Inaplicabilidad de Precepto Legal

Santiago, siete de agosto de dos mil diecisiete.

VISTOS:

A fojas 1, con fecha 33 de junio de 2016, nombre reservado requiere la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 1°, 2°, inciso segundo, 3.5, incisos primero y segundo, y i6 incisos primero y segundo, del Decreto Ley N° 2695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, para que surta efectos en la causa sobre acción reivindicatoria caratulada "nombre reservado con nombre reservado", sustanciada ante el Juzgado de Letras de Villa Alemana bajo el Rol C-2o46-2o15; y actualmente suspendida en su tramitación conforme a lo decretado por la Segunda Sala de este Tribunal (resolución de 7 de junio de 2016, a fojas 47).

Como hechos y en relación con la acción reivindicatoria sublite, el requirente expone que, se radicó en Venezuela, y compró una propiedad en Villa Alemana, que fue inscrita a su nombre en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de la misma ciudad correspondiente al año 1985. En dicha propiedad vivía su madre quien acogió a su sobrina nombre reservado. Luego, murió la madre y la sobrina continuó ocupando un retazo del terreno. Posteriormente, el año 2013, una amiga del requirente acudió al Conservador y se percató de que la sobrina, hoy demandada en la gestión pendiente, se había hecho dueña de la propiedad conforme al procedimiento de regularización contemplado en el DL 2695, luego de inscribir al margen la resolución administrativa pertinente del año 2008.

Así, afirma el requirente, ha sido despojado de su propiedad, lo cual importa que en el caso concreto, de aplicarse las normas legales impugnadas, se infringirán sus derechos garantizados por el artículo 19, N°s 2, 3 y 24 de la Constitución Política; al tiempo que las normas cuestionadas son decisivas para la resolución del juicio, toda vez que de no declararse inaplicables por este Tribunal Constitucional, importará que su acción reivindicatoria sería rechazada por el juez, generando los efectos inconstitucionales denunciados.

En efecto, de aplicarse las normas reprochadas, se infringirá el derecho de propiedad del requirente, junto con el derecho a la igualdad ante la ley y a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos; pues las normas que se cuestionan permiten al poseedor material, mediante procedimiento administrativo ante el Ministerio de Bienes Nacionales, adquirir la calidad de poseedor regular, e inscribir la pertinente resolución del Ministerio que acoge la solicitud de regularización, quedando así habilitado para adquirir el dominio por prescripción de 1 año; y aun contra inscripciones anteriores, al tiempo que transcurrido el mismo plazo se entenderá cancelada la inscripción anterior y prescriben las acciones de dominio; esto es, el requirente queda imposibilitado de reivindicar su dominio sobre el bien raíz; no obstante ser poseedor inscrito, y aun cuando el solicitante, a 2

entender del actor, era mero tenedor del inmueble y no poseedor material, y en definitiva ocupó el procedimiento del DL 2695 para usurparle el bien raíz de su propiedad.

Lo anterior vulnera el derecho de propiedad del actor, quien aun siendo poseedor inscrito y legítimo dueño, ha sido despojado de su dominio, sin indemnización alguna.

Además, se infringe la igualdad ante la ley, mediante un procedimiento que permite adquirir el dominio en el plazo breve y excepcional de 1 año, contra el poseedor inscrito, alterando las reglas generales, y constituyendo una norma irrespetuosa del principio de proporcionalidad.

En fin, postula el actor la infracción de su derecho al debido proceso; desde luego en la fase de bilateralidad de la audiencia, pues contra su conocimiento y voluntad, en el plazo de un año, además de perder su dominio, prescriben sus acciones para recuperarlo, quedando desprovisto de todo arbitrio procesal al efecto.

- El requerimiento fue admitido a tramitación (fojas 47) y declarado admisible por la Segunda Sala de este Tribunal (fojas 54) y se confirió el plazo legal a los Órganos Constitucionales Interesados y a las demás partes, para formular sus observaciones acerca del fondo, haciendo ejercicio de dicho derecho dentro de plazo la demandada en la gestión sublite, doña nombre reservado.

En su presentación de 18 de julio de 2016, a fojas 65, la señora nombre reservado

solicita a este Tribunal el rechazo del requerimiento en todas sus partes.

Manifiesta que el año 2008 y conforme a las disposiciones del DL 2695 cuestionadas en autos, obtuvo la pertinente resolución administrativa del Ministerio de Bienes Nacionales que le reconoció la calidad de poseedora regular del bien raíz, la cual inscribió al margen de la inscripción de dominio anterior, en el Registro Conservatorio de Villa Alemana, y que la habilitó para luego adquirir su dominio por prescripción de 1 año. Al efecto, se siguió debidamente el procedimiento establecido en las normas del DL 2695 y, desde luego, se acreditó su calidad de poseedora material por más de 5 años, desde el año 2002 y no de mera tenedora, además de darse el debido cumplimiento a las demás exigencias dispuestas por la normativa en comento.

Luego, afirma la señora nombre reservado que el requirente de autos no ejerció oportunamente sus derechos a oponerse a la regularización de la propiedad; al tiempo que su acción reivindicatoria que ha impetrado en la gestión sublite, se encuentra prescrita por el transcurso del plazo de 1 año, mismo plazo en que la requerida adquirió el dominio y se canceló por el solo ministerio de la ley la inscripción anterior. Añade que en la gestión pendiente, precisamente, su parte opuso la excepción de prescripción, asunto pendiente de pronunciamiento por el juez del fondo.

Por consiguiente, expresa la requerida, la actora no puede ahora, 8 años después de adquirido el dominio por prescripción conforme a las disposiciones 3 000117

especiales del DL 2695, pretender que este Tribunal Constitucional deje sin efecto todo el procedimiento de regularización, legítimamente llevado a cabo, y sus efectos jurídicos ya consolidados, al tiempo que intenta revivir las acciones de dominio de los anteriores propietarios que han precluido procesalmente, todo lo cual constituye una situación jurídica consolidada, que no puede ser dejada sin efecto vía acción de inaplicabilidad.

Como se dijo, ya han transcurrido 8 años desde que la requerida adquirió el dominio por prescripción, luego de sujetarse al procedimiento de regularización del Decreto Ley en comento, por lo que los preceptos que se han cuestionado ya recibieron aplicación, de modo que no producirán efecto alguno en la resolución del asunto judicial sobre acción reivindicatoria invocado como sustento de la acción de inaplicabilidad de autos.

Y, en cuanto a las garantías constitucionales que se invocan como infringidas por el requirente, la señora nombre reservado afirma, primero, que no se afecta el derecho de propiedad del requirente pues, en el marco de las disposiciones del Decreto Ley existen acciones de protección del dominio; las cuales no fueron ejercidas en la oportunidad pertinente por el actor; al tiempo que ello redunda igualmente en que no puede estimarse afectado el debido proceso en su vertiente de bilateralidad de la audiencia, o la igualdad ante la ley, pues el actor disponía de los medios procesales para discutir y oponerse a la regularización y resguardar su dominio, sin que pueda posteriormente el actor pretender revivir la discusión en un asunto jurídicamente ya afinado.

- Por resolución de 26 de julio de 2016 (fojas 81), se ordenó traer los autos en relación, verificándose la vista de la causa el día 15 de diciembre de 2016, quedando adoptado el acuerdo con la misma fecha.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, traídos los autos en relación y luego de verificarse la vista de la presente causa, se procedió a votar el acuerdo respectivo, obteniéndose el siguiente resultado:

Los Ministros señora Marisol Peña Torres, señores Carlos Carmona Santander, Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza y Nelson Pozo Silva estuvieron por rechazar el requerimiento.

Por su parte, los Ministros señores Iván Aróstica Maldonado (Presidente), Juan José Romero Guzmán, señora María Luisa Brahm Barril y señores Cristián Letelier Aguilar y José Ignacio Vásquez Márquez estuvieron por acoger el requerimiento;

SEGUNDO: Que se ha producido empate de votos, con lo cual, atendido el quórum exigido por el artículo 93, inciso primero, N° 6°, de la Carta Fundamental, 4

para acoger un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y teniendo asimismo en cuenta que, por mandato de la letra g) del artículo 8° de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal Constitucional, el voto del Presidente no dirime un empate en este caso; y no habiéndose alcanzado la mayoría constitucional necesaria para acoger el presente requerimiento de inaplicabilidad, éste deberá ser necesariamente desechado.

Los fundamentos de los respectivos votos son los que se consignan a continuación:

I. VOTO POR RECHAZAR EL REQUERIMIENTO

Los Ministros señora Marisol Peña Torres, señores Carlos Carmona Santander, Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza y Nelson Pozo Silva estuvieron por rechazar el requerimiento de autos por las siguientes consideraciones:

I. LA IMPUGNACION.

1. Que se presentó en agosto del 2015, una acción reivindicatoria por un inmueble ubicado en domicilio reservado. Este juicio se encuentra en primera instancia, con término probatorio vencido y es la gestión pendiente en estos autos.

El juicio se inició porque la demandada utilizó un procedimiento de regularización de propiedad, del Decreto Ley N° 2.695, después que la madre del demandante falleciera el 2012. La regularización, con la inscripción respectiva, se produjo el año 2008. La demandada es sobrina del demandante, a quien la madre de este último invitó a vivir con ella el año 1985;

2. Que se cuestionan los artículos 1°, 2°, 15 y 16 del Decreto Ley N° 2.695. Se sostiene que dicho procedimiento de regularización afecta el derecho de propiedad, toda vez que contra título inscrito una persona que es mero tenedor se transforma en propietario mediante otro título inscrito. Ello vulnera el 19 N° 24 de la Constitución. Enseguida, se sostiene que se vulnera el artículo 19 N° 2 de la Constitución, porque dicho procedimiento está construido como un procedimiento especial, distinto a la regla general del Código Civil. Finalmente, vulnera el artículo 19 N° 3 de la Constitución, porque produce una verdadera indefensión para el titular de la propiedad, dado los escasos mecanismos que contempla para oponerse al saneamiento;

oc E;

II. ASUNTOS SOBRE LOS QUE NO ENTRAREMOS.

3. Que, en primer lugar, hay asuntos sobre los cuales esta Magistratura no puede emitir pronunciamiento alguno. Desde luego, las cuestiones de hecho, como si el demandante de la acción reivindicatoria supo o no de las acciones de la demandada tendiente a obtener el saneamiento de la propiedad, conforme al Decreto Ley N° 2.695. Enseguida, tampoco corresponde que nos pronunciemos sobre si la acción reivindicatoria intentada se encuentra o no prescrita. La acción se inició el 2015. La inscripción del decreto ley 2.695 se produjo el año 2008;

III. LOS PRECEDENTES.

4. Que, por otra parte, es importante recordar la jurisprudencia de esta Magistratura respecto del Decreto Ley 2.695, pues éste no es el primer requerimiento de inaplicabilidad intentado contra los artículos cuestionados;

5. Que los requerimientos anteriores corresponden a las causas roles STC 707/2007, 991/2007, 1228/2008, 1510/2009, 1298/2010, 2447/2013, 2647/2014, 2674/2015, 2767/2015, 2912/2016, 3029/2017). Sólo el primero de ellos (STC Rol N° 707/2007) fue acogido, mientras que los demás han sido rechazados;

6. Que, en cuanto al requerimiento acogido, dicha decisión no se sustentó en un análisis de constitucionalidad de fondo, sino en un razonamiento estrictamente acotado a las circunstancias concretas del caso. En ese sentido, se resolvió que: "(...)

en su aplicación concreta al caso (...) resulta contrario a la Constitución, pues significaría resolver un conflicto sobre posesión y dominio de bienes raíces rurales de acuerdo con normas legales —los artículos 15 y 16 del Decreto Ley N° 2.695, de 1979- diversas a las disposiciones generales contenidas en el Código Civil, sin que, a juicio de este Tribunal, concurran en la especie los motivos que justifican la aplicación de aquellas normas especiales, las cuales, en caso de ser utilizadas, constituirían una diferencia arbitraria y podrían dar origen a una privación inconstitucional de la propiedad;" (STC Rol N°707/2007, c. 13°).

No obstante, en esta última sentencia, el Tribunal también se pronunció a favor de la constitucionalidad en abstracto de los artículos 15 y 16 del Decreto Ley N° 2.695 (STC Rol N° 707/2007, c. 11°);

7. Que, por otro lado, existe un precedente en materia de control preventivo y obligatorio de constitucionalidad, relativo al proyecto de ley que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización, correspondiente al boletín N° 10154-07, hoy Ley N° 20.915, publicada en el Diario Oficial el 15 de abril de 2016. En dicha oportunidad, el Tribunal estimó como constitucionales los artículos segundo y tercero transitorios, que establecen un procedimiento administrativo especial de regularización de bienes raíces poseídos materialmente por partidos políticos, cumpliendo con los requisitos que ahí se determinan. En dicha ocasión, el Tribunal señaló que dicho procedimiento no constituye un privilegio, sino una forma reglada de regularizar la situación de ciertos bienes inmuebles; además, señaló que no se afecta el derecho de propiedad 6

contemplado en el artículo 19, N° 24°, ni tampoco el derecho a la propiedad, establecido en el artículo 19, N° 23°, ambos de la Constitución Política. Finalmente, tampoco se trata de un caso de expropiación, pues la nueva inscripción — lograda a través del procedimiento administrativo de regularización — cancela la antigua sólo una vez transcurrido un año de aquello. El modo de adquirir sería la prescripción, conforme a los parámetros generales dados por el Derecho Civil en este ámbito y no el ejercicio de una potestad pública (STC Rol N° 2980/2016);

IV. CRITERIOS INTERPRETATIVOS 8. Que antes de entrar al fondo de la cuestión, es necesario dejar sentados algunos criterios interpretativos que servirán de base a nuestro razonamiento;

1. El Decreto Ley N° 2695 no es el único procedimiento de saneamiento 9. Que, en primer lugar, el procedimiento de saneamiento de títulos de dominio contemplado en el Decreto Ley N° 2.695 no es nuevo ni el único caso en nuestra legislación donde, mediante procedimientos especiales de regularización, se logra tal objetivo. Así, existen variados precedentes regulatorios en la materia;

lo. Que, entre otros, los propios antecedentes previos del Decreto Ley N° 2.695 constituyen un ejemplo de normas de regularización de bienes raíces y que dejan en evidencia que, al momento de su dictación, no se trataba de una regulación nueva sino de la continuación de una ya existente. Estos antecedentes están contenidos en el DFL N° 6, de 1968, del Ministerio de Agricultura. Por otra parte, existen otros precedentes regulatorios sobre este mismo tema, tales como la Ley N° 6.382, publicada en el Diario Oficial el 9 de agosto de 1939, y el DFL N°7, del Ministerio de Agricultura, publicado en el Diario Oficial el 13 de febrero de 1963 (STC 1298/2010);

u. Que el Decreto Ley N° 2.695 tampoco es la única forma de regularización de títulos de dominio en nuestro ordenamiento. En la actualidad, se encuentran vigentes diversos procedimientos que apuntan al mismo objetivo, constituyendo un verdadero sistema de saneamiento de títulos de propiedad, que opera tanto respecto de inmuebles privados como fiscales. Estos casos son: i) el del DFL N° 5, del Ministerio de Agricultura, de 1968, que regula a las comunidades agrícolas existentes en la IV y V regiones desde la época de la colonia; ii) el DL N° 1.939, de 1977, que establece normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado; iii) el DL N° 2.885, de 1979, que establece normas sobre el otorgamiento de títulos de dominio y administración de terrenos fiscales en la Isla de Pascua; iv) la Ley N° 19.776, de 2001, sobre regularización de posesión y ocupación de inmuebles fiscales que estuvieron siendo ocupados en forma efectiva por al menos cinco años y cuyo derecho de ocupación derive de un decreto válido del Ministerio de Bienes Nacionales; v) la Ley N° 20.062, de 2005, que permite la

regularización de ocupaciones irregulares por un plazo no inferior a cinco años, en terreno de playa ubicado en cierta parte del borde costero del país, que se determina oficialmente, en favor de personas naturales o jurídicas sin fines de lucro, chilenas (STC Rol N° 1298/2010); vi) finalmente, la reciente Ley N° 20.915, 000119 7

publicada en el Diario Oficial el 15 de abril de 2016, que en sus artículos segundo y tercero transitorios establece un procedimiento administrativo de regularización de bienes raíces poseídos materialmente por partidos políticos, ante el Ministerio de Bienes Nacionales, cumpliendo con los requisitos que allí se exigen. Cabe hacer presente, además, y como ya se indicó, que respecto de esta última ley, cuando fue objeto de control previo y obligatorio de constitucionalidad por parte de esta Magistratura, dichos artículos no fueron estimados como contrarios a la Constitución (STC Rol N° 2980/2016);

2. El encuadre del Decreto Ley N° 2695 en el artículo 19 No 3 de la Constitución 12. Que un segundo criterio interpretativo es que el Decreto Ley N° 2.695 se enmarca dentro del artículo 19, No 23°, de la Constitución, tal como lo dijo esta Magistratura en la STC Rol N° 1298/2010, y lo ha reiterado después (por ejemplo, STC 2912/2016);

13. Que el artículo 19, N° 23° permite que el legislador pueda diseñar mecanismos que permitan difundir la propiedad, de modo que puedan acceder a ella los que no la poseen.

Mediante el mecanismo diseñado en el Decreto Ley No 2.695, personas con posesión material de un inmueble, continua, exclusiva, sin violencia ni clandestinidad, por cinco años, a lo menos, pueden obtener un justo título que, una vez inscrito, les permite obtener el inmueble en propiedad por prescripción de corto tiempo. El DL habla de "regularizar la situación del poseedor material que carece de títulos o los tiene imperfectos", para que pueda participar en "planes de desarrollo y asistencia técnica" (considerando 2°).

El Decreto Ley No 2.695, entonces, busca que una persona pueda acceder a la propiedad del bien que posee, y pueda así, con ese bien, incorporarse "al proceso productivo nacional" (considerando 2 0, Decreto Ley N° 2.695). La norma procura que una persona obtenga, por el modo de adquirir denominado prescripción, un inmueble que se ha poseído durante cinco años.

Con ello, materializa el derecho a la propiedad del artículo 19, N° 23°, de la Constitución (STC Rol N° 1298/2010);

3. Pluralidad de estatutos propietarios.

14. Que el tercer criterio interpretativo es que el N° 24° del artículo 19 de la Constitución reconoce el derecho de propiedad, pero no establece un tipo de propiedad determinado. La Constitución no reconoce una única propiedad sino la propiedad "en sus diversas especies". No hay, por tanto, una sola propiedad, sino tantas como el legislador configure. De hecho, el propio constituyente se refiere a algunas de ellas: la minera (artículo 19, No 24°), la que recae en los derechos de agua (artículo 19, N° 24°), la intelectual y artística (artículo 19, N° 25°), la que recae sobre los bienes que deben pertenecer a la Nación toda (artículo 19, N° 23°).

8 No existe, entonces, una propiedad general y propiedades especiales;

existen sólo propiedades distintas, con estatutos propios. La Constitución garantiza el derecho de propiedad, cualquiera fuera éste. No hay en la Constitución un modelo a partir del cual se configuren las distintas propiedades.

En este sentido, el constituyente se mantiene neutro frente a las preferencias constitutivas del legislador al momento de definir "el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social". No existe una legislación que haya sido erigida por el constituyente en modelo de todas las demás propiedades. Ello habría significado constitucionalizar una determinada legislación; rigidizar las definiciones del legislador; y abrir un debate sobre la protección de las propiedades constituidas a partir de un diseño propio, distinto a ese pretendido modelo común. Por lo demás, esta Magistratura ha declarado la inaplicabilidad de preceptos del Código Civil en varias oportunidades (por ejemplo, STC roles N°s 1340/2009, 1185/2009 y 943/2008). De ahí que, en este fallo, este Tribunal se aparte de lo resuelto en la STC Rol N°707/2007.

Con esta apertura a la heterogeneidad de estatutos de la propiedad, se buscó amparar "en forma amplia este derecho, cualquiera que sea su significación patrimonial o la forma de propiedad, sea esta última individual, familiar, comunitaria, etc." (Informe con Proposiciones e Ideas Precisas, reproducido en Revista Chilena de Derecho, V. 8, no 1-6,1981, pág. 212).

Lo anterior no impide que el legislador construya los diversos estatutos de la propiedad otorgando a una propiedad el carácter de común o supletoria de otras. Pero ésa es una opción del legislador, no del constituyente.

Dicho carácter común o supletorio explica que la propiedad definida en el Código Civil, especialmente, la que recae sobre inmuebles, se utilice para construir dogmáticamente el dominio. Pero ello no es más que una opción metodológica o pedagógica, inspirada en la tradición, en la potencia y prestigio de sus comentaristas, y en la abundante jurisprudencia en torno a ella; pero no es un mandato constitucional. Por ello, si el legislador se aparta de ella, no necesita justificar de modo particular esa regulación;

V. NO SE AFECTA EL DERECHO DE PROPIEDAD.

15. Que, sin perjuicio de lo anotado, en el sentido de que los preceptos impugnados están enmarcados en el artículo 19, N° 23°, de la Constitución, debemos analizar el reproche efectuado en el requerimiento respecto a la afectación del artículo 19, No 24°, de la Constitución;

16. Que, como ya se indicó, quien está llamado a definir el estatuto de cada propiedad es el legislador. La Constitución señala que "sólo la ley puede (...)". Se establece aquí un caso de reserva de ley. Ello implica una exclusión en la definición sustantiva de otras fuentes subordinadas del derecho, como el reglamento, la resolución, la ordenanza, normas que pueden colaborar con el legislador únicamente en la pormenorización o desarrollo de la ejecución de lo establecido en 9 00 1 2 ei

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la ley. Dicha reserva abarca lo que define el estatuto de una propiedad. Estos aspectos son tres: "el modo de adquirir la propiedad", el modo "de usar, gozar y disponer de ella" y "las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social".

Es decir, comprende la adquisición, las facultades que tiene su titular y las restricciones que pueda padecer cada propiedad;

17. Que, llegando al aspecto central del conflicto constitucional planteado, este Tribunal sostiene que el Decreto Ley N° 2.695 se encuadra de manera armónica con los elementos que diseña el artículo 19, N° 24°, de la Constitución, puesto que regula una de las varias propiedades que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Dicho carácter se configura en razón de que el legislador define, para ciertos inmuebles, una modalidad para su adquisición, establece una forma de disposición y señala sus limitaciones y obligaciones. Por tanto, los artículos 15 y i6 del referido DL, impugnados en autos, están en armonía con el precepto constitucional anteriormente aludido;

18. Que, en efecto, por una parte, el artículo 15 regula la forma de adquisición que establece el Decreto Ley N° 2.695, cual es la prescripción, pues sólo "transcurrido un año completo de posesión inscrita no interrumpida, contado desde la fecha de la inscripción, el interesado se hará dueño del inmueble por prescripción". Dicha prescripción exige justo título y posesión, pues, conforme al artículo 15, "la resolución del Servicio que acoja la solicitud se considerará como justo título. Una vez practicada su inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, el interesado adquirirá la calidad de poseedor regular del inmueble para todos los efectos legales";

19. Que, por la otra, el artículo 16 regula la disposición del bien, puesto que al expirar el plazo de un año desde que se inscribe la resolución administrativa que constituye el justo título, prescribirán las acciones emanadas de los derechos reales de dominio, usufructo, uso o habitación, servidumbres activas y el de hipotecas relativos al inmueble inscrito".

De esta manera, ambos artículos no hacen más que regular, en sus aspectos medulares, la forma de adquirir y las facultades que sobre el dominio se obtienen;

20. Que, enseguida, el DL tiene un fundamento. Hay una inscripción, pero ésta es de papel, ya que el verdadero poseedor es otra persona. El poseedor material, a pesar de que se comporta como señor y dueño del inmueble, no lo es. De ahí que la ley le brinde la posibilidad de regularizar su situación, es decir, que se le otorgue un justo título por la autoridad que reconozca su posesión efectiva del bien y pueda adquirir el dominio por prescripción.

Es así como el sentido del Decreto Ley N° 2.695 no fue privar del dominio, sino más bien protegerlo. En la historia fidedigna de esta normativa se transcribe un informe del entonces Ministerio de Tierras y Colonización, que señala: "existe desde hace años una legislación que ha pretendido regularizar el dominio de gran cantidad de pequeñas propiedades agrícolas o urbanas, estableciendo normas de excepción con respecto al derecho común, pero dentro de la normatividad constitucional".

Agrega que todos los antecedentes legales del DL en proyecto "no constituyen 10

ninguna violación del derecho de propiedad puesto que su objetivo ha sido, precisamente, protegerlo, regularizando posesiones, muchas veces de origen inmemorial, que no se encuentran amparadas por las inscripciones conservatorias (...) En definitiva, entonces, lo que se pretende es estabilizar el derecho de dominio de los afectados y otorgarles la garantía del mismo" (Historia de la ley; Biblioteca del Congreso; págs. 147 y 169);

21. Que, asimismo, el mecanismo no es artificial, pues no se inventa una posesión. El título que se le otorga al peticionario sólo reconoce una situación posesoria prolongada, abierta, pacífica, regularizándola jurídicamente. De ahí que el DL se preocupara de establecer que la existencia de posesión continua y exclusiva, sin violencia ni clandestinidad, durante cinco años, a lo menos (artículo 2°), debe demostrarse claramente. Desde luego, el interesado debe acompañar una declaración jurada sobre esta posesión y sobre el conocimiento de otras inscripciones (artículo 5°). Enseguida, se debe demostrar la posesión por hechos positivos, como plantaciones, cerramientos, corte de madera, construcciones (el artículo 40 del DL remite al artículo 925 del Código Civil en esta materia). A continuación, la Administración debe comprobar en terreno los hechos por personal técnico y elaborar informes antes de decidir (artículo lo). Y si maliciosamente se obtiene la calidad de poseedor regular, hay delito (artículo 9°). Con este diseño, el legislador busca consolidar una situación, pero con base en un respeto estricto de la realidad;

22. Que, entonces, el régimen que se diseña no afecta el núcleo esencial del derecho de propiedad porque da garantías. Así, da la posibilidad para que se oponga el eventual afectado, primero, durante el procedimiento administrativo.

Dicha oposición, presentada en tiempo (treinta días desde la publicación de la solicitud) y forma (por escrito, invocando las causales regladas en que se funda y acompañando la documentación respectiva), paraliza dicho procedimiento y obliga a la Administración a remitir los antecedentes al juez (artículos 19 y 2o).

Luego, una vez inscrito el título, los afectados tienen dos acciones. Dentro del plazo de un año desde dicha inscripción, pueden ejercer las acciones de dominio que estimen pertinentes (artículo 26). Y en el plazo de cinco años desde la mencionada inscripción, pueden exigir ante un tribunal que los derechos de dominio que pudieron ser afectados, les sean compensados en dinero (artículos 28 y 29). Ello es sin perjuicio de las acciones de indemnización de perjuicios que procedan por responsabilidad extracontractual;

23. Que otra razón para no considerar que se afecte el núcleo del derecho de propiedad por el sistema diseñado en el Decreto Ley N° 2.695 es que tampoco se aparta radicalmente del régimen común de la propiedad inmueble que diseña el Código Civil, pues exige justo título, posesión y transcurso del tiempo. En ese sentido, no tiene una naturaleza excepcionalísima respecto de ese régimen. Al contrastar las normas del DL impugnado con las normas del Código Civil, no buscamos utilizarlo como parámetro de constitucionalidad. Las leyes no pueden servir a ese propósito, como lo ha resuelto esta Magistratura (STC Rol N° 1284/2009); además, la Constitución no consagra un modelo de propiedad. Sólo buscamos establecer que las normas que componen el cuerpo legal cuestionado no se apartan de los criterios de esa regulación; no contienen, en ese sentido, una regulación tan radicalmente singular, que obligue a una mirada más incisiva en busca de una arbitrariedad;

24. Que, a continuación, en cuanto al régimen diseñado, tampoco puede considerarse que el diseño del Decreto Ley N° 2.695 afecte el núcleo del derecho de propiedad porque no produce una expropiación con sus disposiciones. Por de pronto, si bien hay una extinción de la propiedad de quien la tiene inscrita, ésta se produce por una nueva inscripción, la que cancela la anterior sólo una vez que ha transcurrido un año desde que la última se produce (artículo i6, inciso segundo).

Esto es coincidente con lo que establece el artículo 2505 del Código Civil, conforme al cual "contra un título inscrito no tendrá lugar la prescripción adquisitiva de bienes raíces, o de derechos reales constituidos en éstos, sino en virtud de otro título inscrito".

Enseguida, la expropiación es un acto de autoridad (el "acto expropiatorio")

que priva a alguien del dominio deliberadamente. En las normas del Decreto Ley N° 2.695, en cambio, la extinción del dominio se produce por prescripción, no por el ejercicio directo de una potestad pública. Es cierto que una resolución administrativa constituye el justo título; pero no es éste el que provoca la pérdida de la propiedad.

Además, no se utilizan mecanismos de derecho público sino de derecho privado: posesión, título, inscripción, prescripción. Y cuando el afectado reclama, no lo hace por la ilegalidad del acto expropiatorio, sino a través de las acciones de dominio que correspondan.

A continuación, no hay una adquisición del dominio -que se extingue- por el Estado o sus organismos. Son sujetos privados quienes ganan y quienes pierden el dominio. En la expropiación, en cambio, el Estado priva a alguien de su dominio para incorporarlo a su patrimonio y luego destinarlo a una finalidad pública, definida o no previamente en detalle. En el sistema del Decreto Ley No 2.695, nunca un organismo público toma posesión del bien afectado, ni ficta ni realmente.

Finalmente, cabe anotar que, mientras la expropiación se funda en la utilidad pública o el interés general, el desplazamiento patrimonial que se produce como efecto del DL se funda en el derecho a la propiedad (artículo 19, N° 23°, constitucional) y no en torno a la utilidad pública;

VI. NO SE AFECTA EL DEBIDO PROCESO.

25. Que el segundo reproche que el requirente formula a los preceptos impugnados, es que afecta su garantía al debido proceso, establecida en el artículo 19, N° 3°, inciso sexto, de la Constitución. Señala que el procedimiento que contempla el DL no puede ser calificado de racional y justo, de acuerdo a los estándares constitucionales, ya que no contempla un emplazamiento adecuado, no 12

establece una revisión judicial de los títulos de dominio invocados y priva ilegítimamente del dominio a una persona;

26. Que lo primero que debemos señalar, es que el DL impugnado diseña un procedimiento que busca servir como una garantía para el eventual afectado con la cancelación de la inscripción; también se orienta a focalizar el mecanismo a favor de las personas que efectivamente lo necesiten.

Dicho procedimiento tiene tres fases. Una primera fase, que es administrativa; una segunda, que es judicial; y una tercera, que es el transcurso del tiempo.

La fase que denominamos administrativa se efectúa ante el Ministerio de Bienes Nacionales. Comienza con la solicitud de regularización. Comprende, a su vez, varias etapas.

La primera es decidir si la petición es o no admisible. Para ello, se debe verificar en terreno que el peticionario es efectivamente poseedor material y que no existe juicio pendiente en su contra en que se discuta el dominio o la posesión del inmueble (artículos lo y 2 0). Si el Ministerio la declara admisible, se debe evacuar un informe jurídico sobre la situación planteada (artículo u.).

La segunda etapa consiste en que el Ministerio debe decidir si acepta o deniega la solicitud. Si la rechaza, el interesado puede presentar los recursos administrativos que correspondan (artículo 13). Si la acepta, debe ordenar se publique la solicitud "por dos veces en un diario o periódico" que el Ministerio determine y asimismo disponer se fijen "carteles durante 15 días en los lugares públicos" que dicho órgano establezca (artículo u).

La tercera etapa es la que permite al eventual afectado oponerse a la solicitud. Para eso tiene "3o días hábiles contados desde la publicación del último aviso" (artículo u.). La oposición debe fundarse en ciertas causales que la ley lista (artículo 19) y debe "contener la individualización de el o los oponentes, sus fundamentos, los documentos y demás medios de prueba en que se apoya y las peticiones concretas que se formulen" (artículo 2o).

La cuarta etapa administrativa se produce sólo si el afectado no deduce oposición, pues si lo hace el Ministerio debe "abstenerse de continuar la tramitación de la solicitud y remitirá los antecedentes al Juez de Letras en lo Civil de Mayor Cuantía del departamento en que estuviere situado el inmueble" (artículo 2o). Si no se deduce oposición, entonces, y previa certificación de este hecho y del de haberse efectuado las publicaciones y colocado los carteles, el Ministerio dicta una resolución en que ordena la inscripción del inmueble en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo (artículo 12). Dicha resolución tiene la relevancia de que la ley la considera como "justo título" (artículo 15). Por eso, "una vez practicada su inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, el interesado adquirirá la calidad de poseedor regular del inmueble para todos los efectos legales" (artículo 15);

27. Que la fase judicial es eventual: se produce si el afectado deduce oposición ante el Ministerio. En este caso, el asunto se vuelve contencioso. De ahí 13

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que el juez deba citar a una audiencia, pudiendo rendirse prueba conforme a las reglas que rigen para los incidentes (artículo 22). El juez, en su sentencia, puede aceptar o rechazar la oposición. Si la rechaza, ordena la inscripción a favor del interesado, la que es considerada como justo título (artículos 24 y 25);

28. Que la tercera fase es la que se produce después de ordenada la inscripción del inmueble en el Conservador por resolución administrativa o judicial.

Dicha inscripción produce efectos respecto del peticionario y del que tenía la inscripción. Respecto del peticionario, se producen derechos y obligaciones.

Los derechos que tiene consisten en que transcurrido un año completo de posesión inscrita no interrumpida, contado desde la fecha de la inscripción, "el interesado se hará dueño del inmueble por prescripción, la que no se suspenderá en caso alguno" (artículo 15). Asimismo, "prescribirán las acciones emanadas de los derechos reales de dominio, usufructo, uso o habitación, servidumbres activas y el de hipotecas relativos al inmueble inscrito". Además, "las anteriores inscripciones de dominio sobre el inmueble, así como la de los otros derechos reales mencionados, las de los gravámenes y prohibiciones que lo afectaban, una vez transcurrido el citado plazo de un año, se entenderán canceladas por el solo ministerio de la ley" (artículo i6).

La principal obligación que adquiere, por su parte, es que no puede gravar ni enajenar el inmueble durante el plazo de un año, contado desde la fecha de la inscripción (artículo 17), con las dos excepciones ya anotadas;

29. Que, respecto de las notificaciones, no se observan faltas a la razonabilidad del procedimiento administrativo diseñado por el legislador a este respecto.

Así, el artículo lo del referido DL regula la presentación de la solicitud de regularización por la parte interesada al Servicio. Luego, y habiéndose comprobado la ocurrencia de cada uno de los requisitos que se establecen por la ley para aceptar la solicitud presentada, la resolución debe disponer que ella se publique. De esta manera, el artículo u. del DL regula de modo profuso los casos y las formas en que dichas publicaciones deben realizarse: a) publicación por dos veces en un diario o periódico de mayor circulación en la región respectiva, de acuerdo a la determinación del Servicio; y b) fijar carteles durante 15 días en lugares públicos que el Servicio determine.

Como puede observarse, el nivel de publicidad respecto de la resolución que acoge la solicitud de regularización es bastante amplio, puesto que se trata de dos formas concurrentes de notificación. Además, para el caso de zonas geográficas de difícil acceso, el legislador exige, adicionalmente, que la resolución se comunique por mensajes radiales.

Asimismo, la publicación es una forma válida de poner en conocimiento actos de la Administración, conforme a la Ley No 19.88o (artículo 48). Otra ley (Decreto Ley N° 2.695) establece este procedimiento para la materia que regula.

Finalmente, recordemos que el demandante en estos autos vive en el extranjero.

14 Por lo tanto, tampoco existe una afectación a la garantía establecida en el artículo 19, N° 3°, inciso sexto, de la Constitución;

VII. NO SE AFECTA LA IGUALDAD ANTE LA LEY.

30. Que la tercera objeción que el requirente formula es que las normas de prescripción adquisitiva establecidas en el Decreto Ley No 2.695 infringen su derecho de igualdad, puesto que ellas no serían acordes a los cánones establecidos en la legislación general aplicable en la materia, esto es, la establecida en el Código Civil, cuestión que le perjudicaría de modo directo al posibilitar ello la pérdida de su derecho de dominio. En particular, señala que el plazo de un año de posesión inscrita determinado por el DL no se aviene con los plazos generales que el Código Civil establece para el caso de ganar por prescripción adquisitiva tras haber sido poseedor regular de un inmueble, caso para el cual el codificador contempla un plazo de lo años, no divisándose razones legítimas para que exista este tipo de diferenciación;

31. Que, a este respecto, el Tribunal es de la opinión que no cabe cuestionar la existencia de una prescripción especial desde el punto de vista constitucional (STC Rol N° 1298/2010, c. 60°). De partida, cabe señalar que la Constitución entrega a la ley definir si un asunto es o no prescriptible. Ahora, el establecimiento de la prescripción por el legislador tiene distintas justificantes. Por de pronto, es el legislador quien define los modos de adquirir la propiedad. Ello implica explicitar los modos de extinción, si ésta tenía un titular previo. Enseguida, la Constitución protege la propiedad de actos de terceros que, por sí y ante sí, con violencia y/o clandestinidad, asumen un bien como propio. Pero no si hay actos propios de por medio, que permiten una situación de inseguridad que se busca despejar a través de la prescripción.

"La Constitución impide la pura y simple privación (a cuya gestación el titular no ha contribuido y, sobre todo, sin considerar incertidumbres de titularidad) y la prescripción es aplicada en situación distinta: aquí (a veces con la contribución de un titular, que abandona el ejercicio de un derecho) se está en presencia de una situación de incertidumbre de pertenencia (en la adquisitiva) o de existencia (del crédito, en la extintiva) que el interés social —al que la Constitución también atiende- requiere dirimir" (nombre reservado; Los bienes, Editorial Jurídica, Santiago 2006; pág. 394).

En el mismo sentido se funda la prescripción extintiva: "cuando la Constitución manda que nadie pueda ser privado de su propiedad sino por expropiación, está haciendo obvia referencia a que el titular no pueda ser despojado por obra de un tercero —particular o Estado- del dominio. Pero no ocurre ello con la prescripción extintiva: es el propio actuar del titular el que crea la situación de hecho que produce la duda sobre la subsistencia del crédito." (nombre reservado;

La prescripción extintiva; Edit. Jurídica; Santiago, 2004; pág. 41).

15 La prescripción busca dar estabilidad, certeza y seguridad jurídica. La prescripción es "una institución fundada en el interés social por sobre el interés individual. Hay en ella una confrontación de valores que la ley debe resolver. Tanto la prescripción adquisitiva como la prescripción extintiva tienden a un mismo objeto, cual es consolidar situaciones de hecho, transformándolas en situaciones de derecho. En otras palabras, la apariencia social se convierte, por obra de la ley y del tiempo, en realidad jurídica" (nombre reservado; De las posesiones inútiles en la legislación chilena; Edit. Jurídica, Santiago, 1994, pág. n).

Asimismo, "la prescripción adquisitiva tiene además un fundamento práctico, especialmente en países como el nuestro, en que la inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces no prueba el dominio. Para demostrar su derecho, el actual poseedor debería demostrar el derecho de propiedad de sus antecesores y de los antecesores de éstos, y así sucesivamente en una cadena ininterrumpida: no bastaría al actual propietario presentar su título; debería también probar que sus antecesores tenían el derecho de propiedad, como asimismo el antecesor del antecesor y así sucesivamente, porque sabido es que nadie puede transferir ni transmitir más derechos de los que tiene, por manera que bastaría que uno de los causantes en esta escala infinita no hubiera sido propietario para que el actual titular tampoco lo fuera. Fácil es comprender las dificultades de semejante prueba, llamada con toda propiedad infernal (probatio diabolica), y fácil es también darse cuenta de la injusticia que significaría no reconocer al actual titular su derecho porque uno de sus remotos predecesores, de cincuenta, cien o doscientos años atrás, carecía de derecho. La prescripción subsana todos los inconvenientes, pues basta con acompañar, por lo general, títulos de diez años para probar el derecho que se alega." (Alessandri, nombre reservado; Tratado de los derechos reales; T. II; Edit. Temis-Jurídica de Chile; Bogotá, 2001; pág 12);

32. Que, a continuación, la prescripción es una institución ampliamente regulada en nuestro ordenamiento jurídico. Se trata de una institución común a nuestro sistema, toda vez que se encuentra tanto en el ámbito de las normas de derecho público como de derecho privado. Las personas, por la ficción jurídica de conocimiento de la ley o por un conocimiento efectivo, saben de sus efectos. En tal sentido, pueden proyectar sus actuaciones con base en ella; saben a qué atenerse;

tienen un grado de predictibilidad por las consecuencias de sus acciones y omisiones. Tratándose de las normas del Código Civil, éstas existen desde 1855, con muy pocas modificaciones.

En tal sentido, la prescripción no se contrapone con la seguridad jurídica.

Esta "implica que toda persona ha de poder confiar en que su comportamiento, si se ajusta al Derecho vigente, será reconocido por el ordenamiento jurídico, produciéndose todos los efectos legalmente vinculados a los actos realizados. Esta confianza se ve naturalmente disminuida si el legislador, con posterioridad, le atribuye a dichos actos consecuencias jurídicas que son más favorables que aquéllas con las cuales quien los realizó en el pasado podía contar al adoptar sus decisiones" (STC Rol N° 207/2005).

16 La prescripción es necesaria para dar certeza a las relaciones económicas. En tal sentido, puede servir como supuesto para el desarrollo de una actividad lucrativa mediante la cual se consolidan las situaciones y se hacen estables los derechos.

Todo ello sin perjuicio de que también sirva para dar estabilidad a la propiedad de los pequeños propietarios rústicos, con el objeto de que éstos puedan autoabastecerse a través de la explotación del terreno del que son dueños;

33. Que, además, es necesario considerar que la prescripción en la normativa en cuestión pretende viabilizar otro derecho constitucional: el derecho a la propiedad, del artículo 19, N° 23 0. Mientras el propietario pierde el dominio por prescripción, el que lo gana lo hace sobre la base del derecho a adquirir toda clase de bienes en conformidad a la ley. Por ello, la presencia de ambos derechos involucrados obliga al intérprete a una adecuada ponderación y armonización;

34. Que todo lo anterior sirve para considerar que el modo de adquirir que este DL diseña es, justamente, la prescripción (artículo lo). En efecto, transcurrido un año desde la inscripción del título otorgado por la Administración, se producen dos efectos. De un lado, "el interesado se hará dueño del inmueble por prescripción" (artículo 15); del otro, se cancelan todas las inscripciones anteriores por el solo ministerio de la ley (artículo 16).

Ahora bien, podría considerarse que dicho plazo es muy breve. Al respecto, cabe tener en cuenta, por de pronto, que el plazo de lo años de la prescripción extraordinaria era originalmente de 3o años, siendo acortado a 15 por la Ley No 6.162 y a los lo actuales por la Ley N° 16.952 (Cfr. Peñailillo, D.; ob. cit.; pág. 420).

Con ello, se refleja la tendencia a acortar dicho plazo clásico, inmutable por casi 40 años. También hay que ponderar que este plazo constituye una prescripción de corto tiempo diseñada por el legislador, no por la Administración. Además, el beneficiario ya tiene una posesión previa de a lo menos cinco años; con ello, el plazo se transforma en más de seis, si sumamos el procedimiento ante la Administración y el año después de la inscripción.

Enseguida, una vez que la Administración le reconoce esa posesión, se dan los requisitos de la posesión regular. Por una parte, porque el DL así lo señala en su artículo 15 (practicada la inscripción, el beneficiado adquiere "la calidad de poseedor regular del inmueble para todos los efectos legales"). Por la otra, porque se dan los requisitos que el Código Civil establece para ello: justo título, buena fe e inscripción en el Conservador. El justo título es la resolución que acoge la solicitud de regularización. El artículo 15 señala que "la resolución del Servicio que acoja la solicitud se considerará como justo título". La buena fe se presume (artículo 707 del Código Civil); además, si logró demostrar ante la Administración todos los requisitos que la ley establece para que se considere su posesión, tiene "la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio" (artículo 706 del mismo Código). Al existir posesión regular y transcurso del tiempo, existe prescripción ordinaria.

A continuación, la ley permite que los eventuales afectados, a pesar de que ya se inscribió el inmueble en el Conservador, puedan ejercer sus acciones durante 17

el año (artículo 26) o los cinco años siguientes (artículo 28), sin que el beneficiario pueda realizar actos de disposición en el primer año. Es decir, no obstante la inscripción, el dominio queda en la incertidumbre durante dicho plazo. Si no hay impugnación judicial, opera la prescripción; si la hay, se interrumpe el plazo de prescripción y de resultar ganador el afectado demandante, el juez debe ordenar "la cancelación de la inscripción practicada con arreglo a esta ley, conservando su plena vigencia las inscripciones que existían sobre el inmueble con anterioridad a ella" (artículo 27). El plazo de prescripción de corto tiempo sirve, entonces, no sólo para que opere dicho modo de adquirir, sino también para reclamar. Es, simultáneamente, tanto un plazo de caducidad de acciones como de prescripción.

Esto también hay que considerarlo para evaluar la situación.

Asimismo, establecer una prescripción de corto o de largo tiempo es una decisión del legislador, que no cabe a esta Magistratura revisar; más todavía si el Decreto Ley N° 2.695 es un mecanismo excepcional de regularización de títulos de dominio;

35. Que, teniendo presente todo lo anterior, para que se entienda infringida la igualdad ante la ley no basta con que se introduzca una diferencia entre distintos sujetos imperados, sino que además es necesario que esa diferencia sea arbitraria, es decir, carente de una justificación razonable. Con ello, reiteramos la jurisprudencia de esta Magistratura según la cual "(...) considerada en abstracto, la especialidad de las normas sobre regularización de la posesión y adquisición de la propiedad de los bienes raíces contenidas en los artículos 15 y i6 del Decreto Ley N° 2.695, frente a las normas generales vigentes sobre la materia contenidas en el Código Civil, no puede estimarse que introduzca una diferencia arbitraria que resulte contraria a la garantía de igualdad ante la ley asegurada actualmente en el artículo 19, N° 2°, de la Carta Fundamental, pues lo que la Constitución prohíbe es el tratamiento especial que no esté basado en un hecho diferenciador relevante que la justifique, circunstancia que, en cambio, existe y fundamenta el sistema de posesión y adquisición del dominio de ciertos bienes raíces contenido en el Decreto Ley N° 2.695, de 1979;" (STC Rol N° 707/2007, C. u);

36. Que es necesario, entonces, indagar en la razonabilidad de las normas impugnadas para verificar si la diferencia que ellas establecen en relación a otros plazos de prescripción tiene suficiente justificación y logra salvar la objeción de arbitrariedad planteada por la requirente;

37. Que dicha razonabilidad existe y tiene un respaldo. Tal como lo ha señalado la STC Rol N°707/2007, el Decreto Ley N° 2.695 tuvo por objeto incorporar las pequeñas propiedades rurales y urbanas al proceso productivo nacional. Al establecer un plazo de prescripción breve, fundado en una posesión previa de cinco años a lo menos, busca que una persona use la propiedad que posee como capital de trabajo y se incorpore a la actividad económica. Además, el legislador logra plasmar el derecho de acceso a la propiedad reconocido en el artículo 19, N° 23°, de la Constitución;

18 38. Que, para lograr dicha finalidad, el legislador ha empleado un medio idóneo, ya que la titularidad de dominio que se le concede sobre la propiedad, efectivamente, va a permitir que su titular la explote de un modo legítimo, accediendo a todos los medios disponibles en el mercado para llevar a cabo esa actividad. Que, por el contrario, sin dicha titularidad, la referida explotación se hace imposible.

Además, la diferencia con que las normas cuestionadas tratan al propietario inscrito al establecer una prescripción de corto tiempo, resulta proporcional en relación al beneficio que se espera obtener con el saneamiento de los títulos de propiedad. Ello no sólo contribuye a asegurar el acceso a la propiedad - y la explotación del respectivo predio -, sino que además asegura un mejor funcionamiento de la economía nacional en general, con lo cual se beneficia a toda la colectividad. Asimismo, el Decreto Ley No 2.695 no es la primera norma ni la única que establece mecanismos de regularización. Tampoco tendría sentido una norma con estos propósitos sujeta a las mismas reglas de prescripción del derecho común. No obstante, el mecanismo diseñado por el precepto impugnado utiliza los elementos generales de toda prescripción: justo título, posesión y buena fe. Y exige no una posesión cualquiera, sino una genuina, continua y no clandestina. En este sentido, se cumple con el test de coherencia que otorga razonabilidad a la diferencia establecida por el legislador para este tipo de adquisición de la propiedad raíz regulado en el Decreto Ley No 2.695;

39. Que, además, la prescripción en estudio no sólo persigue un fin lícito a través de un medio idóneo, sino que además su operatividad es atenuada. La posibilidad de que el poseedor se convierta en dueño está limitada por múltiples instancias establecidas a favor del propietario inscrito, el que sólo perderá su propiedad si no ejerce las acciones que la ley le provee. De este modo, se cumple el test de legitimidad de la regulación (STC Rol N°3.298/2010, C. 77);

4o. Que, en consecuencia, la diferencia entre las prescripciones establecidas en las normas del Decreto Ley N° 2.695 y otras normas parcialmente más favorables en relación al propietario inscrito, como serían las del Código Civil, no constituye una diferencia arbitraria y carente de racionalidad como lo ha señalado la requirente en autos. Por el contrario, la restricción contenida en el Decreto Ley N° 2.695 tiene por objeto resguardar, a través de medios idóneos y razonables, el derecho de acceso a la propiedad favoreciendo tanto a los particulares como a la sociedad en general.

Por todo lo anteriormente expuesto, a juicio de esta Magistratura, no se afecta en el caso concreto la igualdad ante la ley;

41. Que por todas estas razones estos Ministros consideran que debe rechazarse el presente requerimiento.

19 II. VOTO POR ACOGER EL REQUERIMIENTO

Los Ministros señores Iván Aróstica Maldonado (Presidente), Juan José Romero Guzmán, señora María Luisa Brahm Barril y señores Cristián Letelier Aguilar y José Ignacio Vásquez Márquez estuvieron por acoger el requerimiento, atendidas las siguientes argumentaciones:

10.- La aplicación del DL. No 2.695, a través de sus artículos 15 y i6 (además de los artículos i° y 2°, inciso segundo), constituye una (nueva) causal de pérdida del dominio sobre un bien protegido por la garantía del derecho de propiedad consagrada en el artículo 19, No 24 0, de la Constitución Política de la República.

Dicho decreto ley no dispone de resguardos suficientes para que el titular del derecho de propiedad pueda defender su derecho de dominio frente a una enajenación forzada y asegurar su integridad patrimonial. Esta precariedad deriva, en general, de un cambio de paradigma en cuanto al carácter activo o pasivo requerido para defender la propiedad. Así, de una situación base y consolidada en virtud de la cual una inscripción del dominio a su favor, unido a la ausencia de reproche de su parte, y que le permitía descansar en una defensa pasiva para el resguardo de la propiedad, se pasa a un escenario en el cual para evitar la privación de la propiedad se requiere adoptar una defensa o supervigilancia activa y permanente por parte de su titular.

20.- La precariedad que genera la aplicación del DL. N° 2.695, a través de las disposiciones impugnadas (y que es incompatible con el artículo 19, N° 24°), se advierte o constata por la significativa diferencia entre los estatutos legales del Código Civil y del DL. N° 2.695 de cara, respectivamente, a la pérdida del dominio, por un lado y a la adquisición del mismo, por el otro. En efecto, se advierte que frente a un mismo régimen registral de dominio, la aplicación del decreto ley aludido merma sustancialmente la aptitud de la inscripción en el registro de propiedad de bienes raíces como prueba y garantía de posesión.

La situación que se produce en este caso por la aplicación de las normas legales impugnadas se puede reseñar de la siguiente manera: una persona que goza de una protección reforzada en virtud de una norma constitucional (y no sólo legal)

ve debilitado seriamente su actual derecho (de propiedad y sobre una propiedad)

ante un tercero que en virtud de una declaración jurada unilateral invoca ante un funcionario su deseo de transformarse en propietario inscrito del bien raíz. Esta exteriorización de su pretensión de validarse como señor o dueño de un terreno que sabe pertenece registralmente a una persona que conoce (se trata de su tío) y que habitaba fuera del país desde hace varios años (Venezuela) se plasma en un expediente administrativo que le permite, luego de la realización de una serie de 20

pasos formales poco exigentes (ni siquiera fue necesario acreditar que el propietario concernido hubiere sido notificado personalmente), esperar un breve período de tiempo para transformar su deseo de registrar la propiedad a su nombre y, luego, para ejercer en plenitud defensas jurídicas que le permitan proteger la titularidad de su dominio frente a cualquier otra persona. De hecho, la aplicación de los preceptos legales impugnados generan, además, una situación curiosa (y, al final, carente de razonabilidad): quien ha adquirido por esta vía la propiedad (posesión inscrita)

gozará de un nivel de protección legal superior a la que se le dispensa a aquel a quien se le privó del dominio.

La situación señalada previamente resulta incompatible con la Constitución y, por lo mismo, amerita acoger la acción de inaplicabilidad interpuesta como se explicará en los considerando siguientes.

30.- El requirente, el año 1979, adquirió la propiedad de domicilio reservado, ex N° 6ao, de la Población Huanhualí, de la comuna de Villa Alemana, con el objeto de ser habitada por su madre y su sobrina, doña nombre reservado

nombre reservado, en ese entonces de 3 años de edad. Al fallecimiento de la madre del requirente, el año 2002, éste permitió a su sobrina continuar habitando la casa. A fojas 67, la requerida declara que los mismos dichos del demandante confirman el inicio de la "posesión" del inmueble desde el año 2002. La "posesión" apta para vencer el dominio inscrito es indistinguible de una mera tenencia o tolerancia pasiva.

De acuerdo a la declaración jurada, su posesión material se reduce continuar haciendo uso de la propiedad en la cual vivía con su abuela "haciendo arreglos y mejoras". El informe jurídico, avala el informe técnico que da cuenta de un hecho obvio tratándose de un inmueble urbano (con una casa habitación) ubicado en una población de Villa Alemana, esto es, que la interesada en hacerse dueño usa o "posee materialmente" una vivienda de material sólido que se ha construido; que posee servicio de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado; y que se encuentra delimitada mediante cercos de panderetas. Hasta aquí nada nuevo.

Luego, cabe preguntarse en qué se sustentan los supuestos hechos positivos, de aquellos que sólo da derecho el dominio y que, en cumplimiento de la ley, serían suficientes para vencer el dominio inscrito de su tío. De acuerdo a los informes y a la declaración jurada consistirían en el "cuidado y mantención de plantas y árboles frutales" (Informe de Bienes Nacionales a fs. 92) y en haber continuado haciendo uso de la propiedad en la cual vivía con su "abuelita" (fallecida) "haciendo arreglos y mejoras" (declaración jurada a fs. 89), durante más de 5 años, en forma personal, exclusiva y sin violencia ni clandestinidad. Las circunstancias anotadas contarían con el reconocimiento de los vecinos mediante certificado otorgado por la Junta de Vecinos "Rocío-Huanhuali". Nada más. El DL. N° 2.695 habilita para adquirir la propiedad y pasar por alto lo que se supone constituye una garantía y prueba de posesión y, por el plazo del tiempo, la propiedad (en este caso, desde 1985) con muy poco. Recapitulemos. Para quienes estiman que la aplicación del DL. N° 2.695 es 21

compatible con la protección constitucional del derecho de propiedad aceptan como resguardo suficiente lo siguiente:

La "posesión" reseñada con anterioridad.

La no oposición del legítimo poseedor - dueño inscrito (residente en el extranjero) dentro del plazo de 3o días luego de ser "notificado" mediante carteles en las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la 5a Región, más dos publicaciones en el diario El Mercurio de Valparaíso. La verificación de lo anterior da lugar a que se acoja e inscriba la solicitud (de "regularización" de la propiedad).

Luego del transcurso del plazo dei año el solicitante se hace dueño por prescripción adquisitiva de la propiedad (quedando canceladas automáticamente la inscripción previa).

Finalmente, transcurrido el plazo de 1 año más, prescribe toda acción para reclamar, consolidándose de manera definitiva no sólo la posesión inscrita, sino el dominio.

40.- El artículo 19, N° 24° de la Constitución constituye una garantía de MEDIOS y de RESULTADO. En virtud de la primera, se le asegura a los propietarios la posibilidad de poder defender su propiedad ante una privación forzosa. Dicho de otro modo, el derecho de propiedad contiene implícita una garantía de defensa de la propiedad ante una privación forzosa motivada por un acto que no sea consecuencia de un comportamiento legalmente reprochable. Lo reseñado en el considerando previo dan cuenta de una situación de evidente precariedad derivada de la aplicación de los preceptos impugnados. Por ese solo hecho debiera acogerse la acción de inaplicabilidad intentada.

50 .- A su vez, como ya se afirmó, el artículo 19, N° 24° de la Constitución también constituye una protección que apunta a que habiéndose producido la privación forzosa del dominio, ésta, sin embargo, no le irrogue perjuicio patrimonial. En otras palabras, la garantía de RESULTADO antes aludida es una garantía de integridad patrimonial. En la práctica, esto se traduce en el derecho a recibir una compensación o indemnización justa por la privación de su propiedad. ¿Recibió el requirente una justa y oportuna compensación? No. Tal como ha ocurrido en este caso concreto, no es posible impetrarlo dada la precariedad procedimental, entre ellas, la ausencia de adecuado emplazamiento. ¿Podía la autoridad administrativa haber consultado el registro de salidas del país para verificar si el requirente se encontraba en el extranjero? Sí, pero no lo hizo y no estaba obligado por el decreto ley a hacerlo. Sin perjuicio de lo recién señalado, hay que hacer notar, además, que el artículo 19, N° 24°, inciso cuarto, de la Constitución establece que "a falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado". Aunque se aceptara que dicha disposición hace referencia específica a los casos de expropiación directa por parte de la autoridad, lo cierto es que la Carta Fundamental está explicitando una regla implícita de aplicación amplia para los 22

casos de privación: el derecho a ser compensado de forma íntegra y oportuna, lo cual no parece evidente si se examina el artículo 3o del DL. N° 2.695.

II. 6°.- Junto a lo recién expuesto, creemos oportuno abordar críticamente las fundamentaciones más de fondo que usualmente se han enarbolado en algunas sentencias para rechazar acciones de inaplicabilidad en casos como estos. En nuestra opinión, ninguna de las argumentaciones expuestas en la STC Rol No 1298 (y las siguientes que han hecho referencia a ésta que han rechazado las acciones de inaplicabilidad intentadas) justifican adecuadamente la situación de indefensión de aquel al cual la Constitución Política de la República le ha asegurado el derecho de propiedad.

A) Equivocada equiparación y "artificial" conciliación entre la libertad consagrada en el artículo 19, N° 23° y el derecho del artículo 19, N° 24 0.

70.- La STC 1298 desarrolla una argumentación en la que se muestra al DL. No 2.695 como una medida legislativa sustentada en una disposición de la más alta jerarquía normativa, como lo es el artículo 19, No 23° de la Constitución. El decreto ley se presenta como respuesta a la convocatoria que dicho artículo constitucional haría al legislador. Constitucional: "el Decreto Ley N° 2.695, por tanto, tiene como cobertura constitucional el derecho a la propiedad que establece el artículo 19 N° 23o.

Esta disposición permite que el legislador pueda diseñar mecanismos que permitan difundir la propiedad, de modo que puedan acceder a ella los que no la poseen." (c.

430). En definitiva, se resalta como primera línea de defensa al reproche constitucional del decreto ley (y su aplicación) el ser una manifestación no ya de una libertad, sino de un derecho constitucional a la propiedad (representativa de la faz positiva del artículo 19, No 23°): "el 19 N° 23° permite que con el fin de promover el acceso a la propiedad, y con ello lograr el mandato de bien común de obtener la mayor realización espiritual y material posible de las personas, el Estado diseñe mecanismos para convertir a las personas en propietarios." (c. 43 0).

8°.- Al mismo tiempo, se sostiene que "el Decreto Ley No 2.695 se encuadra en los elementos que diseña el artículo 19 No 24° de la Constitución" (c. 50°). Enfatizándose la armonía entre los dos preceptos se dice que "el 19 N° 23o es el que permite, en el cruce de intereses con el 19 No 24o, la circulación de los bienes o las transferencias.

Quien no tiene una propiedad, puede querer obtenerla, para lo cual está dispuesto a movilizar los instrumentos que brinda el derecho. La circulación de los bienes depende o se dinamiza no sólo por la voluntad del dueño, sino también del que desea serlo." (c.

370). Este intento de conciliación de la interpretación que se hace del artículo 19, N° 23° con el artículo 19, N° 24° se busca en una visión expansiva de las posibilidades legislativas para regular la propiedad en que se minimiza el sentido protector o de 23

contención del principio de reserva legal consagrado en este último artículo, lo que será examinado más adelante.

go.- El legislador, al establecer mediante el DL No 2.695 un nuevo modo de adquirir el dominio, e independiente de hacerlo en virtud del ejercicio del derecho a la propiedad consagrado en el artículo 19 No 23° de la Constitución, no está exento de límites constitucionales que deben ser observados. Uno de esos límites es el respeto al derecho de propiedad establecido en el artículo 19 No 24o de la Constitución, el cual consagra un sistema de protección de quien ya tiene la titularidad del dominio sobre un bien.

100. - Quienes estamos por acoger el requerimiento sostenemos que la postura recién referida interpreta equivocadamente ambas disposiciones constitucionales, lo que se refleja, también, en que pasa por alto un primer elemento esencial que es imperativo reconocer, esto es, que el DL N° 2.695 está sustentado no sólo en la posibilidad que se le brinda a personas para acceder al dominio de un inmueble que antes no tenían, sino, también, en la eventual extinción o privación del derecho de dominio de un propietario al cual la Constitución le brinda protección. Utilizando una expresión figurada, el efecto de la aplicación de las normas impugnadas es la de "vestir a un nuevo propietario, desvistiendo al anterior".

Lo más cercano a una especie de reconocimiento de lo recién afirmado se encuentra en una, lacónica y eufemística frase: "También cabe anotar que mientras la expropiación se funda en la utilidad pública o el interés general, lo que constituye su motivo, el desplazamiento patrimonial que se produce como efecto del DL, se funda en el derecho a la propiedad (artículo 29 N° 23°)" (STC 1298, c. 59 0 -énfasis agregado).

110.- A nuestro entender, una interpretación correcta de ambas disposiciones es una que, en el caso del artículo 19, N° 23°, sea preferentemente leída como una libertad negativa dirigida a expandir el ámbito de autonomía y voluntariedad de toda persona en cuanto a los bienes susceptibles de ser objeto de apropiación. No es casual que la Constitución utilice el término libertad en vez de derecho. Por su parte, la adecuada comprensión del sentido y alcance del derecho establecido artículo 19, N° 24 0, exige concebirlo, primeramente, como una garantía dirigida a proteger a quienes son propietarios (garantía sobre la propiedad ya adquirida). Nos parece que, a diferencia de la óptica priorizada en la STC 1298, ésta es la única manera de conciliar ambos preceptos constitucionales.

B) Concepción de la reserva legal del artículo 19, N° 24 0 más como habilitación para la intervención legal en el derecho de propiedad que como un mecanismo orientado a la protección del derecho de propiedad.

12°.- Bajo la concepción de la postura por el rechazo, el principio de reserva legal, en cuanto mecanismo de protección se reduce a que la norma tenga rango legal: "el Decreto Ley No 2.695 se encuadra en los elementos que diseña el artículo 19 N° 24° de 24

la Constitución. En primer lugar, constituye un texto legal. En tal sentido, cumple la exigencia de reserva legal que establece el artículo 19 N° 24° al momento de definir el estatuto de una propiedad determinada" (STC 1298, c. 500).

13°.- Como se adelantó, la referencia a la ley que contempla el artículo 19, N° 24°, inciso segundo ("sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social"), es interpretada, equivocadamente, como el fundamento de una amplia habilitación para intervenir modulando, con igualmente amplia flexibilidad, las características de dicho derecho: "Se partirá por sostener que dicha disposición reconoce el derecho de propiedad, pero no establece un tipo de propiedad determinada. [...] No hay en la Constitución un modelo a partir del cual se configuren las distintas propiedades." (STC 1298, c. 44°).

14°.- ¿El resultado? La definición de lo que se entiende como propiedad es de resorte del legislador, luego, como natural consecuencia, la identificación del contenido esencial del derecho de propiedad se desdibuja al punto de que se acepte como legítima cualquier concepción del derecho de propiedad, incluso aquellas que minimizan el valor de la propiedad inscrita o registral como mecanismo de protección. "No hay, por tanto, una sola propiedad, sino tantas como el legislador configure" (c. 440) o, siguiendo la misma lógica, una única forma de propiedad, si es que así él lo decide, aunque sea radicalmente distinta a la de origen romano del Código Civil.

15°.- Con esta mal entendida interpretación de "neutralidad", el establecimiento por ley del modo de adquirir la propiedad y del modo de perder la propiedad por acto no voluntario ni reprochable pasan a ser equivalentes. Lo que sucede con la aplicación de las normas del DL. N° 2.695, tal como ha sido explicado en la primera parte de este voto, es ilustrativo de lo que se está afirmando.

160 .- Esta manera de entender la norma constitucional, como ya se dijo, provoca un cambio de paradigma en cuanto al carácter activo o pasivo requerido para defender la propiedad. Así, de una situación base y consolidada en virtud de la cual una inscripción del dominio a su favor, unido a la ausencia de reproche de su parte, le permitía descansar en una defensa pasiva para el resguardo de la propiedad, se pasa a un escenario en el cual para evitar la privación de la propiedad se requiere adoptar una defensa o supervigilancia activa y permanente por parte de su titular.

Para alguien que tuvo que ausentarse del país, como ocurrió con el requirente, tener un título de dominio inscrito durante largo tiempo constituirá una herramienta de protección sumamente precaria.

1 La STC 1298 subraya que In» hay en la Constitución un modelo a partir del cual se configuren las distintas propiedades. En este sentido, el constituyente se mantiene neutro frente a las preferencias constitutivas del legislador al momento de definir el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social" (c. 44 0, énfasis agregado).

25 C) Desconocimiento de toda vinculación entre el artículo 19 , N° 240 y las normas del Código Civil sobre la materia.

17°.- Al admitirse la soberanía del legislador para dar forma a cómo debe concebirse la propiedad y, por ende, al nivel de protección que puede esperar su titular de una noción potencialmente tan elástica, se quiebra o desconoce toda relación con la concepción civilista de dominio o propiedad: In» existe, entonces, una propiedad general y propiedades especiales; existen sólo propiedades distintas, con estatutos propios. [...] Lo anterior no impide que el legislador construya los diversos estatutos de la propiedad otorgando a una propiedad el carácter de común o supletoria de otras. Pero esa es una opción del legislador, no del constituyente. []

Dicho carácter común o supletorio explica que la propiedad definida en el Código Civil.

Pero ello no es más que una opción metodológica o pedagógica [...] no es un mandato constitucional. Por ello, si el legislador se aparta de ella, no necesita justificar de modo particular esa regulación" (STC 1298, c. 44 0 -énfasis agregado). Ya se advirtió sobre esta manera de ver las cosas: el soberano no necesita justificar su intervención regulatoria para configurar qué ha de entenderse por propiedad y qué no.

180.- Desde luego, ante esto cabe preguntarse qué sentido tiene la referencia en la Constitución a "los atributos o facultades esenciales del dominio", es decir, "de usar, gozar o disponer de ella [la propiedad]". La respuesta para la postura por el rechazo expuesta en la aludida sentencia (y repetida en algunas otras) parece ser la siguiente: "no es más que una opción metodológica o pedagógica".

19°.- La postura defendida en este voto por acoger no significa afirmar que el legislador no goce de algún grado de flexibilidad para dar forma a estatutos especiales ni que las normas del Código Civil tengan una jerarquía cuasi- constitucional. Una cosa no sigue de la otra. Incluso, comentaristas de países en donde no existe referencia constitucional expresa alguna a conceptos de propiedad o dominio propios del derecho privado (a diferencia de lo que ocurre con el artículo 19, No 240, incisos segundo y tercero) parecen dispensar mayor valor a la noción de propiedad del derecho privado. Así, por ejemplo, Alexander afirma que "el significado de propiedad del derecho privado ancla invariablemente ancla el significado constitucional"' y Van der Walt, admitiendo que el concepto constitucional de propiedad es más amplio que el del derecho privado, reconoce que el concepto privatista de propiedad constituye el punto de partida 3 .

20°.- Obviamente, no es verosímil pensar que todos quienes han adherido con su voto a una posición como la expresada en la STC 1298 siquiera piensen en llegar tan lejos con su interpretación constitucional del derecho de propiedad. En algunos

2 Alexander, Gregory S. (2006). The Global Debate over Constitutional Property. Lessons from

American Takings Jurisprudence. The University of Chicago Press, p.6o.

3 Ver Van der Walt, A J. (1999). Constitutional Property Clauses. A Comparative Analysis. Kluwer Law International, p. 127.

26 casos, muy posiblemente, ni siquiera están cerca de una concepción como la que, por razonamiento lógico, se desprende de dicha argumentación. Por lo tanto, asumiendo que no se ha llegado al punto desconocer que el derecho constitucional de propiedad es un límite al legislador, debe reconocerse, igualmente, que no puede sostenerse de manera pura y simple que dicho derecho no tiene más alcance que aquel que es configurado por el propio legislador. Por el contrario, perseverar en la reafirmación de tal libertad configurativa del legislador constituiría una argumentación circular, es decir, una falacia lógica.

D) Diferencia excesiva e injustificada: la aplicación de las normas del decreto ley significa no sólo "desvestir para vestir", sino que hacerlo para "vestir mejor".

210.- La aplicación de las normas impugnadas importan una diferencia en cuanto a los requisitos para acreditar una posesión apta para adquirir el dominio, así como para la extinción de las acciones para recuperarla. En otras palabras, el plazo de prescripción de corto tiempo tiene una doble funcionalidad: no sólo sirve para que opere dicho modo de adquirir, sino también para reclamar.

22°.- Ya en la STC 1298, hubo Ministros que en un voto disidente reprocharon la constitucionalidad de la regulación de los plazos. En efecto, se advirtió que "no se divisa qué razón puede llevar a acortar el plazo de la prescripción adquisitiva extraordinaria del Código Civil, pues, si bien concurren razones socioeconómicas que justifican la existencia de un saneamiento de títulos de las pequeñas propiedades raíces no inscritas cuando no aparecen intereses contrapuestos, ellas no bastan para que, además de suplirse por la vía administrativa la falta de inscripción, se acorte significativamente el plazo de prescripción para que el poseedor se convierta en propietario, lo cual, de ocurrir mediante el solo transcurso del plazo de un año contado desde la inscripción del inmueble, puede afectar legítimos intereses y derechos de terceros" (c. 8°).

A su vez, en la STC 2912, el voto disidente por acoger remarcó críticamente que "el sistema diseñado por el Legislador, puede ser utilizado para perder el dominio de un modo injusto e indebido. Esto se explica en atención al plazo de un año a partir del cual la requirente puede perder su propiedad, periodo que, contrastado con el plazo de diez años contenido en el régimen general del Código Civil, resulta injustificadamente menor" (c. 4°).

En el presente voto por acoger confirmamos la inconstitucionalidad que deriva de la aplicación de dichas disposiciones, ya que afecta sustancialmente la posibilidad de defensa de la propiedad inscrita y, con ello, la faz procedimental del derecho (fundamental) de propiedad consagrado en el tantas veces aludido artículo 19, N° 24, de la Constitución, lo cual tiene en este caso, su correlato en la racionalidad y justicia procedimental garantizada en el artículo 19, N° 3°, inciso sexto.

27 23°.- A pesar de lo explicado más arriba sobre el sentido protector con que debe interpretarse el artículo 19, N° 24°, lo cual exige reconocer mayor protección al que mantiene (garantía de la propiedad ya adquirida) que al que quiere acceder, más todavía cuando es sin el consentimiento del poseedor (propietario) inscrito, el DL.

No 2.695 opera a la inversa. Y eso no es todo. La brevedad del plazo contribuye, en sí mismo, a la precariedad de las herramientas de defensa de quien aspira a ser protegido por un derecho fundamental. ¿Qué hace pensar que las reglas sobre plazos de prescripción del Código Civil se encuentran alejadas de lo que puede entenderse como razonable? Quizás en esta ocasión sea valedero el condescendiente comentario respecto de las regulación de la propiedad del mencionado Código: "no es más que una opción metodológica o pedagógica, inspirada en la tradición, en la potencia y prestigio de sus comentaristas, y en la abundante jurisprudencia en torno a ella" (STC 1298, c. 440).

Sólo a modo ilustrativo, y sin entrar en detalles, vale la pena tener presente que para casos equivalentes a los aquí discutidos, la legislación británica contempla un plazo de lo años: [el el caso de los inmuebles inscritos, la Limitation Act de 1980 no extingue el derecho del propietario para recuperar su posesión de quien (sin violencia ni clandestinidad —utilizando nuestro lenguaje jurídico) la detentaba sin su consentimiento!' Esto cambió con la Land Registration Act de 2002, la que introdujo un procedimiento mediante el cual, tras lo años de posesión se puede solicitar ser propietario inscritos

240.- Creemos que no basta con decir, como se ha venido repitiendo desde la STC 1298 para intentar justificar la brevedad de los plazos (que operan en perjuicio del propietario "anterior" y a favor del "nuevo") que "establecer una prescripción de corto o de largo tiempo es una decisión del legislador, que no cabe a esta Magistratura revisar" (c. 65o), ni concluir intentando validar la constitucionalidad señalando "[q]ue, en consecuencia, la diferencia entre las prescripciones establecidas en las normas del Decreto Ley No 2.695 y otras normas parcialmente más favorables en relación al propietario inscrito, como serían las del Código Civil, no constituye una diferencia arbitraria y carente de racionalidad. Por el contrario, la restricción contenida en el Decreto Ley No 2.695 tiene por objeto resguardar, a través de medios idóneos y razonables, el derecho de acceso a la propiedad favoreciendo tanto a los particulares como a la sociedad en general" (c. 78 0).

25°.- Quizás el intento más elaborado para justificar la brevedad de los plazos se proporciona en el voto disidente por rechazar del Ministro Correa Sutil en la STC 707 (c. 40): "[s]i bien las normas fueron establecidas para crear un nuevo y especial modo de adquirir la propiedad, el efecto natural, de usual ocurrencia y expresamente previsto y querido por el legislador, es que tal modo tenga la capacidad de extinguir, por

4 En el derecho inglés se le denomina "adverse possessor", lo que no debe confundirse con la figura del poseedor de mala fe de nuestro derecho.

5 Ver Clarke, Alison y nombre reservado (2005). Property Law. Commentary and Materials. Cambridge University Press, pp. 423 y ss.

28 prescripción, los derechos de otro titular anterior. De hecho, lo que el mecanismo impugnado hace no es provocar disputas de propiedad, sino solucionarlas a favor del poseedor que ha sido beneficiado por el mecanismo establecido en el Decreto Ley. [...]

A este disidente le parece que si se niega capacidad al Decreto Ley para servir a la resolución de una disputa de propiedad, se le niega un efecto que estará presente, no accidentalmente en este caso particular, sino frecuentemente y de modo tan esencial que, sin este atributo, todo el sistema de regularización pierde su sentido y eficacia. Si el Decreto Ley no puede servir para resolver disputas, tampoco sirve para adquirir un dominio cierto, pues un modo de adquirir que no puede oponerse a terceros en caso de disputa pierde su calidad de tal".

260.- Nos parece que la anterior es una justificación problemática, ya que: (i) sin una justificación específica (que vaya más allá de referencias generales al interés social) valida acríticamente la concesión de un trato privilegiado al "nuevo" propietario en relación al "antiguo" , y (ii) reconoce que la eficacia del dominio adquirido está ligado a la certidumbre, algo que, precisamente, está en el centro de la protección brindada por la garantía del derecho de propiedad por la cual se recurre de inaplicabilidad por parte del requirente en este caso.

27°.- EN DEFINITIVA, y para finalizar, los ministros que suscriben este voto acogen el requerimiento de inaplicabilidad por considerar que la aplicación de las normas impugnadas vulneran las garantías aseguradas en el artículo 19, No 24° y No 3° de la Carta Fundamental.

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, SE RESUELVE:

i) QUE, HABIÉNDOSE PRODUCIDO EMPATE DE VOTOS, NO SE HA OBTENIDO LA MAYORÍA EXIGIDA POR EL ARTICULO 93, INCISO PRIMERO, NUMERAL 6°, DE LA CARTA FUNDAMENTAL PARA DECLARAR LA INAPLICABILIDAD REQUERIDA, MOTIVO POR EL CUAL SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A FOJAS 1.

2) QUE SE DEJA SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA A FOJAS 47. OFÍCIESE.

3) QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA REQUIRENTE POR HABER TENIDO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.

Redactó el voto por rechazar el requerimiento, el Ministro señor Carlos Carmona Santander, y el voto por acogerlo, el Ministro señor Juan José Romero Guzmán.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 3090-16-INA.

Sr. nombre reservado

ronunci•a p Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presiente, Min tro señor Iván Aróstica Maldonado, y por sus Ministros señora Marisol Peña Torres, señores Carlos Carmona Santander, Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza, Juan José Romero Guzmán, señora María Luisa Brahm Barril y señores Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y José Ignacio Vásquez Márquez.

Se certifica que los Ministros señora Marisol Peña Torres y señor Carlos Carmona Santander concurrieron al acuerdo y fallo, pero no firman por haber cesado en sus cargos.

Autoriza la Secretaria suplente del Tribunal Constitucional, señora Mónica Sánchez Abarca.