Inaplicabilidad de Precepto Legal

Santiago, doce de mayo de dos mil dieciséis.

VISTOS:

A fojas 1, con fecha 29 de enero de 2015, ESVAL S.A.

dedujo requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 3, letras i)

y 1), del Decreto con Fuerza de Ley N” 292, de 1952, Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante; y de los artículos 87, 95, 96, 97, 142, incisos tercero y cuarto, 149, inciso primero, 150, incisos primero y cuarto, y 151 del Decreto Ley N* 2.222, de 1978, Ley de Navegación, para que surta efectos en la cáusa sobre recurso de protección caratulada “ESVAL S.A.

con Gobernación Marítima de Valparaíso”, tramitada ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso bajo el Rol N”

3183-2014.

Preceptiva legal cuya aplicación se impugna

La requirente impugna un conjunto de preceptos legales contenidos en las leyes aludidas, que dicen relación con procedimientos administrativos sancionatorios y competencias de la autoridad marítima para conocer de los mismos y, en su caso, para aplicar sanciones.

Las normas cuestionadas disponen:

- Artículo 3”, letras i) y 1), de la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina

Mercante:

Artículo 3": “Corresponde a la Dirección:

(..) 1) Dictaminar en los sumarios administrativos que se sustancien sobre accidentes y siniestros marítimos, determinar las responsabilidades que

correspondan en ellos y aplicar sanciones.

000335 2

Estas facultades se aplicarán respecto del personal de naves chilenas en lo relativo a la situación profesional y disciplinaria, sea que los hechos ocurran en Chile o en el extranjero. Respecto al personal de naves extranjeras sólo se aplicarán estas facultades si los hechos han acaecido dentro de la jurisdicción de la Dirección.

Por decreto supremo se fijarán el procedimiento para sustanciar los sumarios administrativos y las sanciones y multas que corresponda aplicar al personal de las naves nacionales y extranjeras y, en general a quienes por cualquier causa sean responsables en accidentes y siniestros marítimos;

(.) 1) Ejercer la Policía Marítima, Fluvial y lacustre. El Director y las Autoridades Marítimas y los demás funcionarios en quienes el Director o las Autoridades Marítimas deleguen tales facultades, podrán efectuar allanamientos, incautaciones Y arrestos, dentro de sus funciones de Policía

Marítima”.

- Artículos 87, 95, 96, 97, 142, incisos tercero y cuarto, 149, inciso primero, 150, incisos primero y

cuarto, y 151 de la Ley de Navegación:

Artículo 87. “El reglamento establecerá el procedimiento que deberá seguirse y determinará el monto de las multas o la graduación y naturaleza de las sanciones que proceda imponer, para la aplicación

de este párrafo”.

Artículo 95: “la Dirección, por intermedio de las Autoridades Marítimas y del personal de su dependencia, ejercerá la policía marítima en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional y en los

demás lugares que su ley orgánica señala”.

Artículo 96: “ha Autoridad Marítima y su

personal, en el desempeño de sus funciones de policía

000336 Hrscionho Jraimlas y pets

marítima, tendrán el carácter de fuerza pública, y serán aplicables en tal caso los artículos 410, 411, 416 y 417 del Código de Justicia Militar.

Asimismo, serán ministros de fe respecto de los hechos que certifiquen y de las denuncias que formulen.

La desobediencia a las órdenes impartidas en el ejercicio de sus funciones por la Autoridad Marítima o por el personal que de ella dependa, que no tenga sanción expresa, será penada con multa de hasta

quinientos pesos oro”.

Artículo 97: “Corresponde a la Autoridad Marítima supervigilar el cumplimiento de todas las normas legales y reglamentarias y de las resoluciones administrativas que rijan o deban llevarse a efecto en aguas sometidas a la jurisdicción nacional.

La Autoridad Marítima velará también por el

cumplimiento de las resoluciones judiciales que deban

ejecutarse en su zona jurisdiccional.

Las resoluciones o actuaciones administrativas que deban cumplirse o llevarse a efecto en aguas sometidas a la jurisdicción nacional, se ejecutarán por intermedio o con asistencia de la Autoridad

Marítima”.

Artículo 142: “(.) El reglamento determinará la forma cómo la Dirección, las Autoridades Marítimas y sus organismos dependientes ejercerán las funciones que les asignan este y el siguiente artículo.

En el mismo reglamento se establecerán las multas y demás sanciones para los casos de contravenciones, aplicables al propietario de la instalación; al propietario, armador u operador de la nave o artefacto naval, o a las personas directamente

responsables del derrame o infracción (...)”.

Artículo 149: “Corresponde a la Dirección

aplicar las sanciones y multas por contravención de

000337 *

las normas del párrafo 1? de este Título, en

conformidad al reglamento”.

Artículo 150: "las sanciones y multas que procedan se aplicarán administrativamente por la Dirección. Salvo lo previsto en los incisos siguientes, las multas no excederán de RUT reservado de pesos oro.

(.) El reglamento establecerá la graduación de estas multas, considerando el volumen de la descarga o derrame ilegales u otros aspectos que agraven o atenúen los efectos de un siniestro. Asimismo, el reglamento establecerá las sanciones que se aplicarán a los que deban dar cuenta de un derrame o descarga

ilegales y omitieren hacerlo”.

Artículo 151: “las sanciones y multas por las infracciones a que se refieren los artículos anteriores, se aplicarán previa investigación sumaria de los hechos. Los afectados podrán apelar de ellas o solicitar su reconsideración al Director, previa consignación de la multa impuesta, dentro del plazo fatal de quince días, contados desde la notificación.

El procedimiento a seguir en estos casos será el mismo que establezca el reglamento indicado en el

artículo 87”,

Gestión Judicial invocada y carácter decisivo de los

preceptos ¡impugnados

En cuanto a los hechos y al asunto ventilado en la sede jurisdiccional en que incide la acción de inaplicabilidad impetrada, en síntesis, cabe consignar que el día 11 de febrero de 2014 aconteció un derrame de aguas servidas al mar en la comuna de Papudo de la Región de Valparaíso, producto de la obstrucción de un colector

de propiedad de la requirente ESVAL S.A.

000338 Hicoccto cala yodo

Ante ello, se instruyó investigación sumaria administrativa por la Dirección General del Territorio Marítimo —DIRECTEMAR-, concluyéndose, por resolución del Gobernador Marítimo de Valparaíso, de 23 de octubre de 2014, la responsabilidad de ESVAL por la descarga de aguas servidas al mar y la aplicación a su respecto de una multa de $100.000 oro.

ESVAL interpuso recurso de reposición Y, en subsidio, jerárquico, siendo aquél desestimado y, posteriormente, con fecha 28 de noviembre de 2014, recurrió de protección en contra de la Gobernación Marítima de Valparaíso, en la gestión judicial que pende ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y que se encuentra actualmente suspendida en “su tramitación conforme a lo ordenado por la Primera Sala de este Tribunal Constitucional (fojas 74).

Esgrime ESVAL en su acción de protección la

ilegalidad de la resolución sancionatoria aplicada por la Gobernación aduciendo diversas infracciones a la Ley N”

19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, y la arbitrariedad en el actuar de la Administración, todo lo cual importaría la afectación de sus derechos constitucionales a no ser juzgado por comisiones especiales, a desarrollar actividades económicas lícitas y de propiedad (artículo 19, Ns 37, 21” y 24” de la Constitución).

Sostiene la actora que las normas que impugna en esta sede de inaplicabilidad son decisivas para la resolución de la gestión judicial, de modo tal que, su declaración de inaplicabilidad en el caso concreto sería la vía idónea para tener por configurada la arbitrariedad denunciada y, consecuentemente, evitar la consumación de las infracciones constitucionales que denuncia.

Como otro antecedente, manifiesta la actora que, en

paralelo y en relación con los mismos hechos descritos,

000339 Ñ

Haiti husinda prue

se sustanció un procedimiento sancionatorio por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que concluyó con la aplicación de una multa a ESVAL por 5 Unidades Tributarias Anuales, siendo dicha Superintendencia el órgano que sí es competente en la materia y cuyo actuar

no cuestiona.

Conflicto constitucional sometido a conocimiento y

resolución del Tribunal Constitucional

En lo sustancial, la requirente ESVAL esgrime que la aplicación de las normas impugnadas configuraría las infracciones a la Constitución Política que se pasan a

exponer.

En primer lugar indica que las disposiciones contenidas en los artículos 3”, letras i) y 1), de la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante; y 95, 96, 97, 142, inciso cuarto, 149, inciso primero, 150, inciso primero, y 151 de la Ley de Navegación, facultan a la autoridad marítima para realizar ¡investigaciones sumarias administrativas y determinar responsabilidades, pero son preceptos legales que únicamente permiten a DIRECTEMAR aplicar sanciones disciplinarias al personal de su dependencia y no a terceros, como sería la empresa ESVAL, siendo respecto de esta última, en su calidad de empresa sanitaria, únicamente competente para conocer de ¡investigaciones administrativas y aplicar multas y sanciones, la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

En consecuencia, el actuar de la DIRECTEMAR, en la especie, excede su potestad disciplinaria y se inmiscuye en potestades sancionatorias que no le atingen, aplicando a la empresa un procedimiento sancionatorio propio del ámbito funcionario y no sancionatorio regulador, vulnerando así los principios de competencia y de

legalidad de los artículos 6” y 7” de la Constitución; y

000340 7?

DADO

los derechos a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, al juez natural y a defensa jurídica, asegurados en los artículos 19, N%s 2% y 3%;

38, inciso segundo, y 76, inciso primero, de la Carta Fundamental; además de infringir el artículo 101, inciso segundo, de la Ley Suprema, al conferir las normas legales aludidas atribuciones de policía marítima y fuerza pública a DIRECTEMAR, en circunstancias que este organismo no constituye parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Asimismo, se contravendría el artículo 64 de la Constitución, al encontrarse la normativa de la DIRECTEMAR contenida en un Decreto con Fuerza de Ley, en circunstancias que la norma suprema aludida prohíbe

dictar DFL en materia de garantías constitucionales.

En segundo lugar la aplicación en el caso concreto de las disposiciones contenidas en los artículos 3”, letra i), de la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante; y 87, 142, inciso tercero, y 151 de la Ley de Navegación, en la medida en que remiten a un reglamento -decreto supremo- la regulación del procedimiento administrativo sancionatorio, y la forma de aplicación y determinación del guantum de las multas, transgrediría el principio de reserva legal contemplado en los artículos 7”, inciso primero; 19, números 3” y 26%; 32, N” 6, y 63, números 2?

y 18%, de la Constitución Política.

Por otro lado, los preceptos legales referidos infringen la esencia del derecho a defensa y al debido proceso, en el marco de un procedimiento racional y justo, como lo asegura el artículo 19, N” 3”, incisos segundo, quinto y sexto, de la Constitución, toda vez que las normas legales reprochadas determinan la aplicación de sanciones aen una investigación sumaria administrativa

dirigida por DIRECTEMAR, conforme a un procedimiento

000341 8

unilateral y secreto, respecto del cual ESVAL no tuvo derecho a rendir pruebas, en el marco del principio de bilateralidad de la audiencia, ni derecho a la impugnación y revisión en sede jurisdiccional de la multa aplicada, que sería desproporcionada y carente de

parámetros de justificación.

Observaciones del FISCO de Chile

El requerimiento deducido en autos fue admitido a tramitación (fojas 73) y, luego de oír alegatos, declarado admisible (fojas 243) por la Primera Sala.

Posteriormente la causa fue puesta en conocimiento de los órganos constitucionales interesados y se confirió traslado a las partes para formular sus observaciones acerca del fondo del asunto.

Por presentación de 2 de mayo de 2015, a fojas 262, el Consejo de Defensa del Estado, en representación del ESTADO-FISCO de Chile, formula sus observaciones, instando por el rechazo del requerimiento en todas su

partes.

Expone, en primer lugar, que el asunto ventilado en la gestión sublite sobre recurso de protección deducido por ESVAl contra la Gobernación Marítima de Valparaíso se refiere a ilegalidades que aquélla denuncia, en relación al cumplimiento debido de las disposiciones de la Ley N?”

19.880, y el consecuente actuar arbitrario de la autoridad, todo lo cual envuelve un asunto de mérito y de interpretación y aplicación de la ley que es de resorte exclusivo del juez del fondo. Además, la actora impugna en sede de inaplicabilidad preceptos legales, como aquellos contenidos en la Ley Orgánica de la DIRECTEMAR que confieren la potestad sancionatoria a la Gobernación,

que no señaló como infringidos en “su acción de

Harrunto darnoda

uno Ye

ÚS LURETARIA )

000342 9

protección, sino al contrario, los reconoció como el sustento del acto administrativo.

Luego, las normas impugnadas de inaplicabilidad no son decisivas en la resolución de la gestión pendiente, así como tampoco se configura un conflicto constitucional

sino de mera legalidad.

A continuación, en cuanto a los vicios de constitucionalidad, sostiene el FISCO que no se infringen los principios de competencia y legalidad toda vez que DIRECTEMAR no ha investigado y sancionado infraccionalmente a ESVAL conforme al artículo 3, letra i), de la Ley Orgánica de la DIRECTEMAR y las demás normas que señala el requerimiento, sino que la autoridad ha obrado conforme a la potestad que le confiere el artículo 142, inciso primero, de la Ley de Navegación, no impugnado de inaplicabilidad, en orden a fiscalizar y sancionar las infracciones a la prohibición legal de dañar el medioambiente acuático.

Agrega que, sin perjuicio de que en la especie DIRECTEMAR no actuó como policía marítima, sino solo como autoridad fiscalizadora, la función de policía que puede ejercer se encuentra ajustada a la Constitución, desde que nos encontramos frente a un organismo que depende de la Armada de Chile, pudiendo las fuerzas armadas en casos dispuestos por el legislador actuar con funciones de policía; sin que tampoco pueda apreciarse de qué modo la actividad fiscalizadora de la autoridad importe infringir el derecho al juez natural.

Afirma, por otra parte, que la alegación de vulneración a la reserva legal, por contemplarse disposiciones de procedimiento sancionatorio reguladas por decreto supremo, no tiene asidero, ya que en la gestión sublite ESVAL alega infracciones a la Ley N”

19.880, y no a las leyes que invoca como inaplicables en

Angretomko yoo)

qe A

ud

X SLCRETAIA

A

000343 Harciodes luar yla,

su requerimiento que, en consecuencia, no inciden en lo resolutivo de la gestión pendiente.

Además, las normas especiales de procedimiento aplicadas por DIRECTEMAR en su investigación sumaria administrativa se ajustan plenamente a la ley sobre bases de los procedimientos administrativos y a las bases del debido proceso, y, en todo caso, el reglamento es únicamente un complemento de la ley, que regula cuestiones accesorias de procedimiento y graduación de las multas dentro de límites fijados por el legislador, dentro del estándar constitucionalmente autorizado.

Luego, no se aprecia cómo podría verse conculcado el derecho a un justo procedimiento o el derecho a defensa de ESVAL.

Lo dicho es sin perjuicio, reitera el FISCO, de que en sede protección el tribunal del fondo, precisamente, podrá determinar si la autoridad se ajustó o no a la legalidad en su actuar, lo que confirma que no se configura en la especie un conflicto constitucional que

deba resolver este Tribunal Constitucional.

Vista de la causa, medida para mejor resolver y

acuerdo

A fojas 294 se ordenó traer los autos en relación, verificándose la vista de la causa en audiencia de Pleno de 4 de agosto de 2015.

El Tribunal decretó medidas para mejor resolver y se adoptó acuerdo en autos con fecha 6 de octubre de 2015

(certificado de fojas 332).

000344

Y CONSIDERANDO:

CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD

PRIMERO: Que, a propósito de un recurso de protección deducido por ESVAL S.A. contra la Gobernación Marítima de Valparaíso, por la forma en que ésta le aplicó y cuantificó una determinada multa administrativa, dicha empresa sanitaria requiere en esta sede que se declaren inaplicables diversas normas de la ley orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, contenida en el DFL N” 292 (Hacienda), de 1953, y en la Ley de Navegación, aprobada por DL N?”

2.222, de 1978.

En primer término, sostiene la requirente que algunas de estas normas vulnerarían el principio de competencia, consagrado en los artículos 7%, incisos primero y segundo, 64, 76, inciso primero, y 101, inciso segundo, de la Carta Fundamental. En segundo lugar, indica que otras disposiciones afectarían la forma en que deben proceder los órganos estatales, al no instituir un procedimiento justo y racional que preceda las sanciones impuestas por dicha autoridad marítima, quebrantando así

la garantía del artículo 19, N” 3”, de la Constitución;

SEGUNDO: Que ambos cuestionamientos serán resueltos en el mismo orden en que han sido previamente sintetizados, sobre la base de su propio mérito jurídico.

Sin perjuicio de tener presente que al Tribunal Constitucional -—acorde con el artículo 93, inciso primero, N” 6” de la Carta Fundamental- le corresponde declarar inaplicable cualquier precepto legal cuya aplicación es o pueda resultar inconstitucional, en tanto que si el resultado inconstitucional deriva de incumplir la ley, esa infracción de ley sólo puede ser corregida

por los jueces del fondo.

de. OSA Lucca smile yiúnso

Igualmente, tendrá en cuenta esta sentencia que un requerimiento de inaplicabilidad sólo puede prosperar si los preceptos legales impugnados resultan decisivos en la resolución del asunto sub lite, a objeto de no extenderse

en digresiones ajenas al asunto concreto de que se trata;

COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA

TERCERO: Que, a este primer respecto, se objeta el artículo 3”, letra i), del DFL N” 292, de 1953, estatuto orgánico de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, DIRECTEMAR, de quien dependen las gobernaciones marítimas, porque esta disposición no le otorgaría atribuciones para imponer sanciones a terceros, sino que únicamente a su propio personal, razón por la

GNSF cual se vulneraría el artículo 7”, incisos primero y segundo, de la Constitución. Por igual razón, se impugnan los artículos 149, inciso primero, 150, inciso primero, y

151 del DL N” 2.222.

Añade el requerimiento que tal Decreto con Fuerza de Ley contravendría el artículo 64 constitucional, que prohíbe la delegación de potestades legislativas en materia de garantías constitucionales. Además de transgredir el derecho al juez natural, reconocido en los artículos 19, N* 3%, y 76, inciso primero, del texto supremo, dado que quienes instruyen el procedimiento sumarial y aplican la consiguiente sanción son parte de esa misma dirección, lo que implicaría incursionar - indebidamente- en el ejercicio de prerrogativas

jurisdiccionales;

CUARTO: Que, sobre el particular, corresponde consignar que el rebatido artículo 3”, letra i), dispone que a la individualizada Dirección le corresponde dictaminar en los sumarios administrativos que se

sustancien sobre accidentes y siniestros marítimos,

000346 15

determinar las responsabilidades que correspondan y aplicar sanciones y multas al personal de las naves nacionales y extranjeras “y, en general a quienes por cualquier causa sean responsables en accidentes y siniestros marítimos”.

Agrega el artículo 142 de la Ley de Navegación -en punto sobre el que no discurre el requerimiento de autos- que a dicho órgano administrativo le incumbe fiscalizar y sancionar los derrames que menciona en las aguas bajo jurisdicción nacional, y en puertos, ríos y lagos (inciso primero), aplicando las multas que sean procedentes, entre otras “a las personas directamente responsables del

derrame o infracción” (inciso cuarto);

QUINTO: Que, según es dable observar, entonces, por este primer concepto el requerimiento debe ser rechazado, comoquiera que al hacerse consistir en un vicio de incompetencia, pues DIRECTEMAR estaría sancionando a particulares ajenos a la institución, más allá de la potestad disciplinaria interna que le asignaría el citado artículo 3”, letra i), ello en todo caso comportaría una infracción legal que toca a los jueces de la instancia solucionar.

Sin perjuicio, lo anterior, de que la empresa requirente no se haya hecho cargo de que el propio precepto impugnado, en las partes resaltadas, podría conspirar en contra de su pretensión. Al paso de que habría otra norma en igual sentido -el antes aludido artículo 142- a cuyo respecto tampoco se argumentó en contrario, más allá de afirmar que las potestades de la DIRECTEMAR no podrían alcanzar a terceros.

Siendo que el “contexto de inconstitucionalidad” que se habría configurado en la especie, según se alegó en estrados, precisamente hacía necesario -a más de negar- demostrar la inconstitucionalidad de que padecería la

totalidad de las normas involucradas;

000347 — 1

SEXTO: Que, enseguida, tocante al reparo de que ese artículo 3 afectaría garantías constitucionales, por lo que no podría comprenderse en un decreto con fuerza de ley, atentos a la prohibición estatuida en tal sentido por el artículo 64, inciso segundo, de la Constitución, basta para desestimarlo anotar que dicha norma fue establecida por la Ley N” 18.011 (artículo 6”), del año 1981, lo que deja sin sustento la objeción planteada.

Atinente a la reclamación de haberse lesionado el derecho al juez natural, porque no pueden ser órganos de la misma autoridad administrativa los que fiscalizan y sancionan, como ha observado parte de la doctrina indicada en las STC roles N*"s. 1245 (c. 23), 1203 (c.

26), 1221 (c. 26), 1229 (c. 26), 1183 (c. 26), 1184 (c.

26), 1205 (c. 26) y 1233 (c. 23), es lo cierto que pronunciarse sobre ello en este concreto caso no resulta determinante, habida cuenta que tal situación se encuentra contemplada en el artículo 142, inciso segundo, N” 1, de la Ley de Navegación, cuyo texto tampoco ha sido

impugnado en autos;

SÉPTIMO: Que, a continuación, se refutan los artículos 3”, letra 1), del DFL N”? 292, y 95, 96 y 97 del DL N* 2.222, dado que infringirían el artículo 101, inciso segundo, de la Constitución, al otorgar funciones de “policía marítima” a la DIRECTEMAR, en circunstancias que dicha regla constitucional reservaría tal cometido, excluyentemente, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, integradas sólo por Carabineros e Investigaciones.

Empero, el requerimiento omite argumentar por qué esa misión de servir como policía marítima no podría encuadrar dentro de los quehaceres naturales o complementarios que corresponde ejecutar a la Armada de Chile, por conducto de una de sus dependencias, conforme

al artículo 101, inciso segundo, de la Constitución, y al

rescue tucoremda y rela

00034 > Bcc occ yrdo

artículo 1” de la Ley N” 18.948, Orgánica Constitucional

de las Fuerzas Armadas. Ni se detiene en la letra m) del artículo 3 del DFL N” 292, en cuya virtud las labores de control y fiscalización de las playas y terrenos de playa fiscales, de las rocas, fondos de mar y porciones de agua dentro de las bahías, ríos y lagos, deben ser ejercidas por el Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, a través de la DIRECTEMAR.

Sin desmedro, ello, de advertir que el recurso de protección deducido por la propia requirente,

constitutivo de la gestión judicial pendiente, no versa

sobre tal temática, lo que hace inoficioso un pronunciamiento al respecto por parte de esta Magistratura;

PROCEDIMIENTO JUSTO Y RACIONAL

OCTAVO: Que, enseguida, se reclama contra el artículo 3%, letra i), acápite tercero, del DFL N” 292, y contra los artículos 87, 142, inciso tercero, y 151 del DL N* 2.222, porque entregan aa un reglamento la instauración del procedimiento administrativo que debe anteceder la imposición de cualquier sanción, lo que transgrediría la Constitución (artículos 7”, inciso primero; 19, números 3” y 26, y 63, números 2 y 187), que comete esta materia al legislador.

Las normas legales aluden a los sumarios O investigaciones sumarias que deben previamente practicarse y remiten a un reglamento establecer el procedimiento o trámites necesarios para su sustanciación. Las diligencias que componen este procedimiento se encuentran reguladas, básicamente, en los artículos 157 y 158 del DS N” 1.340 bis (Defensa), de 1941;

000349 O

NOVENO: Que, es de recordar, el derecho a un procedimiento justo y racional aparece consagrado, por primera vez en nuestro régimen positivo, en el Acta nombre reservado N” 3, de 1976 (artículo 1%, N*” 3, inciso quinto), antes de pasar a la Constitución vigente, donde actualmente figura -tras ciertas modificaciones- en el artículo 19, N* 3%, inciso sexto.

Tal garantía implica que en el estado de derecho chileno no hay lugar a la imposición de genuinas sanciones sin más trámite o de plano, y que ella es exigible incluso cuando quien ejerce el poder punitivo es

un órgano de la Administración del Estado;

DÉCIMO: Que, fue así que, en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, tempranamente se manifestaron opiniones, en orden a que las garantías derivadas de este derecho natural a un justo y racional procedimiento se aplican no solo al individuo frente a los tribunales, sino que también a las personas ante los Órganos administrativos, especialmente cuando se ven expuestas a la aplicación de sanciones u otros actos desfavorables (prevención de don nombre reservado en Sesión N” 101, de 9.1.1975, pág. 11). La misma opinión tuvo la doctrina más avanzada en la época.

Con posterioridad, este Tribunal Constitucional hizo suyo tal criterio, al apuntar que, como las penas penales, las sanciones administrativas igualmente deben ser el fruto o consecuencia necesaria de un previo procedimiento sujeto a esa garantía constitucional, según han reiterado las sentencias roles N*s 1518

(considerandos 6” y 23%) y 2264 (considerando 33”);

DECIMOPRIMERO: Que, precisamente, aplicando los incisos primero y segundo del artículo 19, N* 3”, de la Constitución Política, en sentencia Rol N” 376 se hizo

exigible al legislador dictar expresamente aquellas

Figrccendo,

normas que garanticen el derecho a defensa, contemplando

la posibilidad de que los afectados sean emplazados y puedan presentar los correspondientes descargos, antes que la autoridad administrativa les aplique una eventual sanción (considerandos 29%, 30%, 34” y 35%).

La STC Rol N” 389 ratificó que la ley tiene la obligación de contemplar un procedimiento, que permita al afectado una adecuada defensa de sus derechos, en sede administrativa, en forma previa a la imposición de alguna de las sanciones que ella contempla, dándole la oportunidad de defenderse de los cargos que la autoridad le formule (considerandos 29”, 33" y 34”).

En STC Rol N” 437 (considerandos 14?%, 17%, 22”), se objetó un proyecto de ley que carecía de toda norma regulatoria acerca del procedimiento a través del cual podían ser impuestas ciertas sanciones administrativas, sin contemplar el derecho a defensa. Y en STC roles Ns 725 (considerando 21%), 1233 (considerando 16%) y 2264 (considerando 33%), se aprobó que la ley garantizara que la imposición de determinadas sanciones administrativas solo podía hacerse Una vez formulados los

correspondientes cargos y previa audiencia del acusado;

DECIMOSEGUNDO: Que, ahora bien, acorde con el criterio adoptado en STC Rol N” 2682 (considerando 10”), respecto a las leyes anteriores a la adopción de este estándar por parte del Tribunal Constitucional, en cuanto ellas confieren potestades sancionadoras a Órganos de la Administración pero sin contemplar formalmente un procedimiento especial, tal omisión se salvaría si al ejercer dichas competencias la autoridad instruye una investigación que cumpla las exigencias básicas que caracterizan un debido proceso, como la formulación de cargos, su notificación al inculpado, seguida de una oportunidad efectiva para que éste pueda ejercer el

derecho a defensa, incluida la posibilidad de allegar y

000350 17 lireuedo

000351 y

Frei limaenda ¡uno

producir pruebas, así como la posibilidad de impugnar lo

resuelto en sede Jurisdiccional (antes, STC Rol N” 481).

Por ende, en casos como el DFL N” 292 y el DL N?

2.222, que otorgan competencia a la DIRECTEMAR para aplicar aquellas sanciones que estos cuerpos legales señalan, pero sin consultar en él una tramitación previa específica, se ha entendido que -aún así- dicha autoridad se encuentra en el imperativo de sustanciar un procedimiento justo y racional que satisfaga la garantía del artículo 19, N” 3%, constitucional.

Exigencias que en el caso que aqueja a ESVAL se habrían cumplido plenamente, según el itinerario procedimental que ella misma describe en su requerimiento (fs. 8-10), lo que lleva a desestimarlo también por este

reproche;

CONSIDERACIONES FINALES

DECIMOTERCERO: Que, por último, cumple advertir que en el requerimiento se señalaron como impugnados, transcribiéndolos, los artículos 142, inciso cuarto, y 150, inciso cuarto, de la Ley de Navegación, que mandan a un reglamento determinar la cuantía o proporcionalidad de las sanciones aplicables por la DIRECTEMAR.

Pero como el requerimiento no precisa los fundamentos en que se apoya, más allá de indicar que le conferirían a la autoridad un amplio margen de apreciación en la cuantificación de las multas (fs. 39), ni señala cómo cambiaría su situación de declararse inaplicables los parámetros que ordena tener en cuenta ese mismo artículo 150, resulta improcedente por este

concepto;

DECIMOCUARTO: Que, por todas las consideraciones que han quedado anteriormente analizadas, se concluye, por

úna parte, que no se vislumbra cómo, en este caso

19 000352 Hierciondesticrecando ¡de

concreto, los artículos 3”, letras i) y 1), del DFL N?

292, y los artículos 95, 96, 97, 149, inciso primero, 150, inciso primero, y 151, del DL N” 2.222, vulneran los artículos 7%, incisos primero y segundo, 64, 76, inciso primero, y 101, inciso segundo, de la Carta Fundamental.

Tampoco se avizora que los artículos 3”, letra i)

del DFL N” 292, y los artículos 87, 142, inciso tercero, y 151, en esta ocasión, afecten la garantía del artículo

19, N*” 3%, de la Constitución Política de la República.

Y TENIENDO PRESENTE, lo dispuesto en los artículos y 93, inciso primero, No 6%, e inciso undécimo, y demás normas Citadas de la Constitución Política de la República, así como en las disposiciones pertinentes de la Ley N0% 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal

Constitucional,

SE RESUELVE:

1) SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD DEDUCIDO EN ESTOS AUTOS.

2) SE DEJA SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA A FOJAS 73. OFICÍESE.

3) NO SE CONDENA EN COSTAS A LA REQUIRENTE, POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.

000353 2

Hiracióndro tirrcnda yb,

Redactó la sentencia el Ministro señor Iván Aróstica Maldonado.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N” 2784-15-INA.

Sr.

nombre reservado

Sr.'*Hernández

Er *

Sra. nombre reservado

CO aa teterior

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente, Ministro señor Carlos Carmona Santander, y por sus Ministros señora Marisol Peña Torres, señores Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza, Juan José Romero Guzmán, señora María Luisa Brahm Barril y señores Cristián Letelier Aguilar y Nelson Pozo Silva.

Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, señor Rodrigo Pica Flo

£

Apoquindo N* 4700 + Las Condes + Santiago de Chile » Teléfonos [$6-2] - 2721 9200 + Fax [56-2] - 2721 9303 « secretanit

000354

NOTIFICACIÓN POR CÉDULA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CAUSAS ROL N” 2.784-15-INA.

En la ciudad de Santiago, con fecha 12 de mayo de dos mil dieciséis, en el domicilio de esta ciudad, Isidora Go yenech ea 3621, Piso 20, Torre B, Las Condes- Santiago, notifiqué por cédula al señor abogado, don Domingo Tapia Navarro la sentencia definitiva de fojas

335 (Trescientos treinta y cinco) en el proceso Rol N* 2.784-15-INA requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Esval S.A., respecto. del artículo 39, letra i) y 1) del DFL N* 292, de 1953, que aprueba la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y la Marina Mercante, así como de los artículos 95, 96, 97; 142, incisos tercero y cuarto; 149, inciso primero e incisos primero, 150, incisos primero y cuarto, y 151 del DL N* 2222 de 1978, que establece la Ley de Navegación, en el proceso caratulado “Esval S.A. con Gobernación Marítima de Valparaíso”, Rol N” 3183/2014, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Le dejé copia integra de todo ello con una persona

adulta de ese mismo domicilio.

FECHA SENTENCIA: 12 de mayo de 2016.

MINISTRO DE FE: nombre reservado, Oficial Segundo

Administrativo del Tribunal Constitucional.

Z

p > >= --- “o a

000355 Ancuda time y limo

Santiago, 12 de mayo de 2016.

o.f.s.

Señor

nombre reservado

nombre reservado Fiscal (S) de Santiago y nombre reservado

Consejo de Defensa del Estado Agustina 1687

SANTIAGO.-

Remito a ustedes copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 12 de mayo de 2016, en el proceso Rol N* 2.784-15-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Esval S.A.

respecto del artículo 3", 1) y 1) del DFL N* 292, de 1953, Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y la Marina Mercante (DIRECTEMAR,), y de los artículos 87, 95, 96, 97, 142, incisos tercero y cuarto, 149, inciso primero, 150, incisos primero y

cuarto, y 151 del D.L. N* 2.222, de 1978, Ley de Navegación.

Saluda atentamente a Uds.

Secretario

Entregado a Correos Chile. Santiago, 12 de mayo de 2016,

Apoquindo N* 4700 + Las Condes » Santiago de Chile » Teléfonos [56-2] - 2721 9200 » Fax [56-2] - 2721 9303 » secretaria Otcchile.cl + wwctribunalconstitucional.el

000356

o.f.s.

Santiago, 12 de mayo de 2016.

OFICIO N? 334-2016 Remite sentencia.

SEÑOR PRESIDENTE

I. CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO:

Remito a V.S.I. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 12 de mayo de 2016, en el proceso Rol N” 2,784-15-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Esval S.A. respecto del artículo 3*, i) y 1) del DFL N* 292, de 1953, Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y la Marina Mercante (DIRECTEMAR), y de los artículos 87, 95, 96, 97, 142, incisos tercero y cuarto, 149, inciso primero, 150, incisos primero y cuarto, y 151 del D.L. N* 2.222, de 1978, Ley de Navegación, en el proceso caratulado “Esval S.A. con Gobernación Marítima de Valparaíso”, de que conoce esa Corte de Apelaciones, Rol 3183/2014, a los efectos que

indica,

Saluda atentamente a V.S.I.

nombre reservado

Secretario

AL SEÑOR PRESIDENTE .

1. CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO DON nombre reservado

domicilio reservado

VALPARAÍSO.- Entregado a Correos Chile. Santiago, 12 de mayo de 2016.

Lar it

Santiago, 12 de mayo de 2016.

OFICIO N* 335-2016

Remite sentencia.

SEÑOR GOBERNADOR MARÍTIMO DE VALPARAÍSO:

Remito a Ud. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 12 de mayo de 2016, en el proceso Rol N” 2.784-15-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Esval S.A.

respecto del artículo 3, i) y 1) del DFL N* 292, de 1953, Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y la Marina Mercante (DIRECTEMAR,, y de los artículos 87, 95, 96, 97, 142, incisos tercero y cuarto, 149, inciso primero, 150, incisos primero y cuarto, y 151 del D,L. N? 2,222, de 1978, Ley de Navegación, en el proceso caratulado “Esval S.A. con Gobernación Marítima de Valparaíso”, de que conoce la Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol 3183/2014.

Saluda atentamente a Ud.

19 S CARMONA SANT

residente

nombre reservado

Secretario

AL SEÑOR GOBERNADOR

MARÍTIMO DE VALPARAÍSO

DON nombre reservado

CAPITÁN DE NAVÍO

domicilio reservado

VALPARAÍSO.-

Entregado a Correos Chile. Santiago, 12 de mayo de 2016.

000358

o.f.s.

Santiago, 12 de mayo de 2016.

OFICIO N? 336-2016 Remite sentencia.

SEÑOR SUPERINTENDENTE

DE SERVICIOS SANITARIOS:

Remito a Ud. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 4 de agosto de 2015, en el proceso Rol N* 2.784-15-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Esval S.A.

respecto del artículo 3", 1) y 1) del DFL N* 292, de 1953, Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y la Marina Mercante (DIRECTEMAR), y de los artículos 87, 95, 96, 97, 142, incisos tercero y cuarto, 149, inciso primero, 150, incisos primero y cuarto, y 151 del D.L. N” 2,222, de 1978, Ley de Navegación, en el proceso caratulado “Esval S.A. con Gobernación Marítima de Valparaíso”, de que conoce la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol 3183/2014.

Saluda atentamente a Ud.

CARLOS C 'ONA SANTAND.

nombre reservado

Secretario

AL SEÑOR SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS SANITARIOS DON nombre reservado

domicilio reservado

PRESENTE.-

Entregado a Correos Chile. Santiago, 12 de mayo de 2016.

000359 Arrieta) dimcmenta y untre

Santiago, 12 de mayo de 2016,

OFICIO N* 337-2016

Remite sentencia.

EXCELENTÍSIMA SEÑORA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA:

Remito a V.E., copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 12 de mayo, en el proceso Rol N* 2,784-15-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Esval S.A.

respecto del artículo 3*, i) y 1) del DFL N* 292, de 1953, Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y la Marina Mercante (DIRECTEMAR), y de los artículos 87, 95, 96, 97, 142, incisos tercero y cuarto, 149, inciso primero, 150, incisos primero y cuarto, y 151 del D.L. N* 2.222, de 1978, Ley de Navegación.

Saluda atentamente a V,E,

nombre reservado

Secretario A

AS. E.

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA DOÑA MICHELLE BACHELET JERIA PALACIO DE LA nombre reservado

PRESENTE.

000360

Santiago, 12 de mayo de 2016.

OFICIO N* 338-2016

Remite sentencia.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL H. SENADO:

Remito a V.E., copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 12 de mayo de 2016, en el proceso Rol N* 2.784-15-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Esval S.A.

respecto del artículo 3%, i) y 1) del DFL N* 292, de 1953, Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y la Marina Mercante (DIRECTEMAR,, y de los artículos 87, 95, 96, 97, 142, incisos tercero y cuarto, 149, inciso primero, 150, incisos primero y

cuarto, y 151 del D.L, N* 2,222, de 1978, Ley de Navegación.

Saluda atentamente a Y.E.

CA S CARMONA SANTAND:

Secretario

| cora e,

AS, E,

EL PRESIDENTE DEL H. SENADO DON RICARDO LAGOS WEBER SENADO DE LA REPÚBLICA VALPARAÍSO.- Notificaciones del Tribunal Constitucional . rateula 7

A De: Notificaciones del Tribunal Constitucional <notificacionesOtcchile.cl> Enviado el: jueves, 12 de mayo de 2016 16:50 Para: 'secretariaOsenado.c!' cc: "nombre reservado' (ofuentesOtcchile.cl); "nombre reservado.' (rpicafBtcchile.cl);

notificaciones.tcOgmail.com; nombre reservado (ifleytonOtcchile.cl)

Asunto: Comunica sentencia Datos adjuntos: Oficio N* 338-2016 CPR Senado.pdf; Sentencia.pdf Señor nombre reservado

Secretario Senado

Junto con saludarlo, y sin perjuicio que la actuación a la que alude este mail será enviada por carta certificada, mediante Oficio N* 338-2016, vengo en remitir adjunta sentencia dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N” 2784-15 INA, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Esval S.A. respecto del artículo 3", letra i) y 1) del DFL N* 292, de 1953, que aprueba la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y la Marina Mercante, así como de los articulos 95, 96, 97;

142, incisos tercero y cuarto; 149, inciso primero e incisos primero, 150, incisos primero y cuarto, y 151 del DL N* 2222 de 1978, que establece la Ley de Navegación, en el proceso caratulado “Esval S.A. con Gobernación Marítima de Valparaíso”, Rol N* 3183/2014, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Atentamente,

nombre reservado

Oficial Primero Abogado nombre reservado

T219224-7219200

Santiago, 12 de mayo de 2016.

OFICIO N? 339-2016

Remite sentencia,

EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS:

Remito a V.E., copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 12 de mayo, en el proceso Rol N* 2.784-15-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Esval S.A.

respecto del artículo 3*, 1) y 1) del DFL N* 292, de 1953, Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y la Marina Mercante (DIRECTEMAR,), y de los artículos 87, 95, 96, 97, 142, incisos tercero y cuarto, 149, inciso primero, 150, incisos primero y cuarto, y 151 del D.L. N* 2.222, de 1978, Ley de Navegación.

Saluda atentamente a V.E.

nombre reservado:

nombre reservado

Secretario

AS.E.

EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DON OSVALDO ANDRADE LARA

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

CONGRESO NACIONAL

AVDA. PEDRO MONTT S/N

VALPARAÍSO.-

Entregado a Correos Chile. Santiago, 12 de-mayo de 2016.

000367 Hiprciodo percata yoo, ; 000363 Notificaciones del Tribunal Constitucional . neerda ¿e,

De: Notificaciones del Tribunal Constitucional <notificacionesOtcchile.cl>

Enviado el: jueves, 12 de mayo de 2016 16:51

Para: "tc_camaraO congreso.cl'; 'mlanderosOHcongreso.cl'; jsmokBcongreso.cl

CC: 'nombre reservado' (ofuentesOtcchile.cl); 'nombre reservado.' (rpicaOtcchile.cl);

notificaciones.tcQOgmail.com; nombre reservado (¡fleytonOtcchile.cl)

Asunto: Comunica sentencia

Datos adjuntos: Oficio N* 339-2016 CPR Cámara Diputados. paf; Sentencia.pdf

Señor

nombre reservado

Secretario

Cámara de Diputados

Junto con saludarlo, y sin perjuicio que la actuación a la que alude este mail será enviada por carta certificada, mediante Oficio N* 339-2016, vengo en remitir adjunta sentencia dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N* 2784-15 INA, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Esval S.A. respecto del artículo 3", letra i) y 1) del DFL N* 292, de 1953, que aprueba la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y la Marina Mercante, así como de los artículos 95, 96, 97;

142, incisos tercero y cuarto; 149, inciso primero e incisos primero, 150, incisos primero y cuarto, y 151 del DL N* 2222 de 1978, que establece la Ley de Navegación, en el proceso caratulado “Esval S.A. con Gobernación Maritima de Valparaiso”, Rol N” 3183/2014, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Atentamente,

nombre reservado

Oficial Primero Abogado Tribunal Constitucional 7219224- 7219200