Inaplicabilidad de Precepto Legal

1 000272

Santiago, siete de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Con fecha 13 de julio de 2016, Sociedad nombre reservado nombre reservado

S.A., representada legalmente por nombre reservado, deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 15, inciso segundo, del DFL N ° 2, de 1996, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, para que surta efectos en los autos sobre procedimiento ejecutivo laboral, caratulados "nombre reservado con nombre reservado", de que conoce el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, bajo el RIT C-35-2016, RUC 14-4- RUT reservado.

Precepto legal cuya aplicación se impugna.

El texto del precepto legal impugnado dispone:

"Artículo 15. La subvención se pagará mensualmente por el Ministerio de Educación en la forma y condiciones que fije el reglamento.

La subvención sólo podrá ser pagada a los sostenedores o sus representantes legales, salvo en el caso de medidas judiciales.";

Síntesis de la gestión pendiente.

La requirente expone que fue demandada por don nombre reservado ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, judicatura que dictó sentencia favorable a sus pretensiones, denegando la acción deducida. Recurrida de nulidad esta decisión para ante la Corte de Apelaciones de San nombre reservado, dicho tribunal revocó la decisión anterior, condenándola al pago de diversas prestaciones, por lo que se dio inicio a un juicio de cobranza.

Agrega el actor que el ejecutante, en dicha sede, solicitó el embargo de la subvención escolar, cuestión a la que se opuso, formándose un incidente que fue resuelto a favor de su contraparte. Agrega que ello fue erróneo en derecho, dado que esos fondos no son de su propiedad y no los puede incorporar a su patrimonio, teniendo sobre éstos el mero carácter de administrador fiduciario, por lo que serían inembargables al estar afectos a un fin determinado.

A este respecto, sostiene que el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de San Bernardo, amparándose en la norma reprochada, decretó el embargo por una importante suma de dinero, no obstante que el precepto impugnado resulta contrario a la Carta Fundamental.

Conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal.

Conforme alega el requirente, la aplicación del precepto impugnado vulnera la garantía constitucional de que trata el artículo 19, numeral 10 ° de la Carta Fundamental, dado que se transgrede el derecho a la educación, privando a más de quinientos alumnos del Colegio Master College, del cual la requirente es sostenedora, de esta garantía. Abunda en lo anterior afirmando que ésta debe ser asimilada con la igualdad ante la ley, la que no se respetaría, dadas las diferencias 2

que se producen entre los alumnos de un colegio subvencionado cualquiera y los del colegio afectado.

Unido a lo anterior, refiere vulneración al artículo 19, numeral 24 ° constitucional, dado que al aplicar en el caso concreto la norma impugnada, se provocará un impacto tal que afectará no sólo a los alumnos, sino que a toda la planta de docentes y asistentes de la educación, dado que no se encontrarán disponibles los recursos para pagar sus sueldos ni para solventar los gastos inherentes a la actividad del colegio. Así, se vulnera el derecho de propiedad, reconocido por la anotada norma constitucional. Complementando este acápite, sostiene que la garantía en comento también se afecta respecto de los propios alumnos, dado que, al ser asignada la subvención a éstos, ellos se transforman en propietarios de la misma, cuyo fin no es otro que garantizar su derecho a la educación.

Por estas consideraciones, solicita que sea acogida la acción deducida a fojas 1.

Admisión a trámite, admisibilidad y observaciones de fondo al requerimiento.

El requerimiento se acogió a trámite a través de resolución de la Primera Sala de este Tribunal Constitucional, de fecha 27 de julio de 2016, a fojas 42, oportunidad procesal en que fue decretada la suspensión del procedimiento en la gestión pendiente en que incide. Posteriormente, fue declarado admisible el día 22 de agosto de 2016, resolución rolante a fojas 221.

Conferidos los traslados sobre el fondo a los órganos constitucionales interesados, así como a las partes de la gestión pendiente, no fueron evacuadas presentaciones.

Vista de la causa y acuerdo.

Con fecha 9 de marzo de 2017 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y concurriendo a alegar por la parte requirente, el abogado don Jorge Pinto Aravena. A su turno, en Sesión de Pleno de igual fecha, se adoptó acuerdo de rigor.

Y CONSIDERANDO:

A) LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA PRIMERO: Que, como ha quedado descrito en la parte expositiva, la gestión pendiente en que incide el presente requerimiento se desarrolla en el marco de un juicio ejecutivo laboral ventilado ante el 2 ° Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, con motivo de la resolución que desestimó el incidente de exclusión de embargo promovido por la demandada y requirente en estos autos, ya individualizada.

El procedimiento ejecutivo en cuestión se dirige a obtener el cumplimiento forzado de la sentencia definitiva emanada de ese mismo tribunal, corriente a fojas 52, que condenó a esa parte a pagar las prestaciones laborales que allí se detallan.

Trabado embargo en el procedimiento de apremio seguido ante el propio juzgado laboral que conoció de la demanda en proceso de cumplimiento - porque en su territorio 00027 1Z 3 7(ttyl

jurisdiccional no existe un Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional, lo que faculta a aquél para hacer sus veces (art.

421, inciso 2 ° del Código del Trabajo) - la demandada dedujo incidente de exclusión de embargo, aduciendo que la subvención objeto de la medida no sería embargable. Desestimado que fue dicho incidente, la ejecutada presentó requerimiento de inaplicabilidad respecto del inciso 2 ° del artículo 15 ° del DFL N ° 2 (Educación), de 28.11. 1.998, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N ° 2, de 1.996, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales (en lo sucesivo, LSE.) Dicho requerimiento fue acogido a trámite con fecha 27.07.2.016, disponiéndose desde entonces la suspensión del procedimiento judicial en curso;

B) LA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD SEGUNDO: Que el precepto legal reprochado, cuyo texto se reprodujo en lo expositivo, consta de dos incisos, cuestionándose únicamente un acápite de su inciso segundo, precisamente en cuanto señala que la subvención solo puede ser pagada a los sostenedores o a sus representantes legales "salvo en el caso de medidas judiciales". De prosperar pues el requerimiento, el párrafo quedaría como sigue: "La subvención solo podrá ser pagada a los sostenedores o sus representantes legales";

TERCERO: Que - siguiendo su planteamiento - la transferencia en que consiste la subvención, inhibiría toda opción de la judicatura competente de disponer "medidas judiciales" que enervaran la incorporación al patrimonio del sostenedor o su representante legal, del respectivo aporte. En tal contexto, el embargo decretado por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, hasta la suma de $28.327.548, correspondientes a subvención escolar, adolecerían de ilegitimidad constitucional, en cuanto infringirían las garantías de los numerales 10 ° y 24 ° del artículo 19 del Texto Fundamental, por las razones que se revisarán más adelante;

C) DEL CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR CUARTO: Que a fin de profundizar en la temática propuesta, es necesario detenerse en examen del concepto, naturaleza jurídica, sujetos y características de la relación subvencional, entendida como "el vínculo jurídico establecido entre la Administración y el particular, con ocasión del otorgamiento de una subvención por la primera al segundo" (Enciclopedia Jurídica.biz 14.com . ed. 2.014);

QUINTO: Que la subvención constituye un acto administrativo favorable o declarativo de derechos, que puede ser concebida como "una suma de dinero, consignada presupuestariamente, que el Estado transfiere en forma gratuita a un particular a título no devolutivo, es decir, sin cargo a devolución, sometida a la afectación jurídica de utilizar dicha cantidad de dinero para la satisfacción de una necesidad pública o la realización de la conducta calificada de interés público" (nombre reservado, nombre reservado. Concepto y 4

naturaleza de la subvención en el Derecho chileno: El caso de la concesión de obra pública. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso [online]. 2011, n.37 [citado 2017-10-30], pp.329-367).

El concepto ha venido siendo perfilado doctrinariamente por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, la que, en su dictamen N ° 12.583, ha apuntado que "la subvención configura una ayuda de carácter financiero que sale del patrimonio del Estado, con cargo a la Ley de Presupuestos y se incorpora al del ente receptor, sin cargo a devolución, esto es, a fondo perdido, quedando ~afectada de su calidad de recurso público" (En el mismo sentido, dictámenes 1736/2.003; 10.888/2.005 y 10039/2.008);

SEXTO: Que, en similar predicamento, la Corte Suprema ha manifestado que "la subvención, una vez percibida por el sostenedor de un establecimiento educacional, deja de ser un fondo fiscal y entra al patrimonio de aquél, adquiriendo la naturaleza de fondo privado" (SCS. Rol 3277/1.996, de 2.09.1997, que rechaza recurso de casación en el fondo deducido por la demandante contra fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán, en Rol N ° 521/96, de 22.07.1.996, cuyo considerando 7 ° contiene la cita transcrita);

SÉPTIMO: Que, Por su parte, este Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de referirse al instituto de la subvención a lo menos en dos importantes sentencias, Roles 410 y 2787. En la primera de ellas sostuvo que "el fundamento constitucional de tal legislación (la alusiva a la subvención o beneficio económico que el Estado otorga a los establecimientos de enseñanza que cumplen las exigencias previstas en la normativa legal respectiva - "surge del artículo 19 N° 10 inciso quinto del Código Político, en el sentido que el Estado concurre a financiar el sistema de subvenciones, ya que "La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población" (c. 19 ° ).

Conceptualmente, por lo demás, esta Magistratura coincide con los criterios doctrinarios sustentados por la Corte Suprema y por el órgano Contralor, en el sentido que "la subvención es una manifestación de la potestad administrativa de fomento del Estado, que consiste en la transferencia en dominio a fondo perdido (vale decir, sin obligación de restituir o devolver) de determinados valores dinerarios hacia entidades privadas, con el objeto de que sean destinados por éstas a la consecución de un fin público (es decir, no son de libre disponibilidad). (c. 90 ° en STC Roles N ° s 1295 y 2.787)

Ha complementado apuntando que "[E]stas transferencias no son un regalo, sino una donación modal o condicionada al cumplimiento de determinados fines para recibirlos y al logro de ciertos resultados que se estiman valiosos. Ello implica, en ciertos casos, restricciones de derechos" (mismo considerando en sentencias citadas supra) (énfasis nuestro);

OCTAVO: Que lo anterior confirma la existencia de un consenso jurisprudencial amplio en el sentido que, 5

constituyendo la subvención escolar una transferencia directa a fondo perdido, una vez ingresada al patrimonio del sostenedor pierde su naturaleza de fondo público y pasa a integrar el patrimonio privado del citado receptor;

NOVENO: Que en punto a la destinación de estos recursos, ellos solo pueden orientarse a fines educativos, que la LSE.

detalla, sin perjuicio de sujetarse, además, a las restricciones y prohibiciones que pormenoriza su artículo 3 ° , cuyo cumplimiento debe ser supervigilado por la Superintendencia de Educación, sin perjuicio de las facultades privativas de la Contraloría General de la República (artículo 55);

D)DE LAS "MEDIDAS JUDICIALES" QUE PUEDEN RECAER SOBRE LAS SUBVENCIONES DÉCIMO: Que el precepto legal censurado prescribe, en su inciso 2 ° , que la subvención solo puede ser pagada a los sostenedores o a sus representantes legales, pero "salvo en el caso de medidas judiciales". Lo que significa que, en el caso de mediar una medida de esta índole - generalmente de naturaleza cautelar - la señalada asignación podría ser válidamente retenida, a través de una medida precautoria de las enumeradas en el Código de Procedimiento Civil (artículos 290 y siguientes), impidiendo la percepción del beneficio;

UNDÉCIMO: Que en autos se controvierte específicamente la posibilidad de que el monto de la subvención de que es titular la demandada y ejecutada en el procedimiento de apremio laboral, pueda ser objeto de embargo por parte de un acreedor, enervando su derecho de disposición sobre la suma correspondiente. En apoyo de tal predicamento, se afirma que los recursos recibidos a título de subvención escolar, no son del dominio del sostenedor, sino que éste ostenta a su respecto solo la condición de "mero administrador fiduciario", resultando así dichos fondos inembargables;

DUODÉCIMO: Que la obligación personal que grava a la sostenedora y que da origen al apremio en el procedimiento de ejecución laboral que constituye el antecedente del presente requerimiento, lleva aneja el derecho del acreedor de perseguir su cumplimiento "sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, designados en el artículo 1618", según reza el artículo 2.465 del Código Civil. Dicho precepto por su parte, designa como "no embargables" una serie de bienes, derechos y acciones, entre los cuales "[L'a propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente".

El mandato ha sido replicado, con un mayor grado de especificación, en el artículo 445 del código procesal en lo civil, que viene a complementar la mención, en un recuento taxativo de 18 numerales. Entre los bienes cuyo embargo se encuentra prohibido, el legislador procesal civil reprodujo en el cardinal 14 del aludido artículo 445 y en los mismos términos, la disposición del ordinal 8 ° del código sustantivo.

Ello nos obliga a pesquisar si efectivamente la subvención escolar en discordia participa del estatus jurídico que la 6

requirente le asigna, cuestión que dilucidaremos en las reflexiones siguientes;

DECIMOTERCERO: Que si la embargabilidad de bienes del deudor constituye la regla general, para que la subvención escolar quedare excluida de su aplicación, sería menester una norma expresa que así lo dispusiere. La requirente no pretende innovar en este punto, sino simplemente conjetura que la subvención escolar que le fue concedida no ingresaría a su patrimonio, por constituir un bien sujeto a restitución, como es propio de la propiedad fiduciaria, a la que asimila tal beneficio;

E) ¿CONSTITUYE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR UNA ESPECIE DE PROPIEDAD FIDUCIARIA?

DECIMOCUARTO: Que conforme al planteamiento de la peticionaria, la subvención escolar constituiría una especie de propiedad fiduciaria y, en consecuencia, no sería susceptible de embargo.

Cabe al respecto puntualizar que la propiedad fiduciaria configura un límite del derecho real de dominio, en cuanto se encuentra sometida al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición, según reza el artículo 733 del Código Civil. Se constituye mediante fideicomiso, que debe necesariamente contenerse en un "acto entre vivos otorgado en instrumento público, o por acto testamentario" (artículo 735, inciso 1 ° del Código Civil). Y esta prescripción legislativa representa desde luego un obstáculo insalvable para dar por correcta la tesitura de la sociedad requirente, toda vez que la subvención de marras no ha tenido su origen en ninguno de los mencionados y únicos modos de constitución que la ley civil considera. Consiguientemente, la subvención no puede estimarse inembargable;

F)LOS ALUMNOS SON DESTINATARIOS PERO NO DUEÑOS DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR DECIMOQUINTO: Que argumenta también el requerimiento en el sentido que los alumnos de los establecimientos subvencionados serían propietarios de la correspondiente asignación, desde que ésta no tiene otro fin que "garantizar su derecho a la educación".

Confunde este aserto las condiciones de dueño de la subvención, que ostenta indudablemente el sostenedor y requirente ante esta Magistratura, y la de destinatario de la misma.

Si bien es cierto que el acto subvencional se orienta al cumplimiento del deber del Estado de fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, para lo cual el constituyente le ha impuesto el deber concreto de financiar un sistema gratuito (artículo 19, N ° 10 ° , incisos 4 ° , 5 ° y final), no es menos efectivo que la ayuda pecuniaria directa en que este deber se materializa, implica el pago periódico de un monto de dinero a los sostenedores, que colaboran en la función educacional. Estos recursos ingresan al patrimonio de aquéllos -como ya se ha expresado - sin perjuicio de que el Estado debe tutelar su buen uso, afectándolos al cumplimiento 0002/5 7 /e4/1e..P

de fines educativos, que el legislador pormenoriza en el artículo 3 ° de la LSE.;

DECIMOSEXTO: Que en el mismo espíritu el legislador ha facultado a la Superintendencia de Educación a fiscalizar a las corporaciones educacionales - sin perjuicio de las competencias generales de la Contraloría General de la República (artículo 55 de la LSE) - articulando los términos de su responsabilidad tanto administrativa como civil y penal.

Pero obviamente que esta labor de control de cumplimiento de los fines de la subvención, en nada repercute en el dominio de los fondos que la constituyen, que continúa radicado en el sostenedor;

DECIMOSÉPTIMO: Que la invocada titularidad de los alumnos del establecimiento concernido como presuntos dueños de la subvención, amén de no ser un aserto sostenible, conforme a lo ya desarrollado, no puede hacerse extensiva al sostenedor del establecimiento donde ellos cursan sus estudios. Éste claramente carecería de legitimidad activa para actuar en representación de los educandos, lo que ostensiblemente obsta a la interposición del requerimiento, por falta de interés jurídico comprometido;

G)DE LOS CAPÍTULOS DE ILEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL REPRESENTADOS DECIMOCTAVO: Que, por último, cabe contrastar la correcta interpretación de la disposición legal reprochada, con la preceptiva constitucional designada como vulnerada, a fin detectar si efectivamente, esa hermenéutica produce efectos contrarios a la Constitución;

DECIMONOVENO: Que el requerimiento manifiesta que el derecho a la educación, tutélado en el artículo 19.10 ° "se asimila a la igualdad ante la ley", del mismo artículo de la Constitución, en su ordinal 2 ° . Esta transgresión se produciría ya que el embargo de la subvención que afecta al sostenedor del Colegio Master College de San Bernardo, daría lugar a una discriminación arbitraria respecto de otros colegios subvencionados no afectos al embargo que grava a este último establecimiento.

Empero, no se advierte cómo el apremio dispuesto contra el sostenedor involucrado pueda importar una diferenciación caprichosa en relación con otros beneficiarios de similar medida de fomento, cuyo monto no hubiere sido embargado. Aun en ese evento, la disimilitud sería consecuencia de una interpretación del artículo censurado hecha por un juez competente del fuero laboral, de conformidad con las pautas fijadas al efecto en el Título Preliminar del Código Civil. Y una tal divergencia interpretativa debe ser necesariamente situada en el ámbito que es propio de los jueces del fondo, sin que corresponda a esta jurisdicción constitucional interferir en una temática de la señalada naturaleza, como por lo demás lo ha declarado esta Magistratura en reiteradas oportunidades (Roles 796, c. 27; 896, c. 31;; 1.138, c. 65 y más recientemente, 2.957, cc. 34 y 39 a 41, entre muchos otros);

8 VIGÉSIMO: Que, como se ha argumentado anteriormente, los recursos en que se materializa la subvención escolar, una vez devengados, ingresan a título de dueño al patrimonio del sostenedor. En tal virtud, el acreedor de la respectiva obligación personal tiene el derecho de "perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, designados en el artículo 1618", según reza el artículo 2.465 del Código Civil, complementado en lo pertinente por el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil. Entre los bienes pasibles de embargo deben considerarse también las cosas incorporales, que consisten en meros derechos, como los créditos (artículo 565 del Código Civil) y sobre los cuales "hay también una especie de propiedad", como lo señala el artículo 583 del mencionado cuerpo de leyes, en plena armonía con el artículo 19.24,inciso 1 ° de la Carta Fundamental.

VIGESIMOPRIMERO: Que, en esta línea, el embargo trabado sobre fondos de la subvención escolar del sostenedor y ejecutado en la gestión pendiente debatida en el juicio oral de autos, no es sino concreción del derecho de prenda general de los acreedores, ejercido sobre un bien que no tiene carácter de inembargable. Al revés de lo postulado por el requirente, entonces, el apremio decretado en la instancia de ejecución laboral, se inserta en la filosofía propia de los juicios ejecutivos, de cualquier naturaleza, que autorizan el embargo de bienes suficientes del deudor una vez firme la sentencia, si no se ha pagado dentro del plazo señalado para el cumplimiento. De lo que se desprende que la creación de una inembargabilidad especial para los fondos constitutivos de la subvención escolar, dejaría al trabajador ejecutante, que es titular de un derecho de crédito representado por la sentencia ejecutoriada que lo favorece, en situación de total desprotección frente al deudor reluctante al pago. Y tal circunstancia sí que comprometería la garantía constitucional del derecho de propiedad en perjuicio del trabajador que obtuvo en el juicio declarativo laboral, cuyo derecho incorporal quedaría marginado de la acción emanada de su derecho de prenda general, sin una razón suficiente que lo justificare;

VIGESIMOSEGUNDO: Que, finalmente, la pretensión de encontrarse también transgredida el núcleo esencial del derecho de propiedad que ostentarían los alumnos sobre la subvención escolar - contenida en el numeral 26 del artículo 19 del Texto Fundamental - deberá descartarse en cuanto la requirente carece de titularidad sobre el derecho que invoca, como ha quedado demostrado a lo largo de las reflexiones precedentes.

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N ° 6 ° , y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N ° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, 9

SE RESUELVE:

1 ° . Que se rechaza el requerimiento de inaplicabilidad deducido a fojas 1.

2 ° . Que no se condena en costas a la parte requirente, por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar.

Se alza la suspensión del procedimiento decretada en autos. Ofíciese al efecto.

DISIDENCIA:

Acordada la sentencia de rechazo con el voto en contra de los Ministros Sres. Iván Aróstica Maldonado (Presidente), Juan José Romero Guzmán y José Ignacio Vásquez Márquez, quienes estuvieron por acoger el presente requerimiento en todas sus partes, en virtud de sus propios fundamentos y teniendo además presente las siguientes consideraciones:

1 ° ) Que el artículo 15, inciso segundo, del DFL N ° 2, de 1998, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, después de resguardar que esta ayuda económica se emplee en los fines exclusivos a los que está destinada, diciendo que "sólo podrá ser pagada a los sostenedores o sus representantes legales", enseguida abre una forma de desamparo: "salvo en los casos de medidas judiciales".

La aplicación judicial amplia que se ha dado a esta última excepción, permite que las sumas a que asciende dicha 'subvención sean embargados por un tribunal laboral a petición ,/ de un tercero, quien habría desempeñado funciones en el establecimiento educacional de que se trata, pero en todo caso accesorias o adventicias, como contador;

2 ° ) Que, tal como se expresara en el voto por acoger recaído en STC Rol N ° 2438 (considerando 5 ° ), no pudiendo concebirse como un dispositivo para evadir la acción de la justicia, la inembargabilidad es tolerable cuando busca evitar la redestinación por vía judicial de ciertos recursos públicos escasos, que han sido adscritos a un destino único e insustituible, para servir a personas concretas y predeterminadas.

Cuyo es el caso, desde que el artículo 3 ° del citado DFL N ° 2 previene que los recursos estatales que reciba el sostenedor, por concepto de subvenciones o aportes, "estarán afectos al cumplimiento de los fines educativos y sólo podrán destinarse a aquellos actos o contratos que tengan por objeto directo y exclusivo el cumplimiento de dichos fines", con las excepciones taxativas que señala, entre las cuales no se encuentra solventar las sumas adeudadas en un juicio laboral como el de la especie.

Corrobora este aserto la norma interpretativa consagrada a continuación en el en el inciso segundo del mismo artículo 3 ° , donde el legislador cuida de expresar que "se entenderá que el financiamiento recibido [por el sostenedor] se destina a fines educativos en el caso" -entre otras operaciones- del "Pago de remuneraciones, honorarios y beneficios al personal docente que cumpla funciones directivas, técnico pedagógicas o de aula, y de los asistentes de la educación, que se 10

desempeñen en el o los establecimientos respectivos" (literal ii Además de definir el destino de la subvención, la Ley sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales establece medidas para asegurar su correcta utilización. Así, en el Título IV, Párrafo 1° las infracciones y sanciones que acarrea el incumplimiento de dicha ley y de su reglamento.

Entre ellas, por ejemplo, se contempla, como infracción grave, el incumplimiento de la obligación del establecimiento de informar anualmente a la comunidad, con copia a la Superintendencia de Educación, sobre la forma en que se utilizaron los recursos, el avance del proyecto educativo y su contribución al mejoramiento de la calidad de la educación, pudiendo los padres y apoderados, en todo momento, formular ideas y proposiciones al respecto (artículo 50 inciso segundo, letra b), en relación con el artículo 26, inciso quinto);

3 ° ) Que, vale decir, si bien las sumas recibidas a título de subvención ingresan al patrimonio del sostenedor, ello lo es bajo la condición de aplicarlas a los objetivos estrictamente educacionales previstos por la ley.

En este evento, pues, la ley ha establecido el modo específico de adquirir la propiedad sobre tales recursos, de usar, gozar y disponer de ella, con las limitaciones y obligaciones antes indicadas, derivadas de su función social, al encontrarse comprometidos los intereses generales de la Nación en los términos requeridos por el artículo 19, N ° 24, inciso segundo, de la Constitución Política (STC Rol N ° 2787- 15)

De modo que, permitir el embargo indiscriminado sobre dichos valores, para cubrir acreencias que no dicen relación directa e inmediata con aquellos propósitos taxativamente educacionales, implica desvirtuar la finalidad que se tuvo en cuenta para establecer la señalada subvención, al paso que desencamina recursos con que el Estado cumple su obligación de fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, al tenor del artículo 19, N ° 10, de la Carta Fundamental, además de poner en peligro el derecho que le asiste a la sociedad educacional requirente, para mantener el establecimiento de enseñanza que sostiene, al amparo del artículo 19, N ° 11, del mismo texto supremo;

4° ) Que, finalmente, conviene consignar que la inembargabilidad aquí predicada no implica restar eficacia a la atribución inherente a la actividad jurisdiccional, consistente en "hacer ejecutar lo juzgado" en los asuntos que se ventilan ante los jueces, conforme al artículo 76 constitucional, toda vez que no por ello la sociedad educacional demandada en la gestión pendiente puede entenderse sustraída de su condición de deudora, ni tampoco liberada de responder con todos los demás bienes que integran su patrimonio, según es de ordinario en este tipo de casos.

Redactó la sentencia el Ministro señor Domingo Hernández Emparanza y, la disidencia, el Presidente, señor Iván Aróstica Maldonado.

11 Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N ° 3132-16-INA.

3' . ARÓSTICA

RO Ilt4 1.¿Z4V4 SRA. nombre reservado,IER

1 SR.11 VÁSQUÉZ /

Prcluncia por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente, Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, y los Ministros señores Carlos Carmona Santander, Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza, Juan José Romero Guzmán, señora María Luisa Brahm Barril y señores Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y José Ignacio Vásquez Márquez.

Se certifica que el Ministro señor Domingo Hernández Emparanza concurrió al acuerdo y a la sentencia, pero no firma por encontrarse en comisión de servicio.

Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, señor Rodrigo Pica Flores.

12 En Santiago, a " de de ./..elribe •,Aotifiqué Rersonalmente a trtf~3.. .j.Srlf t.11,. . ..~....n.d..~515--; ...TI , la sentencia recaída en autos Rol N°31$ 1-- ^"fivi/ . ... ... d e isi de - U'. ..K., as:~. de.a a quien entregué copia. Z : 30,125 .

q. II 7-71 o id -5 Santiago, 12 de diciembre de 2017.

OFICIO N° 3257-2017

Remite sentencia.

SEÑORA JUEZ JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN BERNARDO:

Remito a Ud. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 7 de diciembre en curso, en el proceso Rol N° 3132-16-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Sociedad nombre reservado nombre reservado S.A. respecto del artículo 15, inciso segundo del DFL N°2, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, en los autos sobre procedimiento ejecutivo laboral, caratulados "nombre reservado con nombre reservado", de que conoce ese Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, bajo el RIT C-35-2016, RUC 14-4-RUT reservado.

Dios guarde a US.

Presidente

Secretario

A LA SEÑORA JUEZ DOÑA CLARA ROSA ROJO SILVA JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN BERNARDO URMENETA N° 467 - SAN BERNARDO SANTIAGO.

Entregado a Correos de Chile 13 de diciembre de 2017 Notificaciones del Tribunal Constitucional Amco;i4,1,4/~//i«,--4-e De: Notificaciones del Tribunal Constitucional <correo reservado > Enviado el: miércoles, 13 de diciembre de 2017 18:06 Para: 'correo reservado; 'correo reservado' CC: correo reservado ; 'nombre reservado' (correo reservado ); 'nombre reservado

nombre reservado' (correo reservado ); 'nombre reservado.' (correo reservado ); correo reservado

Asunto: Comunica sentencia y alzamiento de suspensión Datos adjuntos: Sentencia.pdf

Señoras nombre reservado

nombre reservado

Señor nombre reservado

nombre reservado de Unidad de Causas

Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo

Junto con saludarlos, vengo en comunicar y remitir adjunta sentencia pronunciada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 3132-16 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Sociedad nombre reservado nombre reservado S.A.

respecto del artículo 15, inciso segundo del DFL N°2, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, en los autos sobre procedimiento ejecutivo laboral, caratulados "nombre reservado con nombre reservado", de que conoce el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, bajo el RIT C-35-2016, RUC 14-4-RUT reservado.

Atentamente,

nombre reservado

Oficial Primero Abogado Tribunal Constitucional 7219224-7219200 M.0.0.

Santiago 12 de diciembre de 2017.

OFICIO N° 3255-2017

Remite sentencia

EXCELENTISIMA SEÑORA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA:

Remito a V.E, copia autorizada de la sentencias definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 7 de diciembre en curso, en el proceso Rol N° 3132-16-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Sociedad nombre reservado nombre reservado S.A. respecto del artículo 15, inciso segundo del DFL N° 2, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales.

Dios guarde a V.E.

nombre reservado

esi ente

nombre reservado

Secretario

A S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA DOÑA MICHELLE BACHELET JERIA PALACIO DE LA MONEDA PRESENTE.

Santiago, 12 de diciembre de 2017.

M. 0.0.

OFICIO N° 3256-2017

Remite sentencia.

EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL H. SENADO:

Remito a V.E, copia autorizada de la sentencias definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 7 de diciembre en curso, en el proceso Rol N° 3132-16-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Sociedad nombre reservado nombre reservado S.A. respecto del artículo 15, inciso segundo del DFL N° 2, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales.

Dios guarde a V.E.

nombre reservado nombre reservado

Presidente

RODRI00 nombre reservado

Secretario

A S.E. EL E DO DE LA REMA:n.1CA DE CHILE PRESIDENTE DEL 1-1. SENADO DON nombre reservado 13 DIC 2017 SENADO DE LA REPUBLICA VALPARAISO CORRE TERNO Notificaciones del Tribunal Constitucional

De: Notificaciones del Tribunal Constitucional <correo reservado > Enviado el: miércoles, 13 de diciembre de 2017 17:59 Para: 'correo reservadosenado.cl' CC: 'nombre reservado' (correo reservado ); 'nombre reservado' (correo reservado ); 'nombre reservado.' (correo reservado ); correo reservado

Asunto: Comunica sentencia Rol N° 3132-17 INA Datos adjuntos: Oficio N° 3256-203.7 Senado.pdf; Sentencia.pdf

Señor nombre reservado

Secretario Senado

Junto con saludarlo, y sin perjuicio que la actuación a la que alude este mail será enviada por mano, mediante Oficio N° 3256-2017, vengo comunicar y remitir sentencia pronunciada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 3132-16 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Sociedad nombre reservado nombre reservado

S.A. respecto del artículo 15, inciso segundo del DFL N°2, sobre subvención del Estado a 2stablecimientos educacionales, en los autos sobre procedimiento ejecutivo laboral, caratulados "nombre reservado con nombre reservado", de que conoce el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, bajo el RIT C-35-2016, RUC 14-4-RUT reservado.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

ica nombre reservado

Primero Abogado Tribunal Constitucional 7219224-7219200 Notificaciones del Tribunal Constitucional

De: Notificaciones del Tribunal Constitucional <correo reservado > Enviado el: miércoles, 13 de diciembre de 2017 17:59 Para: 'correo reservado'; 'correo reservado'; correo reservado ;

'correo reservado' CC: 'nombre reservado' (correo reservado ); 'nombre reservado' (correo reservado ); 'nombre reservado.' (correo reservado ); correo reservado ; correo reservado

Asunto: Comunica sentencia Rol 3132-16 Datos adjuntos: Sentencia.pdf

Señor nombre reservado

Secretario Cámara de Diputados

En el marco del Convenio de comunicación Cámara de Diputados - Tribunal Constitucional, vengo en comunicar y remitir adjunta sentencia pronunciada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 3132-16 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Sociedad nombre reservado nombre reservado S.A. respecto del artículo 15, inciso segundo del DFL N°2, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, en los autos sobre procedimiento ejecutivo laboral, caratulados "nombre reservado

con nombre reservado", de que conoce el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, bajo el RIT C- 35-2016, RUC 14-4-RUT reservado.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

nombre reservado

Oficial Primero Abogado Tribunal Constitucional 7219224-7219200 000284 Notificaciones Tribunal Constitucional a4.4;1,4 De: tribunalconstitucionaLci <correo reservado > Enviado el: jueves, 14 de diciembre de 2017 8:34 Para: correo reservado ; correo reservado

Asunto: Notificacion Rol 3132-16 Datos adjuntos: 4243_1.pdf

Sr. Jorge Pinto Aravena por la requirente Sra. nombre reservado por nombre reservado

Adjunto remito a usted sentencia definitiva dictada por este Tribunal con fecha 7 de diciembre en curso, en el proceso Rol N° 3132-16-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Sociedad nombre reservado nombre reservado S.A. respecto del artículo 15, inciso segundo del DFL N°2, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, en los autos sobre procedimiento ejecutivo laboral, caratulados "nombre reservado con nombre reservado", de que conoce el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, bajo el RIT C-35-2016, RUC 14-4-RUT reservado.

Atentamente,

Secretario Abogado

correo reservado

Tribunal Constitucional Huerfanos 1234, Santiago Chile