Inaplicabilidad de Precepto Legal · Ley N° 17.798 y Ley N° 18.216

Santiago, dieciocho de julio de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Con fecha 16 de noviembre de 2016, don nombre reservado, ha requerido ante esta Magistratura la

declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad

respecto del inciso segundo del artículo 19 de la Ley N*

18.216, y del inciso segundo del artículo 17 B, de la Ley

N 17.798, para que surta efectos en el proceso penal

causa RUC 1600271967-7, RIT 120-2016 del Tribunal de

Juicio Oral en lo Penal de Cañete.

Preceptos legales cuya aplicación se impugna.

El texto de los preceptos legales impugnados, en su

parte ennegrecida, disponen:

“Ley N* 18.216.

Título Preliminar,

Artículo 19%.- La ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad. podrá sustituirse por el tribunal que las imponga, por alguna de las siguientes penas:

a) Remisión condicional.

b) Reclusión parcial.

c) Libertad vigilada.

d) Libertad vigilada intensiva.

e) Expulsión, en el caso señalado en el artículo 34.

f) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

No procederá la facultad establecida en el inciso precedente. ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361, 362, 372 bis, 390 y 391 del Código Penal; en los artículos 8*%, 92, 10, 13, 14 y 14 D de la ley N*17.798; o de los delitos o cuasidelitos que se cometan empleando alguna de las armmas o elementos mencionados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 22 y en el artículo 3* de la citada ley N217.798, salvo en los casos en que en la determinación de la pena se hubiere considerado la circunstancia primera establecida en el artículo 11 del mismo Código.

En ningún caso podrá imponerse la pena establecida en la letra f) del inciso primero a los condenados por crímenes o simples delitos señalados por las leyes números 20.000, 19.366 y 18.403. No se aplicará ninguna de las penas sustitutivas contempladas en esta ley a las personas que hubieren sido condenadas con anterioridad por alguno de dichos crímenes o simples delitos en virtud de sentencia ejecutoriada, hayan cumplido o no efectivamente la condena, a menos que les hubiere sido reconocida la circunstancia atenuante prevista por el artículo 22 de la ley Ne 20.000.

Tampoco podrá el tribunal aplicar las penas señaladas en el inciso primero a los autores del delito consumado previsto en el artículo 436, inciso primero, del código Penal, que ihubiesen sido condenados anteriormente por alguno de los delitos contemplados en los artículos 433, 436 y 440 del mismo código.

Para los efectos de esta ley, no se considerarán las condenas por crimen o simple delito cumplidas, respectivamente, diez o cinco años antes de la comisión del nuevo ilícito.

Igualmente, si una misma sentencia impusiere a la persona dos o más penas privativas de libertad, se sumará su duración, y el total que asfí resulte se considerará como la pena impuesta a efectos de su eventual sustitución y para la aplicación de la pena mixta del artículo 33”.

“Ley N7 17.798.

(...)

TITULO IT.

De la penalidad.

(...)

Artículo 17 B.- Las penas por los .delitos sancionados en esta ley se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los delitos o cuasidelitos que se cometan empleando las armas o elementos señalados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2* y en el artículo 3*, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal.

Para determinar la pena en los delitos previstos en los artículos 8*, 92, 10, 13, 14 y 14 D, y en todos los casos en que se cometa un delito o cuasidelito empleando alguna de las armas o elementos mencionados en el inciso anterior, el tribunal mno tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal y, en su lugar, determinará su cuantía dentro de los límites de cada pena señalada por la ley al delito, en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes, y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. En consecuencia, el tribunal no podrá imponer una pena que sea mayor o menor a la señalada por la ley al delito, salvo lo dispuesto en los artículos 51 a 54, 72, 73 y 103 del Código Penal, en la ley Ne20.084 y en las demás disposiciones de esta ley y de otras que otorguen a ciertas circunstancias el efecto de aumentar o rebajar dícha pena”.

síntesis de la gestión pendiente.

En relación con la gestión judicial en que incide el

requerimiento, el actor expone que se sigue en su contra,

ante el Tribunal de vJuicio Oral en lo Penal de Cafíete,

causa penal por delito de porte ilegal de arma de fuego,

sancionado en el artículo 9”?, en relación con el artículo

2%, letra b), ambos de la Ley N% 17.798, de Control de

Armas.

Celebrada ante el enunciado Tribunal audiencia de

juicio oral, fue dictado veredicto condenatorio en su

contra, suspendiéndose por decisión de esta Magistratura

la audiencia prevista en el inciso final del artículo 343

del Ccódigo Procesal Penal.

Conflicto constitucional sometido al conocimiento yY

resolución del Tribunal.

En el contexto de dicha gestión pendiente, el actor

plantea un conflicto constitucional desde diversos

apartados de la Carta Fundamental.

En primer término, enuncia que los preceptos

reprochados contravienen el artículo 19 de la

Constitución Política. Al establecer, que las personas

nacen libres e iguales en dignidad y derechos, -se tiene

que ningún ser humano es más que otro, dado que 1a igualdad como valor constitucional se torna en una opción

ético social hbhásica que el Estado debe propugnar y

concretar, cuestión que mno se materializaría al

establecer la pena privativa de libertad. como única

opción a aplicar por el juzgador oral.

Acto seguido, la aplicación de las normas

contraviene el principio de igualdad ante la ley,

establecido en el artículo 19, numeral 29,

constitucional, concretizado en el valor de la mno

discriminación. Se prohíbe la existencia de estatutos

legales con derechos y obligaciones diferentes atendiendo

a consideraciones de carácter estrictamente personal, que

no descansen en la razonabilidad como estándar fundante,

valores todos que se enlazan con lo prescrito en los

artículos 1.1 y 24 de la Convención aAmericana sobre

Derechos Humanos.

En tercer lugar, desde el artículo 19, numeral 39,

SECRETARIA inciso sexto, de la Constitución Política, el actor

expone que las mnormas reprochadas, atentan contra el

derecho de toda persona a un procedimiento racional y

justo, en cuanto éste debe basarse en penas

proporcionales, con una adecuada correspondencia o

adecuación que debe existir entre la gravedad del hecho

juzgado con la reacción penal del Estado. Conforme

enuncia, y citando jurisprudencia de la Corte Suprema, la

proporcionalidad de las penas se relaciona

inequívocamente con la igualdad en la aplicación del

derecho.

La norma del artículo 17 B-de la Ley de Control de

Armas, en el caso concreto, atenta contra el justo y

racional procedimiento asegurado por la Constitución:

limita al juez su capacidad jurisdiccional de actuar con

justicia según dos elementos basales en cualquier

sentenciador penal al momento de efectuar su trabajo

culmine: determinar la pena, esto es, ponderar los antecedentes del caso y las características del sujeto

penalmente responsable.

Finalmente, sefñala, que el precepto contenido en el

artículo 19, inciso segundo, de la Ley N% 18.216, limita

las facultades del juez de optar en fase de ejecución,

por la pena más idónea en consideración del caso concreto, . de una forma mno permitida por. la Carta

Fundamental.

Por estas consideraciones, solicita sea acogida la

acción deducida a fojas 1.

Admisión a trámite, admisibilidad y observaciones de

fondo al requerimiento.

El requerimiento se acogió a trámite a través de

resolución de la Segunda Sala de este Tribunal SECRETARIA Constitucional, de fecha 22 de noviembre de 2016, a fojas

32, oportunidad procesal. en que fue decretada la

suspensión parcial del procedimiento en la gestión

pendiente en que incide. Posteriormente, fue declarado

admisible el día 19 de diciembre de 2016, resolución rolante a fojas 50.

Conferidos los traslados sobre el fondo a los

órganos constitucionales interesados, así como a las

partes de la gestión pendiente, fue evacuada presentación

por el Ministerio Público, instando por el total rechazo

del requerimiento de autos.

Observaciones del Ministerio Público.

Con fecha 10 de enero de 2017, a fojas €62, el

Ministerio Público realizó observaciones de fondo al

requerimiento, solicitando su rechazo.

En su presentación, hace presente que la regla que

excluye a ciertos delitos de la Ley N% 17.798, en el ámbito de las penas sustitutivas, surgió en el contexto de la tramitación legislativa de la Ley N% 20.813, como

una indicación del señor nombre reservadopresidente de la República.

En el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del sSenado, consta,

conforme fue expresado por él profesor nombre reservado,

que debía modificarse la Ley N* 18.216, a efectos de

entregar eficacia a las modificaciones a la Ley de

Control de Armas, en estudio, ya que ello no tendría

asidero en la eventualidad de que pudieran ser otorgadas penas sustitutivas, criterio compartido por la Comisión y propuesto al Poder Ejecutivo para la presentación de la

indicación de estilo.

Con la modificación se buscó un modelo alternativo al aumento de las penas para incrementar la severidad del

tratamiento penal de ciertos delitos, cuestión que es,

argumenta el Ministerio Público, un fin

constitucionalmente lícito.

El requirente, agrega, caracteriza el delito de la acusación como de mera actividad, doloso y de peligro,

procediendo a una comparación con otros ilícitos de dicha

naturaleza dogmática. La comparación debe sí trabarse con

elementos que puedan razonablemente considerarse como

“iguales” o “similares”, cuestión que no se cumple en este caso.

En la perspectiva del principio de igualdad, la exclusión no: abarca sólo al tipo penal materia de la acusación deducida en contra del requirente, sino que

también a otros diversos contemplados en la Ley N 17.798, así como a delitos del Código Penal, mni a

personas con condenas previas en materia de drogas, con

una preceptiva que imposibilita la concesión de penas

sustitutivas en los casos en que se imponga una pena

superior a cinco años y un día, con la excepción de la denominada pena mixta.

Así, la exclusión sefñalada en estos autos, se orienta a hacer más gravoso el tratamiento penal, sin

acudir. al mero aumento de penas, abarcando un amplio

grupo de ilícitos, cuyo número y naturaleza excluyen la

presencia de una diferencia de trato arbitraria y

contraria a la Constitución Política, que se denuncia en

el requerimiento de fojas 1.

Por lo anterior, basar la argumentación en

cuestiones sobre la igualdad, en comparación con otras

figuras de peligro, no es satisfactorio, toda vez que en

dicha categoría se encuentran presentes diversos ilícitos

que se satisfacen con la puesta en peligro del bien

jurídico, en contraposición a aquellos que exigen .su

lesión.

Por las razones reseñadas, el requerimiento debe ser

rechazado en todas sus partes.

Vista de la causa y acuerdo.

Con fecha 30 de marzo de 2017 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y concurriendo

a alegar por la Defensoría Penal Pública, el abogado don

Cristián Sleman Cortés y, por el Ministerio Público, el

abogado don Hernán Ferrera Leiva. A su turno, en Sesión

de Pleno del día 13 de abril del mismo año, se adoptó

acuerdo de rigor, conforme se certificó a fojas 91.

Y CONSIDERANDO:

PRIMER CAPÍTULO

IMPUGNACIÓN AL ARTÍCULO 1%, INCISO nombre reservado, DE LA

LEY N* 18.216.

PRIMERO. ADVERTENCIA INICIAL. 'Todos los Ministros que están por acoger el requerimiento en lo referido al artículo 1*, inciso segundo, de la Ley N* 18.216, lo hacen en virtud de las mismas infracciones constitucionales, pero entre ellos existen diferencias en cuanto a la orientación argumentativa utilizada. A continuación, se expone de manera resumida uno de los dos tipos de razonamiento, para, luego, desarrollar en extenso la otra fundamentación;

nombre reservado. SÍNTESIS DE LA FUNDAMENTACIÓN ALTERNATIVA

A LA UTILIZADA EN ESTE FALLO. Una primera línea argumentativa (desarrollada en la STC Rol N* 3062, mas no en este fallo) plantea, como elemento de juicio inicial, que el derecho a punir (o ius puniendi) no constituye un derecho absoluto del Estado sobre la persona del imputado. En tal sentido, y como consideración inicial, se sostiene que dicho derecho a punir corresponde no sólo al Estado, sino a la sociedad para la defensa de la propia existencia contra los hechos dafñosos de los sujetos que cometen ilícitos. Se resalta que, a partir del valor fundamental de la dignidad humana, el cual tiene reconocimiento constitucional, se sustentan múltiples principios limitadores del ius puniendi que pueden reconocerse en diversos preceptos de la Carta Fundamental, tales como los artículos 19, Nes 1e, 2e, 3e y 7%* (letras g y h), entre otros. Se destaca que detrás del fenómeno de la constitucionalización del derecho penal se encuentra la idea de que las normas constitucionales deben interpretarse a partir de criterios sistemáticos y teleológicos, no exclusivamente literales o gramaticales.

Se afirmma que, en consideración a diversos principios constitucionales, entre ellos el principio general de humanidad basado en el valor de la dignidad humana, y al hecho de que la pena es, básicamente, privación o restricción de derechos personales o de

bienes protegidos por la mnorma jurídica, la ácción

punitiva del Estado no debe propender a infligir el mal

por sí mismo o el mero sufrimiento de aquel miembro de la sociedad que infringió la ley. Por consiguiente, la opción de privar de libertad al ser humano debe adoptarse

sólo si es estrictamente mnecesario y respecto de las

conductas delictivas más graves que afecten bienes jurídicos de la más alta importancia. Lo anterior permite entender por qué el legislador mno puede prescindir, al

establecer las reglas de punición de delitos, de la finalidad de reinserción social de los condenados, lo que

implica el uso racional de la privación de libertad y la mejor protección de las víctimas.

Se destaca que la aplicación de las npenas

sustitutivas de aquellas privativas de libertad no es

sinónimo de impunidad. De hecho, éstas tienen el carácter de pena y operan con una intensidad importante, como

ocurre, por ejemplo, como la reclusión parcial o la libertad vigilada intensiva. Las penas alternativas

tienen el carácter de penas en cuanto restringen, en mayor o menor medida, la libertad personal y tienen por

objetivo el control de las personas condenadas, su

reinserción social y no reincidencia. No se trata de un “beneficio” otorgado al condenado, sino de una sanción,

que a su vez se impone en forma sustitutiva a la pena privativa de la libertad, pudiendo ser revocada en el

evento de ser incumplida. La Ley N*20.603 reforzó el carácter punitivo de las medidas establecidas en la Ley

N18.216, eliminando su denominación. de alternativas para

denominarlas “penas sustitutivas a las penas privativas o

restrictivas de libertad”.

De acuerdo a lo expuesto, se señala que la

disposición que restringe la aplicación de las penas

sustitutivas de privación de libertad resulta 10

desproporcionada e inequitativa respecto de personas

condenadas e incluso por delitos de mayor gravedad;

además es inidónea para cumplir los fines de reinserción social y protección de la víctima que tiene la pena. En

efecto, se recuerda que históricamente los sistemas de prisión no han sido capaces de lograr la rehabilitación

de las personas sujetas a régimen carcelario. Las penas

sustituti?as en cambio, constituyen medidas de mayor

equilibrio entre los derechos de los delincuentes, los

derechos de las víctimas y el interés de la sociedad en la seguridad pública;

TERCERO. GESTIÓN JUDICIAL PENDIENTE, Que la acción

de inaplicabilidad se ha interpuesto en el marco de un

proceso penal seguido en contra del requirente en estos

autos ante el Juzgado de Letras y de Garantía de

Curanilahue, en el cual fue acusado por el Ministerio Público como autor del delito de porte ilegal de arma de

fuego, tipificado en el artículo 92 de la Ley N* 17.798, de Control de Armas. La sanción solicitada por el ente

persecutor es de 3 años y un día de presidio menñor en su

grado máximo (además de otras accesorias y del comiso del arma de fuego).

CUARTO. NORMA LEGAL IMPUGNADA. Que el requirente

impugnó el artículo 1%, inciso segundo, de la Ley N”S 18.216, que “Establece Penas Sustitutivas a las Penas

Privativas o Restrictivas de Libertad”, el cual ha sido transcrito en la parte expositiva de esta sentencia.

Dicho precepto legal excluye del beneficio o derecho a la

sustitución de penas privativas de libertad a los delitos

establecidos en la Ley de Control de Armas, entre ellos,

el de porte ilegal de arma de fuego. De no existir la exclusión, el actor tendría derecho a la pena sustitutiva de remisión condicional de la pena;

QUINTO. INTERROGANTE CONSTITUCIONAL RELEVANTE.

Que, desde una dimensión aún general, lo que se discute 11

son los límites constitucionales a una mayor severidad de la reacción punitiva del. Estado frente a conductas

valoradas mnegativamente por parte de la sociedad, a

través de la ley. En términos más específicos, la interrogante constitucional relevante consiste en

determinar í*i ante conductas delictivas consideradas

graves y respecto a las cuales se quiere incrementar su dureza punitiva, incurre o no la ley en una desproporción

sustancial, vis a vis otros delitos o conductas

delictivas, al excluir a los tipos penales contemplados

en la Ley de Control de Armas (en este caso, el porte

ilegal de arma de fuego) del hbeneficio general de

sustitución de penas privativas de libertad;

SEXTO. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y REACCIÓN

PUNITIVA DEL ESTADO. Que es importante aclarar que cuando

se habla del principio de proporcionalidad aplicado al

ámbito constitucional, hay que hacer una serie de

distinciones. La proporcionalidad, para efectos

constitucionales, alude a cosas distintas. Una primera

dimensión dice relación con el principio de

proporcionalidad. como therramienta metodológica para evaluar la tolerabilidad de la afectación legal a un

derecho constitucional, para lo cual analizan total o

parcialmente variables tales como, por ejemplio, la

idoneidad o mnecesidad de una medida y/o clasificación legal en relación al fin buscado. Una segunda dimensión,

a su vez, hace referencia al principio de

proporcionalidad como prrohibición de desproporción manifiesta en la determinación de las sanciones (en este

caso, penales), la cual se mide en consideración a la gravedad del delito;

SÉPTIMO. Que esta segunda versión del principio de

proporcionalidad tiene un rol esencialmente limitador. Y,

en el sentido recién expuesto, la gravedad de la conducta

pasa a ser un criterio de tolerabilidad constitucional en 12

base al cual contrastar (de modo relacional) soluciones legislativas incidentes en la determinación de las penas;

OCTAVO. Que el principio de proporcionalidad tiene variantes, tanto en lo concerniente a la dimensión de la pena (distinguiéndose según la fase para su determinación), así como al tipo de criterio en base al

cual ha de reflejarse la gravedad del delito.

Así, en cuanto a lo primero, la desproporción de una pena (o reacción punitiva) puede hacer referencia: (i) a

la excesiva severidad de la pena en términos, por ejemplo, de su quantum legal (número de años de privación de libertad); (ii) a la excesiva dureza de la respuesta penal para ciertos delitos y, en último término, para el

infractor, que puede surgir por las distinciones o

clasificaciones que determinan la procedencia de la

aplicación de penas sustitutivas, o al sustantivo

incremento punitivo (y consiguiente menoscabo) que puede derivar de una categorización del tipo de penas sustitutivas significativamente desvinculada del criterio

general de gravedad; y (iii) a la elevada rigurosidad

punitiva a que puede dar lugar una intervención legal en

las reglas de determinación judicial de la pena privativa

de libertad aplicada al infractor;

NOVENO. Que, como puede apreciarse, la

determinación de la pena es fruto de un proceso continuo en el tiempo, en que es posible distinguir tres grandes

fases sucesivas: a) la determinación legal de la pena, consistente en la atribución a un delito de una pena de

determinado quantum (pena abstracta), b) la determinación judicial . de la mpena privativa de libertad al caso concreto (pena concreta), y c) la determinación de la

pena sustitutiva que ha de corresponderle (si procede).

En las tres fases interviene el legislador. De

manera más intensa en la fase de determinación del 13

quantum de la pena (en este caso, de una privativa de libertad) y en la etapa de determinación de. la

procedencia y tipo de pena sustitutiva a aquella privativa de libertad a la que tiene derecho la persona condenada por un determinado delito.

Por último, cabe tener presente que la aplicación de los dos .preceptos legales impugnados, esto es, del

artículo 1*, inciso segundo, de la Ley N* 18.216 y del

artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley Ne 17.798, se

enmarcan en la tercera y segunda fase del proceso de

determinación de la pena, respectivamente;

DÉCIMO. Que, dluego de haberse explicado, para

efecto de la aplicación del principio de

proporcionalidad, la dimensión de la pena o reacción

punitiva según la fase para su determinación, se hará referencia, a continuación, al tipo de criterio en base

al cual ha de reflejarse la gravedad del delito. La

importancia de esto último se funda, como ya se ha

señalado, en que la proporcionalidad exigida (o, mejor

dicho, la desproporción prohibida) se aprecia de la

relación entre la pena (o respuesta punitiva, en su

acepción más amplia) y la gravedad del delito.

De esta manera, para. resolver si la ley que

establece la procedencia y tipo de pena sustitutiva que

ha de imponérsele al condenado por un delito cumple. o no

con la exigencia constitucional de proporcionalidad (de

las fenas) es ienester identificar el parámetro específico que -reflejará el estándar consistente en la gravedad del delito;

UNDÉCIMO. Que, como se explicará detalladamente más adelante, el quantum de la pena es el mejor reflejo de la

gravedad del delito, salvo para aquellos casos en que la

desproporción alegada es respecto de la pena que el

legislador, en abstracto, le ha atribuido a un 14

determinado delito. La razón fundamental para considerar que el quantum de la pena es el parámetro representativo de la gravedad del delito radica en que es la medida más objetiva, directa y de mayor impacto para expresar el

desvalor social de la conducta.

Por lo tanto, la reacción punitiva de carácter legal (consistente en la exclusión total de la posibilidad de que al condenado por el ya mencionado delito establecido en la Ley de Control de Armas se la aplique una pena

sustitutiva) debe contrastarse con el número de años de privación de libertad con que está penado el delito (atribución legal abstracta de la pena a un delito).

Así, si el delito por el que se está enjuiciando al requirente tiene una pena con un quantum sustancialmente inferior al quantum de la pena de aquellos otros delitos también excluidos de la aplicación de sustitución de la pena, será posible concluir que la reacción punitiva que deriva del precepto legal objetado es - manifiestamente desproporcionada en consideración a la gravedad del delito y, por lo tanto, vulnerará la prohibición constitucional de que'la pena (o reacción punitiva) sea

excesivamente desproporcionada;

DUODÉCIMO. Que, igualmente, el factor gravedad también debe estar presente en la fase de individualización judicial de la pena privativa de libertad que ha de imponerse al condenado. Las reglas legales dirigidas a los jueces para llevar a cabo este proceso de determinación concreta de penas (en estos casos, privativas de libertad) adoptan el parámetro de la gravedad, pero reflejado de una forma distinta. En esta fase, el protagonismo lo tiene el juez, quien debe

realizar ejercicios de ponderación para, dentro de un marco legal, decidir la pena justa.

15 Aquí, la gravedad adopta parámetros distintos al del

caso anterior. En efecto, para saber si las reglas legales que fijan el marco en el que ha de moverse el juez se desvían o no de manera significativa del límite orientador que proporciona el factor gravedad y, por lo

tanto, vulneran o no estándares constitucionales generales de proporcionalidad vy razonabilidad, debe atenderse al sub factor culpabilidad (gravedad

“subjetiva”) y, en menor grado, al sub factor daño (gravedad “objetiva”). No es ajeno a la doctrina jurídica el reconocimiento de que la culpabilidad y el daño son

dos componentes claves del concepto de “gravedad” (Von

nombre reservado: “Doing vJustice: The Principle of Commensurate Deserts”, En Hyman Gross and Andrew von

Hirsch (eds), Sentencing, Oxford University Press, 1981, v e?' > p.243).

a e Y Asimismo, la mnecesidad de que se constate la SECRETARIA

culpabilidad para responsabilizar mpenalmente a una

persona es algo especialmente valorado por muestra

Constitución, tal como puede desprenderse de lo dispuesto

en su artículo 19, N* 3%e, inciso séptimo. Tanto es así, que dicho factor ha sido elevado a la categoría de

principio autónomo (ver STC, Rol N* 2936, c. 9);

DECIMOTERCERO. Que con la exclusión de delitos contemplados en la Ley N% 17.798 (Ley de Control de

Armas), en este caso el establecido en su artículo 9*2, el legislador ha buscado aumentar la severidad de la

reacción punitiya. del Estado frente a la gravedad que

conlleva el uso de armas de fuego y artefactos explosivos

por vías alternativas al puro aumento de la duración de

una sanción privativa de libertad. Sin perjuicio de lo anterior, lo relevante es que cualquiefa sea el medio que

el legislador utilice para incrementar la punición de una conducta delictiva, éste no puede prescindir de la 16

gravedad del delito expresado, en este caso, a través del

quantum o duración de la pena.

En el caso concreto, tal como se demostrará más

adelante por medio de un análisis cuantitativo, se advierte una desproporción significativa de la respuesta

punitiva del Estado si se compara el delito atribuido al requirente con el resto de los delitos excluidos del

beneficio. En efecto, de aplicarse el precepto legal

objetado, el que fuere condenado por la conducta

delictiva consistente en portar ilegalmente un arma de fuego y por el cual se solicita la aplicación de una pena

de cárcel de 3 años y un día, no tendrá derecho a que se le aplique una pena sustitutiva de la sanción privativa

de libertad correspondiente;

ñ»

?V' = DECIMOCUARTO, EL QUANTUM DE LA nombre reservado

= e Y FUNDAMENTAL PARA EVALUAR LA PROPORCIONALIDAD. Que es SECRETARIA

posible desprender de la Constitución que el nivel de severidad de la respuesta punitiva del Estado ha de ser proporcionada a la gravedad del hecho y, en último

término, que el grado de dureza punitiva se ve reflejado,

preferentemente, en el quantum de la pena, es decir, su

tiempo de duración.

Lo que determina la gravedad de un ilícito no es la naturaleza del delito. Dicho parámetro es una medida sólo

intuitiva para apreciar qué tan grave es un tipo penal.

El criterio más objetivo para identificar el nivel de

gravedad de un ilícito es, como se sefíaló, el quantum de

la pena. Incluso más, dicho parámetro es uno que, por

definición, es ' bastante “deferente” con el legislador

(actitud. que suele exigirse como indispensable por quienes son reacios a aceptar control de

constitucionalidad en el ámbito penal);

DECIMOQUINTO. Sustento constitucional. Que puede

entenderse que el criterio preferido por la Constitución 17

para reflejar la gravedad es el quantum de ia pena.

Ilustrativo de lo anterior son aquellas disposiciones que establecen efectos negativos mayores (como ocurre con la suspensión del derecho de sufragio o la pérdida de la ciudadanía) cuando la pena en abstracto sobrepasa el umbral que separa una pena aflictiva de una que no lo es.

En dichos casos, el quantum de la pena (criterio principal en hbase al cual se clasifica el carácter aflictivo o mno de una sanción) constituye una representación o medida de gravedad.

La Carta Fundamental, por ejemplo, establece efectos negativos mayores cuando la pena en abstracto sobrepasa el umbral de -“pena aflictiva”, es decir, condenas privativas de libertad desde tres años Y un día en adelante (artículo 37, en relación con los artículos 32 Y 21, todos del código Penal). Así, de acuerdo a la Constitución, “nombre reservadoon ciudadanos los chilenos que hayan icumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva.” (artículo 13), y el derecho de sufragio se suspende "hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva” (artículo 16, N9 2).

La calidad de ciudadano, además, se pierde por “condena a pena aflictiva” (artículo 17, N% 2) y "Ip]lor condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista yY los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieren merecido, además, pena aflictiva.” (artículo 17, N% 3). Tal es la gravedad asociada a dicho criterio que, como derivación de lo anterior, impacta en los requisitos de elegibilidad' y causales de suspensión o cesación en cargos de elección popular (ver, por ejemplo, el artículo 60, inciso octavo);

DECIMOSEXTO. Sustento e en legisiac slación penall. Que, en o tegi ión pena en armonía con lo precedentemente expuesto, el código Penal reconoce expresamente que “[l]os delitos, atendida su gravedad, se dividen crímenes, simples delitos yY 18

faltas (..)” (artículo 3e, en relación con el 21), lo cual, en último término, se traduce en un qguantum o tiempo de duración de la pena en abstracto (artículo 56).

Así, por ejemplo, el Código Penal establece un umbral de cinco años de cárcel para calificar algunos delitos como “crímenes”, y otros como “simples delitos”;

DECIMOSÉPTIMO. Sustento en la ley de penas sustitutivas.

Que el mencionado criterio no sólo tiene sustento en la Constitución y en el Código Penal, como ya se señaló, sino también en la misma Ley N* 18.216, la cual distingue la procedencia de diferentes penas sustitutivas recurriendo, como criterio ineludible, al quantum de la pena concreta (reflejo, a su vez, de la pena abstracta ajustada —-en términos simples- por el grado de culpabilidad del responsable).

En efecto, los diferentes tipos de penas sustitutivas están graduadas en consideración, también, al quantum de la nombre reservado es posible apreciar del cuadro siguiente:

Cuadro N* 1: Tipo y escalonamiento de penas sustitutivas de acuerdo al quantum de la pena concreta privativa de libertad.

: Requ eust Lva sentencia í ; .

Prestación de Igual o inferior a 300 días servicios en beneficio de la comunidad [art. 11*%, a)j Remisión No excediere de 3 afños condicional lart. 4%2, a)]

Reclusión parcial No excediere de 3 años [art. 8%, a)]

Libertad vigilada Superior a 2 años y no excediere de 3 [art. 15%, a)] años

Libertad vigilada Superior a 3 años y no excediere de 5 intensiva años [art. 15 bis, a)]

El cuadro anterior da cuenta de un escalonamiento proporcional de diferentes penas sustitutivas de distinto rigor teniendo como criterio el quantum de la pena. La 19

clasificación legal reflejada en estas cinco categorías proporcionalmente escalonadas, reconoce un umbral más allá del cual no es posible acceder a pena sustitutiva alguna, como ocurre si la persona es condenada a más de 5 años de cárcel.

Esta proporcionalidad entre la pena sustitutiva y la pena concreta privativa de libertad, también ha de cumplirse entre estas dos y la pena abstracta asignada

por el legislador a los tipos penales. No se trata de una proporcionalidad matemática (algo inviable), pero sí de un escalonamiento de rangos en que es posible distinguir un patrón general de proporcionalidad. El problema, tal como se demostrará más adelante, radica en que el legislador (en virtud de una modificación a la ley)

excluyó a una familia de delitos (con penalidades

diversas) del beneficio de sustitución de penas, alejándose notoriamente del patrón general de proporcionalidad comentado;

DECIMOCTAVO. EVALUACIÓN CUANTITATIVA SOBRE EL

GRADO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. Que el delito del

artículo 9%, inciso primero, de la ley N9 17.798 tiene una pena en abstracto de 3 años y un día hasta 5 años de cárcel, y está excluido de la aplicación de la ley N* 18.216. La comparación, en cuanto a la cuantía de la pena en ábstracto, de dicho delito con el resto de los delitos excluidos de la posibilidad de penas sustitutivas, ilustra la existencia de un grado importante de desproporción en el tratamiento del delito por el que se condenó al requirente. En efecto,. el mencionado delito

del artículo 99 tiene una pena mucho más baja que el resto de los delitos excluidos del beneficio. Dicho de otra manera, el delito por el cual ha sido condenado el

requirente es de mucho menor gravedad que el resto de los delitos igualmente excluidos de la aplicación de la Ley N9 18.216, tal como se muestra en el cuadro que sigue:

20 Cuadro N* 2: Delitos excluidos a todo evento de la aplicación de penas sustitutivas de la Ley N% 18.216, agrupados por su penalidad en abstracto.

-Delitos excluidos ““Penas l abstracto..

Ley NI 17.798: 541 días a 3 Porte o tenencia de armas de 9 inciso segundo; años fuego del artículo 2% letras c) y 14 D inciso tercero, e) / Colocación de artefacto última frase; explosivo, químico, incendiario 14 D inciso final, de bajo poder expansivo / párrafo segundo Disparar injustificadamente un arma de fuego

Código Penal: 3 años y un Porte o tenencia de armas o 150A inciso cuarto día a 5 años elementos del artículo 29 letras b) y d) / Fabricación y Ley NI 17.798: comercialización de artefactos 9 inciso primero; incendiarios de bajo poder 10 inciso segundo, expansivo / Tortura para anular párrafo tercero; personalidad de la víctima / 14 D inciso tercero, Colocación de artefacto penúltima frase; explosivo, químico, incendiario 14 D, inciso final, de bajo poder expansivo en párrafo primero; lugares públicos o de utilidad pública / Disparar injustificadamente un arma de fuego a un lugar público o de utilidad pública

Ley N* 17.798: 3 años y un Organización de milicias armadas 8% inciso tercero; día a 10 años con armas del artículo 29 / 13 inciso primero; Tenencia de armas del artículo 39 14 inciso primero; inciso segundo o tercero / Porte de armas del artículo 39 inciso segundo o tercero

Código Penal: 5 afños y un Tortura por funcionario público / 1504 inciso primero día a 10 años Fabricación, importación, almacenamiento o comercio de Ley N* 17.798: armas del artículo 2? letras b) a 10 inciso primero; d) / Colocación de artefacto 14 D inciso segundo explosivo, químico, incendiario

Código Penal: 5 años y un Secuestro para obtener rescate o 141, inciso tercero; día a 15 años arrancar decisiones / Violación / 361 Fabricación o comercialización de elementos de los incisos primero Ley N9 17.798: a tercero del artículo 39 / 10 inciso segundo, Instalaciones destinadas a párrafo primero; fabricación, armaduría o depósito 10 inciso tercero; * de armamento / Tenencia de armas 13 inciso segundo; del artículo 39 inciso final / 14 inciso segundo; Porte de armas del artículo 39 inciso final

Código Penal: 5 años y un Violación de menor de catorce 3602 día a 20 años afños / Organización de milicias armadas con armas del artículo 3*% Ley N* 17,798:

8% inciso primero

Código Penal: 10 años y un Cuasidelito cometido por tortura 150B N? 3; día a 15 años / Homicidio simple / Colocación 21

391 N9 2 de artefacto explosivo, químico, incendiario en lugares públicos o Ley N9 17.798: de utilidad pública 14 D, inciso primero

Código Penal: 10 años y un Secuestro por más de quince días 141 inciso cuarto; día a 20 años o con daño grave al secuestrado / 142 NI 2 Sustracción de menor de 18 años / Fabricación, importación, Ley N* 17,798: almacenamiento o comercio de 10 inciso segundo, armas del artículo 29 letra a) o párrafo segundo artículo 39 inciso final

Código Penal: 15 años y un Sustracción de menores para 142 N9 1; día a presidio obtener rescate, imponer 150B N” 2; perpetuo condiciones... / Tortura con 39 N9 1 simple violación, abuso sexual o lesiones / Homicidio calificado

Código Penal: 15 años y un Secuestro con homicidio, 141 inciso quinto; día a presidio violación o lesiones / Tortura 150B N9 1; perpetuo con homicidio / Parricidio 390 calificado

Código Penal: Presidio Violación con homicidio 372 bis perpetuo a presidio perpetuo calificado

Delitos del Código Penal 16 Delitos de la Ley de Control de Armas 19 Total de delitos excluidos 35

* No se incluyen en este cuadro los delitos o cuasidelitos que se cometan empleando armas, según lo dispuesto en la oración final del inciso segundo del artículo 1* de la Ley N2 18.216, como tampoco las exclusiones por reincidencia (ley N* 20.000 y artículos 433, 436 y 440 del Código Penal).

Como es posible apreciar, los delitos exciluidos tienen un umbral o penalidad mínima promedio de 7,24 años de cárcel, y una máxima promedio de 15,69 años. Para el cálculo anterior, respecto de los delitos que tienen asignada una pena de presidio perpetuo (los que contemplan las penas privativas de libertad de mayor duración, aunque indeterminadas en cuanto al mnúmero exacto de afíos), se utilizó como medida una pena única o no divisible equivalente a la que pudiera proceder en virtud de la correspondiente regla para la aplicación de la libertad condicional. Por lo tanto, para el presidio perpetuo simple se consideró una pena única de 20 años, y para el calificado una de 40 años.

22 A su vez, y con el fin de minimizar las distorsiones que puede producir en el valor promedio la consideración de delitos con rangos de penalidad extremos, hemos identificado los grados de bpena. que más se repiten (o moda) en los delitos excluidos de la aplicación de la Ley NI 18.216. Esta medición muestra resultados similares. En efecto, la moda del umbral o penalidad mínima es de 5 años y 1 día de cárcel, y la máxima de 15 años Yy 1 día de pena privativa de libertad, como se ve en la segunda columna del cuadro siguiente:

Cuadro N* 3: Delitos excluidos a todo evento de la aplicación de penas sustitutivas de la Ley N%* 18.216, agrupados por grados.

3 años y un día a5 añoá 5 delítos - 1 delito 3 años y un día a 10 años 3 delitos

1 del :

10 años y un día á ;ík /3 áelitos é delitos afños

10 años y un día a 20 3 delitos 2 delitos años

Presidio perpetuo simple 1 delito a presidio perpetuo calificado

Total de delitos 35 16

El cuadro anterior muestra, además, que de los 35 delitos excluidos de la aplicación de la Ley N% 18.216, 13 de ellos tienen un umbral o penalidad mínima de 10 años de cárcel. La cifra sube a 24 si se tiene como 23

referencia los tipos penales con un umbral o penalidad mínima de 5 años y 1 día de cárcel. Los restantes 11 (de 35) tienen un umbral o penalidad mínima de 3 años y 1 día de cárcel, y son prácticamente todos ilícitos de la ley N9 17.798, sobre Control de Armas. Incluso, 3 de los 35 delitos excluidos del hbeneficio, es decir, menos del 9% del total, tienen un umbral o valor mínimo de pena de 541

días de cárcel.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, un ejercicio cuantitativo muy revelador es aquel que identifica la situación legal previa a la modificación del inciso segundo de la Ley N* 18.216 que excluyó a los delitos de la Ley de Control de Armas del beneficio de las penas sustitutivas, como se aprecia en la tercera columa del cuadro anterior.

En efecto, sin considerar los delitos excluidos de la Ley N% 17.798, de los 16 ilícitos del Código Penal excluidos de aplicación de penas sustitutivas a todo evento, 15 delitos (el 93,8%) tienen una penalidad que comienza, al menos, en 5 afños y un día de cárcel. Y

dentro de dicho marco, los delitos con penas desde 10 años de cárcel son 11 de los 16 ilícitos (un 68,75%).

Igualmente, si se atiende al valor promedio del umbral o piso del rango, así como del techo del mismo, es posible colegir, con aún más nitidez, la elevada magnitud de la desproporción en el trato legal respecto del tipo penal atribuido al requirente de autos. En efecto, el promedio de la penalidad mínima del rango asciende a 10,81 años de privación de libertad, y el valor promedio máximo del techo del rango a 22,19 años.

Finalmente, la misma constatación de significativa desproporción se verifica si se utiliza como criterio la cuantía concreta de la pena, luego del proceso de

individualización llevado a cabo por el juez. Tal como se 24

desprende del Cuadro N* 1, una de las reglas de mayor alcance que puede desprenderse de la Ley N% 18.216 es aquella que exige una condena menor a 5 años y 1 día para gozar del beneficio de libertad vigilada intensiva, la más severa de las penas sustitutivas;

DECIMONOVENO. ACERCA DE LOS LÍMITES

CONSTITUCIONALES Al LEGISLADOR PENAL. Que un argumento

recurrente utilizado para rechazar la posibilidad de incompatibilidad con la Constitución de preceptos legales ha sido sóstener que el disefio de materias de índole penal pertenece a la esfera exclusiva del legislador. La consecuencia de este tipo de posturas es que este Tribunal sería incompetente para decilarar la inaplicabilidad de mnormas legales, en especial las que establecen delitos y penas. Para este tipo de posiciones,

todo sería un tema de política criminal de competencia exclusiva del legislador. No desconocemos que en este tipo de materias el legislador goza de un espacio de maniobra relativamente amplio, pero de ahí a asumir que la actividad legislativa penal está -exenta de límites constitucionales es un contrasentido, en especial si se tiene en consideración la naturaleza de esta acción de inaplicabilidad, la cual está dirigida, precisamente, a controlar la constitucionalidad de las leyes en el caso concreto (ver el artículo 93, inciso primero, N* 6* de la Carta Fundamental).

Frente a la postura de deferencia radical al legislador en materias penales (usualmente englobadas bajo la moildeable expresión “política criminal”) subyace una cierta reticencia al reconocimiento de límites formales y sustantivos encarnados en exigencias y

prohibiciones de alcance global Y que nuestra Constitución reconoce en forma expresa o implícita.

Principios tales como los de legalidad (y tipicidad), prohibición de doble valoración (ne bis in fídem), 25

prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal, prohibición de la autoincriminación, aplicación de la ley penal más favorable o, como resulta pertinente en este caso, el de prohibición de desproporción excesiva entre otros, constituyen límites que mnmo pueden ser desconocidos;

VIGÉSIMO. Que es importante destacar que el estándar

de proporcionalidad que este Tribunal estima se ha vulnerado no es uno particularmente estricto o exigente.

De hecho, es posible verificar, a lo largo del fallo, que las referencias al principio de proporcionalidad se han

efectuado aludiendo a calificativos que denotan que la prohibición Aqde desproporción debe ser manifiesta, significativa, sustancial o excesiva, tal como este mismo Tribunal ha sugerido en la STC Rol N% 825, c. 22. No reviste inconveniente para sustentar la declaración de inaplicabilidad asumir que es un tanto inevitable la existencia de algún grado menor de desproporción en el tratamiento punitivo dispensado por el legislador, en especial desde una perspectiva más sistémica;

VIGÉSIMO PRIMERO. —LA NORMA DEL ARTÍCULO 1”, INCISO nombre reservado, DE LA LEY N9 18.216, EN SU APLICACIÓN AL CASO CONCRETO, INFRINGE LA CONSTITUCIÓN. Que del examen cuantitativo realizado -1lo cual permite mayores niveles de objetividad en las comparaciones que apreciaciones sólo cualitativas- es posible constatar un tratamiento legal manifiestamente desproporcionado. En efecto, este Tribunal ha llegado a la conclusión de que existe una desproporción sustancial entre el delito de porte ilegal de arma de fuego y otros delitos de cara a la aplicación

del beneficio de sustitución de penas. Por consiguiente, el delito de porte ilegal de arma de fuego establecido en el artículo 9% de la Ley de Control de Armas no debiera encontrarse excluido de la aplicación de la ley de

sustitución de penas.

26 Dicho de otro modo, por las consideraciones expuestas en este fallo se puede afirmar que el precepto legal impugnado consagra una exclusión que refleja la existencia de una manifiesta o excesiva desproporción en el instrumento utilizado por el legislador para el endurecimiento de la respuesta punitiva del Estado respecto del delito de porte ilegal de arma de fuego.

Esta exigencia de proporcionalidad y, en último término, de racionalidad y justicia, tiene recepción constitucional en dos derechos constitucionales: la racionalidad y justicia de los procedimientos, y la no discriminación arbitraria. Por lo mismo, las constataciones anteriores permiten conciluir que la aplicación del precepto legal impugnado, en el proceso judicial en el cual ha de tener efecto la presente acción de inaplicabilidad, infringe los artículos 19, N9 39, inciso sexto y 19, N% 29, inciso segundo, de la Constitución Política de la República.

nombre reservado CAPÍTULO

IMPUGNACIÓN AL ARTÍCULO 17 B, INCISO nombre reservado, DE LA LEY N9I 17.798.

VIGESIMO nombre reservado. Que el requirente sostiene que hay una afectación de la igualdad ante la ley y al principio de no discriminación, así como una infracción al principio de proporcionalidad en la estimación de la pena y sus beneficios. Hay que recordar que lo que dispuso el legislador mediante la Ley N% 20.813, junto con impedir la aplicación de penas sustitutivas en un conjunto específico de delitos, fue reducir la discrecionalidad judicial en la individualización de la pena, buscando que las penas legales se aproximen .a las penas que 27

efectivamente se deben imponer. Asimismo, estima que el artículo 17 B de la Ley de Control de Armas impediría una determinación judicial de la nombre reservado un ejercicio de auténtica ponderación de las circunstancias aplicables a los casos concretos, problemática que será abordada en

los considerandos siguientes;

VIGESIMO TERCERO. Que en relación con la restricción de la discrecionalidad judicial sostendremos los siguientes criterios. Primero, que la Constitución reconoce como bien jurídico al control de armas para la

protección de la seguridad pública. Luego, que el precepto impugnado restringe el marco legal de la pena y no su individualización judicial. En tercer lugar, que las circunstancias modificatorias de la responsabilidad epenal permiten ajustar la mnecesidad de una pena con la 2 ;íntensidad de la misma. En cuarto término, que no hay una z disminución del juicio de culpabilidad judicial mi afectación del principio de dignidad personal. En quinto lugar, que no hay infracción al principio de proporcionalidad ni a la igualdad y que hay límites en sede constitucional para realizar el examen de proporcionalidad propio del juez penal;

2.1. El control de armas es un bien jurídico constitucional reconocido mpara la protección de la seguridad pública.

VIEGSIMO CUARTO. Que la Ley N% 20.813 publicada en

el Diario Oficial de 6 de Febrero de 2015, se inició por moción parlamentaria, y se enmarcó en un plan de seguridadÍ ciudadana destinado a mejorar el sistema de

control de armas y prevenir el uso de armas de fuego en hechos delictuales. La modificación del inciso segundo

del artículo 19 de la Ley N?% 18.216 y del artículo 17 B de la Ley N9 17,798, obedeció a la intención de “que las personas que cometen los delitos considerados en los 28

artículos 8%, 9%, 10%, 13, 14 y 14 D, o que sean autores de ilícitos comunes utilizando armas de fuego que portan o poseen ilegalmente, imponen, en esos casos, un riesgo evidente a todo el resto de la colectividad, aumentando también el peligro a que se ven expuestas las víctimas de los delitos comunes. Agregando que, por ello, el referido artículo 17 B establece una regla de adición material de sanciones y un sistema especial de determinación de

penas, que impide que el juez aplique menos del mínimo establecido por el legislador para el delito cometido. En

el mismo tenor, se sostuvo que “[e]lso viene a terminar con una práctica asentada en los tribunales: la de estimar que el arma de fuego es un mero medio para la comisión del delito, por lo que no corresponde sancionar como un ilícito independiente el porte ilegal de arma empleada ni agravar la pena del delito base por el uso de arma de fuego. La regla que se plantea permitirá en la práctica la acumulación de . penas, haciendo mucho más gravosa la comisión de un delito usando arma de fuego.”

(Historia de la Ley N% 20.813, Discusión de Sala del Senado, p. 522);

VIGESIMO QUINTO. Que la historia de la ley, en el marco de la libertad del legislador para establecer una política criminal, puede tener mayor o menor vinculación

con finalidades establecidas en la Constitución. Así como la punición del homicidio se basa en la protección del

derecho a la vida, o las estafas o el robo se fundan en el derecho de propiedad, el secuestro en la libertad personal, en este caso se trata de impugnar un medio comisivo y transversal de múltiples delitos, el cual está reconocido expresamente en un precepto constitucional. En tal sentido, .el ordenamiento constitucional se refiere solamente a dos modalidades instrumentales mpara la

realización de determinados delitos: uno es la asociación ilícita (artículo 19, mumeral 7%, literal g) de la Constitución) y el otro, es el control de las armas 29

(artículo 103 de la Constitución). En otras materias, el legislador penal funda la protección de bienes jurídicos en dimensiones indirectamente cauteladas por el ordenamiento constitucional, tales como el libre mercado, la libre competencia o la libertad contractual. Por tanto, el legislador tiene un doble vínculo con bienes jurídicos penales establecidos en la Constitución. Por una parte, se debe al ordenamiento constitucional a objeto de cumplir fielmente sus mandatos genéricos. Y, por otra parte, tiene mayor fundamento para sustentar la protección penal de determinados bienes jurídicos;

VIGESIMO 'S£SEXTO. Que el artículo 103 de la Constitución dispone que:

“[Nlinguna persona, grupo u organización podrá bposeer o tener armas u otros elementos similares que señale una ley aprobada con quórum calificado, sin autorización otorgada en conformidad a ésta.

Una ley determinará el Ministerio o los órganos de su dependencia que ejercerán la supervigilancia y el control de las armas. Asimismo, establecerá los órganos públicos encargados de fiscalizar el cumplimiento de las normas relativas a dicho control”;

VIGESIMO SÉPTIMO. Que esta mnorma .constitucional tiene un fundamento indirecto en la propia legislación de control de armas (Ley N% 17.798) cuyo origen fue una moción parlamentaria del H. Senador Juan de Dios Carmona en 1972, a raíz de atentados subversivos que ocasionaron la muerte de un ex nombre reservadopresidente de la República y de un

Comandante en Jefe del Ejército, entre otras personas. El antiguo artículo 92 de la Constitución contenía una norma idéntica a la del primer inciso y tenía por objeto

evidenciar la tesis acerca del monopolio de la fuerza en

manos del Estado privándola del todo a privados (sea individual como en grupo u organización). Con ello, no existe en nuestro ordenamiento constitucional una 30

libertad de porte, posesión o tenencia sin una autorización estatal expresa;

VIGESIMO OCTAVO. Que, sin embargo, la Ley de Reforma Constitucional N? 20.503, de 27 de abril de 2011, inmnovó en los medios de control vy fiscalización de esta finalidad constitucional. Los objetivos de la reforma constitucional eran muy claros: “dar sustento constitucional a la labor de Carabineros de Chile en el ámbito del control y supervigilancia de armas y permitir al legislador entregar el control de armas a más de una Secretaría de Estado u órganos dependientes de ellas”

(Biblioteca del Congreso Nacional, Historia de la Ley Ne 20.503, p. 15). Con ello consolidó una doble evolución institucional. Primero, porque refleja un tránsito desde el control de la subversión a una dimensión de las políticas públicas de control de armas propiamente delictivas de la organización criminal común pero con un poder de fuego creciente. Por lo mismo, en segundo lugar, hay una modificación de los actores institucionales que participan en dicho control. Se bifurcan los Ministerios encargados de la defensa nacional (artículo 101 inciso primero de la Constitución) y de la seguridad pública (artículo 101 inciso segundo de la Constitución). Y se amplían los mecanismos de fiscalización Opara la participación de Carabineros de Chile en el mismo. Con ello, podemos advertir que el artículo 103 de la Constitución se inserta en la tarea constitucional de “dar protección a la población” (artículo 19 inciso quinto de la Constitución) e insertar el control de armas en la garantía del “orden público y la seguridad pública interior” (artículo 101 inciso segundo de la Constitución) ;

VIGESIMO NOVENO. Que el artículo 103 aludido, aunque parezca obvio decirlo, es un precepto constitucional y no una norma penal. Por tanto, no regula la tipicidad de las conductas de “posesión” y “tenencia” de armas bajo una 31

regla de autorización estatal previa, dejando libre el “porte” de armas. Una interpretación de esta naturaleza

subvertiría la reflexión constitucional y dejaría sin sentido todo el artículo 103 de la Constitución. Por tanto, es una morma que atribuye una finalidad constitucional y refleja un marco de competencias para su obtención;

TRIGÉSIMO. Que, analizado así, la normativa impugnada constituye. un mecanismo coherente con el mandato constitucional respecto de que no hay excepciones

a la expresión “ninguna persona” puede poseer o tener armas al margen de una autorización legalmente obtenida.

Lo anterior, facilita los mecanismos de control,

objetiviza la fiscalización de Carabineros de Chile y

consigna que el uso o la amenaza de uso de armas de fuego no constituyan un medio legítimo más allá de las excepciones reguladas para el ámbito de la caza y el deporte;

TRIGESIMO PRIMERO. Que esta finalidad constitucional

no implica una mera preocupación del legislador en un sentido puramente abstracto. Los datos de la entidad

encargada del control de armas, la Dirección General de

Movilización Nacional, lo ratifican plenamente como una preocupación creciente y que exige políticas específicas para contener el efecto del uso de las armas de fuego. El

cuadro que permite explicar mejor esta evolución es el relativo al mnúmero de armas extraviadas, robadas o hurtadas puesto que uno de los propósitos explícitos es impedir la transferencia de armas desde una posesión o tenencia lícita a porte, tenencia o posesión ilícita. Es

así como en el Informe Estadístico de la DEMN de julio de

2016 se reflejan los resultados que se incluyen

integralmente en la siguiente tabla:

32 TABLA 1,4.1: NÚMERODE ARMAS EXTRAVIADAS O ROBADAS Y SUS RESPECTIVOS ACUMULADOS DESDE 2005 HASTA JULIO DE ZOLE"

Extreviadas Robadas/ Estraviadas | ecumuladas | Hurtadas í

20065 347 8250 1236 5175

2008 1284 S.£15 1318 7310

2010 647 5 50 3397

A0i6% ia7 20:200 873 i7.424 11 ERO las as hsTadas comentaron a xer diferesciadas de ha rebadas y hasta julio sirmán 5a.

Fieste DESMAL

TRIGESIMO nombre reservado. Que podemos advertir que el

volumen de armas robadas o hurtadas constituye el

universo más relevante de esta . transferencia de propósitos lícitos a ilícitos. Y allí resulta claro que se trata de un fenómeno en ascenso, puesto que en menos de diez. años se triplicaron los robos y hurtos de armas de fuego inscritas legalmente. Por tanto, el objetivo del

legislador que penaliza los delitos cometidos mediante el uso o amenaza de uso de armas de fuego está en la base de

un problema real de seguridad pública;

TRIGESIMO .TERCERO. Que, por tanto, las normas impugnadas se inscriben dentro de una norma

constitucional que les otorga un amparo genérico y

coherente que respalda la estrategia de control de armas

que impulsa el legislador a partir de la Ley N?% 20.813;

2.2. El precepto impugnado restringe el marco legal de la

pena y no su individualización judicial.

33 TRIGESIMO CUARTO. Que este precepto efectivamente

modifica el régimen general de determinación de la pena, obligando al juez a graduar la pena en concreto dentro de los límites mínimos y máximos establecidos mpor el legislador, salvo algunas excepciones como la disminución de la pena por grado de ejecución del delito, o la aplicación de la eximente incompleta. Esta modificación no. es única ni nueva en nuestro ordenamiento, reglas similares se encuentran en la Ley Ne 20.931, de 2016, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para delitos contra la propiedad. En principio, como ha establecido el Tribunal Constitucional, el legislador tiene primacía para efectuar decisiones de política criminal (STC 825), si se mantiene dentro de los límites , constitucionales de la pena (prohibición de apremios

-1 ilegítimos, confiscación, tratos inhumanos NA degradantes) ;

TRIGESIMO QUINTO. Que el artículo 17 B de la Ley de

Control de Armas implica una modificación de las reglas legales de determinación de la pena, rigidizándolas, bajo las siguientes características: Primero, se aplica a un conjunto tasado de delitos y cuasidelitos que implican uso de armas. Esos delitos son los del artículo 8”%, 9”, 10%, 13, 14 y 14 D de la Ley N% 17.798. En segundo lugar,

reemplaza los criterios legales de determinación de la pena de los artículos 65 a 69 del Código Penal por otros criterios que describe. En tal sentido, aunque parezca obvio reiterarlo, reglas legales reemplazan otras. En

tercer lugar, restringe la individualización judicial de la pena a la cuantía que determina el legislador en la esfera de sus límites. En cuarto lugar, la restricción no implica eliminar el juicio de culpabilidad basado en circunstancias agravantes o atenuantes de la misma. Todas ellas se aplican, pero moduladamente dentro del marco

penal. En quinto término, la determinación de la cuantía 34

de la pena, junto al examen de atenuantes y agravantes,

se aplicará dependiendo la mayor o menor entidad del mal producido por el delito o cuasidelito. En sexto lugar, estas restricciones no operan en caso de delitos

frustrados, tentativas, complicidad, encubrimiento, media prescripción, participación de menores de edad junto a mayores de edad y en el caso de eximentes incompletas, según lo desarrollan los artículos 51 a 54, 72, 73 y 103 del código Penal;

TRIGESIMO SEXTO. Que los artículos 65 a 68 del código Penal norman la determinación legal de la pena. Si bien el precepto impugnado limita la determinación de ésta, lo que restringe más exactamente es el marco penal y no la individualización judicial de la misma [nombre reservado, nombre reservado nombre reservado (2009): “¿Discrecionalidad judicial en la

Defensoría Penal Pública, pp. 6 y ss.]. Estas reglas obligan al juez, en virtud del artículo 69 del cCódigo Penal, a determinar la cuantía exacta de la pena en atención a las circunstancias atenuantes y agravantes y al mayor o menor extensión del mal producido por el delito. En este caso, el legislador modifica la determinación de la pena que está bajo su competencia, y deja a resguardo la individualización judicial, sólo que dentro de límites más restringidos. De este modo, si bien en la práctica se aplicará una pena más severa, no puede concluirse que. este giro de política criminal sea inconstitucional. El juez aún está facultado de aplicar las circunstancias agravantes y atenuantes del caso concreto, en relación con los principios de culpabilidad y proporcionalidad que siempre ha aplicado;

35 2.3. Las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal permiten ajustar la mnecesidad de una pena con la intensidad de la misma.

TRIGESIMO “SÉPTIMO. Que el fundamento de las circunstancias .modificatorias de responsabilidad mpenal reside en su capacidad de cumplir una doble función general para la pena e individual para la responsabilidad del infractor. La responsabilidad mpenal . debe s*er concebida como “la consecuencia jurídica de la comisión de un delito, que se traduce en un estado de sometimiento a que queda sujeto un individuo frente a la potestad sancionatoria estatal y que se materializa. en la imposición de una pena. Desde un mpunto de vista

CONS T.

valorativo, la responsabilidad penal, así definida, se /N>¿X %pasa en tres pilares fundamentales: desvalor de acción, =l esvalor de resultado y mnecesidad de pena” [Rodríguez

nombre reservado (2011): «Naturaleza y fundamento de las circunstancias modificatorias”, en Revista de Derecho

PUCV, Vol. XXXVI, primer semestfe, pp. 397-428, p. 425].

Por otro lado, las circunstancias modificatorias pueden definirse como “aqueilos hechos, situaciones o datos,

ajenos a la estructura del tipo, a los cuales la ley confiere la virtud de servir como instrumento de medición de la intensidad que ha de revestir la pena en cada caso concreto” [nombre reservado, op. cCit., p. 4071. “Se trata, en efecto, de circunstancias que la ley selecciona como indicadores (cuantitativos) del concreto grado de merecimiento y necesidad de pena de cara a determinadas particuiaridades del hecho delictivo juzgado. Es decir, se trata de circunstancias que contribúyen a realizar la

exigencia de que la pena impuesta sea “una pena que tenga caráctef legal”, pero que al mismo tiempo sea “adecuada a la individualidad del caso concreto”,” [Mafñalich, nombre reservado

nombre reservado (2009): “¿Discrecionalidad judicial en la determinación de la pena en caso de concurrencia de 36

circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal?”, Informe en Derecho disponible en la Biblioteca de ia Defensoría Penal Pública, p. 13]. Las circunstancias modificatorias permiten, en definitiva, que el juez aplique una qpena proporcionada vy acorde con la culpabilidad del sujeto y con la necesidad de pena;

2.4. No hay una disminución del juicio de culpabilidad judicial mni afectación del . principio de dignidad personal.

TRIGESIMO OCTAVO. Que la restricción de las reglas de determinación de la pena constituye una señal de identidad de mnuestro sistema penal. Desde siempre el modelo penal chileno ha entregado al legislador el deber de fijar delitos, penas, modalidades de ejecución así como las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal en el conocido juicio de culpabilidad. En Chile, antes y después del régimen procesal penal, existe un ámbito judicial restringido para la individualización de la pena, no siendo resorte del juez realizar una interpretación libre de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad así como de definir la penalidad individual. Todas ellas, eximentes, atenuantes y agravantes corresponden a un régimen tasado legalmente, siendo los preceptos

impugnados parte de la misma manera en que el legislador ha procedido a realizar las valoraciones punitivas de los bienes jurídicosi a proteger;

TRIGESIMO NOVENO. Que, además, los períodos para realizar la ponderación de la culpabilidad se deducen directamente de la actual regulación de los artículos 339 yY 340 del Código Procesal Penal que se refieren a la

deliberación y la convicción ñecesaria para declarar la culpabilidad de una persona imputada en un delito más 37

allá de toda duda razonable. Con posterioridad, en la audiencia sobre la decisión o condena se abre debate sobre los factores relevantes para la determinación y el cumplimiento.de la pena pudiendo abrirse un debate sobre

tales circunstancias y factores (artículo 343 del código Procesal Penal);

CUADRAGÉSIMO. Que, en consecuencia, al poder

realizar una ponderación más acotada de eximentes,

atenuantes y agravantes, el juez individualiza una pena sin afectar el principio de culpabilidad. Lo anterior, porque no hay ninguna de estas circunstancias modificatorias de la responsabilidad que no pueda tasar.

Con: ello, respeta el principio de dignidad Hhumana (artículo 1%, inciso 1%, de la Constitución), que está en la base del principio de culpábilidad. Otra cuestión diferente es que el quantum de la pena resultante le

impida o permita acceder a una pena sustitutiva;

2.5. No hay infracción al principio de proporcionalidad

ni a la igualdad.

CUADRAGESIMO PRIMERO. Que no se infringe la igualdad

ante la ley ni el principio de proporcionalidad. El Tribunal Constitucional no puede sustituir al legislador

en la elaboración de una política criminal. Asimismo, no

se puede aplicar como único parámetro constitucional, pues esto implica. evaluar situaciones fácticas del caso

concreto en que este tribunal no tiene competencia, mni

puede sustituir la función del juez del fondo;

CUADRAGESIMO nombre reservado. Que las medidas que modifican

la individualización judicial de la pena tienen por

objeto permmitir la aplicación de las sáanciones que

realmente configuró el legislador, siendo idóneas a ese propósito. Esta idoneidad debe verificarse en el marco de

las finalidades constitucionalmente legítimas que lo permiten, siendo el control de armas una razón 38

constitucional habilitante para aproximar las penas potenciales a las reales. Asimismo, resulta indispensable contrastar con los otros mecanismos, en la evaluación de los medios mismos para obtener este resultado, en función del juicio de necesidad, en ordena impedir una escalada de incremento de las penas. La tendencia del legislador a ampliar el marco penal controvierte de manera severa todo un esquema de valoración de los bienes jurídicos, prima facie, que resultan protegidos por el sistema penal. Por lo mismo, el recurrir a modalidades que tienen por objeto aplicar las penas ya existentes, sin perjuicio de ajustes sobre las mismas, permite un esquema de racionalización de su efectividad. Finalmente, en el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, el juez constitucional debe ponderar los bienes jurídicos y derechos en juego, según las circunstancias del caso concreto, y determinar si el sacrificio de los intereses individuales guarda una relación razonable Y proporcionada con la importancia del interés estatal a salvaguardar [González-nombre reservado (1990):

Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso penal (Madrid, Editorial Colex), p. 225]” (Voto disidente Rol 292, considerandos 64 y 77);

CUADRAGESIMO TERCERO. Que dentro de estas consideraciones, el sacrificio de derechos que iría directamente dirigido a la afectación de culpabilidad dañando la dignidad humana, esto es, culpando a gente inocente por una interpretación mecanicista de la ley, es una tesis que. no podemos compartir. El juicio de culpabiiidad se ha de realizar con libertad judicial Y las normas impugnadas lo permiten. La dimensión precisa de cada uno de los casos sólo puede verificarse en la afectación del caso concreto;

3. APLICACIÓN EN EL CASO CONCRETO.

39 CUADRAGESIMO CUARTO. Que el requirente en estos

autos es imputado en un proceso penal seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cafñete, por el delito de porte ilegal de arma de fuego, prescrito en el

artículo 9% en relación con el artículo 2%, ambos de la Ley N% 17.798, de Control de Armas;

CUADRAGESIMO QUINTO. Que, tal como se ha

argumentado, la aplicación de los preceptos cuestionados,

contenidos en el artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N* 17.798, y en el inciso segundo del artículo 19 de la Ley N? 18.216, no implican un trato discriminatorio y

desproporcipnado a personas que cometen infracciones a la

Ley de Armas, mni tampoco establecen una limitación inconstitucional a las facultades del juzgador;

CUADRAGESIMO SEXTO. Que, tal como se expuso, la

magistratura competente deberá interpretar y aplicar las normas penales y procesales, y determinar una pena

proporcional a la culpabilidad. Del mismo modo, dicha judicatura será la llamada a establecer si la conducta es

típica, antijurídica y culpable, y si merece una sanción;

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo

93, incisos primero, N9 6%, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y Kpertinentes de la

Constitución Política de la República y de la Ley N”S 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

l. QUE sE ACOGE EL REQUERIMIENTO DE

INAPLICABILIDAD DEDUCIDO A FOJAS 1, SÓLO EN LO

CONCERNIENTE A LA IMPUGNACIÓN FORMULADA AL 40

ARTÍCULO 19, INCISO nombre reservado, DE LA LEY N* 18.216.

II. QUuE SE RECHAZA LA ACCIÓN DE FOJAS 1, EN AQUELLO

QUE DICE RELACIÓN CON EL REPROCHE FORMULADO AL ARTÍCULO 17 B, INCISO nombre reservado, DE LA LEY Ne

17.798.

III. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN ' DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA A FOJAS 32; OFÍCIESE.

PREVENCIONES

Se previene que el Ministro sefior nombre reservado nombre reservado nombre reservado

concurre al rechazo de la presente acción de inaplicabilidad por inconstitucional del artículo 17 B, inciso segundo, de la 'Ley N” 17.798, teniendo en consideración únicamente lo siguiente:

19. PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Que el artículo 17 B

de la Ley N% 17.798 expresa, en su inciso primero (no

objetado) que “Illas penas por los delitos sancionados en

esta ley se impondrán sin ¡perjuicio de las que

correspondan por los delitos ¿o cuasidelitos que se

cometan empleando las armas o elementos señalados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 22 y en el artículo 32, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal”. A su vez, en el inciso segundo ., del mencionado precepto, que es el que específicamente se impugna en la presente acción de inaplicabilidad, dispone que “[p]Jara determinar la pena

en los delitos previstos en los artículos 82, 9%, 10, 13,

14 y 14 D, y en todos los casos en que se cometa un

delito o cuasidelito empleando alguna de las armas o

elementos mencionados en el inciso anterior, el tribunal no tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 41

65 a 69 del Código Penal y, en su lugar, determinará su cuantía dentro de los límites de cada pena señalada por la ley al delito, en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes, y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. En consecuencia, el tribunal no podrá imponer una pena que sea mayor o menor a la señalada por la ley al delito, salvo lo dispuesto en los artículos 51 a 54, 72, 73 y 103 del Código Penal, en la ley N* 20.084 y en las demás disposiciones de esta ley y de otras que otorguen a ciertas circunstancias el efecto de aumentar o rebajar dicha pena”;

2%. Que, para comenzar, conviene señalar que esta

disposición se enmarca en la aspiración general del legislador por endurecer la respuesta punitiva del Estado para delitos establecidos la Ley de Control de Armas.

Este deseo de mayor severidad puede obedecer a distintos propósitos e intentar alcanzarse por medio de diferentes

mecanismos.

Respecto de lo primero, el legislador puede querer aumentar las penas respecto de delitos cuya gravedad así lo ameritaría, como ocurrió con la modificación que dio origen al precepto legal impugnado.

En cuanto los mecanismos, el legislador ha utilizado

distintas vías para aumentar la severidad de las infracciones a la Ley de Control de Armas. Una de ellas

es la exclusión total de ciertos delitos a la posibilidad de aplicación de la ley que establece penas sustitutivas a las de privación de libertad, lo que, en algunos casos, ha sido declarado incompatible con la Constitución. Otro mecanismo escogido por el legislador ha consistido, en lo medular, en modificar ciertas mnormas reguladoras de la

etapa de individualización de penas, con el objeto de

asegurar que la sanción que se aplique al caso concreto no sobrepase el límite o rango (inferior o superior)

cuya constitucionalidad se analiza.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe tener presente que la existencia de distintos mecanismos para aumentar la severidad de la respuesta punitiva ante ciertos delitos no significa, en general, que las distintas vías legales que escoja el legislador sean equivalentes de cara a la Constitución Política de la República. Es evidente que para lograr el propósito aludido, la vía más efectiva, directa, transparente y, eventualmente, menos riesgosa desde el punto de vista constitucional es el aumento del quantum de la pena asignada por la ley al delito;

3% OBJECIÓN CONSTITUCIONAL EN QUE SE FUNDA EL REQUERIMIENTO. Que, con el objetivo de explicar de manera sintética, clara y coherente la fundamentación del requirente, se puede sostener que, en lo esencial, la acción de inaplicabilidad alega que: (i) la aplicación del precepto legal impugnado consagraría una diferencia de trato al modificar, para un tipo particular de delitos (y que corresponde a una parte muy reducida del conjunto total), el régimen general de determinación judicial de penas del Código Penal, y ; (ii) la clasificación a que da lugar la mnorma objetada Y que confina a ciertos delitos a estar regidos por reglas excepcionales es arbitraria ya que no obedecería a un propósito que la justifique suficientemente; (iii) la nueva regla perjudicaría de manera desmedida o desproporcionada al requirente, in¿umpliendo con los mínimos estándares exigibles en un Estado de Derecho respetuoso del debido broceso. En consecuencia, según el requirente, se infringirían, fundamentalmente, los artículos 19,1Nºs 2e (inciso segundo) y 32 (inciso sexto) de la Constitución, así como otras disposiciones accesorias o dependientes de 43

los principios generales de igualdad ante la ley y de proporcionalidad (racionalidad y justicia procesal);

49%, EXISTENCIA DE UNA DIFERENCIA DE TRATO. Que,

efectivamente, la ley hace una diferencia, estableciendo

una regla que se aparta de la regulación legal, todavía

común o general del Código Penal (1875), el cual, como

todo intento codificador, aspiraba a concentrar en un

solo cuerpo normativo la legislación penal vigente en

Chile. No obstante, el sistema penal chileno ha ido

experimentando una paulatina “decodificación” con la aparición de diversos preceptos penales contenidos en

otros cuerpos normativos. Lo que se quiere puntualizar es

que no debiera exagerarse el carácter excepcional de la

regla comprendida en el precepto legal impugnado. Al

respecto hay que tener presente, como consideración general, que esto es reflejo de la progresiva dispersión

de normas penales en leyes que no forman parte del Código Penal. Por otra parte, también hay que tener en cuenta,

como consideración particular, que en el último tiempo se

han dictado varias leyes con disposiciones similares a la

objetada en autos, tales como el nuevo artículo 196 Bis

de la Ley del Tránsito (2014), el nuevo artículo 449 del

código Penal referido a los delitos contra la propiedad

(2016) y el nuevo delito de colusión en el ámbito de la

Libre Competencia (2016). Asimismo, los artículos 20 a 26

de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (2005)

contemplan reglas para la determinación judicial de

sanciones que también se aparta de las reglas que sobre

la materia contempla el Código Penal. Al final, no puede

descartarse que estándares legales que al comienzo tienen

un carácter excepcional, luego pasen a transformarse en la regla general. A veces, para concretar reformas

sistémicas e integrales se requiere de modificaciones específicas previas.

44 No puede desconocerse, sin embargo, que la

modificación asistemática y de alcance particular de diversas reglas del código Penal (a diferencia de reformas de carácter integral) eleva el riesgo de que se

incurra en situaciones de incompatibles con la

Constitución, en especial en lo concerniente a las diferenciaciones que se generan;

5%. LA DIFERENCIACIÓN SÍ OBEDECE A UN PROPÓSITO QUE

CONSTITUYE UNA JUSTIFICACIÓN SUFICIENTE. Que el

requirente sostiene que la modificación legal que dio

lugar a la norma impugnada no fue precedida de un debate

de fondo durante su tramitación legislativa, salvo

opiniones doctrinarias entregadas por invitados ai debate de estilo.

Al respecto, sólo cabe consignar que la modificación

sí responde a un propósito, el que consiste, en general, en incrementar la severidad punitiva de delitos asociados

a la Ley de Control de Armas y, en particular, en

restringir la aplicación de ciertas reglas que regulan el efecto de circunstancias atenuantes y agravantes en el

quantum de la pena singularizada luego de la ponderación judicial pertinente. En efecto, luego de escuchar las

sugerencias de académicos invitados a exponer durante el desarrollo del proceso legislativo (lo que, en general,

constituye una práctica usual y positiva), el legislador

consideró que la disposición impugnada eliminaría el

riesgo de que, por el mayor peso relativo que tienen las

circunstancias atenuantes en relación a las agravantes,

la pena concretá a la que se condenara al infractor sea

inferior al quantum mínimo de la pena que la ley le

atribuye al delito. Así, de esta manera, y sin afectar la

libertad del juez para ponderar diversas circunstancias

para determinar la mpena justa, la mnorma cuestionada

garantizaría un piso y un techo congruente con el mínimo 45

y máximo del rango de la pena privativa de libertad asignada por ley al delito.

Evidentemente, la ley penal debe tener una razón de

ser y ésta debe ser legítima, para lo cual la historia legislativa puede ser un antecedente útil mpara su identificación. Lo cierto es que la modificación cuestionada no carece de motivación. De hecho, en el requerimiento se reconoce la existencia de “objetivos

claros”. Lo que en el fondo se critica por el requirente es que la Ley N* 20.603, la cual reforzó el objetivo de la reinserción social que inspiró la Ley N* 18.216, fue sustentada .por una fundamentación de mayor solidez y

fruto de una discusión legislativa más profunda que la de la ley modificatoria que estableció la disposición impugnada.

En suma, se podrá discutir la bondad de este cambio de orientación, pero, de haber problemas de constitucionalidad (los que en nuestra opinión no existen respecto de este artículo en particular, a diferencia del primero de los preceptos objetados) éstos no parecen

provenir de una supuesta ausencia de'racionalidad en la justificación proporcionada;

6%. LA NUEVA REGLA TIENE UN EFECTO RELATIVAMENTE

NEUTRO Y UN IMPACTO DE UNA MAGNITUD MENOR Y ACOTADA. LA

NORMA NO VULNERA EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD Y ES

COMPATIBLE CON UN ESTÁNDAR DE RACIONALIDAD Y JUSTICIA.

Que, para evitar juicios de generalidad excesiva que

puedan dar dlugar a exageraciones, es útil partir

señalando que, desde la perspectiva de la extensión o

grado de amplitud de los aspectos modificados por la

nueva regla, la diferencia entre la regla impugnada y la

general de común aplicación es de una magnitud menor. En

efecto, la regla cuestionada y que tiene como propósito

un endurecimiento punitivo, se enmarca sólo en la fase de

individualización judicial de la pena y, respecto de 46

ésta, sólo en un aspecto acotado de este proceso de determinación concreta de la pena a cada caso en particular;

7%. Que, en seguida, es posible afirmar que la

regla contenida en el artículo 17 B, inciso segundo, de

la Ley N? 17.798, tiene un efecto relativamente neutro y, por ende, no representa un agravio. (0 al menos uno de magnitud significativa) que tenga la potencialidad de

infringir la Constitución. Esta aseveración se fundamenta, como *e explicará, en las siguientes

consideraciones: a) hay hipótesis en que el condenado puede verse beneficiado con la nueva regla y, en otras,

perjudicado; b) el precepto impugnado amplía la libertad del juez para poder 1 4—ponderar o “compensar” las

circunstancias atenuantes y/o agravantes que, eventualmente, concurran. Así, de esta manera, se maximiza la potencialidad de ajustar con un mayor mnivel

de precisión la pena justa para el caso concreto;

8%. Que, sin perjuicio del efecto ambivalente que

puede tener la nueva regla, la aseveración de que el precepto objetado podría tener, hipotéticamente, un efecto menos beneficioso o más gravoso desde el punto de

vista punitivo, . sólo puede esgrimirse recurriendo, por un

lado, a exaltar el hecho que -de acuerdo a muestro

sistema- las atenuantes tienen un efecto un poco más

intenso que las agravantes y, por el otro, como elemento

de apoyo, asumiendo un supuesto difícil de probar más allá de una apreciación intuitiva, esto es, sostener que

la práctica júdicial ha sido “benevolente” en la

aplicación de las penas.

Obviamente, podría ser clara y 6evidente la

existencia de un aumento de la severidad punitiva si

directamente se elevara el límite inferior o “piso” y

superior o “techo” del rango de penalidad atribuido por 47

ley al tipo delictivo. Sin embargo, esto no ocurre en el caso del precepto impugnado;

9%. Que, a mayor abundamiento, es importante resaltar que la regla del inciso segundo del artículo 17 B, como ya se adelantado, amplía la libertad del juez para ponderar la verificación de circunstancias atenuantes y agravantes. En efecto, se trata de un

régimen que incrementa la libertad del juez para ponderar distintas variables, sin tener que constrefiirse a un marco más pasado O restrictivo en cuanto al tipo de circunstancias modificatorias de responsabilidad y al peso que la ley asigna a su concurrencia.

De hecho, la fórmula utilizada replica la norma más importante que bajo el régimen común tiene el juez para ajustar con un mayor grado de flexibilidad y, por ende, de precisión, la pena justa al caso concreto. La regla de compensación racional de atenuantes y agravantes, como

también se la conoce, dispone que el juez determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes, y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito.

La mayor amplitud y flexibilidad que la regla legal impugnada otorga al juez para ponderar o balancear las

circunstancias atenuantes y agravantes que se presenten

es indesmentible si se tiene en cuenta la situación que existe, al día de hoy, como regla general. La siguiente cita puede ser ilustrativa de lo recién comentado: “Con

un marcado recelo histórico de la función judicial, el

legislador señala al juez, en forma expresa, cuáles son

las circunstancias que le permitirán aumentar o disminuir la penalidad aplicable al caso concreto; luego le indica

la forma cómo deberá valorarlas y, en fin, determina los efectos de tales circunstancias en la pena. Todo ello con

carácter imperativo: el juez deberá estarse a las reglas que le impone el legislador. Es importante sefñalar que 48

las circunstancias modificatorias deben obligatoriamente ser tomadas en consideración para aumentar o disminuir la pena. En este sentido, el juez podrá dar por concurrente

o no una determinada circunstancia, pero si ocurre una de

ellas, mno está autorizado para ponderar si le da aplicación o no” (nombre reservado y nombre reservado: Las

Consecuencias Jurídicas del Delito. Editorial Jurídica de Chile, 2013, p. 363);

10%., Que, por último, Y por las razones

precedentemente expuestas, debemos enfatizar que mno compartimos el argumento de la parte requirente

consistente en que se violentaría el principio de culpabilidad al .impedir que la judicatura evalúe todos

los antecedentes fácticos y personales para la aplicación de la sanción penal, vulnerando, así, el derecho al debido proceso reconocido en el artículo 19, Ne 32, de la Constitución;

11%. ARGUMENTOS EN QUE NO SE FUNDA LA LEGITIMIDAD

CONSTITUCIONAL DEL PRECEPTO IMPUGNADO. A) Acerca del

argumento de la competencia exclusiva del legislador en

estas materias. Que, un primer arguménto del Ministerio Público plantea que dado que la determinación de delitos y penas es materia de reserva legal (por lo dispuesto en

el artículo 63 y 19, N* 3* de la Constitución), lo que habilitaría a que por ley se pueda elegir, de acuerdo a

las consideraciones de mérito que el legislador estime

del caso, a elegir cómo ha de aumentarse la severidad del

tratamiento penal que se brinda a ciertos delitos.

De forma complementaria, el mencionado organismo

argumenta, en segundo lugar, que el hecho que este

Tribunal (STC Rol Ne 3081) haya declarado como materia de ley simple (y no de ley orgánica constitucional) una norma similar referida a la modificación del artículo 449 del código Penal, demostraría que una regla como la 49

impugnada no alteraría las atribuciones de los ¡jueces para aplicar la pena y, por ende, sería constitucional;

12%., Que este primer argumento general en virtud del cual se aspira a minimizar el control de

constitucionalidad (material) de leyes penales debe rechazarse. Haciéndonos cargos, brevemente, de la primera variante argumentativa, esto es, aquella referida a la reserva legal, cabe hacer presente que el sentido del

principio de legalidad penal radica, fundamentalmente, en el mayor grado de legitimidad social y certidumbre en el establecimiento de la más enérgica manifestación jurídica de la sociedad respecto de uno de sus integrantes. Por lo tanto, consideramos que concluir que la observancia de un resguardo. constitucional dirigido a proteger a las personas constituye una validación de su

constitucionalidad es equivocado.

En lo concerniente a la segunda variante argumentativa, la cual (equivocadamente) le atribuye a la calificación de ley simple (y no de ley orgánica constitucional) un efecto confirmatorio de la constitucionalidad de la disposición controlada, debe precisarse que dicho tipo de declaración no tiene el efecto jurídico pretendido. En efecto, cuando este

Tribunal decilara que una disposición contenida en un proyecto de ley sometido a control preventivo (previsto

en el artículo 93, inciso primero, N% 12, de la Constitución) no tiene el carácter propio de una ley orgánica constitucional, lo que está significando es que no se pronunciará sobre su constitucionalidad;

En definitiva, el reconocer la existencia de un margen de discrecionalidad o espacio de flexibilidad relativamente importante del legislador para regular materias penales no significa que la normativa legal de carácter penal se encuentre inmune, ni mucho menos, a un

control de constitucionalidad que pueda, eventualmente, 50

constatar una vulneración a la Carta Fundamental. Tanto es así, que el primero de los preceptos legales

impugnados (el artículo 1*, inciso segundo, de la Ley N*

18.216) será declarado inconstitucional en su aplicación concreta;

13%. B) Acerca del argumento basado en el artículo

103 de la Constitución. Que, en segundo lugar, debe

advertirse que la legitimidad constitucional de esta

norma legal no deriva del artículo 103 de la

Constitución. Cabe referirse a dicha norma debido a que

es la única disposición constitucional que hace mención al control de armas. No obstante, lo que en ésta se dice

no permite sostener que los delitos asociados al control

de armas revisten una gravedad mayor que otros debido a

que existiría un bien jurídico de especial protección

constitucional.

Tal como se ha manifestado respecto del artículo 1:?,

inciso segundo, de la Ley Ne 18.216, la medida más adecuada, clara y objetiva de la gravedad de un ilícito penal radica en el quantum de la pena establecida por el

legislador. Si mnos atenemos a dicho criterio es fácil

darse cuenta que los delitos asociados al control de

armas a los cuales se les aplica la regla legal bajo

análisis son de muy diversa gravedad. Igualmente, de más

está decir que si nos guiamos por la duración de la sanción privativa de libertad (quantum abstracto de la

pena) existen muchos otros delitos a los cuales el

legislador les ha atribuido una gravedad mayor. Por lo tanto,. no resúlta pertinente justificar un supuesto

endurecimiento vpunitivo fundado en una igualmente

supuesta mayor gravedad de este tipo de delitos por el

solo hecho de tratarse de un “bien jurídico” o interés social mencionado en la Constitución.

Otra posibilidad interpretativa de la mencionada

norma constitucional, también mpoco convincente, en 51

nuestra opinión, podría consistir en sostener que se le estaría otorgando al legislador un mayor espacio de

discrecionalidad o flexibilidad que el que tendrían en lo concerniente a otros delitos de distinta naturaleza. Si

se examina con detención el artículo 103 de la

Constitución no puede colegirse mnada parecido a una

interpretación como la señalada. En efecto, y como

consecuencia lógica del monopolio de la fuerza reconocido por la Carta Fundamental a las Fuerzas armadas y

Carabineros, únicos “cuerpos armados” (artículo 102, inciso segundo), el artículo 103 dispone, en su inciso primero, que debe existir un régimen de autorización

previa, regulado por una ley de quórum calificado, para

que una persona, grupo u organización pueda tener o

poseer armas u otros elementos similares, agregando, en

su inciso segundo, que será materia de ley la

determinación de 1los éórganos públicos que deben encargarse de la supervigilancia, control y fiscalización de dicho régimen regulatorio.

Por otra parte, no parece razonable considerar que un supuesto mayor espacio de discrecionalidad legislativa

en esta materia podría implicar una regla de excepción o

atenuación respecto de las garantías que la Constitución

reconoce a todas las personas en su artículo 19, en

especial aquellos mnumerales que establecen límites a la

actividad legislativa y que alcanzan materias de índole

penal, como ocurre, por ejemplo, con los números 2% y 3e

del mencionado artículo;

149. CONCLUSIÓN. Que, por las consideraciones

expuestas precedentemente, se puede concluir que la

aplicación en la gestión judicial pendiente del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N% 17,.798 no resulta contraria a la Carta Fundamental.

52 El Ministro señor Nelson Pozo Silva previene que concurre al rechazo del requerimiento de inaplicabilidad en lo concerniente a la impugnación formulada al artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N? 18.216, teniendo presente, además, lo siguiente:

1%. Que es del caso hacer referencia en autos que el legislador puede establecer delitos y penas en virtud del mandato constitucional del artículo 63, N? 3, de la Carta Fundamental, en la medida que no afecten en la fijación concreta de la Política Criminal garantías fundamentales;

2%. Que teniendo presente I¡as objeciones que se A» plantean al artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N”S -

Te 17.798, sobre la fijación en la severidad del tratamiento nombre reservado

SECRETARIA penal de ciertos delitos, como es el caso en comento, no resulta reprochable constitucionalmente, ¿al tenor del caso concreto del requerimiento de fojas 1;

3%. Que, igualmente, no se ve como pudiera afectarse la igualdad en la norma cuestionada, tomando en consideración que la misma disposición es utilizada en diversas otras disposiciones legales en el ordenamiento jurídico nacional tales como la Ley N% 20.000, la Ley N* 18.290 y otras normas similares;

4%. Que por las razones expuestas no es posible

acceder a lo solicitado por la requirente a fojas 1 en el acápite referido al artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N9 17.798.

DISIDENCIA

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores Carlos Carmona sSantander (Presidente), Gonzalo 53

nombre reservado y Domingo Hernández Emparanza, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento deducido, en lo que respecta a la impugnación planteada al artículo 1”, inciso segundo, de la Ley N“% 18.216, teniendo presente

las siguientes consideraciones:

1%. El requirente solicita la imnaplicabilidad del inciso segundo del artículo 1% de la Ley N? 18.216 y del inciso segundo del artículo 17 B de la Ley N? 17.798, en el proceso penal seguido en su contra ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cafíete, por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Alega la vulneración de los artículos 1%, 19 N*s 2 y 3 de la Constitución, de los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los artículos 11.1 y 24 de la a z N :

a Convención Americana de Derechos Humanos. Afirma que la E ñ SECHETARIA / aplicación de estos preceptos en la gestión pendiente — implica un trato discriminatorio y desproporcionado a personas que cometen infracciones a la Ley de Armas, pues

sustrae la aplicación de las mormas qgenerales de determinación de la pena y la posibilidad de emplear

penas substitutivas. Con ello, se limitan las facultades del juzgador para imponer una pena racional y justa, considerando el caso concreto;

2%9. Que, en relación con el impedimento de acceso a

las renas sustitutivas sostendremos los siguientes criterios interpretativos. Primero, que las penas substitutivas no operan automáticamente por el solo ejercicio de la ley. sSegundo, la política criminal la fija el legislador dentro de los límites constitucionales. Tercero, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece límites para la política

criminal pero no crea derechos a penas sustitutivas.

Cuarto, no existe en nmuestro ordenamiento un derecho subjetivo de los condenados en un proceso penal a la

aplicación de una pena sustitutiva. Quinto, no se puede impugnar la aplicación efectiva de las penas sin 54

cuestionar la estructura punitiva de todo el sistema penal y sexto, no hay un juicio de igualdad oc un trato

discriminatorio propiamente tal;

1.1. Las penas substitutivas no operan automáticamente

por el solo ejercicio de la ley.

39. Que del examen del artículo primero de la ley en

todos sus incisos, al margen del impugnado, manifiesta

plenamente la idea de que se trata de una institución que no opera automáticamente por lo que define el legislador.

Por el contrario, la imposición de una pena sustitutiva

está sujeta al cumplimiento de variados requisitos

(condenas previas,'existencia de dos o más penas en la sentencia, remisiones a requisitos de otras leyes, etc.).

En síntesis, se salvaguarda esta determinación como una

facultad (“podrá sustituirse por el tribunal”) del juez;

4%. Que la imposición de una pena sustitutiva,

justamente por la evaluación de requisitos, supone que

las condiciones de la alternatividad de su cumplimiento

permanezcan durante todo su ejercicio. La tarea de un

juez penal que impone penas condenatorias después de su plena convicción jurídica y moral al margen de toda duda

razonable, también se traslada a su plena convicción en la imposición de una pena sustitutiva;

5%. Que la pena sustitutiva puede ser modificada

por el juez, justamente porque se están satisfaciendo los

requisitos para su otorgamiento (artículos 32 y 33 de la

Ley S 18.216) o porque se está vulnerando su

cumplimiento (artículo 25 de la Ley N% 18.216). Al

carecer nuestro país de un procedimiento y una organización dedicada a la ejecución de las penas, la

tarea de decidir, ejecutar y hacer cumplir esta decisión le sigue correspondiendo al juez competente;

6. Que la imposición de penas sustitutivas

asociadas a un supuesto derecho subjetivo a las mismas 55

tiene un particular test que resolver. No se aplica a todos los delitos por la entidad de los delitos mismos

(secuestros, sustracción de menores, torturas, violaciones, homicidios, parricidios o femicidios y

diversas infracciones a los tipos penales más graves de la Ley de Control de Armas, entre otros). Y. tampoco se

aplica en función de las conductas previas del propio

delincuente. Por tanto, habrá que estimar en el marco de

esta ley por qué en algunos casos se habilita al

legislador a prohibir la pena sustitutiva y en otros a permitirla;

1.2. La política criminal la fija el legislador dentro de

los límites de la Constitución.

7%. Que la determinación de la política criminal es una materia de competencia del legislador, no sólo por

cuestiones formales, ya que está atribuida directamente

por la Constitución a éste, como una de las materias de

ley, tanto en la determinación de las reglas penales como

procesales penales (artículo 63, mumeral 3% de la

Constitución). Ssino que también por cuestiones

sustantivas, ya que la intervención del legislador es el

mecanismo de garantía normativa que permitió salir de la

discrecionalidad administrativa en la configuración del

injusto punitivo en una sociedad;

8%., Que, en esa línea, el legislador tiene libertad

para proteger los bienes jurídicos que estime convenientes, . teniendo alguno de estos bienes

reconocimiento constitucional y otros de libre

determinación normativa. Así, por ejemplo, puede lograr dichas garantías jurídicas de protección estableciendo

“penas principales, penas accesorias, penas penales junto a sanciones administrativas o consecuencias no penales

derivadas o anudadas a una pena penal” (Sentencia del

Tribunal Constitucional, Rol N% 2402, considerando 23”);

56 9%. qQue, cabe en consecuencia, delimitar las fronteras constitucionales de la política criminal. Tal como lo ha indicado esta magistratura, el legi slador tiene primacía en la creación de política criminal,

sujeto a algunos límites constitucionales. En primer lugar el respeto a la dignidad humana (art. 1%) y a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y los Tratados Internacionales (art. =595), asimismo, la prohibición de todo apremio ilegítimo (art. 19 N9 1), el derecho a defensa jurídica y a ser asistido por un abogado defensor f(art. 19 N% 3 inciso 2% y 49), el

derecho a ser juzgado por un tribunal establecido por la

ley (art. 19 N* 3 inciso 59%), el derecho a una

investigación y a un procedimiento racional y justo (art.

19 N9 3 inciso 6%). Se prohíbe además la presunción de la ¡ responsabilidad penal (art. 19 N9 3 inciso 79), las penas deben haber sido establecidas por ley con anterioridad a la perpetración del delito, a menos que favorezca al afectado (art. 19 N9 3 inciso 8%), y ninguna ley puede

establecer penas sin que la conducta esté expresamente

descrita en ella (art. 19 N% 3 inciso final). A esto

puede agregarse que las medidas de allanamiento del hogar

y las comunicaciones sólo pueden prescribirse por ley (art. 19 N? 5), que la privación de libertad procede sólo en los casos y formas determinados por la Constitución y

las leyes (art. 19 N%* 7 letra b), que el arresto sólo

procede por orden de funcionario expresamente facultado

por la ley (art. 19 N% 7 letra c), que nadie puede ser detenido sino en su casa o en lugares públicos destinados

al efecto (art. 19 N9 7 letra d). Del mismo modo, la libertad del imputado procede a menos que la detención o

prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones. o para la seguridad

del ofendido o de la sociedad (art. 19 N9 7 letra e), en

las causas criminales no se puede obligar al imputado o

acusado a que declare bajo juramento sobre hecho propio 37

(art. 19 N9 7 letra f), no puede imponerse la pena de

confiscación (art. 19 N% 7 letra g), ni la pérdida de derechos previsionales (art. 19 N%* 7 letra h). 'Todos

estos derechos y libertades, en el marco de su regulación

no pueden ser afectados en su esencia (artículo 19,

numeral 26% de la Constitución). Asimismo, la propia Constitución ordena penalizar el terrorismo (art. 9) e

impide ejercer derechos políticos a los que han sido condenados a pena aflictiva (arts. 16 y 17);

10%. Que, aunque suene majadero, al legislador le

corresponde, por mandato constitucional, las siguientes

competencias: -

a.- Determinar la pena de un delito (artículo 19, numeral 3%, inciso 8?).

b.- La pena puede ser de distinto tipo y diversas reglas de la Constitución lo permiten. Es así como el

legislador puede disponer mpenas privativas de libertad

(artículo 19, literal b) del mumeral 79%), el comiso

(artículo 19, literal g) del mumeral 77”), ciertas

inhabilidades especiales (artículo 99) Y las inhabilidades generales así como las multas como mandato

directo al legislador (artículo 63 numerales 3% y 20”9).

C.- El legislador puede facultar al juez para

individualizar la pena dentro del marco de una escala

decidida por aquél. El legislador le permite al juez rebajar una pena en función de la concurrencia de

determinadas circunstancias ilegalmente tasadas y. el legislador habilita al juez para que se pueda sustituir una pena por otra.

d.- El legislador puede perseguir que sus penas sean

efectivas, estableciendo restricciones a las atenuantes o eximentes de responsabilidad o simplemente suprimiéndolas. Asimismo, puede limitar o prohibir las

penas alternativas.

Este núcleo normativo, con claras reglas

constitucionales, configura un nítido marco de potestades 58

atribuidas al Congreso Nacional las que no están exentas de límites. Sin embargo, los límites infranqueables se refieren a la violación de los principios de culpabilidad y de personalidad de las penas,

consiguientemente, de la dignidad humana (artículo 19).

Otro límite es que las penas nmo pueden ser un apremio

ilegítimo (artículo 19, mumeral 1%) y lo serán cuando éstas sean penas crueles, inhumanas o degradantes

(artículo 5% de la Constitución en relación con la Convención contra la Tortura). Respecto de todos estos límites, el requirente debe demostrar, sin lugar a dudas,

que el legislador los vulneró claramente. En caso contrario, sólo sería una consulta al Tribunal Constitucional, cuestión sobre la cual éste carece de v %V competencia;

> e 11%., Que, corolario de lo anterior, resulta evidente e3v SECRETARIA que la determinación de los delitos debe traer como consecuencia la imposición de penas penales. Ello está

expresamente autorizado por la Constitución (artículo 19, numeral 3%, incisos 8% y 9%). Pues, aunque sea obvio decirlo, la privación de la libertad personal está predeterminada por una serie de supuestos normativos que

define el literal b) del numeral 79 del artículo 19 de la Constitución. No:es novedad que la Ley de Armas imponga penas privativas de libertad. Se ha hecho siempre;

129. Que al revisar todos los — límites constitucionales de la discrecionalidad del legislador en

el establecimiento de los delitos y de las penas, reflejamos todas las mnormas constitucionaies que se

refieren a la materia. Ninguna de ellas hace mención

directa o indirecta a las penas alternativas. Dejamos,

por ahora, a salvo la remisión del artículo 5, inciso segundo de la Constitución al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que trataremos más extensamente;

59 1.3. El Derecho Internacional de 1los Derechos Humanos

establece límites para la política criminal pero no crea

derechos a penas sustitutivas.

¡ 13%. Que, sostuvimos en el apartado anterior que los

límites de la política criminal estatal se fundan en el

principio de la dignidad humana, en el consecuente humanitarismo penal, en el deber de promoción y respeto

de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza

humana, sea que sean establecidos por la Constitución (artículos 19, numerales 1%, 7% y 26% de la Constitución)

como por los tratados internacionales que estén vigentes y ratificados en Chile. Por lo mismo, cabe examinar estas

consideraciones en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a la luz de las exigencias del artículo

5% inciso segundo de la Constitución;

14%. Que a nadie escapa la idea de que la privación

de libertad constituye una de las medidas más gravosas

que puede sufrir una persona. No solo por la privación de libertad misma sino que por la estigmatización que viene

añadida a las penas penales y que, habitualmente, no está

presente en las sanciones administrativas. Por lo mismo, los tratados internacionales establecen criterios

objetivos, obligaciones estatales vy finalidades de sentido a la pena de privación de libertad;

15%. Que en esa perspectiva el artículo 10.1 del

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

establece que “[t]loda persona privada de libertad será

tratada humanamente y con el respeto*debido a la dignidad

inheren£e al ser humano”, y del mismo modo, el número 3

del mismo artículo prescribe que “[e]l régimen

penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados.” Por otro lado, el artículo 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que “[l]las penas 60

privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.”;

16%. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha estimado que “[l]Jas sanciones penales son una expresión de la potestad punitiva del Estado e implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencia de una conducta ilícita”. Sin embargo, las lesiones, sufrimientos, daños a la salud o

perjuicios sufridos por una persona mientras se encuentra privada de libertad pueden llegar a constituir una forma de pena cruel cuando, debido a las condiciones de encierro, exista un deterioro de la integridad física, psíquica y moral, que está estrictamente prohibido por el inciso 2 del artículo 5 de la Convención. Las situaciones descritas son contrarias a la “finalidad esencial” de las

penas privativas de la libertad, como establece el inciso 6 del citado artículo, es decir, “la reforma y la readaptación social de los condenados”. Las autoridades judiciales deben tomar en consideración estas circunstancias al momento de aplicar o evaluar las penas

establecidas.” (Caso Lori Berenson Mejía con Perú, 25 de noviémbre de 2004, párr. 101). Por ende, su examen

atiende a las modalidades de aplicación y no a un impedimento para imponerla legalmente;

179. Que los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se han referido a la prohibición de penas altermativas. La jurisprudencia relativa a la aplicación del principio de proporcionalidad está referida a la prisión preventiva

(Caso nombre reservado vs. Venezuela, sSentencia C-206, párrafo 122) en relación con el caso de una persona que

fue condenada a una pena inferior a la que estuvo privada

de libertad preventivamente. Allí se estructuran a lo

menos cinco reglas por parte de la Corte, la que acogió

parcialmente la condena, las que no son extrapolables en

su totalidad a este caso;

61 18%. Que esta preocupación por la privación de

libertad ha implicado que la comunidad internacional ponga el acento en las alternativas al cumplimiento de las penas sobre la base de criterios sustitutivos de la misma. En esa línea, respecto de las penas alternativas o sustitutivas, el sistema universal de derechos humanos ha reconocido las “Normas mínimas de las Naciones Unidas

sobre las medidas no privativas de libertad”, mejor conocidas como Reglas de Tokio, establecen que “las

medidas no privativas de la libertad serán utilizadas de acuerdo con el principio de mínima intervención” (regla 2.6). Asimismo, que “la introducción, definición y aplicación de medidas mno privativas de la libertad estarán prescritas por la Ley” (regla 3.1). Y, por

último, que “la selección de una medida no privativa de la libertad se basará en los criterios establecidos con respecto al tipo y gravedad del delito, la personalidad y los antecedentes del delincuente, los objetivos de la

condena y los derechos de las víctimas” (regla 3.2);

19%. Que para el sistema regional de derechos humanos están los Principios y Prácticas sobre Personas

Privadas de Libertad en donde se especifican el uso de medidas alternativas o sustitutivas de la -libertad en el punto III.4 bajo las siguientes consideraciones:

“4. mMedidas alternativas o sustitutivas ¿a la privación de libertad. Los Estados miembros de la

Órganización de Estados Americanos deberán incorporar,

por disposición de la ley, una serie de medidas alternativas o sustitutivas a la privación de libertad,

en cuya aplicación se deberán tomar en cuenta los

estándares internacionales sobre derechos humanos en la

materia. Al aplicarse las medidas alternativas o sustitutivas a la privación de libertad, los Estados

Miembros deberán promover la participación de la sociedad

y de la familia, a fin de complementar la intervención 62

del Estado, y deberán proveer los recursos necesarios y

apropiados para garantizar su disponibilidad y eficacia”;

20%. Que, podemos colegir que en este ámbito internacional de los derechos humanos, existe un

reconocimiento de finalidades de la prisión, reclusión o

privación de libertad de la que carece mnuestro texto

constitucional., Sin embargo, ¿a objeto de configurar

obligaciones en la imposición de penas alternativas o

sustitutivas a la privación de libertad se encarga de

precisar elementos externos a la decisión estatal. Por una parte, sugiere actuar cifiéndose al principio de intervención mínima siendo resorte estatal definir el tipo de delitos que conciluye en penas efectivas de cárcel yY los que no. Por otro lado, que la determinación sobre

la decisión privativa de libertad se base en criterios

objetivos u objetivables que se refieran al tipo y gravedad del delito, la personalidad y los antecedentes

del delincuente, los objetivos de la condena y los derechos de las víctimas. Finalmente, se propicia la

disponibilidad de recursos para esta materia. En

síntesis, no se deriva ningún derecho subjetivo a penas

alternativas o sustitutivas de la libertad, sino que hay una identificación convencional de obligaciones estatales

orientadas al desarrolio de finalidades que abarcan un

conjunto amplio de titularidades (víctimas, victimarios, familias y la sociedad en general). Estas finalidades,

especialmente la resocialización de las penas, imponen al legislador un uso racional de la privación de libertad

como peña. En consecuencia, nmo se puede sostener un tipo de garantía subjetiva a favor de los condenados en causas

penales a un derecho subjetivo a todo evento sobre una

pena sustitutiva;

63 1.4. No existe un derecho constitucional de los condenados en un proceso penal a la aplicación de una

pena sustitutiva.

219. Que las penas sustitutivas se caracterizan por

reemplazar la pena privativa de libertad por otra

sanción, bajo el cumplimiento de ciertas condiciones, que

generalmente se aplican para delitos que conllevan bajas penalidades. La creación de este tipo de medidas se funda

en la visión deslegitimada de la pena privativa de

libertad lo que nmo desmerece que sea el legislador,

basado en la imposición de nuevas condiciones y en la

evidencia de determinados factores criminógenos, el

responsable de estimarlo. Para ello, es perfectamente

constitucional que pueda desalentar el manejo en estado de ebriedad decidiendo la interdicción de la concesión de

una pena sustitutiva;

22%. Que, en síntesis, la Constitución no establece

un derecho subjetivo a una pena sustitutiva ya que no reconoce, ni siquiera, finalidades para las mpenas

privativas de libertad. En tal sentido, el recurso al auxilio de la norma internacional de derechos humanos nos advierte que tales consideraciones punitivas deben servir

a un propósito . de “readaptación social” o “reforma”

(artículos 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos). Estas finalidades, en el .marco del

principio interpretativo pro - reo, admiten un conjunto

de obligaciones estatales pero no pueden fundar un

derecho individual y fundamental a alterar la condena

mediante un régimen más benigno de penas sustitutivas;

23%. Que más allá que se pueda reprochar esta

posición de una cierta falta de humanitarismo, lo cierto

es que es responsabilidad del juez constitucional

apreciar la Constitución en su conjunto, en lo adverso y

en lo favorable. Esta apreciación, por lo demás, mno 64

constituye una posición que no haya sido adoptada por otros tribunales. Es más, constituye la tesis vigente del Tribunal Constitucional español, por ejemplo. Un explicación de esta tesis se refiere justamente al valor de la interpretación de mandatos constitucionales que España . tiene y que Chile carece relativos a las finalidades de las penas definidas en el artículo 25.2 de la Constitución Española (“Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.”) El Tribunal español “ha declarado que dicho precepto no contiene un derecho fundamental, sino un mandato del constituyente al legislador para orientar la política penal Y penitenciaria, mandato del que no se derivan derechos subjetivos (ATC 15/1984). Y ha admitido que puede servir de parámetro de la constitucionalidad de las leyes penales y penitenciarias (STC 75/1998, FJ 29), pero que ni la reinserción ni la reeducación pueden considerarse en cada caso concreto una condición de legitimidad de la pena (STC 35/1994, FJ 2)”" (Fossas Espadaler, Enric (2015), “Límites materiales al legislador penal en un espacio de pluralismo constitucional”, en Revista Española de Derecho Constitucional, N% 103, enero-abril, p. 312);

1.5. No se puede impugnar la aplicación efectiva de las penas sin cuestionar la estructura punitiva de todo el sistema penal.

24%. Que el legislador puede y debe intensificar la prevención de determinadas conductas que estima lesivas en una sociedad y que no logran ser disuadidas de manera efectiva. Es responsabilidad del legislador hbuscar 1los medios para que los fines del derecho se cumplan. Sin embargo, aplicar una sanción no es un ejercicio 65

científico en donde exista la medida exacta que permita la protección eficiente y eficaz de bienes jurídicos. Con todo, determinar esa medida es sencialmente un juicio de mérito que le corresponde al Congreso Nacional;

25%. Que el suprimir las penas sustitutivas para

determinados delitos es constitucional, mpuesto que se

imponen las penas efectivas integralmente consideradas en el marco penal. Con ello abre un enjuiciamiento general

de las penas sobre la base de la realidad y no de la

potencialidad del marco penal. El mandato del legislador

es establecer “siempre las garantías” de un procedimiento

y una investigación racional y justo. La interdicción de penas sustitutivas, en línea de principio, tiene

racionalidad. Primero, porque es una facultad del legislador reestimar el cumplimiento efectivo de una

pena. Si la legislación penal obedece a valoraciones de

la sociedad, poner el acento en el cumplimiento efectivo es un deber del legislador. En segundo lugar, es racional

porque si los delitos tienen determinadas penas, las

medidas dirigidas a su aplicación real lo que hacen es

centrar el debate en la pena y no en su. modalidad de

ejecución. Del mismo modo, suprimir estas modalidades de

ejecución satisface el principio de legalidad de las

penas, pues .sólo limita la discrecionalidad del juez y obliga aplicar la pena determinada por la ley;

1.6. No hay un juicio de igualdad o un trato

discriminatorio propiamente tal.

26%. Que suprimir las penas sustitutivas en algunos

delitos no es discriminatorio. sSon los requirentes quienes deben demostrar la diferenciación, y explicar el

baremo con el que se compara, y en este caso, la parte

requirente no ha planteado un test de igualdad

propiamente tal, que Oqpermita ponderar 4ituaciones comparables. En segundo lugar, la parte requirente no se 66

hace cargo de que es la Constitución la que prohíbe expresamente la posesión de armas, y en tal sentido, los delitos que sancionan conductas contrarias al control de armas no están en la misma situación que delitos que protegen otros bienes jurídicos. El legislador puede

establecer un tratamiento distinto, justamente fundado en que la Constitución lo mandata al control y supervigilancia de las armas, lo que admite sanciones de

diversa mnaturaleza, incluyendo la exclusión de penas sustitutivas. Se trata de finalidades constitucionalmente legítimas para la adopción de este tipo de medidas;

Acordada con el voto en contra del Ministro señor

Iván aAróstica 1Maldonado, quien estuvo por acoger

íntegramente el requerimiento deducido en autos, por

contravenir el artículo 17 B de la Ley N% 17.798 sobre

Control de Armas las garantías del artículo 19, N”s. 2 y

3, de la Constitución.

1%. Que la referida disposición de la Ley de Control

de Armas impide a los jueces del crimen aplicar las

reglas sobre modulación de las penas, contempladas en los

artículos 65 a 69 del Código Penal.

Vale decir, la nueva norma introducida por la Ley N9

20.813 configura una regulación especial acerca de las

penas aplicables a un delito en particular, restringiendo las atribuciones generáles de los tribunales del Poder

Judiciai para fijar las penas conforme a los criterios seculares recogidos en el Código Penal. Lo cual, a falta

de razones o catastros que la jústifiquen, se insertaría

dentro del fenómeno de proliferación de leyes especiales

desorgánicas y episódicas -la doctrina lo llama “derecho

penal extravagante”- que se ha venido produciendo en los 67

últimos afños, al margen de la codificación exigida por el

artículo 63, N* 3, de la Carta Fundamental.

Como apunta un distinguido catedrático, “las leyes

se multiplican.., su vigencia es efímera y a veces se agota en un solo acto de aplicación, su contenido es circunstancial y carece de auténtica vocación reguladora,”

etc. De este modo, la multiplicación de las leyes, la

dificultad para ser conocidas y la frecuencia de sus modificaciones ñhace que la certeza se torne en

inseguridad, frustrando la pretensión de ordenar la vida

social mediante reglas sencillas, duraderas y respecto de las cuales pueda presumirse razonablemente su general conocimiento. Y asimismo la igualdad se ve comprometida

por la naturaleza particular, cuando no individual, de

/las normas jurídicas; la antigua generalidad y

abstracción de los Códigos cede paso a las leyes-medidas,

regulaciones pormenorizadas y sectoriales mno siempre

justificadas” (nombre reservado “Apuntes de teoría del Derecho” 2016, Editorial Trotta, págs. 187-188);

29, Que, esta exigencia constitucional, de que las

reglas sobre inflexión de las sanciones deben recogerse sistemáticamente en un Código Penal, no obedece a un designio meramente formalista. Responde al razonable propósito de imbuirles un acotado potencial de cambio.

Aunque la ley es soberana, instrumentum regni, no le está

dado disponer de aquellas mnormas sedimentadas tras un

detenido debate y que se han asumido como parte de una

experiencia jurídica centenaria. Menos cuando recogen atribuciones judiciales o derechos legales que

tradicionalmente se ha buscado poner al abrigo del

carácter episódico de la política.

Ciertamente cabe : su modificación: por motivos

jurídicos tanto o más poderosos que aquellos que justificaron su emisión, y de la misma forma como se

dictaron, incorporando las muevas reglas dentro del 68

propio Código Penal. Lo contrario, mueve a calificar tales leyes ad hoc o ad hominem como una suerte de derogación singular, refiida con la prohibición

constitucional de establecer diferencias arbitrarias;

3%. Que la Ley N* 20.813 ofrece fundamentos para

incrementar drásticamente las penas a quienes delinquen

con armas.de fuego. Es cuestionable constitucionalmente,

sin embargo, que el debatido artículo 17 B prohíba indiscriminadamente aplicar las reglas generales del Código Penal respecto de todos quienes infrinjan el

artículo 9% del mismo cuerpo legal, esto es que tengan o

| porten armas de fuego sin autorización, independientemente de si con las armas han. cometido un

delito o las han empleado para un fin lícito.

Esto es tratar igual a los desiguales, e infringe desmesuradamente la garantía de igualdad ante 1la ley

recogida en el artículo 19, N% 2, de la Carta Fundamental;

49. Que, finalmente, debe ññhacer O>—resente el

infrascrito la turbación que lo embárga. a raíz de la forma en que se estaría aplicando esta ley modificatoria

NI 20.813.

Atento a los antecedentes penales que en éste como

en otros casos se han hecho llegar al Tribunal Constitucional, no siempre es posible distinguir si la

imputación de faltar o no presentar el permiso de porte

de arma se subsume en el delito del artículo 9”, sancionado con presidio, o en la infracción del artículo

11, sancionado con multa administrativa.

Situaciones distintas que, de no separarse en la

práctica, para hacerlas calzar todas únicamente en

aquella primera hipótesis delictual, podría envolver la

comisión de otra homologación arbitraria por parte de los 69

persecutores, al amparo de esta tal vez destemplada Ley NI 20.813.

El Ministro señor Domingo Hernández ¡Emparanza,

también estuvo por rechazar el requerimiento de

inaplicabilidad deducido a fojas 1, en lo que respecta al artículo 1”%, inciso segundo, de la HLey N” 18.216,

teniendo presente, además, las siguientes consideraciones:

1%. Que, sobre este particular, el precepto legal

impugnado estatuye que:

“No procederá la facultad establecida en el inciso

precedente mni la del artículo 33 de esta ley,

tratándose de los autores de los delitos consumados

previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361,362, 372 Dbis, 390 y 391

del Código Penal; en los artículos 82, 92, 10, 13, 14 y 14 D de la ley N*17.798; o de los delitos o

cuasidelitos que se cometan empleando alguna de las armas o elementos mencionados en las letras a), Db),

c),á) y e) del artículo 22 y en el artículo 32 de la

citada ley N*17.798, salvo en los casos en que en la determinación de la pena se hubiere considerado la

circunstancia primera establecida en el artículo 11

del mismo Código.”

29.. Que, tal como se tuvo en consideración en el

voto disidente emitido en el rol N%* 2983-16, con respecto a ilícitos penales contemplados en la ley del Tránsito, de donde por lo demás se extrajo la idea matriz de la

limitación para la aplicación de penas alternativas en materia de ilícitos penales de control de armas, inter

alia, cabe poner de manifiesto desde luego que, el 70

requerimiento centra su reproche en este punto en la desigualdad e irracionalidad desproporcional que implicaría esa restricción legal, toda vez que mno

atendería a los efectos criminógenos paradojales asociados a la ejecución efectiva de una pena corta o de mediana duración, privativa de libertad, contradiciendo

la reciente política legislativa que inspiró la reforma materializada en virtud de la ley 20.603, que modificó la

ley 18.216, precisamente en el sentido de orientar al sistema chileno hacia la ejecución de las penas en

libertad, por medio de la sujeción del responsable a control de la autoridad y a medidas resocializadoras de efectivo cumplimiento. Lo cual sería en materia de

control de armas más severo y desproporcionado : aún, puesto que se dispone ejecutar la pena completa, y mno

sólo la suspensión de la pena alternativa por el plazo de un afño, como ocurre en materia de tránsito;

3%9. Que, en verdad, es sabido que las ciencias

penales reconocen que suelen producirse eLectos

paradojales con la ejecución efectiva de penas cortas, vale decir, que en vez de cumplirse los fines de la pena,

en especial los preventivo-especiales o resocializadores, el condenado profundiza su conducta socialmente

disfuncional, de marginalización, pauperización NA estigmatización conducente a la exclusión social, para el autor y su grupo familiar. Dicho fenómeno, en

criminología, se ha denominado “labeling”

(etiquetamiento), caracterizado porque “Como causas de la

desviación ísecundaria son válidas las rotulaciones:

sociales que siguen a la desviación primaria [..la que

pudo estar motivada en las más diversas razones..]. Como

Becker, Lemert iupone que por las adjudicaciones

estereotipantes de roles, que siguen como sanciones'y a

las sanciones, se reduce el espacio para el accionar, lo que lleva consecuentemente a la desviación secundaria..'.

71 Junto a las presiones materiales..es sobre todo esta discrepancia entre la autodefinición y la definición

ajena con poder de sanción, cuya solución es finalmente

buscada en la reorganización del yo sobre la base de un

rol desviado y, en ciertas circunstancias, en el contexto social de una cultura desviada.'” (CEr. LAMNEK,

Siegfried, Teorías de la criminalidad: una confrontación crítica, México, Siglo XXI, 1987, p.63.Lo señalado entre

corchetes es nuestro);

4%. Que, no obstante ser conscientes de lo expuesto,

para este Ministro ese efecto penal >paradojal mno necesariamente se producirá en concreto, dependiendo sobre todo de las condiciones del régimen penitenciario -

en especial, de segregación interna- bajo las cuales la

pena impuesta se ejecute. Ello haría posible un efecto disuasivo y preventivo especial. Pero, más importante que

todo lo anterior, es el hecho que la sociedad en su

conjunto, por medio de los canales institucionales parlamentarios y judiciales respectivos, tiene derecho a

ejercer el ius puniendi de modo tal que se priorice el

efecto retributivo, que no es otra cosa que la reafirmación enfática y vigorosa de los valores

fundamentales transgredidos por el autor, por sobre los

efectos preventivos, generales o especiales. En este punto, mo existe una respuesta única, petrificada, respecto de la forma de ecualizar la cuestión de la

naturaleza y fines de la pena. Mucho menos ella tendrá

una sola respuesta constitucional, En tanto nmo se transgredan derechos humanos fundamentales -lo que en el

caso concreto no acontece-, el Estado puede, mediante la

reacción penal institucionalizada, priorizar o anteponer

el efecto retributivo de la pena, particularmente cuando

se trata de la lesa transgresión a los valores más caros

para la convivencia socialmente organizada, como son la vida de las personas y de sus familias, expuestas a ser 72

victimizadas por conductas intolerables según las ideas vigentes, consideradas de la máxima seriedad;

5%. Que, en el caso de los delitos de peligro

abstracto, se trata de una técnica legislativa que acude a un grado tal de formalización de la prohibición

transgredida por la conducta del autor, que en realidad se distancia de la afectación concreta del bien jurídico de protección, mediante su efectiva lesión o exposición al riesgo. Lo cual, en principio, se hace con el fin de anticipar la “ punibilidad de conductas de riesgo indiscriminado para una pluralidad considerable de personas, sobre todo por razones probatorias y de

siempre tarde” (después de la lesión, tal vez

irreparable). En la difícil decisión político- criminal,

hay muchos criterios de que deben tenerse en

consideración. Pero uno de ellos es fundamental: la certeza de que las medidas penales operan realmente, es

condición de su eficacia;

6%. Que, los riesgos de exceso en esta materia,

pueden corregirse acercando la tipicidad de los delitos

de peligro abstracto a la efectiva lesión o puesta en

peligro de bienes jurídicos fundamentales, tanto en la

labor de interpretación funcional a la subsunción de la acción del autor -de competencia del Tribunal penal de la instancia-, como en el control constitucional de su ejercicio. Lo que también vale para la decisión sobre la ejecución de la pena. En ese orden de ideas, entendido

así el delito de peligro abstracto de infracción a la ley de control de armas, se aleja el espectro de despotismo

del delito de mera prohibición y el tipo encarna en

valores de umbral más bajo, socialmente dominantes, lo que repercute también en la decisión legislativa de ejecución efectiva de la qpena asociada. Así, cabe 73

considerar en el caso concreto que, tal como lo demuestran los antecedentes de la gestión sub lite, no se trató solo de una infracción meramente formal (peligro

abstracto), sino que la conducta desplegada por el autor de las infracciones, en concreto, expuso o lesionó otros

bienes jurídicos de protección primarios. El derecho a portar armas no es un derecho subjetivo público oponible por cada persona al Estado, sino una facultad que sólo

puede ejercerse por aquellos que actúen dentro de los límites estrictos previstos por el legislador, precisamente en función de la protección de los aludidos valores fundamentales, asumiendo las responsabilidades consiguientes. En el caso que tales normas se transgredan

con repercusión concreta en esos bienes jurídicos, por lesión o peligro, corresponde estimar proporcionada la

decisión legislativa, en el sentido de hacer ejecutable efectivamente la totalidad de la mpena impuesta en

concreto. Por todo lo cual, este Ministro disidente estimó que el requerimiento debió ser rechazado en este

aspecto.

Redactaron la sentencia el Ministro sefñor Juan José Romero Guzmán y el Ministro sefior Gonzalo García Pino (primer y segundo capítulo, respectivamente). FPor su partes, las prevenciones fueron redactadas por los

Ministros sefores Juan José Romero Guzmán y Nelson Pozo Silva, respectivamente.

Las disidencias fueron redactadas por los Ministros

señores Iván Aróstica Maldonado (por acoger la impugnación al artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N9 17.798) y Gonzalo García Pino (por rechazar el

reproche al artículo 1”S, inciso segundo, de la Ley N"

18.216) y, la prevención a ésta última, por el Ministro

sefior Domingo Hernández Emparanza.

74 Rol N9 3275-16-INA.

Sr. nombre reservado

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Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado: por su TPresidente, Ministro señor Carlos Carmona Santander, y por sus Ministros señora Marisol Peña Torres, sefñiores Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza y dJuan José Romero Guzmán, señora nombre reservado y sefiores nombre reservado, Nelson Pozo Silva y nombre reservado

nombre reservado.

Se certifica que los Ministros señora Marisol Pefña Torres y Juan José Romero Guzmán concurren al acuerdo y fallo, pero no firman por encontrarse haciendo uso de su feriado legal.

Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, señor Rodrigo Pica Flores.