admisible cuando se funde en alguna de las siguientes excepciones: 1) Pago de la deuda; 2) Prescripción; 3) No empecer el título al ejecutado, donde no se podrá discutir la existencia de la obligación, y 4) Concesión de prórrogas o esperas;

3?) Que, siguiendo los lineamientos establecidos por el Tribunal Constitucional en STC roles N%s 3005-16 y 2701-14, el requerimiento amerita ser acogido, por cuanto la norma legal impugnada, en este concreto caso, está siendo aplicada de una manera que limita en su esencia el derecho a defensa que, en un proceso justo y racional, le garantiza a los justiciables el artículo 19, N%s 3 y 26, de la Carta Fundamental.

A lo que, a la luz del artículo 76 de la Constitución Política, se añade la improcedencia resultante de que un servicio público de la Administración del Estado, el Servicio de Vivienda y Urbanización Región de O”Higgins, se arrogue la facultad para declarar por sí y ante sí un incumplimiento de obligaciones contractuales que lo llevan a caducar unilateralmente un contrato en curso, no obstante que tal estado de cosas constituye una materia litigiosa, cuya resolución corresponde zanjar exclusivamente a los tribunales de Justicia;

DERECHO A DEFENSA Y JURISDICCIÓN

4”) Oue incumbe tener presente -en un comienzo- el criterio inveteradamente sostenido por esta Magistratura, en orden a que el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que le compete conocer y juzgar, por mandato del artículo 93, inciso primero, N* 6, procede necesariamente cuando se trate de un precepto legal “cuya aplicación” en una gestión judicial, “resulte contraria a la Constitución”,

Vale decir, es factible que un precepto legal, abstractamente examinado, no merezca reproche alguno de constitucionalidad, cuandoquiera que no se observan elementos de juicio suficientes que lleven a presumir una eventual o hipotética aplicación reñida con la Carta Fundamental. Es el caso del artículo 12 de la Ley N* 20.179, que en sí mismo considerado no presenta reparos de esta indole.

Sin embargo, las circunstancias particulares del caso concreto, antes acopiadas, forman convicción como para sostener que la ejecución práctica que en la especie se está otorgando al inciso noveno impugnado, cristaliza en un resultado inconstitucional;

5%) Que, por ende, no es suficiente -para rechazar un requerimiento de inaplicabilidad a su respecto- apelar a las potestades del legislador para regular los procedimientos judiciales, desde que no está en juego que la materia es de reserva legal. No es dudoso, tampoco, el acierto del legislador al establecer procesos agiles

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y expeditos, en procura de que los tribunales hagan efectivos indubitados títulos ejecutivos.

Tales descargos abstractos, sin embargo, no pueden obviar dos circunstancias concretas. La primera, es el hecho de que la Ley N* 20.179 decidió reducir a cuatro las causales que contempla el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, y en cuya virtud un demandado en juicio ejecutivo puede oponer sendas excepciones. Obviando así un texto que, según dice la experiencia judicial, no ha sido cuestionado por desafiar los estándares del debido proceso que exige la Carta Fundamental.

La segunda, es que la Ley N* 20.179 innovó incorporando un nuevo título ejecutivo -los Certificados de Fianza- pero cuyo rodaje práctico le era desconocido.

Lo que entraña la contingencia de que su realización ejecutiva pueda prestarse para cometer aquellos abusos que, precisamente, el elenco completo del articulo 464 del Código de Enjuiciamiento Civil procura impedir;

6%) Que, en un caso del todo análogo al presente, ya reflexionó en este sentido el Tribunal Constitucional. En STC Rol N* 3005-16, después de recordar los elementos esenciales que componen un procedimiento justo y racional, trajo a colación la bilateralidad de la audiencia y la plena posibilidad de contradicción que ello supone, de modo que el derecho a la defensa “se vierte en concreto en conferir al demandado la posibilidad, en la forma más amplia posible, de oponer todas las excepciones, defensas y alegaciones que le permitan desvirtuar la pretensión del actor en el juicio respectivo” (considerando 10%).

En STC Rol N? 2701-14 esta Magistratura, después de recordar que el artículo 19, N? 3, constitucional proscribe la autotutela (considerando 12%), tuvo ocasión de precisar que el legislador -sin vulnerar dicha norma constitucional- no puede garantizar unilateralmente la pretensión de un acreedor por vía ejecutiva, obviando la “igual protección” que debe otorgar al ejecutado (considerando 13?)

7”) Que, de lo anterior, fluye naturalmente la premisa apropiada para resolver el presente caso, a saber, que el legislador puede establecer excepciones en cuanto a las defensas susceptibles de oponer por un demandado, si ha procedido con motivos justificados y ello no da lugar a situaciones de arbitrariedad o abusos, que redunden en la desprotección o menoscabo procesal de su parte.

De allí que, si se ha estatuido un juicio expedito a favor del acreedor, ello no puede derivar en un deterioro procesal para el deudor, en el sentido de que no le es permitido plantear una defensa pertinente y que se encuentra plenamente vigente en el derecho adjetivo común, a pretexto de que los perjuicios que ello le acarrearía podría repararlos a través de otras vías;

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89) Que revela todavía más la inconstitucionalidad que resulta de aplicar -de ta manera indicada- las restricciones del inciso noveno del artículo 12 de la Ley N?

20.179, el que el incumplimiento contractual que origina la cuestión pendiente, haya sido declarado unilateralmente por el acreedor, el Servicio de Vivienda y Urbanización Región de O'Higgins.

Tal autotutela declarativa, importó la imposición de una sanción de caducidad por parte de un organismo administrativo, sin un debido procedimiento previo y a despecho de que la materia era litigiosa.

Peculiaridad en este caso concreto que revela, todavía más, la necesidad de declarar la inaplicabilidad pedida;

CONCLUSIÓN

97) Que, por todas las consideraciones que han quedado anteriormente analizadas, se concluye que el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad debió ser acogido. Declarándose inaplicables a la gestión judicia] pendiente todo cuanto sigue a continuación de las expresiones “y sólo...”, del inciso noveno del artículo 12 de la Ley N? 20.179.

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N*6* y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N*17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

I!. QUE HABIÉNDOSE PRODUCIDO EMPATE DE VOTOS, NO SE HA OBTENIDO LA MAYORÍA EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 93, INCISO PRIMERO, NUMERAL 6% DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA DECLARAR LA INAPLICABILIDAD REOUERIDA, POR LO CUAL SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A FOJAS 1.

II.- ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN EL EXPEDIENTE. OFÍCIESE.

Redactaron la sentencia, en cuanto al voto por rechazar el requerimiento, el Ministro señor Nelson Pozo Silva, y en cuanto al voto por acogerlo, el Ministro señor Iván Aróstica Maldonado (Presidente).

Comuniquese, notifíquese, registrese y archívese.

Rol N*%3323-17-1INA

== A SRIAROSTICA

A

SR. nombre reservado

| Caos.

TEL A WN

SRAVASQUEZ

A

SR. nombre reservado

nombre reservado por el Excmo. Tribunal Constitucibnal, integrado por su Presidente, Ministro señor iván Aróstica Maldonado, y Jos Ministros señora Marisol Peña Torres, señores Carlos Carmona Santander, Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza y Juan José Romero Guzmán, señora María Luisa Brahm Barril y señores Cristian Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y José Ignacio Vásquez Márquez.

Se certifica que los Ministros señora Marisol Peña Torres y señores Carlos Carmona Santander y Nelson Pozo Silva concurrieron al acuerdo y fallo, pero no firman por haber cesado en el ejercicio de sus cargos, los dos primeros, y por encontrarse haciendo uso de su feriado, el último.

Autoriza la Secretaria suplente del Tribunal Constitucional, señora Mónica Sánchez Abarca.