Inaplicabilidad de Precepto Legal

Santiago, diez de enero de dos mil doce.

VISTOS:

nombre reservado y nombre reservado

nombre reservado BRUSCO, ambos con fecha 30 de diciembre de

2010, y nombre reservado ALCALDE, con fecha 15 de junio

de 2011, han solicitado a esta Magistratura la

declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad

de los siguientes preceptos legales:

1) La ¡parte que se indica del inciso tercero del

artículo 30 del Decreto Ley N” 3.538, Ley Orgánica de

la Superintendencia de Valores Y Seguros:

“Deducida oportunamente la reclamación, se

suspenderá el plazo establecido para el pago de la

multa, sín perjuicio que los intereses a que se refiere

el artículo 34, se devenguen desde el undécimo día de

notificada la resolución de la Superintendencia que

aplicó la multa. En todo caso, la notificación de la

demanda deberá practicarse por cédula conforme a lo

dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento

Civil, dentro de los diez días hábiles siguientes de

vencido el plazo para su interposición.”

2) Inciso primero del artículo 34 del Decreto Ley

N* 3.538, Ley Orgánica De La Superintendencia De

Valores Y Seguros:

“El retardo en el pago de toda multa que aplique

la Superintendencia, en conformidad a la ley, devengará

los intereses establecidos en el artículo 53 del Código

Tributario.”

3) Artículo 35 del Decreto Ley N” 1263, Orgánico

de Administración Financiera del Estado:

“Artículo 35.- El Servicio de Tesorerías tendrá

a su cargo la cobranza judicial o administrativa con

sus respectivos reajustes, intereses y sanciones de los

impuestos, patentes, multas y créditos del Sector 2

Público, salvo aquellos que constituyan ingresos

propios de los respectivos Servicios.

Para tal efecto, aplicará, cualquiera que sea la

naturaleza del crédito, los procedimientos

administrativos y judiciales establecidos por el Código

Tributario para el cobro de los impuestos morosos.”

4) Letra B) del N” 2 del artículo 2” del Decreto

con Fuerza de Ley N”"1, de 1994, que fija el texto

refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del

Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías:

“Artículo 2%.- El Servicio de Tesorerías tendrá

las siguientes funciones:

2.- Efectuar la cobranza coactiva sea judicial,

extrajudicial o administrativa de:

b.- Las multas aplicadas por autoridades

administrativas;”.

Las gestiones judiciales invocadas corresponden a

tres procesos civiles ordinarios, iniciados en contra

del Fisco y de la Tesorería General de la República, en

los que se demanda nulidad absoluta y de derecho

público del pago de intereses de las multas aplicadas

los requirentes, así como restituciones mutuas y

restitución del pago de lo no debido. En los tres se

encuentra agotada la etapa de discusión al momento de

requerir.

Las gestiones judiciales invocadas son,

respectivamente:

1) Proceso civil ordinario Rol N” 10.624-2010,

del 14? Juzgado Civil de Santiago.

2) Proceso civil ordinario Rol N” 29.625-10, del

4% Juzgado Civil de Santiago.

000686 ,

yA

3) Proceso civil ordinario Rol N* C-10.620-2010,

del 14% Juzgado Civil de Santiago.

Los requirentes son demandantes en las gestiones

antes señaladas, Y fueron multados por la

Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en el año

1997, en el marco del denominado “caso Chispas”,

reclamando en tiempo y forma de la sanción, de acuerdo

al artículo 30 del Decreto Ley N” 3.538.

Finalmente, los reclamos de multas fueron

rechazados en sede de casación por la Corte Suprema en

julio del año 2005, obligándolos al pago, cosa que

hicieron pocos días después de dictada la sentencia de

casación.

Las multas eran aproximadamente de 3.500 millones

de pesos (200 mil U.F.); 2.100 millones de pesos (120

mil U.F.), y 3.500 millones, respectivamente.

Con posterioridad, la Superintendencia de Valores y Seguros requirió el cobro ejecutivo de las multas a

la Tesorería General de la República, órgano que los

demandó como deudores morosos, argumentando que, a

pesar de haber pagado el monto de las deudas

propiamente tales, debían intereses entre diciembre de

1997 y agosto de 2005, es decir, por el período que

duró la tramitación de la reclamación de la resolución

que cursó las sanciones.

Así, afirman que la Tesorería General de la República aplicó intereses a una sanción que no estaba

firme y sobre la cual nunca existió mora, en base al

procedimiento ejecutivo de cobro de obligaciones

tributarias, aplicando intereses de 1,5 % mensual según

el artículo 53 del Código Tributario, motivo por el

cual incluso fueron objeto de embargos.

El total de los intereses, en el primer caso, era

superior a los 4.800 millones de pesos, de los cuales Altrui ti tao rohoayicto riend 00068

4 el deudor consiguió que se condonara el 40%, pagando

casi 2.900 millones de pesos por dicho concepto; en el

segundo caso el monto era superior a los 3 mil millones

de pesos, de los cuales el señor nombre reservado consiguió que

se condonara el 40%, pagando más de 1.800 millones de

pesos por dicho concepto. En el tercer caso, casi 2.900

millones de pesos.

Ante tales circunstancias, los ahora requirentes

procedieron a demandar la nulidad absoluta y de derecho

público de los actos y procedimientos relativos a la

liquidación de intereses, además de accionar por pago

de lo no debido y restituciones mutuas, aclarando que

la demanda no se refiere a una supuesta nulidad de la

imposición de las multas. Se funda dicha pretensión en

la existencia de un procedimiento especial en el

artículo 31 del Decreto Ley N* 3.538, por el cual la

Superintendencia de Valores y Seguros, único órgano

habilitado, está dotada de atribuciones para perseguir

el cobro ejecutivo ante los tribunales ordinarios. En

cambio, violándose el principio de legalidad, se les

aplicó el procedimiento de cobro del Código Tributario

por la Tesorería General de la República, agregándose

los intereses contemplados por dicho cuerpo legal.

En las gestiones invocadas el Fisco contestó la

demanda solicitando su rechazo, fundado en que la

preceptiva impugnada en esta sede ampara lo obrado y

por ende no existe la nulidad pretendida por los

actores.

En cuanto a los vicios de inconstitucionalidad

que se aducen, se señala que de la aplicación del

inciso tercero del artículo 30 y del inciso primero del

artículo 34, ambos del Decreto Ley N”* 3.538, Ley

Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros,

resulta un efecto “solve et repete”. El artículo 30 del

Decreto Ley N” 3.538 establece que la multa es 000688 Ati raienta; vrhinda y edo

reclamable dentro de diez días, previa consignación del

25% de su monto, y que devenga intereses desde el día

undécimo posterior a la notificación de la resolución

de la Superintendencia que la aplicó. La Tesorería General de la República y el Consejo de Defensa del Estado han señalado que, con o sin reclamo, los

intereses se devengan desde el día undécimo, porque, si

así no fuera, quedarían al arbitrio del reclamante, que

puede litigar para el solo objeto de diferir el pago.

Se produce así el efecto perverso consistente en que la

única forma de evitar los intereses es pagar la multa

completa y no sólo el 25%, antes de reclamar, lo que es

una herramienta para inhibir la litigación.

Se considera que de esta manera se vulneran el

debido proceso, el derecho a la acción y la igualdad

ante la ley, en la medida que esta limitación a los

derechos no supera el test de razonabilidad y el examen

de proporcionalidad con sus tres elementos.

Se vulnera así, en opinión de los requirentes, la

garantía del contenido esencial de los derechos a la

acción, a la presunción de inocencia, del principio non

bis in idem, de la igual protección en el ejercicio de

los derechos y del derecho a obtener del juez una

resolución de fondo.

En abono de su tesis, se hacen cargo los

requirentes de la jurisprudencia de este Tribunal

acerca de la regla solve et repete, para concluir que

no se encuentran cumplidos los estándares fijados por

esta Magistratura para admitir su constitucionalidad.

Por otro lado, señalan que el artículo 34 del

Decreto Ley N”* 3.538 es una sanción administrativa en

blanco.

En cuanto al artículo 35 del Decreto Ley N”

1.263, Orgánico de Administración Financiera del 000689 Aacisacilos obemla y ita

6 Estado, y en cuanto a la letra b) del numeral 2” del artículo 2? del Decreto con Fuerza de Ley N*1 del Ministerio de Hacienda, de 1994, que fija el texto

refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del

Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, estiman

los actores que se vulneran los artículos 6%, 7” y 76 de la Constitución, pues se alteran la competencia, el

tribunal competente de la ejecución y la exclusividad

de la jurisdicción, en la medida que la Tesorería General de la República se arroga competencias que no

tiene.

Por otra parte, el racional y justo procedimiento

no se encuentra estabiecido en dichos preceptos,

vulnerándose el derecho a la tutela judicial efectiva y

el derecho al juez independiente e imparcial.

Agregan, finalmente, que no se ha aplicado el

principio pro persona, pues se despachó mandamiento aun

antes de que un tribunal se pronunciara sobre las

excepciones, exponiéndose al deudor a apremios y a

entregar una declaración jurada de sus bienes.

Con fecha 11 de enero de 2011, la Segunda Sala de

esta Magistratura resolvió admitir a trámite los

requerimientos Roles Ns 1885 y 1886, y con fecha 28 de

junio del mismo año hizo lo propio con el proceso Rol

N? 2021, confiriendo traslado acerca de su

admisibilidad a la Tesorería General de la República y

al Consejo de Defensa del Estado.

La Tesorería evacuó los traslados señalando no

ser parte en estos procesos, pues, no obstante haber

sido demandada, opuso excepciones dilatorias acerca de

la improcedencia del libelo en su contra, las cuales

fueron acogidas, motivo por el cual el demandado es el

Fisco de Chile.

000650 Aligeeclo movela

7 En subsidio, indica que no existe

inconstitucionalidad alguna y que, rechazada la

impugnación de la multa, es razonable entender que ésta

debió ser pagada en lugar de reclamada, agregando que

en el caso sub lite se dieron todas las garantías del

debido proceso y que no son aplicables los criterios de

solve et repete de esta Magistratura.

Finalmente señala que el supuesto carácter de

juez y parte de la Tesorería General de la República no

es tal, pues si hay alegaciones y excepciones

rechazadas, el proceso pasa a la justicia ordinaria y

no es la Administración la que resuelve.

El Consejo de Defensa del Estado, por su parte,

evacuó los traslados señalando que los requerimientos

son inadmisibles por las siguientes razones:

- Carecen de fundamento razonable, pues atentan

en contra de la doctrina de los actos propios, fundada

en la buena fe de los actores, ya que los requirentes

pagaron los intereses, solicitaron condonación parcial

y no formularon ¡naplicabilidades en el proceso

ejecutivo de cobro de los mismos, aceptando su

constitucionalidad. Agreda que esta doctrina ha sido

recogida por la Jurisprudencia de la Corte Suprema.

- Se busca un pronunciamiento de legalidad

acerca del estatuto de cobro aplicable al caso, el de

la Tesorería General de la República o el de la

Superintendencia de Valores y Seguros, cuestión que

excede las atribuciones de este Tribunal, invocando al

efecto lo señalado por los actores en sus libelos y

citando jurisprudencia de esta Magistratura acerca de

los conflictos de mera legalidad.

- Por otra parte, los requerimientos atentan

contra la cosa juzgada emanada del proceso ejecutivo de

cobro recaído en los intereses pagados, en el cual los 000891 y Uno

requirentes no opusieron excepciones, por lo cual el

mandamiento tiene mérito y efecto de sentencia

definitiva, según expresamente lo dispone el Código de

Procedimiento Civil.

- Los requerimientos proponen vulnerar el

principio básico de la preclusión, pues siendo la

Tesorería el órgano jurisdiccional sustanciador, los

requirentes reconocieron su competencia y concurrieron

a solicitar condonación de los intereses, sin oponer

excepciones, que hubieran implicado remitir el asunto a

la justicia ordinaria. En este sentido, se pretende

cuestionar la legalidad de un proceso concluido.

- Por otro lado, se señala que no se impugnó la

constitucionalidad de la regla solve et repete para

reclamar de la multa.

Por todo lo anterior solicita la declaración de

inadmisibilidad del requerimiento.

Tras oír alegatos, se declaró la admisibilidad de

las tres acciones y se confirió traslado acerca del

fondo del conflicto de constitucionalidad planteado.

Evacuando el traslado sobre el fondo, la

Tesorería General de la República reiteró que los

requirentes se encontraban en mora respecto de los

intereses, pues rechazado el reclamo la acreencia

fiscal se constituye por la multa, los intereses y

reajustes, por lo que los pagos realizados en el año

2005 no son nulos. Agrega que la normativa impugnada

permite que el deudor reclame judicialmente de la multa

y que no hay efecto solve et repete, pues se pudo

reclamar de la multa sin pagarla. En consecuencia, si

se debe intereses es por la pérdida del reclamo y los 8

años de litigación, sin que sea procedente la

acomodaticia interpretación que plantea el

devengamiento de los intereses sólo desde el cúmplase 9

de la sentencia de casación, ya que la relación Fisco-

acreedor versus infractor-deudor se genera desde la

imposición de la multa y los tribunales sólo la han

confirmado, poniendo término a la presunción de

inocencia de los requirentes, a lo que debe sumarse la

gravedad de la infracción en los casos sub lite,

dándose el sin sentido de que los infractores de ley

quieren sancionar al Fisco privándolo de los intereses

de las multas.

Así, no hay contradicción ni antijuridicidad

alguna y la cuestión acerca de la competencia de la

Tesorería General de la República es un asunto de mera

legalidad que escapa a la competencia de esta

Magistratura y que implica una violación de la regla de

inavocabilidad como base del sistema jurídico.

Por otra parte señala que el artículo 31 del

Decreto Ley N” 3.538 dispone que la Superintendencia

podrá demandar ante el tribunal civil de turno de

Santiago, es decir, que tiene la opción y no la

obligación de hacerlo, pudiendo fundarse en el factor

domicilio para no hacerlo y remitir los antecedentes a

la Tesorería para el cobro. Por todo lo expuesto, en

los tres procesos de ¡inaplicabilidad solicita el

rechazo de la acción.

El Consejo de Defensa del Estado, evacuando el

traslado sobre el fondo, solicita el rechazo de los

requerimientos, dando cuenta de los hechos del caso

“Chispas” en los cuales tuvieron participación los

actores, que motivaron la actuación de la

Superintendencia y la imposición de multas por

infracciones a la Ley del nombre reservado y a la Ley

de Sociedades Anónimas.

Finalizada la reclamación judicial de las multas,

los actores proceden al pago de ellas, pero sin los

intereses. En paralelo, la Superintendencia de Valores 10

y Seguros procede a solicitar a la Tesorería General de la República el cobro, órgano que tras realizar la

liquidación despachó los mandamientos de ejecución y

embargo respectivos en agosto de 2005.

Durante el mismo mes, los actores concurren a la

Tesorería General de la República y solicitan la

condonación de los intereses, argumentando que se

devengaron por la demora en el proceso de reclamo

judicial, solicitud que fue acogida, con un 40% de

condonación de los intereses morosos.

Cinco años después, en el 2010, los actores

demandan la nulidad del pago que ellos mismos

realizaron tras solicitar rebaja, alegando la

ilegalidad del cobro, que a su juicio debió realizar la

Superintendencia y no la Tesorería.

Agregaron .een “su demanda que existiría una

antinomia entre los artículos 30 y 34 del Decreto Ley

N* 3.538, y que los intereses deben calcularse desde la

mora, es decir, desde que concluye el proceso de

reclamación judicial, durante el cual, al estar

suspendido el cobro de la multa, no se devengarían

intereses, por lo cual nunca debió aplicárseles el

artículo 53 del Código Tributario.

Solicita, en consecuencia, el rechazo de los

requerimientos por vulnerarse la doctrina de los actos

propios, ya que los preceptos fueron aplicados en el

proceso de reclamo de multas, ya concluido y

posteriormente en el proceso ejecutivo de cobro,

aceptándose su constitucionalidad dentro de ellos.

Añade que la doctrina de los actos propios ha

sido acogida por la Corte Suprema.

Reitera asimismo lo argumentado en etapa de

admisibilidad, en orden a que el conflicto planteado es

de mera legalidad y no de constitucionalidad, al

referirse a la interpretación de leyes sobre potestades 000694 Atircicnlo, pamela y cut

11 de órganos administrativos, citando al efecto la

jurisprudencia de esta Magistratura, que razona sobre

la inadmisibilidad de requerimientos construidos bajo

hipótesis de conflictos de legalidad, dentro de la cual

está la sentencia Rol N?' 782, referida a una

interpretación de la ley hecha por un órgano de la

Administración.

Así, entiende el Fisco que en todas las

alegaciones de los actores hay referencias a temas

agotados, como el solve et repete, y que se busca un

pronunciamiento indirecto acerca del proceso de nulidad

de derecho público en actual tramitación.

Insiste también en lo planteado en sede de

admisibilidad en orden a que los requerimientos

pretenden atropellar el efecto de cosa juzgada emanado

de los juicios de reclamos de multas, en el marco de

los cuales no se formuló ¡inaplicabilidad alguna,

realizándose el cálculo de los intereses en el proceso

ejecutivo, que también está agotado.

A fojas 583 y siguientes se refiere latamente al

estatuto del cobro ejecutivo de impuestos y multas

administrativas morosas, al carácter ejecutivo de las

listas de morosos y a los derechos del contribuyente.

Especifica que los requirentes tuvieron un plazo de 10

días para oponerse, de acuerdo a los artículos 171 y

siguientes del Código Tributario, aduciendo las

excepciones de pago, prescripción o no empecerles la

deuda.

Además, el tesorero regional puede acoger las

alegaciones o defensas fundadas en errores o vicios

manifiestos del cobro.

Los requirentes, en lugar de cuestionar los

intereses por esta vía, los reconocieron y pidieron su

condonación.

000695 tipa punta y lic 12

En mérito de lo expuesto, al no haber oposición,

el requerimiento de pago adquirió mérito de sentencia

ejecutiva y efecto de cosa juzgada, no pudiendo

discutirse el mismo asunto posteriormente.

Además, reitera “lo argumentado en sede de

admisibilidad respecto de que estas acciones de

inaplicabilidad vulneran el principio básico de la

preclusión.

En cuanto al artículo 30 del Decreto Ley N?

3.538, señala que busca establecer un proceso justo de

reclamo que asegure el acceso a la justicia y que, al

mismo tiempo, no se dilate el cumplimiento de la

sanción, asumiendo así el ciudadano un costo para

reclamar.

Por otro lado, sostiene que el momento desde el

cual se devengan intereses nada tiene que ver con la

tutela judicial efectiva, ya que la propia ley le

reconoce el derecho a la acción. Tampoco se vulnera la

presunción de inocencia, ya que en un procedimiento

reglado y con derecho a defensa la autoridad

administrativa ha constatado una infracción a la ley,

que lo despoja de tal presunción.

En cuanto a las normas Que establecen las

atribuciones de cobro para la Tesorería General de la República, afirma que no existe ninguna norma

constitucional que prohíba la coexistencia de dos

regímenes alternativos de cobro, por lo cual la

posibilidad de que sean la Superintendencia co la

Tesorería quienes cobren con procedimientos diferentes

no es inconstitucional, más aún si la atribución de la

Superintendencia es sólo una posibilidad y no un deber.

Así, la Tesorería ejerció sus atribuciones dentro del

marco legal.

Agrega que la Constitución incluso ha amparado la

coexistencia de procedimientos diferentes, por ejemplo 13

a propósito de la acción de protección, y que lo propio

ha hecho el legislador orgánico constitucional, en

normas que han sido declaradas ajustadas a la

Constitución por este Tribunal.

Por otra parte, señala que no se ha contravenido

la garantía del racional y justo procedimiento ni

tampoco la del juez imparcial, pues al amparo de la

Carta Fundamental hay órganos administrativos que

pueden ejercer funciones jurisdiccionales, según lo ha

reconocido esta Magistratura.

Además, no es efectivo que la Tesorería sea Juez

y parte como ya se mencionara, toda vez que el juez

ordinario quien resuelve la oposición, contemplándose

todas las garantías de un racional y justo

procedimiento, sin diferencias sustanciales con el

estatuto ejecutivo común.

En cuanto a las limitaciones a las excepciones y

a la suspensión del procedimiento ejecutivo, afirma que

no se vulnera la Carta Fundamental, pues ello también

tiene limitaciones en el proceso ordinario.

Por todo lo expuesto solicita el rechazo de los

requerimientos formulados.

Posteriormente, en los procesos 1885 y 1886, la

parte requirente solicitó tener presentes observaciones

de hecho y derecho, a efectos de desvirtuar las

alegaciones del Fisco.

Concluida la tramitación de los tres procesos, se

ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la Constitución Política de la

República, en el N*%6” de su artículo 93, confiere a

este Tribunal Constitucional la facultad de resolver la

inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en

cualquier ¡gestión que se siga ante un tribunal

ordinario O especial, resulte contraria a la 000697 Acircianto, pureila, y ntóle 14

Constitución, siempre que la acción sea planteada por

cualquiera de las partes o por el juez que conoce del

asunto y una de las salas del Tribunal haya declarado

la admisibilidad de la cuestión, conforme lo dispone el

inciso undécimo de la misma norma constitucional;

SEGUNDO: Que la relación Jurídico procesal en que

incide la presente acción -cuya Caracterización es

esencial para apreciar los efectos que producen los

preceptos impugnados-, sin perjuicio de su sustrato

material (actuación de un órgano público y pago del

sujeto administrado), tiene una naturaleza

ostensiblemente jurídico-formal, como que su objeto

principal es la declaración de nulidad absoluta.

La comparación de los fundamentos de la acción

judicial interpuesta Y del requerimiento de

inaplicabilidad revela, en alto grado, similitud,

asunto que dificulta el discernimiento de los rasgos

propios de cada una. Por tal razón, esta sentencia

intentará razonar y resolver de forma clara y

sintética, de suerte que la complejidad doctrinaria del

asunto propuesto no impida develar la esencia de la

cuestión debatida;

TERCERO: Que, no obstante, deberá esta

Magistratura resolver previamente la excepción de cosa

juzgada opuesta por la parte requerida, que funda en

tal efecto derivado de la inmutabilidad de procesos

judiciales anteriores al que provoca la interposición

de esta cuestión de inaplicabilidad;

CUARTO: Que, sobre el particular, cabe concluir

que debe rechazarse la mencionada defensa, por cuanto,

en la especie, no concurre la triple identidad de

personas, cosa pedida y causa de pedir que el instituto

requiere, puesto que las jurisdicciones respectivas de

los tribunales de justicia y constitucional operan en

planos distintos. La cosa juzgada judicial es un 900538

15 impedimento del ejercicio de la acción de

inaplicabilidad en cuanto es un requisito de

admisibilidad de esta última la verificación de una

gestión pendiente, elemento que supone la inexistencia

de un juicio afinado. No puede, por tanto, convivir una

sentencia firme con la tramitación de este proceso constitucional; y ya se constató, en la etapa procesal

preliminar, la existencia de dicha gestión pendiente;

QUINTO: Que, en relación a la acción de nulidad

absoluta de derecho público de los actos Y

procedimientos relativos al cobro de intereses, se

funda la pretensión constitucional, en primer término,

en la utilización por el Servicio de Tesorerías del

procedimiento establecido en el Código Tributario para el cobro de los impuestos morosos, que deriva de la

aplicación del artículo 35 del Decreto Ley N”* 1263,

Orgánico de la Administración Financiera del Estado, y

la subsecuente preterición de la Superintendencia de Valores y Seguros y del procedimiento mencionado en el

artículo 31 del Decreto Ley N* 3.538.

Este aspecto, como se ve, implica definir cuál es

la norma que debe ser aplicada preferentemente en la

solución de un conflicto sometido a la jurisdicción,

para lo que es necesario convocar a criterios de

interpretación legales, que resuelvan la antinomia

entre disposiciones de igual rango. Para tal fin,

existen otras instancias jurisdiccionales y otros

procedimientos, como se ha resuelto por este Tribunal

(STC Rol 1284, considerando 4”);

SEXTO: Que, en seguida, se ha impugnado la

constitucionalidad de la aplicación del artículo 35 del

Decreto Ley N” 1263 y letra B) del numeral 2 del

artículo 2” del DFL N* 1 de Hacienda, de 1994, sobre

Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías,

estimándose vulnerados los artículos 6”, 71” y 76 de la 000699 atisciaddo mevenla y pura

16 Constitución Política, pues se alteran la competencia,

el Tribunal competente en la ejecución y la

exclusividad de la jurisdicción.

Sobre el punto es menester remitirse al

considerando anterior, por cuanto aceptar la conclusión

que exponen los requirentes importa discernir cuál de

dos normas legales, de producirse ¡inconciliabilidad

entre ambas, prefiere en su aplicación, lo que es

resorte del tribunal de la instancia;

SÉPTIMO: Que, finalmente, se cuestiona la

actuación del Servicio de Tesorerías y el procedimiento

de cobro utilizado, que provienen de los artículos 35

del Decreto Ley N” 1263 y de la letra B) del número 2

del DFL N*% 1, de 1994, en cuanto se establece un

procedimiento que no es racional y justo, vulnerándose

el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho

al juez independiente e imparcial, y atropellándose

asimismo el principio pro persona. En particular, por

efecto de lo previsto en el inciso segundo del citado

artículo 35 -que hace aplicables los procedimientos

administrativos y judiciales establecidos por el Código

Tributario para el cobro de los impuestos morosos-, se

representan críticamente las disposiciones contenidas

en los artículos 168 y 169 del cuerpo legal recién

mencionado, de cuya aplicación derivarían la duplicidad

del Servicio de Tesorerías como órgano administrativo y

jurisdiccional y la afectación de las demás garantías

que se indican;

OCTAVO: Que, sustantivamente, el reproche

antedicho debe rechazarse por dos razones:

La primera es que, como se ha anotado, la

cuestión se funda esencialmente en los vicios

constitucionales que provocarían los preceptos

referidos del Código Tributario, y, sin embargo, la

acción interpuesta no se dirige a impetrar la 000700 pelecinta

17 inaplicabilidad de esas disposiciones. Desde ya, esta

Magistratura no puede fallar extrapetita esta materia,

pronunciándose sobre una pretensión no ejercitada.

La segunda se vincula a la falta de aplicación de

las disposiciones a la situación jurídica sub lite,

puesto que en el procedimiento ejecutivo a que dieron

lugar, los ejecutados y actuales requirentes no se

opusieron, verificándose el afinamiento del proceso y,

por ende, la falta de sustento material para la acción;

NOVENO: Que se ha recabado, asimismo, la

inconstitucionalidad del precepto que, en el inciso

tercero del artículo 30 del Decreto Ley N”? 3.538,

dispone que “sin perjuicio que los intereses a que se

refiere el artículo 34 se devenguen desde el undécimo

día de notificada la resolución de la Superintendencia

que aplicó la multa”, y del contenido en el inciso

primero del aludido artículo 34 del Decreto Ley N”

3.538, en cuanto estatuye que “el retardo en el pago de

toda multa que aplique la Superintendencia, en

conformidad .a la ley, devengará — los intereses

establecidos en el artículo 53 del Código Tributario”.

La cuestión propuesta es análoga o similar, en su

fundamentación, a la que en el mismo sentido constituye

el objeto de las acciones ordinarias que, en forma

subsidiaria, se plantearon sobre inexistencia del pago

y repetición del mismo;

DÉCIMO: Que la estricta observancia de las bases

de la institucionalidad contenidas en los artículos 6”

y 7% de la Constitución Política obliga a los órganos

del Estado a someter su acción a la Carta Fundamental,

cuidando, en el ejercicio de sus atribuciones, de no

interferir en las de otras instituciones.

La declaración de inaplicabilidad de un precepto

legal, radicada privativamente en el Tribunal

Constitucional, debe entenderse -en cuanto vela por la 000701 , tuno

18 supremacía constitucional- como un predicamento de

colaboración en el ejercicio de la jurisdicción que

pertenece exclusivamente a los Tribunales establecidos

por la ley. Por ello esta Magistratura puede inhibirse

de la decisión de una materia, si la misma involucra

privar a los tribunales del ejercicio pleno de sus

facultades;

DECIMOPRIMERO: Que, luego, debe observarse que

las acciones subsidiarias de inexistencia y nulidad

absoluta del acto jurídico denominado “pago” se fundan,

según el libelo, en la calificada "“antinomia por

contradictoriedad entre lo que previene el artículo 30

inciso segundo del Decreto Ley N” 3.538 y lo que

previene el artículo 34 de este mismo cuerpo legal,

junto con el artículo 53 del Código Tributario al cual

se reenvía esta reglamentación”, agregándose que

producida dicha antinomia “es necesario establecer cómo

debe ella resolverse” y que “no cabe duda que, para

estos efectos es necesario recurrir a las normas sobre

interpretación de la ley, a fin de fijar con precisión

el sentido de cada una de las normas que inciden en la

regulación de esta materia”;

DECIMOSEGUNDO: Que resulta evidente, en el examen

de constitucionalidad impetrado en el requerimiento, la

exigencia de establecer la aplicación clara y nítida de

los preceptos objetados a la situación jurídica sobre

la que se opera, porque así lo exige el artículo 93 N”?

6 de la Constitución Política, norma que atribuye

competencia a este Tribunal para resolver la

inaplicabilidad de un precepto cuya aplicación resulta

contraria al texto fundamental. La admisibilidad de la

cuestión se pronuncia, en forma preliminar, sobre la

eventual aplicación -“que pueda resultar decisivo”-

para efectos de entrar a conocer del asunto, pero la 000702 Adlecuita ole ,

19 decisión “última es la que contiene la sentencia

definitiva.

Atendido lo expuesto en la motivación precedente,

incumbe al tribunal de la causa determinar -con

sujeción a los parámetros de interpretación que le son

propios-, en caso de conflicto de normas legales, cuál

debe prevalecer y, consecuentemente, servir a la

resolución del asunto. Similar ejercicio por parte de

esta Magistratura podría representar inmiscuirse en la

función jurisdiccional de los tribunales de justicia;

DECIMOTERCERO: Que, por lo demás, al pedirse la

inaplicabilidad conjunta de los ya citados preceptos

(acápite observado del inciso tercero del artículo 30

del Decreto Ley N* 3.538 e inciso primero del artículo

34 del Decreto Ley N”* 3.538), se ha restado fundamento

plausible a la pretensión, pues la eventual declaración

de inaplicabilidad del último excluiría de la decisión

del asunto el concepto de la mora enunciado en el

artículo 53 del Código Tributario, que sirve de

argumento relevante a la acción ordinaria ventilada en

la causa;

DECIMOCUARTO: —Que, con todo lo relacionado,

procede desestimar la acción de inaplicabilidad que se

juzga.

Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE lo previsto en los artículos 6, 7% y 19, números 3% y 26”, de la

Constitución Política, así como las disposiciones

pertinentes de la Ley N? 17.997, Orgánica

Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE DECLARA: Que se rechaza el presente recurso de

inaplicabilidad. Se deja sin efecto la suspensión del

procedimiento decretada; ofíciese.

Acordada con el voto en contra de los Ministros

Sres. Marcelo Venegas Palacios, Enrique Navarro Beltrán

e Iván Aróstica Maldonado, quienes estuvieron por 000703

20 acoger los presentes recursos, solo en Cuanto a

declarar ¡inaplicables las normas que regulan desde

cuándo y a hasta cuánto ascienden aquellos intereses de

que tratan, respectivamente, el inciso tercero del

artículo 30, y el inciso primero del artículo 34, ambos

del DL N” 3.538.

1%) Porque, en sí mismas consideradas y en su

aplicación al caso del reclamante, se revela que dichas

normas contrarían la garantía a un proceso justo y

racional, asegurado en el artículo 19, N”* 3, párrafo sexto, constitucional, al sancionar injustificada y

desproporcionadamente la interposición de un reclamo

judicial que no ha prosperado, no obstante que ese

mismo texto legal ya castiga tal derrota, al disponer

que las sentencias de primera y segunda instancia que a

o, ¿ME tl "a

no den lugar a la reclamación, “condenarán

necesariamente en costas al reclamante” (inciso quinto

del artículo 30).

2%) Tanto más cuando en la primera norma refutada

subyace una presunción de mala fe procesal (inciso

tercero del artículo 30, citado), al disponer que el

perdidoso tiene que pagar ¡intereses a partir del

vencimiento del plazo para reclamar, como si la

eventual dilatación de este contencioso obedeciese

siempre a su culpa Oo inactividad. Además, el hecho de

retrotraerse a dicho momento, en una norma

prácticamente ¡inédita dentro del derecho nacional,

implica desconocer el principio general de que las

sanciones administrativas no pueden sino aplicarse una

vez ejecutoriadas, tal como sostiene la jurisprudencia

de este mismo Tribunal (Roles N*s 792, considerando

16%, y 1.518, considerando 7”).

3%) Si se considera que estas multas se cursan

expresadas en unidades de fomento, de modo que

conservan su valor no obstante cuándo se paguen, 000704 aeleciodo galo

21 entonces tampoco resulta racional la ficción

consistente en que devengan aquel “interés penal”

establecido en el artículo 53 del Código Tributario

(inciso primero del artículo 34), como si hubiese

“retardo”. Menos puede estimarse equilibrado, cuando se

repara que este interés sube al "uno y medio por ciento

mensual” por cada mes o fracción en mora, lo que excede

todo punto de comparación. Además que no guarda

relación con el caso inverso, cuando el Estado

restituye el monto de la multa, enterada y a posteriori

declarada improcedente, pero solo con el interés del

medio por ciento mensual por cada mes completo

(artículos 34, inciso segundo, del DL N” 3.538, y 57

del Código Tributario), lo que, asimismo, infringe la

igualdad ante la ley.

Redactó la sentencia el Ministro Hernán Vodanovic

'fSchnake y la disidencia el Ministro señor Iván Aróstica Maldonado.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Roles N*s.1885-10/1886-10/2021-11-INA.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por los Ministros señores Raúl Bertelsen Repetto (Presidente), Marcelo Venegas Palacios, Hernán Vodanovic Schnake, Enrique Navarro Beltrán, Francisco Fernández Fredes, Carlos Carmona Santander, Iván Aróstica Maldonado y el suplente de Ministro señor Ricardo Israel Zipper.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora nombre reservado de la “Queue e paa Ta A DA | Santiago, 10 de enero de 2012.

11 ENE 2012 l OFICIO N* 7077 . .

emi11te sentencia R t RECEPCION DOCUMENTO:

l.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:

Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva

dictada por esta Magistratura con fecha 10 de enero de 2012 en los procesos roles N's,

1.885-10-INA, 1.886-10-INA y 2.021-11-INA (acumulados) sobre acción de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal respecto de los autos

Rol N%s. 10.624-2010, C-10.620-2010 y 29.625-10 sobre nulidad de derecho público,

sustanciados ante el 14" y 4? Juzgado Civil de Santiago.

Dios guarde a V.E.

MA LA FU UÍN

Secretaria

AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DON SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE PALACIO DE LA MONEDA PRESENTE.

000707 »

Santiago, 10 de enero de 2012.

OFICIO N* 7078

Remite sentencia.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL SENADO:

Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva

dictada por esta Magistratura con fecha 10 de enero de 2012 en los procesos roles N's.

1.885-10-INA, 1.886-10-INA y 2.021-11-INA (acumulados) sobre acción de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal respecto de los autos

Rol N*%s. 10.624-2010, C-10.620-2010 y 29.625-10 sobre nulidad de derecho público,

sustanciados ante el 14? y 4? Juzgado Civil de Santiago.

Dios guarde a V.E.

S

SENADO DE LA 1 nombre reservado DE LA E LGUÍN REPÚBLICA DE CH nombre reservado

Secretaria 1 1 ENE, 2012

CORREO INTERNO

AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL SENADO DON GUIDO GIRARDI LAVÍN SENADO DE LA REPÚBLICA VALPARAÍSO A

Santiago, 10 de enero de 2012.

OFICIO N* 7079

Remite sentencia.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS:

Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva

dictada por esta Magistratura con fecha 10 de enero de 2012 en los procesos roles N's.

1.885-10-INA, 1.886-10-INA y 2.021-11-INA (acumulados) sobre acción de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal respecto de los autos

Rol N%s. 10.624-2010, C-10.620-2010 y 29.625-10 sobre nulidad de derecho público,

sustanciados ante el 14? y 4? Juzgado Civil de Santiago.

Dios guarde a V.E.

Al N

ÚL BERTELSEN R %

Presidente

nombre reservado

Secretaria

AS. E.

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS Emaiodo fun lorso Llao | 40- 4-2012.- DON nombre reservado .

VALPARAÍSO 000709 ple ienbo pur

Das AS * Santiago, 10 de enero de 2012.

OFICIO N* 7080

Remite resolución.

SEÑOR JUEZ 14% JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO:

Remito a US. copia autorizada de la sentencia definitiva

dictada por esta Magistratura con fecha 10 de enero de 2012 en los procesos roles N's,

1.885-10-INA, 1.886-10-INA y 2.021-11-INA (acumulados) sobre acción de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal respecto de los autos

Rol N*%s. 10.624-2010, C-10.620-2010 y 29.625-10 sobre nulidad de derecho público,

sustanciados ante el 14? y 4? Juzgado Civil de Santiago, a los efectos que indica.

Saluda atentamente a US.

RAÚL BERTÉLSEN REP ¿TTO

pb esidente Ñ

nombre reservado DE L GUÍN

Secretaria

AL SEÑOR JUEZ 142 JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO DON nombre reservado

domicilio reservado

PRESENTE..- 000710

Santiago, 10 de enero de 2012..

OFICIO N* 7081

Remite resolución.

SEÑORA JUEZ 4 JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO:

Remito a US. copia autorizada de la sentencia definitiva

dictada por esta Magistratura con fecha 10 de enero de 2012 en los procesos roles N's.

1.885-10-INA, 1.886-10-INA y 2.021-11-INA (acumulados) sobre acción de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal respecto de los autos

Rol N%s. 10.624-2010, C-10.620-2010 y 29.625-10 sobre nulidad de derecho público,

sustanciados ante el 14” y 4? Juzgado Civil de Santiago, a los efectos que indica.

Saluda atentamente a US.

nombre reservado

RAÚL BERTELSEN JEPETTO presidente

nombre reservado D NTE OLGUÍN

Secretaria

AL SEÑORA JUEZ 4% JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO DOÑA nombre reservado? 1409, PISO 2 PRESENTE.- 000711 prlicin la pee

Santiago, 10 de enero de 2012.

Señores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado

domicilio reservado

Las Condes-Santiago.-

Remito a ustedes copia autorizada de la

sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 10 de enero de 2012 en los procesos roles N“s. 1.885-10-INA, 1.886-10-INA y 2.021-11-INA (acumulados) sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol N* 10.624-2010 sobre nulidad de derecho público, sustanciados ante el 14? y 4?

Juzgado Civil de Santiago.

Saluda atentamente a Uds.

nombre reservado d e Olguín

Secretaria

Enviado ja lore aa l 40 1: 2042 .- Santo Domingo N* 689 + Santiago de Chile + Teléfonos [56-2] 640 18 00 - 640 18 20 * Fax [56-2] 640 1825 * secretaria Otcchile.cl + www.techile.cl 000712

Santiago, 10 de enero de 2012.

Señor nombre reservado

domicilio reservado

Santiago.-

Remito a ustedes copia autorizada de la sentencia definitiva

dictada por esta Magistratura con fecha 10 de enero de 2012 en los procesos roles N's.

1.885-10-INA, 1.886-10-INA y 2.021-11-INA (acumulados) sobre acción de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos rol N* 10.624-2010 sobre nulidad de derecho público, sustanciados ante el 14? y 4” Juzgado Civil de Santiago.

Saluda atentamente a Ud.

Enviaoho qa lemas Lp ral 40 - 42042.- Santo Domingo N* 689 - Santiago de Chile + Teléfonos [56-2] 640 18 00 - 640 1820 + Fax [56-2] 640 1825 + secretaria Otcchile.cl + www.techile.cl 000713

Santiago, 10 de enero de 2012.

Señores nombre reservado y nombre reservado

Consejo de Defensa del Estado Agustinas N* 1687 Santiago.-

Remito a ustedes copia autorizada de la sentencia definitiva

dictada por esta Magistratura con fecha 10 de enero de 2012 en los procesos roles N's.

1.885-10-INA, 1.886-10-INA y 2.021-11-INA (acumulados) sobre acción de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol N* 10.624-2010 sobre nulidad de derecho público, sustanciados ante el 14? y 4” Juzgado Civil de Santiago.

Saluda atentamente a Uds.

nombre reservado de la Euente-O Secretaria

rzo Leda] 10: 4:2.042.- Enviach ho Co» Teléfonos [56-2] 640 18 00 -640 1820 + Pax (56-2] 640 1825 * secreta Santo Domingo N* 689 +» Santiago de Chile ria + www.techile.cl O techile.cl Ubu add ala 7

Santiago, 10 de enero de 2012..

Señor nombre reservado

Tesorería General de la República domicilio reservado

Santiago.-

Remito a ustedes copia autorizada de la sentencia definitiva

dictada por esta Magistratura con fecha 10 de enero de 2012 en los procesos roles N's.

1.885-10-INA, 1.886-10-INA y 2.021-11-INA (acumulados) sobre acción de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol N* 10.624-2010 sobre nulidad de derecho público, sustanciados ante el 14? y 4? Juzgado Civil de Santiago.

Saluda atentamente a Ud.

fte Olguín

Secretaria

Emviado hn teves Lolas 40. 4:2.04.2- Santo Domingo N% 689+ Santiago de Chile + Teléfonos [56-2] 640 18 00 -6401820+ Fax [56-2] 640 18 25- secretaria Otcchile.cl+ www.techile.cl