Inaplicabilidad de Precepto Legal

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i/m~-,-.244t4 Santiago, quince de diciembre de dos mil dieciséis.

VISTOS:

Con fecha 26 de junio de 2015, a fojas 1, el Casino de Juegos Temuco S.A. ha deducido requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la expresión "sin ulterior recurso" del inciso tercero del artículo 55 de la Ley N ° 19.995, que Establece las Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego, para que surta efectos en la causa sobre reclamación judicial interpuesta por el Casino en contra de la Superintendencia de Casinos de Juego, en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Temuco, caratulada "Casino de Juegos Temuco S.A. con nombre reservado", Rol N ° 879-2014.

En efecto, en el marco de un proceso de revisión judicial de una sanción administrativa impuesta por la Superintendencia de Casinos de Juego al Casino de Juegos Temuco S.A., esta última interpuso un recurso de casación en el fondo respecto de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco. El mencionado recurso se encuentra en etapa de admisibilidad, por lo que está pendiente la resolución de la Corte Suprema que determinará si el mismo será finalmente conocido o no por dicha Magistratura.

Precepto impugnado

El artículo 55 referido se contiene en el Párrafo 2 ° deltíuoVI aley,rtivoafsclzión, infracciones, delitos y sanciones; y regula el procedimiento para la aplicación de sanciones administrativas (inciso primero), disponiendo en su inciso segundo un recurso de reclamación ante el propio Superintendente en caso de aplicación de sanciones, y en su inciso tercero, la posibilidad de recurrir

1 judicialmente: "desechada la reclamación, la sociedad operadora podrá recurrir, sin ulterior recurso, ante el tribunal ordinario civil que corresponda al domicilio de la sociedad, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución que desechó el reclamo.".

Como ya se adelantó, es la expresión "sin ulterior recurso", contenida en el inciso transcrito precedentemente, la disposición legal impugnada (ver fojas 12).

Gestión judicial

La gestión en que incide el requerimiento tiene su origen en dos multas administrativas cursadas por la Superintendencia al Casino con fecha 2 de octubre de 2013 (Resolución Exenta N ° 451) por infracciones al artículo 29 de la Ley de Casinos, esto es, haberse efectuado 1: modificaciones al establecimiento sin autorización de la 7112.1"2: Superintendencia, eliminando un restaurant y transformándolo en Salas de eventos y espectáculos, además de otras transgresiones al Reglamento sobre Permisos de Operación de Casinos (DS N ° 211, Hacienda, 2005). Las multas impuestas ascendían a la suma total de 390 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

Respecto de dichas multas el Casino dedujo reclamación (administrativa) ante el Superintendente, recurso administrativo rechazado con fecha 23 de diciembre del mismo año (Resolución exenta N ° 608).

Ante ello, el Casino, dedujo reclamo judicial ante el Tercer Juzgado Civil de Temuco (Rol C-184-2014), aduciendo la prescripción, bajo la tesis de que era aplicable al efecto la prescripción de 6 meses del artículo 94 del Código Penal y no la de 5 años del artículo 2515 del Código Civil. El juzgado civil, por sentencia de 10 de enero de 2014, acogió la excepción de prescripción, dejando sin efecto las multas.

En contra de dicha sentencia, la Superintendencia dedujo recursos de casación en la forma y apelación. La procedencia de dichos recursos fue objetada por el Casino, para lo cual interpuso un recurso de hecho desestimado por la Corte de Apelaciones de Temuco (sentencia de 26 de marzo de 2015, Rol N ° 916-2014).

Despejada la objeción precedentemente aludida, la Corte de Apelaciones de Temuco revocó la sentencia apelada, declarando que la potestad sancionatoria de la Administración no había prescrito, siendo, por ende, procedentes las multas impuestas al Casino requirente (sentencia de 4 de junio de 2015, causa Rol N ° 879-2014).

En contra de esta última sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, el Casino interpuso un recurso de casación en el fondo para ante la Corte Suprema, recurso que la Corte de Apelaciones tuvo por interpuesto, concediéndolo y ordenando elevar los autos a la Corte Suprema (resolución de 3 de julio de 2015). Actualmente, se encuentra pendiente el ingreso de los autos y el pronunciamiento de admisibilidad por parte de la Corte Suprema, atendida la suspensión del procedimiento ordenada.

Conflicto constitucional

A) Posición de la actora de inaplicabilidad (Casino de Juegos).

En cuanto al conflicto constitucional sometido a conocimiento y resolución de esta Magistratura, la requirente sostiene que la aplicación a la gestión sublite del inciso tercero del artículo 55 de la Ley de Casinos, en cuanto le prohíbe al Casino (mas no a su contraparte, la Superintendencia) interponer recursos en contra de una sentencia judicial, importa, en el caso concreto, la infracción del artículo 19, N ° 2 0 , N ° 3°,

3 incisos primero, tercero y quinto, y N ° 26 0 de la Constitución.

La requirente manifiesta que la aplicación de dicho precepto es decisiva para la resolución del asunto pues, de no declararse su inaplicabilidad por inconstitucionalidad, implicaría que la Corte Suprema, ejerciendo el examen de procedencia legal de acuerdo al artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, y conforme a lo prescrito en la norma impugnada en autos, declarará inadmisible el recurso de casación en el fondo por improcedente.

La requirente señala que, no obstante que el juez civil acogió su excepción de prescripción, dejando sin efecto las multas, la Superintendencia dedujo casación en la forma y apelación, acogiéndose esta última por la Corte de Apelaciones de Temuco y revocando la sentencia del Juez Civil.

A diferencia de la oportunidad que la Superintendencia ha tenido para interponer recursos en contra de una sentencia judicial desfavorable, la actora subraya que dicha herramienta procesal le estaría vedada, tal como precisamente lo sostuvo la misma Corte de Apelaciones de Temuco. En efecto, dicha Corte, al rechazar el recurso de hecho interpuesto por el Casino, afirmó que la limitación de la norma impugnada no operaba para los órganos de la Administración Pública, sino sólo para la sociedad operadora (el Casino), de lo que se colige que también le estaría prohibido interponer recurso de casación en el fondo para ante la Corte Suprema, restricción a la cual -sin que exista justificación alguna o suficiente- no estaría afecta su contendiente (la Superintendencia).

Así, al estar únicamente el requirente impedido de recurrir en contra de la sentencia definitiva, mas no la

4 Superintendencia, se infringen sus derechos constitucionales a que la ley no discrimine arbitrariamente (artículo 19, N° 2°, inciso segundo), y a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos (artículo 19, N° 3°, inciso primero) y el derecho a un procedimiento legal racional y justo (artículo 19, N° 3°, inciso sexto). Complementariamente y por derivación, la requirente plantea que la aplicación de la norma impugnada importa infringir la seguridad jurídica y afectar en su esencia las garantías constitucionales invocadas (artículo 19, N° 26 0 ), dejándolas sin aplicación respecto del requirente.

El requirente concluye haciendo presente que, si bien esta Magistratura ejerció el control preventivo de 1 constitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Casinos, , en autos Rol N ° 429 (sentencia de 29 de diciembre de 2004), en dicha sentencia no se invocaron vicios de inconstitucionalidad, por lo que la acción de inaplicabilidad impetrada es procedente.

B) Posición de la requerida de inaplicabilidad (Superintendencia).

Habiéndose admitido a tramitación y declarado admisible el requerimiento por la Primera Sala de esta Magistratura (resoluciones de 2 de julio de 2015, a fojas 49, y de 23 de julio de 2015, a fojas 255), y conferidos los traslados acerca del fondo del asunto a las partes y órganos constitucionales interesados, la Superintendencia de Casinos de Juego, por presentación de 13 de agosto de 2015, a fojas 268, formula oportunamente sus observaciones, instando por el rechazo del requerimiento, conforme a los argumentos que se pasan a exponer.

La Superintendencia afirma, en primer lugar, que el precepto no es decisivo para la resolución del asunto, debido a que el inciso tercero del artículo 55 ya fue O tJ O 3 (i 1 CHILE

aplicado en tres oportunidades por la Corte de Apelaciones de Temuco: al acoger la apelación, al rechazar el recurso de hecho y al conceder la casación en el fondo.

En segundo lugar, la recurrida agrega que este Tribunal Constitucional, ejerciendo el control preventivo del artículo 55, por sentencia Rol N ° 429, declaró el inciso tercero impugnado como ajustado a la Constitución, y dicha sentencia tiene efecto de cosa juzgada y erga omnes, siendo en consecuencia improcedente discutir con posterioridad la constitucionalidad del precepto en sede de inaplicabilidad, tal como se sostuvo por los dos Ministros que disintieron en la resolución de admisibilidad del requerimiento.

En tercer lugar, la Superintendencia manifiesta que la acción impetrada en autos no envuelve un conflicto constitucional sino un asunto de mera legalidad, y que el requerimiento del Casino no se dirige contra un precepto legal, sino en contra de la interpretación que del mismo ha efectuado la Corte de Apelaciones de Temuco (no compartida por alguna otra Corte, como la de Concepción).

Así, la requerida plantea que la requirente impugna la interpretación de la expresión "sin ulterior recurso" hecha por la Corte de Apelaciones de Temuco. En estas circunstancias y siendo la interpretación de la ley una facultad privativa del juez del fondo, interpretación que en el estado actual de la gestión deberá efectuar la Corte Suprema, este Tribunal Constitucional carecería de competencia para pronunciarse sobre ello.

En cuarto lugar, y en estrecha relación con la argumentación precedente, la Superintendencia hace presente que el Casino requirente no hizo uso de sus recursos jurisdiccionales en contra del fallo de la Corte en virtud del cual señala el sentido y alcance de la

6 norma impugnada. De esta manera, según la recurrida, el Casino pretendería, con esta acción de inaplicabilidad, fabricarse un recurso contra resoluciones judiciales que la ley no le franquea.

En cuanto a aspectos de fondo (y no de forma como los señalados previamente), la Superintendencia sostiene que, en el caso concreto, no se configura ninguna de las infracciones constitucionales denunciadas por el requirente.

En cuanto a la infracción a la igualdad ante la ley, la recurrida descarta su infracción, pues lo que está proscrito constitucionalmente es diferenciar respecto de quienes se encuentren en la misma situación, cuestión que no acontece en la especie. Además, lo anterior no significa que el legislador deba establecer idénticos derechos procesales a quienes confrontan pretensiones en juicio, cuestión que, en todo caso, es de mérito legislativo y no corresponde sea ponderada por este Tribunal Constitucional.

En cuanto a las otras vulneraciones constitucionales alegadas, la Superintendencia plantea que, sin perjuicio de que se ha aceptado la constitucionalidad de procedimientos que se fallan en única instancia, en la especie el actor se ha hecho parte y ha ejercido sus derechos en la apelación, ha recurrido de hecho, e incluso la Corte de Temuco acogió a trámite su casación.

Finalmente, la requerida sostiene que no puede estimarse infringido el artículo 19, No 26 0 , toda vez que, además de ser ésta una alegación de carácter abstracto, en el caso particular, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, no se ha afectado su igualdad ante la ley ni su derecho al debido proceso.

Acuerdo

Por resolución de 27 de agosto de 2015 (a fojas 349), se ordenó traer los autos en relación, verificándose la vista de la causa en audiencia de Pleno del día 8 de octubre de 2015, y quedando la causa en acuerdo con la misma fecha (certificado de fojas 355).

Y CONSIDERANDO:

I.- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.

PRIMERO. Que en el marco de un proceso de revisión judicial de una sanción administrativa impuesta por la Superintendencia de Casinos de Juego al Casino de Juegos Temuco S.A., esta última interpuso un recurso de casación en el fondo respecto de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco. Dicho recurso se encuentra en etapa de admisibilidad, por lo que está pendiente la resolución de la Corte Suprema que determinará si el mismo será finalmente conocido o no por dicha Magistratura. La empresa requirente (Casino de Juegos Temuco S.A.) plantea que, dado el tenor de la norma legal impugnada y reforzado por la posición que ha expresado la Corte de Apelaciones aludida, su aplicación puede ser decisiva en la resolución del asunto pendiente;

SEGUNDO. Que, en el contexto precedentemente mencionado, se le solicita a este Tribunal que declare la inaplicabilidad de la expresión "sin ulterior recurso" contenida en el inciso tercero, del artículo 55, de la Ley N° 19.995 que establece las Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego. Dicho inciso establece lo siguiente: "Desechada la reclamación, la sociedad operadora podrá recurrir, sin ulterior recurso, ante el tribunal ordinario civil que corresponda al domicilio de la sociedad, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución que desechó el reclamo.". Las disposiciones constitucionales que la requirente estima vulneradas son las que se indican a continuación: el artículo 19, No 2 0 0 (incisos primero, segundo y sexto), ambos enyelNo3 relación con el artículo 19, No 26 0 ;

TERCERO. Que la interrogante fundamental de relevancia constitucional dice relación con si la aplicación del precepto legal impugnado, en el caso específico de la gestión judicial pendiente, es compatible o no con la garantía a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos (también conocida, en el contexto de este caso, como "igualdad de armas")

asegurada en el artículo 19, No 3 0 , inciso primero, de la Constitución Política de la República.

Lo anterior se entiende debido a que el precepto legal impugnado establece una diferencia entre dos partes de un litigio judicial en cuanto a las posibilidades de impugnación de una sentencia definitiva. En efecto, y tal como lo ha manifestado la requerida (Superintendencia de Casinos de Juego) y la Corte de Apelaciones de Temuco, no existe limitación alguna para que una de las partes (la Superintendencia) pueda interponer recursos (como los de apelación y casación), a diferencia del Casino de Juegos sancionado, para el cual la norma objetada prohibe la interposición de recurso judicial alguno en contra de una sentencia judicial;

CUARTO. Que resulta necesario aclarar, desde el inicio, que el dilema constitucional esencial no consiste en determinar si la existencia de un recurso de casación (en el fondo) para este tipo de casos constituye o no un estándar procesal mínimo. En otras palabras, el punto a ser discutido no versa sobre si el proceso de revisión judicial de una sanción administrativa debe contemplar o no la posibilidad de recurrir de casación en el fondo ante la Corte Suprema.

Como ya se expresara, la interrogante a ser resuelta consiste en si es constitucionalmente admisible o no que una de las partes de una controversia jurídica tenga derecho a entablar un recurso (en este caso, de casación en el fondo) mientras que a la otra se le veda dicha posibilidad. La posición de este Tribunal, tal como se explicará, es que esta diferencia de trato derivada de la norma legal impugnada implica un desbalance procesal inadmisible entre dos partes de un juicio con intereses contrapuestos, lo cual atenta, en definitiva, en contra del principio de igualdad procedimental o de armas que se desprende del derecho constitucional a "[J]a igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos" (artículo 19, No 3 0 , inciso primero) y, por derivación, del artículo 19, No 2 0 , inciso segundo (prohibición de la discriminación arbitraria) y del artículo 19, No 3 0 , inciso sexto (obligación del legislador de garantizar siempre un procedimiento racional y justo);

QUINTO. Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que la expresión "sin ulterior recurso", en este caso concreto, corresponde a un impedimento para que la sociedad operadora sancionada interponga cualquier ulterior recurso judicial, una vez que se deseche su reclamación por parte del tribunal ordinario civil competente (artículo 55, tercero), y no importa solo una limitación para deducir recursos simplemente administrativos.

En efecto, una primera aproximación podría dar a entender que este artículo 55, inciso tercero, guarda armonía con el artículo 54, inciso segundo, de la Ley N ° 19.80,sobrepcdimntosa riv,yen

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definitiva, con el artículo 76, inciso primero, de la Constitución, en cuya virtud si un acto administrativo es reclamado en sede judicial, la autoridad administrativa queda automáticamente inhibida para conocer de cualquier recurso o reclamación a su respecto.

Sin embargo, una mirada integral a la Ley N ° 19.995, especialmente a lo dispuesto en su artículo 34, permite advertir que las voces "recurrir" y "reclamación" se han empleado como equivalentes a recurso judicial. De esta forma, entonces, la fórmula "sin ulterior recurso" debe entenderse puesta con el propósito de haber querido coartar la procedencia de cualquier medio otro de impugnación judicial, lo que resulta inconstitucional, según se explicará;

II.- EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE LAS PARTES EN EL PROCESO O "IGUALDAD DE ARMAS".

SEXTO. Que el principio de igualdad de las partes en el proceso pretende asegurar la existencia de un procedimiento que garantice la paridad de oportunidades para que los contendientes en un litigio puedan influir para la obtención de una decisión favorable a sus respectivas pretensiones. En un procedimiento contencioso en donde existe una disputa jurídica a ser resuelta a favor de uno de los dos adversarios, éstos deben tener a su disposición oportunidades procesales equivalentes, es decir, debe existir "igualdad de armas" en la "lucha jurídica". De no observarse por el legislador el principio referido, la contienda sería desigual y, al final, injusta.

En este sentido, cabe puntualizar que, en el contexto del caso concreto, el sentido con que se utiliza la noción de igualdad de las partes en el proceso no está relacionado con la igualdad en cuanto a los recursos materiales de las partes. Asimismo, tampoco se alude al

11 mayor o menor grado de igualdad o equivalencia entre diversos procedimientos contemplados en nuestro ordenamiento jurídico;

SÉPTIMO. Que si bien la igualdad de las partes en un proceso puede contribuir a minimizar el riesgo de error en las determinaciones judiciales (algo especialmente buscado a través de otros requisitos propios de un debido proceso), el principio de igualdad procesal o de armas está íntimamente vinculado a la idea de legitimidad de la administración de justicia. Las sentencias no sólo deben ser apropiadas, sino también aceptables. Y difícilmente serán aceptadas o percibidas como legítimas aquellas sentencias que derivan de un procedimiento poco equitativo en cuanto a las oportunidades procesales conferidas a las partes de una disputa (en este caso, para interponer recursos en contra de sentencias judiciales);

OCTAVO. Que, asimismo, la igualdad procesal no ha de evaluarse desde la perspectiva de la verificación del grado de suficiencia de los resguardos procesales disponibles para las partes, sino que su examen se hace por la vía de comparar las herramientas procesales conferidas por la ley a cada uno de los contendientes. En efecto, el principio de igualdad de armas constituye un parámetro que exige comparar el trato dispensado por la ley a partes con intereses opuestos en disputa. Lo relevante a ser evaluado es si existe desventaja o no para una de las partes en relación a la otra en un proceso en donde compiten o se enfrentan los argumentos de ambas (en este caso, sobre un asunto de derecho).

En el sentido precedentemente indicado, no habría violación a la igualdad de las partes en el proceso si a ambas la ley les priva de algo que podría ser útil. Pero,

12 como ya se ha explicado, ése no es el tema objeto de la actual controversia constitucional;

III.- INFRACCIÓN CONSTITUCIONAL.

NOVENO. Que la misma Corte de Apelaciones en el litigio referido ha sostenido que el precepto legal impugnado sólo importa un impedimento para entablar recursos para la sociedad operadora (en este caso, el Casino de Juegos de Temuco), mas no para la Superintendencia. En efecto, la Corte de Apelaciones de Temuco ha señalado que "del tenor literal de la norma recién transcrita en la que fundamenta el recurrente de hecho su arbitrio, se colige claramente que la pretendida imposibilidad de recurrir para la Superintendencia no existe, ya que esa disposición especial, prohibitiva y por ende de aplicación e interpretación restrictiva, sólo lo es ara la "sociedad o eradora", .uien odrá recurrir ante la justicia ordinaria "sin ulterior recurso", no operando la limitación para el órgano de la administración pública que puede, ante un resultado desfavorable a sus pretensiones, recurrir de la sentencia dictada por el a quo para que sea esta Corte, como superior jerárquico de aquel, quien se pronuncie conforme a derecho respecto al mérito de su mecanismo de impugnación." (C.A. Temuco, NO Civil-916-2014, agregada a Rol Corte No 879-2014, de fecha 26 demarzo de 2015, considerando 3 0 ) (Énfasis agregado);

DÉCIMO. Que, en consideración a lo que ya se ha expuesto, la aplicación del precepto legal impugnado en el asunto judicial cuya resolución se encuentra pendiente, esto es, la determinación por parte de la Corte Suprema sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por parte del Casino de Juegos de Temuco, resulta contrario al principio constitucional de igualdad de las partes en el proceso;

13 UNDÉCIMO. Que dicho principio, como ya se ha mencionado, se encuentra comprendido en diversas disposiciones constitucionales. En primer y principal lugar, la exigencia de que la ley que establezca un procedimiento judicial trate a las partes contendientes de manera paritaria, equilibrada o equitativa se desprende del derecho constitucional a "Ella igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos" (artículo 19, No 3 0 , inciso primero). En segundo lugar, la exigencia de que el legislador garantice la igualdad procesal de las partes deriva, también, del principio general de no discriminación arbitraria por parte de ley o autoridad alguna (artículo 19, No 2 0 , inciso segundo).

Y, en tercer lugar, la exigencia aludida se desprende, también, de lo dispuesto en el inciso sexto del numeral tercero del artículo 19 de la Constitución, esto es, la obligación de que el legislador garantice siempre un procedimiento racional y justo, también conocido como "debido proceso legal";

DUODÉCIMO. Que resulta útil recordar que la protección constitucional frente a la desigualdad procesal de oportunidades para interponer recursos que como consecuencia de la aplicación de una ley puede afectar a las partes contendientes en un litigio judicial es algo sobre lo cual este Tribunal ya se ha pronunciado con anterioridad. En efecto, esta Magistratura ha señalado que "la llamada igualdad de armas, en materia de recursos, exige -salvo que haya una razón que lo justifique- que las distintas partes o intervinientes en un proceso tengan la misma posibilidad de impugnar las resoluciones que les perjudiquen" (STC Rol No 2628, c.

15 0 );

DECIMOTERCERO. Que esta desigualdad procesal de las partes de un litigio constituye una discriminación de una magnitud significativa: se trata de una prohibición para

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/v.44;44t y una de las partes del proceso y sobre un asunto importante en todo procedimiento: la posibilidad de entablar recursos contra una sentencia definitiva;

DECIMOCUARTO. Que, asimismo, el efecto material concreto para la parte requirente en caso que la Corte Suprema rechazare la admisibilidad del recurso de casación en el fondo interpuesto por ella, por la aplicación del precepto legal impugnado, será aquel señalado en el inciso final del artículo 55 de la Ley N° 19.995, esto es, "quedará a firme la multa y la resolución que la declare tendrá mérito ejecutivo para su cobro.";

DECIMOQUINTO. Que, adicionalmente, no es posible constatar la existencia de una justificación de interés público para esta diferencia de trato por parte de la ley respecto de los litigantes o contendientes en un proceso judicial. No se han dado razones de interés público durante la tramitación legislativa, ni tampoco parece viable una justificación convincente de otro origen;

DECIMOSEXTO. Que, respecto de la naturaleza de la controversia, la cual en el actual estado procesal dice relación con una cuestión de derecho (como es la prescripción de la acción) y no de hecho, no se aprecia por qué un órgano de la administración del Estado debiera recibir un trato legislativo más ventajoso.

Como se ha señalado, no existe justificación razonable posible, que se base en el interés público, para la desigualdad de oportunidades para entablar recursos entre sujetos en competencia que rivalizan directamente por una sentencia que les favorezca respecto de una controversia jurídica sobre un asunto que no es fáctico, sino de derecho. Es fundamental que partes rivales en una contienda de derecho puedan actuar en una "cancha pareja". El hecho que una de las partes sea una

15 superintendencia en nada puede alterar lo recién afirmado.

En definitiva, este tribunal considera que no existe presupuesto objetivo, pertinente o razonable alguno, ni menos proporcionado e indispensable, para la diferencia procesal establecida por la ley entre dos partes de un litigio respecto a los recursos disponibles para una y otra;

IV.- ASUNTO AJENO AL PROBLEMA CONSTITUCIONAL RELEVANTE.

DECIMOSÉPTIMO. Que, como ya se ha subrayado, no está en discusión si se está o no en presencia de aquellos casos que debieran resolverse en virtud de procedimientos más breves o de si es innecesaria una revisión judicial por la vía de la casación. Lo debatido no tiene relación directa con si el Casino de Juegos de Temuco ha quedado o no en la indefensión producto de la norma procedimental impugnada.

En este sentido, la discusión relevante no versa sobre el derecho al recurso como resguardo esencial para evitar una situación de desamparo. Como ya lo hemos repetido, la controversia constitucional está referida a la desigualdad de las partes en el proceso en cuanto a sus oportunidades para entablar recursos en contra de sentencias judiciales.

Lo anterior permite concluir que carece de pertinencia analizar algunas argumentaciones referidas, por ejemplo, a: (i) si con la acción de inaplicabilidad se está intentando crear o no un nuevo recurso inexistente, (ii) si se estaría pasando por alto o no la circunstancia de que la casación constituye un recurso extraordinario y de derecho estricto, (iii) si se ha vulnerado o no el derecho de defensa del requirente;

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V.- ASUNTOS DE CARÁCTER FORMAL.

DECIMOCTAVO. Que la posición contraria a la declaración de inaplicabilidad del precepto legal impugnado ha realizado objeciones de forma, es decir, reproches referidos a la admisibilidad o procedencia del requerimiento. A continuación se explicará por qué dicho tipo de reparos son, en opinión de este Tribunal, erróneos;

DECIMONOVENO. PRIMER REPARO: LA NORMA HABRÍA SIDO SOMETIDA A CONTROL PREVENTIVO, NO DECLARÁNDOSE INCONSTITUCIONALIDAD ALGUNA.

Esta objeción se presentó con ocasión del examen de admisibilidad del requerimiento (ver fojas 256). En dicha oportunidad, dos Ministros de este Tribunal, en voto de minoría, estuvieron por declararlo inadmisible por concurrir la causal establecida en el numeral 2 del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional: "Cuando la cuestión [de inaplicabilidad] se promueva respecto de un precepto legal que haya sido declarado conforme a la Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control preventivo o conociendo de un requerimiento, y se invoque el mismo vicio que fue materia de la sentencia.". La sentencia pronunciada en virtud del examen preventivo y obligatorio del proyecto de ley que contenía el precepto aquí impugnado es aquella dictada bajo el Rol No 429, de 29 de diciembre de 2004.

Este Tribunal no concuerda con la objeción aludida y, por lo tanto, confirma la resolución que declaró la admisibilidad del requerimiento. Para entender que concurre la causal de inadmisibilidad transcrita precedentemente es necesario que "se invoque el mismo vicio que fue materia de la sentencia." (Énfasis agregado). Esta Magistratura considera que la expresión

17 subrayada exige que la declaración de conformidad con la Constitución sea una en que exista un desarrollo argumental específico sobre un vicio constitucional determinado, lo que no aconteció, ya que sólo hubo una declaración de conformidad general, pura y simple;

VIGÉSIMO. SEGUNDO REPARO: LA NORMA IMPUGNADA NO PUEDE SER DECISIVA DEBIDO A QUE YA HA SIDO APLICADA Y A QUE SU DECLARACIÓN DE INAPLICABILIDAD NO nombre reservado

EN EL RESULTADO FINAL DEL JUICIO.

Al igual que en el caso anterior, el voto disidente que estuvo por declarar la inadmisibilidad del presente requerimiento también argumentó (a fojas 257) que concurría la causal del numeral 5 del artículo 84 la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional:

"Cuando de los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella no resultará decisiva en la resolución del asunto". El fundamento esgrimido consistió en que la Corte de Apelaciones de Temuco aplicó el precepto legal impugnado:

(i) al fallar el recurso de hecho interpuesto por el Casino, rechazando su pretensión y declarando que la apelación interpuesta por la Superintendencia era admisible; y (ii) al fallar el recurso de apelación deducido por la Superintendencia y respecto del cual la requirente interpuso un recurso de casación en el fondo.

Este Tribunal, por el contrario, estima que el hecho de que ya se haya aplicado la norma en etapas procesales anteriores no significa que no pueda volver a aplicarse (y de forma decisiva) por un tribunal distinto y en una gestión específica diferente. Hay que tener presente que la controversia no versa sobre si podía o no la Superintendencia apelar la sentencia definitiva de primera instancia. El asunto específico sobre el cual el

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precepto legal impugnado puede ser decisivo es el examen de admisibilidad del recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema, no aquel que dé lugar a un pronunciamiento de fondo sobre dicho recurso.

Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse presente que el numeral 5 del artículo 84 debe entenderse de acuerdo a lo dispuesto en la misma disposición consagrada en el artículo 93, inciso undécimo, de la Constitución:

"la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto". Esta Magistratura estima que el requerimiento cumple con dicho requisito constitucional. En efecto, la evaluación respecto de si los preceptos legales pueden o no ser decisivos debe considerar, a lo menos, dos elementos:

(1) Lo relevante es la posibilidad o plausibilidad de que sean determinantes y no si debe ser cierto que lo sean (eso, al final, sólo lo decidirá el juez del fondo).

En otras palabras, debe tratarse de preceptos legales cuya inaplicabilidad pueda llegar a constituir -entre otros- un factor susceptible de ejercer una influencia decisiva para la resolución del asunto en cuestión, que es precisamente lo que ocurre en este caso. Sobre el particular, resulta clarificador el fallo emitido por el Pleno de este Tribunal en el Rol N° 2379, en cuyo considerando 7° señaló que "tal como se dijo en la STC 2246/2013, si hay una interpretación de la ley que se estime inaplicable por ser inconstitucional, esta Magistratura debe eliminarla, aunque sea una posibilidad de aplicación y ello exija proyectar, con cierta base, su posible aplicación. El recurso de inaplicabilidad está diseñado para excluir o permitir la inclusión de preceptos legales dentro del abanico de normas que tiene el juez de la instancia para resolver el asunto controvertido, antes de que se dicte sentencia. Por lo mismo, detectada y fundada la contradicción con la

19 Constitución, debe ser marginada de dicho ámbito por este Tribunal, para que esa interpretación no se aplique y resulte violatoria de la Carta Fundamental.".

(2) Debe determinarse, como ya se indicó previamente, el asunto para cuya resolución los preceptos impugnados pueden ser decisivos. Al respecto, el asunto a ser resuelto puede ser la decisión final del conflicto jurídico principal o, como ocurre en este caso (al igual que en la mayoría de aquellos en los que se debate sobre normas procedimentales), el asunto a ser resuelto puede ser uno que tenga lugar en una etapa intermedia del procedimiento, en este caso, uno relativo a si se puede o no interponer un recurso de casación. Esta distinción tiene respaldo en el inciso undécimo del artículo 93 de la Constitución, en el cual se hace alusión no a "el" asunto, sino a "un" asunto. En otras palabras, los preceptos impugnados no necesariamente deben tener un gcarácter "decisorio litis", sino, en algunos casos, y "ordenatorio litis" (ver, al respecto, STC Rol No 472, c.

6 0 a 11 0 );

VIGÉSIMO PRIMERO. TERCER REPARO: EL REQUERIMIENTO SE REDUCE A UN ASUNTO DE INTERPRETACIÓN DE UNA NORMA LEGAL Y NO A UNA INCOMPATIBILIDAD ENTRE EL PRECEPTO Y LA CONSTITUCIÓN.

Al respecto debe destacarse que, en virtud de este requerimiento, no se ataca la interpretación que la Corte de Apelaciones ha hecho del precepto impugnado. Por el contrario, es dicha interpretación la que hace plausible que su aplicación pueda resultar decisiva en el examen de admisibilidad. En efecto, y tal como ya se hizo presente, ha sido la propia Corte de Apelaciones la que ha sentenciado que el único destinatario de la restricción para la interposición de recursos de que da cuenta la norma legal impugnada es el Casino de Juegos de Temuco

20 S.A. El hecho de que exista alguna interpretación diversa no altera la conclusión ya indicada previamente, esto es, que el precepto legal puede ser decisivo en la resolución de la gestión pendiente.

Además, no debe llevar a confusión el hecho que la Corte de Apelaciones de Temuco le haya dado tramitación formal al recurso de casación interpuesto, ordenando elevar los autos a la Corte Suprema. El examen de admisibilidad, propiamente tal, es aquel que ha de realizar la Corte Suprema. La Corte de Apelaciones no tiene atribuciones para sustituir a la Corte Suprema sobre el particular, ni tampoco ha intentado hacerlo.

En definitiva, y tal como se ha intentado explicar, principalmente en los tres primeros apartados de este fallo, la aplicación del precepto legal impugnado sí da lugar a un asunto de relevancia constitucional y, no sólo eso, resulta incompatible con la Carta Fundamental en su aplicación concreta;

VI.- CONCLUSIÓN.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que, teniendo presente todo lo manifestado con anterioridad, se concluye que el precepto impugnado es incompatible con la disposición constitucional consagrada en el artículo 19, No 3 0 , inciso primero (derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos de las personas) y, por derivación, en el artículo 19, No 2 0 , inciso segundo (prohibición de la discriminación arbitraria) y el artículo 19, No 3 0 , inciso sexto (obligación del legislador de garantizar siempre un procedimiento racional y justo).

Así, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 93, incisos primero, No 6 0 , y undécimo, de la Constitución Política de la República y en las disposiciones

21 pertinentes de la Ley No 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, se acogerá la acción deducida.

Por tanto, SE RESUELVE:

1°. Que se acoge el requerimiento deducido, declarándose la inaplicabilidad de la expresión "sin ulterior recurso" contenida en el inciso tercero, del artículo 55, de la Ley N ° 19.995; y

2 ° . Que se deja sin efecto la suspensión del procedimiento decretada a fojas 49. Ofíciese al efecto a la Corte de Apelaciones de Temuco.

El Ministro señor Nelson Pozo Silva previene que estuvo por acoger el requerimiento de autos, sólo en base a las siguientes razones:

1.- El precepto impugnado incumple el principio de igualdad de armas.

Las partes deben estar en posibilidad de acudir ante el juez con las mismas herramientas de persuasión, los mismos elementos de convicción, sin privilegios ni desventajas, a fin de convencerlo de sus pretensiones procesales. Los actores se enfrentan ante un juez imparcial en un debate que ambos deben enfrentar con las mismas herramientas de ataque y defensa.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos el principio de igualdad de armas constituye una de las más importantes y esenciales expresiones del derecho de defensa.

Por su parte, el derecho a defensa, en lo fundamental, es consecuencia de la igualdad ante la ley y

22 su contenido esencial apunta a que toda persona que deba recurrir a los tribunales de justicia, para obtener la protección de sus derechos, esté en un mismo plano de igualdad jurídica, sin privilegios o fueros especiales que impliquen discriminaciones arbitrarias u odiosas;

2.- Protección constitucional del principio de igualdad de armas. El artículo 19 número 3 ° brinda protección igualitaria a todas las personas en el ejercicio de sus derechos, reconociendo el derecho a la defensa, las garantías de un justo proceso y de una racional y justa investigación.

Las personas tienen derecho a una tutela efectiva de los Tribunales sin que en caso alguno pueda producirse indefensión. Este derecho por un lado, garantiza a todas las personas la "protección de sus derechos" y, por otro, que ello se obtenga sin afectar el principio de "igualdad ante la ley";

3.- Que según la jurisprudencia constitucional, la exclusión de un derecho procesal básico a una de las partes constituye una afectación de la garantía de igual protección de los derechos:

a.- Se ve afectada la igual protección de los derechos cuando un derecho procesal básico es otorgado por la ley a sólo uno de los agraviados por una resolución judicial, excluyendo al otro de la posibilidad de reclamar (STC roles Nos. 1443, c.17; 1502, c. 8 ° ;

1535, cc. 19 ° , 20 ° , 28°, 30 ° , 31°; 1432, c. 19 ° ).

b.- No se condice con los parámetros de racionalidad y justicia que la Constitución exige al proceso penal, en cuanto a que "la circunstancia de que el imputado se vea privado de la posibilidad de apelar contra la resolución que determina lo que será, en la práctica, todo el juicio oral, incidiendo en la prueba y, por consiguiente, en el

23 esclarecimiento del hecho punible y las circunstancias que lo rodean" (STC roles Nos. 1502, c. 10 0 ; 1535, C.30 ° ).

c.- Si bien cabe al legislador formular diferencias o estatutos especiales, tales distinciones son constitucionalmente admisibles sólo cuando obedecen a presupuestos objetivos, pertinentes y razonables; cuando resultan proporcionadas e indispensables, amén de perseguir una finalidad necesaria y tolerable (STC roles Nos. 790, c. 22 ° ; 1138, c. 37 ° ; 1140, c. 31 ° ; 1502, c.

11 ° ).

d.- No se divisa razón ni proporción en otorgar el recurso de apelación en forma privativa a uno de los intervinientes, como es el Ministerio Público, mas no al imputado, lo que hiere injustificadamente su derecho a participar con igualdad de oportunidad ante los órganos jurisdiccionales (STC Rol N ° 1502, C. 12 ° ).

e.- Existiendo dos sujetos activos en un mismo proceso..., toma cuerpo una discriminación arbitraria cuando se entiende que solamente uno puede apelar por exclusión de la prueba, y el otro no. (STC roles N ° 1502, c. 13 ° ; 1535, c. 38 ° ; 1873, c. 16 ° ; 2628, c. 16 ° ; 2628, c. 16).

f.- Si bien la cláusula de igualdad no impone necesariamente en ciertas condiciones, el reconocimiento de un derecho sustantivo determinado, si el Estado lo otorga, debe hacerlo en manera equitativa y no excluyente (STC Rol N ° 1873, c. 15).

g.- Ciertas relaciones se juzgan legítimamente en única instancia, más no sería racional y lógico autorizar, en vez de lo anterior, recursos de apelación y/o casación a una sola de las partes (STC roles Nos.1373, c. 17 ° ; 2034, c. 14 ° ) .

24 r e e:1 ()

1 1

At441-f-A111 h.- La llamada igualdad de armas, en materia de recursos, exige -salvo que haya una razón que lo justifique- que las distintas partes o intervinientes en un proceso tengan la misma posibilidad de impugnar las resoluciones que les perjudiquen, sobre todo si ellas inciden en un aspecto clave de un proceso, cuál es la admisibilidad o la exclusión de ciertas pruebas (STC Rol N ° 2628, c. 15 ° ).

i.- Los preceptos de excepción contenidos en una ley, en cuanto sustraen de cierta normativa general a personas o situaciones determinadas, produciéndoles menoscabo y sin fundamento o justificación, importan la comisión de diferencias arbitrarias y son, por ende, contrarias a la Constitución (STC roles Nos. 2529, c.

12 ° ; 2677, c. 11 ° );

4.- Que en los precedentes recién citados se reafirman dos conceptos relevantes como son la racionalidad y la justicia, nociones que comprenden factores determinantes para consagrar el principio de igualdad de armas, puesto que de no ser así, se generaría una limitación efectiva al derecho al recurso, a partir del criterio de las garantías judiciales que consagra el artículo 8 ° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;

5.- Que, en efecto, el derecho a un recurso efectivo tiene un alcance general, cuya magnitud excede la existencia formal de los recursos, sino que estos deben ser eficaces, es decir, deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la Convención antes citada. Que la Corte Interamericana ha reiterado que no basta con que se prevea la existencia de recursos, si estos no resultan efectivos para combatir la violación de los derechos protegidos en el citado pacto internacional. Así mismo, la Corte ha dicho que el

25 1) I CI Yé

artículo 25.1 de la Convención incorpora el principio de la efectividad de los instrumentos o mecanismos procesales de protección destinados a garantizar tales derechos. Así es, que el referido instrumento obliga a las partes a suministrar recursos judiciales efectivos, recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso (artículo 8.1 de la Convención), todo ello, dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (nombre reservado, Jurisprudencia Interamericana sobre Derechos Humanos. Criterios esenciales, Segunda Edición, Edit. Tirant lo Blanch, Ciudad de México, 2016, pp. 938-939);

6.- Que en la especie se configura la vulneración del artículo 19 ° , N ° 3 ° , incisos primero y sexto de la Constitución Política, y lo prescrito en el artículo 8.1 del Pacto de San nombre reservado Rica, norma que, a juicio de quien suscribe esta prevención, debe considerarse de rango constitucional conforme a lo dispuesto en el artículo 5 ° , inciso segundo, de la Carta Fundamental.

26 Acordada con el voto en contra de los Ministros señores Carlos Carmona Santander (Presidente), Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza y José Ignacio Vásquez Márquez, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento, conforme a las siguientes argumentaciones:

I. LA IMPUGNACIÓN.

1. Que la empresa Casinos de Juego Temuco S.A., ha solicitado la inaplicabilidad del inciso tercero del artículo 55 de la Ley N ° 19.995. La norma impugnada establece que desechada la reclamación contra una decisión de la Superintendencia, la sociedad operadora puede recurrir, sin ulterior recurso, ante el tribunal ordinario civil que corresponda al domicilio de la sociedad, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución que rechazó el reclamo;

2. Que la gestión pendiente se originó en una sanción que impuso la Superintendencia de Casinos a dicha empresa el año 2013. La sanción consistió en una multa.

El Tribunal de primera instancia acogió la prescripción de seis meses que alegaba el casino; por lo mismo, dejó sin efecto las multas. La Superintendencia de Casinos apeló y casó en la forma. La empresa de Casinos presentó un falso recurso de hecho alegando la inadmisibilidad de la apelación. La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó dicho recurso, al igual que la casación interpuesta por la Superintendencia de Casinos; pero acogió la apelación que este organismo había presentado.

Por lo mismo, mantuvo vigente las multas. Cabe señalar que en la apelación, la empresa de casinos se hizo parte en virtud de lo establecido en el artículo 200 del Código de Procedimiento Civil. La empresa de Casinos presentó una casación contra dicha decisión. Al principio la Corte rechazó declarar admisible la casación, pero luego la

27 it tl c? (2 q j x. d j ) C, ti .

acogió y reenvió los antecedentes a la Corte Suprema. Ésa es la gestión pendiente;

3. Que la empresa alega fundamentalmente dos infracciones constitucionales. Por una parte, la igualdad ante la ley. Sostiene que el precepto impugnado permite apelar de las decisiones que se establezcan en primera instancia a la Superintendencia de Casinos; pero esa facultad no la tienen las empresas de casinos. Por la otra, sostiene que se afecta el 19 N ° 3 ° , esto es, el derecho a defensa, porque se compromete su derecho a la revisión judicial;

II. LA NORMA IMPUGNADA.

4. Que la norma impugnada es el inciso tercero del artículo 55 de la Ley N ° 19.995, que regula las Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de los Casinos de Juego.

La norma regula el procedimiento para aplicar las sanciones administrativas. Este contempla una etapa administrativa y otra jurisdiccional.

La etapa administrativa puede comenzar de oficio o por denuncia presentada ante la Superintendencia. El acusado tiene un plazo de diez días para contestar los cargos por la denuncia. El eventual período de prueba es de ocho días; los hechos investigados Y las responsabilidades pueden acreditarse mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho, los que se aprecian en conciencia. La resolución que pone fin al procedimiento debe ser fundada y resolver todas las cuestiones planteadas. Debe dictarse dentro de los diez días siguientes a aquel en que se haya evacuado la Ultima diligencia. La sanción final puede terminar en absolución o en condena a una de las sanciones administrativas que señala la ley. Contra la decisión, la sociedad operadora

28 puede reclamarla ante el Superintendente dentro del plazo de diez días. El Superintendente tiene un plazo equivalente de diez días para resolver dicho recurso.

Si la reclamación es desechada por la Superintendencia, la sociedad operadora puede recurrir ante el tribunal ordinario civil que corresponda, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución. La tramitación ante el tribunal ordinario se rige por las reglas del juicio sumario.

Si no se interpone el recurso o éste es rechazado, la resolución que impone la sanción queda firme y tiene mérito ejecutivo;

5. Como se observa, el procedimiento regulado consagra un derecho a defensa, pues la empresa correspondiente puede formular descargos y presentar pruebas. Asimismo, tiene derecho a presentar recursos administrativos y recursos jurisdiccionales.

El recurso jurisdiccional procede si se desecha la reclamación del recurso administrativo interpuesto ante la Superintendencia de Casinos. La reclamación jurisdiccional es ante el tribunal ordinario civil que corresponda al domicilio de la sociedad. El plazo de interponerlo es de diez días.

La norma establece que la posibilidad de recurrir que tiene la sociedad operadora ante el tribunal es sin ulterior recurso. Esta fórmula es la que se impugna;

III. ASUNTOS SOBRE LOS CUALES NO PODEMOS PRONUNCIARNOS

6. Que hay aspectos sobre los cuales esta Magistratura no puede pronunciarse, porque están fuera de su competencia. En primer lugar, el fondo de lo reclamado por la empresa, es decir, si hay o no prescripción. En

29 01)0385 Ae,v;z4,Aufi/4"4-D

segundo lugar, tampoco podemos resolver las interpretaciones posibles que existan sobre el artículo 55, inciso tercero, pues ni siquiera las Cortes de Apelaciones se han puesto de acuerdo, al existir fallos contradictorios entre ellas (SCA Concepción, 3823/2013, que aceptó la apelación; y SCA Temuco, 879/2014, que interpretó que no cabía la apelación). El Tribunal no puede zanjar interpretaciones posibles de la ley dentro de un marco constitucionalmente aceptable. En tercer lugar, esta Magistratura no puede decidir si la Corte Suprema aceptará o no a tramitación el recurso de casación en el fondo interpuesto por la empresa;

IV. CRITERIOS INTERPRETATIVOS

7. Que antes de iniciar nuestro razonamiento, queremos explicitar los criterios interpretativos que lo guiarán.

En primer lugar, nuestra facultad de control de preceptos legales en la inaplicabilidad, es concreto. Por lo mismo, los hechos de la causa cobran extremada relevancia. Por lo mismo, el análisis del precepto impugnado no puede hacerse separadamente de la situación generada en la gestión pendiente.

En segundo lugar, no podemos transformar en problemas de constitucionalidad asuntos que pueden resolverse en el marco de una recta interpretación legal.

En tercer lugar, tampoco podemos entrar a resolver la inaplicabilidad de preceptos legales cuyos supuestos de hecho no se dan.

Finalmente, si el precepto ya se aplicó, estamos en otra etapa procesal y, por tanto, precluyó el derecho a alegar una eventual inaplicabilidad;

30 V. POR QUÉ NO SE VULNERA EL 19 N ° 3 °

8. Que consideramos que el precepto impugnado no vulnera al artículo 19 N ° 3 ° de la. Constitución por lo siguiente.

En primer lugar, la empresa ha tenido acceso a un racional y justo procedimiento, pues se ha defendido en las instancias administrativas pertinentes, ha presentado los recursos administrativos que le franquea la ley y ha hecho uso de los recursos judiciales correspondientes;

9. Que, en efecto, en el actual estado de la gestión pendiente, el caso se encuentra con casación en el fondo interpuesto por la empresa ante la Corte Suprema. Si bien la Corte de Apelaciones había rechazado tramitar la casación, luego la acogió y la reenvió a la Corte Suprema (fojas 334);

10. Que, enseguida, una vez que se le aplicó la multa, la empresa reclamó por recurso administrativo ante la Superintendencia. Ésta rechazó el recurso. Entonces, la empresa, porque había sido desechada la reclamación, recurrió ante el tribunal ordinario civil. Este tribunal acogió su reclamo. Hasta ahí, la empresa hizo uso de todo el mecanismo que diseña el artículo 55 de la Ley N ° 19.5

Como la Superintendencia no estuvo de acuerdo con esa decisión del tribunal de primera instancia, apeló. La empresa se opuso a esta decisión presentando un falso recurso de hecho. Alegó que la Superintendencia no podía apelar porque el artículo 55 decía que era sin ulterior recurso. Sin embargo, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de que no procedía dicha apelación. Sostuvo que la restricción del artículo 55 ("sin ulterior recurso")

opera sólo para la empresa y no para los órganos de la

31 I)

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administración (fojas 21 y siguientes). Contra esa decisión la empresa no recurrió.

A partir de ahí, la apelación se tramitó conforme a las reglas del juicio sumario. De hecho, la empresa se hizo parte en la apelación conforme al artículo 200 del Código de Procedimiento Civil y presentó un recurso de casación;

11. Que, como se observa, el asunto pasó por la Corte de Apelaciones. No lo llevó ahí la empresa. Lo llevó la Superintendencia de Casinos impugnando la decisión del tribunal de primera instancia.

En los hechos, hubo apelación. La empresa no apeló;

no tenía para qué hacerlo, pues el tribunal de primera instancia había acogido todo su alegato. Y durante la apelación, la empresa se hizo parte y pudo hacer valer sus puntos de vista. Además, cuando la empresa le pidió a la Corte de Apelaciones que declarara que no cabía apelación ni siquiera por la Superintendencia, y esta rechazó el recurso, no cuestionó esa decisión.

En la actualidad el asunto está remitido por la Corte de Apelaciones a la Corte Suprema, para que ésta conozca de la casación en el fondo. Allí ya no se discute sobre la procedencia de la apelación. Lo que se impugna en esa sede es que se haya rechazado el alegato de prescripción.

La norma que se impugna tiene que ver con el segundo escalón del sistema de revisión judicial. Pero en la gestión pendiente, se está en la casación.

El recurso de casación, por su parte, no lo interpuso la Superintendencia, quien esta vez había ganado su pretensión en la apelación. Lo interpuso la empresa.

32 Y si lo interpuso, entendemos que parte de la base que ya están en aplicación las reglas del juicio sumario, que permiten la interposición de dicho recurso;

12. Que como se constata, la empresa ha tenido siempre el derecho a la defensa adecuada. Desde luego, porque pudo hacer todas las alegaciones favorables a sus pretensiones. También, porque pudo impugnar las decisiones que no le fueron favorables vía los recursos administrativos; y luego, porque pudo impugnar la decisión del órgano administrativo ante un tribunal.

Enseguida, se pudo adherir a la apelación de la Superintendencia. Ella, como ya lo indicamos, no necesitaba apelar porque había obtenido su pretensión en la primera instancia. Y, finalmente, contra la decisión de la Corte de Apelaciones, la empresa presentó un recurso de casación que la Corte de Apelaciones remitió a la Corte Suprema;

13. Que no observamos cómo se pudo afectar el principio de igualdad de armas en todo este procedimiento.

Cuando la decisión de la administración fue desfavorable para la empresa, ella pudo impugnar ante el tribunal de primera instancia. Cuando la decisión fue desfavorable en esta instancia, para la Superintendencia, ésta pudo apelar. Y cuando la Corte de Apelaciones rechazó la pretensión de la empresa, ésta pudo ir a la Corte Suprema vía casación.

Para la parte perdedora en cada uno de los momentos, ha tenido la posibilidad de ir a una instancia superior;

14. Que la lógica del artículo 55, desde el punto de vista del artículo 19 N ° 3 ° de la Constitución, es evitar la indefensión.

33 38 A e~e4/2 '

En efecto, si la empresa logra, mediante los recursos administrativos, que se cambie o modifique la sanción en términos que sea favorable a sus intereses, no necesita de los recursos jurisdiccionales.

A su vez, si la empresa no obtiene satisfacción en la instancia administrativa, se le abre la vía jurisdiccional.

En el presente caso, no estamos frente a la situación de que el tribunal ordinario confirmó la decisión de la administración. Al contrario, la revocó.

Por eso, apeló de esta decisión la Superintendencia, no la empresa.

Para los efectos del estándar del artículo 19 N ° 3 ° , se cumple perfectamente en la gestión pendiente el estándar de la debida defensa y de la revisión judicial.

La empresa ha ejercido todos los recursos administrativos y jurisdiccionales que corresponden;

15. Que, por todo lo anterior, estamos por rechazar el presente requerimiento.

Redactó la sentencia el Ministro señor Juan José Romero Guzmán; la prevención, el Ministro que la suscribe, y la disidencia, el Ministro señor Carlos Carmona Santander.

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Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N ° 2856-15-INA.

Sra. nombre reservado

Sr. nombre reservado

Sr. nombre reservado ro

Sr. nombre reservado

Sr. nombre reservado

Sr. quez

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente, Ministro señor Carlos Carmona Santander, y por sus Ministros señora Marisol Peña Torres, señores Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza, Juan José Romero Guzmán, Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y José Ignacio Vásquez Márquez.

Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, señor nombre reservado.

35 En Santiago, a Al de iti-:9-~1 4.1,47 de..2/ 1 4co 2it tiu . personal • a la sentencia ecaíd9 en aut s Rol N° de .JSI.. d e 44.~ .4.10 d e a quien entregué copia.

i) 1) I) 31 1 Notificaciones del Tribunal Constitucional -/Aatibm,1,

De: tribunalconstitucional.c1 <correo reservado > Enviado el: viernes, 16 de diciembre de 2016 10:15 Para: correo reservado; correo reservado ; correo reservado;

correo reservado

Asunto: Notificacion Rol 2856-15 Datos adjuntos: 1680_1.pdf

Señores:

nombre reservado, nombre reservado

nombre reservado, por Casino de Juegos Temuco S.A.

nombre reservado en representación de la Superintendencia de Casinos de Juegos.

Adjunto remito a ustedes Sentencia dictada por este Tribunal en el proceso Rol N° 2856-15-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Casinos de Juegos Temuco S.A. respecto del inciso tercero del artículo 55 de la Ley N° 19.995, en la parte que indica, en los autos sobre reclamación judicial de multa administrativa, caratulados "Casinos de Juegos Temuco S.A. con nombre reservado", de que conoce la Corte de Apelaciones de Temuco, por recurso de apelación, bajo el Rol N° 879- 2014 Libro Civil.

Atentamente,

Secretario Abogado

correo reservado

Tribunal Constitucional domicilio reservado - Chile 11 1 ) 1,1 3 9 ototai rloA 111.0.0.

Santiago, 15 de diciembre de 2016.

OFICIO N° 1229 2016-

Remite sentencia

EXCELENTISIMA SEÑORA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA:

Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 15 de diciembre en curso en el proceso Rol N° 2856 15 INA, - -

sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Casinos de Juegos Temuco S.A. respecto del inciso tercero del artículo 55 de la Ley N° 19.995, en la parte que indica.

Saluda atentamente a V.E.

nombre reservado

_Presidente

Secretario

A S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA DOÑA MICHELLE BACHELET JERIA PALACIO DE LA MONEDA PRESENTE.

1 Santiago, 15 de diciembre de 2016.

M.0.0.

OFICIO N° 1230 2016 -

Remite sentencia.

EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL H. SENADO:

Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 15 de diciembre en curso en el proceso Rol N° 2856 15 INA, - -

sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Casinos de Juegos Temuco S.A. respecto del inciso tercero del artículo 55 de la Ley N° 19.995, en la parte que indica.

Saluda atentament a V.E.

RLOS CJ (RMONA SANT~ sidente Pr6

nombre reservado

nombre reservado io

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO DON RICARDO LAGOS WEBER SENADO DE LA REPUBLICA VALPARAISO o 1) 0 3 Notificaciones del Tribunal Constitucional

De: Notificaciones del Tribunal Constitucional <correo reservado > Enviado el: viernes, 16 de diciembre de 2016 11:56 Para: 'correo reservadosenado.d CC: 'nombre reservado' (correo reservado ); 'nombre reservado' (correo reservado );

'nombre reservado.' (correo reservado ); correo reservado

Asunto: Comunica sentencia Datos adjuntos: Oficio N° 1230-2016 Senado.pdf; Sentencia.pdf

Señor nombre reservado

Secretario Senado

Junto con saludarlo, y sin perjuicio que la actuación a la que alude este mail será enviada por mano, mediante Oficio N° 1230-2016, vengo en remitir adjunta sentencia pronunciada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 2856-15 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Casinos de Juegos Temuco S.A. respecto del inciso tercero del artículo 55 de la Ley N° 19.995, en la parte que indica, en los autos sobre reclamación judicial de multa administrativa, caratulados "Casinos de Juegos Temuco S.A. con nombre reservado", de que conoce la Corte de Apelaciones de Temuco, por recurso de apelación, bajo el Rol N° 879-2014 Libro Civil.

Atentamente,

nombre reservado

Oficial Primero Abogado Tribunal Constitucional 7219224-7219200

1 Santiago, 15 de diciembre de 2016.

m.o.o.

OFICIO N° 1231-2016

Remite sentencia.

EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS:

Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 15 de diciembre en curso en el proceso Rol N° 2856-15-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Casinos de Juegos Temuco S.A. respecto del inciso tercero del artículo 55 de la Ley N° 19.995, en la parte que indica.

Saluda atentamente a V.E.

°NUL SANTANDER Presidente —.4-,

------ 2--

nombre reservado___-- -- Secrtaio

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DON OSVALDO ANDRADE LARA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS PEDRO MONTT S/N° VALPARAISO

Entregado a Correos de Chile 16 de diciembre de 2016 "3)6 !

Notificaciones del Tribunal Constitucional //u.ted1 1)11)

De: Notificaciones del Tribunal Constitucional <correo reservado > Enviado el: viernes, 16 de diciembre de 2016 11:57 Para: 'correo reservado; 'correo reservado; correo reservado

CC: 'nombre reservado' (correo reservado ); 'nombre reservado.' (correo reservado );

correo reservado

Asunto: Comunica sentencia Datos adjuntos: Oficio N° 1231-2016 Cámara Diputados.pdf; Sentencia.pdf

Señor nombre reservado

Secretario Cámara de Diputados

Junto con saludarlo, y sin perjuicio que la actuación a la que alude este mail será enviada por carta certificada con esta fecha, mediante Oficio N° 1231-2016, vengo en remitir adjunta sentencia pronunciada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 2856-15 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Casinos de Juegos Temuco S.A. respecto del inciso tercero del artículo 55 de la Ley N° 19.995, en la parte que indica, en los autos sobre reclamación judicial de multa administrativa, caratulados "Casinos de Juegos Temuco S.A. con nombre reservado", de que conoce la Corte de Apelaciones de Temuco, por recurso de apelación, bajo el Rol N° 879-2014 Libro Civil.

Atentamente,

nombre reservado

Oficial. Primero Abogado Tribunal Constitucional 7219224-7219200

1 M.0.0.

Santiago, 15 de diciembre de 2016

OFICIO N° 1232-2016

Remite sentencia.

SEÑORA PRESIDENTA DE LA I. CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO:

Remito a V.S.I. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 15 de diciembre en curso en el proceso Rol N° 2856-15-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Casinos de Juegos Temuco S.A. respecto del inciso tercero del artículo 55 de la Ley N° 19.995, en la parte que indica, en los autos sobre reclamación judicial de multa administrativa, caratulados "Casinos de Juegos Temuco S.A. con nombre reservado", de que conoce esa Corte de Apelaciones, por recurso de apelación, bajo el Rol N° 879-2014 Libro Civil, a los efectos que indica.

Saluda atent

7 F RLOS ARMONASANT -Ft-nombre reservado

nombre reservado

Secretario

SEÑORA PRESIDENTA DE LA I. CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO DOÑA nombre reservado

domicilio reservado

TEMUCO. Entregado a Correos de Chile 16 de diciembre de 2016 lo> " Notificaciones del Tribunal Constitucional 7‘/te,x";,f,h/t De: Notificaciones del Tribunal Constitucional <correo reservado > Enviado el: viernes, 16 de diciembre de 2016 12:44 Para: 'correo reservado; 'correo reservado

CC: correo reservado ; 'nombre reservado' (correo reservado ); 'nombre reservado M.' (correo reservado ); 'nombre reservado' (correo reservado )

Asunto: comunica sentencia y alzamiento de suspensión Datos adjuntos: Oficio N° 1232-2016 Corte de Apelaciones.pdf; Sentencia.pdf

nombre reservado

Secretario Corte de Apelaciones de Temuco

Junto con saludarlo, y sin perjuicio que la actuación a la que alude este mail ha sido enviada por carta certificada, mediante Oficio N° 1232-2016, vengo en remitir adjunta sentencia pronunciada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 2856-15 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Casinos de Juegos Temuco S.A. respecto del inciso tercero del artículo 55 de la Ley N° 19.995, en la parte que indica, y deja sin efecto la suspensión del procedimiento decretada en los autos sobre reclamación judicial de multa administrativa, caratulados "Casinos de Juegos Temuco S.A. con nombre reservado", de que conoce esa Corte de Apelaciones de Temuco, por recurso de apelación, bajo el Rol N° 879-2014 Libro Civil. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

nombre reservado

Oficial Primero Abogado Tribunal Constitucional 7219224-7219200