Inaplicabilidad de Precepto Legal

000345 Hirociahor tanda inte

Santiago, veintisiete de agosto de dos mil quince.

VISTOS:

Con fecha 13 de agosto de 2014, Proyectos de Energía Eléctrica S.A. solicitó a esta Magistratura la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 45, inciso segundo, y del artículo 43, N% 1, de la Ley N* 18.175 -Ley de Quiebras-, para que surta efectos en el proceso sobre declaración de quiebra que se sustancia ante el Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, bajo el Rol N* C-1025-2014.

El texto de los preceptos legales objetados en autos es del siguiente tenor:

Artículo 45, ánciso segundo: “La audiencia del deudor sólo tendrá carácter informativo, no dará lugar a incidente, y en ella éste podrá consignar fondos suficientes para el pago de los créditos que hubieren servido de base a la solicitud de quiebra y las costas correspondientes, en cuyo caso no procederá la

declaración de quiebra.”.

“Artículo 43: Cualquiera de los acreedores podrá solicitar la declaración de quiebra, aun cuando su crédito no sea exigible, en los siguientes casos:

1. Cuando el deudor que ejerza una actividad comercial, industrial, minera o agrícola, cese en el pago de una obligación mercantil con el solicitante, cuyo título sea ejecutivo;”.

Fundamentación.

A efectos de fundar su requerimiento, la actora se refiere a los hechos relacionados con la gestión judicial pendiente, para luego presentar las argumentaciones en derecho que sustentan su acción.

En cuanto a los hechos.

Expone que, con fecha 9% de julio de 2014, se solicitó, por Unispan Chile S.A., que se declarara su quiebra. La causal que fue invocada es la que contempla

el artículo 43, N* 1, de la Ley de Quiebras. El tribunal

Y SL CRETARÍA

000346

confirió traslado el 25 de julio y la solicitud se notificó según lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto al Derecho.

Aduce que, de la lectura del artículo 45, inciso segundo, se desprenden dos cuestiones.

En primer término que, en virtud de su aplicación, no se da lugar al carácter controversial propio de todo juicio. Lo anterior, desde el momento que la audiencia del deudor, frente a la solicitud de quiebra, simplemente da espacio para que éste informe respecto de las circunstancias que rodean a la solicitud de quiebra. No puede presentar alegaciones, oponer defensas ni rendir prueba. Lo mismo se desprende de la proscripción de los incidentes en el juicio.

En segundo lugar, el deudor lo único que puede hacer en dicha audiencia es pagar, bajo la amenaza de que si no paga deberá afrontar las nefastas consecuencias de la declaratoria de quiebra, como lo son la privación de la administración de sus bienes, el que se hacen exigibles todos sus pasivos y la consecuente terminación de su actividad económica.

En cuanto al artículo 43, N” 1, impugnado, precisa, en primer término, que nuestro ordenamiento contempla dos clases de deudores: el deudor no calificado y el deudor calificado y se genera un trato diferenciado entre las dos clases de deudores en virtud de la regulación de las quiebras. Específicamente, por cuanto el deudor calificado, a diferencia del no calificado, se ve privado de presentar las defensas contempladas en el artículo 464 del Código de Enjuiciamiento Civil, pues basta la sola existencia de un título ejecutivo para que sea arrastrado a las perniciosas consecuencias de la quiebra, a saber, la bancarrota. En otras palabras, enfrenta un juicio que

comienza con la sentencia de quiebra desfavorable.

y

SLCRETARIA

00347 E

Precisa que, si bien resulta necesaria la celeridad en la adopción de medidas para que la insolvencia del deudor no perjudique a terceros, ello no puede llegar a justificar que se prive al presunto falente de la posibilidad de defenderse. Más aún, la situación se agrava si se tiene presente que, en caso de una solicitud de quiebra fraudulenta o dolosa, el deudor calificado no puede desvirtuarla, atendida la imposibilidad que tiene de defenderse en juicio. Sólo puede hacer frente a la misma con posterioridad.

Por lo demás, si bien el artículo 57 de la Ley de Quiebras otorga un recurso de reposición, se trata de un mecanismo que también opera a posteriori, cuando ya, en virtud de la sentencia declaratoria de quiebra, se ha producido en los hechos la terminación de la empresa -— pues, el síndico, entre otras medidas, habrá despedido a los trabajadores y terminado la relación con los proveedores-.

Y la desmejora del deudor calificado descrita ha sido reconocida por el legislador, pues en el Mensaje de la Ley N* 20.720 se consignó que debía corregirse la asimetría propia del juicio de quiebras en lo que respecta al derecho a defensa del deudor, cambiando el eje desde la extinción de la empresa a la reorganización eficiente de la misma.

Por todo lo anterior, la aplicación de los preceptos que se impugnan conculcaría la garantía del debido proceso, pues, como se explicara, no le permite al deudor ejercer su derecho a defensa, de manera que no existen las garantías de un proceso racional y justo.

Por resolución de fojas 19, la Primera Sala de esta Magistratura admitió a tramitación el requerimiento.

Posteriormente, por resolución de fojas 139, lo declaró admisible y decretó la suspensión de la gestión judicial en que incide, suspensión cuyos efectos delimitó por

resolución de fojas 183. Luego, pasados los autos al

enanemle yniele

SLCRETARÍA

000348

Pleno, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley N*” 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, el requerimiento fue comunicado a la Cámara de Diputados, al Senado y al Presidente de la República y notificado a las partes de la aludida gestión judicial, a efectos de que pudieran hacer valer sus observaciones y acompañar los antecedentes que estimaren

convenientes.

Observaciones.

Por presentación de fojas 151, Unispan Chile S.A.

formuló sus descargos al requerimiento, al tenor de las alegaciones que a continuación se sintetizan en los siguientes cuatro puntos.

En primer lugar, se refiere a los antecedentes de la gestión pendiente, para con ello argumentar la ilógica que hay detrás de la pretensión de la deudora y la consiguiente falta de efectos inconstitucionales de la aplicación de los preceptos reprochados al caso concreto.

Precisa que la acción de quiebras incoada se funda en la existencia de cuatro pagarés impagos, documentos mercantiles perfectos que acreditan un crédito cuya suma original asciende a los 140 millones de pesos.

Habida cuenta de la concurrencia de todos los elementos legales que configuran la causal prevista en el artículo 43, N” 1, reprochado, Unispan Chile S.A.

solicitó la quiebra de la parte requirente, en calidad de deudor calificado. Ésta, en síntesis, esmeró su defensa en desvirtuar las bases de la demanda de quiebra, argumentando que la obligación que la sustenta es de carácter civil y no comercial.

Así las cosas, el requerimiento resulta ilógico, puesto que se solicita la inaplicabilidad del artículo 45, inciso segundo, en circunstancias que hizo uso de la

posibilidad procesal que el mismo precepto le otorga, a

Hsccóntoy óuarenday edo 000349 his, condor tuanerle y muere

saber, utilizar la audiencia informativa para defenderse,

oponiéndose a la solicitud de quiebra.

Por otra parte, también es del todo ilógico el requerimiento, ya que la ¡indefensión que alega la requirente se presenta por su sola voluntad, desde el momento que limitó su defensa a la argumentación referida anteriormente, en circunstancias que es posible oponer excepciones y presentar alegaciones en la audiencia informativa, ya que la disposición reprochada no lo impide, como sí ocurre en muchos otros juicios ejecutivos.

A su vez, señala que, como explica la doctrina, el deudor puede y debe mostrar que frente a un título ejecutivo vencido, representativo de una obligación mercantil, éste no fue pagado por razones distintas a la insolvencia.

Por lo mismo, no puede pretenderse que los preceptos

impugnados sean decisivos en la resolución del juicio

A pendiente.

e Y, no obstante lo anterior, debe considerarse que el legislador obliga al juez a cerciorarse por todos los medios a su alcance de la efectividad de la causal invocada por el peticionario de quiebra.

En segundo lugar, explica la naturaleza de las disposiciones reprochadas en el marco del juicio de quiebras, a efectos de demostrar el sustento de lo que prescriben.

Expone al respecto que el fundamento de toda quiebra es la cesación de pagos, que ha dado origen a la creación del procedimiento concursal, con el objeto de proteger tres bienes jurídicos, a saber la seguridad del crédito público, la igualdad de los acreedores y el funcionamiento adecuado del mercado y del sistema crediticio.

Teniendo ello en consideración, explica que es

comprensible un procedimiento con características

000350

Eaoto

especiales, toda vez que su fundamento, la cesación de pagos, resulta de compleja prueba, cuestión que justifica que el legislador haya establecido un catálogo de hechos que la revelarían, más todavía si se tiene presente que retardar la apertura a concurso arriesga los bienes jurídicos tutelados, pues el retardo puede dar lugar a la ocurrencia de variados ilícitos.

Por ese mismo motivo es que se proscribe la interposición de incidentes.

En tercer lugar, explica que no se vulnera la garantía del debido proceso, por todo lo expuesto y, además, porque en el procedimiento concursal existen variados mecanismos para que el deudor pueda ejercer su derecho a defensa.

En efecto, también debe descartarse la vulneración en comento ya que no sólo existe la mencionada audiencia informativa sino que, además, el deudor cuenta con una importante herramienta, como lo es el recurso de reposición que contempla el artículo 57 de la Ley de Quiebras, que le permite impugnar, con amplias posibilidades de prueba, la calidad de deudor calificado que le atribuye la sentencia de quiebra.

A «su vez, cuenta con otras vías de defensa específicas como, por ejemplo, la posibilidad de impugnar los créditos que se verifican durante el procedimiento concursal y objetar la fecha de cesación de pagos, entre otras.

Todo lo anterior demuestra que el legislador ha armonizado los intereses del acreedor y del fallido.

En cuarto lugar, se refiere a una eventual vulneración del derecho a la igualdad ante la ley.

Esgrime que, no obstante, ésta debe descartarse, aun cuando no se denunció su vulneración ni se fundamentó, por consiguiente; ello en razón de que, como ha dicho el Tribunal Constitucional, debe tenerse presente que se

admite un trato diferenciado cuando se está ante

000351

realidades diferentes. Y, específicamente, existe un fundamento diverso entre la regulación del procedimiento ejecutivo y el juicio de quiebras, por cuanto el primero se sustenta en el incumplimiento de una obligación y el segundo, en la cesación de pagos y en los bienes jurídicos que deben tutelarse frente a esto.

Habiéndose traído los autos en relación, se procedió a la vista de la causa el día 15 de enero de 2015, oyéndose los alegatos del abogado Paulo Gallardo por la parte requerida.

Con igual fecha este Tribunal decretó una medida para mejor resolver, consistente en la solicitud, efectuada al Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, de remisión de copia completa del expediente referido a la gestión judicial invocada en estos autos. Una vez cumplida, se revisó la documentación enviada, la que acredita que se rechazó la solicitud de quiebra y se encuentra pendiente la concesión de un recurso de apelación en ese órgano jurisdiccional, por encontrarse suspendido el procedimiento de quiebras en virtud de orden de esta Magistratura. Posteriormente, se procedió a

adoptar acuerdo con fecha 31 de marzo de 2015.

CONSIDERANDO:

I.- EL REQUERIMIENTO.

PRIMERO: Que, en estos autos constitucionales, la Sociedad Proyectos de Energía Eléctrica S.A. solicitó a esta Magistratura la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 45, inciso segundo, y del artículo 43, N” 1, de la Ley N” 18.175 -Ley de Quiebras-, para que surta efectos en el proceso sobre declaración de quiebra que se sustancia ante el Tercer

Juzgado de Letras de Ovalle, bajo el Rol N* C-1025-2014.

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3 S

SLCRETARIA

000352

Lierccilo dimeneta

El tenor de ambas disposiciones ha sido transcrito en lo

expositivo del presente fallo;

SEGUNDO: Que el conflicto constitucional sometido a decisión de esta Magistratura estriba medularmente en determinar si la aplicación de los preceptos impugnados - en la gestión pendiente- se revela contraria a lo dispuesto en los N*s 3”, inciso sexto, y 26” del artículo 19 constitucional, en el sentido de que, según la requirente, “los preceptos impugnados no entregan las garantías de un proceso racional y justo” (fojas 4), afectación que se produciría en su esencia, conculcándose la garantía del N* 26” del aludido artículo 19 constitucional, al privarle “de las posibilidades de impugnar el título fundante de la solicitud, de impetrar alegaciones, oponer excepciones y elaborar defensas”

(fojas 6). Estas garantías, las de los N*s 3” y 26” del artículo 19, son las únicas invocadas explícitamente en

su requerimiento;

1I1.- LAS SENTENCIAS PREVIAS DE ESTA MAGISTRATURA.

TERCERO: Que constituye un aspecto relevante para los efectos de resolver el conflicto constitucional ahora sometido a conocimiento de este Tribunal, las sentencias previas que éste ha dictado respecto de los incisos primero y segundo del artículo 45 de la Ley de Quiebras, en las que razonó específicamente sobre su eventual incompatibilidad con el debido proceso constitucional, cual es el ámbito principal en el cual se desenvuelven las alegaciones de la requirente en este proceso constitucional;

CUARTO: Que, sobre aquellos preceptos, este Tribunal ha dictado. tres sentencias. Se trata de las STC roles N*s 1200, 1202 y 1239, en las que se avocó precisa y detenidamente a enjuiciar la aplicación de tales

preceptos desde la perspectiva del debido proceso,

000353 . Cincuenta. jhna,

descartando que el carácter “informativo” de la audiencia, en conjunción con la interdicción incidental o improcedencia de incidentes, impidan el derecho de defensa y a la prueba del deudor, supuesto falente. Lo razonado en aquellos fallos luego fue considerado en la STC Rol N” 1414, en la cual se rechazó un requerimiento respecto del artículo 43, N” 1, de la Ley de Quiebras;

QUINTO: Que al efecto se consideró -en lo central- que dicha audiencia permite al deudor formular todas las alegaciones que le resulten apropiadas (incluidas las que versen sobre la existencia de la obligación, la eficacia del título o la insolvencia), agregándose que la plena actividad probatoria de las partes está restringida por

la ausencia de un término dentro del cual rendirla, la

que ces sustituida por la obligación del juez de cerciorarse, por todos los medios a su alcance, de la SL CRETARIA efectividad de la causal invocada. Agregándose que lo anterior permite al deudor proporcionar los antecedentes que, de manera auténtica e irrefutable, en esta fase habiliten al tribunal para formarse la convicción de que es improcedente la declaratoria de quiebra.

También se consideró que, para asegurar la vigencia de los bienes jurídicos tutelados, el procedimiento concursal posterga -no impide ni inhibe- el ejercicio pleno del derecho de defensa y prueba a una etapa inmediatamente posterior a la declaratoria, cual es la tramitación -en vía incidental- del recurso de reposición especial contemplado en el artículo 57 de la Ley de Quiebras, plasmándose entonces, con nitidez, el principio de contradicción;

SEXTO: Que, entonces, cabe considerar que este Tribunal tiene una doctrina en la materia. Lo anterior, lejos de ser irrelevante, obliga a quien quiera dar argumentos para que la misma sea abandonada o modificada, a hacerse cargo de los planteamientos del Tribunal, lo

que no se observa -en modo alguno- en el requerimiento de

4, 000354 cua

autos, que no se refiere, siquiera, a las sentencias señaladas, como si las mismas nunca se hubiesen dictado.

Pero, y esto resulta llamativo, consta que la requirente no desconoce tales precedentes, pues los invocó al evacuar el traslado que se le confirió de la solicitud de quiebra -audiencia informativa y, por cierto, en sentido favorable a sus intereses, por cuanto alegó entonces que “en razón de superiores principios constitucionales, tales como estándares mínimos del debido proceso, bilateralidad de la audiencia e igualdad ante la ley, exige en esta etapa previa a la eventual declaración de quiebra que el deudor -presunto falente, en este caso- pueda realizar afirmaciones de hecho, prueba, consideraciones de derecho en torno a la prueba del acreedor, y consideraciones de fondo acerca de la solicitud de quiebra (sentencias del Tribunal Constitucional, expedientes roles N*s 1202 y 1239) (fojas 103);

SLCRETARIA

SÉPTIMO: Que, analizados los antecedentes del caso y los planteamientos de las partes, este Tribunal perseverará en la doctrina fijada en los fallos referidos en el considerando cuarto, a la cual se aludirá en los considerandos que siguen, toda vez que no se han dado argumentos que hagan procedente un cambio de criterio en esta materia, ni las circunstancias del caso aconsejan lo anterior, sin perjuicio de formular algunas consideraciones adicionales a lo ya razonado por este

Tribunal en los fallos indicados;

III. CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN PENDIENTE EN QUE INCIDE EL REQUERIMIENTO.

OCTAVO: Que, para hacerse cargo adecuadamente de los reproches de la requirente, es preciso caracterizar la gestión procesal ordinaria en que se ha interpuesto el

requerimiento de autos.

Se trata de una solicitud de quiebra formulada por la Sociedad Unispan S.A. en contra de la requirente, en la que se le atribuye a ésta la calidad de deudor calificado (artículo 43, N” 1, de la Ley de Quiebras), que se sustenta en el no pago de cuatro pagarés por una suma total de $140.609.675 (fojas 9 y 10 de este expediente), solicitud que fue notificada al deudor (fojas 99) y de la que se le dio traslado por el término de emplazamiento (fojas 12).

Dicho traslado fue evacuado por la requirente, quien argumentó extensamente sobre el rechazo de la solicitud de quiebra, toda vez que a su juicio no concurrían los requisitos necesarios para tal efecto. Argumentó que no se satisfacían los supuestos de hecho de la causal invocada, agregando también que no se habían acompañado antecedentes suficientes para fundar su declaración de quiebra (fojas 103 a 107 de este expediente). Agregó en el primer otrosí de su escrito que se valdría de todos los medios probatorios que admite la ley, pero -y esto es importante- sin acompañar alguno en dicha ocasión.

El Tribunal, en seguida, tuvo por evacuado el traslado y tuvo presente lo señalado por la requirente en el primer otrosí de su presentación (fojas 108).

Consta en autos también que la requirente asumió un rol activo respecto de la prueba ofrecida por la solicitante de su quiebra, exigiendo el control no sólo del modo en que la misma fue incorporada al proceso (fojas 298) sino que también objetó parte de la prueba presentada por la solicitante de su quiebra (fojas 313), alegaciones de ésta que fueron consideradas por el Tribunal (según rola a fojas 310 y 319, respectivamente).

Consta que los documentos a los que las actuaciones procesales de la requirente se refieren fueron acompañados por la requerida en cuanto eran “objeto de la relación contractual comercial entre demandado y

demandante”, es decir, relevantes a los efectos de su

000355 Tutacento ei 2

yo

000356 £ pot

pretensión, complementando con ellos la prueba acompañada al presentar su solicitud de quiebra (fojas 131).

Por último, cabe consignar que la declaración de quiebra fue rechazada por el juez del fondo, en sentencia de 9 de febrero de 2015, en la que consideró que respecto de Proyectos de Energía Eléctrica S.A. no concurrían los requisitos exigidos por la causal del artículo 43, N” 1, de la ley de Quiebras, “analizados los antecedentes allegados al proceso, en especial aquellos acompañados a la solicitud de declaración de quiebra” (fojas 332).

Por último, también consta que la solicitante de

quiebra apeló de tal resolución;

IV.- LA IMPUGNACIÓN DEL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE QUIEBRAS

a. Los reproches de la requirente.

NOVENO: Que el reproche de la requirente, en esta parte, se basa en el carácter informativo que se le atribuye a la audiencia del deudor y en la interdicción incidental.

Así, según se lee en su requerimiento, el carácter informativo de la audiencia que se le otorga al deudor - presunto falente- “se contrapone con el carácter eminentemente controversial de todo juicio, se priva al deudor de oponer defensas, rendir prueba y hacer alegaciones, ya que la única conducta que la norma le permite es simplemente de informar al tribunal respecto de las circunstancias relacionadas con los hechos materia de quiebra, y ello conforme al claro tenor de la norma en cuestión”. Y agrega que “tal es el carácter meramente informativo de la audiencia en cuestión, que el legislador ha utilizado la frase “.no dará lugar a incidente”, vale decir, no se admite margen para controversia alguna, ni siquiera como una cuestión

meramente accesoria” (fojas 2);

000357

b.No se infringe el artículo 19, N” 3%, de la

Constitución.

DÉCIMO: Que cabe considerar que el juicio de quiebras es de carácter ejecutivo, reconociendo el derecho concursal como valores jurídicos protegidos, entre otros, la seguridad del crédito público y la igualdad jurídica de los acreedores.

El juicio de quiebra, y ello emana nítidamente del artículo 1? de la Ley de Quiebras, es además una ejecución colectiva, destacando la doctrina que “tanto el juicio ejecutivo como el juicio de quiebra tienen por objeto proveer al cumplimiento de obligaciones, y ambos procedimientos son compulsivos, pero el juicio ejecutivo mira al interés particular del ejecutante, y el juicio de quiebra, al interés general de los acreedores”, considerándose que los “legítimos intereses comunes a todos los acreedores, en caso de cesación de pagos, consisten en que todos los créditos sean pagados en igual forma, proporción y plazo, salvo las preferencias legales, evitando que se favorezca a algún acreedor en perjuicio de la masa de ellos.” (Puelma Accorsi, Álvaro (1983). Curso de Derecho de Quiebras. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, p.13).

Y debe agregarse que la declaración de quiebra se fundamenta en la cesación de pagos del deudor, traducida en un estado patrimonial (insolvencia) que le impide el cumplimiento íntegro y oportuno de sus obligaciones;

DECIMOPRIMERO: Que, según se razonara en las STC roles N*s 1200, 1202 y 1239, para asegurar la vigencia de los bienes jurídicos tutelados, a los que se ha hecho referencia en el considerando precedente, el procedimiento concursal posterga el ejercicio pleno del derecho de defensa y prueba a una etapa procesal inmediatamente posterior a la declaratoria, cual es la

tramitación -en vía incidental- del recurso de

harian do) timado

yaiclo

000358

reposición. De modo análogo, en el procedimiento

ejecutivo por obligaciones de dar, la ley prevé que, primero, se despache el mandamiento de ejecución Y embargo del deudor y, luego, se abre el período de discusión —mediante la oposición de las excepciones que procedan- y prueba;

DECIMOSEGUNDO: Que, en lo que respecta al carácter informativo de la audiencia y la interdicción incidental, contemplados en el inciso segundo del artículo 45 de la Ley de Quiebras, sobre los que se basa la impugnación de la requirente y la supuesta situación de indefensión en la que se encontraría, este Tribunal estima que los mismos no pugnan con la Constitución, según se pasa a exponer;

DECIMOTERCERO: Que la conjunción de ambos elementos,

EN como ya lo sostuviera este Tribunal, no significa que no 2

e escuche al demandado, pues para ese fin es la

SLORETARIA audiencia en cuestión, ni que éste no pueda acreditar sus

alegaciones o controvertir los antecedentes contrarios.

Se trata de una declaración indicativa de los límites de la actuación, inserta en la estructura de un juicio ejecutivo universal.

En concreto, el efecto procesal consiste en excluir el término probatorio -en los procedimientos concentrados tampoco lo hay- e inhibir alguna prueba que, como la testimonial, en esa fase resulta inconciliable con los requerimientos de urgencia en la tramitación;

DECIMOCUARTO: Que, entonces, el precepto impugnado no impide el derecho de defensa y prueba del deudor, sino que lo limita temporalmente en el último aspecto.

La audiencia que el precepto exige satisfacer —cabe destacar que antes de la Ley 18.175 no era necesaria- le permite al deudor formular todas las alegaciones que estime apropiadas, incluidas las que versen sobre la existencia de la obligación, la eficacia del título o la

insolvencia, encontrándose restringida la plena actividad

000359

probatoria de las partes por la ausencia de un término dentro del cual rendirla. Aquella es sustituida por la obligación del juez de cerciorarse, por todos los medios a su alcance, de la efectividad de la causal invocada, cuestión esta última que es de suyo relevante, pues permite al deudor proporcionar los antecedentes que, de manera auténtica e irrefutable, en esta fase habiliten al tribunal para formarse la convicción de que es improcedente la declaratoria de quiebra;

DECIMOQUINTO: Que, por otra parte, cabe reiterar lo sostenido por este Tribunal al conocer de impugnaciones previas respecto del artículo 45 de la Ley de Quiebras, en cuanto a que en el juicio de quiebras el principio de contradicción se plasma con toda nitidez en un momento procesal posterior a la declaratoria de quiebra, a través del ejercicio del recurso especial de reposición que consagran los artículos 57 y siguientes de la Ley N?

18.175, que se tramita como incidente, y por consiguiente contempla la posibilidad de rendir prueba (artículo 90 del Código de Procedimiento Civil), en que son partes el fallido, el que hubiera solicitado la quiebra y el síndico, y durante cuya tramitación se puede decretar la suspensión del procedimiento u orden de no innovar, con lo que se morigeran los efectos de la declaración de quiebra, en resguardo del fallido.

En sentido semejante, cabe agregar que además del recurso especial de reposición, y entre otros derechos que asisten al fallido, éste cuenta con el derecho de impugnar los créditos y objetar la fecha de la cesación de pagos;

DECIMOSEXTO: Que, en relación a los efectos constitucionales que produce la aplicación del precepto cuestionado en la causa sublite o, en otros términos, en el caso concreto, sobre cuyo desarrollo nos detuvimos en el considerando octavo del presente fallo, es menester

recordar que la requirente -dentro del término de

Arriendo timoede

sy ln ore

D

000360

Aiaccionta peenta

emplazamiento- compareció formulando las alegaciones que estimó de rigor para sostener la improcedencia de la solicitud de quiebra por no concurrir los elementos de la causal alegada, señalando que se valdría de todos los medios de prueba admisibles, pero sin acompañar en definitiva prueba alguna. Consta también que objetó la prueba de la contraria, siendo en definitiva desechada la declaración de quiebra por parte del Tribunal, precisamente por considerar que no concurrían los elementos de la causal alegada por la solicitante.

De esta suerte, la supuesta situación de indefensión de la requirente, que se generaría por la infracción de las reglas del debido proceso, no se produce por aplicación del precepto impugnado, pues tuvo la oportunidad procesal para formular todas las alegaciones que estimó pertinentes y formuló su defensa en los términos que le parecieron adecuados, sin que se advierta la vinculación que existiría entre la aplicación de la norma y su eventual indefensión.

Entonces, los derechos de la requirente se ejercitaron y si alguno no fue invocado, quien debe soportar las consecuencias de su omisión o inactividad es el interesado y no endosar las mismas a la aplicación de una norma legal determinada, que no lo privó de defensa

alguna;

c.No se infringe el artículo 19, N* 26”, de la

Constitución.

DECIMOSÉPTIMO: Que, en lo que respecta a la infracción del N”* 26” del artículo 19, en relación con su N* 3%, tampoco puede aceptarse que el precepto tachado de inconstitucional afecte en su esencia tal derecho constitucional o imponga condiciones o requisitos que impidan su libre ejercicio, toda vez que -según se ha sostenido previamente en esta sentencia- la prohibición

de formar incidente en la audiencia del deudor constituye

000361 Harcodo peemlo y yo

una mera limitación circunstancial del derecho a producir

prueba, que se posterga para su ejercicio en plenitud a una segunda fase en el proceso, vía recurso especial de reposición.

Semejante limitación aparece como racional en cuanto es coherente con los fines cautelares de un proceso universal y con el interés público y el de los acreedores envueltos en la quiebra, los que se hayan especialmente comprometidos cuando la quiebra se refiere a un deudor calificado;

DECIMOCTAVO: Que lo señalado en orden a que el carácter informativo de la audiencia y la interdicción incidental contemplados en el inciso segundo del artículo 45 de la Ley de Quiebras no pugnan con el debido proceso, garantía alegada como infringida en estos autos, no resulta modificado o minorado por el hecho de que la

nueva legislación, llamada a reemplazar a la Ley de

Quiebras, la Ley N” 20.720 que regula la reorganización y liquidación de empresas y personas, aludida por la requirente a fojas 5 y 6, establezca un procedimiento estructurado de modo distinto al actual.

lo anterior, pues el parámetro para examinar la constitucionalidad de una disposición, en este caso del inciso segundo del artículo 45 de la Ley de Quiebras, es la Constitución. Examen que, según se ha visto, el precepto supera.

En definitiva, el advenimiento de una nueva regulación no torna en inconstitucional lo

constitucional;

vV.- LA IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 43, N”* 1, DE LA LEY DE QUIEBRAS.

a. El reproche de la requirente.

DECIMONOVENO: Que, a propósito del artículo 43, N”

1, de la Ley de Quiebras, la requirente razona en el

000362

sentido de que dicha ley distingue dos «clases de deudores. Por una parte, el deudor calificado, regulado por el precepto señalado, y, por la otra, el deudor no calificado, al que se refiere el N” 2 del artículo 43.

Respecto de este último, expresa que se exige la existencia de al menos tres títulos ejecutivos vencidos, a cuyo respecto se hubieran iniciado como mínimo dos ejecuciones en las cuales el deudor no hubiere presentado bienes suficientes dentro de los cuatro días siguientes al requerimiento de pago. Luego, cita el tenor del artículo 43, N” 1, de la Ley de Quiebras y expone en seguida que “el deudor no calificado sí puede oponer las excepciones contempladas en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, las cuales, de ser declaradas admisibles, se tramitarán, recibirán a prueba y fallarán.

Por el contrario, el deudor calificado no goza de tal facultad o garantía, atendido que la sola existencia de un título ejecutivo -o con apariencia de tal- le acarrea las drásticas consecuencias de la declaración de quiebra”

(fojas 3).

Agrega que ambos deudores “al momento de la petición de quiebra deben enfrentar una tramitación sustancialmente distinta a todas las restantes de aquellas contempladas en el ordenamiento, esto es, un juicio que comienza con una sentencia”. Luego, manifiesta que existe una “notoria diferencia” entre ambos deudores, pues "el deudor no calificado sí tiene la posibilidad de defenderse en las ejecuciones que sirven de base para la petición de quiebra, pero ello no le resulta aplicable al

deudor calificado” (fs. 3);

b.El reproche se sustenta en un supuesto ya descartado en la presente sentencia.

VIGÉSIMO: Que, según se infiere de lo planteado por

la requirente, ella estima que el deudor no calificado sí

tendría derecho a defensa, el que se le garantizaría en

sento da

AS

las ejecuciones ordinarias iniciadas que sirven de base a la declaración de quiebra, que se contemplan como elementos configuradores de la causal del N” 2 del artículo 43.

Ello, a diferencia de lo que acontecería con el deudor calificado, pues la norma del N” 1 del artículo 43 no contempla en su caso la existencia de ejecuciones pendientes, por lo que estando sometido únicamente al proceso concursal, no tendría posibilidad de defenderse;

VIGESIMOPRIMERO: Que, según ya se razonó en esta sentencia, la situación denunciada por la requirente respecto a la supuesta indefensión en la que el procedimiento concursal la dejaría, específicamente por el carácter informativo de la audiencia y la proscripción de los incidentes, no es tal. Cuestión que por cierto se corrobora al analizar el caso concreto, tal como se hizo en los considerandos octavo y decimosexto, precedentes;

VIGESIMOSEGUNDO: Que de lo anterior se sigue que teniendo la impugnación del artículo 43, N” 1, en su base, una situación que en esta sentencia ha sido descartada, aquello es motivo bastante para desestimar la

impugnación planteada a su respecto;

Cc. Sobre la alegación implícita de la vulneración a la garantía del N” 2” del artículo 19.

VIGESIMOTERCERO: Que, sin perjuicio de lo anterior, y si bien la requirente no alega expresamente como infringida la garantía del artículo 19, N” 2”, de la Constitución, pues en su requerimiento invoca expresamente los numerales 3 y 26”? del referido artículo, plantea que el legislador distingue entre dos clases de deudores, sometiéndolos a un tratamiento diferenciado, apuntando a que sólo respecto de uno de ellos el legislador ha previsto la existencia de ejecuciones pendientes, en las que el deudor podría

defenderse, no así el deudor calificado en cuyo caso el

Harmon anoda hs

o

legislador no ha contemplado la pendencia de ejecuciones en las cuales podría hacerlo.

Lo anterior implica un cuestionamiento al tratamiento diferenciado de ambas clases de deudores, cuestión que lleva implícita la alegación de una eventual transgresión del artículo 19, N” 2%, constitucional.

Cabe hacer presente que la parte requerida, al evacuar el traslado que le fue conferido, razonó sobre esta garantía, instando por el rechazo de lo planteado por la requirente, de modo que existe controversia entre las partes a su respecto;

VIGESIMOCUARTO: Que, sobre lo anterior, cabe consignar que la distinción entre el deudor calificado y el deudor no calificado, con la consiguiente exigencia de

presupuestos diversos para su declaración de quiebra, no

SN es arbitraria o caprichosa, pues aquélla se cimenta en

criterios objetivos, que tienen relación con el carácter de la actividad ejercida por el deudor respectivo y la mayor o menor trascendencia que la cesación en el pago de sus obligaciones puede tener en los bienes que la institución de la quiebra persigue tutelar;

VIGESIMOQUINTO: Que, como reconoce la doctrina, “si bien es cierto que toda persona, sea natural o jurídica, puede ser declarada en quiebra, no es menos efectivo, sin embargo, que no todos están sometidos a un tratamiento idéntico por la ley. En efecto, de diversos preceptos de la Ley N* 18.175 se advierte una disposición diferente del legislador sobre el régimen aplicable al deudor que ejerce una actividad industrial, minera o agrícola, del que no la ejerce” (Gómez Balmaceda, Rafael/Eyzaguirre nombre reservado (2009). El Derecho de Quiebras. Santiago:

Editorial Jurídica de Chile, pp. 110-111).

La distinción obedece, según se ha reparado, a "la preocupación del legislador de someter a un trato más riguroso y estricto la falta de cumplimiento en que

incurra en sus obligaciones el sujeto que desarrolla una

000365

actividad concebida como de considerable trascendencia económica, como lo es el ejercicio del comercio, la industria, la minería o la agricultura, respecto de aquel que no la ejerce, por la responsabilidad que genera en la interrupción de la circulación de la riqueza y en la perturbación del crédito en la vida económica, cesar en el pago en esa clase de actividades” (Gómez Balmaceda/nombre reservado, ob. cit. (2009), p. 111).

O, dicho en otros términos, el legislador al distinguir entre el deudor calificado y el no calificado atiende al ejercicio de ciertas actividades, por la trascendencia que éstas tienen, considerando también el mayor efecto negativo que probablemente -—es razonable creerlo así- generará la cesación en el pago de sus obligaciones por quien las ejerce comercialmente;

VIGESIMOSEXTO: Que, tal como ha considerado este Tribunal, el artículo en Cuestión es una norma perteneciente a lo que doctrinariamente se ha denominado el “orden público económico”, definido como aquellas “normas fundamentales destinadas a regular la acción del Estado en la economía y a preservar la iniciativa creadora del hombre necesaria para el desarrollo del país, de modo que ellas conduzcan a la consecución del bien común”, según el alcance original de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución (Informe de 16 de agosto de 1978). Se consideró, asimismo, que en el ámbito de un sistema económico fundado en la libre iniciativa, el derecho de propiedad y la plena circulación de los bienes, la seguridad jurídica y la efectividad de la cadena de pagos -traducidos generalmente en actos de comercio- son elementos sin los cuales dicho régimen no puede funcionar de manera eficiente (STC Rol N”* 1411, considerando 21”).

De allí que, en el mismo fallo, se haya considerado que al cumplir la legislación concursal una función de

garantía del orden público económico respecto del deudor

yuan

000366

que ejerce una actividad industrial, minera, agrícola o mercantil, el establecimiento de causales específicas de quiebra no violenta la igualdad ante la ley (STC Rol N?* 1411, considerando 22);

VIGESIMOSÉPTIMO: Que, en definitiva, a juicio de este Tribunal, no resulta caprichoso, irracional ni desproporcionado que respecto del deudor calificado baste la existencia de un título ejecutivo que dé cuenta de una obligación comercial en la que habría cesado en el pago con el solicitante de la quiebra, sin exigirse ni esperarse a su respecto el inicio de una ejecución ordinaria fundada en tal título, atendida la “gravedad que significa incurrir en cesación de pagos cuando se desarrolla una actividad que se reputa de importancia económica, por la perturbación que concita en la circulación de la riqueza, así como si se considera además que las relaciones jurídicas que tienen que ver con la producción minera o agrícola y con el intercambio del tráfico comercial, son más entrelazadas y numerosas que otras y, por ende, la cesación de pagos ha de producir en ellas un efecto en cadena, que suele provocar mayores trastornos en la marcha económica” (Gómez Balmaceda/nombre reservado, ob. cit., (2009), p. 142- 143).

De allí que, tratándose de este tipo de deudor, resulta sensato que la ley no aguarde al inicio de plurales ejecuciones individuales para poder instar a la declaración de su quiebra, como lo hace respecto del deudor no calificado. Ello, atendido el mayor compromiso que implica para los bienes cautelados por la quiebra el cese en el pago de obligaciones mercantiles por parte del deudor calificado, que ejerce actividades de particular trascendencia, lo que hace imperiosa, de ser efectivos los supuestos que hacen procedente la declaración de su quiebra -que según se dijo el deudor puede controvertir y

respecto de los cuales el juez tiene el deber de

Heroes preto

yes

000367

cerciorarse que son efectivos-, el sometimiento al

proceso de quiebra de tal deudor, para brindar resguardo oportuno a todos los bienes jurídicos amparados y

concernidos por la declaración de su quiebra;

VI.- CONCLUSIONES.

v

VIGESIMOCTAVO: Que, como corolario de lo anteriormente razonado, no Cabe sino rechazar el requerimiento de autos, pues los preceptos impugnados no producen los efectos inconstitucionales denunciados, toda vez que su aplicación no impide el derecho de defensa y prueba del deudor, sino que lo limita temporalmente en el último aspecto. El carácter informativo de la audiencia y la interdicción incidental, previstos en el inciso segundo del artículo 45 de la Ley de Quiebras, no significan que no se escuche al demandado, pues para ese fin es la audiencia, ni que éste no pueda acreditar sus alegaciones o controvertir los antecedentes contrarios, más si se impone al juez el deber -excepcional de cara al artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales- de cerciorarse por todos los medios a su alcance de la efectividad de la causal alegada, cuestión que permite al deudor poner al alcance del Tribunal antecedentes que lo habiliten para formarse la convicción de que es improcedente la declaratoria de quiebra.

La limitación aludida, por lo demás, es racional en cuanto es coherente con los fines cautelares de un proceso universal y con el interés público y el de los acreedores envueltos en la quiebra, quedando al deudor a salvo la interposición del recurso de reposición, a través del cual puede impugnar lo resuelto y producir prueba, plasmándose de manera nítida, entonces, el principio de contradicción.

De cara al caso concreto, se constata que la

requirente se defendió en los términos que le parecieron

J

000368

oportunos, ofreciendo prueba pero sin acompañarla y objetó prueba relevante del solicitante, de lo que se colige que los derechos de la requirente se ejercitaron y si alguno no fue invocado o ejercido, ella debe soportar las consecuencias de su omisión o inactividad y no corresponde atribuir los efectos de ello a la aplicación de una norma legal determinada, que no la privó de defensa alguna;

VIGESIMONOVENO: En lo que toca a la impugnación del artículo 43, N” 1, de la Ley de Quiebras, no cabe sino desestimarla, pues se basa en una situación —supuesta indefensión por el carácter informativo y la interdicción incidental en que se encontraría el deudor-, la que conforme a lo razonado no es efectiva, cuestión que constituye motivo suficiente para el rechazo del requerimiento.

Tampoco cabe considerar que al distinguir el

legislador entre el deudor calificado y el deudor común, haya éste obrado de modo arbitrario, caprichoso oO irracional, pues para configurar la causal contenida en el N* 1 del artículo 43 atiende al ejercicio de actividades de singular trascendencia económica y a los mayores efectos negativos que cabe esperar de la cesación en el pago de obligaciones cuando se produce en esta clase de actividades. De allí que, tratándose de este deudor, resulta sensato que la ley no aguarde al inicio de plurales ejecuciones individuales para poder instar a la declaración de su quiebra, como lo hace respecto del deudor no calificado, siendo lo anterior consistente con el mayor compromiso que entraña para los bienes jurídicos cautelados por la quiebra el cese en el pago de sus

obligaciones.

Y VISTO lo dispuesto en los artículos 19, números 2%, 3% y 26%, y 93, inciso primero, N* 6%, e inciso

undécimo, de la Constitución Política de la República,

Hitrcento, perenfa yonho 000369

así como en las disposiciones pertinentes de la Ley N?

17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N* 5, de 2010, del Ministerio Secretaría General de la

Presidencia,

SE RESUELVE:

Que se rechaza el requerimiento de inaplicabilidad deducido a fojas 1.

Déjase sin efecto la suspensión decretada a fojas 183 de estos autos, debiendo oficiarse al efecto.

No se condena en costas a la requirente por haber

tenido motivo plausible para deducir su acción.

Los Ministros señora Marisol Peña Torres y señor Domingo Hernández Emparanza previenen que concurren a la decisión adoptada, sin compartir los razonamientos contenidos en los considerandos vigesimotercero a vigesimoséptimo, ambos inclusive, por estimar que el Tribunal no debió extender su decisión a argumentos “implícitos” que se desprenden del requerimiento deducido. Tienen presente, para ello, que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (artículo 39) remite al artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, cuyo numeral 6” indica, como requisito de la sentencia definitiva, “la decisión del asunto controvertido. Esta decisión deberá comprender todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio; pero podrá omitirse la resolución de aquellas que sean incompatibles con las aceptadas.”. Entienden, estos Ministros previnientes, que se trata de acciones y excepciones hechas valer expresamente como sustento de las respectivas alegaciones de las partes. Por esa misma razón, el Auto Acordado sobre Ingreso, Formación de

Tablas y Vista de las Causas, de este Tribunal, prevé

Lrercioda pecenta y ponen que, terminados los alegatos y antes de levantar la audiencia, los Ministros que estén integrando podrán formular ¡preguntas oO invitar a los abogados a que “extiendan sus consideraciones a cualquier punto de hecho o de derecho comprendido en el proceso, incluyendo, cuando proceda, la invitación a referirse a fundamentos constitucionales distintos a aquellos invocados por las partes en Ja lítis.” Esta posibilidad no se ejerció durante la audiencia de vista de la causa, en lo que respecta a una eventual infracción al derecho a la igualdad ante la ley, lo que, en concepto de quienes suscriben este voto, es un argumento adicional para no haberlo incluido en la sentencia que pone fin a este

proceso constitucional.

Redactó la sentencia la Ministra señora María Luisa Brahm Barril y la prevención, la Ministra señora Marisol Peña Torres.

| Notifíquese, regístrese y archívese.

! Rol N” 2698-14-INA.

SR. nombre reservado

SR. nombre reservado

000371

Hiocconto petita

SRA. nombre reservado

SR. nombre reservado

nombre reservado por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por «su Presidente, Ministro señor Carlos Carmona Santander, y los Ministros señora Marisol Peña Torres, señores Francisco Fernández Fredes, Iván Aróstica

nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado

| nombre reservado, nombre reservado, señora María Luisa Brahm Barril y señores nombre reservado y nombre reservado.

Autoriza el Secretario subrogante del Tribunal

Constitucional, señor nombre reservado.

Apoquindo N? 4:700 » Las Condes + Santiago de Chile + Teléfonos [56-2] - 2721 9200 + Fax [56-2] -2721 9303 » secretaria Otcclule.ol » wwwtrbunalconstitucional el

NOTIFICACIÓN POR CÉDULA SENTENCIA nombre reservado POR EL EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CAUSA Rol N” 2.698-14-INA.

En la ciudad de Santiago, con fecha 1 de septiembre des mil quince, en el domicilio de esta ciudad, Calle Santa Isabel N* 951, Depto. 410, Santiago, notifiqué por cédula al señor abogado Luciano Sarmiento Jara, la sentencia definitiva de fojas 345 (trescientos cuarenta y cinco) en el proceso Rol N” 2.698-14-INA, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Proyectos de Energía Eléctrica S.A. respecto de los artículos 45, inciso segundo y 43 N” 1, de la Ley N” 18.175, Ley de Quiebras, en los autos sobre solicitud de quiebra, caratulados “Unispan Chile S.A. con Proyectos de Energía Eléctrica S.A.”, sustanciados ante el Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, Rol N* C-1025-2.

Le dejé copia íntegra de todo ello con una persona adulta,

quien firmó.

—”7 , CAS nombre reservado e, de Dl 23% FEZREGCIS E FECHA SENTENCIA: 31 de agosto de 2015.

MINISTRO DE FE: nombre reservado, Oficial Segundo Administrativo del Tribunal Constitucional. NM

AAA . >.

pARRANS-4

000373

sc lito ye,

o.f.s.

Santiago, 31 de agosto de 2015.

Señor

Paulo Gallardo Varas

El Coihue de Chiloé 9068 LA FLORIDA.-

Remito a Ud., copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 27 de agosto de 2015, en el proceso Rol N* 2.698-14-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Proyectos de Energía Eléctrica S. A. respecto de los artículos 43, NN? 19, y 45, inciso segundo, de la Ley N* 18.175, sobre quiebras.

Saluda atentamente Ud.

nombre reservado

Secretario

A

S S ES SS Y

SLCRETARIA

Entregado a Correos Chile. Santiago, 1 de septiembre de 2015.-

Apoquindo N* 4700 » Las Condes > Santago de Chile + Teléfonos (86-2] -2721 9200 + Fax [86-2] -2721 9303 « secretana Dtechile.cl « www.tibunalconstitucional.cl

000374

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Santiago, 31 de agosto de 2015.

o.£.s.

OFICIO N” 611-2015

Remite sentencia.

SEÑORA JUEZ TERCER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE:

Remito a US., copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura, con fecha 27 de agosto de 2015, en el proceso Rol N* 2.698-14-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Proyectos de Energía Eléctrica S. A. respecto de los artículos 43, N* 1*, y 45, inciso segundo, de la * Ley N” 18.175, sobre quiebras, Rol N* C-1025-2014, sustanciado ante ese Tercer Juzgado

de Letras, a los efectos que indica.

Saluda atentamente a US:

nombre reservado

Secretario

SEÑORA JUEZ TERCER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE

DOÑA nombre reservado

domicilio reservado

OVALLE.-

Entegado a Eroeo hilo | 1-9-2048.-

| nda in

o.f.s.

Santiago, 31 de agosto de 2015.

OFICIO N* 612-2015 Remite sentencia.

EXCELENTÍSIMA SEÑORA

PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA:

Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 27 de agosto de 2015, en el proceso Rol N? 2.698-14-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Proyectos de Energía Eléctrica S. A. respecto de los artículos 43, N* 1*, y 45, inciso segundo, de la Ley N* 18.175, sobre quiebras.

Saluda atentamente a V.E.

nombre reservado

Secretario

AS. E.

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA DOÑA MICHELLE BACHELET JERIA PALACIO DE LA MONEDA PRESENTE.

000376 :

Hisicontay pelimda y Mi,

Santiago, 31 de agosto de 2015.

OFICIO N? 613-2015

Remite sentencia.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL H. SENADO:

Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 27 de agosto de 2015, en el proceso Rol N* 2.698-14-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Proyectos de Energía Eléctrica S. A. respecto de los artículos 43, N* 1%, y 45, inciso segundo, de la Ley N* 18.175, sobre quiebras.

Saluda atentamente a V.E.

C OS C

nombre reservado

Secretario AS. E. | PUSUCADE CAL EL PRESIDENTE DEL H. SENADO DON PATRICIO WALKER PRIETO 01 SEP M7]

SENADO DE LA REPUBLICA CORREO INTERNO

VALPARAÍSO.- o BAN TU

000377 Santiago, 31 de agosto de 2015.

OFICIO N* 614-2015

Remite sentencia.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS:

Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 27 de agosto de 2015, en el proceso Rol N* 2.698-14-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Proyectos de Energía Eléctrica S. A. respecto de los artículos 43, N? 1?, y 45, inciso segundo, de la Ley N* 18.175, sobre quiebras.

Saluda atentamente a V.E.

nombre reservado

Secretario

AS.E.

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DON MARCO ANTONIO NÚÑEZ LOZANO HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS CONGRESO NACIONAL

AVDA. PEDRO MONTT S/N

VALPARAÍSO.-

rta ad a Cors Plule [4 de peplimbne ode 2045.