Inaplicabilidad de Precepto Legal · Código de Procedimiento Civil

Santiago, veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis.

VISTOS:

Con fecha 21 de marzo de 2016, Puertos y Logística

S.A., representada legalmente por nombre reservado

nombre reservado, deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 768, inciso

segundo, del Código de Procedimiento Civil, para que

surta efectos en los autos caratulados “Puertos y

Logísticas S.A. con Fisco de Chile”, Rol N” 765-2015 de

la Corte de Apelaciones de Concepción, en actual

conocimiento de la Corte Suprema por recursos de casación

en la forma y en el fondo, bajo el Rol N* 18.469-2016.

Precepto legal cuya aplicación se impugna.

El texto del precepto legal impugnado dispone:

“Código de Procedimiento Civil.

(...)

Título XIX

DEL RECURSO DE CASACION

l. Disposiciones generales

(.)

Artículo 768.

(.)

“En los negocios a que se refiere el inciso

segundo del artículo 766 sólo podrá fundarse el recurso de casación en la forma en alguna de las causales indicadas en los números 1”, 2%, 3%, 4”,

6%”, 7% y 8% de .este artículo y también en el número 5% cuando se haya omitido en la sentencia

la decisión del asunto controvertido.”.

Síntesis de la gestión pendiente.

En relación con la gestión judicial en que incide el requerimiento, la actora comienza señalando que en diciembre de 2012, por Decretos Exentos del Ministerio de Obras Públicas, fue privada de dos terrenos, ambos ubicados en la comuna de Penco. El precio fijado para su valor, en razón del metro cuadrado, no fue del parecer de los requirentes, quienes presentaron la correspondiente reclamación judicial.

Fallando dicha presentación, el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Concepción, elevó el monto de cada metro cuadrado de terreno dei primer terreno, no así del

segundo. Apelada dicha decisión, -y acompañando los actores diversa documentación a efectos de acreditar sus pretensiones ante la Corte de Apelaciones de Concepción,

ésta, con fecha 29 de enero de 2016, confirmó, con costas del recurso, la sentencia definitiva apelada, realizando precisiones en torno al valor final de ambos terrenos.

Mas, argumentan, los informes acompañados para una mejor

ilustración del Tribunal de Alzada, no fueron examinados, analizados ni ponderados por éste al dictar el mencionado fallo de seguñda instancia. De esta forma, existiría una objetiva omisión del examen de la prueba documental rendida, sin justificación para ello, careciendo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, de los fundamentos de hecho y de derecho que prescribe el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo, así, en el vicio previsto en el artículo 768, numeral 5%, del mismo cuerpo adjetivo.

Por lo anterior, la requirente dedujo recursos de casación en la £forma y en el fondo, con fundamento en dicha causal, en relación con el artículo 170 numeral 49 del cCódigo en comento. Dichas presentaciones fueron concedidas para ante la Corte Suprema con fecha 19 de febrero de 2016, dando origen a la gestión judicial pendiente en estos autos constitucionales.

Conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal.

La requirente sostiene que la norma reprochada, en

la gestión judicial ventilada ante la Corte Suprema,

produce diversos resultados contrarios a la Constitución

Política.

En primer lugar, enuncia que se produce una

contravención al artículo 8% constitucional, que consagra

el principio de publicidad de los actos de los órganos del Estado, en relación con lo dispuesto en el artículo

69, inciso primero, del Texto Fundamental, en tanto, el

principio de vinculación directa de dicho cuerpo con los

órganos en que el Estado cumple funciones, alcanza

también a los Tribunales de la República, y, en necesaria

consecuencia, sus actos están regidos por el mismo principio de publicidad.

Por lo anterior, la restricción establecida por el

inciso segundo del artículo 768 del código de

Procedimiento Civil, produciría, sostiene la requirente,

un efecto arbitrario, en tanto impide conocer cuáles son

los fundamentos o motivos de las sentencias definitivas dictadas en procedimientos o reclamaciones regidos por

leyes especiales, ya que, en caso de ser éstas omitidas

por el juzgador, no existe mecanismo de impugnación alguno que permita anular la sentencia, corregir ese

defecto y entregar la mnecesaria publicidad al acto

jurisdiccional, conforme lo ordena la normativa

constitucional.

T T En segundo término, reseña vulneración al artículo 19, numeral 29 de la Constitución Política, esto es, la garantía de igualdad ante la ley, ya que la norma reprochada carecería de un fundamento jurídicamente legítimo desde una perspectiva constitucional, a la luz de la historia fidedigna de su establecimiento, en que, con su introducción, en el año 1915, no consta que se produjera debate o se aportara razón alguna para ello.

La arbitrariedad es mucho más manifiesta si, en el caso de autos, ello implica privar a la parte requirente de su propiedad, atendida la especialísima materia de que se trata en los procedimientos regidos bajo el D.L. N"9 2.186.

En tercer lugar, la requirente formula argumentación en torno a la garantía constitucional del debido proceso legal, consagrado en el artículo 19, nmumeral 3”7, inciso quinto, en relación con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, normativa que es vulnerada con la norma reprochada. Conforme expone, la norma impugnada del Código de Procedimiento Civil no es congruente con el derecho a una sentencia fundada, en que el sentenciador se forme convicción conforme a derecho luego del análisis de toda la prueba aportada.

En el caso planteado en estos autos, sostiene la requirente, la Corte de Apelaciones de Concepción no ha cumplido con dicho deber de motivación del fallo, transgrediendo la garantía del debido proceso, omitiendo la debida ponderación de la documentación aportada en segunda instancia. Así, al negar el recurso de casación en la forma en juicios regidos por leyes especiales, el legislador permitiría que se omita dicho importante deber para alcanzar la verdad del procedimiento, denegando, a su turno, la posibilidad de contar con un recurso sencillo y rápido de que trata la normativa internacional ya enunciada.

Finalmente, estima transgredido el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19, mumeral 249 constitucional. La requirente reseña que el constituyente, en dicha nmorma, ha establecido que la expropiación, consistente en la privación del dominio, impuesta forzosamente por el Estado, es la única vía jurídicamente correcta para privar de la propiedad a un particular, pero, con la contracara de que éste siempre

tendrá derecho a una indemización producto de dicha circunstancia, determinada mediante sentencia en un procedimiento legalmente tramitado. En el caso de autos, con una sentencia inmotivada, que cierre el debate en los procedimientos expropiatorios, ello no se condice, en caso alguno, con las garantías antes mencionadas.

Por estas argumentaciones, solicita se acoja el

requerimiento deducido a fojas 1, y se declare la

inaplicabilidad de la mnorma reprochada, previamente

enunciada.

Admisión a trámite, admisibilidad y observaciones de fondo al requerimiento.

El requerimiento se acogió a trámite a través de

resolución de la Segunda Sala de este Tribunal

Constitucional, de fecha 30 de marzo de 2016, a fojas 68,

oportunidad procesal en que fue decretada la suspensión del procedimiento en la gestión pendiente en que incide.

Posteriormente, fue declarado admisible el día 19 de abril de 2016, resolución rolante a fojas 131.

Conferidos los traslados sobre el fífondo a los órganos constitucionales interesados, así como a las

partes de la gestión pendiente, fue evacuada presentación

por el Consejo de Defensa del Estado, conforme los

argumentos que a continuación se exponen.

Observaciones del Consejo de Defensa del Estado.

A fojas 143, con fecha 11 de mayo de 2016, el Consejo de Defensa del Estado se hace parte de la gestión pendiente del requerimiento de inaplicabilidad de autos, realizando observaciones a la presentación de fojas 1, instando para que ésta sea rechazada en todas sus partes.

El ente fiscal sostiene, en primer término,

argumentando en torno a la garantía consagrada en el

artículo 19, numeral 3%, de la Constitución Política, que ésta, no conteniendo una enumeración taxativa de .los elementos integrantes del debido proceso, en caso alguno

puede ser entendida en el sentido que el precepto carece de todo contenido y que no se establecieron límites

materiales al legislador para la determinación de las garantías, sino más bien, se evitó la rigidez, para

resguardar la mnecesaria diferenciación que exigen los diversos tipos de procedimientos judiciales. Así, no hay en Chile un único modelo de las garantías integrantes del

debido proceso, enlazado ello con lo dispuesto en el

artículo 63, numeral 39 constitucional, en que es materia

de reserva legal las materias que sean objeto de codificación procesal.

Unido necesariamente a lo anterior, sostiene que el

requerimiento pretende que este Tribunal Constitucional reconozca el derecho a un recurso que el procedimiento no

contempla. aAsí, ha sido el legislador, ejerciendo competencias constitucionales, el que ha determinado que

en los procedimientos especiales la parte recurrente carezca del derecho a interponer un recurso

extraordinario de casación en la forma. lLa parte requirente, agrega a este respecto, pretende lograr que

su impugnación resulte admisible por i¡imperio de la sentencia que se dicte en este requerimiento y no por

mandato de la ley.

A este respecto, expone que, dada la especial naturaleza del procedimiento de expropiación, éste no permite, en disposición alguna del Decreto Ley que lo regula, discutir y resolver acerca del asunto que la requirente pretende sea conocido y fallado por los tribunales ante los que ha interpuesto los respectivos recursos.

Conforme' argumenta, el recurso de casación es un

recurso de mulidad procesal, extraordinario y de derecho

estricto, por lo que no procede en toda clase de

resoluciones judiciales y fundado en un perjuicio

genérico denominado “agravio”; por el contrario, su

carácter extraordinario implica que éste sólo permite

impugnar cierta clase de resoluciones: aquellas que el

legislador determine, y en la medida que se produzca una

cierta y determinada clase de vicios expresados en causales legales, no genéricas.

Por lo anterior, la aplicación del precepto

impugnado no vulnera el derecho al debido proceso de la parte requirente. Una discrepancia de criterio acerca de

una decisión legislativa en materia recursiva no es

eficaz mni pertinente para configurar la causal de

inaplicabilidad de que trata el artículo 93, mnumeral 6% constitucional. De la lectura de los procedimientos de

reclamación contemplados en el Decreto Ley N% 2.186, se

observa que en éste se encuentran presenten todos los

presupuestos mínimos del debido proceso legal, y, en lo que dice relación con el derecho de impugnación de

sentencias que se pronuncien en primera y segunda instancia, dicho derecho está regulado expresamente, y de

ese modo se cumple la garantía enunciada. Así, la actora

ejerció todos los derechos procesales que el ordenamiento le reconoce, habiendo también apelado de la sentencia definitiva de primer grado, exponiendo en dicho recurso los agravios y las causales de nulidad que ha impetrado en el recurso de casación en la forma, cuestión confirmada por la Corte de Apelaciones de Concepción.

EN consecuencia directa, también deben ser desestimadas las alegaciones en torno a una presunta vulneración a la igualdad ante la ley, de que trata el artículo 19, mumeral 2%; y, del derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19, mumerales 2% y 249, respectivamente. Conforme expone el Consejo de Defensa del Estado, el precepto reprochado se aplica a. todas las partes del juicio, y no solamente a una de ellas, en un procedimiento especial al que quedan sometidas todas las personas, mno produciéndose, en caso alguno, un trato discriminatorio.

Finalmente, en torno a la última garantía fundamental enunciada, el ente fiscal sostiene que su derecho de propiedad no ha sido vulnerado en caso alguno, en tanto la sentencia de segunda instancia analizó la prueba aportada por la actora en dicha sede, desestimándola por ser ésta irrelevante en el juicio expropiatorio en que se discute exclusivamente el monto de la indemnización de perjuicios.

Vista de la causa y acuerdo.

Con fecha 16 de agosto de 2016 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y concurriendo a alegar por la parte requirente, el abogado don Fernando

nombre reservado; y, por el Consejo de Defensa del Estado, la

letrada dofía nombre reservado. A su turno, en

Sesión de Pleno de igual fecha, se adoptó acuerdo de rigor.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la Constitución Política de la

República, en el N* 6% de su artículo 93, confiere a este

— Tribunai Constitucional . la facultad de resolver la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución, siempre que la acción sea planteada por cualquiera de las partes

o por el juez que conoce del asunto y una de las salas

del Tribunal haya deciarado la admisibilidad de la cuestión, conforme lo dispone el inciso undécimo de la

misma norma constitucional;

SEGUNDO: Que, tal como se indica en la parte

expositiva, este proceso se constituye por la eventual

inconstitucionalidad que provocaría la aplicación del

precepto contenido en el inciso segundo del artículo 768

del Código de Procedimiento Civil, en cuanto dispone que tratándose de los juicios a que se refiere el inciso

segundo del artículo 766, esto es, aquellos regidos por

leyes especiales, sólo podrá fundarse el recurso de

casación en la forma en alguna de las causales indicadas

en los mnúmeros 1%, 29, 39, 4%, 6%, 7%9 y 8% de este

artículo y también en el número 5% cuando se haya omitido

en la sentencia la decisión del asunto controvertido;

TERCERO: Que, de los antecedentes expuestos en su

presentación por parte del requirente, es posible apreciar que el Recurso de Casación en la Forma objeto de la presente controversia constitucional, ha sido

interpuesto en virtud de la causal contenida en el

numeral 5% del artículo 768, del Código de Procedimiento

Civil, esto es, “En haber sido pronunciada con omisión de

cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170”, y en relación a esta última norma, perteneciente al mismo cuerpo legal, se interpone por su mumeral 4%, vale

decir, por omitirse “Las consideraciones de hecho o de

derecho que sirven de fundamento a la sentencia”, toda vez que -en concepto del requirente- el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción carecería de las antedichas 10

fundamentaciones, al no efectuar un desarrollo

argumentativo acerca del mérito probatorio otorgado a los

medios acompañados para desvirtuar la sentencia dictada

en primera instancia y específicamente, para acreditar que la condición de “área de protección de recursos de valor natural”, que según el Plan Regulador Comunal de

Penco y el Plan Regulador Metropolitano de Concepción

tendrían los terrenos de propiedad del requirente, no es

efectiva;

CUARTO: Que, el reproche del requerimiento, en lo

relativo a la causal del numeral 5% del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, se vincula a la necesidad

de fundar o motivar las sentencias judiciales y a la repercusión de la infracción de ese deber en el ámbito

constitucional.

ES conveniente, entonces, determinar íí i dicha

exigencia tiene consagración en nuestra Carta Política;

DEL DEBER DE MOTIVACIÓN DE LAS SENTENCIAS

QUINTO: Que, si bien es cierto, la Constitución

Política de la República mno consigna expresa o

especí ficamente el principio de fundamentación o motivación de las sentencias, sin embargo, el mismo puede ser inferido del tenor y de la aplicación conjunta y

sistemática de diversos preceptos constitucionales;

SEXTO: Que, en efecto, la exigencia de motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales y, en general, de toda decisión emanada de autoridad u órgano

estatal, se puede deducir de la propia Constitución,

comenzando por el artículo 6%, que prescribe el

sometimiento tanto a ella como a las normas dictadas en

conformidad a la misma, de todos los órganos del Estado, 11

de sus titulares o integrantes y de toda persona,

institución o grupo, dentro de las cuales se encuentran

las normas que reglan los procedimientos, ya sea

administrativos o judiciales. Tal morma consagra: el

principio de supremacía constitucional, el cual es piedra

angular del sistema democrático, en cuanto somete al

Estado en su conjunto al derecho (objetivo y subjetivo) y proscribe toda actuación arbitraria y antijurídica; lo

que, implícitamente, importa la exigencia de dar razón y

argumentos fundados en las decisiones jurisdiccionales

(STC Rol Ne 2034, c. quinto) a fin de evitar que un

simple arbitrio judicial lesione los derechos de los

justiciables. El inciso final previene que la infracción

de esta disposición constitucional generará responsabilidades vy sanciones legales, las que en el

ámbito de la función jurisdiccional se harán efectivas

mediante el ejercicio de la respectiva superintendencia,

ya sea a través del régimen disciplinario o del sistema

recursivo.

Por su parte, el inciso primero del artículo 7:2

sujeta específicamente a los órganos del eEstado al

principio de juridicidad o de legalidad, en cuanto sus

actuaciones son válidas si sus integrantes han sido

investidos regularmente, lo hacen dentro de su

competencia y en la forma que prescriba la ley, requisito

este último que debe entenderse referido también a las

normas procesales aplicables y, desde 1luego, a la

obligación de motivación y fundamentación que tiene todo juez de la República, por disposición legal. El inciso

final de dicho artículo previene que la contravención del

principio de legalidad se sancionará con la nulidad, lo

que en el ámbito judicial se manifiesta a través de los

recursos de casación y nulidad.

El artículo 8%, que consagra la publicidad de los

actos y resoluciones de los órganos del Estado así como 12

de sus “fundamentos”, necesariamente resulta exigible a

la función jurisdiccional, obligada como se ha dicho tantas veces, a decidir razonada y fundadamente.

El artículo 76 alude explícitamente a los

“fundamentos y contenido” de las resoluciones judiciales,

garantía respecto de lo medular de la decisión de los jueces a fin de salvaguardar el principio de

independencia de los mismos;

SÉPTIMO: Que, el artículo 19 N% 39 prescribe que para garantizar a todas las personas la igual protección en el ejercicio de sus derechos, las sentencias deben

fundarse en un proceso previo legalmente tramitado

reservando o delegando en el legislador el

establecimiento de las garantías de un justo y racional

procedimiento.

Según consta de la historia fidedigna de la

consagración de este precepto y tal como lo ha hecho

presente una reiterada jurisprudencia de este Tribunal, el constituyente consagró en el texto de la Constitución unas garantías mínimas -no taxativas- para el debido proceso, estimando conveniente otorgar un mandato amplio

al legislador para su desarrollo y establecimiento.

Como se ve, el legislador se encuentra obligado por

la Constitución a establecer “siempre las garantías de un

justo y racional procedimiento”, lo cual debe entenderse no sólo en el sentido de toda ocasión u oportunidad,

sino, de amplitud o extensión en que la ley regule algún

procedimiento judicial o administrativo; y, asimismo,

dichas garantías deben orientarse a hacer efectiva la

cautela de los derechos Y la racionalidad del

procedimiento, entre cuyos elementos, resulta primordial,

la motivación y fundamentación de las sentencias, evitando de esta forma toda arbitrariedad judicial;

OCTAVO: Que, por su parte, muestra legislación

procesal recoge y desarrolla el mencionado principio, en 13

los más variados ámbitos jurídicos.

El artículo 170 N% 4 del código de Procedimiento

Civil, contenido en su Libro Primero, sobre Disposiciones Comunes a todo Procedimiento, dispone que las sentencias

definitivas contendrán “las consideraciones de hecho o de derecho” que les sirven de fundamento.

A su vez, el Compendio de Autos Acordados de la

Excelentísima Corte Suprema en su Capítulo Décimo Quinto “De las Normas de Tramitación”, Título I “De las Normas Aplicables a todos los Tribunales del País” en su párrafo I “De la Redacción de las Sentencias” se refiere a la fundamentación de la sentencia en los siguientes

términos:

"Artículo 2. Contenido de la Sentencia.

La sentencia debe contener:

e) Las consideraciones de hecho que sirvan de fundamento al fallo.

Artículo 3. Precisiones de la Sentencia Respecto a los Hechos.

Se establecerán con precisión los hechos sobre que versa la cuestión. que debe fallarse, con distinción de los que hayan sido aceptados o reconocidos por las partes y de aquellos 4TTrespecto de los cuales haya versado la discusión.

En ieguida, si mno hubiere discusión acerca de la procedencia legal de la prueba, los hechos que se encuentren justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que sirvan para estimarlos qcomprobados, haciéndose en caso necesario la apreciación correspondiente de la prueba de autos conforme a las reglas legales.

Artículo 4. Análisis acerca de la Procedencia de la Prueba.

Si se suscita cuestión acerca de la procedencia de la prueba producida, la exposición de los fundamentos que deben servir para aceptarla o rechazarla, sin perjuicio del establecimiento de los hechos en la forma expuesta en los párrafos precedentes para los fines que corresponda.

14 Artículo 5. Consideraciones de Derecho.

Una vez establecidos los hechos, se procederá a redactar las consideraciones de derecho aplicables al caso.”;

NOVENO: Que, otros textos procesales dan variada cuenta de la mnecesidad de fundar la sentencia, considerando y valorando la prueba.

Así, el artículo 297 del código Procesal Penal dispone que “el tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo.

La valoración de la prueba en la sentencia requerirá

el sefñalamiento del o de los medios de prueba mediante

los cuales se dieren por acreditados cada uno de los

hechos y circunstancias que se dieren por probados”.

De manera análoga, se refieren a la apreciación de la prueba el artículo 456 del código del Trabajo, el 32

de la Ley N? 19.968 (sobre nuevos Tribunales de Familia)

y el 14 de la Ley N% 18.287 (que establece procedimiento

ante los Juzgados de Policía Local) (STC Rol 1873, c.

octavo) ;

Finalmente, cabe mencionar el artículo 25 de la Ley

Ne 20.600 sobre Tribunales Ambientales, que exige en su contenido, nc sólo cumplir con lo establecido en el

artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, sino,

además, ¿a enunciar los fundamentos técnico-ambientales con arreglo a los cuales se pronuncia. Por su parte, en

el artículo 35 del mismo texto legal, relativo a la

prueba, además de establecer el sistema de la sana

crítica, le impone al juzgador la necesidad de considerar

especialmente “la multiplicidad, gravedad, precisión,

concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del

proceso que utilice, de manera que el examen conduzca

lógicamente a la conclusión que convence al 15

sentenciador”. Como se puede apreciar en este caso, el estándar de razonamiento justificatorio o de motivación que debe satisfacer el juez, es expreso y exigente;

DÉCIMO: Que, los jueces se encuentran

constitucionalmente investidos de la función jurisdiccional (artículo 76 CPR), esto es, de decir el

derecho. Esta función no sólo le impone la obligación de juzgar, decidir o resolver el asunto sometido a su

conocimiento, sino, además, la obligación de que tales

decisiones contenidas en las sentencias sean dictadas

conforme a derecho, tanto en el aspecto procesal como en

el material o sustantivo. Junto a las dos obligaciones

precedentemente indicadas, también se le ha impuesto en

la actualidad a la jurisdicción, la obligación e imperativo de motivar y fundamentar las decisiones

contenidas en las sentencias y de hacerlo expreso o

manifiesto.

Tales obligaciones del juez han sido sintetizadas por la doctrina (nombre reservado, Razonamientos en la

Sentencia Judicial, Ediciones Marcial Pons, Madrid, 2013, p.100), del siguiente modo:

a) la actividad procesal, consistente en que el

procedimiento para dirimir el litigio se sustancie conforme a las normas jurídicas procesales. Ssólo así la decisión resolutoriía del litigio s*erá procesalmente conforme a derecho.

b) La actividad decisoria, que consiste en dictar una decisión que resuelva el litigio. Para cumplir la

obligación de juzgar, esa decisión puede ser una

decisión cualquiera, por absurda que sea. Pero, para

cumplir la obligación jurisdiccional, dicha decisión

ha de ser una decisión que diga el derecho. Sólo en este caso la decisión será materialmente conforme al

derecho.

16 c) La actividad justificatoria, que es la acción de motivar la decisión dictada.

DECIMOPRIMERO: Que, de este modo, puede concluirse que la motivación y fundamentación de las sentencias es connatural a. la jurisdicción e ineludible en su ejercicio. Conmstituye, un deber para el juzgador y a la

vez un derecho para el justiciable. Es inherente al derecho a la acción y, por ende, a la concreción de la

tutela ijudicial efectiva; elementos propios de las garantías de un procedimiento racional y justo, cuya ausencia o limitación vulnera la exigencia constitucional;

DECIMOSEGUNDO: Que, a fin de comprender lo anterior,

es conveniente señalar que el deber de justificación o

motivación del contenido y decisión de las sentencias tiene como fin demostrar que el juez ha realizado un razonamiento tal, capaz de explicar que los fundamentos

de su decisión son los correctos y, en consecuencia, que

la sentencia se encuentra conforme a derecho (nombre reservado, Las obligaciones hbásicas de los jueces,

Ediciones Marcial Pons, 2015, pp. 144 vy sgtes). Se

comprenderá entonces, que la garantía constitucional de un racional procedimiento, atiende principalmente a que tanto las normas que lo rijan como la propia actividad del juzgador se basen en un razonamiento justificatorio

de la decisión y la sentencia judiciales. Precisamente a

ello apuntan las normas mencionadas anteriormente en los

considerandos séptimo vy octavo, de los cCódigos de Procedimiento Civil, Procesal Penal, Laboral, de Familia

o de la Ley de Tribunales Ambientales;

DECIMOTERCERO: Que, en este contexto, el requirente

sostiene que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Concepción, conociendo del recurso de

apelación interpuesto en contra de la sentencia 17

definitiva del Primer Juzgado Civil de esa ciudad, que a

su vez resolvió la acción de reclamación contra el monto de la indemnización fijada por la Comisión de Peritos, de

conformidad a lo estipulado en los artículos 12 y

siguientes del decreto ley N9Y 2.186, que aprueba la Ley

Orgánica sobre Procedimiento de Expropiaciones, incurre

en un vicio cuya vía natural de reparación, esto es el

Recurso de Casación en la Forma, le está vedado por el

solo hecho de tener el procedimiento en cuestión, una

regulación especial;

DECIMOCUARTO: Que, de este modo, la imposibilidad

para el requirente de interponer el medio de impugnación antes descrito para el caso concreto de autos, supone una

contradicción con la garantía constitucional de igual

protección de la ley en el ejercicio de los derechos, de

un justo y racional procedimiento y de una tutela

judicial efectiva, al impedir que por su intermedio, el tribunal superior jerárquico pueda restablecer el imperio

del derecho ¿a través de una revisión del fallo cuestionado, lo cual hace procedente una decisión

favorable de esta Magistratura frente al presente

requerimiento, tal como en definitiva ocurrirá;

DE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR NATURAL Y LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

DECIMOQUINTO: Que, la controversia expuesta por el

requirente mediante el ejercicio de la presente acción

constitucional dice relación con la eventual afectación a sus derechos a partir de la determinación del monto de

indemización que le correspondería por la expropiación

de los terrenos de su propiedad de la que ha sido objeto,

los que habrían sido avaluados en un monto inferior al 18

valor de mercado por parte de la Comisión de Peritos, a consecuencia de ser consignados dichos predios como “área

de protección de recursos de valor mnatural” por los

Planes Reguiadores Comunal de Penco y Metropolitano de

Concepción, respectivamente;

DECIMOSEXTO: Que, no correspondiéndole a esta

Magistratura la valoración ni la apreciación de los

elementos que configuran la cuestión judicial pendiente

en la especie, sí parece conveniente exponer algunos

aspectos sobre el conflicto particular, a modo meramente

descriptivo, a fin de contextualizar el ejercicio del

Recurso de Casación en la Forma que da lugar al presente

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad;

DECIMOSEPTIMO: Que, el artículo 2.1.18. de la

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones estipula que “Los instrumentos de planificación territorial

deberán reconocer las áreas de protección de recursos de valor mnatural, así como definir vy reconocer, según

corresponda, áreas de protección de valor patrimonial

cultural”;

DECIMOCTAVO: Que, el artículo antes indicado define

las áreas de protección de recursos de valor natural como “todas aquelias en que existan zonas ¿o elementos

naturales O>protegidos por el ordenamiento jurídico vigente, tales como: bordes costeros marítimos, lacustres

o fluviales, parques nacionales, reservas mnacionales y monumentos naturales”;

DECIMONOVENO: Que, continúa la referida Ordenanza

General precisando que en los casos en que estemos frente

a un área de protección de recursos de valor natural, “los instrumentos de planificación territorial podrán

establecer las condiciones urbanísticas que deberán

cumplir las edificaciones que se pretendan emplazar en

dichas áreas. Estas condiciones deberán ser compatibles 19

con la protección oficialmente establecida para dichas áreas”;

VIGÉSIMO: Que, como es posible advertir, la disposición reseñada junto con definir lo que se entiende por “área de protección de recursos de valor natural”, delimita el campo de acción de los planes reguladores

respecto a dichas zonas, cuestión que, por lo demás, ha sido precisada a través de las Circulares de la División de Desarrollo Urbano (DDU) dependiente del Ministerio de

Vivienda y Urbanismo, como se aprecia en la DDU 219,

dictada a través de la Circular Ordinaria N% 353, de 29 de mayo de 2009 y que en su numero 1, letra b), bajo el

título “ámbito propio de acción del plan regulador intercomunal o metropolitano” establece en su letra í),

en el apartado “observaciones” que estos planes solo

tienen facultades para reconocer las áreas de protección

de recursos de valor natural;

VIGESIMOPRIMERO: Que, en relación a la materia,

junto con reconocer la escasez de mnormativa que desarrolle el alcance del artículo 2.1.18. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, se ha

planteado que las autoridades que intervienen en la

creación de los instrumentos de planificación territorial “no disponen de atribuciones otorgadas en sus normativas sectoriales que les permitan establecer este tipo de

áreas y, por lo mismo, no cabe suponer que el instrumento de planificación territorial respectivo constituye

vehículo regulatorio en el que se expresen atribuciones

inexistentes” (nombre reservado, “Cambio en la

Interpretación Administrativa sobre las Áreas Protegidas

para efectos del SEIA: El Caso de las Áreas de Protección

de Recursos de vValor Natural”. Revista de Derecho

Ambiental del Centro de Derecho aAmbiental de la Universidad de Chile, Número 5, año 2015, pp. 105-114);

VIGESIMOSEGUNDO : Que, en este contexto, la 20

problemática expuesta por el requirente, vinculada a una eventual falta de fundamentación en que habría incurrido la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, al

no pronunciarse sobre los argumentos y medios de prueba

presentados por el recurrente de apelación, en relación a

la legalidad de la declaración de área de protección de

recursos de valor mnmatural contenida en los planes

reguladores comunal de Penco Y Metropolitano de

Concepción y que -en su concepto- incidía directamente en

el valor asignado a sus predios por la Comisión de

Peritos, hacen pertinente que pueda ser revisada por la

Corte Suprema a través del Recurso de Casación en la

Forma, de manera que se asegure una protección jurídica adecuada a los intereses de ambas partes involucradas en

el proceso expropiatorio;

DE LA CASACIÓN

VIGESIMOTERCERO: Que, el Recurso de Casación en la

Forma ha sido conceptualizado como “el acto jurídico procesal de la parte agraviada destinado a obtener del

Tribunal superior jerárquico la invalidación de una sentencia, por haber sido pronunciada por el Tribunal

inferior con prescindencia de los requisitos legales o

emanar de un procedimiento viciado al haberse omitido las

formalidades esenciales que la ley establece” (nombre reservado y nombre reservado, “Los Recursos

Procesales”. Editorial Jurídica de chile. Segunda

Edición, 2012, p. 245);

VIGESIMOCUARTO: Que, siguiendo a nombre reservado, el

Recurso de Casación en la Forma objeto de la presente

controversia, tendría una doble finalidad. La primera de

ellas sería velar “porque los juicios se tramiten previa observancia de todos los trámites o diligencias

prescritos como esenciales por la ley, en atención a que en ellos va envuelta la igualdad en la defensa de los 21

derechos de las partes y la seguridad de que sean legalmente deciarados o reconocidos” y por otra parte a través del mencionado medio de impugnación se hbuscaría velar “porque los jueces, en la dictación de las sentencias, observen las leyes que regulan su forma,

único camino o fórmula de darles a las partes litigantes garantías de acuerdo y justicia en dichos fallos” (nombre reservado, “Manual de Derecho Procesal”. Quinta Edición.

Editorial Jurídica de Chile, tomo IV, 1997, pp. 288-289);

VIGESIMOQUINTO: Que, en concordancia con el análisis

del profesor nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado

sostienen que el referido recurso “Tiene como fundamento

velar por resguardar el respeto por las formas del

procedimiento q4establecidas por el legislador y la

igualdád de las partes dentro de él” (nombre reservado

y nombre reservado, “Los Recursos Procesales”.

Editorial Jurídica de Chile. Segunda Edición, 2012, p.

246);

VIGESIMOSEXTO: Que, de los conceptos resefados

podemos desprender que detrás del ejercicio de este medio de impugnación, se encuentra el legítimo derecho a

obtener una sentencia que dé pleno cumplimiento a los

requisitos que el legislador ha estimado como necesarios

e integrantes de un proceso jurisdiccional estructurado en armonía con las garantías constitucionales aseguradas

a todo aquel que recurre a la decisión de los Tribunales de Justicia;

VIGESIMOSEPTIMO: Que, de este modo, la posibilidad

cierta para el afectado de impugnar la decisión de la

Corte de Apelaciones, en el marco del procedimiento de reclamación por el monto fijado como indemnización por la

expropiación de los terrenos de propiedad del requirente efectuada por el Ministerio de OCbras Públicas, por una

eventual falta de fundamentación en la sentencia, se ajusta plenamente a los objetivos que la doctrina ha

considerado como propios de este recurso, sin que se 22

advierta una razón que justifique la negativa de su ejercicio por el solo hecho de estar frente a un proceso que tiene una regulación especial, dada por el decreto ley N* 2.186, más aun si se considera que las garantías

que se buscan salvaguardar a través del mentado recurso

judicial, están presentes en todo procedimiento, independiente de si tienen o no una regulación

particular.

VIGESIMOCTAVO: Que, asimismo cabe tener presente que

el texto original del Código de Procedimiento Civil, de 1902, concedía el recurso de casación “en jeneral” contra toda sentencia definitiva (artículo 939, actual 1766), incluso por las causales que en el requerimiento de autos interesan (artículo 941, actual 768). Sin embargo, fue la

Ley N 3.390, del año 1918, la que incorporó aquel inciso que excluye el recurso de casación contra las sentencias

que, en los mnegocios que se tramitan como juicios especiales, omiten sus fundamentos de hecho y de derecho,

o se despachan sin cumplir con aquellos trámites o diligencias que la ley considera esenciales (artículo 941, 768 actual);

VIGESIMONOVENO: Que, en la doctrina los recursos

procesales se han clasificado de diversas “formas,

atendiendo a distintas consideraciones, entre otros, en ordinarios y extraordinarios, según la generalidad o mayor o menor cantidad de resoluciones judiciales

respecto de las cuales procede y de las causales en que

se fundan. Según nombre reservado (nombre reservado, Los Recursos del Código de Procedimiento Civil en la doctrina y la vJurisprudencia, Editorial Thomson

Reuters, Santiago, 2015, p. 5), será recurso ordinario

aquel que procede en virtud de una causal genérica y en contra de la mayoría de las resoluciones y recurso

extraordinario aquel que procede por causales específicas

y en contra de ciertas y determinadas resoluciones.

23 La casación en la forma y en el fondo es de aquellos

recursos que la doctrina clasifica como extraordinarios.

Pero tal clasificación obedece a la forma en que el legislador lo ha establecido o regulado en el ordenamiento jurídico, principalmente cuando restringe su procedencia a determinadas resoluciones y por determinadas causales.

TRIGÉSIMO: Que, desde luego, la legislación no permite que en las sentencias recaídas en los juicios especiales se excluyan sus motivaciones, mni faculta emitirlas prescindiendo de formalidades sustanciales de

esa índole.

Lo anterior, por cuanto el mismo Código de

Procedimiento Civil requiere dichas razones de hecho y de

derecho en las disposiciones comunes a todo procedimiento (artículo 170, N *%4).

Más, lo objetable es que la ausencia de un recurso

anulatorio efectivo en tal orden de exigencias arriesga a dejar indemnes »Aalgunas de esas infracciones, con

menoscabo injustificado de los afectados y del interés público comprometido, consistente en la igual defensa

legai de los derechos e intereses de las partes respecto

a las decisiones que adopte la autoridad;

TRIGESIMOPRIMERO: Que, si el artículo 170 N* 4 del

CPC establece como disposición común a todo procedimiento, la obligación esencial de motivación de

las decisiones y sentencias judiciales, tanto de primera

como de segunda instancia, no se ve razón mni lógica

alguna para que un recurso como la casación en la forma,

destinado a proteger un bhien jurídico fundamental, originalmente establecido con carácter general, se haya

restringido en los términos dispuestos por el inciso

segundo del artículo 768, excluyendo precisamente la

causal de infracción del numeral 5, esto es, por haber

sido pronunciada con omisión de cualquiera de los 24

requisitos enumerados en el artículo 170. Tal exclusión resulta aún más incoherente al advertirse que el inciso segundo del artículo 766, al cual se hace remisión en el

inciso segundo del artículo 768, es una disposición que hace extensivo el recurso a los juicios o reclamaciones

regidos por leyes especiales.

Como se ha afirmado en la doctrina nacional (nombre reservado y nombre reservado

Procesales, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2015,

pb. 36), el fundamento objetivo del legislador para

establecer los recursos dentro del proceso “no es otro

que el error humano” y agrega que ellos “cumplen una

función social, como sería velar por la justa composición

del conflicto (..) Es así como es interés de la sociedad velar por el respeto del debido proceso de ley como

derecho fundamental, lo cual se logra mediíante los

recursos de casación y nulidad". lLa ausencia de un recurso anulatorio efectivo respecto de decisiones que infrinjan la referida obligación, en cualquiera de las

instancias del proceso, arriesga a dejarla indemne, con

menoscabo injustificado de las partes y del interés público comprometido, consistente en la igual defensa de

los derechos e intereses de los litigantes.

No se ve razón, entonces, para que se restrinja la

procedencia del recurso de casación en el fondo y en la

forma, de este modo se excluya una causal destinada a

corregir un vicio sustancial contenido en la sentencia.

IGUALDAD ANTE LA LEY

TRIGESIMOSEGUNDO: Que, en sentencias roles N? 1373

Y 1873 esta Magistratura declaró que el inciso segundo

del artículo 768, controvertido, infringe la garantía de igualdad ante la ley procesal, recogida en los números 2%

Y 30 del artículo 19 constitucional, dado que

—discriminatoriamente- mniega a unos justiciables, por 25

sólo quedar afectos a procesos especiales, el mismo recurso de interés general del cual disponen todos quienes están sujetos al juicio ordinario.

Se dijo asimismo allí que no se advierte claramente una finalidad intrínsecamente legítima en el precepto

cuestionado, al impedir que los fallos recaídos en los juicios regidos por leyes especiales puedan ser objeto de

casación por las causales anotadas. “Ningún fundamento

racional aparece en la citada restricción y no se divisa la razón para privar al litigante de un juicio

determinado del mismo derecho que le asiste a cualquier otro en la generalidad de los asuntos (Rol N * 1373,

considerando 199),

Tanto como se consideró que dicha norma quebranta el

derecho a un juicio justo y racional, al privar al

afectado por una sentencia así viciada del instrumento normal llamado a corregir el vicio, amén de no contemplar

otra vía de impugnación que asegure un debido proceso y la concesión de tutela judicial efectiva (Rol N% 1373,

considerandos 139 y 179);

TRIGESIMOTERCERO: Que, reiterada aquella

jurisprudencia precitada, cabe agregar que no es lo mismo

la consagración de normas especiales que el

establecimiento de normas excepcionales.

Porque en el primer caso, como sucede con los

juicios especiales, en lo no previsto por las

disposiciones particulares, rigen las normas generales o

comunes, habida cuenta que entre ambas mno existe

oposición en cuanto a los principios rectores

involucrados. Mientras que en el segundo caso, tratándose

de normas excepcionales, ellas rechazan precisamente la

aplicación de las reglas generales o comunes, por una

razón concreta que amerita la exclusión;

26 TRIGESIMOCUARTO: Que, los grupos relevantes a ser

comparados se ubican en un plano distinto y no se vislumbra una conexión Tracional lógica entre la diferencia establecida por la ley en su artículo 768 del código de Procedimiento Civil y un supuesto fin de interés público que pudiera sustentarila. En otras palabras, no se aprecia una justificación razonable para la discriminación que provocaría la aplicación del

precepto impugnado, deviniendo la misma en arbitraria;

TRIGESIMOQUINTO: Que, así como se ha explicado, la

discriminación arbitraria del legislador en atención, específicamente, a las características del asunto N >kontrovertido, la ausencia de razonabilidad legislativa E "/ resulta aún más patente si el foco de análisis se centra en la razón (o la ausencia de ésta) de por qué habiéndose

admitido la procedencia del recurso de casación, en un

caso se restringe la causal cuya carencia se reprocha y

en otros no, como ocurre, como ya se indicó, en los casos

regidos por el procedimiento ordinario. Por mucho que se

alegue la existencia en materias procedimentales de un

amplio margen de acción abierto al legislador, algo que

ciertamente no le proporciona completa inmunidad frente a

la Constitución, en la diferenciación descrita mni siquiera es posible enarbolar una justificación (aun

débil) para la misma.

Debe tenerse presente, además, que la discriminación

produce un agravio no susceptible de ser remediado por la

posibilidad de recurrir de casación en el fondo. De

hecho, el estándar es distinto y, en el caso de la casación en la forma (por la causal excluida), la

demostración del vicio es más simple.

En efecto, no parece un buen sustento argumentativo suponer la inutilidad de una norma jurídica, menos si se

trata de una relacionada con un tema tan fundamental como

la motivación de las sentencias;

27 TRIGESIMOSEXTO: Que, en todo caso, la excepción que

impide casar una sentencia inmotivada o que ha incumpilido

las reglas de un debido proceso legal, es obvio que

estaba ideada para operar en casos asimismo

excepcionales. Esto, porque a la sazón la regla general y

situación habitual era que los juicios se ventilaran conforme al procedimiento ordinario, con una “tramitación

común ordenada por la ley”, siendo “extraordinario” el procedimiento “que se rige por las disposiciones

especiales que en determinados casos ella establece”,

según la concepción del artículo 2% del mismo Código de

Procedimiento Civil. Sin embargo, con posterioridad,

sucesivas leyes han dispuesto que una gran variedad de

controversias se sustancien conforme a diversos

procedimientos especiales, para la pronta y cumplida

administración de justicia e inspiradas en el sano

designio de suprimir o agilizar los trámites más dilatados y engorrosos de un juicio de lato conocimiento

u ordinario. Pero de ello no se sigue un necesario menoscabo, ni cabe suponer la existencia de algún móvil

deliberado merced al cual, en los juicios especiales,

deberían excluirse los recursos de mulidad o quedar coartado el acceso a la casación (STC Rol 2529, .

séptimo);

TRIGESIMOSEPTIMO: Que, ningún propósito jurídico

permite hacer más severo, por una aplicación demasiado

dura y contra el interés de las personas, aquello que ha

sido introducido saludablemente para la utilidad de las

mismas y el mejor funcionamiento de las instituciones (Digesto 1.3.25). Por caso, y comoquiera que el establecimiento de juicios especiales es compatible -aun

inmanente- con la plena procedencia del recurso de

casación, la Ley N* 19.968 tuvo cuidado de aóogerlo en

los procesos que se ventilan ante los Tribunales de Familia, por algunas de las causales que prevé el 28

artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, incluso

cuando la sentencia definitiva ha eludido diligencias esenciales o aparece desprovista de causas jurídicas o de

hecho (artículos 66 y 67, N% 6, letra b). La Ley N* 20.600, igualmente, dispone en los artículos 25 y 26

inciso cuarto, que 1los fallos de los Tribunales

Ambientales deben satisfacer los requisitos del artículo 170 del cCódigo de Procedimiento Civil y que son

susceptibles del recurso de casación en la forma para

ante la Corte Suprema, especialmente cuando no enuncian

los fundamentos con arreglo a los cuales se pronuncian

(STC Rol 2529, C. octavo);

TRIGESIMOCTAVO: Que, así las cosas, la excepción del

inciso segundo del artículo 768 del Código de

Procedimiento Civil nmo condice con el imperativo que le

asiste al legislador, por mandato de la Constitución

(artículo 19, N* 39), de allanar el acceso a un recurso

útil en las circunstancias anotadas, motivo por el cual

el presente requerimiento se acogerá. Teniendo además en

cuenta el criterio sostenido en diversas ocasiones por

este Tribunal, en orden a que los preceptos de excepción

contenidos en una ley, en cuanto sustraen de cierta

normativa general a personas o situaciones determinadas,

produciéndoles menoscabo Y sin fundamento o

justificación, importan la comisión de diferencias

arbitrarias y son, por ende, contrarias a la Constitución

(artículo 19, N9 2%, inciso segundo), como en este caso

ocurre (STC Rol 2529, e. decimosegundo);

TRIGESIMONOVENO: Que, por último, conviene prevenir

que al acoger el presente requerimiento, el Tribunal

Constitucional mno está creando un recurso inexistente,

puesto que -en lógica- al eliminarse una excepción sólo

retoma vigencia la regla, cual es que la casación se abre

para la totalidad de los mismos casos e idénticas

causales en que está 1llamada a regir, sin exclusión, 29

según la preceptiva vigente. Tampoco esta sentencia

estimatoria implica desconocer el carácter extraordinario que reviste la casación, dado que se limita a entender

que no se justifica excluirla respecto de las mismas

sentencias y por iguales motivos a aquellos que permiten

su interposición según la mnormativa imperante (STC Rol

2529, e. decimotercero);

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo

93, incisos primero, N% 6%, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y npertinentes de la

Constitución FPolítica de la República y de la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal

Constitucional,

SE RESUELVE:

l. QUE SE ACOGE EL REQUERIMIENTO DE

INAPLICABILIDAD DEDUCIDO A FOJAS 1,

DECLARÁNDOSE INAPLICABLE EN LA GESTIÓN JUDICIAL

PENDIENTE, EL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 768

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

II. DÉJASE SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA A FOJAS 68. OFÍCIESE A

TAL EFECTO.

Acordada con el voto en contra de los Ministros

señor Carlos Carmona $Santander I(Presidente), señora

Marisol Peña Torres y sefiores Gonzalo García Pino y

nombre reservado ¡“mparanza, quienes estuvieron por 30

rechazar el requerimiento, por las razones que a

continuación exponen:

1%. Que el requirente en estos autos impugna la aplicación del artículo 768, inciso segundo, del Código

de Procedimiento Civil, que señala “En los negocios a que se refiere el inciso segundo del artículo 766 sólo podrá

fundarse el recurso de casación en la forma en alguna de

las causales indicadas en los números 19%, 29, 39, 4"9, 6, 79 y 8% de este artículo y también en el número 5% cuando se haya omitido en la sentencia la decisión del asunto controvertido". Lo anterior, en los autos sobre recursos

de casación en la forma y en el fondo para ante la

Excelentísima Corte Suprema, que sustancia la Corte de

S Apelaciones de Concepción, bajo el Rol N% 765-2015;

2%. Que, para efectos del razonamiento que seguirá,

es importante destacar que la gestión pendiente se originó en una reclamación del monto de indemnización

provisional por expropiación, deducida al amparo de lo

dispuesto en los artículos 12 y 14 del Decreto Ley N"”

2.186. La referida reclamación fue conocida por el Primer

Juzgado de Letras en lo Civil de Concepción, cuya sentencia fue recurrida de casación en la forma por la

parte reclamada, y apelada, ante la Corte de Apelaciones

de la misma ciudad. A juicio del requirente, si el

tribunal de alzada en la sentencia definitiva que fija la

indemización omite el examen del mérito probatorio de diversos documentos aportados en segunda instancia,

circunstancia que, en su opinión, surge expresa y

objetivamente del fallo recurrido “no halla justificación

yY por ende la sentencia pronunciada por la I. Corte de Apelaciones carece de los fundamentos de hecho y de

derecho que prescribe el artículo 170 del código de

Procedimiento Civil, incurriendo en el vicio previsto en

el artículo 768 N? 59 del Código de Procedimiento Civil.”

(Fojas 8);

31 3%. Que, así, y tal como se ha consignado en la

parte expositiva de esta sentencia, el requirente estima que la aplicación del inciso segundo del artículo 768,

del Código de Procedimiento Civil, en la gestión que pende ante la Corte de Apelaciones de Concepción, infringiría el inciso sexto del artículo 19 N% 3*% de la

Constitución, que consagra la garantía constitucional de

un racional y justo procedimiento, en relación con los

artículos 8% y 25% de la Convención Interamericana de

Derechos Humanos; el artículo 8”%, inciso segundo, en

relación con el artículo 6%, inciso primero, de la misma Carta, que consagra la publicidad de los actos y

resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y procedimientos que utilicen; el artículo

19, N% 29, constitucional, que asegura el derecho a la

igualdad ante la ley; el inciso tercero del artículo 19,

N9 24%, de la Constitución, en relación con el artículo

21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que resguarda que nadie puede, en caso alguno, ser privado de

su propiedad, teniendo siempre derecho a indemización

por el daño patrimonial efectivamente causado; y por

último, el artículo 5%, inciso segundo, constitucional,

en relación con las normas internacionales citadas;

4%. Que antes de abordar cada una de las alegaciones

planteadas por la requirente es necesario reiterar la

posición que los Ministros que suscriben este voto han

sustentado reiteradamente en relación con la motivación

de las sentencias. Ello, en la iedida que la

improcedencia del recurso de casación en la forma, por

aplicación del artículo 768, inciso segundo, del Ccódigo

de Procedimiento Civil, en aquellos casos en que no se

incluyen en la sentencia recurrida las consideraciones de

hecho y de derecho en que se funda, constituye la médula

de la impugnación de la actora;

Motivación de las sentencias.

32 5%. Que un aspecto que no ha suscitado debate y

sobre el cual la jurisprudencia de este Tribunal es

uniforme se refiere a que mnuestra Constitución mno

consigna expresamente el deber de los jueces de

fundamentar sus sentencias. Con todo, ese principio puede

ser inferido de la aplicación conjunta y sistemática de

diversos preceptos constitucionales como los contenidos

en los artículos 6%, 7%, 8%9, 19 N% 3%, inciso sexto, y

76. Estos preceptos constitucionales son, a su vez,

desarrollados por nuestra legislación procesal en los más

variados ámbitos (STC Rol N% 1373, cc. 8% y 9% y voto

disidente de los Ministros Peña, Fernández y Carmona, C.

5%). Uno de ellos es, precisamente, la exigencia

contenida en el artículo 170 N% 49 del código de Procedimiento Civil, norma que no ha sido impugnada en

estos autos;

6%. Que tampoco se encuentra controvertida la

afirmación según la cual “la motivación de la sentencia

es connatural a la ijurisdicción y fundamento indispensable para su ejercicio. Constituye, a la vez que

un deber del juzgador, un derecho para el justiciable. Es

inherente al derecho a la acción y, por ende, a la concreción de la tutela judicial efectiva; elementos

propios de un procedimiento racional y justo (..).” (STC Rol N* 1373, e. 159);

7%. Que, por lo tanto, no está en discusión que las

sentencias deben motivarse como una forma de evitar la

arbitrariedad judicial permitiendo el comntrol de sus

contenidos a través de los recursos que franquea la ley,

lo que obliga a desestimar una vulneración al artículo

8%, inciso segundo, de la Constitución.

Sin embargo, y como sostuvo el voto disidente

recaído en sentencia Rol N% 2034, “es necesario, por una

parte, distinguir el deber de fundamentación de las

sentencias, de la garantía de poder solicitar la revisión

E 33

de éstas por un tribunal superior. La fundamentación de las isentencias no exige que proceda un recurso determinado y se reconoce a nivel legal en el artículo

170 del Código de Procedimiento Civil, que -reiteramos- no ha sido impugnado en estos autos. Por otra parte, es necesario distinguir el derecho a la impugnación de las

sentencias (“derecho al recurso”), que integra la

garantía del debido proceso, de un supuesto derecho a un

recurso en concreto (..).” (Considerando 129);

Derecho al recurso y debido proceso legal.

8%. Que este Tribunal, luego de recordar los

legal, ha sostenido que “ni en la dogmática jurídica ni en los textos positivos -nacionales, internacionales y

comparados- existe un elenco taxativo de los componentes

formalmente definidos como requisitos del debido proceso, aplicables a todo posible contencioso judicial,

cualquiera sea su naturaleza, como numerus clausus. Más

bien, se ha tendido a exigir elementos mínimos, con

variaciones en ciertos componentes según la naturaleza

específica del proceso de que se trate.” (STC Rol N* 2723, C. 79).

Con todo, ha precisado que “El derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la

CPR asegura a todas las personas, debe contemplar las

siguientes qgarantías: la publicidad de los actos

jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno

conocimiento de ella por la parte contraria, el

emplazamiento, adecuada defensa y asesoría con abogados,

la producción libre de pruebas conforme a la ley, el

examen vy objeción de la evidencia rendida, la

bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para' revisar las <áentencias dictadas O>por

tribunales ínferiores."¡ (STC roles N“s 478, €C. 14%; 576, 34

ce. 419 a 43%; 1307, cc. 20% a 22%, 2111, e. 22; 2133, c.

179 y 2657, e. 119, entre otras). (Énfasis agregado);

99. Que, asimismo, ha puntualizado que el reconocimiento del “derecho al recurso” como requisito

del debido proceso, admite una serie de matices yv precisiones. Así, de los antecedentes de la historia

fidedigna de la Constitución vigente se hizo ver que, “como regla general”, se reconoce la facultad para

interponer recursos, lo que de suyo impiica la evidente

constitucionalidad de algunas hipótesis de excepción en que tales recursos no van a ser admisibles o, simplemente, no existirán (STC Rol N*% 2723, e. 109%).

En tal sentido, la ausencia de recursos puede ser

constitucionalmente compensada por la jerarquía,

integración, composición e inmediación del tribunal que conoce del asunto. Incluso más, cuando se reconoce legalmente el derecho al recurso, en el contexto

señalado, menos existirá una exigencia constitucional respecto al tipo de recurso (STC Rol N? 2723, e. 117);

10%. Que, por lo mismo, “la exigencia constitucional

del derecho al recurso como componente del debido

proceso, depende de múltiples circunstancias sistémicas y de contexto procesal, o incluso concretas, y no configura

un requisito de validez del juicio per se.” (STC Rol N* 2723, €. 11%).

Es por ello que, como también se ha expresado, “la

garantía explícita del derecho al recurso sólo se asegura

internacionalmente, en materia penal, para el inculpado.

Respecto de la materia civil o de cualquier otro carácter, sólo rige el estatuto general de ser juzgado

por un tribunal idóneo "con las debidas garantías”, de manera que la ausencia o falta de existencia o de acceso

a un recurso existente puede ser compensada con la

presencía o fortalecimiento de otras garantías. En suma,

es un asunto que se remite a la competencia del

legislador nacional.” (STC Rol N? 2713, e. 139).

35 Así, no habrá inconstitucionalidad “cuando el diseño legal procesal contemple otros medios para corregir el

vicio en el procedimiento o si existe una razón objetiva para restringir o suprimir legalmente el acceso a la

casación formal en un procedimiento especial (.)

Últimamente se ha insistido en este predicamento en los roles 2677-14 y 2529-13, de este Tribunal

Constitucional." (STC Rol N* 2723, c. 289).

La misma sentencia reconoce, en su voto de mayoría, que “La casación en la forma y en el fondo es de aquellos

recursos que la doctrina califica como extraordinarios.

Pero tal clasificación obedece a la forma en que el legislador 1lo lha establecido o regulado en el ordenamiento jurídico, principalmente cuando restringe su

procedencia a determinadas resoluciones Y por

determinadas causales (considerando 179). (Énfasis agregado) .

En el mismo sentido, se ha puntualizado que

“Establecida la posibilidad de revisión, el legislador es

libre para determinar el modo y los procedimientos para

lograrla." Expresado en otros términos, “el legislador

tiene discrecionalidad fque no es lo mismo que

arbitrariedad] para establecer procedimientos en única o

doble instancia en relación a la mnaturaleza del conflicto.” (STC Rol N9 2034, considerando 129 del voto

disidente) ;

11%, Que, por las razones explicadas, cabe reiterar

que el reconocimiento del derecho al recurso, como

componente del debido proceso legal, no significa que se

consagre el derecho a recursos específicos como podría ser el recurso de casación en la forma (STC roles N s

576, cc. 439 y 44%; 1432, cc. 129 y 149; 1443, cc. 139 y

179; 1876, €C. 24%9; 1907, €. 519; 2323, cc. 239 y 25%;

2354, cc. 23% y 25% y 2452, e. 16%). Con mayor razón,

cuando se trata de un recurso de derecho estricto que

procede sólo en virtud de norma expresa y por las 36

causales que expresamente señala la ley (artículo 764 del

código de Procedimiento Civil) y ya se trate de infracciones formales (artículo 768 del mismo Código) o de vicios de fondo cuando una sentencia se ha pronunciado

con infracción de ley habiendo influido ésta substancialmente en lo dispositivo del fallo (artículo 767 del mismo Código).

Lo importante es que los justiciables gocen de

garantías efectivas de un procedimiento racional y justo que asegure que no quedarán en una situación de

indefensión frente a una eventual arbitrariedad en que

Sa 12%. Que el requirente ha gozado de recursos para

X¡ 5ímpugnar la sentencia que no comparte, aún cuando mno

pueda deducir el recurso de casación en la forma contra

la sentencia de segunda instancia para que se pondere toda la prueba y se fundamente la forma en que se falla

el asunto litigioso como pretende. En efecto, recurrió de apelación contra la sentencia de primera instancia,

conforme lo permite el artículo 14, inciso final, del

Decreto Ley N9 2.186, el que se rige por las normas del Código de Procedimiento Civil relativas a los incidentes

y que admiten la posibilidad de prueba conforme a su

artículo 90. 'También, por aplicación de las reglas generales, ha podido recurrir de casación en el tfondo,

recurso que se encuentra pendiente;

13%. Que, en consecuencia, no puede sostenerse que,

en la especie, el hecho de que el ordenamiento jurídico

no permita al requirente interponer el recurso de

casación en la forma por falta de motivación de la sentencia lo coloque, necesariamente, en una situación de

indefensión;

149, Que, por las razones expresadas

precedentemente, los Ministros que suscriben este voto no

consideran que se infrinja el debido proceso legal asegurado en el artículo 19 N% 3%, inciso sexto, de la 37

Constitución en relación con los artículos 8% y 259 de la

Convención Interamericana de Derechos Humanos ; el

artículo 8%, inciso segundo, en relación con el artículo 6%, inciso primero; y el artículo 5?%, inciso segundo, todos del texto constitucional;

15%. Que, sin perjuicio de la conciusión a que se ha arribado, quienes adhieren a este voto, no consideran que al eliminarse una excepción sólo retomaría vigencia la regla, en términos que si se dictase una sentencia estimatoria de inaplicabilidad, el recurso de casación en

la forma sería procedente en todos los supuestos

contemplados en el inciso primero del artículo 768 del

código de Procedimiento Civil.

Lo anterior, debido a que el rol del Tribunal

Constitucional es, esencialmente, el de un “legislador negativo” con la sola excepción de las sentencias exhortativas que respetan la libertad del legislador en

la creación de las leyes. En otras palabras, el Tribunal

Constitucional mo está llamado a suplir lo que el legislador no ha hecho sino que sólo a anular o dejar sin efecto el producto de la obra legislativa que resulte

contraria a la Constitución. Este entendimiento, que resulta esencial y perfectamente acorde al principio de

deferencia a dicha obra, es un resorte fundamental para el debido funcionamiento de la relojería propia del

Estado de Derecho y, en particular, para el respeto a la

competencia propia de cada órgano del Estado, como lo

exige el artículo 79, inciso segundo, de la Carta

Fundamental.

En consecuencia, sostener que, al no poder aplicar el juez de fondo la excepción contenida en el inciso

segundo del artículo 768 del cCódigo de Procedimiento

Civil, en lo que dice relación con la limitación al

recurso de casación en la forma en los juicios regidos por leyes especiales -como ocurre en la especie- obliga a

retomar la vigencia de la regla general, reemplaza la 38

voluntad del legislador que -razonablemente- ha

distinguido entre juicios ordinarios vy especiales,

transformando al Tribunal Constitucional en legislador positivo y en intérprete de la ley. Lo anterior, pese a la disposición expresa del artículo 3% del Código Civil

según la cual “Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio."

(Inciso primero);

Igualdad ante la ley.

16%., Que, como se ha señalado en la mparte

expositiva, el requirente £funda *.u solicitud de inaplicabilidad del artículo 768, inciso segundo, del

código de Procedimiento Civil en que las personas, en el

marco de los procedimientos regidos por leyes generales,

pueden recurrir al tribunal superior para obtener la invalidación de una sentencia infundada pero, por

aplicación de la mnorma 1legal cuestionada, no pueden

hacerlo quienes están sometidos a un juicio regido por

leyes especiales (fojas 13), quienes se ven privados de

su derecho a obtener la anulación de una sentencia carente de motivación. Considera que esta diferencia es

arbitraria y carente de justificación razonable y que

trae como consecuencia dejar en indefensión a la

requirente;

17%. Que, para efectos de determinar si existe una

vulneración al derecho a la igualdad ante ia ley,

consagrado en el artículo 19 N% 29 de la Constitución Política, resulta necesario determinar si el

planteamiento formulado por la requirente importa aceptar

que estamos frente a una discriminación arbitraria o

carente de razonabilidad;

18%. Que ese escrutinio supone, en primer término,

determinar cuál es el universo de aquellos que deben ser

tratados como iguales y, en este sentido, sólo cabe 39

desechar la argumentación planteada por el actor, pues el

trato igual debe darse entre aquellos que se encuentran regidos por leyes especiales en cuanto a la tramitación de un procedimiento y no entre estos últimos vy los regidos por leyes generales;

19%. Que, efectivamente, dentro de la libertad de

que goza el legislador para configurar los procedimientos

—-siempre que respete las exigencias de racionalidad y justicia- puede dar un trato diverso a situaciones que,

objetivamente, son disímiles, esto es, que por su propia

naturaleza o por el tipo de interés comprometido, exijan una tramitación más rápida y eficaz. En este contexto, lo que resultaría irrazonable sería que, dentro del universo

de aquellos que están afectos a procedimientos especiales

e, incluso, al mismo procedimiento especial se produjeran diferencias injustificadas;

20%. Que, en este caso, y como ya se explicó, el

Decreto Ley N? 2.186 permite recurrir de apelación en contra de las sentencias de primer grado constituyendo

una vía amplia de impugnación que cubre todos los

aspectos revisables de la sentencia que fije el monto

provisional de la indemnización, tal como la impugnó el requirente al ejercer tal recurso en contra de la

sentencia del juez civil, atendida su naturaleza jurídica

y contenido esencialmente cuantitativo;

21%, Que, en consecuencia, existe una razón

objetiva, con respaldo constitucional (la potestad

expropiatoria del Estado), que avala el hecho de que el

legislador haya dado un tratamiento diferente a las reclamaciones de esta mnaturaleza, estableciendo un

procedimiento especial que asegure la satisfacción de los

intereses generales que rodean este tipo de

controversias. Como lo anterior no puede significar

desconocer los derechos de los justiciables, se adoptaron

los debidos resguardos para evitar la arbitrariedad en el

juzgamiento confiando a la Corte de iapelaciones 40

respectiva la posibilidad de revisar lo decidido por el

juez civil, tal como se hizo en el caso de autos. Y aún

se puede deducir recurso de casación en el fondo y en la forma contra dicha sentencia, aunque de manera limitada,

en este último caso, en conformidad a lo que señala el

artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento

Civil, pues se trata de un procedimiento concentrado;

22%. Que, por lo demás, la igualdad ante la ley no

sólo se traduce en la interdicción de la arbitrariedad (artículo 19 N* 2*%, inciso segundo, de la Constitución)

sino que asegura también la generalidad y abstracción

características de este tipo de normas (artículo 19 N*

25, inciso primero, de la Constitución). Así, “la

importancia de la generalidad de una norma en materia

procesal radica en el hecho de que se aplica a ambas

partes del juicio, quienes se encuentran en la misma situación para interponer las impugnaciones, asegurándose

de ese modo un principio primordial del procedimiento

civil: la bilateralidad de la audiencia”. (STC Rol N*

2034, considerando 14*% del voto disidente).

De esta forma, no puede concluirse que existe infracción a la iqgualdad ante la ley si tanto el expropiado como el expropiante se encuentran privados de recurrir de casación en la forma por falta de motivación de la sentencia, esto es, si ambas partes se encuentran

en una posición de igualdad;

23*. Que, por los razonamientos expuestos, quienes

suscriben este voto no divisan fundamentos suficientes

para estimar que la aplicación del artículo 768, inciso

segundo, del Código de Procedimiento Civil a la gestión que pende ante la Corte de Apelaciones de Concepción,

importe una vulneración al derecho a la igualdad ante la ley asegurado en el mnmumeral 2% del artículo 19

constitucional;

41 Derecho de propiedad.

24%”. Que la requirente también ha alegado una infracción al artículo 19 N* 24%, inciso tercero, de la Constitución, en relación con el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, argumentando

que la existencia de sentencias definitivas inmotivadas que cierren el debate en los procedimientos expropiatorios, vulnera el derecho reconocido en esa norma. Esto porque, al omitir la sentencia definitiva de segunda instancia los documentos acompañados a ese

tribunal, “malamente pudo haber determinado cuál es el

daño patrimonial efectivamente causado a mi representada Y, consecuentemente, la suma determinada a título de

indemnización definitiva por expropiación no ha dejado incólume el patrimonio de mi representada; como lo exige

la norma constitucional referida, apareciendo la decisión desmotivada e injustificada.” (Fojas 17);

25*. Que hacerse cargo de esta alegación importa ejercer un control jurisdiccional sobre lo decidido por los jueces del fondo, lo cual escapa a la competencia

específica que tiene este Tribunal Constitucional en virtud del artículo 93 N* 6% de la Carta Fundamental. En

consecuencia, se trata de un conflicto de legalidad que

implica resolver acerca de la ponderación de toda la

pruebá hecha por los jueces de la instancia, y de cómo

esa prueba es subsumible a las reglas específicas de

determinación del monto provisional de la indemnización por causa de expropiación. Tal como lo expresa la

Constitución en la norma invocada en el considerando

anterior, tal materia corresponde ser conocida y resuelta

exclusivamente por los tribunales ordinarios, disponiendo

el requirente de los recursos legales a que largamente

nos hemos referido en este voto -y que de hecho, en el

caso concreto, ha ejercido- para impugnar la

indemnización por el daño patrimonial efectivamente

causado.

42 Redactó la sentencia el Ministro señor José Ignacio

nombre reservado y, la disidencia, la Ministra señora

Marisol Peña Torres,

Comuníquese, notifíquese, regístresel y archívese.

Rol N” 3008-16-INA.

ALóstice 2

Sr. nombre reservado

Sr, nombre reservado

43 Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su pPresidente, Ministro señor Carlos Carmona Santander, y por sus Ministros señora Marisol Peña Torres, señores Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza y dJuan nombre reservado

nombre reservado, señora nombre reservado y señores nombre reservado y José Ignacio nombre reservado.

Se certifica que el Ministro señor Domingo Hernández Emparanza concurre al acuerdo, pero no firma por encontrarse haciendo uso de su feriado legal.

Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, señor Rodrigo Pica Flores.

S