Inaplicabilidad de Precepto Legal

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Santiago, veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Solicitud de inaplicabilidad.

Con fecha 2 de septiembre de 2016, don nombre reservado

nombre reservado, ha requerido la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 64 de la Ley N” 18.691 - Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile-, y del artículo 73 del DFL N” 2, que constituye el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, para que surta efectos en el proceso sobre acción de protección, Rol N” 2847-2016, sustanciado por la Corte de Apelaciones de Temuco.

Precepto legal reprochado

El texto de los preceptos impugnados es del siguiente tenor:

Artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros:

YA la Comisión Médica Central de Carabineros

establecer su capacidad física para permanecer en el servicio o determinar la afección que lo imposibilita para continuar en él.

En caso de invalidez, el General Director resolverá en definitiva la clasificación de la misma, previo informe técnico evacuado por la referida Comisión, en conformidad a la ley.”

Artículo 73% del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile. :

“A la Comisión Médica de Carabineros, corresponde exclusivamente el examen del personal, a fin de establecer su capacidad física para continuar en el servicio o determinar la clase de invalidez que lo imposibilita para continuar en él.

La clasificación y graduación de la invalidez se regirá por el respectivo Reglamento que dicte el Presidente de la República.”.

En cuanto al contenido de los preceptos precedentemente transcritos, en lo que interesa, ambos se impugnan porque indican que a la Comisión Médica Central de Carabineros le corresponderá exclusivamente el examen del personal, a fin de establecer su capacidad física para permanecer en el servicio y determinar la afección que lo imposibilita para continuar en él. Al mismo, tiempo precisa el artículo 64 de la Ley Orgánica de Carabineros que en el caso de invalidez, el General Director resolverá en definitiva la clasificación de la misma, previo informe técnico evacuado por la Comisión.

Conflicto de constitucionalidad

Consiste en determinar si es constitucional o no el que, por aplicación del precepto en examen, corresponda a la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile la competencia exclusiva para determinar la afección que imposibilita a un funcionario para continuar en servicio, por cuanto ello podría vulnerar los derechos reconocidos en los numerales 1%? y 3” del artículo 19 constitucional.

Fundamentación del requerimiento.

A efectos de fundar su requerimiento, el actor se refiere a los hechos que dieron origen a la gestión judicial invocada, para luego referirse a las argumentaciones en derecho que sustentan las infracciones constitucionales que denuncia.

En cuanto a los hechos.

Expone que, luego de 21 años de servicio en la Institución de Carabineros, comienza a tener problemas en la misma por aplicación de la circular que ordena bajar el peso superior al considerado excesivo. Al año 2011 pesaba 120 kilos y se le indica que debe bajar al menos 40 pues, de lo contrario, sería incluido en lista de eliminación.

Se le sugiere buscar formas rápidas de bajar de peso, por lo que se realiza una gastrectomía en manga larga laparoscópica, que comenzó con un diagnostico post operatorio complejo. Su médico tratante le indicó que debía limitar esfuerzos físicos y turnos prolongados, lo que no fue respetado por la Institución y, además, fue víctima de hostigamiento, desencadenando laq anterior licencia médica por estrés laboral. Ésta no es recibida.

Mientras estaba con licencia, la Presidenta de la Comisión Médica Central de Carabineros lo cita y, en la entrevista, lo amenaza de darlo de baja sino sale a trabajar. Vuelve a hacerlo y, atendidas las funciones asignadas, contrarias a las prescripciones médicas, se dirige a sus superiores para lograr el cumplimiento de la licencia médica parcial. Sin embargo, su superior es indiferente y lo obliga a realizar servicios extremos. Surgen entonces nuevas complicaciones y debe, en enero de 2014, efectuarse un by pass gástrico resectivo.

En agosto de 2014 la Comisión Médica Central emite resolución por la que declara su “imposibilidad física Y propone su retiro temporal por padecer de lumbago, reflujo gastroesofágico, esofagitis, complicaciones de cirugía bariátrica, hernia inguinal y herniorrafia, catalogándolas como afecciones de origen natural curable y no invalidantes, que lo imposibilitan temporalmente para el servicio, siendo indeterminada su aptitud para el mismo y la futura fecha de alta.”

Frente a la pertinente resolución que declara su incapacidad física y propone su retiro temporal, presenta recursos administrativos de reposición y jerárquico, los que son rechazados, por lo que deduce una acción de protección,

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misma que constituye la gestión judicial para la cual se pide un pronunciamiento de inaplicabilidad.

En cuanto al derecho.

En primer término, se Cita por el actor la sentencia de esta Magistratura Rol N” 2029, que acoge un requerimiento sobre el artículo 237 del Estatuto de las Fuerzas Armadas, la que señaló que los informes de la Comisión Médica son especialísimos pues son de carácter vinculante sin la garantía de impugnabilidad.

En segundo término, el requirente se refiere a las infracciones constitucionales que producen los preceptos reprochados en su aplicación, aduciendo que se vulneran los numerales 1% y 3” del artículo 19 constitucional, por los siguientes motivos.

1. Respecto de la primera infracción, al N” 1% del artículo 19 de la Carta, esgrime que se vulnera el citado numeral, desde el momento que conculca los derechos a la vida y a la integridad física la aplicación de estos preceptos legales que avalan la existencia de un procedimiento ajeno a todo principio de contradicción e impugnación, lo que es una abierta vulneración a las garantías constitucionales.

2. Respecto de la segunda infracción, esto es la referida al aludido numeral 3? del artículo 19 constitucional, recuerda que la ley dispone que la potestad disciplinaria debe ser ejercida a través de un procedimiento racional y justo, en circunstancias que no se regula el mismo en lo referente al funcionamiento de la Comisión y a la posibilidad de presentar pruebas e impugnar.

Ésta emite el acto discrecional de calificar la capacidad física del personal exclusivamente, a fin de determinar “su permanencia en el servicio, pero su acto terminal, que es vinculante, pese a tratarse de un informe, no puede ser impugnado ni siguiera ante la Contraloría, pues la única para calificar los antecedentes médicos, en razón de la norma reprochada, es la Comisión. A su vez, reglamentariamente, se establece que el informe de la Comisión hace plena prueba.

Así se está frente a un acto con efectos de gravamen de la entidad, de dar de baja o disponer el retiro del personal, cuestión que es decidida exclusivamente por la Comisión.

Ello deja en indefensión a la persona, suprimiendo el derecho a defensa.

Sustanciación del requerimiento

Por resolución de fojas 241, la Primera Sala de esta Magistratura admitió a tramitación el requerimiento de autos y suspendió la tramitación de la gestión judicial pendiente invocada. Luego de ser declarado admisible por la aludida Sala y pasados los autos al Pleno, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley N”* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, el requerimiento fue comunicado a la Presidenta de la República, al Senado y a la Cámara de Diputados y notificado a las partes de la gestión judicial pendiente invocada, a efectos de que

pudieran hacer valer sus observaciones y acompañar los antecedentes que estimaren convenientes.

Observaciones al requerimiento.

Por presentación de fojas 270, el Consejo de Defensa del Estado presenta sus observaciones al requerimiento, solicitando su rechazo en base a las siguientes argumentaciones.

En cuanto a la jurisprudencia de esta Magistratura citada por el actor, el ente fiscal expone que no viene al caso citar la aludida sentencia, pues en ella se declaró inaplicable el precepto que, en lo esencial, expresamente descartaba la interposición de todo recurso, administrativo o judicial. Recuerda, además, al efecto que, en lo que se refiere a los funcionarios públicos, debe tenerse presente la teoría de la sujeción especial.

1. Respecto a la infracción del N” 1” del artículo 19 de la Carta, el Consejo postula su descarte, atendiendo a que el reglamento de la Comisión permite recurrir a otros organismos de asistencia médica y al hecho de que no se ha acreditado una situación de riesgo o situación que ponga en peligro tales derechos.

Por lo demás, señala, la aplicación del precepto no priva al requirente de sus atributos físicos básicos ni los coloca en riesgo, ni constriñe la vida humana de manera alguna.

2. En lo que se refiere al desconocimiento del N” 3” del artículo 19 de la Constitución, argumenta el ente fiscal que no se produce infracción alguna, pues las normas impugnadas son de índole competencial. El proceso respectivo para su ejercicio se encuentra reglado en reglamentos que, por lo demás previenen, entre otras cosas, la asesoría especializada para la Comisión y la facultad para que ésta revise la invalidez que determine en el plazo de 2 años.

Agrega que, por las razones que explicita la jurisprudencia, la Constitución no determina un debido proceso pormenorizado, sino que delega dicha función a la ley, dándole un mandato amplio para siempre establecer las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.

A su vez, recuerda que, en cuanto a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, en materia de integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública, constitucionalmente se establece un trato diferenciado.

Vista de la causa y acuerdo Habiéndose traído los autos en relación, se procedió a la vista de la causa el día 26 de enero de 2017, oyéndose la

relación y los alegatos del abogado Francisco Pfeffer, por el Consejo de Defensa del Estado.

Con igual fecha se adoptó acuerdo.

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CONSIDERANDO:

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ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN JUDICIAL PENDIENTE

PRIMERO: Que, como ya se ha indicado, el presente requerimiento persigue la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 64 de la Ley N* 18.691, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile y del artículo 73 del DFL N” 2, que Establece Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, a fin que éstos no sean aplicados en el recurso de protección Rol N* 2847-2016 interpuesto por el requirente ante la Corte de Apelaciones de Temuco, constitutivo de la gestión judicial pendiente en que ¡incidirá el pronuncimiento de esta Magistratura Constitucional;

SEGUNDO: Que, en la referida acción de protección, el requirente se dirige en contra “del señor Prefecto de la nombre reservado de Carabineros “Cautín N* 22”, el Coronel don nombre reservado", por “los actos ilegales y arbitrarios emanados de parte de este señor nombre reservado de Carabineros”, los que -en su concepto- vulnerarían sus derechos fundamentales en los términos que describe en el mencionado recurso;

TERCERO: Que tal como es posible advertir, lo que se cuestiona por medio de la gestión judicial pendiente de que se trata, es la decisión de la superioridad de la institución policial en orden a decretar la baja por “imposibilidad física” del requirente, la cual habría tenido como uno de los antecedentes que la motivaron, el diagnóstico médico pronunciado por la Comisión Médica Central de Carabineros, cuestionándose a partir de ello, las normas que se refieren a la atribución de la mencionada Comisión para efectuar el examen físico del personal de aquella institución;

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD

CUARTO: Que, para contextualizar los argumentos expuestos por el requirente a lo largo de su presentación, pertinente resulta hacer presente que la problemática expuesta y que se reflejaría en el diagnóstico efectuado por la Comisión Médica de Carabineros, tendría su origen en lo prescrito por la Circular institucional N* 1291, de 23 de junio de 1992, conforme a la cual, el personal con peso igual o superior al de “exceso” debía ser notificado de dicha circunstancia a fin de que en el transcurso del respectivo año, lo redujera a los máximos permitidos, haciendo presente el mencionado documento que de no ser así, tal circunstancia sería considerada en su calificación anual, tal como lo dispone el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile N* 8;

QUINTO: Que a su vez, la mencionada Circular N* 1291 de la Dirección General de la institución habría sido el fundamento para el Documento Electrónico Ordinario N* 779,

de fecha 29 de febrero de 2008, del Jefe de la IX Zona de Carabineros de la Araucanía, por medio del cual se dispuso la necesidad de dar cumplimiento a la preceptiva contenida en dicho instrumento;

SEXTO: Que, de este modo es posible apreciar que las exigencias físicas que configuran el núcleo de la problemática que afecta al requirente, obedecen a una política institucional que se remonta a varios años, que no responde a una decisión actual o específicamente dirigida en contra del señor nombre reservado y que por lo demás, resulta armónica con la regulación funcionaria imperante en la indicada institución;

SÉPTIMO: Que, contextualizado lo anterior, ahora nos corresponde efectuar una revisión de las atribuciones del organismo a cargo de efectuar el examen de la indicada condición física, como es la Comisión Médica de Carabineros y determinar si existe alguna inconstitucionalidad en las disposiciones particulares que se cuestionan en esta oportunidad;

ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN MÉDICA DE CARABINEROS DE CHILE

OCTAVO: Que, en relación a este órgano, corresponde tener presente que a nivel legal está contemplado en la Ley N? 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, especificamente en el artículo 64 -disposición requerida de inaplicabilidad-, y del mismo modo y en similares términos está recogida en el Decreto con Fuerza de Ley N” 2 de 1968, del entonces Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto del Personal de Carabineros, particularmente en su artículo 73, norma que también se cuestiona ante esta Magistratura.

Ambos preceptos legales le reconocen a la Comisión Médica Central de Carabineros, la atribución exclusiva para efectuar el examen del personal de la institución, a fin de establecer su capacidad física para permanecer en el servicio o para determinar la afección que lo imposibilita para continuar en él.

Agrega la norma del artículo 64 de la Ley N” 18.961 que en caso de invalidez, el General Director resolverá en definitiva la clasificación de la misma, previo informe técnico evacuado por la referida Comisión, en conformidad a la ley;

NOVENO: Que, junto a las normas señaladas, se debe tener presente que el artículo 67 de la indicada Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, también se refiere a las atribuciones de esta Comisión Médica, ahora como ente a cargo de calificar las enfermedades de carácter permanente, mientras que el artículo 70 bis del mencionado cuerpo legal también le entrega la potestad para acreditar la invalidez de los asignatarios de montepío, señalando que ésta será declarada como tal “sólo” cuando sea acreditada por la Comisión Médica o de Sanidad competente de la Institución a que pertenecía el causante;

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DÉCIMO: Que, por su parte, además del artículo 73 del Decreto con Fuerza de Ley N” 2 de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros, cuyo Texto Refundido, Coordinado Y Sistematizado fue establecido por medio del Decreto Supremo N* 412, de 1992, la Comisión Médica de la institución también encuentra reconocimiento en otros preceptos de ese cuerpo normativo. Así, en su artículo 87 a propósito de los tiempos de abono que corresponde aplicar para efectos del retiro de funcionarios que hayan sufrido, con ocasión de actos de Servicio o a consecuencia de éstos, lesiones o contusiones de importancia pero que no lo imposibiliten para continuar en el mismo, se establece una clasificación de las lesiones, las que pese a determinarse previo sumario administrativo, corresponderá efectuarla finalmente al Presidente de la República teniendo en vista el informe de la Comisión Médica Central de Carabineros;

DÉCIMO PRIMERO: Que, el mismo Estatuto del Personal de Carabineros de Chile en sus artículos 121, 125 y 126 recoge una regulación similar a aquella enunciada en la Ley N?

18.961, a propósito de la invalidez de los asignatarios de montepío, reiterando la necesidad de pronunciamiento de la Comisión Médica de la institución para acreditar las condiciones médicas en cada uno de esos casos. Y de igual modo se refiere a ella en el artículo 7” transitorio del mismo texto estatutario, esta vez para establecer que aquellos funcionarios que estando acogidos a retiro por invalidez de 2% clase y que se encontraren definitiva, absoluta e irreversiblemente impedidos de valerse por sí mismos, podrán solicitar del Ministerio del Interior y Seguridad Pública su inclusión en la 3% categoría de invalidez, “previo examen y dictamen de la Comisión Médica de Carabineros”;

DÉCIMO SEGUNDO: Que, la normativa antes reseñada tiene por finalidad poner en evidencia la importancia que tiene la Comisión Médica de Carabineros de Chile como organismo que provee de pronunciamientos de carácter técnico en el área médica y como sus opiniones resultan significativas para la toma de decisiones en el ámbito de la salud y la capacidad física de los funcionarios de la institución, para desempeñarse convenientemente al interior de la misma o bien para disponer su separación o la procedencia de beneficios de carácter asistencial;

DÉCIMO TERCERO: Que, en este contexto se hace pertinente averiguar si una competencia como la reseñada tiene un carácter excepcional dentro de nuestro ordenamiento jurídico o bien tiene algún equivalente que nos permita visualizar si tales atribuciones obedecen a un objetivo particular por parte del legislador;

DÉCIMO CUARTO: Que, cabe hacer presente que una situación análoga se presenta, con el personal de la Administración del Estado regido por el Estatuto Administrativo para Funcionarios Públicos y por el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, aprobados por

las leyes NW 18.834 y 18.883 respectivamente, cuya salud compatible con el desempeño del cargo, solo puede certificarse por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Salud.

Lo anterior, se vincula con la necesidad de que la Administración emplee "medios idóneos de diagnóstico”

tendientes a asegurar lo “razonable e imparcial de sus decisiones”, en función del principio de probidad, recogido por el artículo 53 de la Ley N” 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado;

DÉCIMO QUINTO: Que por su parte, en relación al carácter exclusivo que tiene el ejercicio de esta facultad por parte de la Comisión Médica de Carabineros de Chile y que en parte funda las alegaciones del requirente, podemos señalar, que ella no tiene mayor trascendencia que la de pretender significar la radicación privativa y excluyente de una específica potestad en un determinado órgano subalterno, cuestión que no aparece reprochable en sí misma, más aun tratándose de pronunciamientos de naturaleza declarativa y esencialmente técnicos, como es el caso de los veredictos médicos especializados, los que por su carácter no deben verse alterados por ulteriores apreciaciones de conveniencia oO mérito esgrimidas por autoridades superiores administrativas;

DÉCIMO SEXTO: Que, el carácter técnico del pronunciamiento de la Comisión queda de manifiesto al analizar las disposiciones del decreto N”* 4, de 1988, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Reglamento de las Comisiones Médicas de Carabineros de Chile. Así, su artículo 3? al referirse a su integración señala que se encontrará compuesta por el Jefe del Servicio de Sanidad de Carabineros, quien la presidirá; el Jefe del Servicio de Medicina del Hospital de Carabineros; el Jefe del Servicio de Traumatología; el Jefe del Servicio de Psiquiatría y un nombre reservado Jefe de Sanidad, designado por el General Director.

Como es posible apreciar, su conformación está claramente inspirada en las competencias que le son inherentes a los profesionales del área de la salud, lo que guarda relación con el carácter eminentemente técnico de la Comisión Médica;

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, la indicada naturaleza técnica de este organismo obliga a que sus resoluciones tengan un

fundamento del mismo Carácter, no tratándose de pronunciamientos discrecionales como sostiene el requirente a fojas 10 del expediente constitucional- o

carentes de elementos de juicio. Expresión patente de lo anteriormente señalado lo encontramos en el artículo 6” del mencionado Reglamento de las Comisiones Médicas de Carabineros de Chile, el que expresamente consigna que cuando la Comisión Médica lo estime necesario, podrá hacerse asesorar por los especialistas que considere conveniente, además de poder ordenar o practicar por sí misma los exámenes que juzgue necesarios o bien reunir los Anda,

antecedentes que estime pertinentes para emitir un informe completo acerca de la materia sometida a su conocimiento;

DÉCIMO OCTAVO: Que,"'él 'tarácter eminentemente técnico al que hemos hecho alusión ha sido reconocido también en los pronunciamientos de carácter administrativo que ha emitido la Contraloría General de la República, que sobre el punto ha señalado que “es útil hacer presente que la uniforme Y reiterada jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes N'"s. 39.393, de 2000 y 7.886, de 2001, entre otros, ha resuelto que los informes de las comisiones médicas son un elemento esencial y decisivo para la determinación de la respectiva lesión y deben considerarse preferentemente por su carácter especializado y técnico al disponer el retiro del funcionario, careciendo esta Contraloría General de competencia para revisar los antecedentes clínicos que hayan servido de base a sus respectivos informes” (dictamen N”* 25.489 de 2004);

DÉCIMO NOVENO: Que, por lo anteriormente expresado en relación al carácter eminentemente técnico de la Comisión Médica de Carabineros, sus pronunciamientos no constituyen actos administrativos terminales que resuelvan la desvinculación del funcionario de la Institución, sino, que constituyen un antecedente que ponderará la superioridad de aquélla para los efectos de proceder en consecuencia y adoptar la decisión que se ajuste a las necesidades del servicio. Circunstancia que por lo demás ha reconocido el 7 propio requirente en la gestión judicial pendiente al dirigirse en contra del Prefecto de la nombre reservado de Carabineros Cautín N* 22.

VIGÉSIMO: Que, al igual que el pronunciamiento antes reseñado, a esta Magistratura tampoco le corresponde entrar a Calificar los antecedentes médicos que pueden haber servido de fundamento a la Comisión Médica de Carabineros, así como tampoco si tales elementos resultan concordantes con lo manifestado en la respectiva resolución que declaró la incapacidad física del requirente y propuso su retiro temporal de la institución. Ambas cuestiones serán ponderadas por los Tribunales que se pronuncien conociendo de la gestión judicial pendiente, por lo que en caso alguno configuran un elemento a evaluar en esta oportunidad;

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en relación a la alegación respecto a una eventual vulneración a la garantía constitucional del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica a la persona, contenida en el artículo 19 N* 1% de la Carta Fundamental, cabe desestimarla por cuanto el requerimiento se limita a mencionarla en el punto 2.2 de su presentación, sin indicar de qué manera se produciría tal afectación, por lo que mal podría esta Magistratura vislumbrar el fundamento del reproche propuesto por el requirente de inaplicabilidad;

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, por su parte, en torno a una posible afectación a la garantía del debido proceso contenida en el artículo 19 N* 3% de la Constitución, la que se produciría a consecuencia del carácter “exclusivo”

de la atribución de la Comisión Médica para pronunciarse

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sobre la capacidad física de los funcionarios de la institución, cabe indicar que de la sola lectura de los argumentos planteados por el requirente, no se aprecia que se le haya privado de la posibilidad de plantear sus argumentos e incluso de impugnar las decisiones de la Comisión;

VIGÉSIMO TERCERO: Que, en efecto, en contra de la resolución exenta (R) N”* 1621, de fecha 5 de agosto de 2014, y por cuyo medio la Comisión Médica de Carabineros se pronunció acerca de la aptitud física del señor nombre reservado para cumplir con sus funciones, proponiendo el retiro temporal del mismo, se interpusieron sendos recursos de reposición y jerárquico, tal como se aprecia a fojas 135 y siguientes del expediente constitucional, los que no obstante haber sido rechazados, dan cuenta de haberse otorgado las respectivas instancias de impugnación, sin que le corresponda a esta Magistratura pronunciarse sobre el mérito de esa decisión de rechazo;

VIGÉSIMO CUARTO: Que además, no es posible atribuir al carácter “exclusivo” que tiene el pronunciamiento de la Comisión Médica de Carabineros -en esta materia eminentemente técnica- una vulneración al debido proceso, toda vez que tal atribución, en primer lugar, debiera entenderse en el sentido que ya ha sido explicado precedentemente, y por cuanto, en segundo término, tal facultad no supone una decisión resolutoria respecto a la situación del funcionario policial, la que siempre recaerá en la superioridad del Servicio siendo respecto de tal resolución contra la que debieran asegurarse las instancias de impugnación y cuestionamento pertinentes, por lo que corresponde rechazar también tal alegación:

VIGÉSIMO QUINTO: Que, por último, no podemos dejar de considerar que conforme al artículo 2” de la Ley N” 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, el personal de esta institución se encuentra sometido a las normas establecidas en dicha Ley Orgánica Constitucional, en su Estatuto, en el Código de Justicia Militar y en su reglamentación interna. Ello, necesariamente viene a reforzar el carácter obligatorio y el deber de observancia para con estas normas que tiene todo aquel que se desempeñe en este cuerpo policial, supuesto de hecho en el que precisamente se encuentra el requirente;

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos de la

Constitución Política precedentemente citados, así como en las disposiciones pertinentes de la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

1.- Que se rechaza el requerimiento de fojas 1.

2.- Que no se condena en costas a la parte requirente, por haber tenido motivo plausible para deducir su acción.

Se pone término a la «suspensión del procedimiento decretada en estos autos, oficiándose al efecto.

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Redactó la sentencia el Ministro señor José Ignacio Vásquez Márquez.

Notifíquese, comuníquese, regístrese y archívese.

Rol N* 3209-16-INA.

ARÓSTICA

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BR: VÁSQUEZ

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente, Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, y los Ministros señora Marisol Peña Torres, señores Carlos Carmona Santander, Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza, Juan José Romero Guzmán, señora María Luisa Brahm Barril y señores Cristián Letelier Aguilar y José Ignacio Vásquez Márquez.

Autoriza el Secretario del Tribunal, señor Rodrigo Pic:

Flores.