Inaplicabilidad de Precepto Legal

000615 1

Santiago, veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Con fecha 15 de enero de 2016, nombre reservado, interpone requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos duodécimo transitorio de la Ley N° 20.720, que Sustituye el Régimen Concursal Vigente por una Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, y Perfecciona el Rol de la Superintendencia del Ramo; y, del artículo 38 de la Ley N° 18.175, que Fija Nuevo Texto de la Ley de Quiebras, contenido en el Libro IV del antiguo Código de Comercio, para que surta efectos en el proceso penal que se sigue bajo el RIT 1.651-2015, RUC 1500166033-8, en el Juzgado de Garantía de Rancagua.

Precepto legal cuya aplicación se impugna.

Los textos de los preceptos legales impugnados disponen:

"Ley N° 20.720.

(-)

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

(-)

Artículo duodécimo. - Las disposiciones penales contempladas en la presente ley sólo se aplicarán a los hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia. En consecuencia, el artículo 38 y el Título XIII, ambos del Libro IV del Código de Comercio, quedarán vigentes para todos los efectos relativos a la persecución de los delitos contemplados en sus disposiciones y perpetrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, sin perjuicio de las 2 000616

normas relativas a la pena, en que regirá lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal.";

"Ley N° 18.175.

Código de Comercio

Libro IV

(—)

Artículo 38.- El síndico que se concertare con el deudor, con algún acreedor o tercero para proporcionarle alguna ventaja indebida o para obtenerla para sí, será penado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, salvo que cualquiera de los actos delictuosos que hubiere cometido en el desempeño de su cargo tuviere asignada mayor pena, pues entonces se aplicará ésta.

Será, además, castigado con inhabilidad especial perpetua para ejercer el cargo de síndico";

Síntesis de la gestión pendiente.

En relación con la gestión judicial en que incide el requerimiento, el actor refiere que, en su calidad de abogado, ha ejercido labores de nombre reservado desde el año 2000, habiendo participado en numerosos y exitosos procedimientos concursales. En este contexto, el día 7 de junio de 2011, la Sociedad "nombre reservado S.A.", representada por el señor nombre reservado, presentó Proposiciones de Convenio Judicial, las que fueron distribuidas ante el 4° Juzgado Civil de Santiago, dándose origen a la causa de estilo.

En dicha gestión se indicaron cinco predios para formar parte del Convenio Judicial Preventivo, inmuebles de propiedad del señor nombre reservado, de la sociedad "nombre reservado

S.A.", así como de doña nombre reservado. En tanto, 3

las dos personas naturales enunciadas no eran proponentes, señala, se habría establecido en el Convenio, mandato al nombre reservado efectos de que éste vendiera y, en consecuencia, realizara los activos, teniendo presente que los bienes raíces se encontraban hipotecados en favor del Banco Radobanck Chile, a la sazón, también, el principal acreedor.

Unida a la facultad enunciada que se otorgó al Síndico, la empresa nombre reservado S.A. habría propuesto un proceso de continuación total o parcial del giro, pudiendo éste tomar las providencias del caso para optimizar el valor de liquidación, preservando su valor patrimonial, pudiendo fijar la forma y oportunidad de enajenación, en acuerdo de los acreedores hipotecarios o prendarios, estando autorizado para realizar todos los trámites administrativos que fueran necesarios para la modificación de uso de suelo de los inmuebles que formaban parte de la masa de activos. Por estas tareas, aduce el requirente, los gastos y honorarios generados, debían ser aprobados por la Comisión de Acreedores, y ser considerados como gastos del Convenio.

Para las tareas anteriores se estableció un plazo de veinticuatro meses, prorrogables por otros doce, previo acuerdo unánime de la Comisión de Acreedores, señalándose que, un eventual remanente en el proceso de liquidación, quedaría a disposición de la Sociedad proponente, así como del señor nombre reservado y de la señora nombre reservado.

Con el fin de llevar a cabo estos cometidos, fue extendida escritura pública el 22 de febrero de 2012, por medio de la cual, la señora nombre reservado así como el señor nombre reservado, otorgaron poder amplio de administración de bienes al requirente.

A su turno, previamente, continua exponiendo el actor, en el mes de agosto de 2011, la unanimidad de los acreedores del Convenio Judicial Preventivo, lo designó 4 000618 ,

como Síndico Liquidador, con mandato amplio para administrar bienes en continuidad de giro, y realizar la liquidación ordenada.

En cuanto al cometido mandatado, el requirente expone que la primera parte de los bienes del Convenio fueron licitados a través de la empresa de remates "Macal", con el objeto de pagar leyes sociales y financiar estudios profesionales para promover una eventual modificación al Plan Regulador de la comuna de Machalí, y, así, aumentar el valor de los inmuebles incorporados al referido Convenio, en cumplimiento a las directrices recibidas previamente para el cumplimiento de su labor.

Continúa señalando que los demás inmuebles fueron vendidos a la empresa "Caval", por un muy buen precio, cuestión que habría permitido obtener excelentes resultados.

En este contexto, a través de la prensa, en el mes de febrero de 2015 se informó a la opinión pública la forma en que la mencionada empresa "Caval" había gestionado el crédito hipotecario con el cual compró los predios de propiedad de la familia nombre reservado, lo que generó una investigación penal llevada por el Ministerio Público, en la que el actor habría sido citado a declarar el día 26 de noviembre de 2015, oportunidad en la que detalló ante el persecutor penal público regional de Rancagua la forma en que realizó el encargo a que se hizo mención precedentemente. También, en dicha instancia, se le informó al requirente que era investigado por dos hechos: el primero, pagos realizados por el Convenio al señor nombre reservado, respecto de asesorías en la obtención de la modificación del plano regulador que afectaba a los inmuebles y como comisión de venta a "Caval", ya que habría obtenido, el señor nombre reservado, un beneficio de los dineros otorgados al referido señor nombre reservado; y, un segundo, 5 00061_9

por presuntos honorarios adicionales a los percibidos como Síndico Liquidador, pagados por la señora nombre reservado, cuestiones que, en opinión del Ministerio Público, podrían constituir una ventaja indebida en el ejercicio de su cargo de Síndico Liquidador.

En virtud de lo anterior, la Fiscalía solicitó, a su respecto, audiencia de formalización de la investigación, junto a otras diez personas, por el delito contemplado en el artículo 38 del Libro IV del Código de Comercio, actualmente derogado, el que se pretendería aplicar en virtud de la disposición duodécima transitoria de la Ley N° 20.720, audiencia agendada por el Juzgado de Garantía de Rancagua para el día 29 de enero de 2016, citación dispuesta bajo apercibimiento de arresto, en calidad de imputado.

c•\ Conflicto constitucional sometido al conocimiento y e\ ¡;') resolución del Tribunal.

El requirente señala que la Ley de Quiebras No

18.175, junto a sus modificaciones, fue derogada por la Ley N° 20.720, en vigencia desde el día 10 de octubre de 2014, estableciendo un nuevo marco regulatorio para la reorganización y liquidación de empresas y personas, derogando el Libro IV del Código de Comercio, instituyendo la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, como continuadora legal de la antigua Superintendencia de Quiebras, y, en lo pertinente, disponiendo a través de la disposición transitoria reprochada, que las normas penales de la regulación abrogada, contenidas en el artículo 38 del cuerpo que perdía vigencia, mantenían su vigor para la persecución de los hechos cometidos con anterioridad a la dictación de la nueva norma.

Así, la norma transitoria en comento, arguye el requirente, pretende evitar la aplicación retroactiva de 6 OOO6O

la ley penal, estableciendo que los nuevos tipos penales no pueden ser considerados en hechos cometidos con anterioridad a su entrada en vigencia, por lo que el artículo 38 del antiguo Libro IV del Código de Comercio, no obstante su derogación, mantendría aplicabilidad en el caso en que es investigado. Esto lleva a infringir el artículo 19, numeral 3°, inciso octavo, de la Constitución Política, normativa que consagra el principio de que no es posible sancionar delitos con otra pena que la señalada en una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Así, continúa, si durante el período que media entre la comisión del hecho y su juzgamiento, se despenaliza la conducta, o se rebaja la pena asignada al delito, el sentenciador debe aplicar la nueva ley por mandato directo de la Carta Fundamental.

Esta regla, de aplicación retroactiva de la ley '^e,\ penal más favorable, se encontraría explicitada en el \ 11 artículo 18 del Código Penal, por lo que la aplicación — del artículo 38, derogado, por mandato de la disposición duodécima transitoria de la Ley N° 20.720, para los casos en que la nueva normativa, introducida precisamente por la ley en comento, sea más favorable al imputado, es del todo contraria a la Constitución Política, arguye el requirente.

Para llegar a la conclusión anterior, el actor expone que la conducta que le está siendo imputada se encontraría hoy sujeta a un régimen más favorable bajo la Ley N° 20.720, por lo que, de aplicarse el artículo 38 ya referido, el resultado significaría una manifiesta infracción constitucional, en tanto dicha norma sancionaba la concertación entre un síndico y un deudor, acreedor o tercero ajeno a la quiebra para proporcionar una ventaja indebida para éstos o para sí, conducta que fue transcrita bajo el nuevo artículo 27 de la Ley N° 7 000621 Aee;;

20.720, normativa que establece, como materia punible, el concierto previo, con un núcleo conductual que se mantiene, pero, cambiando de sujeto activo calificado desde el Síndico al Veedor.

Bajo la nueva figura, expone el requirente, las antiguas funciones del cargo de Síndico fueron entregadas al Veedor; y, al Liquidador, con las características que en detalle establece el nuevo estatuto. Conforme alega, resultaría evidente que el artículo 27 de la Ley N° 20.720 es aplicable únicamente al Veedor, pero no al Liquidador, despenalizándose, así, el comportamiento descrito en el tipo, cuando éste es realizado por el Liquidador, cargo que sustituiría al de Síndico Liquidador, que sería el que ostentó el requirente en virtud del nombramiento en el Convenio de nombre reservado S.A.

Por lo mismo, aduce, descartándose que el artículo 27 de la nueva legislación mantenga la incriminación punitiva del artículo 38 de la antigua Ley de Quiebras, respecto de la actuación de un Liquidador en un Convenio Preventivo, y, verificando que bajo las nuevas figuras establecidas en los artículos 464 y 464 bis del Código Penal no está sancionada la ventaja indebida para el propio liquidador, prístino es afirmar que la obtención de una ventaja indebida para sí mismo, en concertación del Síndico con un tercero, como acreedor, deudor o tercero propiamente tal, sancionada en la norma abrogada, hoy no se encuentra penalizada bajo la preceptiva de la Ley N° 20.720.

Por lo expresado, concluye el requirente, se está en presencia de una descriminalización con efectos favorables, en que la disposición duodécima transitoria de la Ley N° 20.720 impide la aplicación retroactiva favorable, garantizada en la norma constitucional, del artículo 38 de la derogada Ley de Quiebras. De aplicarse en el caso concreto esta última norma, sostiene, el actor 8 000622

Afix;teji?-i-tp

podría ser formalizado, con la posibilidad de serle decretadas a su respecto importantes medidas cautelares personales, para, finalmente, ser condenado por un delito derogado.

Admisión a trámite, admisibilidad y observaciones de fondo al requerimiento.

El requerimiento se acogió a trámite a través de resolución de la Primera Sala de este Tribunal Constitucional, de fecha 20 de enero de 2016, a fojas 40, oportunidad en que fue aceptada la inhabilidad para conocer de la presente causa, del Ministro señor Juan José Romero Guzmán, rolante a fojas 39.

Con posterioridad, previo traslado a las partes de la gestión pendiente, fue declarado admisible en resolución del día 27 de enero de 2016, siendo rechazada por voto de mayoría, en ambas instancias procesales, la suspensión del procedimiento en la gestión pendiente en que incide.

Conferidos los traslados sobre el fondo a los órganos constitucionales interesados, así como a las partes de la gestión pendiente, fueron evacuadas las presentaciones que a continuación se enuncian.

Observaciones del Ministerio Público.

A fojas 295, con fecha 17 de febrero de 2016, el Ministerio Público evacuó traslado de fondo sobre estos autos, solicitando que el requerimiento sea rechazado en todas sus partes, en razón de las siguientes consideraciones.

El persecutor penal público sostiene que la formalización de la investigación que tuvo lugar el día 29 de enero de 2016 en el Juzgado de Garantía de 000623 9

4M-MÁ.394/1't)

Rancagua, respecto del requirente, se refiere a diversos hechos que, excluyendo los ilícitos de carácter tributario, tienen fundamento en el proporcionar ventajas indebidas a terceros.

En dicho marco, el Convenio Judicial Preventivo de la Sociedad Agrícola nombre reservado S.A., en el que actuó el requirente como Síndico, se encontraba sometido a la normativa contenida en el Libro IV del Código de Comercio, bajo la Ley N° 18.175, cuestión que disponía el artículo primero transitorio de la Ley N° 20.720, por lo que la derogación de dicho cuerpo no alcanza, conforme lo expresa el artículo 344 de la ley vigente, a las quiebras, convenios y cesiones de bienes en tramitación o iniciadas antes de la entrada en vigencia de esta normativa, por lo que al actor, en mérito de la función que desempeñó, le es aplicable el cuerpo derogado, en una técnica legislativa ampliamente aceptada y validada.

Continúa expresando el Ministerio Público que la Ley N° 20.720 estatuye un régimen nuevo en materias concursales, incorporando figuras al Código Penal, pero, • 'J.: ';'1-rjTA7ZIA manteniendo la vigencia del cuerpo anterior, a través de sus disposiciones transitorias, en lo pertinente. Así, el artículo duodécimo transitorio, al hacer mención directa al artículo 18 del Código Penal, no hace más que explicitar la regla del artículo 19, numeral 3°, inciso octavo, de la Constitución Política, por lo que no surgirían elementos que hagan de ésta una regla incompatible con el Texto Fundamental, siendo materia y competencia del juez del fondo la decisión respecto a la determinación de la norma aplicable, siguiendo, para ello, las reglas de vigencia temporal de la ley penal.

Unido a lo argumentado, y con antecedentes de la Historia de la Ley N° 20.720, el persecutor penal público comenta que el precepto impugnado busca permitir la aplicación de la ley penal más benigna, en la forma 00024 lo Vebputu~"L

establecida en el artículo 18 del cuerpo punitivo, cuestión que el legislador ya ha efectuado, por ejemplo, en la Ley N° 20.000.

Al ser la inaplicabilidad por inconstitucionalidad un mecanismo que incidirá en la decisión judicial, el requirente pretende, con la acción de autos, hacer operar ésta como una verdadera acción de amparo, buscando la resolución directa de un conflicto llamado a ser resuelto por los tribunales ordinarios.

La Ley N° 20.720, en su articulado transitorio, ha delimitado temporalmente el ámbito de aplicación de su preceptiva, no teniendo en vista el legislador, al momento de reformar el régimen concursal, la descriminalización aludida por el requirente.

Observaciones del Consejo de Defensa del Estado.

Con fecha 19 de febrero de 2016, a fojas 320, el Consejo de Defensa del Estado formuló observaciones al requerimiento de autos, instando también por su rechazo en todas sus partes.

En su presentación, el ente fiscal sostiene que la acción no puede prosperar, en razón de que plantearía una realidad normativa inexistente. Así, el precepto que mandata la derogación del Libro IV del Código de Comercio, establece una remisión a la disposición duodécima transitoria, privando de efecto derogatorio al artículo 38 del cuerpo abrogado, el que no ha perdido eficacia jurídica, sino que, por el contrario, ha reafirmado al delito de ventajas indebidas del Síndico, estableciendo sólo un límite temporal para su aplicación.

A este respecto, continúa, las disposiciones reprochadas de inconstitucionales no pueden vulnerar el Texto Fundamental, toda vez que se mantiene vigente una disposición que establece el deber del Síndico de no 11 000625 /12i4.4041

otorgar ventajas indebidas cuando haya utilizado el procedimiento previsto en el Libro IV del Código de Comercio, con una interpretación del actor que es efectuada no de forma sistemática de la totalidad de la Ley N° 20.720, ya que la vigencia del cuerpo reformado subsiste, no habiendo derogación total de la antigua preceptiva.

La Ley N° 20.720 sí ha restado eficacia al cuerpo legal establecido con anterioridad, para todas las quiebras, convenios y cesiones posteriores a su entrada en vigencia, caso que no es el que ocurre con la gestión pendiente de estos autos.

En segundo término, el Consejo de Defensa del Estado plantea que no existiría conflicto con norma constitucional alguna. El artículo 38 reprochado, entró en vigor en Chile desde la publicación de la Ley N° 20.080, de noviembre de 2005, manteniéndose vigente a la época de ocurrencia de los hechos ya reseñados, para todas las quiebras, convenios y cesiones de bienes anteriores al día 9 de abril de 2014, satisfaciendo la garantía constitucional que exige el haber sido promulgada con anterioridad al hecho que se pretende incriminar. Unido a lo anterior, el Texto Fundamental exige que no haya sido dictada una nueva ley más favorable al imputado, ya sea, a través de una nueva norma derogatoria, o, con una normativa que contenga elementos más favorables.

Conforme arguye en su traslado el Consejo de Defensa del Estado, el requirente plantea que, si bien, la nueva norma penal descansa en idéntico sustrato fáctico a la norma reprochada, sólo se referiría a la nueva figura del Veedor, calidad que nunca ostentó el requirente, quien actuó como Síndico, por lo que su actuar devendría en impune penalmente.

12 O OO 2

Mas, dicha dicha argumentación sería errada. El requirente olvida que para la utilización de un criterio de favorabilidad, conforme con la Constitución, ambas leyes contrastadas deben ser aplicables en la situación de hecho, cuestión que no ocurre en los hechos investigados por el Ministerio Público, en los que el requirente tiene la calidad de imputado. Las normativas, tanto de la ley antigua, como la posterior a 2014, se aplican a situaciones fácticas diferenciadas, en contextos normativos disímiles, propios del cambio institucional previsto por el legislador, de tal entidad, que los elementos en cuestión no pueden ser asimilados.

En tercer lugar, el ente fiscal solicita que el Tribunal Constitucional tenga a bien rechazar el requerimiento de autos, en vista de que se está en presencia de un conflicto de mera legalidad, caracterizado por un problema de interpretación sistemática, ajeno a la competencia de esta Magistratura.

Finamente, el Consejo de Defensa del Estado señala que el requerimiento debe ser desestimado en razón de que el actor ha formulado una entelequia basada en un problema de determinar el sujeto activo calificado en los tipos penales que configurarían la conducta ilícita, cuestión que, como ha razonado en oportunidades anteriores esta Magistratura, implica la determinación de la ley aplicable en la gestión pendiente, ajena a una cuestión con alcance constitucional.

Vista de la causa y acuerdo.

Con fecha 21 de junio de 2016 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y concurriendo a alegar por la parte requirente, el abogado don Ciro Colombara López; por el Ministerio Público, el abogado don Pablo Campos Muñoz; y, por el Consejo de Defensa del Estado, el Consejero Abogado don Daniel Martorell Correa.

13 000627 7ye,;4c:e44Z(Jemj A su turno, en Sesión de Pleno del día 28 de junio de 2016, se adoptó acuerdo de rigor.

Y CONSIDERANDO:

1. Conflicto constitucional.

PRIMERO: Que, como se ha expresado en la parte expositiva, el requirente busca que se declare la inaplicabilidad del artículo 12° transitorio de la Ley N° 20.720, y del artículo 38 de la Ley de Quiebras, precepto actualmente derogado, en el proceso penal pendiente ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, en el cual se le ha imputado participación en varios delitos;

SEGUNDO: Que la Ley N° 20.720, de fecha 9 de enero de 2014, sustituyó los procedimientos concursales de la Ley N° 18.175 y del Libro IV del Código de Comercio, estableciendo un conjunto amplísimo de normas de distinto carácter y, entre ellas, las referentes a sanciones penales y administrativas;

TERCERO: Que, en sede de inaplicabilidad, el conflicto se plantea en atención a que con fecha 9 de enero de 2014 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.720, que "sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la superintendencia del ramo". El artículo 344 de esta ley dispuso lo siguiente:

"Artículo 344. Derógase la Ley N° 18.175, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 20) del artículo 347 y en los artículos primero y duodécimo transitorios.",- 14 00062S

CUARTO: Que; el requirente sostiene que el artículo 12 transitorio pretende evitar la aplicación retroactiva de la ley penal, manteniendo vigente el artículo 38 de la Ley de Quiebras, el cual establece el tipo penal que se le imputa. Esta aplicación vulneraría el inciso octavo del artículo 19 N° 3 de la Constitución, pues habiendo una ley más favorable, ya sea porque establece penas más benignas o porque la conducta queda despenalizada, se impide su aplicación en este caso concreto;

QUINTO: Que, en consecuencia, a este Tribunal corresponde dilucidar si las disposiciones impugnadas desconocen o no el principio establecido en el inciso octavo del artículo 19 N° 3° del texto constitucional, esto es, la excepción al principio de irretroactividad de la ley penal, cuando una nueva ley, lex mitior, favorece al afectado. Para la resolución de este asunto se utilizarán parte de los argumentos esgrimidos en la Sentencia Rol N° 2673, en la cual el Tribunal rechazó un requerimiento de inaplicabilidad en contra del mismo artículo transitorio;

2. Cuestiones de legalidad.

SEXTO: Que, siguiendo el precedente establecido en STC Rol N° 2673, una de las premisas de la aplicación de la ley más favorable es que "esta selección debe hacerse siempre para el caso concreto al cual se va a aplicar, y la hará el tribunal, no el inculpado." [GARRIDO MONTT, Mario (2010): Derecho Penal. Parte General. Tomo I (Santiago, Editorial Jurídica de Chile) p. 111]. En consecuencia, la determinación de la ley penal más favorable requiere, de forma imprescindible, calificar los hechos por los que se imputa al requirente, cuestión vedada para esta Magistratura. Por tanto, determinar la 15

norma penal aplicable al caso concreto y precisar cuál es la norma penal más favorable son cuestiones de legalidad que no serán resueltas por este Tribunal;

3. Criterios interpretativos.

SÉPTIMO. - Que los criterios interpretativos que guiarán esta sentencia, al impugnarse algunas normas que regulan el cambio normativo del antiguo régimen de quiebras al nuevo de régimen de insolvencia y emprendimiento, implican pronunciarnos sobre el principio de irretroactividad de la ley y el derecho intertemporal;

y en ese entendido, veremos el principio de retroactividad de la ley penal sea como principio constitucional así como garantía en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. De la misma manera, habrá que distinguir las cuestiones propias de derecho transitorio, temporal y el marco en que se desenvuelven las normas impugnadas, concluyendo con la constitucionalidad de los artículos duodécimo transitorio de la Ley N° 20.720 y el artículo 38 de la antigua Ley de Quiebras;

3.1. Principio de Irretroactividad de la ley y derecho intertemporal.

OCTAVO: Que la validez de las normas jurídicas está circunscrita en el espacio y el tiempo. Respecto de su ámbito temporal, "el derecho no rige jamás el pasado, ni en el hecho, ni en principio. Primero, por la obvia razón ontológica que una prescripción no puede determinar una conducta que existió, pero que ya no existe, y, segundo, por la razón lógica de que el sentido de la norma es imputar consecuencias a ciertos actos desde el momento en 16 000630 /tet;bt

que ella misma existe" [MILLAS, nombre reservado (2012): Filosofía del Derecho, comentarios y edición de nombre reservado O. Cofré (Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales) p. 260];

NOVENO: Que en nuestro sistema jurídico el principio general del derecho intertemporal está recogido en el artículo 9° del Código Civil, al señalar que la ley puede sólo disponer para lo futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivo. Sin embargo, a poco andar fue necesario, al no ser suficiente este criterio, dictar en 1861 la "Ley sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes", para resolver los problemas de la aplicación de la ley en el tiempo en el ámbito civil; o, dicho en otros términos, esa ley constituye el sustrato de lo que la doctrina reconoce como el derecho intertemporal privado chileno;

DÉCIMO: Que en materia penal, el artículo 18 del Código Penal reitera el principio de irretroactividad, introduciendo su efecto retroactivo cuando éste es favorable al imputado. Prescribe que:

"Ningún delito se castigará con otra pena que la que le señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración.

Si después de cometido el delito y antes de que se pronuncie sentencia de término, se promulgare otra ley que exima tal hecho de toda pena o le aplique una menos rigorosa, deberá arreglarse a ella su juzgamiento.

Si la ley que exima del hecho de toda pena o le aplique una menos rigurosa se promulgare después de ejecutoriada la sentencia, sea que se haya cumplido o no la condena impuesta, el tribunal que hubiere pronunciado dicha sentencia, en primera o única instancia, deberá modificarla de oficio o a petición de parte.

En ningún caso la aplicación de este artículo modificará las consecuencias de la sentencia primitiva en 17 0006;11

lo que diga relación con las indemnizaciones pagadas o cumplidas o las inhabilidades.";

DECIMOPRIMERO: Que el principio de irretroactividad de la ley penal es una expresión, ratione materiae, del principio general de irretroactividad de la ley. Como señala la doctrina, en términos penales "la palabra irretroactividad sólo debe ser usada para aludir a lo único que puede alcanzar su campo semántico, esto es, a la prohibición de que la ley se aplique a los hechos anteriores al comienzo de su vigencia." La ultractividad, en cambio, opera cuando un hecho resulta "sancionado conforme a la ley que se encontraba vigente en el momento de su realización, pero que ya no lo está en la época de su juzgamiento"; es decir, cuando se aplica una ley a un hecho acaecido -en términos de nombre reservado- con posterioridad al término de su vigencia [ver también:

nombre reservado, nombre reservado (2007): Retroactividad e irretroactividad de las leyes penales. Colección de Ciencias Penales (Santiago, Editorial Jurídica de Chile)

pp. 63 y 64];

DECIMOSEGUNDO: Que, en la doctrina se ha acuñado el concepto de preteractividad de la ley penal, para hacer alusión a la ley penal derogada para ser aplicada por una sentencia judicial posterior a su derogación, mientras que el concepto de actividad de la ley se refiere a la aplicación de la ley a un hecho acaecido durante su vigencia, y la retroactividad, a la aplicación de la norma a un hecho acaecido con anterioridad a su entrada en vigencia [BASCUÑÁN, Antonio (2013): "La preteractividad de la ley penal", en Van Weezel, Alex (ed.), Humanizar y renovar el Derecho Penal. Estudios en Memoria de nombre reservado (Santiago, Legal Publishing) p.

166];

18 00002 --/(u¿kt- / eleri DECIMOTERCERO: Que, a lo que el requirente alude en este caso es precisamente a la preteractividad de la ley penal, al señalar que la posible aplicación de normas penales derogadas a hechos ocurridos durante su vigencia puede producir un resultado inconstitucional en la gestión, que, desde luego, le afecta. Ese sería, no obstante, de una manera algo atípica, el papel a cumplir por el artículo duodécimo transitorio de la Ley N° 20.720;

3.2. Principio de Retroactividad penal favorable.

3.2.1. Retroactividad penal favorable como principio constitucional.

DECIMOCUARTO: Que, revisado el conjunto de normas regulatorias del derecho intertemporal, cabe señalar que su jerarquía normativa es de rango legal, siendo el legislador el convocado a establecerlo. Por ello, el derecho transitorio, colocado en igual jerarquía, tiene respecto de aquél el carácter de ley especial. Sin embargo, tratándose del derecho intertemporal sancionatorio, algunas de sus normas tienen relevancia constitucional, como es el caso del artículo 19, N° 3°, inciso octavo, de la Carta y las disposiciones de los tratados, en cuanto a la exigencia de ley previa;

DECIMOQUINTO: Que, en el sentido antes mencionado, tratándose de la lex mitior entendida como regla de valor constitucional (artículo 19, N° 3°, inciso octavo, de la Constitución), debe entenderse que el destinatario de la norma es el legislador, para quien rige una prohibición de doble estándar, en cuanto le es prohibido establecer diferencias arbitrarias, como las que se producirían si manifiesta al mismo tiempo dos medidas distintas de 19 00M3 / {^2, merecimiento y necesidad de la pena, ante lo cual debe prevalecer la menos lesiva a los derechos fundamentales.

En este ámbito, tiene el legislador, como es evidente, un amplio margen de regulación, en la medida que se justifique el trato punitivo diferenciado entre la ley antigua y la nueva;

DECIMOSEXTO: Que, de una manera diferente, cuando el imperativo del principio es de rango legal, esto es, en cuanto constituye la regla del artículo 18, incisos segundo y tercero, del Código Penal, entonces el destinatario es el juez, que tiene en este caso un margen de apreciación mucho más reducido; el juez no podrá sino aplicar retroactivamente la ley posterior, si ella y sus consecuencias son favorables para el acusado;

3.2.2. Retroactividad penal favorable en el Derecho Internacional.

DECIMOSÉPTIMO: Que el principio de irretroactividad y su excepción de retroactividad benigna, en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, forma parte del principio de legalidad penal o nullum crimen, nulla poena sine lege, principio emanado del siglo de las luces y previamente enunciado por Montesquieu y Beccaria, para ser definitivamente acuñado, en su expresión latina, por Feuerbach. Dicho principio incluye, en un sentido amplio:

(1) el principio de irretroactividad, nullum crimen, nulla poena sine lege praevia; (2) la prohibición de la analogía, nullum crimen, nulla poena sine lege stricta;

(3) el principio de certeza o de "máxima taxatividad legal", nullum crimen, nulla poena sine lege certa o the principie of certainty; y (4) el principio de reserva legal, nullum crimen, nulla poena sine lege scripta o the prohibition against uncodified [Ver Kreg, Claus (2010):

20 000634

Aze4. c..wiAL/Á't7di-ts "Aluna poena nullum crimen sine lege." nombre reservado

nombre reservado of Public International Law];

DECIMOCTAVO: Que el estándar internacional -que este Tribunal ha considerado previamente para precisar el alcance de diversas reglas y principios contenidos en el artículo 19 N° 3° constitucional (STC Rol N° 2673)- hace hincapié en el principio de legalidad de la pena, insistiendo en la necesidad de que las condenas estén basadas en la existencia de una ley previa. Sin embargo, el imperativo de razonabilidad en la aplicación de las mismas ha obligado también a reconocer la aplicación retroactiva de leyes penales, principio establecido en distintos instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

El artículo 9°, N° 2, de la Declaración Universal de Z.\.'.los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 1948, que ispone:

"A nadie se le podrá imponer una pena mayor que la aplicable al tiempo en que el delito fue cometido."

El artículo 15, N° 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, que prescribe:

"Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello." 21 0006;15 - El artículo 9° de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala:

"Artículo 9. Principio de Legalidad y Retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.";

DECIMONOVENO: Que, evidenciando la evolución del derecho internacional, el Derecho Penal Internacional, a través del Estatuto de la Corte Penal Internacional, vigente desde el año 2002, ha codificado el derecho consuetudinario en sus artículos 6 a 8 (genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra), y excluye en la actualidad, en sus artículos 11 y 24, su aplicación retroactiva. No obstante lo anterior, el artículo 24 (2) considera que en caso de un cambio de la ley aplicable al caso, antes del juzgamiento, debe aplicarse la ley posterior más favorable;

VIGÉSIMO: Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que "debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del 22

principio de retroactividad de la ley penal más favorable" [Corte IDH, caso Ricardo Canese vs. Paraguay, de 31 de agosto 2004, párr. 179];

4. Derecho transitorio, derecho temporal y las normas impugnadas.

VIGESIMOPRIMERO: Que, además de las normas generales mencionadas que dan cuenta del derecho intertemporal, en sus distintos ámbitos, el legislador se ve compelido, a veces, a dictar el derecho transitorio para resolver la adecuación entre la legislación derogada y la nueva, planteando excepciones al derecho intertemporal o llenando sus vacíos. En ese sentido, sus normas constituyen derecho especial frente al derecho intertemporal vigente;

VIGESIMOSEGUNDO: Que el derecho transitorio se diferencia, además, de las leyes temporales, en que éstas son promulgadas mientras subsistan determinadas circunstancias que motivan su dictación (v/gr., una sequía o epidemia) o para regir durante un tiempo predeterminado en ellas, que lo hacen operar con las características de una ley especial, para prevalecer de ese modo frente a las leyes generales existentes. El problema, como señala Cury, es si respecto de ellas debe aplicarse el artículo 18 del Código Penal, en sus incisos segundo y tercero, "de suerte que al hecho cometido mientras se encontraba en vigor la ley temporal habría de castigárselo con arreglo al derecho común si la sentencia de término es pronunciada después de que aquélla cesó de regir, o, supuesto que el fallo se dicte vigente todavía la ley temporal, habría que modificarlo luego de que dicha norma termine de imperar." La respuesta de la doctrina suele ser negativa. El delito perpetrado durante la vigencia de esa ley debe ser castigado conforme a 23 OOO637

ella, sin atender al tiempo de dictación de la sentencia y sin que pueda ella ser posteriormente modificada.

[CURY, Enrique (2011): Derecho Penal. Parte General (Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 10 4 edicón)p.23y]Elartícuodéim transitorio de la ley N° 20.720 pertenece, en cambio, a la primera de las categorías mencionadas;

VIGESIMOTERCERO: Que, tratándose de leyes sancionatorias derogadas, la jurisprudencia y la doctrina chilena reconocieron inicialmente la aplicación de leyes sancionatorias derogadas frente a leyes penales posteriores desfavorables para el acusado, conforme al artículo 18 del Código Penal. Esta situación se vio modificada cuando, a partir de 1987, la Corte Suprema acogió la doctrina de nombre reservado nombre reservado nombre reservado, conforme con la cual la derogación formal de una ley contenía como excepción su subsistencia para el caso en que la ley posterior conservara la punibilidad establecida por la ley derogada;

VIGESIMOCUARTO: Que la doctrina del profesor nombre reservado

ha guiado a la jurisprudencia de la Corte Suprema, que ha incidido en cambios legales como los introducidos a la Ordenanza de Aduanas (Ley N° 19.738), a la regulación del tráfico de estupefacientes (Ley N° 20.000) y en la regulación antimonopolios (Ley N° 20.361); criterio que una parte de la doctrina penal considera erróneo porque pretendería que la derogación formal de una ley contiene como excepción su subsistencia si la ley posterior conserva su punibilidad, confundiendo vigencia con aplicabilidad (Bascuhán Rodríguez). Se ha sostenido que la aplicación jurisprudencial de la doctrina se ha hecho sobre la base de una comparación abstracta entre la ley derogada y la nueva para acreditar su continuidad;

24 000638

VIGESIMOQUINTO: Que en las leyes mencionadas en el considerando anterior, se han introducido normas transitorias semejantes a la del artículo duodécimo transitorio de la Ley N° 20.720, siendo el caso más claro -que dispuso, además, la aplicación de leyes preteractivas desfavorables-, el artículo 9° transitorio de la Ley N° 19.738, sobre "Normas para combatir la evasión tributaria", de 19 de junio de 2001. La mencionada norma señala que: "Los delitos de fraude y contrabando cometidos con anterioridad a la fecha de publicación de la presente ley, sea que actualmente estén siendo conocidos o no por los tribunales competentes, se regirán por el actual artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, cuyo texto se encuentra aprobado por el decreto con fuerza de ley N 2 2 del Ministerio de Hacienda, de 1997.";

5. Constitucionalidad del artículo duodécimo transitorio de la Ley N° 20.720.

5.1. Historia de su tramitación legal.

VIGESIMOSEXTO: Que la norma impugnada tiene su antecedente en la regla introducida durante la discusión particular del proyecto de ley en la Sala del Senado, en los siguientes términos:

"Artículo duodécimo. Las disposiciones penales contempladas en la presente ley sólo se aplicarán a los hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia.";

VIGESIMOSÉPTIMO: Que la norma impugnada fue concebida, inicialmente, como una norma que debía hacer excepción al principio de lex mitior; así, el Senador Patricio Walker expresó que: "La actual Ley de Quiebras 25

contiene normas penales que tipifican delitos concursales para las figuras de quiebra culpable y quiebra fraudulenta. En este ámbito el proyecto deroga la normativa vigente y crea nuevas figuras penales, que se incorporan en un nuevo Título dentro del Código Penal, las que tienen por objeto sancionar las conductas ilícitas cometidas en relación con la nueva ley. Para evitar cualquier confusión acerca de la posibilidad de que se aplique la retroactividad de la ley en los casos que sean más favorables a la persona condenada y con la finalidad de distinguir un delito de otro, se propone un nuevo artículo transitorio, del siguiente tenor:

"Artículo 14 transitorio.- Las disposiciones penales de la presente ley sólo se aplicarán a los hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia". (Historia de la Ley N° 20.720, pág. 1686).

El Senador nombre reservado, por su parte, indicó que: "En segundo lugar, también se planteó introducir un nuevo artículo transitorio para evitar un problema. El proyecto incorpora una mirada distinta acerca de los delitos de fraude y de quiebra fraudulenta o culposa.

En la actualidad hay personas que se encuentran condenadas por tales ilícitos. Y han surgido interpretaciones judiciales que dan a entender que, fundándose en el principio pro reo y al cambiar la tipificación de los delitos, ellas quedarían liberadas de su responsabilidad penal.

Con el objeto de evitar esto último se propuso utilizar la misma norma que hemos empleado en otros cuerpos legales y establecer lo siguiente:

"Artículo 12 transitorio.- Las disposiciones penales contempladas en la presente ley sólo se aplicarán a los hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia.".

Esta norma -me parece que ya la usamos en la Ley de 26 00061O

Drogas- nos permitirá impedir que personas que han sido declaradas culpables del delito de quiebra fraudulenta puedan sentirse eximidas de responsabilidad penal en virtud del principio pro reo.

Tal vez podría no aplicarse, pero como hay casos en que sí se ha hecho nos parece imprescindible incorporar este artículo transitorio." (Historia de la Ley, pp. 1709 a 1710);

VIGESIMOCTAVO: Que la introducción de estas reglas tuvo como modelo, según expresara el senador nombre reservado, el artículo 1° transitorio de la Ley N° 20.000: "Esta ley sólo se aplicará a los hechos-señaldich spoicón- delictivos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia. En consecuencia, la Ley N° 19.366, el artículo 299 bis del Código de Justicia Militar y el artículo 193 del Código Aeronáutico continuarán vigentes para todos los efectos relativos a la persecución de los delitos contemplados en sus disposiciones y perpetrados con anterioridad a la publicación de esta ley, sin perjuicio de las reglas relativas a la pena, en que regirá lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal.";

VIGESIMONOVENO: Que, no obstante pudiera pensarse que la disposición transitoria anterior, antecedente de la norma impugnada, alude a que la aplicación del artículo 18 del Código Penal sea procedente para los efectos de determinación de la pena, ello carece de importancia, porque la redacción de la norma transitoria anterior de la Ley N° 19.366, de Drogas (artículo 59), no daba lugar a tal reduccionismo. La norma señalaba:

"Artículo 59.- Derógase la ley N° 18.403.

Con todo, la ley N° 18.403 continuará vigente para los efectos de la sanción de los delitos en ella contemplados y perpetrados con anterioridad a la publicación de esta 27 000611 /ize-t-ce42)

ley, en cuyo caso la pena se regulará, además, según lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal. La tramitación de los respectivos procesos, la prueba y la apreciación de la misma, se regirán, sin embargo, por las normas de esta ley.

Toda referencia legal o reglamentaría a la ley N° 18.403 debe entenderse hecha a esta ley.”,-

TRIGÉSIMO: Que, sin embargo, a diferencia del artículo 12 transitorio del proyecto de ley que culminó en la Ley N° 20.720, propuesto inicialmente por el senador nombre reservado, y reproducido más arriba, el artículo 1° transitorio de la Ley N° 20.000 no es redundante respecto del artículo 18 del Código Penal, por cuanto mientras esta norma no hace excepción a la regla general de aplicación del Derecho inter-temporal, la propuesta del Senador pretendía excluir la aplicación retroactiva de normas de la Ley N° 20.720 que fueran más favorables al acusado. Ello fue "corregido" posteriormente durante la tramitación legislativa, hasta arribar a la vigente disposición, contradictoria en lo literal, del artículo duodécimo transitorio de esta última ley. Fue la Superintendencia de Quiebras la que sugirió establecer que los delitos de quiebra fraudulenta y culpable continuaran "vigentes" para la persecución de los delitos perpetrados con anterioridad a la dictación de la nueva ley, pero en realidad de lo que se trataba era de la aplicación preteractiva de las normas anteriores derogadas (Historia de la Ley N° 20.720, p. 2.377);

TRIGESIMOPRIMERO: Que la oración final de la norma impugnada: "sin perjuicio de las normas relativas a la pena, en que regirá lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal °, fue introducida a sugerencia del profesor de la Universidad Católica, nombre reservado, durante el segundo trámite constitucional ante la Cámara de 28

Diputados (Ibídem, Historia de la Ley N° 20.720, pp.

2.377 y 2.689 a 2.690);

5.2. El artículo duodécimo transitorio no innova respecto del principio legal de retroactividad penal favorable.

TRIGESIMOSEGUNDO: Que, en vista de lo anterior, esta Magistratura sostiene que la norma impugnada no difiere de la utilizada en el artículo 59 de la Ley N° 19.366.

Las consecuencias prácticas son las mismas, no sólo por el alcance que cabe dar al artículo 19, N° 3°, inciso octavo, de la Constitución, sino también porque la disociación entre la determinación de la calidad del delito, conforme a la ley derogada, y la determinación de la pena, no excluye la disminución de la pena por la ley posterior más favorable, ni puede implicar necesariamente la despenalización de todos los hechos;

TRIGESIMOTERCERO: Que, como ha señalado la doctrina, la disposición duodécimo transitoria de la Ley N° 20.720 es una norma redundante, cuya única función práctica es garantizar la aplicación preteractiva de leyes derogadas ante un cambio legal desfavorable. La norma reafirma la posibilidad de aplicación de normas derogadas, a menos que la ley posterior sea favorable al imputado [BASCUÑÁN, Antonio (2015): "El principio de lex mitior ante el Tribunal Constitucional", en Revista de Estudios de la Justicia, N° 23, pp. 11-68, pp. 59-60]. De este modo, reitera el principio legal del artículo 18 del Código Penal y es compatible con el artículo 19 N° 3° de la Constitución;

TRIGESIMOCUARTO: Que, sin embargo, la determinación de si ese cambio es o no desfavorable, no es algo que pueda resolver de manera abstracta este Tribunal.

000o43 29

Corresponderá al juez de fondo, más allá de la redacción dispuesta por el legislador, realizar dicha determinación, comparando las normas derogadas con las nuevas introducidas, pudiendo presentarse -como resultado de esa comparación- distintas posibilidades; entre ellas:

la posible despenalización de conductas antes ilícitas, la aplicación más favorable al acusado de las normas contenidas en la nueva ley por observancia de la lex mitior; la aplicación del indubio pro reo; la subsunción de hechos constitutivos de la quiebra culpable o fraudulenta en disposiciones de la nueva ley y la aplicación de la ley más favorable, o la aplicación preteractiva de las normas derogadas; aspectos todos que sólo pueden ser determinados mediante la interpretación que realice el juez ordinario llamado naturalmente a aplicarlas;

TRIGESIMOQUINTO: Que idéntico criterio ha sido utilizado por el legislador, a vía ejemplar, a propósito de las modificaciones de la Ley N° 20.000, que "sustituye la Ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas" (artículo 1 2 transio.-Eleysóoapicráloshe delictivos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia. En consecuencia, la ley N 2 19.366, el artículo 299 bis del Código de Justicia Militar y el artículo 193 del Código Aeronáutico continuarán vigentes para todos los efectos relativos a la persecución de los delitos contemplados en sus disposiciones y perpetrados con anterioridad a la publicación de esta ley, sin perjuicio de las normas relativas a la pena, en que regirá lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal. Asimismo, la tramitación de los respectivos procesos, la prueba y la apreciación de la misma, se regirán por las normas de dichos cuerpos legales.

000(S44 30

Acz~yeZ En el caso de los procesos que, una vez en vigencia esta ley, se continúen tramitando conforme a las leyes procesales penales anteriores a la entrada en vigor del Código Procesal Penal, la autorización a que se refiere el artículo 9 2 no se concederá a los acusados y se suspenderá respecto de quienes se dicte auto de procesamiento. Asimismo, se denegará respecto de los procesados la inscripción en el registro especial a que se refiere el Título V y se suspenderá la que ya se hubiere practicado respecto de quienes sean sometidos a proceso. Y en la ley modificatoria de la Ordenanza de Aduanas (D.F.L. N° 213, de 22 de julio de 1953, Ministerio de Hacienda (Texto refundido: D.F.L. N 2 30, de 18 de octubre de 2004 - Ministerio de Hacienda). Se trata del artículo 9° transitorio de la Ley N° 19.738, sobre "Normas para combatir la evasión tributaria", de 19 de junio de 2001: "Artículo 9 2 .- Los delitos de fraude y contrabando cometidos con anterioridad a la fecha de publicación de la presente ley, sea que actualmente estén siendo conocidos o no por los tribunales competentes, se regirán por el actual artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, cuyo texto se encuentra aprobado por el decreto con fuerza de ley Nº 2 del Ministerio de Hacienda de 1997." Este artículo dispuso la aplicación preteractiva de una ley penal desfavorable. Por eso Bascuhán sostiene que no es una norma redundante, como la del artículo 12 transitorio, sino una auténtica regla especial de preteractividad, dado su carácter de ley especial;

TRIGESIMOSEXTO: Que el Tribunal ha llegado a la convicción de que la norma del artículo duodécimo transitorio de la Ley N° 20.720 no es una de aquellas cuya finalidad sea el establecimiento de nuevos tipos penales, sino una mera aplicación del principio general que contenido en el artículo 19, N° 3°, inciso octavo, de 000645 31

la Constitución y que el Código Penal desarrolla en su artículo 18;

6. Constitucionalidad del artículo 38 de la antigua Ley de Quiebras.

TRIGESIMOSÉPTIMO: El requirente impugna este artículo basándose en los mismos argumentos de la impugnación anterior, pues estima que este precepto establece un tipo penal más perjudicial en su caso, y que en aplicación del principio constitucional de retroactividad penal favorable, deberían aplicársele los nuevos tipos penales establecidos en la Ley N° 20.270, en los cuales no se castiga el beneficio propio del liquidador, función que el requirente homologa a la de síndico;

TRIGESIMOCTAVO: Que, la interpretación legal que realiza el requirente en sede penal está, por cierto, en contradicción con lo señalado por los otros intervinientes. Por ejemplo, el Ministerio Público sostiene que al requirente se le imputa haber obtenido ventajas para sí (35 millones) y para terceros (476 millones). De tal forma que el artículo 38 de la derogada Ley de Quiebras es aplicable igualmente en los casos en que se defrauda a terceros (fs. 301). La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento argumenta que no existe un régimen penal más favorable para el síndico, porque tal función desaparece en el nuevo sistema concursal. A su juicio no son equiparables la función de síndico con la de veedor o liquidador, de tal forma que los delitos prescritos para estos últimos no se aplican en caso alguno al síndico (fs. 374-375). Asimismo, afirma que la conducta de obtener ventajas indebidas para sí no fue 32 00046

despenalizada, y que una correcta interpretación de la Ley N° 20.270 así lo comprueba (fs. 377 y 378);

TRIGESIMONOVENO: Que, considerando que el legislador ha tenido una finalidad constitucional legítima para efectuar el cambio de legislación, su interpretación y, en concreto, la interpretación de un régimen favorable o desfavorable para el requirente, es una cuestión de legalidad. No estamos frente a dos cuerpos de normas que no dialoguen entre sí para la observancia de los derechos del requirente, y como ya se ha establecido, el artículo 12 transitorio de la Ley N° 20.270 permite al juez realizar este examen de legalidad y aplicar el principio de ley penal más favorable. Será el juez ordinario el llamado a determinar las distintas posibilidades de punibilidad o de exención de ella en que se puede encontrar el requirente (ver SSTC Roles 503/06, c. 9°, y 784/07, c. 14°). Es perfectamente posible, por lo demás, que el juez pudiera considerar que unos supuestos de hecho tipificados como ilícitos en la ley anterior puedan eventualmente también serlo bajo la nueva normativa, o bien, estimar que se aplica el precepto impugnado, "pues la nueva regulación no desautoriza por la magnitud del cambio que introduce la declaración de merecimiento y/o necesidad de pena expresada por las normas punitivas derogadas." [BASCUÑÁN, Antonio (2015): "El principio de lex mitior ante el Tribunal Constitucional", en Revista de Estudios de la Justicia, N° 23, pp. 11-68, p. 61];

CUADRAGÉSIMO: Que, en definitiva, la aplicación del artículo 38 de la derogada Ley de Quiebras no produce efectos inconstitucionales en el caso concreto, pues no quebranta el mandato constitucional de aplicar favorablemente al afectado una ley posterior a la perpetración de los hechos. La determinación concreta de 33 000647

la favorabilidad o no de este precepto es una cuestión de legalidad que debe resolver el juez penal;

CUADRAGESIMOPRIMERO: Que, en consecuencia, en su aplicación al caso concreto, hay cuestiones que no son resorte de este Tribunal decidir, puesto que es competencia del juez de fondo definir el tipo penal que enmarca los hechos en este tránsito entre un régimen antiguo de quiebras (Ley N° 18.175) y el nuevo sistema de reorganización de empresas e insolvencia (Ley N° 20.720).

Asimismo, la determinación de cuál es la ley favorable implica un ejercicio de calificación de hechos que es completamente ajeno a las atribuciones de esta Magistratura.

No obstante, en cuanto al conflicto constitucional planteado, está demostrado en esta sentencia que el artículo 12 transitorio impugnado no configura un nuevo tipo penal y él mismo no innova en relación con el artículo 19, numeral 3°, inciso octavo, de la Constitución, estableciendo una mera consecuencia lógica de la expresión del principio de retroactividad excepcional de la ley penal en la nueva Ley N° 20.720.

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD DEDUCIDO A FOJAS 1.

34 000618 /ii)ze"1/ II. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE, POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.

Los Ministros señores Iván Aróstica Maldonado y José Ignacio Vásquez Márquez, concurren a la sentencia por lo expresado en sus considerandos 1° y 4°, y teniendo además presente lo siguiente:

1°. Que, el artículo 19, N° 3, inciso 8° de la Constitución Política de la República, tiene por destinatarios a los Tribunales y el Legislador, en tanto ambos son partes de Estado que deben respetar las garantías constitucionales.

Los Tribunales, según esta garantía constitucional, por regla general deben aplicar la ley vigente al momento de la perpetración del delito. Pero si hay cambio o derogación sobreviniente de la ley, deben aplicar la vigente al momento del juzgamiento, siempre y cuando la ley nueva sea más favorable (porque exime de pena, establece una menos rigurosa, crea nuevas causales eximentes o atenuantes, abrevia la prescripción; etc.).

El Legislador, si ha dictado una ley nueva más favorable, no puede mandar aplicar a la ley vigente a la época de la perpetración, ni prohibir aplicar la ley vigente a la época del juzgamiento, ni permitir aplicar una u otra ley indistintamente. Estos tres casos, en que una norma legal aparece contraria, opuesta, o distinta a la Constitución, no son conformes con ella, y pasan a ser justiciable por el Tribunal Constitucional;

35 000649 ,6400021, /

2°. Que, en el caso presente, primeramente debe dilucidarse si ha existido un cambio o derogación sobreviniente de leyes penales en el tiempo (caso en que sí regiría el artículo 19, N° 3, inciso octavo, constitucional) o, más bien, se trata de la sustitución de un régimen jurídico por otro completamente distinto al anterior (caso en que no tendría aplicación dicha garantía constitucional).

Es obvio que en la especie se configura la primera situación, desde que el propio artículo duodécimo transitorio de la Ley N° 20.720 se remite expresamente al artículo 18 del Código Penal, que no hace más que reproducir el artículo 19, N° 8 inciso octavo, de la Carta Fundamental;

3°. Que, tocante enseguida al eventual carácter más favorable de la Ley N° 20.720, una primera interpretación plantearía que el artículo 38 de la antigua Ley de Quiebras, comprendida en el antiguo Libro IV del Código de Comercio, sería diferente a lo que establece el artículo 27 del primer enunciado nuevo cuerpo legal, el que sólo se aplicaría al "veedor" y no, al "nombre reservado

liquidador", figura que ostentaría el actor a la época de ocurrencia de los hechos por los que está siendo juzgado.

De esta forma, la conducta previamente típica, hoy se encontraría del todo descriminalizada.

Una segunda interpretación apunta a que el artículo 464, N° 3°, del Código Penal, introducido por la Ley N° 20.720 a dicho cuerpo punitivo, establecería una menor pena, en tanto no sanciona el "proporcionar ventajas indebidas para sí". De esta suerte, la nueva ley sería más benigna, dada la despenalización parcial de la conducta;

36 4°. Que, por tanto, si bien el artículo duodécimo transitorio de la Ley N° 20.720 dispone la aplicación de la ley vigente al momento de la perpetración del hecho, esto es, la figura típica contemplada en el anotado artículo 38 de la Ley de Quiebras, ya derogada, no prohíbe al juez penal la aplicación de las nuevas normas penales que él estime más benignas y que se encuentren vigentes al momento del juzgamiento, dada la remisión expresa que el legislador ha efectuado al artículo 18 del Código Penal.

Por lo que las alegaciones a dicho respecto, deben ser formuladas en la sede penal competente para ello.

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores Cristián Letelier Aguilar y Nelson Pozo Silva, quienes estuvieron por acoger el requerimiento deducido a fojas 1, en razón de las siguientes consideraciones:

1°. Que la comprensión de la conducta humana requiere también un acto de interpretación, pero a la vez una explicación, por el otro. Los resultados de la interpretación siempre van estar vinculados o, mejor dicho, interrelacionados con la comprensión y explicación de los hechos, de forma tal, que si denominamos "comprensión" a cada acto de captar que es una determinada cosa, la comprensión resulta ser un requisito previo a toda explicación, ya sea causal o teleológica.

Lo mismo sucede en la pretensión de comprender el significado de lo previsto en el artículo duodécimo transitorio de la Ley N°20.720. Para llegar a ser calificados los datos disponibles deben estos haber pasado previamente por una prueba de explicabilidad, en un sentido que la forma de apreciación por el sujeto que 000651 j7 Atuie-<:e4 4 ;4~1 2 t/(ÁA'

visualiza el presupuesto fáctico y el precepto legal a interpretar debe buscar el sentido final del caso concreto en cuestión;

2°. Que, la primera aproximación al tema consiste en que la regla constitucional prevista en el inciso octavo, del numeral tercero, del artículo 19, constituye una disposición que versa sobre la aplicación de normas legales en el tiempo, la cual tiene como destinatario no sólo al juez que debe resolver el caso concreto, sino también al legislador, quien, está afecto a una limitación en sus potestades normativas.

En tal sentido, reiterados fallos de la Corte Suprema han fijado como parámetros limitativos basado en la regla constitucional recién citada que la Carta Fundamental enunciada como "ley más favorable", la cual debe entenderse que no está referida en su limitación sólo a la pena específica que la ley señala en abstracto, sino también a otros aspectos penales sustantivos que pueden mejorar la situación jurídico-material del acusado (C. Suprema, 30.01.2014; Rol N°4.608-2013). Lo mismo lo reiteran en el sentido de conceder medidas alternativas - penas sustitutivas según la actual ley - que es facultad de los jueces (C. Suprema Rol N° 9.745-2013, 02.12.2013)

y, más aún, en sentencia de 30 de enero de 2012 (Rol N°565-2012), que en sus considerandos 2, 3 y 4 establecen como principio fundamental del artículo 19, N°3, de la Constitución Política de la República el principio de irretroactividad de la ley penal, y como excepción, la aplicación de la ley posterior más favorable, estableciendo que el desarrollo de esta garantía constitucional se encuentra estatuida en el artículo 18 del Código Penal, mandatando la aplicación de la ley menos rigurosa (Código Penal, sistematizado con jurisprudencia, Ed. Thomson Reuters, 2015, p.p. 151 y 152);

3°. Que, la aplicación de la ley penal más benigna es un principio admitido por la doctrina nacional e internacional desde antiguo, estimándose que la nueva normativa es más favorable al procesado no sólo cuando esta exime el hecho de toda pena o no haciéndolo, le aplica una penalidad que permite rebajar su calificación o una menos extensa en su duración, sino también cuando se consagran eximentes de responsabilidad penal o atenuantes que lo beneficien, o incluso cuando se alteran las descripciones del tipo, adicionando exigencias que no concurrirían en la conducta por la cual se le reprocha (C. Suprema, Rol N°4.446, 28.11.2007.);

4°. Que el sustento del instituto de la ley más favorable, regulado expresamente en el artículo 19, N°3, de la Constitución, descansa en un fundamento material cuya relevancia consiste básicamente en el cambio de valoración que ha decidido la sociedad respecto de uno o más hechos, siendo de plena justicia que dicho cambio de valoración alcance incluso a hechos pasados respectos de los cuales se ha dictado sentencia condenatoria firme, tal como lo dispone el artículo 18, inciso tercero, del Código Penal (Corte Suprema, Rol N°1.909-2007, 31.08.2007). Reafirma lo antes señalado que la aplicación del citado argumento - inciso tercero del artículo 18 del C. Penal - no está limitada a la aplicación retroactiva de la ley penal, sino a cualquier ley siempre que su aplicación sea más favorable al imputado, pudiendo incluso eliminarse la tipicidad o antijuridicidad de la conducta (C. Apelaciones de Temuco, Rol N°941-2008.

14.10.2008);

39 O O O 6 l'o 3 / (teA

5°. Que, el alcance de la regla constitucional en comento, en el sentido de beneficiar al imputado es congruente, en un todo armónico, con lo desarrollado en el mencionado artículo 18 del Código Penal, norma que sirva de base para el desenvolvimiento de la garantía constitucional enunciada en el inciso octavo, del numeral tercero, del artículo 19, constitucional. Por su parte, la norma transitoria impugnada en autos limita la plena aplicación del referido artículo 18 del Código Penal y, con ello, de la norma constitucional que le sirve de marco y sustento. Tanto en la historia de la ley como el supuesto lógico de que no puede partirse de la base de que el precepto legal objetado es una norma redundante, no hace más que resaltar que el nuevo régimen penal establecido por la Ley N° 20.720 establece hipótesis más favorables, que en el caso concreto, uno de los delitos imputados al requirente ha dejado de estar penalizado, lo cual permite concluir que, la aplicación de los preceptos legales impugnados, generan un agravio incompatible con la garantía constitucional en comento;

6°. Que el propósito del artículo 12 de la Ley N° 20.720 es evitar la aplicación retroactiva de la ley penal, declarando a partir de su primera frase que los nuevos tipos penales de la Ley N° 20.720 no se aplicaran a hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley. Que, sin embargo, los artículos 344 y 347, N° 20, de la ley analizada, derogan expresamente las normas recién citadas, de forma tal que, el artículo 38 y el Título XIII, ambos del Libro IV del Código de Comercio se remiten al artículo 18 del Código Penal en su operatividad, lo cual no hace más que reafirmar la congruencia entre la garantía constitucional de aplicación práctica de la ley más benigna para el imputado en la situación concreta;

40 7°. a.- Mandato para el juez. Que la disposición constitucional citada, por sí y a través de la norma legal que la despliega (artículo 18, incisos segundo y tercero, del Código Penal), constituye un mandato para el juez. En efecto, si en el período que media entre la perpetración del hecho y la condena, cambia favorablemente la penalidad asociada a un acto considerado previamente como delictivo, el juez estará obligado a aplicar la nueva ley desde su promulgación.

Lo anterior no obsta al hecho de que es al juez a quien le corresponde determinar en el caso concreto si existe o no un hecho punible de responsabilidad del imputado y, si este último es el caso, cuál es su penalidad (en cuyo caso debe evaluar si la nueva ley promulgada establece, para el asunto sometido a su conocimiento, condiciones más favorables). Pero, como se afirmó, si ése es el caso, la Constitución obliga al juez a aplicar la regla de la ley más favorable;

b.- Mandato para el legislador. Que, independiente de que el mandato constitucional vaya dirigido al juez, también debe estimarse como obligatorio para el legislador. Tal como se reconoce en el considerando 45° de la sentencia N° 2673-14-INA de 1.10.2015, "tratándose de la lex mitior entendida como regla de valor constitucional (léase artículo 19, N°3, inciso octavo, de la Constitución), debe entenderse que el destinatario de la norma es el legislador";

8°. Que la determinación de la aplicación de las leyes en el tiempo suele ser una materia que debe ser resuelta por los jueces de fondo, pero ello no es óbice, que en virtud de la competencia de esta Magistratura, y por aplicación de la garantía constitucional del inciso octavo, del artículo 19, en su numeral tercero, de la Constitución, constituye un precepto que regula la 41

aplicación de la ley penal en el tiempo. Es así, que le está vedado al legislador la dictación que evite la aplicación de condiciones más favorables a todo imputado o condenado por la vía de diferir su vigencia o excluir su aplicación a conductas acaecidas con anterioridad;

9°. Que lo que no puede hacer el legislador, de manera perentoria, es establecer que los imputados que no han sido condenados con sentencia ejecutoriada o firme, situación que sucede en la especie, carezcan de la opción de beneficiarse de la regla constitucional de aplicación de la ley penal más benigna;

10°. Que, también, el argumento histórico favorece la aplicación de la regla, "en la Sesión 112 de las Actas Oficiales de la Comisión constituyente, pág. 14, celebrada con fecha 8 de abril de 1975, cuya transcripción parcial es aportada, precisamente, por el considerando 50° del fallo del cual disentimos. Valga, a modo de confirmación, lo señalado por el considerando 49° del mismo fallo: "desde el punto de vista de la historia del establecimiento de la norma, la retroactividad benigna, que sólo había tenido en nuestro ordenamiento reconocimiento legal en el artículo 18, inciso segundo, del Código Penal, fue incorporada al texto de la Constitución". En otras palabras, existe evidencia no controvertida de que el artículo 18 del Código Penal refleja el sentido y alcance del artículo 19, N°3°, inciso octavo, de la Constitución"(STC 2673-14-INA);

11°. Que tal como se expresó en la citada sentencia rol N°2673-14-INA, en el guarismo 12 del voto de minoría, la disposición legal que limite de manera absoluta la aplicación del inciso tercero, del artículo 18, del 42 000656 2 Código Penal es inconstitucional por violar el artículo 19, N°3, inciso penúltimo, de la Constitución, reiterando lo enunciado en STC Rol N°78 c.29 de esta Magistratura, que explicita que una limitación total de una disposición del Código punitivo resulta inconstitucional puesto que es una limitación de un derecho consagrado en la Constitución y que en su aplicación práctica redunda en un severo perjuicio para el imputado, al desconocérsele la invocación del principio "in dubio pro reo";

12°. Que, la historia legislativa del precepto impugnado da cuenta de su propósito restrictivo. Que en la discusión en la Sala del Senado del proyecto de ley, el senador Patricio Walker planteó la necesidad de aprobar una normativa transitoria que no permitiera aplicar la ley penal más favorable: "(...) La actual Ley de Quiebras contiene normas penales que tipifican delitos concursales para las figuras de quiebra culpable y quiebra fraudulenta. En este ámbito el proyecto deroga la normativa vigente y crea nuevas figuras penales, que se incorporan en un nuevo Título dentro del Código Penal, las que tienen por objeto sancionar las conductas ilícitas cometidas en relación con la nueva ley. Para evitar cualquier confusión acerca de la posibilidad de que se aplique la retroactividad de la ley en los casos que sean más favorables a la persona condenada y con la finalidad de distinguir un delito de otro, se propone un nuevo artículo transitorio, del siguiente tenor:

"Artículo 14 transitorio.- Las disposiciones penales de la presente ley sólo se aplicarán a los hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia". (Discusión en Sala, Primera Trámite Constitucional, Senado, p.1684).

En la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la Superintendenta de Quiebras -actual Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento- 43 000657 Azi;e4/a;

explicó que la redacción inicial de la norma impugnada ante este Tribunal "(...) establece una excepción al principio in dubio pro reo. Relató que cuando se votó el proyecto en la Sala del Senado, se incorporó esta norma, en el entendido de que al eliminarse las presunciones de quiebra culpable y fraudulenta, podría ocurrir que un condenado según la ley vigente pueda solicitar, apelando a dicho principio, su absolución, por la inexistencia del delito." (Historia de la Ley N°20.720, p. 2376). A continuación, el entonces diputado Felipe Harboe expresó su aprensión acerca de la disposición propuesta en razón de que limitaría el derecho constitucional comentado:

"(...) aquellas personas que se encuentren condenadas por los delitos de quiebra culpable o fraudulenta podrían invocar el principio in dubio pro reo, para solicitar su absolución, en atención a que el delito dejó de existir.

Señaló que esta disposición puede ser cuestionada desde el punto de vista de su constitucionalidad, sobre todo si se considera que el principio in dubio prr, reo está consagrado en la Carta Fundamental.". (Historia de la Ley N°20.720, p. 2376).

La solución adoptada por la Comisión de Constitución de la Cámara, que dio origen a la normativa impugnada en autos, fue agregar al artículo transitorio la frase "sin perjuicio de las normas relativas a la pena, en que regirá lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal", con el fin de explicitar la excepción al principio de ley penal más favorable y así, conseguir "que los delitos de quiebra culpable y fraudulenta continuarán vigentes para todos los efectos relativos a la persecución de tales delitos, que hayan sido perpetrados con anterioridad a la publicación de esta ley."(p. 2377);

13°. Que no es posible imputar una cuestión abstracta el objeto deducido por la requirente, en cuanto 000(158 44

/iem( )etjA9 a si la determinación en el cambio normativo, entre la antigua ley de quiebras y la actual Ley N° 20.720, dado que lo que está en juego es la aplicación de la ley más favorable, en virtud del principio de "in dubio pro reo", ni menos pretender desconocer una garantía constitucional en aras de meras operaciones de subsunción o de simple legalidad, cuando la base de la ley más favorable en favor del imputado proviene del viejo aforismo "in dubio pro reo", principio que implica no sólo una técnica probatoria ni meros mecanismos de acreditación de hechos, sino que dice relación con la vigencia de una normativa de rango constitucional, que complementada con el artículo 18 del Código Penal, resuelven la duda si los hechos tipifican una figura controvertida o ha perdido vigencia en virtud del mandato constitucional un precepto legal por aplicación del in dubio pro reo, materia que no escapa a la jurisdicción y competencia de esta Magistratura (ver STC Rol N°113, considerando tercero);

14°. Que, tampoco resulta pertinente invocar que no corresponde a este órgano constitucional pronunciarse por lo señalado por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento que no existe un régimen más favorable para el Síndico, pues dicha función desapareció con el nuevo sistema concursal, argumento que más bien favorece las pretensiones de esta disidencia, puesto que el no ejercer el resguardo de una garantía constitucional como es la consagrada en el artículo 19, N°3, inciso penúltimo de la Carta Fundamental, implica renunciar a una facultad propia de este tribunal;

15°. Que tampoco se trata de cuestiones de mera legalidad, ya que el sólo hecho que existe una garantía constitucional, la cual expresamente fue invocada por la 45 000659

actora a fojas 1 y siguientes, redundan en lo expresado por los profesores nombre reservado y nombre reservado, quienes señalaron:

"Irretroactividad de la ley penal desfavorable y retroactividad de la ley más favorable como principios generales. Como se ha dicho en términos generales, el art. 19, N°3, inciso 8° CPR consagra al mismo tiempo los principios de irretroactividad de la ley penal desfavorable y retroactividad de la más favorable. El desarrollo legal de estos principios se encuentra en el art. 18 CP, donde se especifica que si después de cometido el delito y antes de que se pronuncie sentencia de término, se promulgare otra ley que exima tal hecho de toda pena o le aplique una menos rigorosa, deberá arreglarse a ella su juzgamiento.

Si la referida ley se promulga "después de ejecutoriada la sentencia, sea que se haya cumplido o no la condena impuesta, el tribunal que hubiere pronunciado dicha sentencia, en primera o única instancia, deberá modificarla de oficio o a petición de parte".

Y agregan: "La circunstancia de que el artículo 18 CP establezca la modificación de la sentencia condenatoria, aun en el caso que la condena se haya cumplido, hace lógica la limitación práctica, señalada por la doctrina, en el sentido de restringir la revisión de oficio de los fallos a aquellos casos en que la sentencia esté produciendo algún efecto, excluyendo aquellos casos sin significación práctica alguna. No obstante, los tribunales se encontrarán obligados a revisar fallos ejecutoriados y con penas cumplidas si una ley posterior exime al hecho de toda pena y esa declaración es la que pretende el condenado, para efectos, por ejemplo, de la reincidencia" (nombre reservado

nombre reservado y nombre reservado, Lecciones de Derecho Penal Chileno. Fundamentos y Límites Constitucionales del 46

derecho penal positivo, Thomson Reuters, 2015, Santiago de Chile, p.205);

16°. Que no resulta pertinente, que a priori se niegue la opción de analizar los elementos de un tipo penal, teniendo en consideración que la existencia de elementos normativos del tipo o figura delictiva, pueden perfectamente representar una vulneración de garantías, en la medida que el carácter valórico de dichos elementos normativos puedan afectar una o más garantías constitucionales que deben ser salvaguardadas en esta sede y bajo el amparo de la acción propia del artículo 93, N°6, de la Constitución;

17°. Que en cuanto a la naturaleza jurídica de la operación de calificar, cual es la ley más favorable, dicha acción implica una calificación jurídica, donde la comparación entre tipos penales aplicables, al caso concreto resultan opuestos y contradictorios entre sí, no puede confundirse dicho ejercicio con el acto de mera adecuación típica, que es más bien una operación de lógica formal, con aquella decisión propia de esta judicatura, que es verificar la existencia de una contradicción esencial e insoluble entre un precepto constitucional y una ley, originada por un conflicto aparente de leyes penales;

18°. Que, además, tampoco estamos en presencia de criterios interpretativos, esto debido a que el conflicto real es la aplicación de dos normas penales diferidas en el tiempo, las cuales llevan a que por mandato constitucional deban dilucidarse cual prima sobre la otra en su aplicación, basados en el principio de "la ley más favorable" para el imputado (In dubio, significa carecer O O (1 6 6 1 47 mo'

de certeza, encontrarse en la incertidumbre, citado por S. Sentis Melendo, In dubio pro reo, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1971, p. 20);

19°. Que, en virtud de lo anteriormente expuesto procedería la aplicación general de la norma del artículo 18 del Código Penal, esto es, del derecho intertemporal genérico, pudiendo ser perfectamente aplicable al requirente la norma penal más favorable en toda su intensidad y magnitud, dado a que el precepto legal cuestionado tiene un carácter restrictivo, que impide la opción de aplicar en toda su extensión la regla constitucional y legal (complementarias) de la ley más favorable al imputado. Razones históricas, lógicas y sistemáticas llevan a que la garantía constitucional invocada se interprete en el sentido ya indicado, y consecuencialmente, proceda acoger el requerimiento deducido a fojas 1 y siguientes, en todas sus partes.

Redactó la sentencia el Ministro señor Gonzalo García Pino; la prevención, el Ministro señor Iván Aróstica Maldonado; y, la disidencia, el Ministro señor Nelson Pozo Silva.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 2957-16-INA.

000662 48

/1"4 " 7159

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente, Ministro señor Carlos Carmona Santander, y por sus Ministros señora Marisol Peña Torres, señores Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza, señora María Luisa Brahm Barril y señores Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y José Ignacio Vásquez Márquez.

Se certifica que el Ministro señor Nelson Pozo Silva concurre al acuerdo, pero no firma por encontrarse haciendo uso de su feriado legal.

Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, señor Rodrigo Pica Flores.

En Santiago, a t5 de de ...Z. :/-/ , notifiq9jer anal ente • . . .

a .1..,.1›..

la sentenci recaída en utos Rol N°?..95». ...I.. 'hl.

de .2, le. ... . de e44.£4,0.... de ..2.4 :>•/•14 • y a quien entregué copia.

Santiago 24 de enero de 2017.

OFICIO N° 76-2017

Remite sentencia

EXCELENTISIMA SEÑORA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA:

Remito a V.E. copia de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 24 de enero en curso, en el proceso Rol N° 2957-16-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 12 transitorio de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio.

Saluda atentamente a V.E.

nombre reservado

25 ENE 2017 / Secretario

A S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA DOÑA MICHELLE BACHELET JERIA PALACIO DE LA MONEDA PRESENTE.

Santiago, 24 de enero de 2017.

OFICIO N° 77-2017

Remite sentencia.

EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL H. SENADO:

Remito a V.E. copia de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 24 de enero en curso, en el proceso Rol N° 2957-16-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 12 transitorio de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio.

t Saluda atentamente a V.

O A' ON SANTAND resid

Secretario

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO DON RICARDO LAGOS WEBER SENADO DE LA REPUBLICA SENADO DE LA VALPARAISO REPÚBLICA DE CHILE

2 5 ENE 7P17 CORREO INTERNO SANTIAGO 44, e «3, 4 10 O 6 6 5 nombre reservado

De: Notificaciones del Tribunal Constitucional <correo reservado > Enviado el: miércoles, 25 de enero de 2017 9:52 Para: 'Notificaciones del Tribunal Constitucional'; correo reservadosenado.cl CC: 'nombre reservado'; correo reservado

Asunto: Comunica sentencia Datos adjuntos: oficio senado 2957 77.pdf; sentencia def 2957.pdf

Señor 'nombre reservado

oecretario Senado

Junto con saludarlo, y sin perjuicio que la actuación a la que alude este mail ha sido enviada por mano, mediante Oficio N° 77-2017, vengo en remitir adjunta sentencia pronunciada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 2957-16 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por nombre reservado

respecto de los artículos 12 transitorio de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio, en los autos RIT 1651-2015, RUC 1500166033-8, sustanciados ante el Juzgado de Garantía de Rancagua.

Atentamente,

nombre reservado.

Secretario Tribunal Constitucional Fono: (56-2) 272 19 200 / 272 19 225 Paseo Huérfanos N° 1234, Santiago Centro.

Santiago — Chile.

1 Santiago, 24 de enero de 2017.

OFICIO N° 78-2017

Remite sentencia.

EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS:

Remito a V.E. copia de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 24 de enero en curso, en el proceso Rol N° 2957-16-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 12 transitorio de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio.

Saluda atentamente a V

LOS Pres; s nte

O nombre reservado

Secretario

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DON OSVALDO ANDRADE LARA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS PEDRO MONTT S/N° VALPARAISO nombre reservado . 7' De: Notificaciones del Tribunal Constitucional <correo reservado > Enviado el: miércoles, 25 de enero de 2017 9:53 Para: 'nombre reservado'; 'Notificaciones del Tribunal Constitucional'; correo reservado ;

correo reservado ; correo reservado

CC: 'nombre reservado'; correo reservado

Asunto: Comunica sentencia Datos adjuntos: oficio camara 2957 78.pdf; sentencia def 2957.pdf

Señor nombre reservado

nombre reservado

Cámara de Diputados

Junto con saludarlo, y sin perjuicio que la actuación a la que alude este mail ha sido enviada por carta certificada, mediante Oficio N° 78-2017, vengo en remitir adjunta sentencia pronunciada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 2957-16 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por nombre reservado respecto de los artículos 12 transítorío de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio, en los autos RIT 1651-2015, RUC 1500166033-8, sustanciados ante el Juzgado de Garantía de Rancagua.

Atentamente,

nombre reservado.

Secretario Tribunal Constitucional Fono: (56-2) 272 19 200 / 272 19 225 Paseo Huérfanos N° 1234, Santiago Centro.

Santiago — Chile.

1 000668

Santiago, 24 de enero de 2017.

OFICIO N° 79-2017

Remite sentencia.

SEÑOR JUEZ JUZGADO DE GARANTIA DE RANCAGUA:

Remito a US. copia de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 24 de enero en curso en el proceso Rol N° 2957-16-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 12 transitorio de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio, en los autos RIT 1651 - 2015, RUC 1500166033 - 8, sustanciados ante ese Juzgado de Garantía de Rancagua, a los efectos qu- • dica.

Saluda atentamente a US.

RODR1451FIT)RES Secretario

SEÑOR JUEZ JUZGADO DE GARANTIA DE RANCAGUA DON nombre reservado

domicilio reservado

RANCAGUA nombre reservado

De: Notificaciones del Tribunal Constitucional <correo reservado > Enviado el: miércoles, 25 de enero de 2017 10:03 Para: 'Notificaciones del Tribunal Constitucional'; correo reservado

CC: correo reservado ; 'nombre reservado' Asunto: comunica sentencia Datos adjuntos: oficio 2957 tribunal de garantía.pdf; sentencia def 2957.pdf

nombre reservado

Jefe Unidad de Causas Juzgado de Garantía de Rancagua

Junto con saludarlo, y sin perjuicio que la actuación a la que alude este mail será enviada por carta certificada el día de hoy, mediante Oficio N° 79-2017, vengo en remitir adjunta sentencia pronunciada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 2957-16 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por nombre reservado respecto de los artículos 12 transitorio de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio, en los autos RIT 1651-2015, 'UC 1500166033-8, sustanciados ante el Juzgado de Garantía de Rancagua.

Atentamente,

1. nombre reservado

De: tribunalconstitucional.c1 <correo reservado > Enviado el: miércoles, 25 de enero de 2017 9:42 Para: correo reservado ; correo reservado ; correo reservado ;

correo reservado; correo reservado ; correo reservado

Asunto: Notificacion Rol 2957-16 Datos adjuntos: 1796_1.pdf

Adjunto remito a ustedes sentencia definitiva dictada por este Tribunal en el proceso Rol N° 2957 16 INA, sobre requerimiento de - -

inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por nombre reservado respecto de los artículos 12 transitorio de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio, en los autos RIT 1651-2015, RUC 1500166033-8, sustanciados ante el Juzgado de Garantía de Rancagua.

Atentamente,

Secretario Abogado

correo reservado

Tribunal Constitucional domicilio reservado. Santiago - Chile nombre reservado

nombre reservado,;,;„4 :20,,U6 )

De: Notificaciones del Tribunal Constitucional <correo reservado > Enviado el: miércoles, 25 de enero de 2017 9:45 Para: 'Notificaciones del Tribunal Constitucional'; correo reservado ; 'nombre reservado' CC: 'nombre reservado - (Corte)'; 'nombre reservado - (Consejeros)';

'nombre reservado - (PF Santiago)'; 'nombre reservado nombre reservado';

'nombre reservado'; 'nombre reservado' Asunto: RE: Comunica sentencia Datos adjuntos: sentencia def 2957.pdf

Señor nombre reservado

Presidente del Consejo de Defensa del Estado

Junto con saludarlo, en el marco del Convenio de comunicación Consejo de Defensa del Estado - Tribunal Constitucional, vengo en adjuntar sentencia pronunciada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 2957-16 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por nombre reservado respecto de los artículos 12 *ransitorio de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del -ódigo de Comercio, en los autos RIT 1651-2015, RUC 1500166033-8, sustanciados ante el Juzgado de Garantía de Rancagua.

Atentamente,

nombre reservado.

Secretario Tribunal Constitucional Fono: (56-2) 272 19 200 / 272 19 225 Paseo Huérfanos N° 1234, Santiago Centro.

Santiago — Chile.

OO a

Santiago, 24 de enero de 2017 M.0.0.

Señores nombre reservado

Pablo Campos Muñoz nombre reservado

Ministerio Público General Mackenna, 1369, piso 2 Santiago.

Remito a ustedes copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por Magistratura con fecha 24 de enero en curso en el proceso Rol N° 2957-16-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 12 transitorio de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio.

Saluda atentamente a Ud.

— Ircrvirm9, nombre reservado

Secretario

Entregado a Correos de Chile 25 de enero de 2017

Huérfanos N' 1234. Santiago de Chile . Teláonos (56-2) 27219200 - 27219214. correo reservado www.tribunalconstitucionaLl Santiago, 24 de enero de 2017

M.O .0.

Señor nombre reservado

nombre reservado 06 Machali

Remito a ustedes copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por Magistratura con fecha 24 de enero en curso en el proceso Rol N° 2957-16-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 12 transitorio de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio.

Saluda atentamente a Ud.

odrigo nombre reservado

Secretario

Entregado a Correos de Chile 25 de enero de 2017

Ilulrfanos N' 1234 . Santiago de Clile • Teljonol (56-2) 27219200 - 27219214. correo reservado • www.tribunalconstitucional.c1 O Santiago, 24 de enero de 2017

M.0.0.

Señor nombre reservado

domicilio reservado

Valparaíso

Remito a ustedes copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por Magistratura con fecha 24 de enero en curso en el proceso Rol N° 2957-16-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 12 transitorio de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio.

Saluda atentamente a Ud.

Rodrigo Pica Flores Secretario

Entregado a Correos de Chile 25 de enero de 2017

Huérfanos ' 1.234 Santiago de Chile. Teláonos (56-2) 27219200 - 27219214 • correo reservado • www.tribunakonstitucionalci Santiago, 24 de enero de 2017

M.O .0 .

Señora nombre reservado

domicilio reservado

Rancagua

Remito a Ud. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por Magistratura con fecha 24 de enero en curso en el proceso Rol N° 2957 16 INA, sobre - -

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 12 transitorio de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio.

Saluda atentamente a Ud.

c.C1111.-

nombre reservado

Secretario

Entregado a Correos de Chile 25 de enero de 2017

Huérfanos V1234 • Santiago de Chile . Teléfonos (56-2) 27219200 - 27219214 • :correo reservado • www.tribunalcon5bLucional.cl 41 76 /t,e4.A Santiago, 24 de enero de 2017 )

M.0.0.

Señor nombre reservado

domicilio reservado

Chillan

Remito a Ud. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por Magistratura con fecha 24 de enero en curso en el proceso Rol N° 2957-16-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 12 transitorio de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio.

Saluda atentamente a Ud.

nombre reservado

-~4 fr " iki, r

Secretario

Entregado a Correos de Chile 25 de enero de 2017

Huérfanos .N" 1.234 • Santiago de Chile • Teléfonos (56-2) 2721.9200 - 27219214 •correo reservado • www.tribunakonstitucional.J 0 367' Santiago, 24 de enero de 2017

M.0.0.

Señor nombre reservado

nombre reservado 440 Chillan

Remito a Ud. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por Magistratura con fecha 24 de enero en curso en el proceso Rol N° 2957 16 INA, sobre - -

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 12 transitorio de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio.

Saluda atentamente a Ud.

Rodyi ica Flores " Secretario

Entregado a Correos de Chile 25 de enero de 2017

Huérfanos .N 1234. Santiago de Chile • Teléfonos (56-2) 27219200 - 27219214 correo reservado • www.tribunaiconstitucionaLl 00O67 Santiago, 24 de enero de 2017

M.0.0.

Señor nombre reservado

domicilio reservado

Santiago

Remito a Ud. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por Magistratura con fecha 24 de enero en curso en el proceso Rol N° 2957-16-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 12 transitorio de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio.

Saluda atentamente a Ud.

Rodrigo Pica Flores Secretario

Entregado a Correos de Chile 25 de enero de 2017

lixtéríanos N' 1234 • San-1131,5o de Ckile • Tel&tonos (56-2) 2721.9200 - 27219214 • correo reservado • wnrwAribunalconstitucionai.c1 fr4-122 Santiago, 24 de enero de 2017 )

m.o.o.

Señor nombre reservado

Sociedad nombre reservado y de Gestión Caval Limitada.

Nueva York 53, oficina 61 Santiago.

Remito a Ud. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por Magistratura con fecha 24 de enero en curso en el proceso Rol N° 2957-16-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 12 transitorio de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio.

Saluda atentamente a Ud.

Rodrigo Pica Flores Secretario

Entregado a Correos de Chile 25 de enero de 2017

Huérfanos N" 1234 Santiago de Chile ."l'el:fonos (56-2) 27219200 - 27219214. SeCTe ar o @techile.ci . www.tribunalconstitucionand 009 (3 8O Santiago, 24 de enero de 2017

M.0.0.

Señora nombre reservado.

Nueva York 53, oficina 61 Santiago.

Remito a Ud. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por Magistratura con fecha 24 de enero en curso en el proceso Rol N° 2957-16-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 12 transitorio de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio.

Saluda atentamente a Ud.

Rodrigo Pica Flores Secretario

Entregado a Correos de Chile 25 de enero de 2017

lixtérianos N" 1234. Santiago de Chile .Telaonos (56-2) 27219200 - 27219214 . seczetariogtechile.c1 . wwwdribunalconstitucionahJ Santiago, 24 de enero de 2017

M.0.0.

Señor nombre reservado

domicilio reservado

Rancagua

Remito a Ud. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por Magistratura con fecha 24 de enero en curso en el proceso Rol N° 2957 16 INA, sobre - -

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 12 transitorio de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio.

Saluda atentamente a Ud.

Rodrigo Pica Flores Secretario

Entregado a Correos de Chile 25 de enero de 2017 Santiago, 24 de enero de 2017

n1.0.0.

Señor nombre reservado

domicilio reservado

Rancagua

Remito a Ud. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por Magistratura con fecha 24 de enero en curso en el proceso Rol N° 2957 16 INA, sobre - -

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 12 transitorio de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio.

Saluda atentamente a Ud.

Rodrigo Pica Flores Secretario

Entregado a Correos de Chile 25 de enero de 2017 OOS3 Santiago, 24 de enero de 2017 (

M.0.0.

Señora nombre reservado

domicilio reservado

Remito a Ud. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por Magistratura con fecha 24 de enero en curso en el proceso Rol N° 2957-16-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 12 transitorio de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio.

Saluda atentamente a Ud.

ligo nombre reservado

Secretario

Entregado a Correos de Chile 25 de enero de 2017 60 84 ¿te-41 Santiago, 24 de enero de 2017

M.0.0.

Señora nombre reservado

domicilio reservado

Santiago.

Remito a Ud. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por Magistratura con fecha 24 de enero en curso en el proceso Rol N° 2957-16-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 12 transitorio de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio.

Saluda atentamente a Ud.

Secretario

Entregado a Correos de Chile 25 de enero de 2017 O6 Santiago, 24 de enero de 2017

M.0.0.

Señor nombre reservado

domicilio reservado

Santiago

Remito a Ud. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por Magistratura con fecha 24 de enero en curso en el proceso Rol N° 2957-16-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 12 transitorio de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio.

Saluda atentamente a Ud.

(Cc ___Rodrtgb—nombre reservado .

Secretario

Entregado a Correos de Chile 25 de enero de 2017 Santiago, 24 de enero de 2017

M.0.0.

Señor nombre reservado

domicilio reservado

Santiago

Remito a Ud. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por Magistratura con fecha 24 de enero en curso en el proceso Rol N° 2957-16-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 12 transitorio de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio.

Saluda atentamente a Ud.

( p La E,•-

nombre reservado

Secretario

Entregado a Correos de Chile 25 de enero de 2017 Santiago, 24 de enero de 2017

M.0.0.

Señor nombre reservado

domicilio reservado

Santiago.

Remito a Ud. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por Magistratura con fecha 24 de enero en curso en el proceso Rol N° 2957-16-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 12 transitorio de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio.

Saluda atentamente a Ud.

Secretario

Entregado a Correos de Chile 25 de enero de 2017 dy 8 Santiago, 24 de enero d& 2017

M.0.0.

Señor nombre reservado

domicilio reservado

Santiago.

Remito a Ud. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por Magistratura con fecha 24 de enero en curso en el proceso Rol N° 2957-16-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 12 transitorio de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio.

Saluda atentamente a Ud.

----- nombre reservado

Secretario

Entregado a Correos de Chile 25 de enero de 2017 Santiago, 24 de enero de 2017

M.0.0.

Señor nombre reservado

domicilio reservado.

Remito a Ud. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por Magistratura con fecha 24 de enero en curso en el proceso Rol N° 2957-16-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 12 transitorio de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio.

Saluda atentamente a Ud.

Ittilf„7 7,pzm -1

----Rodrigo Pica Flores Secretario

Entregado a Correos de Chile 25 de enero de 2017