Inaplicabilidad de Precepto Legal

000394

Santiago, dieciocho de enero de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Con fecha 18 de abril de 2016, don nombre reservado, Juez Titular del nombre reservado Segundo Juzgado Civil de Santiago remite oficio a fojas 1 y resolución de dicho tribunal a fojas 202, por medio de los cuales requiere a esta Magistratura un pronunciamiento respecto a la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 86 del Decreto Ley N” 3.500, que establece nuevo sistema de pensiones, para que surta sus efectos en la causa sobre demanda de declaración de mera certeza, caratulada “nombre reservado con Instituto de Previsión Social”, Rol C-17.283-2014, sustanciada ante su tribunal.

Conforme a los antecedentes que obran en autos y a lo indicado por el juez, en la gestión judicial en que incide su requerimiento, el abogado Patricio Morales, actuando en representación de 143 ex trabajadores de la empresa de Ferrocarriles del Estado -EFE-, demandó en juicio ordinario de declaración de mera certeza al Instituto de Previsión Social -IPS- solicitando al tribunal requirente, en lo principal, declarar que las pensiones de jubilación que perciben los trabajadores ferroviarios declarados ¡incapacitados para trabajar a consecuencia de accidentes de servicio, y que se encontraban afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones -AFP- a la fecha de la declaración de incapacidad, no les son aplicables las disposiciones del Decreto Ley MN” 3.500, sino que se rigen en forma exclusiva por las disposiciones del Decreto Supremo N?”

2.259, de 1931, que fija el texto refundido de las leyes vigentes sobre jubilación, desahucio e indemnizaciones por accidentes del trabajo del personal ferroviario, cuyo

artículo 14 dispone que los empleados de EFE

Aescindo mora

yeah

000395 Aerciado perno times

incapacitados por accidente de servicio jubilarán con

sueldo íntegro.

Por su lado, el artículo 86 del DL 3.500, consigna que los trabajadores afiliados al Sistema de AFPs que obtengan una pensión de invalidez total oO parcial proveniente de cualquier cuerpo legal que contemple la protección contra riesgos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, como acontece en la especie, deberán efectuar las cotizaciones establecidas en los artículos 17 y 85 del DL, esto es, las pensiones de vejez y salud; agregando la norma impugnada que al cumplir la edad establecida en el artículo 3”, esto es, 65 años de edad los hombres y 60 años de edad las mujeres, cesará la pensión de invalidez referida, y el trabajador tendrá derecho a pensionarse por vejez, de acuerdo a las

disposiciones del mismo DL.

Ante estas circunstancias es que, antes de emitir su

veredicto, el juez en sus presentaciones de fojas 1 y

202, y complementadas por su escrito de observaciones de fondo que rola a fojas 327, plantea el dilema constitucional ante esta Magistratura en relación con la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 86 del DL 3500 al caso concreto, atendido los efectos inconstitucionales de su aplicación, afirmando la posible vulneración de los numerales 2”, 24” y 26” del artículo 19, y del inciso cuarto del artículo 1, de la

Constitución Política.

Luego de aludir al carácter necesariamente decisivo de la norma, señala el magistrado que se podría vulnerar el derecho a la igualdad ante la ley toda vez que el artículo 86 establece una distinción que afecta a quienes perciben una pensión por accidente del trabajo o enfermedad profesional, en la especie conforme al Decreto Supremo N”* 2259, de 1931, y que se encuentran afiliados a

una Administradora de Fondos de Pensiones, quienes, una

3 000396

vez cumplida la edad para jubilarse por vejez dejarán de percibir la pensión del Decreto Supremo aludido, y tendrán derecho a pensionarse por vejez conforme al sistema de las AFPs, lo que se contrapone con quienes no se encuentran afiliados a alguna de estas entidades, que continúan percibiendo una pension equivalente el cien por

ciento de su renta.

Lo anterior configuraría una diferencia arbitraria entre personas que se encuentran en la misma situación, carente de razonabilidad, considerando que ambos tipos de trabajadores gozaron del mismo beneficio de jubilación por invalidez en su oportunidad, y tan sólo aquellos que no se encuentran afiliados a una AFP pueden seguir percibiendo el total de su renta como pensión, pensión de invalidez cuyos montos son superiores a los de los trabajadores que por estar afiliados a una AFP deben sustituir dicha pensión por la de vejez al cumplir la edad pertinente, percibiendo una pensión de menor

entidad.

Añade el juez que podría conculcarse el derecho de propiedad de los demandantes, atendido que los trabajadores pensionados por invalidez conforme al DS 2.259 gozarían de un derecho adquirido, incorporado por ley a su patrimonio; patrimonio que se vería afectado al pasar a percibir una pensión de vejez de monto considerablemente inferior a la de invalidez de que gozaban, por disposición del impugnado artículo 86 del DL 3500; norma que de aplicarse, implicaría además afectar

en su esencia el derecho de propiedad.

Y agrega también el magistrado requirente que las circunstancias anotadas podrían determinar que el Estado no esté dando cumplimiento a su deber de actuar en beneficio de la persona humana, conforme al principio de servicialidad, pues personas jubiladas conforme al DS de

1931, pasarían a percibir una pensión de menor cuantía

000397 Tesiota prenda ita

por aplicación del artículo 86 del DL 3500, norma cuyo

texto vigente fue fijado el año 1987; además de que la pensión de invalidez en comento es de cargo estatal, al tiempo que la de vejez se aplica sobre los dineros propios del trabajador, conforme a los fondos que

mantenga en su cuenta de capitalización individual.

La Primera Sala de este Tribunal Constitucional admitió a tramitación (resolución de 2 de mayo de 2016, a fojas 205) y declaró admisible el requerimiento, suspendiendo el procedimiento en la gestión judicial

invocada (resolución de 18 de mayo de 2016, a fojas 314).

Luego, conferidos los traslados acerca del fondo del asunto, por presentaciones que rolan a fojas 334 y 368, respectivamente, formularon sus observaciones al Tequerimiento dentro de plazo el Instituto de Previsión Social y los demandantes en la gestión sublite.

En su presentación de 9 de Junio de 2016, los

abogados representantes de los ex trabajadores

ferroviarios demandantes, presentan sus argumentaciones, instando por que la acción de inaplicabilidad deducida en

autos sea acogida.

Exponen que la demanda de declaración de mera certeza por ellos interpuesta ante el nombre reservado Segundo Juzgado Civil de Santiago, declare que las pensiones de invalidez absoluta concedidas a los ex trabajadores demandantes en virtud de las disposiciones del DS N”

2.259, de 1931, y que a la fecha de la declaración de invalidez por accidente de servicio se encontraban afiliados a una AFP, igual se rigen de modo exclusivo y excluyente por el artículo 14 y demás disposiciones del referido DS, sin que les sean aplicables en forma alguna las disposiciones sobre pensiones de vejez que establece el DL 3.500; solicitando además que el tribunal declare que dichas pensiones son de cargo del Instituto de Previsión Social; que no tienen límite en el tiempo y no

5 000398

se extinguen por el fallecimiento del trabajador, y que

no están afectas a los descuentos contemplados en el DL

3.500.

Añaden que conforme con la interpretación que ha efectuado en sede administrativa la Superintendencia de Pensiones, los ex trabajadores ferroviarios afiliados a una AFP que se hallan en la situación ya referida, se encuentran afectos al artículo 86 del DL 3.500, de 1980, de modo que deben jubilar por vejez una vez cumplida la edad legal -60 o 65 años-, dejando así de percibir la pensión por invalidez contemplada en el DS 2.259. Esta interpretación, además de errada, genera incertidumbre, desigualdad y agravio a los ex trabajadores demandantes y vulnera sus garantías constitucionales, infracciones a la Carta Fundamental subsanables a través de la declaración de inaplicabilidad del artículo 86 conforme se ha

impetrado por el juez que debe resolver el asunto.

Consignan los ex trabajadores de EFE que, conforme al artículo 14 del DS 2259 jubilan por invalidez con sueldo íntegro, o sea, su pensión mensual equivale al 100% de la última renta y sin límite en el tiempo. Sin embargo, casi 50 años después, se dictó el DL 3.500 que reguló un nuevo sistema de pensiones derivado de la capitalización individual de los trabajadores, modificando en su artículo 86 el sistema de pensiones de los trabajadores regidos por el DS 2.259, pretendiendo mediante una ley general dejar sin efecto los derechos de los trabajadores regidos por el estatuto especial de dicho DS, toda vez que esta normativa del año 1931 no contemplaba la sustitución de la pensión de invalidez por la de vejez al cumplirse la edad legal para obtener esta última, al tiempo que la pensión por vejez del DL 3.500 es ostensiblemente inferior a la de invalidez del DS 2.259, lo que importa una discriminación arbitraria en

contra de los demandantes, así como el desconocimiento de

mnerentiyebo

000399 Fercecdo prenda y muse

sus derechos adquiridos, y de su derecho de la Seguridad

Social.

Concluyen los trabajadores, en la misma línea expuesta por el juez requirente, que el legislador en el artículo 86 impugnado, establece una desigualdad arbitraria y carente de fundamento constitucionalmente legítimo y razonable, entre dos grupos de trabajadores que en su esencia no tienen diferencias, pues ambos se encontraban regidos, se pensionaron, y obtuvieron beneficios por aplicación de las mismas disposiciones del DS 2.259, sin que pueda entenderse como justa causa para la discriminación la incorporación o no al nuevo régimen de pensiones de vejez del DL 3.500. Incluso, señalan que quienes se han incorporado al nuevo sistema pero que se rigen íntegramente por la Ley N”* 16.744, tienen mejor

tratamiento, al asegurárseles una pensión equivalente al

80% de su última renta.

Por su parte, el Instituto de Previsión Social, en su presentación de 7 de junio de 2016, formula sus

observaciones y solicita el rechazo del requerimiento.

Señala al efecto el IPS que los demandantes en el caso concreto, se encontraban afiliados al nuevo sistema de ¡pensiones del DL 3500 con anterioridad a la declaración de su jubilación por invalidez conforme al DS 2259 y antes de haber cumplido la edad para jubilarse por vejez. Ante dicha situación los trabajadores quedaron sujetos a los descuentos de los artículos 17 y 85 del DL 3500 de modo que, al cumplir la edad para jubilarse por vejez o en el evento de tener contingencias de salud,

percibirán la pensión propia de las AFP.

Agrega que las respectivas resoluciones por las cuales se concedieron las pensiones por invalidez conforme al DS 2259, consignaron expresamente que dichas

pensiones cesaban, conforme al artículo 86 del DL 3500,

000400

al cumplirse las edades respectivas para jubilar por

vejez.

Añade el IPS que la cuestión promovida en autos no envuelve un problema de constitucionalidad, sino de mera legalidad, de interpretación de preceptos legales, y de determinación de la norma aplicable a la solución del conflicto, cuestión que es de resorte exclusivo del juez de fondo, razón por la cual el requerimiento carece de fundamento plausible y debe ser desestimado. Se apoya al efecto en la jurisprudencia de esta Magistratura, haciendo referencia a requerimientos que han sido desestimados; en concreto, los fallos roles N*s 2080 y 2196, este último recaído en un requerimiento deducido por el mismo juez respecto del mismo precepto legal y en

una gestión judicial de similar naturaleza.

Luego de aludir ampliamente a los antecedentes históricos y a las diferencias entre el antiguo y el nuevo sistema de pensiones, refiriendo al efecto las consideraciones contenidas en la sentencia N”* 2196, afirma el IPS que en la especie no se configuran las

infracciones constitucionales denunciadas.

Así, en cuanto a la infracción del principio de igualdad ante la ley, expone el IPS que el precepto impugnado no discrimina arbitrariamente ni vulnera el principio de isonomía debido a que tal infracción sólo puede darse cuando la ley establece diferenciaciones infundadas respecto de personas que se encuentran en la misma situación. En la especie, la cuestión promovida se argumenta sobre la base de personas sometidas a un estatuto jurídico previsional distinto al de aquellos con quienes se les compara por el magistrado requirente. En consecuencia es Jurídicamente imposible pretender la concesión de derechos que el estatuto jurídico al que están sometidos no les reconoce, conforme a las

disposiciones del DS 2259 en relación con el DL 3500.

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Mm

En efecto, los trabajadores demandantes optaron libremente por afiliarse al sistema de pensiones del DL 3.500 y cotizar en las AFP, antes de su jubilación por invalidez conforme al DS 2259, aplicable al personal ferroviario. Luego, asumieron que, conforme a la normativa legal, al momento de arribar a la edad para jubilarse por cumplir la edad legal, la pensión por invalidez se sustituye por la de vejez del DL 3500. Es por ello precisamente, que desde su afiliación, cotizaron en los fondos de pensiones de las AFP. Luego, no puede argumentarse una infracción a la igualdad ante la ley comparando al personal de EFE con personas sujetas a

sistemas previsionales distintos, que no se afiliaron

En apoyo de su argumentación el IPS alude a diversos

considerandos de la sentencia Rol N” 2196 que determinó que no existía ¡infracción al artículo 19 N* 2?

constitucional, y concluye que no es posible aplicar a una situación previsional que se rige por un estatuto jurídico determinado, como el DL 3.500, las normas de un sistema jurídico que regula a otros pensionados, que se mantuvieron en el antiguo sistema previsional, pues ello sí que constituiría una grave desigualdad entre personas

regidas por un mismo estatuto jurídico previsional.

También apoyándose en la jurisprudencia contenida en la sentencia 2196, afirma el IPS que no se configura en este caso infracción del artículo 19 N* 24” ni N” 26” de

la Carta Fundamental.

La alegación en orden a afectación de derechos adquiridos por los demandantes debe ser rechazada, argumentándose por el IPS en la misma línea referida, en el sentido que los trabajadores se afiliaron voluntariamente a las AFP y conocían que al cumplir la edad para jubilarse por vejez esta última pensión

sustituiría a la especial de invalidez como trabajadores

? 000402 turatirienta alo,

de EFE, pensión de duración temporal hasta cumplir la

edad para jubilarse conforme al sistema de las AFP.

Como se señaló, las resoluciones que concedieron la pension de invalidez a los demandantes, dispusieron que cesaba dicho beneficio al momento de cumplir 60 o 65 años, según el caso, de modo que no se aprecia cómo

podrían vulnerarse derechos adquiridos.

En la misma línea argumentativa no puede tampoco considerarse en este caso concreto que se infringe en su

esencia el derecho de propiedad.

En fin, sostiene el Instituto de Previsión Social que el principio de servicialidad del Estado y de promoción del bien común tienen lugar respecto de todas las personas y no, como se pretende, únicamente atañe a los demandantes, que intentan obtener un estatuto especial y diferenciado que, en definitiva, solo los

beneficiaría a ellos.

Traídos los autos en relación, la causa se agregó para su vista en la sesión de Pleno del día 11 de octubre de 2016, oyéndose la relación, y los alegatos de los abogados representantes de los ex trabajadores de la empresa de Ferrocarriles del Estado demandantes y del Instituto de Previsión Social. Con la misma fecha se

adoptó el acuerdo (certificado a fojas 393).

CONSIDERANDO:

I. LA IMPUGNACIÓN.

PRIMERO: Que un grupo de ex trabajadores de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, beneficiarios de pensión por accidentes del trabajo, presentó una demanda consistente en una acción de mera certeza, contra el

Instituto de Previsión Social. En dicha acción, que

000403

constituye la gestión pendiente del presente requerimiento -que se encuentra radicada en primera instancia en el nombre reservado Segundo Juzgado Civil de Santiago-, se pide que el Tribunal declare que no se aplica en la resolución del asunto el artículo 86 del

D.L. N” 3.500;

SEGUNDO: Que el requerimiento lo formula el juez que

lleva la causa. El mencionado artículo 86 dispone:

“Artículo 86.- Los trabajadores afiliados al Sistema que obtengan una pensión de invalidez total o parcial proveniente de la ley N” 16.744, del decreto con fuerza de ley N” 338, de 1960, o de cualquier otro cuerpo legal que contemple la protección contra riesgos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, deberán efectuar las cotizaciones establecidas en los artículos 17 y 85

de esta ley.

Al cumplir la edad establecida en el artículo 3”, cesará la pensión de invalidez a que se refiere el inciso anterior y el trabajador tendrá derecho a pensionarse por vejez, de acuerdo a las

disposiciones de esta ley.

En caso de que los afiliados beneficiarios de pensión de invalidez referidos en el inciso primero continuaren trabajando, deberán efectuar las cotizaciones establecidas en los artículos 17 y 84

de esta ley.”;

TERCERO: Que el requerimiento se funda en que de conformidad al artículo 14 del D.S. N” 2.259, de 1932, que fija el texto refundido de las leyes vigentes sobre jubilación, desahucio e indemnizaciones por accidentes del trabajo del personal ferroviario, “los empleados que se imposibilitaren absolutamente para el desempeño de sus empleos, a causa de accidentes del servicio y en

cumplimiento de su deber, jubilarán con sueldo

tro,

11 000404

eccalro

íntegro”. Sin embargo, dichos trabajadores, al haber ingresado al sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones, de conformidad con la norma impugnada, deben jubilar por edad. Pero su pensión será ostensiblemente inferior a la que reciben los accidentados por la Ley N?* 16.744. A éstos, por mandato del artículo 53 de esa ley, también les cesa dicha pensión, pero no pueden recibir una pensión por jubilación “inferior al monto de la que disfrutaba (n), ni al 80% del sueldo base que sirvió para calcular la pensión anterior”. Esta diferencia, que implica un piso, a juicio de los demandantes, vulnera la igualdad ante la ley (artículo 19, N"* 2%, de la

Constitución).

Sin embargo, el requirente sostiene que a los trabajadores afectados se les afectan sus derechos

adquiridos. Por una parte, porque cuando los trabajadores

se incorporaron al sistema de AFP, el artículo 86 no se refería a la Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado. Este fue modificado por la Ley N” 18.646, en 1987, que agregó en el artículo impugnado que la obligación de jubilación se extendía a “cualquier otro cuerpo legal que contemple la protección contra riesgos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.”. Antes de esta ley la obligación de jubilación sólo se refería a los accidentados cubiertos por la Ley N” 16.744. Ahí recién se incorporó, bajo una fórmula genérica, a los que tenían pensión por accidentes del trabajo de la Ley de Ferrocarriles del Estado. Por la otra, porque los trabajadores recibieron una pensión por accidentes del trabajo que era de por vida y que la norma impugnada hizo transitoria. Por lo mismo, la norma afecta su derecho de propiedad (artículo 19 constitucional, N?*

24?) sobre la pensión;

12 000405 : Hi

II. ALGUNAS PRECISIONES INICIALES.

CUARTO: Que esta Magistratura es un órgano del Estado (STC 1284/2009); por lo mismo, tiene una competencia acotada y tasada (STC 464/2006; 591/2007).

Entre los asuntos que no conoce, están los conflictos de leyes. Por lo mismo, no “puede emitir pronunciamiento respecto a la vigencia de normas, a la primacía que pueda tener una sobre otras, ni cuál es la ley que rige para resolver el conflicto suscitado en la gestión pendiente (STC 503/2006; 782/2007). Tampoco puede pronunciarse sobre si estamos efectivamente frente a una acción de certeza o ante una acción constitutiva. Debe limitarse a examinar si la norma invocada se ajusta o no a la Constitución y declarar si puede o no ser aplicada para la resolución del conflicto en la instancia

correspondiente, por el juez competente.

El punto es particularmente delicado en este caso, porque, por una parte, la gestión pendiente consiste en una acción de certeza, en que se le pide al Tribunal que declare que no se aplica a la resolución del asunto el artículo 86 del D.L. N” 3.500. En estas acciones no se pide que el Tribunal condene a realizar una determinada prestación. Se le pide interpretar el derecho en un determinado sentido, para resolver un estado de incertidumbre, proyectándolo sobre una controversia actual, de modo que dicha interpretación pase a ser la correcta. Por la otra, porque esta Magistratura ha declarado inadmisibles requerimientos muy semejantes al presente, por considerar que la pretensión envolvía un asunto de ¡interpretación de preceptos legales y de determinación de las normas aplicables a la solución de la gestión, por la presencia de antinomia de normas (STC 2080/2011).

Indudablemente, la no aplicación que se pide en la

gestión pendiente, se funda en razones de interpretación

13 000406

pela

jurídica de normas legales, pues la no aplicación por razones de constitucionalidad está reservada por la Constitución a esta Magistratura de modo exclusivo

(artículo 93, N* 6%);

QUINTO: Que, asimismo, a esta Magistratura no le corresponde emitir un juicio sobre el sistema de AFP.

Aquí se ha impugnado sólo un precepto del cuerpo legal que rige a dichas administradoras. Es sobre ese punto que emitirá un pronunciamiento. Sin perjuicio de ello, estamos obligados a describirlo para entender el contexto

de la norma impugnada y su inserción en ese sistema;

III. LA DECLARACIÓN DE nombre reservado

VINCULANTE.

SEXTO: Que cabe señalar que no es la primera vez que el Magistrado requirente recurre a este Tribunal impugnando el precepto cuestionado. Antes lo había hecho

en la causa Rol N” 2126/2013, el que fue rechazado.

Sin embargo, en la sentencia con que se resolvió la cuestión, se discrepó de lo razonado por esta

Magistratura. Se señaló lo siguiente:

“Que respecto de este análisis, esta sentenciadora discrepa profundamente, en atención a que, en uso de las atribuciones jurisdiccionales con que decide este asunto, el único motivo que debe tener en cuenta no radica en la razonabilidad o no de la norma -cuestión que corresponde derechamente al poder legislativo- sino que, en tanto se mantenga vigente, y no siendo retroactiva, deberá dársele una aplicación concreta cuando el caso se ajuste a su hipótesis. Y en este contexto, de acuerdo a todo lo razonado precedentemente, las interpretaciones que le está dando el órgano demandado, en tanto siga

aplicando las modificaciones introducidas al D.L. N”

e 000407 y pisto,

3.500 para casos anteriores a su entrada en vigencia, atenta y lesiona los derechos adquiridos por los demandantes, debiendo, en consecuencia, ajustar sus criterios de interpretación a los

señalados en la sentencia.”

En la sentencia de la Corte de Apelaciones, que se pronunció por la impugnación de esta decisión, se indicó que “Ante estas alegaciones, el tribunal requirió un pronunciamiento del Tribunal Constitucional de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 86 del D.L 3.500, con motivo del cual el mandatario de los demandantes de estos autos formuló observaciones al mismo, con idénticas alegaciones a las hechas en su demanda, pidiendo que sea acogido. El tribunal rechazó el requerimiento formulando extensas consideraciones en virtud de las cuales concluyó que no existe afectación alguna a los derechos constitucionales de los

demandantes, en relación con la norma que se cuestiona.

Queda demostrado así que lo verdaderamente

pretendido con la demanda es una declaración de inaplicabilidad de un texto legal, más que una declaración de mera certeza, materia que, por cierto, no es propia de la decisión del tribunal a quo, a lo que debe agregarse que los fundamentos de ella han sido desvirtuados con motivo del pronunciamiento que la propia

demandante requirió.”;

SÉPTIMO: Que esta Magistratura debe reiterar que, por muy legítimas que sean las discrepancias sobre sus sentencias, éstas son vinculantes, porque en primer lugar, todos los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución (artículo 6”, Constitución). Y es justamente esta, la que en su artículo 93 N”* 6”, le entrega a esta Magistratura resolver las acciones de inaplicabilidad. En segundo lugar, cuando el Tribunal

resuelve estas acciones, dicta una sentencia (artículo

000408

91, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional), en que si se acoge, se establece que el precepto legal cuestionado no puede ser considerado por el juez a cargo de la gestión en que incide. Y si se rechaza, ya no puede relterarse el debate de constitucionalidad sobre el mencionado precepto, clausurándose el debate en esa materia. Finalmente, el Tribunal resuelve mediante dicha sentencia, un conflicto suscitado en el marco de una gestión que se sigue ante un tribunal ordinario o especial. Y es parte “de garantizar el orden institucional de la República” (artículo 6”)

respetar dichas sentencias. Por eso, contra ellas no cabe recurso alguno y no puede ser intentada la misma cuestión nuevamente si se invoca el mismo vicio en las sucesivas instancias O grados de la gestión en que se hubiere promovido (artículo 90, Ley Orgánica constitucional del

Tribunal Constitucional);

IV. EL PRECEDENTE DE LA CAUSA ROL N* 2196.

OCTAVO: Que, como ya se indicó, esta no es la primera vez que le corresponde a esta Magistratura resolver un cuestionamiento sobre el artículo 86 del D.L.

N* 3.500. En efecto, en la STC Rol N?* 2196/2013, se formuló un cuestionamiento en igual sentido por el juez de la causa respecto de 284 demandantes, en dos gestiones pendientes sometidas ante el nombre reservadosegundo Juzgado Civil de Santiago. Incluso parte de los demandantes, son los mismos de estos autos; y se utiliza la misma modalidad de la acción de certeza. En dicha gestión no hubo un pronunciamiento sobre el fondo, toda vez que se acogió la excepción de falta de legitimidad pasiva. De ahí que los trabajadores demandaron de nuevo; esta vez contra el Instituto de Previsión Social, no contra la

Superintendencia de AFP;

16 000409 tusabioie Le mugre

NOVENO: Que en aquella oportunidad el Tribunal

rechazó las dos objeciones. En primer lugar, desechó la objeción en base a la vulneración de la igualdad ante la ley, sobre la base que la norma reconducía a los trabajadores al régimen general, terminando la situación excepcional que otorga el artículo 14 del D.S. N* 2259, dado el nuevo régimen previsional y a que los trabajadores estaban afiliados a una AFP. En segundo lugar, el Tribunal rechazó el cuestionamiento sobre el derecho de propiedad. Consideró que el sistema previsional es de configuración legal. Y al diseñarse la transición entre el antiguo sistema y el nuevo, se estableció qué aspectos subsistían y aquellos que se extinguían. En el sistema de AFP, las pensiones por accidentes del trabajo son temporales; duran hasta que el

afiliado tiene la edad para jubilarse;

V. ANTECEDENTES DE LA NORMA IMPUGNADA.

DÉCIMO: Que, hechas esas puntualizaciones y para comenzar nuestro análisis, debemos considerar cuatro antecedentes que permiten comprender adecuadamente la norma impugnada. Por una parte, analizaremos el impacto del nuevo sistema previsional, implantado a partir de 1980. Enseguida, examinaremos el artículo 14 del D.S. N?

2259, del año 1932. A continuación, estudiaremos la norma impugnada. Finalmente, señalaremos la situación de los

demandantes.

La relevancia de estos antecedentes está dada porque los trabajadores demandantes de la gestión pendiente tienen una pensión por accidente del trabajo del D.S. N”

2259 y están afiliados a una AFP;

21 000410

1. El impacto del nuevo sistema previsional.

DECIMOPRIMERO: Que, como se sabe, en 1980, se dio origen a un nuevo sistema de pensiones, que se estructura en base a las administradoras de fondos de pensiones

(AFP). Este sistema tiene los siguientes componentes

básicos.

El primero de ellos se encuentra regulado en el D.L.

N” 3.500. Éste regula el sistema de AFP. Dicho sistema se distingue, en primer lugar, por la existencia de una cuenta de capitalización individual de cada afiliado a una Administradora de Fondos de Pensiones, financiada con sus propias cotizaciones, que corresponden al 10% de sus remuneraciones y rentas imponibles, con un tope máximo de 60 Unidades de Fomento, y con cargo a la cual se cubren

las pensiones de vejez, ¡invalidez y sobrevivencia

(artículos 16, 17 y 51). En segundo lugar, las AFP son sociedades anónimas que tienen como objeto exclusivo administrar fondos de pensiones y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios del sistema (artículo 23).

Cada fondo de pensiones es un patrimonio independiente y diverso del patrimonio de la administradora, sin que ésta tenga dominio sobre aquello (artículo 33). Cada fondo está constituido por las cotizaciones, las inversiones y rentabilidades (artículo 33). La administradora cobra una retribución establecida sobre la base de comisiones (artículo 28), las que son determinadas libremente como un porcentaje de las remuneraciones y rentas imponibles (artículo 29). En tercer lugar, se jubila por edad, no por años de servicio. Los hombres a partir de los 65 años de edad, y las mujeres a partir de los 60 (artículo 17).

En cuarto lugar, las inversiones que efectúen las AFP tienen como único objetivo la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad (artículo 45). Finalmente, corresponde a la Superintendencia de Pensiones la

supervigilancia y control de las AFP (artículo 93).

18 000411

Cabe agregar que la afiliación a una AFP da origen a una relación jurídica entre el trabajador y el sistema (artículo 2%, D.L. N* 3.500). Dicha relación se caracteriza por ser permanente, porque subsiste durante toda la vida del afiliado, se mantenga o no en actividad (artículo 2%, D.L. N” 3.500), sin perjuicio de que el trabajador puede cambiarse de una AFP a otra (artículo 2”

del D.L. N” 3.500); por ser única, pues sólo se puede cotizar en una AFP (artículo 2”, D.L. N” 3.500); y por ser automática, pues se produce al inicio de la labor del trabajador afiliado, sin que las administradoras puedan rechazar la solicitud de afiliación (artículo 2”, D.L. N?

3.500).

El segundo componente del sistema es que se tuvo que regular el paso del antiguo sistema al nuevo. El antiguo sistema se caracterizó, en primer lugar, por la existencia de distintas cajas previsionales, cada una con su propio régimen jurídico. Llegaron a existir cerca de 32 cajas de previsión. Todas ellas eran instituciones estatales, En segundo lugar, en este sistema las personas cotizaban un porcentaje de su remuneración, el que iba a un fondo común. La pensión se financiaba con cargo a dicho fondo, el que era cubierto fundamentalmente por aporte estatal. Se trataba de un régimen de reparto. En tercer lugar, en ese sistema se jubilaba por años de

servicio y no por edad.

El paso del antiguo al nuevo sistema tuvo diversos elementos. El primero de ellos es que se eliminaron las antiguas cajas, las que pasaron a fusionarse en el Instituto de Normalización Previsional, hoy Instituto de Previsión Social (D.L. N* 3.502; artículo 1”, Ley N”

18.689; artículos 53 y 54 de la Ley N” 20.255). Del mismo modo, se restringieron las beneficios que podían entregar las antiguas cajas de pensiones (créditos u otras

prestaciones) (artículos 11 y 16, D.L. N” 3501). En

Die

19 000412

segundo lugar, se mantuvieron algunos beneficios del antiguo sistema, otros se restringieron y otros se eliminaron. En tercer lugar, se entregó la opción a los imponentes del antiguo sistema para cambiarse al nuevo (artículo 1, D.L. N” 3.500; artículos 17 y 19, D.L. N?

3.501). Para ello, se les reconocieron sus imposiciones en el antiguo sistema a través de lo que se denomina el bono de reconocimiento, que no es más que un título de deuda, expresado en dinero, de los fondos acumulados en el sistema antiguo (artículos transitorios 1? y siguientes del D.L. N”* 3.500). En cuarto lugar, se reguló la cotización del antiguo sistema (artículos 1%, 5” y 16, D.L. N* 3.501; artículo 16, D.L. N* 3.500). En quinto lugar, se eliminó la jubilación por años de servicio (artículos 2 y 7%, D.L. N* 2.448). Finalmente, se derogaron todos los reajustes especiales del antiguo

sistema (artículo 15, D.L. N”* 2.448).

El tercer elemento del sistema fue la posibilidad que entregaron las leyes N" 18.225 y 18.345, para retornar al antiguo sistema por parte de aquellos que se incorporaron al sistema de AFP, pero que podían

pensionarse por el sistema antiguo.

Finalmente, por la Ley N” 20.255, de 2008, se introdujo el sistema de pensiones solidarias, denominado por la ley “sistema solidario” (artículo 1%). Éste es concebido como “complementario del sistema de pensiones a que se refiere el decreto ley N”* 3.500” (artículo 1%). Es un sistema financiado con recursos del Estado. En lo medular, otorga dos beneficios. En primer lugar, una pensión básica solidaria, tanto de vejez como de invalidez, que beneficia a aquellos que no tienen derecho a pensión en ningún régimen previsional e integren un grupo demográfico perteneciente al 60% más pobre de la población (artículos 3” y 16). En segundo lugar, entrega

un aporte previsional solidario de vejez y de invalidez.

000413 DIS AO A

Éste beneficia a las mismas personas recién señaladas, y consiste en un complemento para lograr el valor de la pensión máxima con aporte solidario (artículos 9” y 20).

Este sistema solidario es administrado por el Instituto de Previsión Social (artículo 24);

2. El artículo 14 del D.S. N” 2259.

DECIMOSEGUNDO: Que el segundo antecedente necesario de considerar es el artículo 14 del D.S. N* 2259, pues es la norma que origina el derecho que invocan los demandantes en la gestión pendiente. Esta norma se inserta en un conjunto de disposiciones vinculadas al antiguo sistema previsional de los trabajadores de la

Empresa de Ferrocarriles del Estado;

DECIMOTERCERO: Que la norma establece una obligación: la de pensionarse; y un beneficio: el de obtener una pensión con sueldo íntegro, siempre que se den ciertos requisitos. Por de pronto, que exista un accidente de servicio. Es decir, que se sufra una lesión a Causa o con ocasión del trabajo. Enseguida, que ese accidente imposibilite absolutamente al trabajador para el desempeño del empleo. La misma norma legal contempla la inhabilitación por heridas o contusiones. Pero, en este caso, el beneficio es distinto, pues si el tiempo de curación es inferior a seis meses, el trabajador tiene derecho a sueldo íntegro; por sobre ese tiempo, el empleado conserva el empleo, pero sin goce de remuneraciones, pudiendo acogerse a la legislación general de accidentes del trabajo (artículo 13, D.S. N?

2259). Finalmente, es necesario que el accidentado sea empleado de la empresa. El mismo cuerpo legal, en su artículo 12, establece que los empleados pueden ser de planta, a contrata, a jornal, y los demás trabajadores

que se sometan al régimen de imposiciones obligatorias de

000414 Labio cofre

la ex Caja de Retiro y Previsión Social de Ferrocarriles

del Estado;

DECIMOCUARTO: Que la mencionada disposición se explica en atención a que desde la creación de Ferrocarriles del Estado, “sus empleados han tenido cobertura por accidentes de servicio. En efecto, el artículo 66 de la ley de 4 de enero de 1894, primera Ley

General de Ferrocarriles, establecía lo siguiente:

VArt. 66. Los empleados que se hirieren O maltrataren por accidentes del servicio, tendrán derecho a sueldo íntegro durante su curación, si ésta demorare

más de seis meses.”;

DECIMOQUINTO: Que esta norma continuó en la Ley N”

2.498, de 1911, que crea en Ferrocarriles una Caja de Ahorros. El artículo 15 de esta ley establecía lo

siguiente:

vArt. 15. Los empleados que por accidentes del

servicio reciban heridas o contusiones que los

inhabiliten para continuar en el ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a sueldo íntegro durante

su curación si ésta no exigiera más de seis meses.

Pasado este tiempo, si no mejoraren, podrán retener sus empleos por otros seis meses, pero sin

goce de sueldo.”;

DECIMOSEXTO: Que la norma que se analiza resulta excepcional para la época. En primer lugar, porque la primera ley por accidentes del trabajo, aplicable a todos los trabajadores, fue la Ley N” 3.170, del año 1916. El artículo 14 del D.S. N” 2259 fue, entonces, pionero, pues data de 1894. Antes de esta última fecha, sólo es posible encontrar regulaciones por accidentes de funcionarios públicos (Ley de 19 de octubre de 1832, artículos 1” y 2”; y Ley de 20 de agosto de 1857, artículo 4”). La norma

que se analiza cubre precisamente los accidentes del

000415 Zualracoto quiro

trabajo de empleados de una empresa pública. En segundo lugar, porque dicha ley (la N* 3.170) no otorgaba igual cobertura que el D.S. N” 2259. En efecto, si la incapacidad era temporal, la víctima del accidente recibía la mitad de su jornal. Y si era permanente y total, recibía una pensión vitalicia, igual a la mitad del salario anual. El .D.S. N”" 2259, en cambio,

contemplaba sueldo íntegro;

DECIMOSÉPTIMO: Que la norma pasó a formar parte del régimen previsional de la ex Caja de Retiro y Previsión Social de Ferrocarriles del Estado, creada por las leyes

N*% 2.498, de 1911, y 3.074, de 1916;

DECIMOCTAVO: Que esta norma fue aludida implícitamente con ocasión de la nueva Ley de Ferrocarriles del año 1993. En efecto, ahí se estableció que los trabajadores de esta empresa, que en agosto de

1993 se encontraban afectos al régimen previsional de la

ex Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado, tenían derecho a mantenerse dentro de dicho régimen (artículo 22, D.F.L. N”* 1/1993, Ministerio de

Transportes y Telecomunicaciones).

Además, el D.L. N” 3.500 expresamente establece que las pensiones de invalidez y sobrevivencia que regula “no comprenden las causadas y reguladas de acuerdo a la Ley N* 16.744, al decreto con fuerza de ley N” 338, de 1960 o a cualesquiera otras disposiciones legales que contemplen la protección contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales” (artículo 12). Entre esas otras disposiciones legales, se encontraba el artículo 14 del D.S. N% 2559, En el mismo sentido apuntaba el artículo 83 de este cuerpo legal, que estableció que los pensionados por accidentes del trabajo seguían sujetos a la institución de previsión que les entregaba el

beneficio, pasando la pensión a ser de cargo fiscal;

23 000416

dt, dei,

DECIMONOVENO: Que dicho reconocimiento implícito no

obsta a que el beneficio que establece sea doblemente

excepcional.

Por una parte, es excepcional respecto de los actuales trabajadores que trabajan para la Empresa de Ferrocarriles, pues todos los incorporados a ella, después de 1992, no tienen los beneficios del artículo 14 del D.S. N” 2259, sino que están sujetos a la Ley N”

16.744 (artículo 22, D.F.L. N” 1/1993, Ministerio de

Transportes y Telecomunicaciones).

Por la otra, es excepcional respecto de la regla establecida en el sistema general de accidentes del trabajo, que rige desde 1968 (Ley N” 16.744). Mientras en el sistema de la norma invocada (D.S. N” 2259) se obtiene pensión con el sueldo íntegro, en el sistema de la Ley N”

16.744 se establece que “en ningún caso la nueva pensión

podrá ser inferior al monto de la que disfrutaba, ni al

80% del sueldo base que sirvió para calcular la pensión anterior”. También es excepcional respecto de otros sistemas de pensiones por accidentes que rigen el sector público (por ejemplo, artículo 2? de la Ley N” 18.423 y artículo 8” de la Ley N”* 18.458);

nombre reservado: Que, por lo mismo, hay que considerar que dicha norma debe interpretarse dentro de un contexto de cambio completo del régimen previsional, ocurrido a partir de 1980. Y debe tenerse en cuenta que las instituciones del antiguo sistema “requerirán de disposición legal para establecer nuevos beneficios”

(artículo 11, D.L. N”* 3.501);

24 000417

dicciodte

3. La norma impugnada.

VIGESIMOPRIMERO: Que, continuando con nuestro

razonamiento, debemos examinar la norma impugnada.

Al respecto, lo primero que hay que señalar es que los trabajadores que iniciaron la demanda en la gestión pendiente, no obstante estar pensionados en base al D.S.

N* 2259, ingresaron antes a una AFP. Lo hicieron en base al artículo 1” transitorio del D.L. N”* 3.500, que facultó a los trabajadores que “sean o hayan sido imponentes de alguna institución de previsión” para “optar entre el Sistema que establece esta ley y el régimen vigente a la fecha de su publicación que les corresponda, de acuerdo a la naturaleza de sus servicios”. Cabe agregar que al trabajador que optara al nuevo sistema se le reconocían los beneficios de desahucio o indemnización bajo ciertos términos (artículo 13, D.L. N” 3.501); y su renta líquida

subía, pues disminuía el porcentaje de cotización

obligatoria en relación a los ingresos, ya que en AFP los trabajadores cotizan sólo el 10% de sus remuneraciones y

rentas imponibles (artículo 17, D.L. N”* 3.500);

VIGESIMOSEGUNDO: Que, enseguida, los trabajadores pensionados por accidentes del trabajo tienen una pensión temporal, pues cuando llegue el momento de jubilarse, deben hacerlo en su respectivo régimen (el antiguo o el nuevo). Por eso, dichos trabajadores cotizan (artículos 15 y 54, Ley N” 16.744; artículo 86, D.L. N”* 3.500), siendo incompatibles las pensiones por accidente con las que contemplan los diversos regímenes previsionales

(artículo 52, Ley N” 16.744).

En efecto, de conformidad al artículo 86, inciso segundo, del D.L. N” 3.500 -norma impugnada en este requerimiento-, a los pensionados por invalidez, cuando cumplan la edad para Jubilar, les cesa la pensión que tenían, y tienen derecho a pensionarse por vejez. Por su

parte, el artículo 53 de la Ley N” 16.744 establece que

000418, ,

el pensionado por accidente del trabajo que cumpla la

edad para tener derecho a pensión, “entrará en el goce de esta última de acuerdo con las normas generales pertinentes, dejando de percibir la pensión de que

disfrutaba.”;

VIGESIMOTERCERO: Que, por otra parte, y tal como ya se indicó, el financiamiento de la pensión por jubilación en el sistema de AFP se hace en base a los ahorros que haya acumulado el cotizante en su cuenta. Por lo mismo,

él financia su pensión.

En el sistema antiguo de pensiones, la cotización iba a un fondo común. Por lo mismo, la jubilación era cubierta por este fondo, cuyo componente principal era

aporte estatal;

VIGESIMOCUARTO: Que en el caso que se analiza,

mientras los trabajadores estén obteniendo pensiones del sistema antiguo, éste se financia mediante sistema de reparto. En cambio, cuando el trabajador jubila por estar en una AFP, debe hacerlo de acuerdo con los fondos que

haya acumulado en su cuenta;

VIGESIMQUINTO: Que veamos ahora la norma que se impugna (artículo 86, D.L. N” 3.500). Ésta establece dos reglas. Por una parte, los trabajadores afiliados al sistema de AFP que obtengan una pensión de invalidez total, deben efectuar cotizaciones para jubilarse por edad. Por la otra, al cumplir la edad para jubilarse, cesa la pensión de invalidez, pero tienen derecho a

pensionarse por vejez;

VIGESIMOSEXTO: Que la norma sufrió una modificación por la Ley N” 18.646, de 1987. Esta modificación agregó

dos elementos a dichas reglas.

En primer lugar, estableció que la cotización la debían hacer no sólo los que estuvieran sujetos a pensión

de invalidez total, proveniente de la Ley N” 16.744, como

000419 26 ot dicióniano

establecía en su texto original, sino también los “del decreto con fuerza de ley N” 338, de 1960, o de cualquier otro cuerpo legal que contemple la protección contra riesgos y accidentes del trabajo (9) enfermedades profesionales”. Es decir, extendió la obligación de cotizar no sólo a los pensionados por ley de accidentes del trabajo, sino a cualquier pensionado por estos accidentes regido por otro sistema distinto al de la Ley N*” 16.744. Por esa vía, se incluyó a los pensionados de la ex Caja de Retiro y Previsión Social de Ferrocarriles

del Estado.

En segundo lugar, estableció que si el beneficiario de pensión continuaba trabajando, debía efectuar las

cotizaciones en la respectiva AFP;

VIGESIMOSÉPTIMO: Que el propósito de estos agregados

fue el de “homogeneizar el tratamiento de las pensiones

derivadas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales” (Historia de la Ley N” 18.646, Congreso

Nacional, p. 95).

Es decir, lo que se buscó es que tanto los que tuvieran pensión por accidentes del trabajo en el sistema

antiguo como en el sistema nuevo, cotizaran;

VIGESIMOCTAVO: Que la Ley N” 18.646 no modificó en nada el hecho de que la pensión por accidentes del trabajo fuera temporal, cesando al cumplir la edad para jubilarse, pero facultando al pensionado a pensionarse

por vejez, pues ambos beneficios son incompatibles;

4. La situación de los trabajadores demandantes.

VIGESIMONOVENO: Que los trabajadores demandantes, se encuentran ¡ingresados al sistema de AFP en distintas fechas. Con esa afiliación vigente, sufrieron el respectivo accidente del trabajo que le generó la

aplicación del D.S. N” 2.159.

00042

No obstante, cabe señalar dos cosas. En primer lugar, durante todo este período que han recibido la respectiva pensión de invalidez, se les ha descontado la cotización respectiva para acumular los fondos para jubilación por AFP. En segundo lugar, cada una de las respectivas resoluciones que les concedieron las pensiones de invalidez, dejaron establecido, tal como se indicó en el escrito del Instituto de Previsión Social, que rola a fojas 334 y siguientes, que dichas pensiones cesaban al momento de cumplir los 60 o 65 años de edad de los actores, conforme lo dispone el artículo 86 impugnado

en estos autos;

VI. NO SE AFECTA LA IGUALDAD ANTE LA LEY.

TRIGÉSIMO: Que, luego de vistos todos los elementos reseñados, estamos en condiciones de entrar a dilucidar el fondo de las objeciones planteadas en el

requerimiento.

La primera de estas objeciones es que la pensión que recibirán los trabajadores demandantes en la gestión pendiente, al jubilarse a través de una AFP, será menor a la que reciben por accidente del trabajo, sin que tengan

los topes que establece la Ley N” 16.744;

TRIGESIMOPRIMERO: Que, al respecto, hay dos cosas estructurales del sistema de AFP al que ingresaron los demandantes. De un lado, la pensión por accidente laboral es temporal; cesa al momento en que el trabajador cumple su edad para jubilar por vejez, y es incompatible con ésta. No es una pensión vitalicia. Del otro, en el sistema antiguo el costo del financiamiento de la pensión es básicamente fiscal; en cambio, en el de AFP, es de acuerdo a los fondos acumulados en la cuenta de

capitalización individual;

000421

28 at rsoriciin

TRIGESIMOSEGUNDO: Que, puntualizado lo anterior, hay que señalar que, en primer lugar, la comparación con la Ley N* 16.744 no puede ser sólo en lo favorable. En efecto, mientras el trabajador pensionado por accidente del trabajo de Ferrocarriles lo hace “con sueldo íntegro”

(artículo 14, D.S. N* 2259), las pensiones de la Ley N?

16.744 dependen de la disminución de la capacidad sufrida (van del 50% al 140% del sueldo base que sirvió para el cálculo) (artículos 38 y siguientes de la Ley N* 16.744).

El punto no es menor, porque la cotización en el sistema de AFP se calcula de acuerdo a la remuneración que se

reciba (artículos 14 y siguientes, D.L. N” 3.500);

TRIGESIMOTERCERO: Que los demandantes se comparan con la Ley N” 16.744 únicamente respecto de los topes de jubilación que esta ley establece. Como sabemos, la pensión no puede ser “inferior al monto de la que disfrutaba, ni al 80 % del sueldo base que sirvió para calcular la pensión anterior”. Pero no se comparan con el

monto de la pensión, la que les es más favorable;

TRIGESIMOCUARTO: Que, en el fondo, se invoca lo mejor de los dos sistemas. Es decir, el sueldo íntegro mientras se disfruta de la pensión por accidente, y el tope cuando se jubila por vejez. No parece ser ésta una

comparación, por tanto, legítima;

TRIGESIMOQUINTO: Que, en segundo lugar, el hecho de que los trabajadores involucrados en la gestión pendiente coticen en las AFP, considerando su sueldo íntegro, los equipara al resto de los trabajadores activos

incorporados a este sistema.

Por lo mismo, si llegan a recibir bajas jubilaciones, no es distinta su situación de la del resto de los imponentes, que no reciben ni más ni menos que lo que arrojen sus ahorros en la cuenta respectiva de la

AFP;

000422 tirada perdol

TRIGESIMOSEXTO: Que al pedirse la inaplicabilidad de todo el artículo 86, lo que se busca es continuar con la pensión que hoy reciben. Pero la dificultad está en que su actual situación es financiada con cargo al Fisco; en

cambio, su jubilación por AFP, no.

Dicho de otro modo, se busca imponer a la AFP pagarles una pensión de jubilación que no es consistente con sus ahorros previsionales. Ello sí afectaría la igualdad ante la ley respecto del resto de los trabajadores. E impondría una carga a la AFP que sólo puede establecer el legislador. Y todo ello, impugnando una sola norma, en circunstancias que el nuevo régimen previsional es un “sistema” (de hecho, así se titula el D.L. 3.500: “Establece nuevo sistema de pensiones”)

porque comprende un conjunto de normas, instituciones y beneficios, así como obligaciones nuevas y que se

extinguen;

TRIGESIMOSÉPTIMO: Que por ello puede afirmarse que

la regla del artículo 86 lo único que hace es reconducir a los trabajadores al régimen general, terminando la situación excepcional que les otorga el artículo 14 del D.S. N” 2259, dado el nuevo régimen previsional, al que

ellos ingresaron voluntariamente;

TRIGESIMOCTAVO: Que, por ello, no consideramos que

se vulnere la igualdad ante la ley;

VII. NO SE VULNERAN LOS DERECHOS ADQUIRIDOS.

TRIGESIMONOVENO: Que el segundo argumento que los demandantes sostienen es que, por una parte, cuando ellos se incorporaron a la AFP, el artículo 86 no se refería a la Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado. Eso se incorporó recién por la Ley N” 18.646, de 1987. Por lo mismo, agregan, la obligación de cotizar

en una AFP y de jubilarse por edad vulnera sus derechos

30 000423

adquiridos sobre la pensión por accidentes del trabajo que tenían conforme al artículo 14 del D.S. N” 2259, Por la otra, la pensión, por efecto de la norma impugnada, se

transformó de vitalicia en temporal;

CUADRAGÉSIMO: Que lo primero que hay que señalar es que al artículo 86 se le agregaron elementos por la Ley N* 18.646, pero no se le suprimió ninguno. Entre los elementos que existen desde el principio en el D.L. N?

3.500, está el carácter temporal de la pensión de invalidez. Ésta cesa al cumplir la edad de jubilación, surgiendo el derecho del trabajador para pensionarse por vejez, pues ninguna persona puede recibir simultáneamente más de una pensión con garantía estatal (artículo 86,

D.L. 3.500, en su texto original);

CUADRAGESIMOPRIMERO: Que, en tal sentido, la modificación de la Ley N” 18.646 no cambió las reglas del juego, sino que vino a corregir una injusticia para los trabajadores que estaban pensionados por accidentes del trabajo regidos por leyes distintas de la Ley N” 16.744.

Mientas éstos debían cotizar, los otros no. Por lo mismo, si no cotizaban, cuando los jubilaran por edad, se iban a encontrar con que su cuenta de ahorro individual no tenía capital acumulado. En otras palabras, tendrían sólo su bono de reconocimiento y, dependiendo de su situación de pobreza, un aporte previsional solidario. Al obligarlos a cotizar, en cambio, se les equiparó a los trabajadores pensionados por la Ley N” 16.744 y se evitó el drama que podría significar que cesara la pensión por accidente del trabajo, sin que tuviera fondos en la AFP o tuviera muy

pocos.

Además, al cotizar, el trabajador tiene atención de salud para su familia y por otras enfermedades distintas a la del accidente. Del mismo modo, hay otros beneficios por el hecho de cotizar, como la cuota mortuoria

(artículo 87, D.L. N* 3.500).

31 000424

Moberist, reinard

Asimismo, si un trabajador que cotiza en una AFP

fallece, estando pensionado por cualquier sistema contra riesgos de accidentes del trabajo, causa pensión de sobrevivencia y los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual incrementan la masa de bienes

del difunto (artículo 87, D.L. N* 3.500);

CUADRAGESIMOSEGUNDO: Que, en segundo lugar, no consideramos que se afecte el derecho de propiedad por el hecho de que la pensión por accidentes del trabajo sea

temporal.

Por de pronto, porque todo el sistema antiguo de pensiones es de estricta regulación legal. Conforme al artículo 65, inciso cuarto, N” 4%, de la Constitución, es materia de ley “fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, montepios, rentas y cualquier otra clase de emolumentos, préstamos 0

SLCRETARIA beneficios al personal en servicio o en retiro”. Y de

acuerdo al N” 6”, también lo es “establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que inciden en ella, tanto del sector público como del sector privado.” Al ser así, es el legislador el que define la naturaleza

jurídica de la pensión.

Enseguida, el carácter temporal de la pensión por accidentes del trabajo, hasta que llegue la jubilación, no es algo excepcional, pues es la regla general. Así sucede, por ejemplo, con la Ley N” 16.744, artículo 2” de

la Ley N” 18.423 y artículo 8” de la Ley N” 18.458.

Dicha temporalidad tiene variados fundamentos. Desde luego, cubre distintas contingencias: una, el accidente;

la otra, la vejez. También son dos sistemas previsionales distintos los involucrados: uno de reparto, financiado por el Fisco, y otro de cuenta de capitalización individual, financiado por el propio cotizante con sus ingresos. De ahí su incompatibilidad (artículo 12, D.L.

N* 3.500;

5 p00425

CUADRAGESIMOTERCERO: Que, asimismo, los demandantes

de la gestión pendiente ingresaron a una AFP hace más de 30 años. Durante todo este tiempo, cotizaron en una AFP.

Dichas cotizaciones tenían por objeto acumular fondos para su jubilación. El sentido de ingresar a una AFP es el de tener una pensión al momento de la jubilación. No tiene lógica haber ingresado a una institución para no hacer uso del beneficio que ésta otorga. Desde hace casi más de un cuarto de siglo, los afectados saben que se iba a producir el cambio de su pensión. No se trata, en consecuencia, de un evento sorpresivo, no previsto, ajeno a toda proyección;

CUADRAGESIMOCUARTO: Que, en tercer lugar, no se priva de ninguna pensión. La pensión del D.S. N* 2259

cesa, pero el beneficiario está facultado para activar su

jubilación por edad. En tal sentido, se reemplaza una

pensión por otra. La seguridad social sigue dando la prestación de acuerdo a la contingencia. Ésta es la que cambia y, por tanto, la prestación que la cubre. Al tener la edad para jubilar, al cotizante de una AFP le surge el derecho a obtener una pensión por vejez. Hay, por tanto,

continuidad de prestaciones;

CUADRAGESIMOQUINTO: Que, al contrario de lo que se alega, la continuación de la pensión por accidentes del trabajo, más allá del momento para jubilar que tiene un cotizante en una AFP, afecta dicho derecho a la pensión.

Dicho derecho está calificado tal cual en la norma impugnada y en otros preceptos del D.L. N” 3.500. Por ejemplo, el artículo 3” dispone: “tendrán derecho a pensión de vejez los afiliados que hayan cumplido 65 años de edad si son hombres, y 60 años de edad si son

mujeres..”.

La afectación se produce porque una persona que ha cotizado durante un largo lapso de tiempo, descontando

ingresos para ello mes a mes, y para lo cual ha pagado

n=)

33 000426 lualaiento

una comisión a una AFP, lo hace en el entendido que va a

utilizar esos fondos para cubrir su pensión de vejez.

Por lo demás, este Tribunal ha dicho que cada afiliado es dueño de los fondos que ingresan a sus cuentas de Capitalización individual (STC 334/2001;

576/2006);

CUADRAGESIMOSEXTO: Que, además, dicha prolongación se contrapone con que se requiere ley para cualquier nuevo beneficio de las antiguas Cajas (artículo 11, D.L.

N* 3.501, en relación al artículo 65, inciso cuarto, N?

4%, de la Constitución).

El carácter de nuevo beneficio está dado porque cuando se diseñó "la convivencia” entre el nuevo y el antiguo sistema de pensiones, se estableció Claramente todos aquellos aspectos que subsistían y aquellos que se

extinguían.

En el sistema de AFP las pensiones por accidentes del trabajo duran hasta que el afiliado tiene la edad para jubilarse. Ahí cesa la obligación que tiene el sistema antiguo de continuar pagando la pensión por accidente, y la AFP asume la obligación de pagar la

pensión por vejez;

CUADRAGESIMOSÉPTIMO: Que, asimismo, se sostiene que mientras la pensión que emanaba del D.S. N” 2259, de 1932, era de por vida, la norma impugnada la hace

transitoria.

Al respecto, hay que señalar, en primer lugar, que las pensiones por accidentes del trabajo evolucionaron progresivamente desde un sistema de pensiones vitalicias, a pensiones que duraban hasta que el trabajador estuviera en edad de jubilarse. En efecto, la primera ley de accidentes del trabajo, la N” 3.170, establecía una pensión vitalicia permanente, Cuyo monto dependía del

tipo de incapacidad que el trabajador tuviera como

34 000427

producto del accidente (artículo 6”). Lo mismo hacía la

ley que sucedió a ésta. Es decir, el Código del Trabajo de 1931 (D.F.L. N* 178/1931, Ministerio de Bienestar Social), en su artículo 284. Sin embargo, la Ley N* 16.744, de 1968, estableció el carácter temporal de estas pensiones al disponer, en su artículo 53, que “el pensionado por accidente del trabajo Oo enfermedad profesional que cumpla la edad para tener derecho a pensión dentro del correspondiente régimen previsional, entrará en el goce de esta última de acuerdo con las normas generales pertinentes, dejando de percibir la pensión que disfrutaba”. De ahí que el artículo 86 del D.L. N” 3.500 haya establecido también la temporalidad de

esta pensión, no innovando en esa concepción.

En segundo lugar, hay que considerar que, como ya

hemos indicado, el nuevo sistema de pensiones, instaurado

a partir de 1980, significó regular todo un régimen de transición para los trabajadores que estaban afiliados a las antiguas cajas. En lo que aquí interesa, el artículo 83 del D.L. N” 3.500 estableció las siguientes reglas.

Por de pronto, consagró que quienes estuvieran pensionados por accidentes del trabajo, cualquiera fuera el régimen que lo regulara, seguían sujetos a las instituciones de previsión que estaban encargadas, a esa fecha, de otorgar las prestaciones. Enseguida, estableció que dichas pensiones, salvo las de la Ley N” 16.744, eran

de cargo fiscal.

Por lo mismo, las normas legales que establecieron la transición reconocieron la continuidad de las

prestaciones.

Sin embargo, para aquellos trabajadores pensionados que ingresaban a las AFP, se estableció, por una parte, la obligación de cotizar y, por la otra, el cese de la

pensión de invalidez cuando se tuviera la edad para

000428 , , l /

jubilar, pues ahí el trabajador adquiría el derecho a

pensionarse.

La continuidad del beneficio de las antiguas cajas, entonces, se hizo condicionada a su temporalidad. Ésa fue la “regla de convivencia” entre el antiguo y el nuevo sistema definida por el legislador, a quien le corresponde decidir en la materia (artículo 65, inciso

cuarto, N” 4, de la Constitución).

En tercer lugar, la ley que estableció el cese de la pensión lo condicioné a un hecho personal y voluntario de los trabajadores pensionados por accidente laboral: el que ingresaran a una AFP. El artículo 86 se aplica únicamente a los trabajadores afiliados al sistema de AFP. la ley no estableció la obligación, para los

trabajadores que tenían algún tipo de pensión, de

afiliarse al nuevo sistema. Para éstos, era opcional

£ SLCAETARIA hacerlo (artículo 1 transitorio, D.L. N” 3.500). No

ocurrió lo mismo con los trabajadores que se incorporaron al mundo laboral después del 31 de diciembre de 1982.

Éstos “deberán incorporarse al sistema que establece esta

ley” (artículo 1? transitorio, D.L. N* 3.500).

En cuarto lugar, hay que considerar que mientras las pensiones por accidente de los sistemas regulados en las distintas cajas fueron asumidas por el Fisco (artículo 83, inciso segundo, D.L. N” 3.500), la jubilación en una AFP es cubierta por las cotizaciones obligatorias y voluntarias y por los ahorros voluntarios que puede haber hecho el afiliado; no son de cargo fiscal. El Fisco sólo interviene para nivelar las pensiones inferiores a la básica solidaria de vejez (Ley N” 20.255). Por lo mismo, el compromiso del Fisco de mantener las pensiones del antiguo sistema, para aquellos gue se afiliaron a una AFP, no se prolonga más allá de la edad en que una persona pueda jubilar. Y tampoco existe ninguna normativa

que obligue a las AFP a asumir dicha pensión;

36 000429 tucalivueto eirndinee

CUADRAGESIMOCTAVO: Que, dentro de la misma afectación al artículo 19, N” 24”, de la Constitución, se esgrime que el monto de la pensión que podrían obtener al jubilarse por AFP, sería más bajo que el que actualmente

reciben.

Al respecto, Cabe señalar que el sistema del artículo 14 del D.S. N” 2259, de pensión con sueldo íntegro, es excepcional y muy beneficioso para los

trabajadores.

Enseguida, que sobre una eventual baja de la pensión por vejez, no se ha entregado ningún antecedente concreto

que permita sustentar esa afirmación.

Además, el artículo impugnado no es el que

provocaría una eventual baja de la pensión.

También cabe considerar que el derecho de propiedad

sobre la pensión no depende de su monto. Los trabajadores son dueños de su pensión por accidentes laborales, sea ésta alta o baja. Pero cuando ingresaron a una AFP, optaron porque esa pensión cesara al tener la edad para

jubilar.

El derecho de propiedad sobre la pensión es en los términos en que lo configura el legislador. Y éste estableció que la pensión por vejez era incompatible con las pensiones por accidentes del trabajo, cualquiera fuera el régimen jurídico que regulara a éstos. En un Estado de Derecho, no son los deseos de tener una pensión que se considera óptima, lo que el ordenamiento jurídico debe garantizar, sino aquella que resulta de la aplicación de las normas que la regulan. Porque son dichas normas las que han ponderado las distintas necesidades públicas que se financian con cargo al

presupuesto de la Nación.

Finalmente, en el evento de que la pensión por vejez

que llegaran a obtener fuere inferior al valor de la

37 000430 fat

pensión máxima con aporte solidario, opera el complemento

solidario establecido en la Ley N* 20.255;

CUADRAGESIMONOVENO: Que, por otra parte, lo relevante es analizar cuál era el régimen jurídico al

momento que empezaron a gozar de la pensión por

invalidez.

De acuerdo a lo que informó el Instituto de Previsión Social, todos los trabajadores empezaron a gozar de la pensión por invalidez vigente en la norma impugnada. Por eso, se les indicó en la respectiva resolución la temporalidad de esta pensión, pues al

cumplir los 60 o 65 años, debían jubilarse.

En tal sentido, no se les ha cambiado el régimen

jurídico;

IBUN

QUINCUAGÉSIMO: Que, finalmente, cabe considerar que,

%

de acuerdo a la base de datos del Congreso Nacional, el D.L. N” 3.500 ha sido modificado por cincuenta preceptos legales, introduciendo más de 826 ajustes a su texto.

Considerar que el texto que rige la relación jurídica entre los requirentes y el sistema de AFPs, es el original del D.L. N” 3.500, no parece acertado. Desde luego, porque eso rigidizaría su relación jurídica a las normas existentes hace más de treinta años. Enseguida, las AFPs están regidas por un “sistema”. Ello supone un conjunto de disposiciones que evolucionan en el tiempo.

Más todavía si es el legislador el que debe regular la seguridad social (artículo 65, inciso cuarto, N*" 6”, Constitución). Asimismo, no hay propiedad sobre normas (STC 467/2006 y 1863/2012). El legislador puede, legítimamente, cambiar las condiciones de ejercicio de un

derecho (STC 1361/2009, 1452/2010 y 2069/2012).

Además, el cambio que introdujo la norma impugnada no puede estimarse discordante con la lógica del sistema estatuido por el D.L. N* 3.500, dada la incompatibilidad

general establecida en la legislación;

38 000431

tarro

QUINCUAGESIMOPRIMERO: Que, por todas estas razones,

no consideramos que la norma impugnada vulnere el derecho

de propiedad.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 79 y siguientes de la Ley N” 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue establecido por el D.F.L.

N* 5, de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y lo establecido en los artículos 19, N*s 2”

y 24%, y 93, inciso primero, N” 6”, e inciso undécimo, de

la Constitución Política de la República,

SE RESUELVE:

QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD DEDUCIDO.

DÉJASE SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DECRETADA A FOJAS 205. OFÍCIESE AL EFECTO.

Se previene que la Ministra señora Marisol Peña Torres y los Ministros señores Iván Aróstica Maldonado y José Ignacio Vásquez Márquez no comparten lo razonado en el considerando séptimo de la sentencia, especialmente en aquella parte que señala que si se ha dictado sentencia desestimatoria de inaplicabilidad con anterioridad y respecto del mismo precepto legal impugnado en esta nueva oportunidad, “ya no puede reiterarse el debate de constitucionalidad sobre el mencionado precepto, clausurándose el debate en esta materia.” Se agrega que,

por eso, contra las sentencias de inaplicabilidad no cabe

00432

“a

recurso alguno Y no puede ser intentada la misma cuestión nuevamente si se invoca el mismo vicio en las sucesivas instancias o grados de la gestión en que se

hubiere promovido.” Ello, teniendo presente lo siguiente:

1%. Que la acción de inaplicabilidad confiada al Tribunal Constitucional por la reforma a la Carta Fundamental del año 2005 ha sido explicada por esta misma Magistratura sosteniendo que "(.) lo que podrá ser declarado inconstitucional por motivos de forma 0 de fondo, es la aplicación del precepto legal impugnado a un caso concreto, lo que relativiza el examen abstracto de constitucionalidad” (STC Rol N* 741, <. 10%). Como asimismo que “la decisión jurisdiccional de esta Magistratura ha de recaer en la conformidad O contrariedad con la Constitución que la aplicación del precepto impugnado pueda tener en cada caso concreto sub lite, lo que no implica necesariamente una contradicción abstracta y universal con la preceptiva constitucional.”

(STC Rol N* 755, c. 16%). (Énfasis agregados). Se trata así de “un control con claro carácter incidental, en la medida que se desarrolla en el marco de un ¡proceso pendiente.” (Pica, Rodrigo. Control Jurisdiccional de la Ley en Chile, Ediciones Jurídicas de Santiago, Santiago, 2012, p. 77);

2%. Que, a la luz de lo expresado, nada obsta a que puedan interponerse diversos requerimientos de inaplicabilidad respecto de un mismo precepto legal y por un mismo juez, si ello acontece teniendo como base la existencia de procesos diversos, pues se trata precisamente, de plantearle al Tribunal Constitucional la inaplicabilidad del referido precepto atendida la situación fáctica involucrada en cada uno de esos

procesos que no necesariamente puede coincidir;

Landa oo

. 000433 teabriendo frsicdo y fue,

3”. Que, en la especie, la acción de inaplicabilidad se deduce por el mismo juez que planteara el requerimiento fallado en sentencia Rol N”* 2196, de 9 de abril de 2013, y en relación a idéntico precepto legal (artículo 86 del Decreto Ley N” 3.500) que habría de ser aplicado en los procesos sobre declaración de mera

certeza roles acumulados N*s 1873-2011 y 16.914-2011.

En esta oportunidad coincide el legitimado activo del requerimiento, también algunos de los demandantes en el juicio -que también es una acción de mera certeza- y el precepto legal impugnado, pero se trata de un proceso

distinto que lleva el Rol N*” 17.283-2014.

Algo similar ocurrió en los 33 requerimientos de inaplicabilidad acogidos entre los años 2006 y 2007

previo a la dictación de la sentencia de

inconstitucionalidad del artículo 116 del Código Tributario (STC Rol N” 680) en las que, como podrá observarse, se planteaba el mismo conflicto jurídico, aunque en gestiones judiciales diversas relacionadas con

distintos reclamos tributarios;

4%. Que, en consecuencia, y a juicio de estos Ministros previnientes, no resulta aplicable en este caso lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica Constitucional de este Tribunal, según el cual “Resuelta la cuestión de inaplicabilidad, no podrá ser intentada nuevamente, por el mismo vicio, en las sucesivas instancias o grados de la gestión en que se hubiere promovido”, toda vez que, Claramente entre el requerimiento fallado en sentencia Rol N” 2196 y el presente existe diferencia de gestiones pendientes, lo que no amerita reprochar la conducta del juez requirente

al acudir a este Tribunal por segunda vez.

Finalmente, una conclusión distinta a la que se ha arribado implicaría, en concepto de quienes suscriben

este voto, transformar, en los hechos, la naturaleza de

IN 41 000434

Fina ¿tudio

la sentencia recaída en una acción inaplicabilidad por inconstitucionalidad pasando de su característica de ser

inter partes a un efecto erga omnes.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Cristián Letelier Aguilar, quien estuvo por acoger el requerimiento deducido, en virtud de las siguientes

consideraciones:

1%) Que, las bases de la institucionalidad establecidas en el artículo 1” de la Carta Fundamental constituyen, un conjunto de principios y valores que

tienen fuerza obligatoria respecto de todas las

disposiciones contenidas en el texto fundamental, y que ellas deben ser el referente para una interpretación

genuina del Código Político en actual vigor;

2%) Que, de entre esos principios está la dignidad humana del cual se infiere, con claridad inequívoca, que todo ser humano, sin distinción ni exclusión, está dotado de esa cualidad, fuente de los derechos fundamentales que se aseguran en el artículo 19 constitucional. De la dignidad se deriva un cúmulo de atributos, con los que nace y que conserva durante toda su vida la persona.

Entre tales atributos se hallan los derechos públicos subjetivos o facultades que el ordenamiento jurídico le asegura con carácter de inalienables, imprescriptibles e

inviolables en todo momento, lugar y circunstancia;

3) Que, uno de esos derechos fundamentales es la propiedad, que, conforme lo refiere el profesor nombre reservado “la actual Constitución consagra un

fortalecimiento a dicho derecho, particularmente si ya

42 000435 tualoniento Faicla yin

está constituido” (nombre reservado, Escritos

Personales, Editora Zigzag, año 1992, p.176);

4%) Que, en efecto, el artículo 19, N” 24, constitucional, en la parte pertinente expresa “Artículo

19. La Constitución asegura a todas las personas:

240.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la

utilidad y la salubridad públicas y la conservación del

patrimonio ambiental.

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general oO especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia

dictada conforme a derecho por dichos tribunales.”;

5%) Que, del precepto transcrito se deduce con nitidez:

a) El aseguramiento a todas las personas de la propiedad adquirida, sobre las cosas corporales e incorporales que están dentro del comercio humano,

b) Se dispone reserva legal para establecer los modos de adquirir el dominio e imponerle restricciones,

obligaciones y privaciones, y

43 000436 luolrocemte himtaq mis

C) No puede el derecho de propiedad ser afectado en su esencia. Tan claro es esta parte de la disposición constitucional, que es la única garantía que lo contempla, pues todas las demás consagradas en el artículo 19 están amparadas en su numeral 26. Sobre la afectación del derecho en su esencia, esta Magistratura ha entendido que ello ocurre si "un derecho es afectado cuando se le priva de aquello que le es consustancial, de manera tal que deja de ser reconocible y que se impide el libre ejercicio”

(STC Rol N* 43, c.21);

6%) Que, precisamente, el requerimiento de autos impugna el artículo 86, del D.L. N* 3.500, por

considerarlo que infringe la garantía constitucional del

numeral 24? del artículo 19 constitucional, en su esencia, al establecer que cesará de pleno derecho la pensión de invalidez referida en el inciso primero de la disposición cuando el trabajador cumpla la edad establecida en el artículo 3” del citado decreto ley,

teniendo el derecho de pensionarse por vejez;

7%) Que, para dilucidar si el precepto legal observado es contrario a la Constitución, particularmente a la garantía constitucional de la propiedad, es preciso determinar la naturaleza jurídica de la pensión de vejez y de la pensión de invalidez, para después establecer si en el caso concreto se afectan derechos adquiridos como

se manifiesta en el requerimiento;

8”) Que, la pensión de vejez que integra el sistema de seguridad social estatuido en el D.L. N* 3.500, está referida a la edad del trabajador, cuyo fundamento es que liegado un tiempo en la vida, el trabajador activo tiene el derecho a cesar en las actividades laborales, para descansar legítimamente, percibiendo un emolumento, que en el caso del actual sistema previsional chileno regido

por el tantas veces citado D.L. N” 3.500, responde a una

44 000437

cantidad de dinero que percibe tras el ahorro que logró

efectuar durante el transcurso de su existencia laboral;

9%) Que, por el contrario, la naturaleza jurídica de la pensión de invalidez, se origina por una enfermedad o accidente laboral que impiden al trabajador su desempeño en las funciones de que se trate, establecidas, sea en el contrato de trabajo, sea en el decreto de nombramiento, dependiendo si se trata de trabajadores del sector

privado o público;

10%) Que, respecto a la gestión pendiente en que incidirá la norma jurídica objetada, comprende a trabajadores de la Empresa Ferrocarriles del Estado que conforme al D.S. N* 2259, de 1931, perciben una pensión por accidente del trabajo, afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones, por lo que, llegada la edad establecida en el artículo 3” del D.L. N” 3.500 ha tenido lugar lo establecido en el inciso segundo del artículo

86, del mismo decreto ley;

11%) Que, sobre el particular, considerando la forma amplia que el ordenamiento constitucional ampara y protege el derecho de propiedad, se debe considerar la institución de los derechos adquiridos. Al respecto, diversos autores nacionales y extranjeros han conceptualizado lo que se entiende por derechos adquiridos, para diferenciarlos de las meras expectativas. Así, Para Merlin, “derechos adquiridos son "aquellos que han entrado en nuestro patrimonio, que hacen parte de él y que no puede ya quitarnos aquél de quien lo tenemos". (M. Merlin, Repertoire Universel el Raisonné et Jurisprudence, 5 edición, tomo 5”, pág.

537). El tratadista italiano Gabba, en su obra "Teoría de la retroactividad de la ley" (Teoría della retroactivitá delle legi", tercera edición, Torino, 1891-1898, tomo I, pág. 191), expresa que se entiende por derechos

adquiridos "todos aquellos derechos que son consecuencia

tualrcaiemte, Freno

y 42%

45 000438

de un hecho apto para producirlos bajo el imperio de la ley vigente al tiempo en que el hecho se ha realizado y que han entrado inmediatamente a formar parte del patrimonio de la persona, sin que importe la circunstancia de que la ocasión de hacerlos valer se presente en el tiempo en que otra ley rija". Don nombre reservado

nombre reservado, en su obra Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, tomo I, pág. 64, dice literalmente:

"Pero en el fondo todas las definiciones están de acuerdo en esta idea capital: los derechos adquiridos son las facultades legales regularmente ejercidas y las expectativas aquellas facultades no ejercidas en el

momento del cambio de legislación" (STC Rol N*12 c.16);

12?) Que, conforme a dichos conceptos, los

demandantes en el requerimiento de autos, efectivamente

han percibido una pensión de invalidez, la cual ha ingresado a su patrimonio y, por lo tanto, constituye un derecho adquirido que no se puede afectar, ni aún por el legislador, porque de hacerse, se estaría vulnerando, en su esencia el derecho de propiedad en los términos que lo

establece el artículo 19 N” 24 constitucional;

13%) Que, lo anterior tiene lugar respecto de aquellos trabajadores que perciben desde antes de la dictación de la Ley N” 18.646, que modificó el artículo 86, Y respecto a los trabajadores que obtuvieron su pensión de invalidez posterior a la ley mencionada “fueron objeto de un cambio en las reglas gue conformaban su estatus. Disfrutaban de un derecho eventual, reconocido y amparado por el ordenamiento jurídico, que se incorpora como adquirido al patrimonio de su titular.

No se trata de una simple expectativa de hecho, sino de lo que se conoce como una expectativa de derecho, derivada de la concurrencia del supuesto básico de la

obligación, a la que solo falta el cumplimiento de la

e.

AR UN

ad condición para completarse” (STC Rol N” 2196, voto

disidente);

14?) Que, la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad tiene lugar si la aplicación de un precepto legal invocado en una gestión judicial pendiente, produce efectos contrarios a la Constitución Política, lo que en la especie indudablemente ocurre, pues se afecta sustancialmente el patrimonio de las personas que han comparecido ante el juez del 22” Juzgado Civil de Santiago, deduciendo acción de mera certeza, considerando que, al extinguirse las pensiones de invalidez que estaban percibiendo, por la llegada de la edad que los habilita para obtener una pensión de vejez, les cercena su derecho patrimonial, afectando el derecho de propiedad, y lo que más grave, su dignidad como persona, lo que hace que el artículo 86, del D.L. N*3500, sea sustancialmente contrario a la Constitución, por lo

que este requerimiento debió ser acogido.

Redactó la sentencia el Ministro señor Carlos Carmona Santander; la prevención la Ministra señora Marisol Peña Torres, y la disidencia el Ministro señor

Cristián Letelier Aguilar.

7 reee

o 000440

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N” 3031-16-INA.

] 7 Aróstica

(Ss Garglía Sr A Hernández

od VD

Sra. nombre reservado

nombre reservado por el Excmo. pÁbunal Constitucional, integrado por su Presidente, Winistro señor Carlos Carmona Santander, y por sus Ministros señora Marisol Peña Torres, señores Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza, señora María Luisa Brahm Barril y señores Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y José Ignacio Vásquez Márquez.

Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, señor Rodrigo Pica Flores.

——

6.4982 45-

OO O al.

000441

o.£.s, Santiago, 18 de enero 2017.

OFICIO N* 56-2017 Remite sentencia, SEÑOR JUEZ TITULAR

nombre reservado SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO:

Remito a US. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 18 de enero de 2017, en el proceso Rol N* 3.031-16-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por nombre reservado, Juez Titular del nombre reservado Segundo Juzgado Civil de Santiago, respecto del artículo 86 del Decreto Ley 3.500, en los autos acumulados Rol C-17.283-2014, sobre declaración de mera certeza, caratulados “nombre reservado nombre reservado con

Instituto de Previsión Social”, sustanciados ante ese nombre reservado Segundo Juzgado Civil.

Saluda FT a US.

as Y” 1 i o ARLÓS CARMÓNA- SANTANDER / A l- residente

nombre reservado

Secretario A

SEÑOR JUEZ TITULAR

nombre reservado SEGUNDO JUZGADO CIVIL SANTIAGO:

domicilio reservado

PRESENTE.- 000442

Notificaciones del Tribunal Constitucional lualnmiemlo, toreo, alo,

De: tribunalconstitucional.cl <seguimientoOtcchile.cl> Enviado el: jueves, 19 de enero de 2017 10:28 Para: pmoralesOperezdonoso.cl; acruzO perezdonoso.cl; lily.torrejonOips.gob.cl;

: ruben.gutierrezQips.gob.cl; susana.roaQips.gob.cl; claudia.alvarezOips.gob.cl Asunto: Notificacion Rol 3031-16 Datos adjuntos: 1782 _1.pof

Señores Patricio Morales nombre reservado y nombre reservado,

abogados, por los demandantes y Señora nombre reservado, señora nombre reservado y don nombre reservado, abogados en representación del Instituto de Previsión Socia (ex I.N.P.):

Adjunto remito a ustedes la sentencia definitiva dictada por este Tribunal en el proceso Rol N* 3031-16, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por nombre reservado, Juez Titular del nombre reservado Segundo Juzgado Civil de Santiago, respecto del artículo 86 del Decreto Ley 3.500, en los autos acumulados Rol C-17.283-2014, sobre declaración de mera certeza, caratulados "nombre reservado con Instituto de Previsión Social", sustanciados ante el nombre reservado Segundo Juzgado Civil de Santiago.

Atentamente,

Secretario Abogado

secretario(Mtcchile.cl

Tribunal Constitucional domicilio reservado - Chile

000443 tica Lomvieno corarda ¡E

Santiago, 18 de enero de 2017.

OFICIO 5357-2017

Remite sentencia.

EXCELENTISIMA SEÑORA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA:

Remito a V.E, copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 18 de enero de 2017, en el proceso Rel N* 3.031-16-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por nombre reservado, Juez Titular del nombre reservado Segundo Juzgado Civil de Santiago, respecto del artículo 86 del Decreto Ley 3.500, en los autos acumulados Rol C-17.283-2014, sobre declaración de mera certeza, caratulados “nombre reservado con Instituto de Previsión Social”, sustanciados ante el nombre reservado Segundo Juzgado Civil de

Santiago.

Saluda atent;

nombre reservado

nombre reservado

[presten

A

A AA NS nombre reservado

Secretario

AS.E.

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA DOÑA MICHELLE BACHELET JERIA PALACIO DE LA MONEDA PRESENTE.-

A Tn PTE A A AN A PS O A A A A A A A e

000444 la ferciolo, toda

Santiago, 18 de enero de 2017,

OFICIO N* 58-2017

Remite sentencia.

EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL H. SENADO:

Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 18 de enero de 2017, en el proceso Rol N” 3.031-16-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por nombre reservado, Juez Titular del nombre reservado Segundo Juzgado Civil de Santiago, respecto del artículo 86 del Decreto Ley 3.500, en los autos acumulados Rol C-17.283-2014, sobre declaración de mera certeza, caratulados “nombre reservado nombre reservado con

Instituto de Previsión Social”, sustanciados ante el Segundo Juzgado Civil de

Saluda rs) a Vi / % / AN // A ID / | / sos qee 2 SANTANA o

residente

Santiago.

nombre reservado

Secretario EI 19 ENE 200 —< Correo INTER Sl

Lor BANTIAGO No A S.E, EL PRESIDENTE DEL H. SENADO DON RICARDO LAGOS WEBER SENADO DE LA REPUBLICA

VALPARAISO.-

y 00 , 445 Notificaciones del Tribunal Constitucional . L4A area yr

De: Notificaciones del Tribunal Constitucional <notificacionesOtcchile.cl>

Enviado el: jueves, 19 de enero de 2017 10:01

Para: "secretaria senado.cl'

Cc: "nombre reservado' (ofuentesGtcchile.cl); 'nombre reservado.' (rpicaftcchile.cl);

notificaciones.tcQOgmail.com

Asunto: Comunica sentencia

Datos adjuntos: Oficio N” 58-2017 Senado.pdf; Sentencia.pdf

Señor

nombre reservado

Secretario

Senado

Junto con saludarlo, y sin perjuicio que la actuación a la que alude este mail ha sido enviada por mano, mediante Oficio N” 58-2016, vengo en remitir adjunta sentencia pronunciada por esta Magistratura en el proceso Rol N* 3031-16 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por nombre reservado, Juez Titular del nombre reservado Segundo Juzgado Civil de Santiago, respecto del artículo 86 del Decreto Ley 3.500, en los autos acumulados Rol C-17.283-2014, sobre declaración de mera certeza, caratulados “nombre reservado con Instituto de Previsión Social”, sustanciados ante el nombre reservado Segundo Juzgado Civil de Santiago.

Atentamente,

nombre reservado

Oficial Primero Abogado Tribunal Constitucional 7219224-7212200

€ . 000446 7

o.£.s.

Santiago, 18 de enero de 2 017.

OFICIO N* 59-2017 Remite sentencia, EXCELENTISIMO SEÑOR,

PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS:

Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 18 de enero de 2017, en el proceso Rol N* 3,031-16-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por nombre reservado, Juez Titular del nombre reservado Segundo Juzgado Civil de Santiago, respecto del artículo 86 del Decreto Ley 3.500, en los autos acumulados Rol C-17.283-2014, sobre declaración de mera certeza, caratulados “nombre reservado nombre reservado con

Instituto de Previsión Social”, sustanciados ante el Vigésiiio Segundo Juzgado Civil de

Santiago.

Saluda atentámente y N.E, | -| N N No CARLOS E A AS ANTANDER l | rre Presidio A TT A nombre reservado

Secretario ASE,

EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DON OSVALDO ANDRADE LARA

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

PEDRO MONTT S/N?

VALPARAISO.-

Entregado a Correos Chile. Santiago, 19 de enero de 2017.

A A A A A A A A A A A A A A A a

. 00044 Notificaciones del Tribunal Constitucional tula Y nd, yate,

De: Notificaciones del Tribunal Constitucional <notificacionesOtcchile.cl>

Enviado el: jueves, 19 de enero de 2017 10:01

Para: "tc_camaraOcongreso.cl'; 'mianderosfWcongreso.cl"; jsmokHcongreso.cl

cc: "nombre reservado" (ofuentesGtcchile.cl); 'nombre reservado.' (rpicaOtcchile.cl);

notificaciones. tcO4gmail.com

Asunto: Comunica sentencia

Datos adjuntos: Oficio N* 59-2017 Cámara Diputados.pdf; Sentencia.pdf

Señor

nombre reservado

Secretario

Cámara de Diputados

Junto con saludarlo, y sin perjuicio que la actuación a la que alude este mail ha sido enviada por carta certificada, mediante Oficio N” 59-2016, vengo en remitir adjunta sentencia pronunciada por esta Magistratura en el proceso Rol N* 3031-16 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por nombre reservado, Juez Titular del nombre reservado Segundo Juzgado Civil de Santiago, respecto del artículo 86 del Decreto Ley 3.500, en los autos acumulados Rol C-17.283-2014, sobre declaración de mera certeza, caratulados “nombre reservado con Instituto de Previsión Social”, sustanciados ante el nombre reservado Segundo Juzgado Civil de Santiago.

Atentamente,

nombre reservado

Oficial Primero Abogado Tribunal Constitacional 7219224-7219200

o